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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05281-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05281-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Distrito Especial de Santiago de Cali y el departamento del Valle del Cauca. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 23 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que negó el amparo, para en su lugar, DECLARAR improcedente la acción constitucional promovida por la sociedad María 34 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]» (Énfasis de la Sala). 35 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviados por el Consejo Superior de la Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley. […]». El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (subrayado fuera de texto) 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: María S. Millan Arango y CIA – en liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-01 S. Millán Arango y CIA – en liquidación, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por no superar el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05281-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

26 de febrero de 2026

Demandante: María S. Millan Arango y CIA – en liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05281-01
Demandante: MARÍA S. MILLAN ARANGO Y CIA -EN LIQUIDACIÓN-
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca sentencia de
primera instancia, en su lugar, declara improcedente por falta
de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 23 de octubre de 2025, en virtud de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Cuarta negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

La sociedad María S. Millán Arango y CIA. -en liquidación-, a través de su
representante legal2, promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la propiedad privada.

En criterio de la parte actora, la vulneración de sus garantías constitucionales se
materializó con la providencia del 7 de febrero de 2025, mediante la cual se confirmó
el proveído de primera instancia dictado el 29 de enero de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones dentro del medio de

1 Índice 002 de Samai. La tutela se radicó el 26 de agosto de 2025 a la que se le asignó la secuencia

número 8496.
2 Índice 002 de Samai. Según consta en el certificado de existencia y representación legal de la

Cámara de Comercio de Cali, la señora María del Socorro Millan Arango ostenta la calidad de
representante legal de la sociedad actora, y es, a su vez, quién promueve la presente acción en
nombre de la organización actora.

1
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Demandante: María S. Millan Arango y CIA – en liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-01

control de reparación directa identificado con el radicado 76001-23-33-000-2014-
01450-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
SEGUNDO: Que se ordene a la autoridad judicial accionada emitir un nuevo fallo,
teniendo en cuenta los precedentes constitucionales, el artículo 90 C.P., y el daño
antijurídico probado.

TERCERO: Que, como consecuencia de la anterior decisión, ordene al CONSEJO
DE ESTADO revocar la Sentencia de Segunda Instancia, en el sentido de
DECLARAR administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable a la
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Y LA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI de los daños y perjuicios causados a los demandantes, por falla en el servicio,
error judicial, daño especial producidos.

CUARTO: Que se ordene la liquidación de los perjuicios patrimoniales en la forma
pedida a favor de la sociedad demandante. 3.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La sociedad María S. Millán Arango y CIA -en liquidación- interpuso una querella
policiva de lanzamiento por ocupación de hecho respecto del bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-776023, ubicado en la ciudad de Cali,
Valle del Cauca. En primera instancia se resolvió por la Inspección de Policía 1°
municipal Los Mangos, que mediante auto del 24 de octubre de 2011 rechazó la
acción por caducidad. Mediante la Resolución No. 1535 de 20124 la secretaría
jurídica de la Gobernación del Valle confirmó el anterior proveído.

La compañía María S. Millán Arango y CIA -en liquidación- a través de apoderada
judicial promovió el medio de control de reparación directa contra el Distrito Especial
de Santiago de Cali y el departamento del Valle del Cauca, con el fin de que fueran
declaradas responsables por los perjuicios derivados de: (i) la declaratoria errónea
de caducidad en el proceso policivo; (ii) la falta de adopción de medidas tendientes

3 Transcripción original del texto con posibles errores.
4 Como sustento, las autoridades de policía señalaron que, según la Ordenanza 343 de 2012 la

acción civil de policía caduca a los 30 días, contados a partir del primer día del acto de usurpación o
perturbación, o desde que cesó la violencia o clandestinidad. En ese caso, como la querellante afirmó
que se enteró de la ocupación el 24 de septiembre de 2010, pero promovió la acción policiva el 5 de
noviembre de 2010, lo hizo fuera del término.

2
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a impedir la ocupación del predio referido, y; (iii) la pérdida de posesión de su
inmueble.

El proceso se asignó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con radicado
76001-23-33-000-2014-0145-00 que, mediante sentencia del 29 de enero de 2021,
negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento señaló que, el daño antijurídico alegado por la actora no se había
concretado por el hecho de que en el proceso policivo de lanzamiento de ocupación
de hecho porque se hubiere decretado la caducidad, debido a que esta acción tiene
como objeto evitar que «se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia sobre
el bien ocupado sin autorización» y no para discutir el dominio, pues para este fin la
demandante aún cuenta con otra vía judicial más idónea que es iniciar una acción
reivindicatoria que tiene como finalidad reclamar el dominio del predio.

