Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05322-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05322-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05322-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionado: JEYMY ALFONSO SILVA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCION SEGUNDA – SUBSECCION C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad
en las decisiones judiciales / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO – Término de caducidad / MECANISMO DE EXTENSIÓN DE
JURISPRUDENCIA – Suspensión del término para acceder a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo / DEFECTO SUSTANTIVO – Se encuentra acreditado por la
indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 del CPACA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la señora Jeymy Alfonso Silva, quien actúa por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los
artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 27 de agosto de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y “a la igualdad en las decisiones judiciales”2.
Hechos relevantes
2. La señora Jeymy Alfonso Silva se desempeñó como docente vinculada a la
Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá (en adelante SDIS) entre el
24 de noviembre de 2017 y el 12 de septiembre de 2022.
3. El 10 de enero de 2023, la actora presentó solicitud de extensión de
jurisprudencia ante la SDIS, con fundamento en el artículo 102 del CPACA y en la
1 Que ingresó para fallo el 10 septiembre de 2025.
2 Obra en certificado 2919CDC6851F38DA 139BB36206EED1D5 B1A2B75F60407771
AB3F43FE619B6DEF, pág. 1, índice 2, en el expediente de tutela digital.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
sentencia de unificación núm. 00260 de 2016, proferida por el Consejo de Estado.
Esto, por considerar que prestó sus servicios a la entidad en condiciones de
subordinación y dependencia, supuestos que evidenciaban la existencia de un
contrato realidad.
4. Por medio del Oficio núm. S2023015483 del 31 de enero de 2023, notificado el
1.° de febrero de 2023, la Secretaría negó la petición.
5. El 9 de febrero de 2023, la actora interpuso solicitud de extensión de
jurisprudencia ante la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
la cual fue rechazada mediante providencia del 8 de junio de 2023, notificada el 27
del mismo mes y año.
6. Como consecuencia de lo anterior, la señora Jeymy Alfonso Silva presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la SDIS, con el fin de obtener la nulidad del Oficio núm. S2023015483 del 31
de enero de 2023.
7. El proceso correspondió al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá que, a través de sentencia del 28 de marzo de 2025, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
8. El a quo encontró acreditado el elemento de subordinación, puesto que se
demostró que existía una exigencia constante respecto al cumplimiento de órdenes
relacionadas con los términos de modo, tiempo, horario, ejecución de los planes
creados bajo los lineamientos y temáticas impuestas, así como las actividades de
rutina con los niños y niñas asignados. Por ello, consideró que tales labores
constituían actividades de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de
la SDIS.
9. Contra dicha decisión ambas partes presentaron recurso de apelación, el cual
correspondió a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que, por medio de sentencia del 23 de julio de 2025, resolvió:
“PRIMERO. - CONFIRMAR PARCIALMENTE la Sentencia proferida el
veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025), por el Juzgado
Veintiuno (21) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección
Segunda, en cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, relacionadas con el reconocimiento de una relación laboral y el
pago de aportes al Sistema Pensional, en el proceso correspondiente al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercido por la
señora Jeymy Alfonso Silva, contra Bogotá D.C. – Secretaría de
Integración Social., por lo anteriormente expuesto.
SEGUNDO. - MODIFICAR la Sentencia apelada, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR de oficio que ha operado la caducidad
de la acción de las pretensiones de la demanda de carácter
económico, salvo frente a las que corresponden a los aportes a
pensión, por las razones expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del acto
administrativo constituido por el Oficio No. S2023015483 de 31 de
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
enero de 2023, proferido por la DISTRITO CAPITAL –
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: DECLARAR la existencia de la relación laboral entre
la señora JEYMY ALFONSO SILVA, identificada con C.C.
No.1.073.689.152 y el DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ –
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL desde el 28 de
noviembre de 2017 al 12 de septiembre de 2022, al
desnaturalizarse los contratos de prestación de servicios
ejecutados, según lo analizado.
CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones,
se ORDENA a la entidad accionada el pago de los aportes a
Seguridad Social en Pensiones entre el 28 de noviembre de
2017 al 12 de septiembre de 2022, descontando las
interrupciones certificadas, en el porcentaje que le corresponde
como entidad empleadora, la cual deberá pagarse al fondo de
pensiones indicado por la demandante al momento de solicitar el
cumplimiento de la sentencia.
La demandante deberá acreditar las cotizaciones y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia
en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el
caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda y las
relacionadas a título de restablecimiento de derecho.
[…]”3.
10. Como fundamento de su decisión sostuvo que las funciones desplegadas por la
demandante eran propias de la naturaleza del sistema de atención de la primera
intancia, por lo que no era posible asegurar que fuesen transitorias u ocasionales,
por el contrario, el Tribunal consideró que eran permanentes e inherentes a la labor
desempeñada. De esta manera, expuso que las tareas fueron desarrolladas de
forma dependiente y sometidas a la subordinación más no coordinación de servicios
profesionales por un término de más de 4 años, elementos propios de la relación
laboral, no de un contrato de prestación de servicios.
11. No obstante, el ad quem encontró que el acto administrativo objeto de demanda
se notificó el 1.° de febrero de 2023 y el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se radicó hasta el 28 de julio de 2023, es decir, por
fuera del término establecido en la Ley 1437 de 2011, “[p]or la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” (en
adelante CPACA). En ese sentido, declaró de oficio la caducidad de las
pretensiones de carácter económico del medio del control y únicamente ordenó el
pago de los aportes a pensión.
Pretensiones
3 Folio 35 y 35. Archivo “003_DemandaWeb_Anexos_DOCUMENTAL12”.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
12. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“1. PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de la señora JEYMY
ALFONSO SILVA al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad en las decisiones judiciales.
2. SEGUNDO: DECLARAR que la providencia judicial tutelada, esto es, la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda,
Subsección “C” del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el
veintitrés (23) de julio de dos mil veinticuatro (2025)¸ dentro del proceso
con radicado 11001-33-35-021-2023-00268-01 incurrió en los defectos
fácticos y sustantivos.
3. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se revoque o infirme
parcialmente la sentencia de segunda instancia por la Sección Segunda,
Subsección “C” del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el
veintitrés (23) de julio de dos mil veinticuatro (2025)¸ dentro del proceso
con radicado 11001-33-35-021-2023-00268-01, por medio de la cual se
revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
dicte una nueva decisión que en derecho corresponda.
Subsidiaria de la tercera:
Se DEJE SIN EFECTO la providencia judicial tutelada, ordenándole al
Tribunal proferir una providencia de reemplazo que resulte acorde con el
precedente vinculante, que supere los defectos expuestos y se tengan en
cuenta las demás ordenes que a bien tenga esta Corporación impartirle, a
fin de que se profiera una decisión legal, constitucional y ajustada a
derecho, que garantice los derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso de mi representada. […]”4.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La parte demandante sostuvo que la providencia enjuiciada incurrió en un
defecto sustantivo por la falta de aplicación de los artículos 102 y 269 del CPACA
al momento de decretar el fenómeno jurídico de la caducidad. Afirmó que la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
prescindió de un elemento que pedía la comprensión íntegra del caso, como lo era
el haber presentado una solicitud de extensión de efectos de jurisprudencia, que
debía encontrarse con la conclusión adoptada en materia de caducidad.
14. Aduce que la autoridad judicial accionada pasó por alto que sí existió un trámite
previo y documentado que otorgaba la virtualidad de suspender los términos del
medio de control, en particular la solicitud de extensión de efectos de jurisprudencia
y su resolución, lo que refuerza la necesidad de integrar ese segmento procesal al
análisis y de ajustar la conclusión adoptada. Por ello, no debió considerarse como
única causa de suspensión la conciliación prejudicial ante el Ministerio Público,
etapa que no se adelantó por la naturaleza del asunto y de las pretensiones.
