Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07018-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07018-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07018-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
5 de marzo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cinco (5) de marzo dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Demandante: RUBIELA OCHOA TIERRADENTRO
Demandado: SUBSECCIÓN E DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y,
EN SU LUGAR, SE ACCEDE AL AMPARO.
Síntesis del caso: la actora cuestionó la sentencia que declaró la caducidad de la acción porque,
a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente. Se
revocará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, pues se advirtió que la accionada efectivamente no tuvo
en cuenta la suspensión del término para la presentación de la demanda con ocasión de la
solicitud de la extensión de los efectos de la sentencia de unificación que la actora previamente
había promovido.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 11
de diciembre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la
cual se dispuso:
“PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Juzgado
Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Secretaría
Distrital de Integración Social.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la
señora Rubiela Ochoa Tierradentro.”. (Negrillas y mayúsculas fijas del original -
archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 7 de noviembre de 2025, por intermedio de apoderado
judicial, la señora Rubiela Ochoa Tierradentro promovió proceso de acción de tutela en
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
contra de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que le sean amparados sus derechos fundamentales del debido
proceso e igualdad, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 22 de
agosto de 2025, mediante la cual se declaró parcialmente la caducidad de la demanda
en el proceso con radicación no. 11001-33-42-049-2022-00312-02.
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) La señora Rubiela Ochoa Tierradentro laboró en la Secretaría Distrital de Integración
Social como maestra en los jardines infantiles distritales, mediante contratos de
prestación de servicios, suscritos entre el 14 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2022.
2) El 23 de febrero de 2022, la actora solicitó a la referida secretaría la extensión de los
efectos jurídicos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado CE- SUJ2-005-16
del 25 de agosto de 2016 y, en consecuencia, que se declarara la existencia de una
relación laboral, lo cual fue negado mediante oficio S2022 035252 de 4 de abril de 2022.
3) Ante el anterior panorama, el 18 de abril de 2022, la actora acudió al Consejo de
Estado con el fin de agotar el procedimiento para la extensión de jurisprudencia, en los
términos del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, dicho mecanismo fue
rechazado por auto de 14 de julio de 2022.
4) Asimismo, el 23 de agosto de 2022, interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Capital – Secretaría
Distrital de Integración Social, con el fin de obtener el reconocimiento de una relación
laboral y, en consecuencia, el pago de todas las prestaciones y demás emolumentos a
que tuviera derecho.
5) En sentencia de 31 de octubre de 2024 el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones deprecadas.
Como sustento de su decisión, advirtió que se encontraban acreditados los elementos de
una relación laboral entre las partes por los periodos comprendidos entre el 14 de enero
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
de 2013 y el 17 de noviembre de 2018 y entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de mayo de
2020.
6) Asimismo, señaló que en atención a que la reclamación administrativa se realizó el 23
de febrero de 2022, había operado el fenómeno prescriptivo respecto de lo reclamado
con anterioridad al 23 de febrero de 2019, salvo los aportes para pensión.
7) Contra la referida decisión las partes interpusieron recursos de apelación, la
demandante, en cuanto a la declaratoria de prescripción, en atención a que se
desconoció que la interrupción de los contratos de los años 2018 y 2019 coincidió con el
periodo de vacaciones y receso escolar fijado por la Secretaría Distrital de Educación.
Por su parte, la demandada alegó que no se probaron los elementos de la relación
laboral, no obstante, solicitó que, en caso de confirmarse, se denegara el pago de
prestaciones por caducidad de la acción y la prescripción de los derechos laborales.
8) En sentencia de 22 de agosto de 2025, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó parcialmente la providencia
impugnada, para lo cual señaló que había operado la caducidad parcial del medio de
control respecto de las prestaciones sociales reclamadas, en atención a que el acto
administrativo se le había notificado a la demandante el 4 de abril de 2022, mientras que
la demanda se había radicado el 23 de agosto de 2022, esto es, por fuera de los 4 meses
con que contaba para hacerlo de forma oportuna.
9) Por otra parte, advirtió que como lo relativo a los aportes a la seguridad social no
estaban cobijados por los fenómenos de la caducidad y la prescripción, procedía su
reconocimiento por el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2013 y el 30 de junio
de 2022.