Las partes recurrieron la providencia del a quo y, en segunda instancia, el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A5, mediante sentencia del 7 de febrero de
2025 confirmó el proveído anterior, porque, a su juicio, si bien el departamento del
Valle del Cauca incurrió en un error en la contabilización de los términos de
caducidad del procedimiento policivo, este yerro no tiene los efectos causales que
pretende la parte actora dado que en la acción policiva no se había emitido ninguna
decisión y se desconoce si este iba a «culminar con una orden de lanzamiento por
ocupación de hecho en su favor».

Por lo anterior, consideró que, al no existir una orden definitiva de lanzamiento no
puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado por falla del
servicio, dado que esta se origina cuando la entidad no logra materializar una orden
definitiva dada por la autoridad competente, en este caso, el lanzamiento. Además,
consideró que la parte demandante contaba con otros medios para recuperar la
tenencia del inmueble, tales como «un juicio posesorio o reivindicatorio».

El proveído que resolvió el recurso de alzada se notificó de forma personal por
correo electrónico el 26 de febrero de 20256.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante señaló que las providencias cuestionadas incurrieron en los
siguientes defectos:

(i) Sustantivo: por un lado, refirió que se inaplicaron los artículos constitucionales
1°, 2, 13, 83, 29, 90 y 113 referentes a los mandatos de solidaridad, vigencia de un
orden social justo, igualdad, reparación del daño antijurídico, confianza legítima,
colaboración armónica entre entidades y convivencia pacífica y, además,

5 Sentencia suscrita por los consejeros María Adriana Marín, Fernando Alexei Pardo Flórez y José

Roberto Sáchica Méndez.
6 Índice 036 de Samai del proceso 76001233300020140145001.

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desconoció el artículo 58 de la Carta Política que habla del derecho a la propiedad
privada. Lo anterior conllevó a que se dictara una sentencia con consecuencias
graves e injustificadas que le generaron un desequilibrio patrimonial ante el despojo
total del predio de manera ilegal y permanente, sin que por ello reciba la respectiva
indemnización contenida en el principio de responsabilidad patrimonial del Estado.

Alegó principalmente la trasgresión de su derecho a la propiedad privada porque,
pese a que ostenta la titularidad del bien identificado con la matrícula inmobiliaria
No. 370-776023 y ejerció todas las acciones que tenía disponibles, perdió la
posesión del inmueble como consecuencia de la declaratoria de caducidad de la
acción de lanzamiento dispuesta en la Resolución No. 1535 de 2012 del 28 de
noviembre de 2012; decisión que, a su juicio, es ilegal porque presentó la querella
dentro del término legal. Esta situación no fue valorada por los jueces
administrativos.

Además, indicó que se desatendió el artículo 228 y 229 de la Carta Política porque
se afectó su garantía fundamental de acceso a la administración de justicia dado
que, tanto el fallador de primer como el de segundo grado omitieron indemnizar los
perjuicios que se le ocasionaron por las decisiones adoptadas en el proceso
policivo.

Por otro lado, refirió que se omitió la aplicación del (sic)artículo 69 de la Ley 9 de
19897 que le impone a la administración el deber de iniciar la acción policiva de
manera oficiosa en aquellos casos en los que un propietario o tenedor no
promuevan el mecanismo consagrado en el artículo 15 de la Ley 57 de 19058.

De otra manera consideró que se trasgredieron los artículos 65, 66, 67 y 69 de la
Ley 270 de 1996 porque el fallador no tuvo en cuenta que en efecto se configuró «el
daño especial por error judicial cuyo régimen de responsabilidad es objetivo e
indemnizatorio ante grave, manifiesto, patente e indubitable el yerro como causa
eficiente del daño». Máxime porque la antijuricidad se desprende de la ilegalidad de
la Resolución No. 1535 de 2012 del 28 de noviembre de 2012 porque la autoridad
de policía no contabilizó debidamente los términos para ejercer la acción policiva de

