Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-01450-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-01450-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2014-01450-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
RADICACIÓN: 76001233300020140145001 (68028)
DEMANDANTE: MARÍA S. MILLÁN ARANGO Y CIA
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y OTRO
REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO: daños originados en
el procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho por actos de terceros /
ERROR JURISDICCIONAL: declaración errónea del término de caducidad de la
acción policiva. / AUSENCIA DE NEXO CAUSAL: entre el error jurisdiccional y la
pérdida de la posesión sobre el bien inmueble.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 29 de enero de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda.
I.SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad María S. Millán Arango & CIA en comandita simple en liquidación aduce
que la declaratoria errónea de la caducidad dentro del procedimiento de lanzamiento
por ocupación de hecho, así como la falta de adopción de medidas para impedir la
ocupación de un predio de su propiedad, generó la pérdida de la posesión, lo que
trajo consigo una serie de perjuicios económicos.
II.ANTECEDENTES
2.1. Demanda
El 15 de diciembre de 2014, María S. Millán Arango y CIA, sociedad en comandita
simple en liquidación, por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda de
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
reparación directa en contra del Municipio de Santiago de Cali y el departamento
del Valle del Cauca, con el objetivo de que se acceda a las siguientes pretensiones
(se transcribe según la reforma a la demanda):
1. Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al
municipio de Santiago de Cali y a la Gobernación del Valle del Cauca por los
perjuicios causados por:
a) Por la omisión, retardo y daño antijurídico falla en el servicio al haber
pretermitido y extralimitados sus funciones y haber ejercido en indebida forma
el código policivo al declarar la caducidad dentro del proceso Policivo por medio
de la Resolución No. 1535 de 2.012 de fecha 28 de noviembre de 2012, “por
medio de la cual se resuelve recurso de apelación contra el auto sin número de
fecha octubre 24 de 2011 proferido por la Inspección de Policía 1a categoría
municipal “Los Mangos” emanada el día 28 de noviembre de 2012 expedida por
el secretario jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca Dr. Germán Marín
Zafra mediante el cual se declaró la caducidad.
b) Por el daño antijurídico al haber actuado la Gobernación del Valle del Cauca
pretermitiendo lo establecido y estipulado en la sentencia C-241 de 2010 y
sentencia T-878 de 1999.
c) Por no ejercer en debida oportunidad legal la vigilancia, el control de la
Asociación de Proyectos Comunitarios ASOPROC con NIT 805 005 095-2 que
llevó a que de manera negligente el municipio de Santiago de Cali realizara la
suspensión de las obras ilegales por parte de una entidad vigilada por la
Subdirección de Desarrollo urbanístico con fundamento en la Resolución 19117
de octubre de 2000 y Registro 00979 de junio 5 de 1997.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al municipio de Santiago
de Cali y a la gobernación del Valle a pagar solidariamente y a favor de la
sociedad María S. Millán Arango y Cia S en C los perjuicios materiales que ha
sufrido la sociedad por el daño antijurídico al ser despojada de la posesión real
y efectiva del predio distinguido con la matrícula inmobiliaria 370-776023, como
resultado de una decisión ilegal e irregular y contraria a la constitución y las
normas legales dentro del proceso policivo.
3. Y que se ordene al municipio de Santiago de Cali y la gobernación del Valle
del Cauca pagar solidariamente y a favor de la sociedad María s. Millán Arango
y Cia s en comandita simple en liquidación los perjuicios causados como
consecuencia de la invasión irregular asentamiento ilegal, como resultado de la
falla en el servicio por la omisión y por la decisión ilegal e irregular.
4. La condena respectiva será actualizada aplicando los ajustes de valor
(indexación) desde la fecha de invasión y/o ocupación ilegal del predio hasta la
fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso, con liquidación
de los intereses comerciales y moratorios.
PERJUICIOS MATERIALES
Perjuicios materiales por los daños antijurídicos al ser despojada la sociedad
María S. Millán Arango y Cia S. en C., de la posesión real y efectiva del predio.
I. A título de lucro cesante, la suma de un mil ochocientos cuarenta y tres
millones ciento noventa y seis mil pesos ($1.843.196.000) que corresponden al
precio comercial del inmueble, de un total de veintidós mil cuatrocientos
veintiocho metros cuadrados (22.478 m2) a razón de ochenta y dos mil pesos
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
(COP 82.000) metro cuadrado, que corresponde al costo del metro cuadrado,
dentro de los proyectos de vivienda de interés prioritario (V.I.P.) de conformidad
con las normas de ordenamiento urbanístico para viviendas de estrato I
establecido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.
2. A título de daño emergente, la suma de quinientos setenta y un millón de
pesos (COP 571.000.000) discriminados así:
a- La suma de quinientos dieciséis millones de pesos (COP 516.000.000)
correspondientes a los gastos incurridos para la protección de la posesión y los
costos que soporta el inmueble como los sobre costos y los intereses de mora
en el pago de los impuestos prediales, impuestos de megaobras.
b- La suma de cincuenta y cinco millones de pesos (COP 55.000.000) por
honorarios de abogado, equivalentes al tres por ciento (3%) del valor comercial
del inmueble.
Para un total de perjuicios materiales de dos mil cuatrocientos catorce millones
ciento noventa y seis mil pesos (COP 2.414.196.000).
Perjuicios materiales por la consecuente invasión irregular asentamiento ilegal,
como resultado de la falla en el servicio por la omisión y por la decisión ilegal e
irregular.
I. A TÍTULO DE LUCRO CESANTE, la suma de un mil ciento noventa y cinco
millones doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos pesos (COP
1.195.286.400), que corresponde al lucro cesante, es decir, lo dejado de percibir
por la sociedad MARÍA S. MILLAN ARANGO, en razón al valor de utilidades por
cuatrocientos sesenta y dos (462) apartamentos que podrían construirse dentro
de un área de 15.400 metros cuadrados, es decir, más o menos el 55% del total
del lote, según lo establecido por el Plan de ordenamiento Territorial,
correspondiente al 10% de la utilidad que se pudo generar dentro de un proyecto
participativo.
2. A TÍTULO DE DAÑO EMERGENTE, la suma de noventa millones quinientos
diez y siete mil seiscientos pesos (COP 90.517.600), correspondientes a los
gastos incurridos para la protección de la posesión y los costos que soporta la
sociedad MARÍA S. MILLAN ARANGO Y CIA S EN C comandita simple en
liquidación, en razón a sus obligaciones pendientes y al pago de cerramiento y
vigilancia durante el tiempo que se ejerció la acción policiva que originó la
continua ocupación ilegal.
Para un total de perjuicios materiales de un mil doscientos ochenta y cinco
millones ochocientos cuatro mil pesos (COP 1.285.804.000).
Todos estos perjuicios materiales suman un total de tres mil setecientos
millones de pesos (COP 3.700.000.000).
Como fundamento fáctico de la demanda se expuso que el señor Heriberto Millán
Villafañe ostentó la posesión de cuarenta y cuatro mil metros cuadrados de un bien
adquirido mediante escritura pública No. 2346 de 1996 de la Notaría 10 del Círculo
de Cali, el cual fue dividido posteriormente en el año 2006.
Fruto de esa división material, la empresa María S. Millán Arango y CIA sociedad
en comandita simple en liquidación adquirió mediante escritura pública No. 5089 del
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
22 de noviembre de 2007 un área de terreno de 22.478 m2, identificado con
matrícula inmobiliaria No. 370-776023, ubicado en la carrera 108-208D-62T de la
ciudad de Cali, distrito Decepaz, sector Villa Mercedes I-II.
El día 24 de septiembre de 2010, el señor Heriberto Millán Villafañe, y la señora
María del Socorro Millán Arango, como representante legal de la sociedad, fueron
informados de que el señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan pretendía ingresar
al terreno con el fin de vender a terceros derechos sobre el predio, para lo cual
entregó recibos de caja a nombre de la Asociación de Proyectos Comunitarios.
El 5 de noviembre de 2010 se presentó ante la secretaría de gobierno de Santiago
de Cali querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho en contra del señor
Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan, pero la inspección solo se realizó cinco meses
después (14 de abril 2011), durante la que se observó la edificación de tres casas
más. La invasión violenta no ha cesado hasta la fecha, construyéndose más
unidades y proyectando otras, vendidas por el querellado, sin que haya mediado
alguna autorización para ingresar al lote y mucho menos para vender.
En suma, se presentó denuncia penal contra la misma persona por la invasión del
predio de propiedad de la sociedad demandante, investigación archivada por la
Fiscalía General de la Nación.
El día 28 de noviembre de 2012, la secretaría jurídica de la Gobernación emitió la
Resolución No. 1535 por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación contra
el auto sin número del 24 de octubre de 2011 proferido por la Inspección de Policía
1a categoría municipal Los Mangos, en la cual se declaró la caducidad de la acción
policiva, con fundamento en que el conocimiento de los hechos se obtuvo el 24 de
septiembre de 2010 y la acción fue promovida el 5 de noviembre de 2010, es decir,
transcurrieron más de 30 días calendario; sin embargo, esa decisión fue errada
porque solo habían transcurrido 29 días hábiles entre ambas fechas.
Además, en el proceso no se corrió traslado al querellante del recurso de apelación,
por lo que se incumplieron los principios de publicidad y legalidad; se desconocieron
las sentencias C-241 de 2010 y T-879 de 1999, según las cuales los procesos
policivos son de única instancia; se configuró un error entre lo pedido por el
apoderado del querellado (nulidad por falta de competencia) y lo concedido
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
(declaratoria de la caducidad de la acción), decisión que transgredió el principio de
legalidad de los actos administrativos y el derecho de defensa; preclusión de la
oportunidad procesal para solicitar la nulidad; y vicio en la motivación por aplicación
de una norma que no se encontraba vigente para el momento de los hechos.
2.2. La demanda fue admitida el 26 de junio de 2015 (fls. 378-379 C.2), decisión
que fue notificada a las entidades demandadas (fls. 383-391 C.2).
2.3. Las entidades accionadas se pronunciaron en los siguientes términos:
2.3.1. El departamento del Valle del Cauca argumentó que la representante legal de
la sociedad demandante tenía conocimiento de los hechos de perturbación a la
posesión con anterioridad al 24 de septiembre de 2010, como lo demostraban varios
documentos obrantes en el expediente, referentes a que desde el año 2009 se sabía
que el querellado estaba realizando reloteos, entregando la posesión a terceros y
construyendo viviendas de interés social.
Resaltó que el querellado Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan había negociado
previamente el lote con el padre de la representante, quien posteriormente le
transfirió a esta última el mismo bien.
La querella realmente fue presentada el 23 de noviembre de 2010 como amparo a
la posesión por perturbación, procedimiento que sí cuenta con doble instancia,
contrario a lo que sucede en el lanzamiento por ocupación de hecho. El sustanciador
de segunda instancia se equivocó al tomar como fecha de presentación de la
querella el 5 de noviembre de 2010, en la cual se había presentado un escrito, pero
que no tuvo trámite por ineficaz y adolecer de la prueba sumaria sobre la ocupación
de hecho, por tanto, si se toma en cuenta la fecha real de radicación es claro que la
acción policiva estaba caducada.
La controversia entre la demandante y el querellado se había originado en el
descuido personal de aquella, y ante la resolución tomada por las autoridades de
policía, procedía el ejercicio de las acciones civiles ante la jurisdicción ordinaria,
luego al no ejercerlas, es su propia omisión la causa de los daños (fls. 466-474 C.2).
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
2.3.2. El Municipio de Santiago de Cali afirmó que se cumplió con el debido proceso,
pues se demostró que las actuaciones del ente territorial se ciñeron a la función
administrativa y no existe relación de causalidad entre algún hecho imputable al
municipio y el daño. Se opuso al reconocimiento de los perjuicios porque no están
probados (fls. 486-488 C.2).
2.4. El 12 de agosto de 2015 se reformó la demanda para agregar que la sociedad
accionante agotó todas las diligencias ante el Departamento Administrativo de
Planeación para la suspensión de la construcción ilegal, pero las mismas
continuaron. Ante el conocimiento del Municipio de Cali sobre el asentamiento ilegal,
se debió realizar la suspensión de las construcciones ilegales, situación omitida
pese a los requerimientos efectuados.
También se dijo que la Asociación de Proyectos Comunitarios capta dineros de
particulares para invadir los predios y construir de manera ilegal, asociación vigilada
por la Subsecretaría de Ordenamiento Urbanístico y que hace parte del Consejo
Directivo del Fondo Especial de Vivienda.
Con base en lo anterior, sostuvo que las irregularidades en el proceso de policía
desembocaron en un asentamiento ilegal tolerado por las entidades demandadas,
quienes aceptaron que las construcciones se realizaban a través de una O.P.V., sin
contar con licencias de construcción y urbanismo (fls. 392-412 C.2).
2.4.1. La reforma fue admitida por auto del 15 de enero de 2016 (fl. 525 C.2).
2.4.2. El departamento del Valle del Cauca contestó la reforma a la demanda;
formuló las excepciones de falta de jurisdicción, escogencia indebida de la acción,
falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia del nexo causal y
caducidad (fls. 532-542 C.2).