Fundamento de la vulneración
La actora alegó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo y violación del precedente vinculante:
Frente al defecto fáctico indicó que el tribunal omitió el respectivo pronunciamiento sobre
el procedimiento adelantado antes de la radicación del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues, se acreditó en el proceso, con la petición ante la
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
Secretaría Distrital de Integración Social, la respuesta de dicha secretaría y la radicación
de la solicitud de extensión de los efectos de una sentencia de unificación, en los términos
de los artículos 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011, y el auto de su rechazo que presentó
la demanda oportunamente, por cuando de conformidad con las normas referidas la
presentación de la solicitud interrumpe el término.
Respecto del defecto sustantivo precisó que en la decisión se había dejado de aplicar la
regla legal previsto en el artículo 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia
que gobierna la situación y, en consecuencia, erróneamente se declaró una caducidad
inexistente, lo cual afectó directamente el sentido del fallo y sus derechos fundamentales.
Finalmente, alegó que se violó el precedente vinculante contenido en la sentencia de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016, CP
Carmelo Perdomo Cuéter, con radicación no. 23001-23-33- 000-2013-00260-01 en tanto
se presentó identidad fáctica para declarar la existencia de una relación laboral entre el
14 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2022.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de la señora RUBIELA
OCHOA TIERRADENTRO al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad en las decisiones judiciales.
SEGUNDO: DECLARAR que la providencia judicial tutelada, esto es, la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección
“E” del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 22 de agosto de 2025¸
dentro del proceso con radicado 11001-33-42-049-2022- 00312-02 incurrió en
los defectos fácticos y sustantivos.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, Se DEJE SIN EFECTO la
sentencia de segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección “E” del H.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 22 de agosto de 2025¸ dentro del
proceso con radicado 11001-33-42-049-2022-00312-02, ordenándole al
Tribunal proferir una providencia de reemplazo que resulte acorde con el
precedente vinculante, que supere los defectos expuestos y se tengan en
cuenta las demás ordenes que a bien tenga esta Corporación impartirle, a fin
de que se profiera una decisión legal, constitucional y ajustada a derecho, que
garantice los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de mi
representada.
Subsidiaria de la tercera:
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
Se revoque o infirme parcialmente la sentencia de segunda instancia por la
Sección Segunda, Subsección “E” del H. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 22 de agosto de 2025¸ dentro del proceso con radicado
11001- 33-42-049-2022-00312-02, por medio de la cual se revocó parcialmente
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se dicte una nueva decisión
que en derecho corresponda.”.
Actuación procesal
Mediante auto del 12 de noviembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, vinculó como tercero con
interés, al Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al
Distrito Capital de Bogotá, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, tras considerar que la actora no cumplió con la carga
argumentativa necesaria para explicar porqué el asunto requiere la intervención del juez
de tutela
Precisó que, si bien se alegaron los defectos fáctico, sustantivo y “violación del
precedente vinculante” lo cierto es que dichos argumentos no tienen relación pues el
debate planteado en esta instancia se circunscribe a cuestionar la declaratoria parcial de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Impugnación
La parte actora presentó escrito de impugnación concedido en auto de 19 de enero de
2026.
Alegó que la sentencia impugnada incurre en una interpretación excesivamente restrictiva
y contraria al precedente constitucional y contencioso administrativo sobre el requisito de
relevancia constitucional en acciones de tutela contra providencias judiciales, pues está
debidamente acreditado el error judicial.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
De conformidad con la sentencia con radicación no. 11001-03-15-000-2025- 05322-00
del Consejo de Estado la discusión relativa al cómputo de la caducidad adquiere
relevancia constitucional cuando su declaratoria se funda en la inaplicación de normas
legales imperativas y conduce a la negación del acceso material a la justicia y al
desconocimiento de derechos laborales con dimensión constitucional y no meramente
económica.
Se cumple con el requisito de la carga argumentativa porque en el escrito de tutela se
explicó con suficiencia i) el antecedente en el trámite de extensión de jurisprudencia
adelantado ante la administración y el Consejo de Estado; ii) el efecto suspensivo
automático previsto en los artículos 102 y 269 del CPACA; iii) el error objetivo en el
cómputo del término de caducidad; y iv) la afectación concreta de derechos
fundamentales derivada o causada con ocasión de dicho error judicial, así como la
ausencia de otro medio o mecanismo judicial efectivo o idóneo.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela,2) delimitación del asunto, 3) el caso
concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados,
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 22 de agosto de 2025.