7 ARTICULO 69. NOTIFICACION Y RECURSOS. El acto que decide la expropiación se notificará al

propietario o titular de derechos reales sobre el inmueble expropiado, de conformidad con lo previsto
en el Código Contencioso Administrativo.
Contra la decisión por vía administrativa sólo procederá el recurso de reposición, el cual deberá
interponerse en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo a partir de la
notificación. El recurso deberá ser decidido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
de su interposición, y si transcurrido ese lapso no se ha tomado decisión alguna, se entenderá que
el recurso ha sido decidido favorablemente.
8 ARTICULO 15.- Reglamentado por el Decreto Nacional 992 de 1930, Modificado parcialmente por

el art. 15, ley 200 de 1936. Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato
de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja
se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la
presentación del escrito de queja; y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se
ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda
demorar la desocupación de la finca. Ver el Concepto de la Sec. General 51 de 2007
PARAGRAFO.-El jefe de policía moroso en el cumplimiento del deber que le impone el inciso
anterior, será responsable en la misma forma y términos de que trata el artículo 12.

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lanzamiento por ocupación de hecho del inmueble, lo que conllevó a la declaratoria
errónea de la caducidad y en consecuencia a la pérdida de su bien.

Finalmente estimó que se desatendieron los artículos 1611, 756 y 1871 del Código
Civil, en concordancia con «artículo 58 C.P» porque el juez contencioso reprocha la
existencia de 2 promesas de compraventa sobre el predio. Sin embargo, no puede
dejarse de lado que estas se suscribieron por un señor que para la época de los
hechos tenía 78 años y que, de todas formas, una de ellas, la de fecha 2 de junio
de 2006, se declaró nula por «el Juez 19 Civil del Circuito» y ordenó la restitución
mutua por incumplimiento contractual de las partes.

En consecuencia, como no existía un título traslaticio de dominio entre el anterior
propietario del inmueble y los ocupantes, estos no tenían la autorización para
establecerse dentro del terreno de su propiedad.

Finalmente consideró que se omitió la aplicación del artículo 66 de la Ley 270 de
1996 al desconocer la procedencia del régimen de responsabilidad del Estado,
aunado a que, el Consejo de Estado «desde la década de los 80, reconoció que el
Estado también puede resultar responsable por las ocupaciones de bienes privados
ejecutadas por parte de terceros, que de una u otra forma fueron tolerados por la
omisión del estado, bajo un despojo definitivo del bien del que es titular, probado en
la inspección ocular realizada en primera instancia».

(ii) Desconocimiento del precedente: establecido en la sentencia C-241 de 2010
de la Corte Constitucional que trata «sobre los procesos de lanzamientos por
ocupación de hecho los cuales se rigen por el principio de legalidad cuya
inobservancia puede ser objeto de reparación del medio de control de reparación
por falla en el servicio». Señaló que, la decisión cuestionada no tuvo en cuenta que
la causa real y eficiente del daño es que quién ocupaba el bien de su propiedad lo
hacía de forma ilegal porque no tenía un justo título para sustentar la posesión y/o
tenencia de este, como tampoco existía una orden de autoridad competente que le
permitiera al perturbador permanecer dentro de su terreno.

Así como también consideró desatendidas las sentencias SU-157 de 2022 y T-878
de 1999 de la alta corporación, en las que, a su juicio se reitera el precedente del
Consejo de Estado sobre el daño especial por error judicial en procesos de
reparación incoados como consecuencia de la pérdida material de un bien inmueble.
Maxime cuando en la misma sentencia de segunda instancia se adujo que el daño
debería analizarse bajo el título de daño especial, sin embargo, no identificó los
elementos de este ni los evaluó en el caso concreto.

De igual forma, refirió que existen 2 casos, uno de 2001 y otro de 2012 en los que
el Consejo de Estado, Sección Tercera indicó que «la responsabilidad patrimonial
del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en
casos de ocupación de hecho por parte de particulares, se configura cuando se
afectó la posesión por demoras injustificadas o errores judiciales en el marco de un

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proceso policivo». Además, consideró que solo requiere una carga mínima de
diligencia consistente en promover los mecanismos administrativos y judiciales de
defensa.

(iii) Orgánico: señaló que el Consejo de Estado desconoció los límites de su
competencia para pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de la posesión
que ejercía en el bien inmueble la parte actora, función asignada de manera
exclusiva a la autoridad de policía.

(iv) Fáctico: porque el fallador no tuvo en cuenta que en la Resolución 1535 de
2012 proferida por la gobernación del Valle se demuestra tanto la falla en el servicio
como el error judicial.