2.5. La audiencia inicial se celebró el 24 de junio de 2016 (fls. 595-606 C.2).
2.6. La audiencia de pruebas se concretó el 22 de septiembre de 2016 (fls. 626-630
C.2).
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Referencia: Medio de control de reparación directa
2.7. Dentro del término concedido, la parte demandante y demandada presentaron
sus alegatos de conclusión (fls. 631-684 C.2).
3. Sentencia de primera instancia
El 29 de enero de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió fallo
de primera instancia denegatorio de las pretensiones. Explicó que la demandante
no puede pretender que el Estado la indemnice al no haber logrado la reparación
del daño dentro del proceso civil policivo, pues es evidente que lo ocurrido en dicho
proceso no fue la causa de los perjuicios reclamados.
Conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1355 de 1970 y la sentencia C-241 el
2010 de la Corte Constitucional, este tipo de querellas sólo tiene por objeto evitar
que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia sobre el bien ocupado sin
autorización, de manera que no se pretendía discutir el dominio del predio, sino la
recuperación de la mera tenencia, ello debido a que existe la acción reivindicatoria
(Arts. 946 y ss C.C.), cuya finalidad es la restitución del dominio sobre un bien cuya
posesión se encuentra siendo perturbada.
A pesar de que se hubiera perdido la oportunidad de recuperar la tenencia del bien
a través de la querella de lanzamiento por ocupación de hecho, aspecto que
constituía un alea, lo cierto es que la parte demandante contaba con otra vía judicial
más idónea para reclamar el dominio del predio como lo era la acción civil
reivindicatoria, y a la fecha del archivo del expediente la sociedad no había perdido
la oportunidad de recuperar su bien por otra acción ordinaria, de suerte que el daño
antijurídico alegado no se había materializado (fls. 700-709 C.2).
4. Recurso de apelación
La parte demandante sostuvo que el señor Heriberto Millán Villafañe vendió a la
sociedad María S. Millán Arango y CIA el derecho de dominio y posesión del
inmueble objeto de la querella mediante la escritura pública 5089 del 22 de
noviembre de 2007 de la Notaría Primera de Cali; la promesa suscrita entre el señor
Millán Villafañe y el querellado Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan indica que la
entrega del inmueble se hacía con la firma de la escritura pública, constituyendo
una obligación de hacer y no un justo título, de ahí que la Asociación de Proyectos
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
Comunitarios-ASOPROC sabía que el derecho de dominio era de la sociedad
demandante, sin contar con autorización para realizar la ocupación.
Estos hechos le correspondían solo al juez natural de la querella, es decir, al
Inspector de Policía I-Categoría municipal “Los Mangos”, quien no decidió de fondo
sobre la invasión, usurpación y ocupación del inmueble en virtud de la Resolución
No. 1535 de 2012 que declaró la caducidad de la querella policiva sin haber agotado
la etapa probatoria, incurriendo en vías de hecho por violación directa de la norma
sustancial y por interpretación errónea.
Las pruebas sobre el conocimiento de la ocupación que datan del año 2009 se
refieren a la realización del proyecto denominado Líderes III, pero el lote objeto de
usurpación y despojo es denominado por las personas como Líderes IV, como
consta en las promesas allegadas por el señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan
dentro del proceso policivo. El despojo se materializó con el tiempo de manera
violenta y clandestina, sin que la demandante tuviera forma de evitarlo.
El proceso penal iniciado por el señor Nohemio Porfirio Cuaran en contra del padre
de la representante legal de la demandante no obtuvo sentencia condenatoria; por
ello el tribunal efectuó un prejuzgamiento que no tiene relevancia frente al nexo
causal, que no es otro que el error jurisdiccional plasmado en la Resolución No.
1535 de 2012 proferida por la Gobernación del Valle del Cauca, sin que en el
presente proceso se esté buscando la reparación de perjuicios causados por
terceros o cuestionar las actuaciones de las partes.
Frente al proceso policivo, la parte demandante reiteró que ocurrió un error de
derecho porque el apoderado del querellado interpuso, bajo la figura de nulidad, la
solicitud de caducidad, cuando esta causal no está contemplada dentro de las
consagradas en el artículo 140 del CPC y el término procesal había precluido;
consideró erróneo tomar como fecha de presentación de la querella el 25 de
noviembre de 2010, cuando el sello de la secretaría tiene fecha del 5 de noviembre
anterior; el memorial que habla de subsanación no tiene respaldo y corresponde a
un lapsus de la querellante, pues tan solo se trató de una adición o aclaración; se
violó el derecho de contradicción y defensa al haberse omitido el traslado del
recurso de apelación.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
Anotó que el proceso policivo amparaba la posesión pacífica del bien por la
sociedad, por tanto, quienes lo ocupaban debieron ser declarados como
perturbadores a la posesión y se debieron realizar todas las diligencias de
lanzamiento, lo cual no se decretó por la declaratoria de caducidad. Todas las
ocupaciones sin autorización sobre un inmueble son ilegales, lo que conlleva la
comisión de delitos, pero ello no riñe con las acciones de protección a la posesión
o a la propiedad privada.
Se apreció erradamente el nexo causal, en tanto la querellante no fue vencida en
juicio policivo, ni se le dieron garantías constitucionales o legales; por el contrario,
se violó flagrantemente el debido proceso, de modo que existe nexo causal con la
Resolución No. 1535 de 2012, por las siguientes razones: I) la norma aplicable era
la Ordenanza 145A de 2002 y no la 343 de 2012; II) el querellado pidió la nulidad
por prescripción de la querella, pero el fenómeno que se aplica es la caducidad, la
cual no está consagrada taxativamente; III) el término para formular la caducidad
había precluido; IV) la acción policiva no había caducado, porque el conocimiento
sobre la ocupación se obtuvo el 24 de septiembre de 2010 y la querella se presentó
el 5 de noviembre, es decir, solo habían transcurrido 29 días, cuya contabilización
debe comprender únicamente los días hábiles.
Reprochó que se impusiera la carga de intentar la reparación de perjuicios ante la
jurisdicción ordinaria, porque no existe el deber jurídico de soportar el daño, máxime
cuando el despojo de la posesión, uso y disposición del inmueble fue causado por
las entidades demandas ante la expedición de la Resolución No.1535 de 2012
violatoria del orden jurídico, ligado a las acciones, omisiones y falla del servicio al
no controlar las construcciones y ocupaciones ilegales, para lo cual basta mirar las
múltiples solicitudes realizadas a las autoridades en ese sentido.
Resaltó que el a quo no podía adelantar análisis probatorios dentro del proceso
policivo cuando el juez natural no lo hizo, quien declaró la caducidad de manera
ilegal, quitándole a la sociedad demandante la posesión del inmueble,
configurándose así el daño antijurídico, el cual no tiene que ser soportado y tampoco
conminar a la accionante a efectuar la reivindicación del bien cuando el despojo de
su dominio y posesión fue generado por el error judicial.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
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Adujo un error en la motivación al afirmarse que no ocurrió el daño antijurídico, pero
el mismo fue verificado con la inspección ocular, así como la imposibilidad de
controlar la ocupación de hecho, de manera que la sociedad demandante fue
privada de sus derechos por una decisión contraria a derecho, máxime cuando la
invasión fue realizada con violencia y clandestinidad, con el conocimiento de que es
una zona de alto riesgo donde los invasores impiden cualquier ingreso, incluso de
la policía judicial.
Resumió los reparos concretos en los siguientes: 2.1. Falta de pronunciamiento
frente al daño antijurídico producido por la parte demandada en la Resolución 1535
del 28 de noviembre de 2012/ error judicial; 2.2. Indebida valoración de las pruebas
para determinar la falla en el servicio producido por el daño antijurídico al omitir el
análisis del nexo causal originado en la Resolución 1535 de 2012, así como la
omisión en apreciar las pruebas sobre las acciones y omisiones de las demandadas;
2.3. Los fundamentos jurídicos expuestos para negar la responsabilidad no
desvirtúan el nexo causal; 2.4. La motivación se basó en pruebas que no guardan
relación con el proceso policivo (presuntas denuncias penales); 2.5. No fueron
analizados los fundamentos jurídicos; 2.6. El a quo dejó de analizar y calificar el
daño que se produjo a la sociedad demandante con la Resolución 1535 de 2012
(fls.718-725 C.2).
El recurso de apelación fue concedido el 3 de diciembre de 2021 (fl. 736 C.2).
5. Trámite del recurso de apelación
5.1. Por proveído del 14 de marzo de 2022, esta Corporación admitió el recurso de
apelación (fl.744 C.2).
5.2. El 17 de enero de 2023 se decretaron algunas pruebas solicitadas por la parte
demandante (Índice 12 SAMAI).
5.3. El 17 de marzo de 2023 se concedió el traslado para alegar de conclusión
(Índice 23 SAMAI), término durante el cual la parte demandante reiteró sus reparos
planteados en el recurso de apelación (Índices 29-30 SAMAI).
5.4. El Ministerio Público guardó silencio.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer el presente asunto por tratarse de un recurso
de apelación en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, conforme a lo previsto en el artículo 150 del CPACA.
Igualmente, en razón a la cuantía, porque la pretensión mayor1 superó el límite de
quinientos (500) SMLMV contemplado en la disposición vigente para el momento
de presentación de la demanda, esto es, el numeral 6 del artículo 152 de la Ley
1437 de 2011.
2. Legitimación en la causa
María S. Millán Arango y CIA. sociedad en comandita simple en liquidación se
encuentra legitimada en la causa por activa en vista de que, para el momento de
ocurrencia de los hechos, ostentaba la propiedad del bien inmueble identificado con
matrícula No. 370-776023, según consta en la anotación No. 2 del 21 de febrero de
2008 del certificado de tradición, predio sobre el cual la demandante promovió el
proceso de lanzamiento por ocupación de hecho que originó la presente
controversia.
Por otro lado, el Municipio de Santiago de Cali se encuentra legitimado en la causa
por pasiva, ya que el proceso policivo se adelantó ante la Inspección Urbana de
Primera Categoría “Los Mangos”, adscrita al ente territorial. Por su parte, el
departamento del Valle del Cauca también cuenta con este tipo de legitimación,
pues su secretaría jurídica expidió la Resolución No. 1535 del 28 de noviembre de
2012, mediante la cual se declaró la caducidad dentro del proceso de lanzamiento
por ocupación de hecho iniciado por la sociedad demandante.
3. Medio de control procedente
El departamento del Valle del Cauca expuso que se había configurado una indebida
escogencia del medio de control, por cuanto la Resolución No. 1535 del 28 de
1Lucro cesante: $1.843’196.000.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
noviembre de 2012 debía ser atacada a través de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Sobre el particular, cabe recordar que, en los procesos policivos de lanzamiento por
ocupación de hecho, las autoridades administrativas ejercen una función judicial al
dirimir como tercero imparcial conflictos entre particulares, de modo que sus
decisiones no constituyen actos administrativos, sino jurisdiccionales2. Por tal
motivo, frente a tales actuaciones, no resulta procedente el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, sino que el afectado deberá acudir al de
reparación directa con el fin de lograr la indemnización de los perjuicios causados.
4. Ejercicio oportuno del medio de control
En consonancia con lo regulado por el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
término de caducidad del medio de control de reparación directa es de dos años
contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en
fecha posterior.
En el caso concreto, se adujo que el daño se originó con la Resolución No. 1535
proferida por la secretaría jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca el 28 de
noviembre de 2012 y notificada al día siguiente, mediante la cual se rechazó la
querella presentada por María S. Millán Arango en atención a la caducidad de la
acción, momento en que se conoció que por esta vía no se recuperaría la posesión
del predio, por ende, será este el hito temporal para la contabilización del término
de caducidad.
Así las cosas, la demanda debía ser presentada a más tardar el 30 de noviembre
de 2014. Dicho plazo fue suspendido con la radicación de la solicitud de conciliación
extrajudicial el 10 de octubre de 2014, cuando faltaba 1 mes y 21 días para que
operara la caducidad, y se reanudó el 25 de noviembre de 2014 con la expedición
de la constancia de no acuerdo (fls. 19-24 C.1), por tanto, el término se extendió
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 2 de mayo de 2013, radicación No. 440012331000200000557 – 01 (28.158), C.P.
Mauricio Fajardo Gómez.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
hasta el 16 de enero de 2015, y como el escrito inicial se radicó el 15 de diciembre
anterior, resulta forzoso concluir que el medio de control de reparación directa fue
ejercido en tiempo.
5. Responsabilidad extracontractual del Estado por daños generados durante
los procesos policivos de lanzamiento por ocupación de hecho a raíz de actos
de terceros3
Las acciones posesorias de carácter policivo surgen en virtud de la función de
policía4, con el fin de preservar el orden público5 y evitar la perturbación de la
posesión y la tenencia, cuya regulación la complementan los procedimientos
señalados en los Códigos de Policía Departamentales expedidos con fundamento
en la competencia otorgada por el numeral 8 del artículo 300 de la Constitución
Política.