En primera instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, decisión
que la parte actora impugnó.
Cuestión previa
Previamente a abordar el estudio de fondo, debe precisarse que se realizará un análisis
conjunto de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente en tanto los
argumentos dirigidos a demostrar uno y otro reparo versan sobre el mismo punto, esto
es, que se omitió constatar que se presentó una solicitud de extensión de los efectos de
una sentencia de unificación ante el Consejo de Estado de conformidad con los artículos
102 y 269 de la Ley 1437 de 2011.
Precisado lo anterior, se advierte desde ya que en la medida en que, como se explicará
a continuación, dichos defectos efectivamente se configuraron y ello resulta suficiente
para amparar los derechos invocados y ordenar que se dicte un fallo en reemplazo, la
Sala se relevará de analizar el desconocimiento del precedente judicial.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse con el
requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, amparará los derechos
fundamentales por las razones que procederán a exponerse:
3.1 Análisis de los requisitos generales de procedencia
La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por
la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional, en tanto se indicó que la autoridad judicial accionada valoró de
indebida forma el material probatorio aplicable al caso, además, dicho debate tiene
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Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
importantes repercusiones para los derechos fundamentales del debido proceso e
igualdad y no constituye una simple reiteración de lo discutido en el proceso, pues
envuelve una discusión de raigambre constitucional que no fue abordada en el proceso
ordinario y que trasciende al ámbito meramente legal en tanto priva al accionante de su
derecho a acceder a la administración de justicia; ii) se agotaron todos los medios de
defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron; v) no
se ataca una sentencia de tutela; y vi) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se
tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la providencia cuestionada1.
3.2 Caracterización del defecto fáctico
1) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito específico de
acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional ha reconocido
que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.
2) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio en
los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
3) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración
por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya
sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
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La providencia fue notificada el 22 de agosto de 2025 y el proceso de acción de tutela se presentó el 7 de
noviembre del presente año.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
3.3 Caracterización del defecto sustantivo
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando
una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas luces no
subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.” 2.
La Corte Constitucional estableció3 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas que
pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal razón,
pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido proceso de
las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de normas
aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:
“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se
ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio
margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza
una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable
o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin
justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido
solicitada por alguna de las partes en el proceso 4.”.
3.4 Análisis conjunto de los defectos invocados en el caso concreto
1) En el asunto sub examine, la demandante alegó que la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico y un
defecto sustantivo por no tener en cuenta el trámite realizado con anterioridad a la
presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues,
2
Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
3
Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
4
Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
previamente a esta presentó una solicitud de extensión de los efectos de la sentencia de
unificación del Consejo de Estado CE- SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 ante la
Secretaria Distrital de Integración Social y, posteriormente, ante el propio Consejo de
Estado.
2) En primer lugar, la Sala procederá a realizar un recuento de todas las actuaciones
realizadas con anterioridad a la presentación de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y que el tribunal presuntamente desconoció en la sentencia
de segunda instancia que declaró la caducidad de la acción, en aras de determinar si se
incurrió en los defectos invocados.
3) Al respecto, se tiene que, el 23 de febrero de 2022, la actora le solicitó a la alcaldía
mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social la extensión de los efectos
jurídicos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado CE- SUJ2-005-16 del 25
de agosto de 2016 y que se declarara la existencia de una relación laboral legal y
reglamentaria entre ella y la entidad, así:
“PRIMERA: Que se extiendan los efectos jurídicos de la Sentencia de Unificación
de la Sección Segunda del Consejo de Estado No. 00260 de 2016 a RUBIELA
OCHOA TIERRADENTRO.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se reconozca que entre
RUBIELA OCHOA TIERRADENTRO y la SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL existió una relación de trabajo entre el 8 de enero de
2013 y el 31 de mayo de 2020.
TERCERA: Que como consecuencia, se le pague a RUBIELA OCHOA
TIERRADENTRO el valor correspondiente a las prestaciones laborales
(cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, prima de navidad,
vacaciones, prima de antigüedad) y demás emolumentos legales devengados por
un empleado conforme al régimen salarial administrativo de la SDIS, liquidadas
sobre el ingreso base de los honorarios de cada uno de los contratos de prestación
de servicios
suscritos o sobre la base de los honorarios recibidos en el último contrato, según
corresponda por cada concepto.