15. Asimismo, señala que existe un defecto fáctico por la falta de valoración de la
petición del 10 de enero de 2023 presentada ante la SDIS, la notificación de la
respuesta, la radicación de la solicitud de extensión de jurisprudencia ante el
4 Folio 6 del escrito de tutela.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
Consejo de Estado y la notificación del auto interlocutorio que la rechazó por
considerar necesario el agotamiento de la etapa probatoria. Documentos que, a su
juicio, demuestran que sí existió un trámite previo y documentado que otorgaba la
virtualidad de suspender los términos del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
16. Finalmente, aduce que se configuró un defecto procedimental al prescindir de
un segmento del procedimiento que debía integrarse al estudio. Expone que este
yerro produjo un perjuicio constitucional al vulnerar (i) el debido proceso por la
indebida valoración del acervo probatorio; (ii) el acceso a la administración de
justicia al cerrar el estudio de fondo con una caducidad inexistente; y (iii) la igualdad
material al revocar prestaciones sociales pese a la relación laboral declarada.
Trámite procesal
17. Mediante auto del 1.° de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionada y a la
Sección Segunda del Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, a la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá, al Ministerio
Público y a los demás intervinientes dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-35-021-2023-00268-
00/01, en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, para que
rindieran informe.
18. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.
Intervenciones
19. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela
de la referencia por considerar que no se desconocieron los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la parte accionante, así como
tampoco se incurrió en las causales específicas de procedibilidad de defecto fáctico
ni “desconocimiento del precedente jurisprudencial vertical y horizontal”5.
20. Afirmó que la decisión acusada se adoptó con fundamento en las normas
pertinentes y con la interpretación que corresponde según el material probatorio
recaudado y el criterio de la autoridad judicial sobre la materia. De igual modo,
sostuvo que la sentencia fue proferida con prevalencia de los principios de la sana
crítica y la buena fe, después de haberse surtido el procedimiento con garantía de
igualdad e imparcialidad de las partes en contienda, y en ella se encuentran
consignados ampliamente los motivos para confirmar parcialmente la providencia
de primera instancia dictada por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá.
5 Folio de la contestación.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
21. Destacó que en el presente caso no se configuran los requisitos dispuestos por
la Corte Constitucional para que la acción de tutela proceda contra providencias
judiciales, sino que, por el contrario, lo que pretende la accionante es que se surta
una tercera instancia, para efectos de analizarse el pago de acreencias laborales.
22. La Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
23. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá aportó
el link de acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-35-021-2023-00268-
00/01.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
25. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior
interrogante, se resolverá ¿si la Subsección C de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, con la expedición de la sentencia del 23 de julio de 2025, incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y procedimental, al no tener en cuenta la suspensión de
la caducidad derivada del ejercicio de la extensión de jurisprudencia, de acuerdo
con los artículos 102 y 269 del CPACA? Además, se analizará si, de configurarse
las causales específicas de procedibilidad precitadas, ¿existió una vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y “a la igualdad en las decisiones judiciales”6 de la parte accionante?
26. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y (ii) el caso concreto
Requisitos generales de procedibilidad
27. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto la providencia del 23 de julio de 2025 puso fin al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho; (ii) la acción se presentó dentro del plazo razonable
porque la providencia enjuiciada se notificó el 25 de julio de 2025 y la tutela se
6 Obra en certificado 2919CDC6851F38DA 139BB36206EED1D5 B1A2B75F60407771
AB3F43FE619B6DEF, pág. 1, índice 2, en el expediente de tutela digital.
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Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
interpuso el 27 de agosto del mismo año, esto es, existe un período de un mes entre
uno hecho y el otro; (iii) no se invoca una irregularidad procesal, por lo que este
requisito no es aplicable en esta oportunidad; (iv) se identificaron claramente los
hechos generadores de la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia; y (v) no se
trata de una sentencia de tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control
abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de
Estado7 ni de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal Especial para la Paz8.
28. En este contexto, la Sala advierte que (vi) se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
29. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección9, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales, al
tratarse de una controversia relacionada con la interpretación normativa para
declarar la caducidad dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se debatió la existencia de una relación laboral, aspecto que
guarda relación con el núcleo esencial del derecho fundamental a la seguridad
social, y, además, la actora pide la protección del debido proceso y el acceso a la
administración de justicia en una dimensión constitucional.
30. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”10 y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales11”.
Análisis del caso concreto y de los defectos específicos
31. En el presente asunto, la señora Jeymy Alfonso Silva sostuvo que la sentencia
del 23 de julio de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico
y procedimental, al declarar de oficio la caducidad de las pretensiones de carácter
7 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
8 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
9 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
11 Ibid.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
económico formuladas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que presentó contra la SDIS.
32. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial accionada consideró que
el acto administrativo enjuiciado se expidió el 31 de enero de 2023 y se notificó el
1.° de febrero de 2023, a través de comunicación electrónica. Sin embargo, la
demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se interpuso hasta
el 28 de julio de 2023, es decir, por fuera del término de cuatro meses previsto en
el numeral 2.° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
33. En ese sentido, el Tribunal consideró que en los negocios en los que se discuten
actos administrativos que niegan el reconocimiento de prestaciones periódicas
como la pensión, derivadas de la existencia de una relación laboral enmascarada
con la suscripción de contratos de prestación de servicios, el instituto procesal de la
caducidad es aplicable. Ello, sin perjuicio que los aportes pensionales adeudados al
Sistema Integral de Seguridad Social derivados del contrato realidad sean
imprescriptibles por tratarse de prestaciones periódicas.
34. Ahora bien, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, esta
Subsección advierte lo siguiente:
̶ El 10 de enero de 2023, la señora Jeymy Alfonso Silva presentó solicitud de
extensión de jurisprudencia ante la SDIS en los términos descritos a
continuación:
“PRIMERA: Que se extiendan los efectos jurídicos de la Sentencia de
Unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado No. 00260
de 2016 a JEYMY ALFONSO SILVA.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se reconozca que
entre JEYMY ALFONSO SILVA y la SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL existió una relación de trabajo entre el 24 de
noviembre de 2017 y el 12 de septiembre de 2022, o durante todo el
tiempo en que ejerció actividades docentes y pedagógicas en los
jardines infantiles operados por la SDIS.
TERCERA: Que como consecuencia, se le pague a JEYMY
ALFONSO SILVA el valor correspondiente a las prestaciones
laborales (cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio,
prima de navidad, vacaciones, prima de antigüedad) y demás
emolumentos legales devengados por un empleado conforme al
régimen salarial administrativo de la SDIS, liquidadas sobre el ingreso
base de los honorarios de cada uno de los contratos de prestación de
servicios suscritos o sobre la base de los honorarios recibidos en el
último contrato, según corresponda por cada concepto.
CUARTA: Pagar al respectivo fondo de pensiones al que se encuentre
afiliada JEYMY ALFONSO SILVA el valor de los aportes dejados de
cotizar, mes a mes, sobre el ingreso base cotización (IBC)
correspondiente al valor de los honorarios de cada uno de los
contratos de prestación de servicios suscritos.
QUINTA: Que todas las sumas de dinero y aportes a la seguridad
social pagados a JEYMY ALFONSO SILVA sean actualizadas a valor
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
presente conforme a lo establecido en el artículo 189 de la Ley 1437
de 2011.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA:
Que se reconozca que entre JEYMY ALFONSO SILVA y la
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL existió una
relación de trabajo entre el 24 de noviembre de 2017 y el 12 de
septiembre de 2022, o durante todo el tiempo en que ejerció
actividades docentes y pedagógicas en los jardines infantiles operados
por la SDIS, dada la existencia de la subordinación continua que deriva
de la implementación de los reglamentos, directrices, estándares y
lineamientos técnicos y curriculares previstos en la política pública de
educación inicial en el marco de la atención integral de la primera
infancia y a la naturaleza del servicio docente”12.
̶ La petición fue radicada bajo el número 100282023 del 10 de enero de 2023,
de conformidad con el oficio suscrito por el Sistema de Gestión de Peticiones
Ciudadanas – Bogotá te escucha de la SDIS, que fue remitido mediante
correo electrónico al apoderado de la demandante.