Por otro lado, alegó que no se valoraron las pruebas que demostraban los siguientes
hechos: (i) que los ocupantes carecían de un título para permanecer en el inmueble;
(ii) un archivo de la Fiscalía General de la Nación en el que se denunció por «el
delito de invasión de tierras, en razón a la corrupción que hay sobre tierras en Cali»;
(iii)las fotos, ubicación del predio, y la inspección ocular que establecen tanto el
estado de vulnerabilidad de las 400 familias que viven en el predio porque son
sujetos de especial protección constitucional y que pudieron haber pensado que
adquirieron sus lotes pero realmente fueron engañados, dado que estas personas
«pagaron un precio a la Asociación de Proyectos Comunitarios», con cuyo
representante legal se suscribieron los contratos de promesa de compraventa que
nunca se hicieron efectivos porque la titularidad del bien no les fue trasladada.

Además, argumentó que el juez valoró pruebas que carecían de idoneidad, tales
como «as declaraciones del señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan,
representante legal de la Asociación de Proyectos Comunitarios, sin haber
escuchado a los demás ocupantes irregulares o usurpadores del predio» y no tuvo
en cuenta medios de prueba relevantes, tales como: que se otorgó a los ocupantes
licencia de construcción de viviendas unifamiliares, y que el predio se encuentra
ubicado en la comuna 21 de Cali, zona de alta inseguridad y peligrosidad.

Finalmente indicó que este yerro se configura porque la autoridad judicial accionada
incumplió su deber de decretar pruebas de oficio, siendo esta una de sus
obligaciones como director del proceso, con el fin de esclarecer la realidad fáctica
del litigio y porque no tuvo en cuenta que la parte actora fue diligente en la activación
de mecanismos judiciales para defender su propiedad, pero estos no fueron
efectivos por la omisión de la administración.

(v) Violación directa de la Constitución Política: debido a que se vulneran sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva, así como al de propiedad por la falta de indemnización ocasionada con la
ocupación ilegal del inmueble de su propiedad, por parte de ocupantes que se
catalogan como población vulnerable por su situación de desplazados.

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Por otro lado, indicó que, sí se logró demostrar el nexo causal entre el hecho y el
daño porque la sociedad actora ostentaba la titularidad del bien inmueble, lo que se
podía advertir al observar el certificado de tradición bajo el número de matrícula
inmobiliaria 370 776023 y que se anexó como prueba, por lo que la propietaria no
estaba obligada a soportar el despojo del uso y goce del predio.

1.5. Admisión de la tutela

Por auto del 29 de agosto de 20259, la magistrada ponente de Consejo de Estado,
Sección Cuarta, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la parte
accionante10, y como accionado, al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A11.

Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso al Distrito Especial de Santiago de Cali12 y al departamento del Valle del
Cauca13 [extremo activo del proceso ordinario], y al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca [a quo]14.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Distrito Especial de Santiago de Cali15

La jefe de la oficina de la Unidad de Apoyo a la gestión de la Secretaría de Seguridad
y Justicia de la entidad explicó que, las medidas adoptadas en el procedimiento de
lanzamiento por ocupación de hecho subsisten mientras un juez decida otra cosa,
no obstante, indicó que, si el querellante no obtiene una resolución favorable o
exitosa en este proceso puede iniciar una acción posesoria o una reivindicatoria
ante el juez civil. Maxime porque lo que se discute en este proceso es la posesión
sobre un bien inmueble y no sobre la titularidad de este.

Manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la parte
actora por lo que pidió ser desvinculada del presente tramite.

9 Índice 004 de Samai de primera instancia.
10 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: msillanasesora@gmail.com y
msmillanasesora@gmail.com.
11 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: notifjsachica@consejodeestado.gov.co;

notiffpardo@consejodeestado.gov.co; spamplonat@consejodeestado.gov.co;
pbastosb@consejodeestado.gov.co; kdiazl@consejodeestado.gov.co;
cmartinezg@consejodeestado.gov.co; notiftutelas3@consejodeestado.gov.co.
12 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: contactenos@cali.gov.co;

notificacionesjudiciales@cali.gov.co y notificacion.tutelas@cali.gov.co.
13 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: tutelas@valledelcauca.gov.co y

njudiciales@valledelcauca.gov.co.
14 Índice 007 de Samai: La notificación fue realizada a:
tribunaladministrativodelvalledelcauca@cendoj.ramajudicial;
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; y
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co.
15 Índice 008 de Samai.

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1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A16

La consejera ponente de la decisión enjuiciada solicitó que se declare improcedente
la tutela, porque los planteamientos que arriba a este mecanismo ya fueron
abordados en primera y segunda instancia del proceso ordinario; los que se
sustentan en una valoración racional del acervo probatorio y de la ampliación del
marco normativo del caso, sin embargo, la parte actora pretende reabrir el debate
ya zanjado para que se imponga su posición jurídica, finalidad para la cual no está
instituida la tutela.