Es del caso recordar que las acciones posesorias son una herramienta que tiene
“por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces, o de derechos reales
constituidos en ellos”6. Es decir, no están concebidas solamente para proteger al
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 9 de agosto de 2023, radicación No.25000-23-36-000-2015-00312-01 (58162), C.P.
María Adriana Marín.
4 En la sentencia C-024 de 1994, la Corte Constitucional precisó: «La policía administrativa está
entonces ligada a la limitación y regulación de derechos y libertades para preservar el orden público.
Pero esa limitación toma diversas formas: de un lado, se ejerce mediante la expedición de
regulaciones generales como los reglamentos; de otro lado, supone la expedición de actos jurídicos
concretos, como la concesión de una autorización; y, finalmente, se desarrolla mediante operaciones
materiales de uso de la fuerza pública y se traduce en la organización de cuerpos armados y
funcionarios especiales a través de los cuales se ejecuta la función. Por eso la doctrina suele
distinguir entre poder, función y actividad de policía (…) así: (…) a) El poder de policía es normativo:
legal o reglamentario. Corresponde a la facultad legítima de regulación de la libertad. En sentido
material es de carácter general e impersonal. Conforme al régimen del estado de derecho es,
además, preexistente. b) La función de policía es reglada y se halla supeditada al poder de policía.
Supone el ejercicio de competencias concretas asignadas por éste a las autoridades administrativas
de policía. Más repárese en que dicha función no otorga competencia de reglamentación ni de
regulación de la libertad. c) La actividad de policía, asignada a los cuerpos uniformados, es
estrictamente material y no jurídica, corresponde a la competencia de ejercicio reglado de la fuerza,
y está necesariamente subordinada al poder y la función de policía. Por lo tanto, tampoco es
reglamentaria ni menos reguladora de la libertad».
5 Corte Constitucional, sentencia C-183 de 2014: «Pero el orden público no debe ser entendido como
un valor en sí mismo sino como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad
que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. El orden público, en el
Estado social de derecho, es entonces un valor subordinado al respeto a la dignidad humana, por lo
cual el fin último de la Policía, en sus diversas formas y aspectos, es la protección de los derechos
humanos. Estos constituyen entonces el fundamento y el límite del poder de policía. La preservación
del orden público lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es entonces compatible
con el ideal democrático, puesto que el sentido que subyace a las autoridades de policía no es el de
mantener el orden a toda costa sino el de determinar cómo permitir el más amplio ejercicio de las
libertades ciudadanas sin que ello afecte el orden público»
6 Artículo 972 del Código Civil.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
propietario, sino también a cualquier persona que ejerza la posesión del bien, sin
que necesariamente tenga el dominio sobre él.
Dado el carácter policivo del procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho,
las medidas en él adoptadas subsisten mientras el juez no decida otra cosa. Esto
significa que el éxito o fracaso del querellante en esa actuación no impide que el
mismo asunto pueda tramitarse ante el juez civil, sobre todo en los eventos en los
que el trámite policivo no sea eficaz en la protección de la posesión, caso en el cual
el afectado puede ejercer, en aras de garantizar la protección de su derecho, las
acciones posesorias de carácter judicial reguladas por los artículos 972 a 1007 del
Código Civil, como lo son (i) la acción posesoria o (ii) la acción reivindicatoria, según
sea el caso.
Aunado al carácter provisional de las medidas policivas, tanto la normativa que las
regula7, como la jurisprudencia de esta Corporación8, han reconocido que, por regla
general, lo debatido en el procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho es
la posesión sobre el bien y no comporta una controversia sobre la propiedad; por
tanto, ante el fracaso en la consecución de los fines de protección de la posesión,
el querellante puede acudir ante el juez civil a través de las acciones
correspondientes.
La regla en cita se fundamenta en la naturaleza del proceso policivo que lo
constituye como uno de los mecanismos idóneos para la defensa de los derechos
de los propietarios o poseedores, diseñado para impedir la perturbación, alteración
o interrupción del derecho de posesión o la mera tenencia respecto del bien que
haya sido ocupado ilegalmente y no para resolver o definir asuntos relacionados
con el derecho de dominio, circunstancia que, de estar en litigio, deberá ser resuelta
por el juez natural de la causa, siendo así competencia de la jurisdicción civil
ordinaria9; es decir, cuando exista discusión sobre la posesión o la propiedad del
7 Art. 26 Decreto 1355 de 1970: “En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio
ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo”.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2013, Exp. 27557,
M.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2
de mayo de 2013, Exp. 28158, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 23 de febrero de 2017, exp.
34121. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2013, Exp. 28158, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Posición reiterada en la Sentencia de 19 de junio de 2020 Exp. 46035, C.P. María Adriana Marín.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
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bien que haya sido ocupado, corresponde al juez civil resolver el asunto, por lo que,
al constituirse dicho presupuesto, el proceso policivo de lanzamiento dejaría de ser
el mecanismo idóneo para la defensa de los intereses de los propietarios 10 .
Con todo, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que existen
situaciones en las que puede entenderse que se ha perdido definitivamente un
inmueble en el transcurso de un procedimiento policivo de lanzamiento por
ocupación de hecho, siempre y cuando quede acreditado que el predio no podía
recuperarse mediante un juicio posesorio o reivindicatorio, dadas las condiciones
especiales del asentamiento, que obedezcan a razones de interés general, de
seguridad o de orden público y social, así como la calidad de sujetos de especial
protección constitucional de los ocupantes, que hacen que el desalojo sea
impracticable, aun si lo ordenara un juez civil. Al respecto se ha precisado:
Ciertamente, cabe precisar y reiterar, que pueden ocurrir situaciones en las que
la inactividad de la administración puede generar la afectación del derecho de
propiedad, en efecto, se trata de aquellos casos en que por especiales razones
de interés general, principalmente de tipo social, ya sea en cumplimiento de
órdenes judiciales – particular órdenes derivadas de un juicio de tutela- o
administrativas, se opte por prohijar la diligencia que le dé cumplimiento,
generen una situación tal que se desprotejan los derechos de poblaciones
catalogadas como sujetos de especial protección, en cuyo caso puede ocurrir
que i) se torne nugatorio e innecesario acudir al juez de la causa, puesto que
aun cuando se obtenga con éxito la reivindicación del bien o la protección de la
posesión, resultaría imposible ejecutar la decisión del juez por cuestiones de
orden social, en cuyo caso el juez de la acción de reparación directa podrá -
según los hechos del caso y la conducta del demandante- eximir de la obligación
de agotar los mecanismos administrativos y procesales de protección de la
10 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación 157-22. 5 de mayo de 2022. Magistrada
Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Cita: «Sección Tercera – Subsección A de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sentencia de 19 de junio de 2020, Exp. 46035,
C.P. María Adriana Marín. En esta decisión, se estudió la demanda de reparación directa instaurada
por el propietario de un predio, en contra de la Policía Nacional y del Municipio de Puerto Berrío, por
considerar que la omisión de dichas entidades en ejecutar la orden de desalojo generó la pérdida de
la propiedad. Al respecto se precisa que el proyecto en comento indicó que para enervar la falla en
el servicio no basta con que la autoridad argumente su falta de capacidad administrativa, sino que
debe demostrar que, a pesar de actuar de manera diligente, el lanzamiento no pudo ser efectuado
por las condiciones especiales del asentamiento. Respecto a estos factores excepcionales de la
ocupación se destacó que, si hay litigio sobre la posesión del bien y los ocupantes presentaron
objeciones al proceso de desalojo, corresponde al juez civil resolver el asunto y el proceso policivo
de lanzamiento deja de ser el mecanismo idóneo para la defensa de los intereses de los
propietarios.»
En igual sentido, se precisa «En síntesis, con respecto al desarrollo jurisprudencial sobre la
responsabilidad del Estado por la ocupación de bienes privados por parte de terceros ajenos a la
administración se pueden extraer las siguientes reglas sobre falla en el servicio. […]Por último,
cuando existe discusión sobre la propiedad o la posesión, se exige el agotamiento de las acciones
civiles para acreditar el cumplimiento de la carga mínima de diligencia. […] En suma, se puede
afirmar que, en el cuarto momento del Desarrollo jurisprudencial, las reglas sobre aplicación del
régimen de responsabilidad por daño especial, en los casos de ocupación de hecho por parte de
particulares, se ampliaron en los siguientes sentidos: […] (vi) en todo caso, si se ha puesto en duda
la posesión del actor sobre el bien, este deberá acudir a las acciones civiles procedentes.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
propiedad, la posesión y/o el statu quo; frente a lo cual es posible que, ii) se
configure un daño especial en cabeza del propietario del predio ocupado, en la
medida en que por razones de interés general -la protección de sujetos de
especial protección como desplazados, indígenas, madres cabeza de familia,
etc.- se sacrifique el derecho de propiedad del titular del predio; y en
consecuencia, iii) se dará aplicación al artículo 220 C.C.A., ahora 190 y 191
CPACA, y se ordenará la transferencia de la propiedad del bien a favor de la(s)
entidad(es) pública(s) demandada(s), para que ellas solucionen, en el marco de
sus competencias, la manera en que, de ser posible, se ‘legalizarán’ esas
ocupaciones.
Lo anterior no implica, bajo ningún concepto ni interpretación posible, que la
Sala prohíje las ocupaciones ilegales de bienes privados o la ‘colonización’ de
terrenos ajenos o que se consolide una postura que llevaría al Estado a asumir
una responsabilidad genérica y absoluta por los conflictos que se pudieran
generar por esa razón. Sin embargo, la Sala no puede desconocer las
dificultades que en la ejecución de medidas de desalojo encuentran algunas
autoridades administrativas por la propia situación social y de violencia que
atraviesa el país con el consecuente desamparo de los derechos de los
particulares que ello puede generar, razón por la cual se impone que las
autoridades de policía realicen un juicio de ponderación con el fin de determinar
la procedencia de continuar o no con la ejecución de la orden de desalojo, lo
que habrá de hacerse debidamente motivado y con la plena identificación de
los ocupantes y de la situación de especial protección en la que se puedan
encontrar11.
La providencia en cita no fija una regla general y absoluta de responsabilidad del
Estado en los eventos en que haya una afectación a la posesión, sino que precisa
que, frente a cada caso concreto, debe analizarse si «se torna nugatorio e
innecesario acudir al juez de la causa, puesto que aun cuando se obtenga con éxito
la reivindicación del bien o la protección de la posesión, resultaría imposible ejecutar
la decisión del juez por cuestiones de orden social», para cuyo efecto el juez de la
acción de reparación directa deberá tener en cuenta los hechos del caso y “la
conducta del demandante”, con el fin de establecer si debía el propietario agotar o
no los mecanismos administrativos y procesales de protección de la propiedad, la
posesión y/o el statu quo12.
Así las cosas, cuando el propietario alegue la pérdida definitiva del dominio debe
acreditar el despojo definitivo del bien del que es titular. Además, se le exigirá una
“carga de la diligencia mínima” la cual consiste en presentar y promover los
mecanismos de defensa administrativos y judiciales que resulten procedentes para
la protección de la posesión, o en su defecto, del derecho de propiedad. La Corte
Constitucional, en sede de unificación de jurisprudencia en tutela, fijó los parámetros
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 22 de octubre de 2015, exp. 33977. M.P. Hernán Andrade Rincón.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 23 de febrero de 2017, exp.
34121. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
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Referencia: Medio de control de reparación directa
para evaluar la eventual responsabilidad del Estado en los procedimientos por
ocupación de hecho por parte de terceros ajenos a la administración, dentro de los
que se resaltó la carga de la diligencia exigible al demandante, así:
El cumplimiento de este presupuesto se ha reconocido con base en diversos
criterios, deducidos de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin que por ello
se pueda desprender un condicionamiento evidente y expreso a lo que debe
entender por la carga de la diligencia. Por ejemplo:
(i) Se acredita la diligencia mínima cuando se interponen querellas policivas con
el cumplimiento de los requisitos legales, y no simples peticiones.
(ii) Se cumple con esta carga si, además de interponer la acción policiva por
ocupación de hecho, el demandante impulsa el proceso y colabora con el
trámite de este.
(iii) En los casos de discusión sobre la posesión entre los ocupantes y el
propietario, o controversias respecto a la titularidad del derecho de dominio, se
cumple con la carga de diligencia si se promovieron las acciones judiciales
civiles pertinentes (reivindicatoria y/o posesoria).
(iv) En los casos que se refieran al defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia por error judicial o dilación injustificada, el
demandante deberá acreditar que presentó los recursos y mecanismos
procedentes para controvertir el yero identificado a la demora en el trámite del
proceso policivo13.
6. Hechos probados
Circunstancias fácticas previas al procedimiento de lanzamiento por
ocupación de hecho:
6.1. Está demostrado que la señora María del Socorro Millán Arango es la hija del
señor Heriberto Millán Villafañe, quien falleció el 10 de agosto de 2012 (fls. 25-26
C.1).
6.2. La personería jurídica de la Asociación de Proyectos Comunitarios-ASOPROC,
representada legalmente por el señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan, fue
reconocida mediante la Resolución No. 467 del 29 de diciembre de 1994 proferida
por el Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca.