̶ Por medio de Ofició núm. S2023015483 del 31 de enero de 2023, la SDIS
negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral o de contrato
realidad, toda vez que no se configuraban los elementos propios del mismo;
en consecuencia, expuso que tampoco se derivaba de ello beneficio o
prestación social alguna establecida legalmente sólo para relaciones de
orden laboral, ni la devolución de dineros por los aportes que realizara la
señora Jeymy Alfonso Silva al Sistema de Seguridad Social.
̶ A juicio de la entidad, no era posible acceder a la extensión de los efectos
jurídicos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado núm. 00260
de 2016, por carencia de fundamentos fácticos y jurídicos. Frente a ello,
expuso la SDIS que, bajo la figura del contrato de prestación de servicios no
existía la obligación para el contratante de responder por la afiliación y
aportes a la seguridad social de la contratista, ni de cumplir con aquellas
prestaciones que son propias de un contrato de trabajo, pues los contratos
de prestación de servicios se encuentran regulados en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, más no en la legislación laboral.
̶ Esta decisión fue notificada al correo electrónico de las partes el 1.° de
febrero de 2023.
̶ El 9 de febrero de 2023, por intermedio de apoderado, la señora Jeymy
Alfonso Silva formuló frente a esta Corporación la solicitud para que se le
extendieran los efectos de la sentencia de unificación CE-SUJ2 núm. 5,
proferida el 25 de agosto de 2016 por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del proceso 23001-23-33-000-2013-00260 -01(0088-15), con
ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
12 Folios 86 y 87. Archivo “003_DemandaWeb_Anexos_DOCUMENTAL12”.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
̶ El proceso correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, despacho del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas
que, por medio de providencia del 8 de junio de 2023, resolvió:
“Primero. Rechazar la solicitud de extensión de la jurisprudencia
interpuesta por la señora Jeymy Alfonso Silva, en contra de la
Secretaría Distrital de la Integración Social de Bogotá, D. C.
Segundo. Reconocer personería adjetiva al abogado Carlos Enrique
Guevara Sin, como apoderado de la convocante, de conformidad y para
los efectos del poder visible en el índice 3 de la plataforma samai.
Tercero. Por Secretaría, archivar el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar en el sistema samai del Consejo de
Estado”.
̶ El 27 de junio de 2023, se notificó a las partes de dicha providencia.
̶ Posteriormente, el 28 de julio de 2023, la actora interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la SDIS, por la expedición del acto administrativo contenido en el
Ofició núm. S2023015483 del 31 de enero de 2023.
35. En este contexto, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que el defecto material o sustantivo se presenta cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen
(i) al aplicar una norma claramente inaplicable al caso; (ii) al dejar de aplicar la que
evidentemente lo es; o (iii) al optar por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica. Supuesto que es vulneratorio de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
36. De igual modo, el Tribunal Constitucional13 sostiene que debe tenerse en cuenta
que la jurisprudencia constitucional ha definido el defecto sustantivo como un error
en la interpretación o aplicación de las normas jurídicas. “Esta irregularidad debe
ser de trascendencia para la providencia, al punto que signifique que el fallo emitido
lesiona la efectividad de los derechos fundamentales del accionante. La
jurisprudencia ha precisado los supuestos en los que una decisión judicial incurre
en defecto sustantivo, entre los que se encuentra la aplicación de una norma que
desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta situación, se aplica una
norma bajo un alcance o interpretación que desconoce la ratio decidendi de una
sentencia de constitucionalidad”.
37. Acorde con los antecedentes descritos, considera esta Sala de Subsección que,
en la sentencia del 23 de julio de 2025, la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo, dado
que inobservó lo consagrado en el artículo 102 del CPACA para efectos de
contabilizar el término de caducidad del medio de control de nulidad y
13 Corte Constitucional. Sentencia T-410 de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
restablecimiento del derecho presentado por la señora Jeymy Alfonso Silva contra
la SDIS.
38. Al respecto, el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, al momento de regular el
mecanismo de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, estableció que
se trata de una herramienta diseñada para que las autoridades puedan aplicar los
efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por esta
Corporación, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y
acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos14. Además, dispuso que la
activación del mecanismo suspende los términos para la presentación de la
demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Frente a ello, cita la norma:
“[…] Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos
administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a
que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión
de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá
tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto
de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta
(30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo
269 de este Código.