Agregó que del hecho de que se hayan negado las pretensiones de reparación
directa incoadas por la demandante no conlleva a la vulneración de las garantías
invocadas, máxime cuando no es cierto que ejerció todos los medios judiciales a su
alcance para evitar la pérdida de la posesión del inmueble de su propiedad, pues
esta no promovió la acción reivindicatoria.

1.6.3. Departamento del Valle del Cauca17

La entidad solicitó ser desvinculada de esta acción comoquiera que no ha vulnerado
los derechos fundamentales invocados por la actora dado que las pretensiones de
la parte accionante se dirigen a cuestionar las decisiones adoptadas por el juez de
segunda instancia del proceso ordinario

1.6.4. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca18

El magistrado ponente de la sentencia dictada en primera instancia dentro del
proceso ordinario explicó que la providencia que adoptó estuvo sustentada en una
interpretación razonable y fundada del ordenamiento jurídico vigente, y que observó
los principios de legalidad, congruencia, y autonomía judicial. Agregó que, valoró y
aplicó las normas sustantivas pertinentes al caso concreto, atendiendo no solo a su
tenor literal, sino también a su interpretación sistemática y teleológica, conforme a
los postulados constitucionales, no obstante, la parte actora, inconforme con el
debate ya resuelto, pretende usar este mecanismo como una tercera instancia, por
lo que pidió que se declare improcedente este mecanismo.

1.7. Sentencia de primera instancia19

El Consejo de Estado, Sección Cuarta dictó sentencia el 23 de octubre de 2025 en
la que negó el amparo por no advertir la vulneración de las garantías invocadas por
la parte accionante.

16 Índice 010 de Samai.
17 Índice 012, 015 y 016 de Samai.
18 Índice 013 de Samai.
19 Índice 019 de Samai.

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Como sustento indicó que, la autoridad judicial accionada desarrolló un análisis de
los motivos por los que consideró que no existía certeza acerca de que el
procedimiento policivo hubiese culminado con el lanzamiento por ocupación o no, y
de allí concluir si se configuraba una eventual responsabilidad de la administración,
sin embargo, de la lectura de la acción advirtió que la actora está inconforme con el
estudio y decisión del juez de segunda instancia en el proceso de reparación directa.

Además, consideró que no se desconocieron las normas constitucionales que la
accionante cita en el escrito de tutela, relacionadas con la vigencia de un orden
social justo, de solidaridad, igualdad, reparación del daño antijurídico, confianza
legítima, colaboración armónica entre las entidades públicas, convivencia pacífica y
de propiedad privada, pues como se indicó en la providencia enjuiciada, la
demandante no agotó todos los medios para evitar la pérdida de posesión del
inmueble como lo era la acción reivindicatoria.

Por otro lado, indicó que los argumentos respecto de las supuestas incoherencias
en los contratos de promesa de compraventa sobre el bien inmueble objeto de
controversia tuvieron como único propósito indicar que existía una incertidumbre
entre la decisión definitiva que hubiera podido adoptar la autoridad policiva, sin
embargo, tal como lo indicó el ad quem, ello no es un asunto de su competencia,
sino que es un litigio propio dentro de la acción de lanzamiento.

Refirió que, pese a que en efecto el fallador concluyó que el título de imputación
aplicable en aquellos casos en que no se podía materializar una orden de
lanzamiento por ocupación de hecho de un inmueble era el de daño especial, lo
cierto es que este no resultaba aplicable para la sociedad demandante porque en
su caso no existió una orden de desalojo en el bien de su propiedad. Aunado a que,
no evidenció que la población asentada en su predio fueran sujetos de especial
protección constitucional.

Explicó que, pese a que la accionante alegó que el juez del proceso ordinario invirtió
la carga de la prueba en su contra, lo que realmente advierte es que la actora está
inconforme con lo resuelto porque no le fue favorable a su reclamación aspecto que
escapa a la competencia del juez constitucional porque no existe un escenario real
de vulneración de derechos fundamentales.

Finalmente consideró que no se configura el desconocimiento del precedente
porque en el caso de la tutelante no existía una orden de lanzamiento definitiva en
contra de quienes estaban ocupando el predio. En consecuencia, lo que impidió
declarar la responsabilidad del Estado en el caso de la sociedad María S. Millán
Arango y Cía. S en C. en Liquidación fue la ausencia del nexo causal entre el hecho
y el daño en el proceso ordinario, pues no era posible asumir que el proceso policivo
terminaría con una orden de lanzamiento.