Su objeto comprendía la autoconstrucción comunitaria de mejoramiento de vivienda
en el marco de los Decretos 1742 de 1981 y 2010 de 1979, así como la Ley 3 de
1991 (fls. 34-35 C.1).
13 Corte Constitucional, sentencia SU 157-2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
A través de la certificación de la subdirectora de ordenamiento urbanístico de
Santiago de Cali se conoció que la curaduría urbana había expedido licencias de
urbanización y construcción en favor de esta asociación para el desarrollo de
viviendas de interés social para la urbanización Líderes I, II y III (fl. 420 C.Seg.Inst.).
6.3. El 23 de junio de 2005, el señor Heriberto Millán Villafañe (promitente vendedor)
y Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan (promitente comprador), quien actuó en
representación de la Asociación de Proyectos Comunitarios-ASOPROC, celebraron
contrato de promesa de compraventa sobre un bien inmueble ubicado en el
Municipio de Cali, denominado lote No.3, con un área de 27.194,29 metros
cuadrados, que catastralmente hace parte de la ficha Z00403701-37 y matrícula
inmobiliaria No. 370-688584.
El precio del inmueble se pactó en la suma de $883.814.425, que el promitente
comprador pagaría con el crédito que INFIVALLE aprobara para el desarrollo del
proyecto Líderes IV. El plazo para la firma de la escritura pública de compraventa
se condicionó a la aprobación del proyecto por INFIVALLE. El inmueble sería
entregado a la firma de la escritura pública de compraventa y se pactó una cláusula
compromisoria (fls. 159-162 C.1 y fls. 73-76 C.2 Pruebas). Mediante otrosí de enero
de 2006 se especificó que la fecha para la firma de la escritura pública de
compraventa sería el 25 de mayo siguiente (fls.163 C.1).
La Notaría Veintiuna de Santiago de Cali certificó que el señor Nohemio Porfirio
Cuaran no se presentó el día 25 de mayo de 2006 (fl.160 C.1); no obstante, se
desconoce si el señor Heriberto Millán Villafañe asistió o no a la diligencia.
6.4. El 2 de junio de 2006, nuevamente se celebró contrato de promesa de
compraventa sobre el mismo bien inmueble entre el señor Heriberto Millán Villafañe
(promitente vendedor) y Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan, en representación de
la Asociación de Proyectos Comunitarios-ASOPROC (promitente comprador). El
precio se aumentó en la suma de $1.087’774.600 y se declaró que el promitente
vendedor había recibido $303’957.175. y lo demás se cancelaría con un crédito que
se estaba gestionando por el promitente comprador. Del parágrafo primero de la
cláusula quinta se deduce que el lote iba a estar destinado al desarrollo del proyecto
Líderes IV. El predio se entregaría a la fecha de suscripción de la escritura pública
18
Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
de compraventa, la cual sería firmada en la Notaría Veintiuna del Círculo de Cali en
el año 2006, pero sin especificar día y mes (fls. 66-70 C. 2 Pruebas).
Como prueba de segunda instancia se decretó la sentencia proferida por el Juzgado
19 Civil del Circuito de Cali el 10 de abril de 2018, que declaró la nulidad absoluta
de este contrato de promesa de compraventa, debido a que carecía de un plazo o
condición para firmar la escritura pública de compraventa.
El juez civil no accedió a las restituciones mutuas por cuanto el inmueble no fue
entregado en virtud de esa promesa de compraventa, el cual fue tomado por la
comunidad, que entregó dineros a la Asociación de Proyectos Comunitarios que
luego llegaron al señor Heriberto Millán Villafañe. Además de no estar determinado
el monto cancelado al señor Villafañe, los dineros eran de la comunidad, siendo ella
la legitimada para solicitar la restitución. Por último, se sugirió ejercer las acciones
reivindicatorias con el fin de restablecer la posesión sobre el inmueble (Índice 17
SAMAI).
6.5. El 1 de agosto de 2007, el señor Heriberto Millán Villafañe suscribió
comunicación dirigida a la Curaduría 2 de la ciudad de Santiago de Cali autorizando
al señor Porfirio Cuaran Canacuan para solicitar licencia de urbanismo con el fin de
urbanizar un lote con área de 27.000 m2 del barrio Decepaz (fl.134 C.1).
6.6. Mediante escritura pública No. 3777 del 12 de septiembre de 2007, inscrita en
la cámara de comercio el día 25 siguiente, se constituyó María S. Millán Arango y
CIA. como sociedad en comandita simple (fls. 32-33 C.1). La señora María del
Socorro Millán Arango era socia y ejercía su representación legal (fls.32-33 C.1).
6.7. A partir del mes de octubre del año 2007, el arquitecto Juan Carlos Hoyos de
proyectos comunitarios presentó solicitudes ante EMCALI ESP, EMSIRVA ESP y
Gases de occidente solicitando la posibilidad de instalar los servicios de acueducto
y alcantarillado, energía eléctrica, aseo, gas y telecomunicaciones para el proyecto
Líderes IV de viviendas de interés social comprendido por 145 lotes, localizado entre
las carreras 28E y 28D6 con calle 112 de Cali (fls.139 y 141-144 C.1). Consta
respuesta positiva frente a los servicios de energía, acueducto y alcantarillado (fls.
138-140 C.1).
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
6.8. Mediante escritura pública No. 5089 del 22 de noviembre de 2007 de la Notaría
Primera del Círculo de Cali, inscrita el 21 de febrero de 2008 (fls.71-72 C.1), el señor
Heriberto Millán Villafañe vendió a la sociedad María S. Millán Arango y CIA S. en
C, tres bienes inmuebles, dentro de los cuales se encontraba el identificado con
matrícula inmobiliaria No. 370-776023, por un precio de $34.732.000 y descrito
como lote de terreno No.2, que hizo parte del lote conocido como Cauquita (fls. 385-
389 C.2 Pruebas).
Aunque la descripción del inmueble no concuerda, a partir de un análisis de la
cadena de tradición consignada en el certificado de tradición y libertad (fls. 71-
72 C.1), se deduce que el área de este inmueble estaba comprendida dentro de
las promesas de compraventa celebradas entre el señor Heriberto Millán
Villafañe y Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan el 23 de junio de 2005 y 2 de junio
de 2006 (Hechos probados 6.3. y 6.4).
6.8. El 29 de julio de 2008, el señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan denunció
penalmente al señor Heriberto Millán Villafañe por el delito de estafa, bajo la
consideración de que este último había vendido a la sociedad María S. Millán
Arango y CIA S. en C. el mismo bien que había sido objeto de promesa de
compraventa el 23 de junio de 2005 y el 2 de junio de 2006 (fls. 135-137 C.1).
6.9. Ante derecho de petición presentado por María del Socorro Millán Arango, el
17 de septiembre de 2008, INFIVALLE certificó que la Asociación de Proyectos
Comunitarios -ASOPROC no ha solicitado crédito alguno, ni aparece registrada
como cliente ni registraba créditos aprobados o rechazados (fl. 193-194 C.1).
6.10. El 21 de noviembre de 2008, la señora María del Socorro Millán suscribió
comunicación dirigida a la Asociación de Proyectos Comunitarios-Porfirio Cuaran y
Oscar Palomar Villanueva, en el siguiente sentido (fls. 99 y 207 C.1):
En atención, a la situación presentada relacionada con la denuncia penal
instaurada por usted a mi padre dentro de la negociación del predio distinguido
como Cauquita quiero solicitarle se abstenga de utilizar, tomar posesión o
realizar labores dentro del mismo, hasta que se cumplan todas las instancias
legales y procesales, ya que el predio está a nombre de mi padre y este aun no
ha sido negociado ni cancelado por usted.
6.11. El 28 de mayo de 2009, el Juzgado treinta y dos Civil Municipal remitió oficio
a la señora María del Socorro Millán Arango para informarle que en sentencia de
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
tutela No. 67 del 29 de mayo del año 2009 resolvió tutelar el derecho de petición
vulnerado por el director de planeación municipal de Santiago de Cali respecto de
la solicitud presentada por la actora el 25 de febrero de 2009, ordenando que se
diera respuesta (fl. 93 C.1).
6.12. El 2 de junio de 2009, la Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico de Cali
respondió derecho de petición presentado por María del Socorro Millán Arango el
25 de febrero de 2009 con el fin de conocer si la Asociación de Proyectos
Comunitarios estaba habilitada para captar dineros del público (fl. 36 C.1):
Le informo que se encuentra vigente el registro No. 00797 del 5 de junio de
1997 de la Asociación de Proyectos Comunitarios, hasta tanto soliciten su
cancelación e implica el sometimiento al control y vigilancia de esta
Subdirección. Y está facultada para desarrollar las actividades de que tratan los
artículos 1 y 2 del Decreto 2610 de 1979, relacionadas con la enajenación de
inmuebles destinados a vivienda y sobre el otorgamiento de créditos para la
adquisición de lotes o viviendas o para la construcción de las mismas.
Referente a la facultad dicha Asociación para captar dineros, según el contenido
de la certificación con radicación No. 19117 del 24 de octubre de 200 anexada
a su petición, le informo que fue dispendioso encontrar la copia del original por
tratarse de un documento con mucho tiempo de expedición, se encontró
reciente y de esa forma se cotejó el documento constatándose que la copia no
es igual en su contenido con la copia anexada, la copia original no incluye el
texto “… facultada para la captación de dineros”.
6.13. El 2 de junio de 2009, el director del Departamento Administrativo de
Planeación reiteró que la copia que reposa en los archivos de la entidad sobre la
habilitación de la Asociación de Proyectos Comunitarios no es igual en su contenido
a la anexada por la peticionaria al contener la frase adicional “facultada para la
captación de dineros”. Al mismo tiempo, se informó que el señor Nohemio Porfirio
Cuaran Canacuan había incumplido la entrega de un lote a la señora María
Alexandra Villaquirán en el programa de vivienda Líderes III.
Indicó que el señor Cuaran Canacuan no había cumplido con la legalización del
programa de vivienda Líderes III y que en el futuro la captación de dineros para
programas de vivienda de interés social lo autorizaría la administración por medio
de entidades fiduciarias (fls. 37-38 C.1).
6.14. El 28 de septiembre de 2010, la señora María del Socorro Millán Arango,
actuando como representante legal de la sociedad María S. Millán Arango y CIA S
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
en C, propietaria del predio con matrícula No. 370-776023, denunció penalmente al
señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan, por el siguiente hecho:
(…) El viernes 24 de septiembre de 2010, me enteré que el señor Nohemio
Porfirio Cuaran Canaguan sin justo título, y sin que le asista ningún derecho de
dominio, ha hecho ocupación injusta e ilegal del lote de terreno identificado en
el hecho anterior, prometiéndolo en venta y está entregando posesión del
mismo a diferentes personas de la comunidad, a manera de reloteo,
beneficiándose económicamente de estas ilegítimas negociaciones, bajo el
pretexto de una promesa de compraventa que suscribió con mi padre (señor
Heriberto Millan Villafañe) el 23 de junio de 2005, la cual incumplió al no pagar
el precio, a pesar de que la promesa tiene otrosí de fecha 17 de marzo de 2006,
con el cual se comprometió a firmar escritura pública de compraventa el día 25
de mayo de 2006, la que tampoco cumplió.
Informó que hasta la fecha habían construido tres casas en cemento y ladrillo, y que
el denunciado utilizaba para engañar a los clientes una resolución del 24 de octubre
de 2000 de la Secretaría de Ordenamiento Urbanístico que supuestamente lo
faculta para captar dineros, pero que según la Subdirección de Ordenamiento
Urbanístico la copia que reposa en la Secretaría de Vivienda no incluye el texto
“facultada para la captación de dineros” (fls. 83-84 C.1).
6.15. El 14 de octubre de 2010 se llevó a cabo audiencia de conciliación ante la
Fiscalía General de la Nación a raíz de la denuncia instaurada por María del Socorro
Millán Arango en contra de Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan por la invasión y
venta de posesión del predio de propiedad de la sociedad María S. Millán Arango y
CIA S. en C., la cual culminó sin acuerdo alguno. Se resalta de su desarrollo (fls.
202-205 C.1):
PRETENSIONES DEL CITANTE:
Manifiesta la denunciante que su pretensión es que su denunciado se abstenga
de vender la posesión del terreno, hasta tanto se defina en la Fiscalía lo
referente a la promesa de compraventa que su denunciado suscribió con su
señor padre Heriberto Millán sobre esos mismos terrenos, igualmente
manifiesta la denunciante que lo que pide al citado es que se retire del lote,
saque a la gente del lote, retire todas las cosas y devuelva el lote en su estado
normal.
PROPUESTA DEL CITADO:
Por su parte, el citado manifiesta que él le recibió dinero a la gente y se lo
entregó al Sr. Heriberto Millán y la gente lo está demandado por la plata que le
dio a su padre de buena fe, igualmente dice que él no está vendiendo posesión
sino que la gente que le dio la plata está tomando la tierra porque no aguanta
más. Así mismo dice que está mandando a la tierra a la misma gente a la que
no le pudo entregar su dinero.