La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos
para la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente
señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días
establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado
decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 269 de este Código. […]”15. (Subrayado y negrillas fuera del texto).
39. Adicional a ello, el artículo 269 del CPACA dispone que, en los casos en los que
la administración niega la solicitud de extensión, el interesado puede acudir a la
autoridad para que resuelva de fondo el asunto, según las reglas generales, si no lo
hubiere decidido con anterioridad. Pronunciamiento que puede ser susceptible de
control judicial por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
cuando este proceda. Sobre ello, el legislador estableció lo siguiente:
“[…] Negada la solicitud de extensión, el interesado podrá acudir a la
autoridad para que resuelva de fondo el asunto, según las reglas generales,
si no lo hubiere decidido con anterioridad. En este caso, el pronunciamiento
de la autoridad podrá ser susceptible de control judicial por el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando este proceda.
Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si el medio de control
procedente no requiere pronunciamiento expreso de la entidad, con la
ejecutoria de la providencia que niega la extensión se reanudará el término
para demandar, conforme a las reglas establecidas para la presentación de
la demanda.
14 Además, ver Corte Constitucional SU-611 de 2017.
15 Artículo 102 del CPACA.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
Si el Consejo de Estado encuentra que la solicitud de extensión de
jurisprudencia es manifiestamente improcedente condenará en costas al
peticionario. […]”16.
40. En este orden de ideas, el Oficio núm. S2023015483 del 31 de enero de 2023
fue notificado el 1.° de febrero de 2023, fecha en que inicia el cómputo del plazo de
caducidad de cuatro meses para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sin embargo, dado que el 10 de enero de 2023 se
radicó solicitud de extensión de jurisprudencia ante la SDIS, de conformidad con la
regla fijada en el artículo 102 del CPACA, el término debió suspenderse hasta la
notificación de la decisión negativa proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, es decir, el 27 de junio de 2023.
41. Así las cosas, en atención a que la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se interpuso el 28 de julio de 2023, esta Subsección encuentra que la
accionante todavía se encontraba en término para presentar el medio de control. Al
respecto, con el fin de exponer con mayor claridad el conteo de la caducidad en el
caso concreto, se muestra la siguiente tabla a continuación:
Tabla No 1. Conteo de caducidad en el caso concreto
FECHA DE CONTENIDO DE ESTADO DEL DÍAS FUNDAMENTO
LA LA ACTUACIÓN TÉRMINO RESTANTES NORMATIVO
ACTUACIÓN
10 de enero Presentación de No hay acto sobre el – .
de 2023 la solicitud de cual comienza un
extensión de conteo de caducidad.
jurisprudencia
ante la SDIS
1.° de febrero Notificación del Inicia cómputo de los 120 Art. 164 del CPACA.
de 2023 Ofició núm. 4 meses del art. 164 Término del medio de
S2023015483 del del CPACA y se control de nulidad y
31 de enero de suspende, dado que restablecimiento del
2023 se está en ejercicio derecho.
de la extensión de Art. 102 del CPACA.
efectos de sentencia Se suspende el
y es posible acudir término por la
ante el Consejo de presentación de la
Estado para que solicitud de extensión
estudie la negativa de a la administración.
la administración. Los términos para la
Esta suspensión se presentación de la
mantiene hasta por demanda se
30 días en caso de no reanudarán al
acudir al Consejo de vencimiento del plazo
Estado. de 30 días
establecidos para
acudir ante el
Consejo de Estado
cuando el interesado
decidiere no hacerlo
o, en su caso, de
conformidad con lo
16 Artículo 269 del CPACA.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
dispuesto en el
artículo 269 CPACA.