CUARTA: Pagar al respectivo fondo de pensiones al que se encuentre afiliada
RUBIELA OCHOA TIERRADENTRO el valor de los aportes dejados de cotizar,
mes a mes, sobre el ingreso base de cotización (IBC) correspondiente al valor de
los honorarios de cada uno de los contratos de prestación de servicios suscritos.
QUINTA: Que todas las sumas de dinero y aportes a la seguridad social pagados
a RUBIELA OCHOA TIERRADENTRO sean actualizadas a valor presente
conforme a lo establecido en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011”.
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Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
4) A través de Oficio no. S2022 035252 del 4 de abril de 2022, notificado ese mismo día
por correo electrónico, la entidad negó la solicitud de extensión de jurisprudencia y,
adicionalmente, también despachó de manera desfavorable, expresamente, su petición
de reconocimiento de la relación laboral por el periodo comprendido entre el 14 de enero
de 2013 y el 30 de junio de 20225.
5) Catorce (14) días después de esa negativa, esto es, el 18 de abril de 2022, la
accionante formuló solicitud de extensión de la jurisprudencia en ejercicio del mecanismo
contemplado en los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, modificados por los artículos 17 y 77 de la Ley 2080 de
2021, a efectos de que se le extiendan los efectos de la sentencia de unificación proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso 23001-23-33-000-
2013-00260-01(0088-15), MP Carmelo Perdomo Cuéter.
6) En auto de 14 de julio de 2022, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado rechazó la solicitud tras considerar que en materia de reconocimiento de
“contrato de realidad” se requiere un análisis probatorio exhaustivo para lograr la
demostración de la existencia de los elementos propios de la relación laboral, adicional a
que la sentencia de unificación invocada para efectos de extensión de jurisprudencia no
fijó las reglas concernientes a los elementos que se deben tener en cuenta para declarar
la existencia de la relación laboral en materia de docentes, por lo que para declarar la
existencia de una relación laboral se requería de una etapa probatoria exhaustiva que no
se puede llevar a cabo por la naturaleza del procedimiento simplificado del referido
mecanismo 6.
7) La anterior decisión de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
fue notificada el 9 de agosto de 2022, por lo que, dentro del términos de los treinta (30)
días que dispone la norma, específicamente, catorce (14) días después de la notificación
(23 de agosto de 2022) la actora presentó una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del Oficio no. S2022 035252 del 4 de abril de 2022 que negó el
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Sobre el particular le indicó que “de los antecedentes contractuales de RUBIELA OCHOA
TIERRADENTRO no se advierte la configuración de los elementos propios de una relación de trabajo, sino
características propias de una relación típicamente contractual.”
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En el proveído del 14 de julio de 2022 se rechazó la solicitud porque “para declarar la existencia de una
relación laboral entre ella y la entidad convocada, se requiere de una etapa probatoria exhaustiva que no
se puede llevar a cabo por la naturaleza del procedimiento simplificado del referido mecanismo”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
reconocimiento de la relación laboral y pidió que, en consecuencia, se le reconocieron y
pagaran las prestaciones sociales a las que tenía derecho.
8) Ahora bien, inicialmente, el Juzgado Cuarenta y Nueve (49) Administrativo Circuito de
Bogotá rechazó la demanda por considerar que el acto administrativo enjuiciado, en su
criterio, no era susctible de ser demandadado porque no contenía una declaración
expresa sobre una supuesta negativa a la existencia de la relación laboral; aunque esa
decisión fue recurrida en sede de reposición y en subsididio de apelación el juzgado no
repuso y concedió la apelación.
9) No obstante, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocó esa determinación mediante proveído de 12 de diciembre de 2023,
por cuanto, como se explicó con anterioridad, la solicitud sí contenía una petición expresa
para que se declarara la existencia de la relación laboral y el acto que la resolvió también
se pronunció al respecto en el sentido de negar el presunto “contrato realidad”, motivo
por el cual ordenó al juzgado realizar el respectivo estudio de la admisión de la demanda,
previa consideración que el acto administrativo sí era definitivo sobre el particular, en
tanto contenía una declaración unilateral de la Administración al respecto y que “las
disposiciones normativas precitadas contemplan la posibilidad de que el asunto
previamente tramitado como una solicitud de extensión de jurisprudencia ante la
autoridad administrativa conlleve simultáneamente a una decisión administrativa de fondo
susceptible de controvertirse con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, caso en el cual el término de caducidad está llamado a reanudarse con la
ejecutoria de la providencia que niega la extensión de jurisprudencia”.