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Demandante: María S. Millán Arango y CIA
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6.16. El 13 de abril de 2012, la Fiscalía General de la Nación archivó la investigación
por el delito de invasión de tierras o edificaciones adelantada en contra del señor
Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan, para lo cual consideró:
1. Entre el señor Heriberto Villafañe (padre de la denunciante) y Nohemio
Porfirio Cuaran Canaguan que representa la Asociación de Proyectos
Comunitarios-ASOPROC, se realizó un negocio jurídico-Contrato de promesa
de compraventa, el pasado 23 de junio de 2005, en donde se acordó la venta y
la compra de un lote de terreno ubicado en la parte rural del municipio de Cali,
en el corregimiento de Navarro denominado como Lote No. 3 con área de
27.194,29, metros cuadrados por valor de $883.814.425. Valor total que el
promitente comprador pagaría al promitente vendedor con un crédito de
Infivalle, con el fin de desarrollar el proyecto Líderes IV. La entrega del inmueble
se realizaría a la firma de la escritura pública de compra venta que formalice la
promesa de compraventa. Con una cláusula compromisoria que toda
controversia o diferencia relativa al contrato, su ejecución y liquidación se
resolvería por un Tribunal de Arbitramento, e igualmente convinieron las partes
que este contrato de promesa de compraventa presta mérito ejecutivo.
2.Como no se determinó fecha para el cumplimiento de la compraventa las
partes realizaron otro SI en el cual se colocó como fecha para realizar la
escritura el 25 de mayo de 2006 en la Notaría 21 de Cali, manifestándole que
en todo lo demás quedaba vigente la promesa anteriormente firmada.
3.Luego las partes realizaron un segundo contrato de promesa de compraventa
que se firmó el 2 de junio de 2006, donde acordaron variar el precio por metro
cuadrado quedando en la suma de $1.087.774.600, a razón de $40.000 el
metro, valor total que el promitente comprador o sea Nohemio Porfirio Cuaran
Canaguan cancelaría la suma de $303.957.175 que el promitente vendedor o
sea Heriberto Millán Villafañe declaró recibidos a entera satisfacción a la firma
del documento y el saldo lo pagaría con un crédito que el promitente comprador
gestionaría ante una entidad financiera, las demás cláusulas quedaron
conforma al primer contrato.
4. El 22 de noviembre de 2007, el señor Heriberto Millán Villafañe a través de
escritura pública enajena ese mismo lote de terreno a su hija María del Socorro
Millán Arango, razón por la que Nohemio Porfirio Cuaran Canaguan lo denuncia
penalmente por el delito de estafa, porque él en representación de ASOPROC
era el promitente comprador y ya le había pagado parte del dinero.
5.La denunciante María del Socorro Millán Arango en ampliación de denuncia
del 14 de enero de 2011, manifiesta que el señor Nohemio Porfirio Cuaran
Canaguan denunció a su padre Heriberto Millán Villafañe por el delito de estafa,
basado en unas promesas de compraventa que ella desconocía, que una vez
tuvo conocimiento de ellas no cumplían con los requisitos exigidos por la ley y
que además el señor Cuarán carecía de la capacidad de pago del lote de terreno
y está vendiendo posesión del inmueble que está en cabeza de la sociedad
María del Socorro Millán Arango S en C, por eso lo denuncia por invasión.
6. Por su parte el denunciado Nohemio Porfirio Cuaran Canaguan a través de
interrogatorio manifiesta a este despacho fiscal que desde los años 1986-1987
viene teniendo trato con el señor Heriberto Millán, el cual les vendió una tierra
donde se construyó Líderes uno, luego le vendió otra tierra donde es hoy
Líderes dos. Estos terrenos se pagaron con la plata de la comunidad ya que se
formó la Asociación de Proyectos Comunitarios para entrega de vivienda.
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Demandante: María S. Millán Arango y CIA
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Terminado este proyecto, el señor Millán conociendo que él era un urbanizador,
le ofreció a la asociación otra tierra donde se construyó Líderes III y cuando se
terminó, les ofreció otro terreno para el proyecto Líderes cuatro. En este nuevo
proyecto se reunió la comunidad que comenzó a dar sus aportes, se hizo la
compraventa, el señor Millán propuso que se hiciera un préstamo en el banco
por $300.000.000,oo pero el banco no los prestó, entonces el señor Millán
propone que pida la plata a la gente como ya se había hecho con los otros
proyectos, la gente comienza a consignar la plata a la cuenta de la Asociación
de Proyectos Comunitarios, de allí se empieza abonar el dinero al señor Millán,
él comienza a hacer las peticiones de los servicios públicos como acueducto,
alcantarillado, etc… pero de las Empresas Municipales indican que para sacar
y evacuar las aguas había que hacer un canal de desagües con mucha
capacidad, el canal costaba $106.000.000.oo y el señor Millán propuso un cruce
de cuentas. Durante los trámites de licencia se da cuenta el señor Cuarán que
el terreno había sido enajenado a otra persona y el señor Millán le responde
que no hay problema que eso lo había hecho para defender un patrimonio
familiar, sin embargo siguió recibiendo la plata de la comunidad, pero su
abogado le dice que eso no es legal que mejor es denunciarlo y lo denuncia por
estafa el 29 de julio de 2008. Indica Nohemio Porfirio Cuaran Canaguan que el
señor Heriberto Millán Villafañe se le alcanzó a dar la suma de $186.000.000.oo
de dinero que la comunidad ya había dado para su vivienda, y a él como
representante legal de la Asociación le ha tocado afrontar el compromiso de
responderle a esta gente. Al tener los servicios públicos aprobados e instalados
en ese terreno la gente se tomó los predios y le toca seguir entregando los
predios a estas personas que dieron los aportes para la compra del mismo,
dinero que recibió el doctor Millán. Aduce que el señor Millán era conocedor de
todas las gestiones que se estaban haciendo para la viabilidad del proyecto a
realizar en el predio prometido en venta.
A partir de lo anterior, el ente acusador concluyó que no se configuraba el delito de
invasión de tierras porque el señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan no entró a
la fuerza al predio, sino que fue entregado por el señor Heriberto Millán Villafañe,
propietario del inmueble, mediante contrato de promesa de compraventa, y en razón
al incumplimiento de ambas partes, la controversia no era competencia del derecho
penal, sino de la especialidad civil teniendo en cuenta la cláusula compromisoria
pactada. A su vez, descartó la ilegalidad de los contratos, porque según cotejo
grafológico, la firma del promitente vendedor efectivamente corresponde a Heriberto
Millán Villafañe.
Se sostiene igualmente que el promitente vendedor había hecho negociaciones
similares con el promitente comprador (proyectos de vivienda Líderes uno, dos y
tres) y era conocedor que, en esta oportunidad, el lote de terreno que estaba
vendiendo o enajenando era para el proyecto de vivienda Líderes cuatro, el que se
terminaría de pagar con los aportes de cada ciudadano que adquiriera su lote (fls.
201-215 C.2).
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Hechos relativos al procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho
6.16. El 5 de noviembre de 2010, la señora María del Socorro Millán Arango,
actuando como representante legal de la sociedad María S. Millán Arango y CIA S
en C, propietaria del predio con matrícula 370-776023 y en calidad de apoderada
del señor Heriberto Millán Villafañe, propietario del predio conexo con matrícula 370-
776024, presentó querella de lanzamiento por ocupación de hecho y salvaguarda a
la propiedad privada, para lo cual narró los siguientes hechos (fls. 81-82 C.1):
1. El pasado 28 de septiembre de 2010 presente a la Fiscalía General de la
Nación denuncia penal en contra del señor Nohemio Porfirio Cuaran por la venta
de posesión y ocupación del predio de propiedad de la sociedad MARÍA S.
MILLÁN ARANGO Y CÍA S EN C sociedad en comandita simple de conformidad
con la escritura pública 5089 del 22 de noviembre de 2007 y matrícula
inmobiliaria No. 370-776023.
2.Dicho reparto le correspondió a la Fiscalía 4 de la URI para la atención de la
audiencia de conciliación la cual fue fallida en razón a que el señor Nohemio
Porfirio Cuaran se niega a desocupar el inmueble y abstenerse de seguir
vendiendo a la comunidad basado en una Resolución de la Secretaría de
Vivienda.
3. El proceso sigue su curso normal dentro de la Unidad de Patrimonio
Económico.
4. El predio se encuentra vigilado por el señor Salomon Biafara, identificado con
la cédula de ciudadanía 16.831.170 autorizado para vigilar y vivir en el lote, sin
embargo las acciones de protección sobre los predios no son suficientes dada
la venta que el señor Porfirio hace a la comunidad de la cual ha captado dineros.
5. El predio se encuentra ubicado en la Carrera 26D-6 con calle 115 (sector Villa
Mercedes, Desepaz) Cali.
6. Por lo tanto, solicito a ustedes la salvaguarda de la propiedad privada del
área de terreno aproximada de treinta y nueve mil metros propiedad que
pertenece al señor Heriberto Millán Villafañe y la sociedad María S. Millán
Arango y CIA S.en.C. donde soy socio gestor.
Aunque en el proceso se planteó una controversia sobre la fecha de presentación
de la querella, no cabe duda de que esta denuncia tiene sello de radicado del 5 de
noviembre de 2010.
6.17. El 23 de noviembre de 2010, la señora María del Socorro Millán Arango
presentó “memorial de subsanación” dentro de la denuncia de lanzamiento por
ocupación de hecho y salvaguarda de la propiedad privada solicitando la práctica
de la diligencia del inmueble localizado en la carrera 26D-6 con calle 115 en el
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distrito de Decepaz-Pizamos de Cali, adicionalmente pidió que la Policía procediera
con la restitución mediante el desalojo de las personas que allí se encontraban (fls.
80-82 C.1). Pese a que el memorial es nombrado como “subsanación”, en el
plenario no obra constancia de que la Inspección Urbana de Policía Los Mangos
hubiera inadmitido la querella.
6.18. El 23 de noviembre de 2010, la Inspección Urbana de Policía “Los Mangos”
de Cali avocó conocimiento de la querella (fls. 100-101 C.1).
6.19. El 12 de abril de 2011 el señor Nohemio Porfirio Cuaran presentó descargos
dentro del proceso policivo (fls. 118-120 C.1):
(…) le compré inicialmente al doctor Heriberto Millán, o negocie 27 mil metros a
través de una compraventa, el pido (sic) la plata de esa compraventa el negocio
era de 880 millones, en primera instancia me dijo que hiciéramos un
acercamiento a un banco para que nos prestaran 300 millones, pero el banco
no nos prestó y me dijo que le siguiera pidiendo el dinero a la gente que él iba
a las reuniones y le manifestó que esta tierra las adquirió a través de esta
compraventa, de $883.814.425, después le seguimos dando la plata de la
comunidad en el mismo julio de 2008, nos aumenta la tierra a $1.087.774.600
a razón de $40.000 el metro cuadrado los 27 mil metros y firmó otra
compraventa, la asociación sigue pidiendo la plata y cancelando al doctor
Millán, lo recibido por la comunidad, anticipadamente insta los servicios para
darle cobertura a toda la tierra del sector Las Palmas y le deja instalado con la
respectiva recamara y su respectivo canal con desagüe al canal Cauquita,
paralelamente hace aprobar los servicios para la urbanización lideres 4 de los
27 mil aprobados en la compra venta, teniendo todas las aprobaciones de los
servicios y la radicación en la curaduría 2 para su respectiva, licencia
urbanística, nos damos cuenta de que la tierra estipulada en la compraventa de
los 27 mil metros es transferida a la doctora María del Socorro Millán, hija, pero
el señor Millán me manifiesta que no me preocupe que le siga dando la plata
que el me dará la escritura, realizará la escritura o nos hará la escritura, como
representante legal me veo avocado a un gran problema con la comunidad,
quedando la única salida demandar ante la Fiscalía al doctor Heriberto Millán,
desde el 29 de julio de 2008, del cual aporto copias, posteriormente me llama
la doctora Socorro y me pregunta cuanto ha recibido el padre por la tierra le
manifiesto que son $206.000.000 y le aporto los soportes firmados por el doctor
Millán y las personas que delegaba, de los cuales únicamente reconoce
$186.000.000 y después de tantas reuniones con abogado de parte y parte,
pide una rebaja la cual la asociación le acepta, pero tampoco se cumple, sigo
con el problema de la comunidad, la cual toma los predios y construye
esperando que se resuelva la demanda 1 en la Fiscalía, lo cual la doctora no
quiere agilizar el proceso en la Fiscalía y me veo abocado con una gran
responsabilidad de la comunidad devolviendo los aportes que dieron para el
programa líderes 4 a intereses para devolver a las personas que ya no quieren
saber del proyecto por la demora y la falsedad y otros personas hace 2 años ya
están ubicadas en el sector ha sido la única forma de detener la comunidad que
dio los aportes al doctor Heriberto Millán, para una vivienda no para otros
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objetivos, aporto una prueba en la cual por una devolución de la abogada me
cobra por intereses un millón de pesos.