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Demandante: María S. Millan Arango y CIA – en liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-01

La sentencia de primera instancia se notificó a las partes e intervinientes el 29 de
octubre de 202520 mediante correo electrónico.

1.8. Impugnación21

La parte accionante remitió memorial de impugnación en el que solicitó que se
revoque la providencia de primera instancia y, en su lugar, se amparen las garantías
invocadas.

Iteró que la sentencia enjuiciada incurre en los defectos, sustantivo, violación directa
de la Constitución Política, desconocimiento del precedente y fáctico.

Frente al primer yerro explicó que, en efecto este se configura porque en el proceso
se acreditó que la normativa aplicable a su caso, esto es, la Ordenanza 145A de
2002 señaló como término de caducidad de la acción policiva el de 30 días desde
la ocurrencia del hecho dañoso, no obstante, la autoridad de policía declaró probado
dicho fenómeno a través de la Resolución 1535 de 2012 cuando apenas habían
transcurrido 28 días desde que se ocupó ilegalmente su bien.

En consecuencia, consideró que, la pérdida de la oportunidad procesal que se le
ocasionó por la declaratoria de caducidad es un daño por el cual debe ser reparada,
como lo indica el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996, por lo
que, a su juicio, no se le puede exigir que promueva una acción reivindicatoria que
no genera la reparación de sus perjuicios, porque no existe una norma o providencia
judicial que la obligue, más aún si se tiene en cuenta que la pérdida de la posesión
del predio se dio por un acto ilegal.

Por otro lado, refirió que se desconoció el artículo 1611 del Código Civil porque no
se tuvo en cuenta que la promesa de compraventa no traslada la titularidad del bien,
por lo que los ocupantes no eran propietarios del inmueble en el que construyeron
edificaciones.

Con respecto al segundo defecto indicó que, es deber del Estado reparar los daños
antijurídicos causados a los administrados con ocasión de la acción u omisión de
las autoridades, por mandato expreso del artículo 90 de la Constitución Política. Por
tanto, considera que, el hecho de negar su indemnización con base en la supuesta
inexistencia de certeza del resultado del proceso policivo contradice claramente el
carácter objetivo de la responsabilidad estatal. Maxime cuando la sentencia SU-157
de 2022 de la Corte Constitucional señala que el error judicial se configura con la
sola existencia de una providencia contraria a derecho.

20 Índice 022 de Samai.
21 Índice 025 de Samai. La sentencia se notificó el 29 de octubre de 2025 a través de correo
electrónico y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 4 de noviembre del mismo
año, por lo que fue oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 11 de noviembre
de 2025.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-01

Asimismo, alegó que, el daño antijurídico que pretende le sea indemnizado se
materializó por la pérdida de oportunidad real de obtener una decisión de fondo en
el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, por lo que no puede
exigírsele una certeza sobre el resultado como lo indicó el a quo constitucional,
porque ello constituye una carga irrazonable para la actora y contradice la
jurisprudencia constitucional.

En cuanto al tercer yerro argumentó que los artículos 65 a 69 de la Ley 270 de 1996
regulan la responsabilidad del Estado por error judicial, tesis que acogieron las
sentencias de la Corte Constitucional C-241 de 2010, SU-1184 de 2001 y SU-157
de 2022 que refieren que la indemnización procede sin necesidad de otras acciones
judiciales.

En cuanto al defecto fáctico alegó que no se tuvo en cuenta que la nuda propiedad
de la actora no se vio afectada por el contrato de promesa de compraventa del lote
identificado con matrícula inmobiliaria número 370-776023, porque aquel se declaró
nula en la sentencia del 10 de abril de 2018 por el Juzgado 19 Civil del Circuito
Judicial de Cali.

Además, argumentó que, en la sentencia de segundo grado el fallador relató que la
autoridad policiva hizo afirmaciones que realmente no fueron dichas por este sino
por el apoderado del querellado. En consecuencia, el ad quem distorsionó el medio
probatorio porque le otorgó un contenido inexistente, lo que conlleva a que se
vulnere su derecho fundamental al debido proceso. Situación que, en su sentir, no
se tuvo en cuenta por el a quo constitucional pues nada dijo sobre este argumento.