10) Por consiguiente, mediante auto de 15 de febrero de 2024 se cumplió lo ordenado
por el superior y se admitió la demanda. Asimismo, mediante sentencia de primera
instancia del 31 de octubre de 2024 se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
y se declaró probada la relación laboral y la prescripción respecto de algunos periodos.
11) Sin embargo, mediante sentencia de 22 de agosto de 2025, la Subsección E de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, pese a que abordó inicialmente el estudio de
fondo del caso (aparte en el cual encontró que efectivamente se demostraron los
elementos propios de la relación laboral, a partir de las pruebas documentales y
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Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
testimoniales recaudadas7), con posterioridad realizó el estudio de la caducidad del
medio de control (de manera oficiosa) y concluyó que la demanda se encontraba
caducada, con los siguientes argumentos que se transcriben in extenso por su
importancia para la resolución del asunto:
“Para esta Corporación es claro que si bien en principio entre la Rubiela Ochoa
Tierradentro y la Secretaría Distrital de Integración Social existió una relación
contractual, pues su vinculación con la entidad demandada obedeció a la
suscripción de contratos de prestación de servicios, según la valoración de las
pruebas bajo la óptica de la sana crítica, aparecen elementos que permiten
establecer que la demandante no tenía libertad para realizar las labores
encomendadas, no escogía cómo y cuándo prestar el servicio, seguía
instrucciones para cumplir sus tareas por parte de la entidad, y además le fueron
suministrados elementos por parte de la misma entidad para poder desarrollar
lalabor confiada, por lo que se encuentra desvirtuada la relación contractual
derivada del contrato de prestación de servicios personales.
(…).
3. De la caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho
(…).
En el caso bajo estudio, la demandante Rubiela Ochoa Tierradentro pretende
que se declare la nulidad del Oficio No. S2022035252 del 4 de abril de 2022 por
medio de la cual la Secretaría Distrital de Integración Social le negó la
declaratoria de la existencia de una relación laboral y sus respectivos
reconocimientos, el cual fue notificado a través de correo electrónico ese mismo
día.
Teniendo en cuenta que la parte demandante se notificó del oficio
demandado el 4 de abril de 2022, el conteo del término de caducidad de 4
meses se debe realizar desde el día siguiente, es decir, desde el 5 de abril
al 5 de agosto de 2022. Se precisa que en este caso no se interrumpió el
término de la caducidad con la solicitud de conciliación prejudicial, teniendo en
cuenta que este requisito de procedibilidad no es obligatorio, pues el Consejo
de Estado ha señalado que este tipo de asunto se encuentran exceptuados de
este presupuesto procesal y el demandante no la presentó, ni acreditó dentro
del proceso haberlo radicado.
7
“Es preciso reiterar que el desempeño de las actividades que ejecutó la demandante no fue de manera
autónoma e independiente, sino que las mismas se desarrollaron conforme al quehacer diario, y por la
naturaleza asistencial de las funciones estaba supeditado a las órdenes dadas por un superior. Si bien en
los diversos contratos se estableció que la demandante cumpliría con el objeto contractual en forma
independiente, es decir, que no existiría subordinación alguna, así como también se estableció
contradictoriamente que no se configuraría relación laboral con la entidad demandada, de las
pruebasrecaudadas se desvirtuó tal situación, pues de acuerdo con la forma como seejecutaron las
actividades se observa de forma clara que se configuró el elemento de la subordinación.
Por consiguiente, quedó probado que la demandante Rubiela Ochoa Tierradentro prestó de forma personal
sus servicios como técnica, auxiliar y maestra profesional, recibió remuneración por sus servicios
(honorarios pactados) y prestó la labor bajo coordinación, dependencia y subordinación de los superiores
dentro de la entidad, y por tanto, se debe dar aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades (artículo 53 de la Constitución Política)”.
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Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
La demanda fue radicada solo hasta el 23 de agosto de 2022, es decir, de
forma extemporánea. Así las cosas, teniendo en cuenta los antecedentes
expuestos, encuentra la Sala que en el presente caso se configuró el
fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de forma parcial, razón por la cual se debe
proceder a declararla de oficio, pues si bien la entidad la propuso en el
recurso de apelación, lo cierto es que la solicitud no se presentó en la
oportunidad procesal que tenía y además cuando lo hizo lo sustentó de
manera genérica, por lo cual es procedente declarar configurada de oficio
la excepción.