6.20. El 15 de abril de 2011 la Inspección Urbana de Policía Primera Categoría
Municipal “Los Mangos” adelantó diligencia de inspección ocular en la carrera 28D
con calle 103 de la ciudad de Cali (fl.119 C.1):
(…) en el sitio encontramos al señor Nohemio Porfirio Cuarán Canacuan,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.091.695, a quien previamente se
la había informado de la visita, en este sitio encontramos un lote de terreno 40
mil metros aproximados de acuerdo a lo manifestado por la demandante que se
encuentra parcelado en una parte y en el momento de la visita se encuentran
realizando construcciones en dos lotes, con fundamento en la queja presentada
inicialmente se les solicita a las personas que están construyendo que
suspendan la construcción (…)
6.21. El 18 y 26 de mayo de 2011, el Inspector Urbano de Policía I Categoría envió
comunicación al Comandante de estación de Policía Decepaz informando que sobre
el predio ubicado en la transversal 103 con carrera 28 D del barrio Pizamos se ha
dado la orden de policía “ (...) de no realizar ningún tipo de construcción en este
sector hasta que este despacho tome una decisión definitiva al respecto”, por ende,
se le solicitaba tomar las medidas pertinentes, necesarias y suficientes para que se
cumpliera lo ordenado (fls.174 y 177 C.1).
6.22. El 21 de septiembre de 2011, el apoderado del querellado solicitó la nulidad
de lo actuado con inclusión del auto admisorio, debido a que los hechos
perturbatorios ocurrieron el 24 de septiembre de 2010 y la querella se presentó el
23 de noviembre de 2010, por tanto, se superó el término de 30 días contemplado
en el artículo 297 del Código Departamental de Policía-Ordenanza No. 145A de
2002 (fls. 221-224 C.1).
El 20 de octubre de 2011, el apoderado de la parte querellante presentó oposición
a la declaratoria de nulidad (fls.251-253 C.1).
El 24 de octubre de 2011, la Inspección Urbana de Policía Primera Categoría “Los
Mangos” negó la solicitud de nulidad porque de acuerdo con la inspección ocular
realizada se constató un grupo de personas realizando actividades constructivas y
que existe la posibilidad de que se ocupen áreas no invadidas hasta esa fecha, por
ello se ordenó la suspensión de las edificaciones y se informó a la Policía para evitar
el ingreso de nuevas personas, aunado a que la extensión total del predio y el tiempo
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de ocupación de las personas que están en el terreno era materia probatoria (229-
232 C.1).
El 3 de noviembre de 2011, el apoderado del querellado presentó sustentación del
recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la anterior decisión (fls.
158-160 C.1), al día siguiente adicionó algunos argumentos (fls.246 y 249 C.1).
El 9 de noviembre de 2011, la Inspección Urbana de Policía de Primera Categoría
Los Mangos resolvió el recurso de reposición manteniendo la decisión de negar la
solicitud de nulidad porque no estaba determinada la extensión del predio, el área
ocupada y si las construcciones tenían una antigüedad de dos años (fls.254-260
C.1).
El 8 de junio de 2012, la Secretaría Jurídica del Departamento del Valle del Cauca
rechazó por improcedente el recurso de apelación presentado por el querellado, en
vista de que se trata de un proceso de única instancia cuyas providencias no son
apelables (fls. 221-223 C.2)
Ante tal decisión, el señor Nohemio Porfirio Cuaran presentó acción de tutela y el
24 de septiembre de 2012, el Juzgado Treinta Penal Municipal amparó el derecho
fundamental al debido proceso y ordenó al área jurídica de la Gobernación del Valle
del Cauca tramitar el recurso de apelación (fl. 241-264 y 296 C.2).
6.23. El 28 de noviembre de 2012, la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Valle
del Cauca expidió la Resolución No. 1535, “por medio de la cual se resuelve recurso
de apelación contra el auto sin número de fecha octubre 24 de 2011 proferido por
la inspección de Policía 1° categoría municipal Los Mangos”, en el siguiente sentido:
(…) Cuando el señor apoderado de la parte querellada solicita y sustenta la
nulidad del proceso a partir inclusive del auto admisorio de la querella,
argumentando la prescripción de la misma, debemos expresar que le asiste
plenamente la razón por cuanto primeramente, la Ordenanza 343 de 2012,
consagra en su artículo trescientos diecinueve, que el término para promover la
acción civil de policía, caduca a los (30) días, contados a partir del primer día
del acto de usurpación o perturbación, o desde aquel en que cesó la violencia
o clandestinidad, si se tratare de usurpación violenta o clandestina. Cabe anotar
que no se trata de prescripción, sino de caducidad de la acción.
En segundo lugar, tal afirmación tiene como sustento lo expresado por la Dra.
María del Socorro Millán Arango en su escrito de querella, cuando afirma en el
punto 2 de los hechos que “…El viernes 24 de septiembre de 2010, me enteré
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
que el señor Nohemio Porfirio Cuaran Guaran (sic) sin justo título, y sin que le
asista ningún derecho de dominio, ha hecho ocupación injusta e ilegal del lote
de terreno identificado en el hecho anterior, prometiéndolo en venta y está
entregando posesión del mismo…”.
Así las cosas, si la Dra. María del Socorro Millán Arango tuvo conocimiento de
los hechos perturbatorios el 24 de septiembre de 2010, y promueve la acción
policiva en noviembre 5 de 2010, es más que obvio percatarse que los treinta
(30) días ya habían transcurrido y por consiguiente había caducado la acción.
Bajo tales consideraciones, revocó el auto sin número de octubre 24 de 2011
proferido por la Inspección de Policía 1 Categoría municipal “Los Mangos” y
procedió a rechazar la querella interpuesta por María del Socorro Millán Arango por
caducidad de la acción. Al mismo tiempo, se advirtió que no procedía recurso alguno
y se informó la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria en defensa de sus
intereses (fls. 63-68 C.1).
6.24. El 6 de diciembre de 2012, la señora María del Socorro Millán Arango y la
sociedad María S. Millán Arango CIA S en C, presentaron acción de tutela en contra
de la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca, como mecanismo
transitorio para evitar un daño irreparable ante las consecuencias generadas por la
Resolución No. 1535 del 28 de noviembre de 2012 (fls. 307-326 C.2). El 11 de enero
de 2013, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali negó por improcedente el
amparo deprecado (fl. 363 C.2).
6.25. El 20 de diciembre de 2012, la señora María del Socorro Millán Arango, en
calidad de liquidadora de la sociedad María S Millán Arango y CIA S en C, radicó
derecho de petición ante la Alcaldía de Santiago de Cali informando que el señor
Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan, con fundamento en la Resolución No. 19117
del 24 de octubre de 2000 y Registro No. 0979 de junio 5 de 1979, se encontraba
ejerciendo las siguientes actividades sobre el predio de propiedad de la sociedad
identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-776023 y ubicado en la carrera 26D-
6 con transversal 115 Sector Villa Mercedes: venta y enajenación de predios o lotes
de terreno en reloteos con áreas aproximadas de 53 m 2; captando dinero de
compradores; invasión de predios ajenos que no han sido enajenados o prometidos
en venta por la sociedad; adulteración de la Resolución No. 19117 del 24 de octubre
de 2000 que la hace diferente a la que reposa en los archivos de la alcaldía, para
hacer parecer que puede captar dineros de la comunidad; invasión violenta del
predio; ejecución de actos de señor y dueño mediante la realización de obras en
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predio ajeno a través de terceras personas, quienes se valen de las ventas que
realiza el señor Cuaran Canacuan sin los permisos de planeación y curaduría; daño
irreparable para los terceros de buena fe que compran lotes bajo la apariencia de
legalidad.
A raíz de lo anterior, solicitó realizar la inspección, control y vigilancia de la
Asociación de proyectos comunitarios “ASOPROC” y compulsar copias ante la
Fiscalía General de la Nación (fls.27-31 C.1).
6.26. El 21 de diciembre de 2012, la señora María del Socorro Millán Arango,
actuando como liquidadora de la sociedad María S. Millán Arango y CÍA S. en C.
presentó ante la Alcaldía de Santiago de Cali denuncia de lanzamiento por
ocupación de hecho por las mismas circunstancias que motivaron la primera
querella (fls. 367-372 C.2 Pruebas).
6.27. El 27 de diciembre de 2012, la señora María del Socorro Millán Arango solicitó
al Inspector de Policía Categoría Primera “Los Mangos” continuar con la querella de
lanzamiento por ocupación de hecho respecto del predio identificado con matrícula
No. 370-776024, ya que frente a este no se había declarado la nulidad (fls. 337-338
C.2).
El 2 de enero de 2013, la Inspectora de Policía Los Mangos solicitó a la Secretaría
Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca aclaración sobre la revocatoria del
auto sin número del 24 de octubre de 2011, para conocer si tal decisión también
comprendía el bien con matrícula No. 370-776024 (fls. 339-340 C.2).
El 10 de enero de 2013, el Departamento Administrativo Jurídico respondió la
anterior solicitud indicando que no existía fundamento para ello, por existir un
pronunciamiento claro y oportuno sobre los hechos (fl. 349 C.2)
El 31 de enero de 2013, mediante auto No. 005, la Inspección Urbana de Policía
de Primera Categoría Los Mangos negó la solicitud de continuar con la denuncia
de lanzamiento por ocupación de hecho (fls. 396-398 C.2 Pruebas).
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
Circunstancias posteriores al procedimiento de lanzamiento por ocupación de
hecho
6.28. El 4 de enero de 2013, la señora María del Socorro Millán Arango, actuando
como liquidadora de la sociedad María S. Millán Arango y CÍA S. en C., presentó
queja ante la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se investigaran
las irregularidades que dieron lugar a la invasión ilegal y violenta del señor Nohemio
Porfirio Cuaran Canacuan sobre el predio con matrícula inmobiliaria No. 370-
776023 (fls. 409-412 C.2 Pruebas).
6.29. El 23 de enero de 2013, el Subdirector de Ordenamiento Urbanístico informó
a la señora María del Socorro Millán (fl. 59 C.1):
La Asociación de Proyectos Comunitarios-ASOPROC, no ha solicitado ante
ésta Dependencia, radicación de documentos, permisos ni planos para la
construcción del lote de terreno ubicado en la carrera 28D con transversal 103-
115 del sector Pizamos, distinguido con las matrículas inmobiliarias 370-776023
y 370-776024, con cédulas catastrales 0120500080000 y 012050009000 en su
orden.
6.30 El 5 de febrero de 2013, el Subdirector de Ordenamiento Urbanístico de la
Alcaldía de Santiago de Cali respondió petición radicada por la señora María del
Socorro Millán Arango (fls. 45-46 C.1):
(…) se practicó visita al predio colindante entre las siguientes vías: calle 107,
carrera 28D6, carrera 28D8, carrera 28E. En este lote se desarrollan una serie
de construcciones, mayoritariamente viviendas unifamiliares de una y dos
plantas, pertenecientes según testimonio recogido en el sector al desarrollo
urbanístico Líderes IV, cuyos lotes han sido adquiridos al señor Porfirio Cuarán
Canacuán, representante de la firma Asociación de Proyectos Comunitarios. El
predio no presenta obras de cumplimiento de infraestructura vial ni de redes de
servicio básicos domiciliarios y no planteamiento de cesiones de zona verde.
Ninguno de los requeridos presentó licencia de construcción y el señor Cuarán
nos manifestó telefónicamente estar fuera de la ciudad, ante lo cual se le advirtió
de una citación que tendría que cumplir para que presente ante esta
Subdirección las licencias y permisos correspondientes para desarrollar el
proyecto.
Puede presumirse que el proyecto carece de legalidad, ante lo cual y por medio
de copia que se envía de este oficio a Control Construcciones de esta
Subdirección, se solicita la apertura de un proceso administrativo sancionatorio,
contemplado en la Ley 1437 de 2011. Deberá ordenarse la medición de todas
las construcciones y sumarse, ya que los lotes no tienen escritura que sustente
el derecho de propiedad, por lo tanto no se pueden individualizar.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
Así mismo, se enviará copia a la Subsecretaría de Policía y Justicia de la
Secretaría de Gobierno como entidad competente, para que suspendan las
obras que se adelante en el lote.
6.31. El 5 de marzo de 2013, el Subdirector de Ordenamiento Urbanístico de la
Alcaldía de Santiago de Cali respondió las peticiones presentadas por la señora
María del Socorro Millán Arango sobre diversos puntos. Expuso que luego de la
visita realizada al sector conocido como Líderes IV, se observaron construcciones
de varias viviendas y que los ocupantes manifestaban haberle comprado los lotes
al señor Porfirio Cuaran Canacuan, quien no había radicado los documentos para
enejar esa última etapa, así como para obtener la licencia de urbanización; por tal
motivo, se le envió una comunicación para que suspendiera la venta de lotes.
También se informó que en el sector denominado Líderes IV se estaban
desarrollando construcciones de una, dos y tres plantas, sin contar con servicios
públicos domiciliarios legalizados, nomenclatura oficial, licencias, vías
pavimentadas y escrituras individualizadas: “el lote global lo han dividido en 98 lotes
de 60 m2 cada uno y hasta el momento se han construido 33 casas y 9 predios se
encuentran en proceso constructivo”.