9 de febrero Presentación de Suspendido – Arts. 102 y 269 del
de 2023 la solicitud de CPACA
extensión de
jurisprudencia
ante el Consejo
de Estado
27 de junio Notificación de la Reanuda cómputo 120 Arts. 102 y 269 del
de 2023 providencia del 8 CPACA
de junio de 2023
que rechazó la
solicitud de
extensión
28 de julio de Presentación de Finaliza cómputo 89 Arts. 102 y 164 del
2023 la demanda de CPACA
nulidad y
restablecimiento
del derecho
42. De esta manera, la contabilización del plazo de caducidad se acompasa con la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual, en desarrollo
del artículo 102 del CPACA, admitió que la solicitud de extensión de jurisprudencia
suspende los términos para la presentación de la demanda ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, a saber:
“En el mismo artículo, siguiendo con la lógica que inspiró la creación de la
extensión de jurisprudencia, se estableció que en caso de que la autoridad
niegue total o parcialmente la petición, el interesado podrá acudir ante el
Consejo de Estado para que decida definitivamente sobre la solicitud:
“Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos
administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a
que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión
de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá
tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto
de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta
(30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo
269 de este Código.
La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la
presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente
señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días
establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado
decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 269 de este Código”.
Del texto transcrito de la norma se erige con claridad que para que un
particular quede habilitado para acudir ante el Consejo de Estado en busca
de que se extiendan los efectos de una jurisprudencia de unificación a su
caso concreto, es presupuesto de la naturaleza misma del mecanismo que
de manera previa haya acudido ante la autoridad pública correspondiente
con ese propósito y que, además, ésta le haya negado total o parcialmente
su solicitud, bien sea de manera expresa, o tácita por vencimiento del
término con que cuenta para resolverla sin que lo haya hecho.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
Igualmente, en la parte inicial del artículo 269 la Ley 1437 de 2011, por medio
del cual se reguló un procedimiento expedito y ágil para resolver la solicitud
de extensión de jurisprudencia ante el Consejo de Estado, se dispuso, a
manera de condición, que el interesado podrá acudir a esta Corporación “Si
se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación”, la
norma es del siguiente tenor:
“Artículo 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del
Consejo de Estado. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia
de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del
artículo 102 de este Código, el interesado podrá acudir ante el Consejo de
Estado mediante escrito razonado, al que acompañará la copia de la
actuación surtida ante la autoridad competente” (Se destaca).
Así mismo, según se desprende de esta norma, la exigencia de acompañar
a la solicitud de extensión de jurisprudencia que se presente ante esta
Corporación la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente,
no tiene un propósito diferente a demostrar que se agotó el trámite previo
ante la Administración y que ésta negó total o parcialmente la petición, ya
sea de manera expresa o por configuración de un silencio administrativo
negativo, así como también constituye un elemento útil para determinar si la
solicitud se presentó dentro del término perentorio previsto en la ley, tal y
como más adelante se verá”17.
43. En conclusión, acorde con los presupuestos descritos, considera la Sala que en
el asunto bajo estudio la Subsección C de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con la expedición de la sentencia del 23 de julio de 2025, incurrió en un
defecto sustantivo por la falta de aplicación del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011
al momento de contabilizar el término de caducidad de las pretensiones de carácter
económico del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesto por la señora Jeymy Alfonso Silva contra la SDIS.
44. Por lo anterior, al encontrarse configurada una causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se ampararán
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la parte accionante y se dejará sin efectos la sentencia del 23 de julio de
2025 y se ordenará a la autoridad judicial accionada que dicte decisión de
reemplazo en la cual aplique lo dispuesto en los artículos 102 y 269 del CPACA y
tenga en cuentas las consideraciones descritas en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
17 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 26 de febrero de 2014.
Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón. Radicación número: 11001-03-26-000-2013-00096-
00(47833).
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05322-00
Accionante: Jeymy Alfonso Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda– Subsección C
Referencia: Acción de tutela
III. R E S U E L V E
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de la señora Jeymy Alfonso Silva, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 23 de julio de 2025, proferida
por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el término de veinte
(20) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, dicte
sentencia de reemplazo en la cual aplique lo dispuesto en los artículos 102 y 269
del CPACA y tenga en cuentas las consideraciones descritas en la parte
considerativa de esta decisión.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de Voto
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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