Precisa la Sala que la declaratoria de la caducidad del medio del control de
nulidad y restablecimiento del derecho solo aplica en la pretensión de
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de la declaración
de la existencia de la relación laboral que existió entre la señora Rubiela Ochoa
Tierradentro y la Secretaría Distrital de Integración Social por el periodo
comprendido del 14 de enero de 2013 al 30 de junio de 2022, en virtud de la
suscripción del contrato de prestación de servicios, pues se encuentran
configurados todos los elementos de la relación laboral (prestación personal del
servicio, remuneración y dependencia o subordinación).”. (archivo disponible en
medio magnético en el índice 0002 del aplicativo SAMAI)
12) Como se observa sin mayor esfuerzo a partir del recuento de la sentencia atacada,
la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
reconoció expresamente la existencia de la relación laboral ya que la demandante prestó
de forma personal sus servicios como técnica, auxiliar y maestra profesional, recibío
remuneración y realizó la labor en subordinación de los superiores.
13) Sin perjuicio de ello, optó por declarar la caducidad del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho tras evidenciar que la Secretaría Distrital de Integración
Social le notificó el oficio S2022 035252 el 4 de abril de 2022 y la demanda la presentó
el 23 de agosto de 20228, sin valorar o cuando menos mencionar la existencia de la
solicitud de extensión de los efectos de la sentencia de unificación que presentó el 18 de
abril de 2022 y la negativa del Consejo de Estado adoptada a través de decisión del 14
de julio del mismo año.
14) Al respecto, la Sala recalca que la figura de la extensión de la jurisprudencia se
encuentra regulada en los artículos 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011, los cuales
disponen:
“ARTÍCULO 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a
terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los
8
Por otra parte, advirtió que como lo relativo a los aportes a la seguridad social no estaban cobijados por
los fenómenos de la caducidad y la prescripción, procedía su reconocimiento por el periodo comprendido
entre el 14 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2022.
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Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo
de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y
acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos
Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente
competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no
haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales,
los siguientes:
1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la
misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante
al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.
2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los
archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir
a un proceso.
3. La referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.
Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber
solicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así,
caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la
primera solicitud.
La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que
de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, así como los demás
elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de
todos los presupuestos para que ella sea procedente.
Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción, y la autoridad podrá negar la petición con fundamento en las
siguientes consideraciones:
1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede
adoptarse sin que se surta un periodo probatorio en el cual tenga la oportunidad
de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante carece del derecho
invocado. En tal caso estará obligada a enunciar cuales son tales medios de
prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los medios
probatorios ya mencionados.
2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante
es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es
procedente la extensión de sus efectos.
Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos
administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que
hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la
jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar
a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En
estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes
ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este Código.
La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para
la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Los términos para la presentación de la demanda en los casos
anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta
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Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
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(30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el
interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 269 de este Código.”. (Negrillas fuera del texto
original)
“ARTÍCULO 269. PROCEDIMIENTO PARA LA EXTENSIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS. <Artículo
modificado por el artículo 77 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación
o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este
código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de
Estado mediante escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en similar
situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho
en la sentencia de unificación invocada.
Al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad
competente y manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entenderá
prestado con la sola presentación de la solicitud, que no ha acudido a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener el
reconocimiento del derecho que se pretende.
Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del
término de los diez (10) días siguientes. En caso de no hacerlo, se rechazará la
solicitud de extensión.
La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:
1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se
pretende en la solicitud de extensión.
2. Se haya presentado extemporáneamente.
3. Se pida extender una sentencia que no sea de unificación.
4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un
derecho.
5. Haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción
total del derecho reclamado.
6. Se establezca que no procede la extensión solicitada por no existir o no estar
acreditada la similitud entre la situación planteada por el peticionario y la sentencia
de unificación invocada.
De cumplir con los requisitos se admitirá la solicitud y del escrito se dará traslado
a la entidad frente a la cual se solicita la extensión y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, por el término común de treinta (30) días, para que
aporten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad convocada y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrán oponerse a la
extensión, por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este
Código.
Vencido el término de traslado referido anteriormente, las partes y el Ministerio
Público podrán presentar por escrito sus alegaciones en el término común de diez
(10) días, sin necesidad de auto que lo ordene.