1.9. Actuaciones en segunda instancia.

1.9.1. Impedimentos

En escritos del 27 de noviembre y 2 de diciembre de 2025, los consejeros Gloria
María Gómez Montoya y Omar Joaquín Barreto Suárez manifestaron impedimento
para conocer del presente asunto invocando el numeral 5° del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal, comoquiera que sostienen una relación de amistad
entrañable con los magistrados María Adriana Marín y Fernando Alexei Pardo
Flórez respectivamente, quienes suscribieron la providencia enjuiciada al interior de
la presente acción de tutela.

Sin embargo, mediante providencia del 5 de febrero de 2026 los demás integrantes
de la Sección Quinta de esta Corporación, junto con los conjueces Edgar González
López y Alexei Julio Estrada declararon infundado el impedimento por no encontrar
acreditados los elementos para la configuración de la causal invocada.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la
parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Distrito Especial de Santiago de Cali y el departamento del Valle del Cauca,
solicitaron su desvinculación del presente trámite, tras considerar que no les asiste
legitimación en la causa por pasiva.

Sobre el particular, la sala encuentra necesario precisar que no se accederá a la
misma. Esto, en virtud de que dicha vinculación se hizo como terceros en virtud del
eventual interés que les puede representar el presente trámite, dado que
conformaron el extremo pasivo del proceso ordinario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 23
de octubre de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, a efectos de
lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró las garantías
invocadas por la parte accionante al proferir la sentencia del 7 de febrero de
2025 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 76001-23-33-000-2014-01450-00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso
concreto.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 22
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 23 y declaró su
procedencia.24

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1 Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202225 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
23 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
24 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
25 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal26 (Énfasis de la
Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico27; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional28.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos

26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Sentencia SU-103 de 2022.
28 Sentencia SU-103 de 2022.

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de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal29”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales30”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto31, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal32.
(Resaltado de la Sala)

2.6. Caso Concreto

La parte actora cuestiona la providencia del 7 de febrero de 2025 en la que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó el proveído dictado
en primera instancia el 29 de enero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones invocadas dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado 76001-23-33-000-2014-01450-00/01.

En primera instancia, el a quo constitucional negó el amparo porque consideró que
no se configuraban los defectos alegados por la parte demandante contra la
sentencia dictada en segunda instancia por la autoridad judicial accionada y, en
consecuencia, concluyó que no se vulneraban los derechos invocados por la
tutelante.

Sin embargo, en el escrito de impugnación, la accionante iteró que la providencia
cuestionada incurría en los yerros, sustantivo, violación directa de la Constitución
Política, desconocimiento del precedente y fáctico, por lo que insistió en que se
acceda al amparo.

Frente a lo alegado por la actora, la Sala evidencia que, los argumentos planteados,
pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente denotan una
inconformidad con la providencia proferida por el juez contencioso en segunda
instancia, por lo que este mecanismo se torna improcedente porque no cumple con
el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

29 Sentencia SU-103 de 2022.
30 Sentencia SU-128 de 2021.
31 Sentencia SU-573 de 2019.
32 Ibid.

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Advierte la Sección que, los yerros que la accionante refiere como fáctico, sustantivo
y violación directa de la Constitución Política se dirigen a cuestionar la sentencia
proferida por el ad quem dado que negó las pretensiones del medio de control de
reparación directa que promovió la tutelante contra el departamento del Valle del
Cauca y el Distrito Especial de Santiago de Cali; decisión con la que se encuentra
inconforme, porque, a su juicio, la declaratoria «ilegal» de caducidad del proceso
policivo de lanzamiento por ocupación de hecho conllevó a que perdiera la
oportunidad de obtener una resolución de fondo que la llevara a recuperar la
posesión del bien inmueble identificado con inmobiliaria No. 370-776023, ubicado
en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Por lo anterior consideró que tiene derecho a
ser indemnizada.

Además, alegó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta algunas
pruebas que demostraban que en efecto ostentaba la titularidad del predio, y que el
supuesto contrato de compraventa suscrito con los ocupantes se declaró nulo, de
ahí que el asentamiento en su terreno era ilegal, por lo que consideró que era deber
de las autoridades administrativas conseguir el desalojo de su predio y permitirle
recuperar su posesión. Sin embargo, como esto no se ejecutó por culpa de la
administración, concluyó que se configura la responsabilidad del Estado por daño
especial por lo que, a su juicio, debe ser indemnizada por la pérdida irreparable de
su derecho de uso, goce y disposición del inmueble.