Sobre las medidas correctivas, se les solicitó documentación tanto al señor Cuaran
Canacuan como a la señora María del Socorro Millán Arango, a quien se le citó a
una reunión para el 13 de marzo de 2013. Frente a la situación irregular de las
viviendas, se le dio traslado a la Secretaría de Gobierno y Vivienda:
Como medida preventiva, procederemos a solicitar a la Secretaría de Gobierno
de la Alcaldía la suspensión preventiva de las construcciones a estos predios.
Sin perjuicio de lo anterior, le informamos que según su decisión y el concepto
de sus asesores legales, considere la posibilidad de hacer uso de los
mecanismos legales y policivos dispuestos para la defensa de su derecho de
propiedad. Estos deberán ser interpuestos ante las autoridades competentes y
serán decididos según la decisión que éstas tomen (fls. 49-58 C.1).
6.32. El 5 de marzo de 2013, el Subdirector de Ordenamiento Urbanístico de la
Alcaldía de Santiago de Cali ordenó a la Subsecretaría de Policía y Justicia la
suspensión de las obras desarrolladas en la calle 113 carrera 28D4, 28D5, 28D6,
número de matrícula 370-776023, distrito Decepaz, sector Villa Mercedes, Líderes
IV, consistente en una construcción de vivienda sin licencia de construcción. Orden
confirmada mediante oficio del 22 de mayo de 2015 dirigido a la Subsecretaría de
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
Policía y Justicia-Subsecretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad de la
Alcaldía de Santiago de Cali (fl. 14 C.1 Pruebas).
6.33. El 11 de abril de 2013, la Inspección Urbana de Policía Primera Categoría
realizó inspección ocular (fl. 60 C.1):
(…) Una vez identificado el predio ubicado en la calle 113 con carrera 28d4,
28d5,28d6, de la urbanización líderes 4, donde se tiene conocimiento que la
entidad que desarrolla el proyecto asociación de proyectos comunitarios,
representa por el señor Porfirio Cuaran Canacuan, en donde se encontró 3
viviendas que estaban construyendo a quienes se les informó que debían
suspender las obras en las viviendas, todas las personas manifestaron que le
habían comprado al señor Porfirio Cuaran Cuanacuan. Teniendo en cuenta lo
anterior el suscrito inspector de policía da la orden de policía de suspender
actividades y cualquier proceso constructivo en este sitio hasta tanto la
subdirección de ordenamiento urbanístico lo autorice, en el evento de
incumplimiento de está orden de policía la persona o persona que la omitan
serán multadas conforme lo establecido en el código nacional de policía, y las
obras que hagan puede ser demolidas (…).
6.34. El 6 de abril de 2015, el Secretario de Vivienda Social del Municipio de
Santiago de Cali respondió a la petición presentada por la señora María del Socorro
Millán Arango, informando que no tiene competencia para adelantar acciones sobre
posibles invasiones de predios de particulares. Sobre la Asociación de Proyectos
Comunitarios refirió (fls. 416-417 C.2):
(…) la misma se inscribió en el año 2014 para conformar el Consejo Directivo
del Fondo Especial de Vivienda como una OPV (Organización Popular de
Vivienda) y fue designada como una de ellas según el Decreto No.
411.0.20.0749 de noviembre de 2014 para un periodo de (1) año prorrogable,
conforme el artículo 5 del Decreto Reglamentario No. 0087 de 1999, en este
momento viene participando en las reuniones que el Director del Fondo Especial
de Vivienda convoca conforme los estatutos.
Con relación a la participación de esta Asociación en el Consejo Directivo del
Fondo Especial de Vivienda con base en los principios constitucionales quedaré
a la espera de las resueltas de las investigaciones que profieran las autoridades
competentes con relación al posible delito de invasión que pueda imputarse o
no con esta asociación, para determinar si continúan o no integrando el Consejo
Directivo del Fondo Especial de Vivienda.
6.35. El 12 de julio de 2016, la Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico respondió
el oficio remitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fl. 12 C.1
Pruebas):
(…) los documentos que reposan en ésta Subdirección, están referidos a la
suspensión de obras solicitadas a la Subsecretaria de Policía y Justicia, por
construcción de viviendas sin licencia de construcción en el sector de la Calle
113 carrera 28D4, 28D5,28D6, Distrito Desepaz, sector Villa Mercedes,
desarrollo líderes IV, no encontrando dentro de las investigaciones, que se haya
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
adelantado procesos administrativos sancionatorios de conformidad con el
artículo 47 y ss de la Ley 1437-Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en contra de quienes adelantaban dichas
construcciones.
6.36. En el presente proceso de reparación directa se practicó inspección judicial el
22 de septiembre de 2016, en el que se identificó el bien y se constató que el lote
estaba ocupado en su mayoría con construcciones en obra gris y sin vías de
urbanismo determinadas. Se anota que el apoderado del Municipio de Santiago de
Cali sostuvo que el predio había sido objeto de correcciones catastrales,
modificaciones de rural a urbano, divisiones materiales, el área catastral era menor
al que aparecía en el título de dominio, para así concluir que se estaba traslapando
con otro predio; ante tales manifestaciones, la apoderada de la sociedad
demandante sugirió solicitar una aclaración a catastro porque no podía traslaparse
un predio que era de la misma persona (Cd. fl. 630).
6.37. Obra avalúo comercial del inmueble en cuestión elaborado el 15 de mayo de
2015 por la firma Evaluarte (fls. 425-464 C.2).
7. Caso concreto
El nexo de causalidad es uno de los elementos estructurantes de la responsabilidad
extracontractual del Estado, aspecto que en los asuntos bajo estudio cobra mayor
complejidad porque la ocupación no es materializada por el propio Estado, sino por
terceros ajenos a este, de modo que siempre estará en cuestión la configuración
del eximente de responsabilidad del hecho del tercero.
El escenario cambia cuando el afectado con los actos de ocupación solicita la
intervención de las autoridades administrativas a través de los procedimientos
policivos, concretamente, el de lanzamiento por ocupación de hecho que, se insiste,
no tiene como objetivo principal la protección de la propiedad, sino únicamente los
derechos de posesión.
Ahora bien, en el caso concreto la sociedad demandante reprocha una serie de
irregularidades cometidas durante el procedimiento policivo de lanzamiento por
ocupación de hecho que dieron lugar a que perdiera la posesión sobre el bien
inmueble objeto de la controversia, entre las cuales se destaca: I) la solicitud de
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
nulidad se fundamentó en la caducidad, causal que no está taxativamente
contemplada en el artículo 140 del CPC; II) preclusión del término para solicitar la
nulidad; III) falta del traslado al querellante del recurso de apelación interpuesto por
el querellado; IV) se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
indicativa de que los procesos policivos son de única instancia; V) incongruencia
entre lo pedido (nulidad por falta de competencia) y lo concedido (declaratoria de
caducidad de la acción) y VI) aplicación de una norma que no se encontraba vigente.
Con todo, estas irregularidades son inocuas en términos causales de cara a la
pérdida de la posesión del bien inmueble alegada por la demandante,
constituyéndose en meras condiciones para tal efecto, pero no resultan ser la causa
adecuada del daño; por ello, la Sala concentrará su atención en la decisión
adoptada por la secretaría jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca a través
de la Resolución No. 1535 del 28 de noviembre de 2012, “por medio de la cual se
resuelve recurso de apelación contra el auto sin número de fecha octubre 24 de
2011 proferido por la inspección de Policía 1° categoría municipal Los Mangos”, ya
que al declarar la caducidad de la acción civil impidió la continuación del trámite
policivo impetrado con el objetivo de recuperar los derechos de posesión sobre el
inmueble.
Recuérdese que en esta decisión, la caducidad de la acción civil de policía se contó
desde el 24 de septiembre de 2010 (conocimiento sobre la perturbación por la
querellante) hasta el 5 de noviembre de 2010 (presentación de la querella). Sobre
el particular, la Ordenanza 145A de 2002 “Por la cual se adopta el Código
Departamental de Policía y Convivencia Ciudadana del Valle del Cauca” establecía:
ARTÍCULO 247: TÉRMINOS DE DÍAS MESES Y AÑOS.- Los términos de días
en los procedimientos de policía, han de entenderse que son hábiles, es decir
cuando haya despacho al público, los de meses y años se computarán
conforme al calendario.
(…) ARTÍCULO 297: TÉRMINO PARA INICIAR LA ACCIÓN. - El plazo para
promover esta acción, ya se trate de predios urbanos o rurales, caduca a los
treinta (30) días, contados a partir del primer acto de usurpación o perturbación,
o desde aquel en que cesó la violencia o clandestinidad, si se tratare de
usurpación violenta o clandestina.
Así las cosas, es evidente el error jurisdiccional en que incurrió el Departamento del
Valle del Cauca al declarar la caducidad del procedimiento policivo, en tanto se
observa que la contabilización del término se hizo como si se tratara de días
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
calendario, cuando la norma aplicable señalaba que los términos de días debían
entenderse como hábiles. En este punto, le asiste razón al apelante, por cuanto
desde el 24 de septiembre hasta el 5 de noviembre de 2010 solo habían
transcurrido 28 días hábiles.
A pesar de lo anterior, este error jurisdiccional no tiene los efectos causales que
pretende desprender el apelante, toda vez que de ello no se sigue
indefectiblemente que el proceso policivo iba a culminar con una orden de
lanzamiento por ocupación de hecho en su favor.
Nótese que en el mismo recurso de apelación se cuestiona que el a quo se haya
basado en hechos que le correspondían al juez natural de la querella-Inspector de
Policía Primera Categoría Municipal “Los Mangos-, y se señala que este no agotó
la etapa probatoria y tampoco decidió de fondo sobre la invasión, usurpación y
ocupación.
La Sala comparte parcialmente este razonamiento, puesto que las pruebas
aportadas a dicha acción policiva sí pueden ser valoradas con el fin de aclarar la
responsabilidad extracontractual de la administración, ya que fueron solicitadas por
la misma parte demandante y se respetó el derecho de audiencia (Art. 174 CGP),
ligado a que ambas partes se valieron de ellas para estructurar sus argumentos14.
Indudablemente el juez natural de la querella era el Inspector de Policía de Primera
Categoría Municipal “Los Mangos”, por ello en esta oportunidad la Sala no puede
usurpar esas competencias y atribuirse la función de decidir una acción policiva que
nunca se resolvió de fondo por la declaratoria errónea de la caducidad; la anterior
proscripción vale tanto para definir desde cuando existía la invasión en el predio
como para asumir que el proceso policivo iba a culminar con una orden de
lanzamiento en contra de los ocupantes.
Precisamente este es el motivo para no aceptar el razonamiento causal presentado
por el apelante, en el sentido de que la declaratoria de caducidad impidió recuperar
la posesión del bien, puesto que en el proceso policivo no se había emitido una
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 11 de septiembre de 2013, radicación No. 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601), C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
orden definitiva de lanzamiento de las personas que ocupaban el predio,
únicamente se constató que la Inspección Urbana de Policía de Primera Categoría
“Los Mangos”, en la inspección ocular adelantada el 15 de abril de 2011, había
ordenado la suspensión de las construcciones, y así lo informó al comandante de
estación de Policía-Decepaz (hechos probados 6.20 y 6.21), pero se condicionó
temporalmente “hasta que este despacho tome una decisión definitiva al respecto”.
En esa medida, la sentencia de primera instancia es acertada al considerar que la
recuperación de la tenencia y posesión del bien mediante el proceso policivo era
una eventualidad, porque se desconoce lo que habría ocurrido si este trámite
proseguía, se insiste en que el juez de la responsabilidad administrativa no puede
asumir el rol de juzgador de la querella de lanzamiento por ocupación de hecho,
como lo solicita el apelante.
Ciertamente en este proceso se comprobó que el predio se encontraba ocupado
por personas que ingresaron sin autorización del propietario, quienes edificaron
diferentes viviendas en el sector; sin embargo, en el proceso policivo se adujeron
diversas circunstancias que no permiten aceptar que este iba a culminar
indudablemente con la orden de lanzamiento y, por el contrario, demuestran la
incertidumbre que se cierne sobre esa decisión.
En efecto, no es de poca importancia que entre el señor Heriberto Millán Villafañe,
padre de la representante legal de la sociedad demandante, y el señor Nohemio
Porfirio Cuaran Canacuan, se hubieran celebrado dos contratos de promesa de
compraventa sobre el bien inmueble en cuestión, cuyas cláusulas permiten
comprender que iba a estar destinado a la construcción de la urbanización Líderes
IV, inclusive el señor Millán Villafañe había obtenido sumas de dinero a raíz de tales
negocios. Estos vínculos negociales no eran nuevos, pues se conoció que entre
ellos se habían celebrado contratos similares para el desarrollo de los proyectos
Líderes I, II y III. El cumplimiento o no de estos contratos de promesa de
compraventa no son del resorte de esta Corporación, máxime cuando en ellos se
pactó una cláusula compromisoria que radicaba la jurisdicción en un tribunal de
arbitramento para dirimir cualquier controversia (hechos probados 6.3-6.4).