Finalmente refirió que el ad quem «distorsionó el medio probatorio porque le otorgó
un contenido inexistente», no obstante, no desplego argumentos tendientes a
explicar esta afirmación.

Sin embargo, se advierte que, el planteamiento de la actora realmente demuestra
la discrepancia con la sentencia del juez de segunda instancia, quién explicó que,
lo que le impidió declarar la responsabilidad del Estado no fue la ausencia de un
error judicial, sino la falta de comprobación de un nexo causal entre el error
jurisdiccional, es decir, la declaratoria ilegal de caducidad de la Resolución No. 1535
de 2012 y el daño alegado, derivado de la pérdida de la posesión del bien inmueble
identificado con la matricula inmobiliaria 370-776023, comoquiera que le era
imposible asumir que el proceso policivo promovido por la parte actora iba a
culminar con una orden de lanzamiento, requisito indispensable para examinar la
responsabilidad de la administración por falla en el servicio, defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia o error jurisdiccional.

Adicionalmente, la autoridad judicial accionada señaló que no encontró
fundamentos para declarar la responsabilidad por daño especial porque en el
proceso no se probó que las medidas que se adoptaran en un juicio posesorio o
reivindicatorio se habrían tornado impracticables por razones de interés general,
seguridad y orden público o social, dada la supuesta calidad de sujetos de especial
protección constitucional de los ocupantes, que alegó la demandante.

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Asimismo, concluyó que el extremo activo no estaba relevado de adelantar el
proceso reivindicatorio o posesorio, cuyos mecanismos resultan idóneos para el fin
perseguido que es precisamente recuperar la posesión material del bien inmueble
del cual es titular.

En ese sentido, advierte la Sección que los argumentos desplegados en el escrito
de tutela, más allá de sustentar los yerros alegados, denotan que la parte actora
disiente del análisis efectuado por el ad quem, por lo que es claro que pretende usar
este mecanismo como una instancia adicional y reabrir el debate que ya fue zanjado
por el juez natural de la causa, con el fin de que el juez de tutela adopte una decisión
favorable a sus pretensiones indemnizatorias.

Por otra parte, en relación con el supuesto desconocimiento del precedente, se
advierte que, la tutelante sostiene que el juez de segunda instancia desatendió
providencias las providencias C-241 de 2010, SU-1184 de 2001 y SU-157 de 2022
de la Corte Constitucional, las que, a su juicio, refieren que la indemnización en su
caso procede sin necesidad de otras acciones judiciales. No obstante, frente a las
sentencias que cita como precedente, no se expuso mínimamente alguna regla o
subregla de derecho aplicable a su caso y que hubiera sido desatendida por el juez
accionado, en consideración a las particularidades del caso concreto.

Sobre este cargo es preciso advertir que la Sala ha considerado que la parte que
invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la decisión
que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que
se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de
esta en la resolución final que adopte el fallador de instancia, lo que no se cumplió.

Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez de tutela, porque carecen de carga
argumentativa, la cual, es sentir de la la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política, menos
aun cuando se trata de una providencia de una alta Corporación:

[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.33

33 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Por último y conforme a lo expuesto, el examen de la acción de tutela dirigida contra
las decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales invocados, en los términos que indicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020, cuya carga argumentativa no se
satisface de manera plena por el actor, pues contrario a ello, por medio de la
presente acción se busca que el juez de tutela examine nuevamente el plenario y
adopte una interpretación favorable a su reclamación .

En este punto resulta pertinente recordar que, si bien la tutela puede ser procedente
para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones
de cierre, también es importante resaltar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe tener
cuando se pretende dejar sin efectos una decisión que la Constitución Política34 y
la Ley35 determinaron como suprema autoridad en la materia.

Conforme lo expuesto, se revocará la sentencia del 25 de septiembre de 2025
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó el amparo, y en su
lugar, se declarará improcedente el mecanismo por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Distrito Especial
de Santiago de Cali y el departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 23 de octubre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta que negó el amparo, para en su lugar,
DECLARAR improcedente la acción constitucional promovida por la sociedad María

34 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal

supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]» (Énfasis de
la Sala).
35 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es

el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y
estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina
la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviados por el Consejo Superior de la
Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria pública adelantada
de conformidad con lo previsto en esta ley.
[…]».
El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y
estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los
períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas superiores a cinco (5)
candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (subrayado fuera de texto)

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S. Millán Arango y CIA – en liquidación, contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, por no superar el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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