Luego de que en el año 2007, el señor Heriberto Millán Villafañe vendiera a la
sociedad accionante el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 370-776023 (hecho
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
probado 6.8), cuya área había sido prometida en venta al señor Nohemio Porfirio
Cuaran Canacuan, este lo denunció por el delito de estafa, sin que se conozca la
decisión definitiva adoptada en el proceso penal (hecho probado 6.9).
A partir de tales hechos, la señora María del Socorro Millán Arango, actuando como
representante legal de la sociedad accionante y como apoderada de su padre,
comenzó las averiguaciones sobre la Asociación de Proyectos Comunitarios, cuyo
representante era el señor Nohemio Porfirio Cuaran. Es cierto que a partir de las
gestiones adelantadas en el año 2009 para conocer si dicha asociación estaba
habilitada para captar dineros (hechos probados 6.11y 6.12), no es posible inferir
que ya estaba ocurriendo la ocupación del predio, pero llama poderosamente la
atención la comunicación del 21 de noviembre de 2008 suscrita por la señora María
del Socorro Millán y dirigida a dicha asociación (hecho probado 6.10):
En atención, a la situación presentada relacionada con la denuncia penal
instaurada por usted a mi padre dentro de la negociación del predio distinguido
como Cauquita quiero solicitarle se abstenga de utilizar, tomar posesión o
realizar labores dentro del mismo, hasta que se cumplan todas las instancias
legales y procesales, ya que el predio está a nombre de mi padre y este aún no
ha sido negociado ni cancelado por usted.
Dentro de los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia, se observó que, en
sentencia del 9 de octubre de 2014, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado definió un asunto de contornos fácticos similares, en el que el
actor había obtenido una orden de desalojo, la cual no fue practicada, pero en dicha
oportunidad el juez de la responsabilidad consideró que, a pesar de ello, la
oportunidad para interponer la querella había fenecido:
Ahora bien, el actor se duele de la falta de ejecución de la orden de desalojo
contemplada en la resolución No. 062 del 21 de julio de 1999. Pasando por alto
que el 1 de julio de 1999, esto es cuando instauró la querella, su oportunidad ya
había fenecido, en cuanto era conocedor de que cinco años antes, es decir en
el año de 1994, comenzaron los actos perturbatorios. De donde se colige que
de haberse adelantado la diligencia tampoco habría recuperado el estado de
cosas sobre el inmueble, pues para entonces lo procedente tenía que ver con
adelantar una acción posesoria e incluso pretender la reivindicación. Aunado a
lo anterior, la naturaleza de la acción de lanzamiento por ocupación de hecho
es mantener el statu quo, mas no recuperar el dominio del bien15.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 9 de octubre de 2014, radicación No. 19001-23-31-000-2001-00889-01(32597), C.P.
Stella Conto Díaz del Castillo.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
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Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
Se itera que la Sala no es competente para definir desde cuándo ocurrieron los
actos de ocupación, pero tampoco puede desconocer que la comunicación del 21
de noviembre de 2008 genera incertidumbre acerca de si la decisión final de la
Inspección Urbana de Policía iba a favorecer a la sociedad demandante.
Aunado a lo anterior, no se puede ignorar que el proceso penal adelantado en
contra del señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan por el delito de invasión de
tierras fue archivado el 13 de abril de 2012, precisamente por la existencia de los
contratos de promesa de compraventa celebrados entre el denunciado y el señor
Heriberto Millán Villafañe, quien conocía que el predio iba a estar destinado al
proyecto de vivienda Líderes IV, que se terminaría de pagar con los aportes de los
ciudadanos, descartando así el ejercicio de violencia para el ingreso al terreno
(hechos probados 6.14-6.16).
Ahora, en el procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho, el señor
Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan asumió una posición activa de defensa,
aduciendo las circunstancias descritas en los descargos, presentando pruebas e
incluso solicitando la nulidad de lo actuado por la configuración de la caducidad.
Así mismo, se advierte que una de las razones aducidas por la Inspección Urbana
de Policía de Primera Categoría Los Mangos el 9 de noviembre de 2011, al
momento de resolver el recurso de reposición que negó la solicitud de nulidad
presentada por el querellado, fue justamente que no se había determinado la
extensión del predio, el área ocupada y si las construcciones tenían una antigüedad
de dos años.
Todas estas razones permiten confirmar la incertidumbre que existe sobre la
decisión definitiva que habría adoptado la Inspección de Policía Urbana de Primera
Categoría “Los Mangos” en el caso de que no se hubiera declarado la caducidad y
se prosiguiera con el procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho.
Se insiste en que en el asunto bajo estudio nunca se profirió una orden definitiva
de lanzamiento y tampoco se fijó fecha para la diligencia, circunstancia que no
permite asimilarlo a los casos en los que se ha declarado la responsabilidad
extracontractual del Estado por falla del servicio, defectuoso funcionamiento de
administración de justicia o error jurisdiccional.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Así, en providencia del 8 de mayo de 2019, se declaró responsable al Municipio de
Valledupar (Cesar), porque no había prestado el apoyo para materializar la orden
de lanzamiento y, en su lugar, trasladó toda la carga logística al querellante16.
En sentencia del 14 de septiembre de 2022, se confirmó la declaratoria de
responsabilidad del Municipio de Soledad (Atlántico), porque incurrió en una serie
de omisiones que impidieron la materialización de la orden de lanzamiento, pese a
los requerimientos reiterados de los afectados17.
En fallo del 19 de junio de 2020, se imputó responsabilidad al Municipio de Puerto
Berrío (Antioquia) a título de falla del servicio por la inejecución injustificada de la
orden de lanzamiento, concretamente por la indebida planeación de los medios
logísticos y de seguridad para llevar a cabo la diligencia18.
Un elemento común a estos antecedentes jurisprudenciales es que ya existía una
orden de lanzamiento de los ocupantes de los predios y la responsabilidad de la
entidad surge por su falta de materialización, lo que no ocurrió en el asunto que
ahora ocupa a la Sala.
En ese orden de ideas, no se comprobó que la declaratoria errónea de la caducidad
mediante la Resolución No. 1535 del 28 de noviembre de 2012 de la Secretaría
Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca hubiera causado la pérdida de la
posesión sobre el bien inmueble de propiedad de la sociedad accionante, por tanto,
la decisión del a quo resultó acertada.
Tampoco se advierte que las entidades demandadas hayan incurrido en omisiones
e irregularidades constitutivas de una falla del servicio con incidencia causal en el
resultado dañoso, puesto que se comprobó que el 2 de junio de 2009, el Director
del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Cali, una vez
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 8 de mayo de 2019, radicación No. 20001-23-31-000-2010-00178-01(45512), C.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 14 de septiembre de 2022, radicación No. 08001-23-31-000-2003-01300-01 (36.210),
C.P. Fredy Ibarra Martínez.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de junio de 2020, radicación No. 05001-23-31-000-2004-00258-01(46035), C.P.
María Adriana Marín.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
advirtió que existía una inconsistencia en el documento del que se valía la
Asociación de Proyectos Comunitarios para captar dineros, informó que en el futuro
dicha actividad para los programas de vivienda de interés social lo autorizaría la
administración por medio de entidades fiduciarias (fls. 37-38 C.1).
En la inspección ocular adelantada el 15 de abril de 2011, la Inspección Urbana de
Policía Primera Categoría Los Mangos ordenó la suspensión de las construcciones
que se estuvieran adelantando hasta que se tomara una decisión definitiva, lo cual
fue comunicado al Comandante de estación de Policía-Decepaz, de quien no se
puede efectuar algún análisis de responsabilidad por el cumplimiento de esta orden,
en tanto la Policía Nacional no fue demandada en el presente litigio.
El 5 de febrero de 2013, el Subdirector de Ordenamiento Urbanístico de la Alcaldía
de Santiago de Cali informó que enviaría oficio a control de construcciones para la
apertura de un proceso administrativo sancionatorio por el desarrollo de
edificaciones sin las licencias y permisos correspondientes, pero es cierto que el 12
de julio de 2016 se certificó que no se encontraron documentos sobre el
adelantamiento de estos procedimientos sancionatorios; no obstante, estos
instrumentos no tienen como finalidad recuperar la posesión del inmueble de
propiedad de la sociedad demandante, sino únicamente sancionar a los infractores.
El 5 de marzo de 2013, el Subdirector de Ordenamiento Urbanístico de la Alcaldía
de Santiago de Cali solicitó documentación tanto al señor Cuaran Canacuan y
María del Socorro Millán Arango, y como medida preventiva, procedió a solicitar a
la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría de Policía y Justicia la suspensión de las
obras.
El 11 de abril de 2013, la Inspección Urbana de Policía Primera Categoría
nuevamente realizó inspección ocular e informó a las personas que encontró
desarrollando construcciones que las suspendieran, en caso de incumplimiento, se
procedería a imponer las multas del Código Nacional de Policía, y las obras
realizadas podrían ser demolidas.
El 6 de abril de 2015, la Secretaría de Vivienda Social del Municipio de Santiago de
Cali refirió que sobre la inspección de la Asociación de Proyectos Comunitarios
quedaría a la espera de las investigaciones penales sobre el delito de invasión, para
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
determinar si continuaban o no integrando el Consejo Directivo del Fondo Especial
de Vivienda.
Sobre estas medidas, cabe recordar que las obligaciones de la administración, por
regla general, son de medio, sin que sea viable imponer una obligación de resultado
consistente en recuperar la posesión del bien inmueble de propiedad de la sociedad
accionante, inclusive sin haberse obtenido una decisión definitiva por una autoridad
competente, máxime cuando existían otros mecanismos judiciales que
eventualmente permitían obtener esa misma finalidad.
En virtud del principio iura novit curia, resta por analizar el título de imputación de
daño especial, el cual resulta procedente en estos asuntos cuando pueda
entenderse que se ha perdido definitivamente un inmueble en el transcurso de un
procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho, porque incluso adelantando
un juicio posesorio o reivindicatorio, la medida de desalojo se torna impracticable
por las condiciones especiales del asentamiento concernientes con razones de
interés general, seguridad, orden público y social, así como la calidad de sujetos de
especial protección constitucional de los pobladores.
En el caso concreto, no se comprobó que la población que se asentó en estos
predios fueran sujetos de especial protección constitucional; de hecho, según el
recaudo probatorio, estas personas pagaron un dinero a la Asociación de Proyectos
Comunitarios para obtener un lote; tampoco se demostró que existieran órdenes
administrativas o judiciales que habilitaran la permanencia de estas personas en el
terreno a raíz de la vulneración de sus derechos fundamentales; por último, si bien
en algunos escritos la representante legal de la sociedad demandante aduce que
la zona presenta problemas de orden público, no existe sustento probatorio para
asumir que la medida se tornaría impracticable por este motivo, máxime cuando
ninguna de las diligencias adelantadas en el lugar fue suspendida.
Así las cosas, la sociedad María S. Millán Arango no estaba relevada de acudir al
proceso reivindicatorio con el fin de lograr la recuperación de la posesión sobre el
bien de su propiedad, puesto que no se demostró alguna razón que tornara en
impracticable el desalojo; de hecho, en la misma Resolución 1535 del 28 de
noviembre de 2012 se advirtió la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria en
defensa de sus intereses, sin que se haya observado algún obstáculo constitutivo
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
Demandante: María S. Millán Arango y CIA
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de fuerza mayor que le impidiera activar el aparato de administración de justicia;
en consecuencia, la existencia de una vía procesal alterna desvirtúa la certeza del
daño alegado por la parte demandante.
Ligado a todo ello, no puede dejarse de lado que el presente conflicto surgió de
relaciones contractuales entre particulares, cuya jurisdicción especializada es la
ordinaria, de manera que no es posible endilgarles el daño alegado a las entidades
demandadas, particularidades concretas que imponían a la sociedad accionante
acudir a estas instancias en procura de sus intereses.
8. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en la sentencia debe disponerse sobre la imposición de costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto procesal general. La condena
obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta subjetiva de las
partes, sino los condicionamientos expresamente consagrados.
En atención a lo regulado por el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se condenará
en costas a la parte demandante, a quien se le resolvió desfavorablemente el
recurso de apelación. En cuanto a su liquidación se hará de manera concentrada
por el a quo, según lo previsto por el artículo 366 del estatuto procesal general.
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, en
aplicación del acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente
para la fecha de presentación de la demanda19, se fijan como agencias en derecho
el 0,5% del valor de las pretensiones negadas en esta sentencia 20, porcentaje
equivalente a dieciocho millones quinientos mil pesos ($18.500.000) que deberán
cancelarse en favor de los sujetos procesales que conforman la parte pasiva en
proporciones iguales.
1915 de diciembre de 2014.
20 $3.700’.000.000.
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Radicación: 76001233300020140145001 (68028)
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de enero de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte accionante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo. Se fijan como
agencias en derecho el 0,5% del valor de las pretensiones negadas en esta
sentencia21, porcentaje equivalente a dieciocho millones quinientos mil pesos
($18.500.000) que deberán cancelarse en favor de los sujetos procesales que
conforman la parte pasiva en proporciones iguales.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER
el expediente a su Tribunal de origen.
Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
21 $3.700’.000.000.
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