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Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término anterior, se
decidirá la petición. Si la solicitud se estima procedente, la Sala ordenará por
escrito la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que
hubiere lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo extendido.
Cuando resulte pertinente se convocará a audiencia de alegatos en la cual se
adoptará la decisión a que haya lugar. A esta audiencia se podrá ordenar la
presencia del funcionario de la entidad que tenga la competencia para decidir el
asunto, el cual tendrá la obligación de asistir so pena de incurrir en falta grave.
Si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al
peticionario, que deba ser liquidado, la liquidación se hará en la misma decisión
con base en las pruebas aportadas.
De no existir acervo probatorio suficiente para la liquidación, la decisión se dictará
en abstracto, caso en el cual la liquidación se hará, a petición de la parte
interesada, mediante el trámite incidental previsto en el artículo 193 de este código
para la liquidación de condenas. El peticionario promoverá el incidente mediante
escrito presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la
decisión que ordene la extensión, ante la autoridad judicial que habría sido
competente para conocer del medio. de control en relación con el asunto que dio
lugar a la extensión de la jurisprudencia.
Contra la decisión que liquide el derecho patrimonial procede el recurso de
reposición, exclusivamente por desacuerdo en su monto.
Negada la solicitud de extensión; el interesado podrá acudir a la autoridad para
que resuelva de fondo el asunto, según las reglas generales, si no lo hubiere
decidido con anterioridad. En este caso, el pronunciamiento de la autoridad podrá
ser susceptible de control judicial por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuando este proceda.
Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si el medio de control
procedente no requiere pronunciamiento expreso de la entidad, con la
ejecutoria de la providencia que niega la extensión se reanudará el término
para demandar, conforme a las reglas establecidas para la presentación de
la demanda (…)”.
15) En esos términos, se desprende que el acto efectivamente le fue notificado a la
actora el 4 de abril de 2022, como lo reconoció el tribunal de conformidad con la cita
previamente transcrita y sobre ello no existe discusión alguna; sin embargo, la señora
Ochoa Tierrradentro acudió al procedimiento para la extensión de jurisprudencia ante el
Consejo de Estado, en los términos del artículo 269 ejusdem, el 18 de abril de 2022, por
lo que los términos estuvieron suspendidos hasta el 9 de agosto de 2022, fecha en la que
se notificó la decisión del Consejo de Estado que rechazó dicho mecanismo, sin que tal
situación haya sido considerada en la sentencia por la autoridad judicial accionada para
efectos de la caducidad, a pesar de que el propio tribunal en el auto del 12 de diciembre
de 2023 (párr. 9 ut supra) inclusive había reconocido que con la presentación de dicha
solicitud se interrumpen los términos de caducidad del medio de control jurisdiccional,
consideración que luego pasó por alto en la sentencia sin ninguna justificación.
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Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
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16) En efecto, la Sala recuerda que la figura de la extensión de jurisprudencia, según
lo ha señalado de manera pacífica la Corte Constitucional 9 y esta Corporación10,
suspende los términos para la presentación de la demanda que corresponda ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, tal como, se reitera, lo había reconocido el
tribunal al resolver la apelación contra el auto del juzgado que inicialmente había
rechazado la demanda.
17) En esa medida, la autoridad judicial accionada no solo desconoció las pruebas que
acreditaban que la parte interesada había acudido previamente a dicha figura con los
efectos legales que ello acarrea, sino que desconoció su propia determinación en la que
previamente había reconocido que la interposición de dicha figura suspende el término
de caducidad del medio de control jurisdiccional, decisión que dicho sea de paso había
hecho tránsito a cosa juzgada y que no podía desconocer. Al respecto, en un caso similar,
la Corte Constitucional11 fue enfática en relación con la imposibilidad de que el mismo
juez revoque una decisión válidamente adoptada y ejecutoriada, por el hecho de
vulnerarse con ello el derecho fundamental del debido proceso y el principio constitucional
de seguridad jurídica.
18) En consonancia con lo anterior, para realizar el conteo de la caducidad se debía
tener en cuenta los días que estuvo suspendido el término, sin que así se haya hecho.
19) Así las cosas, la Sala advierte que no solo se incurrió en un defecto fáctico en los
términos invocados por la parte actora, sino que el tribunal también incurrió en un defecto
sustantivo, en la medida que desconoció el contenido de los artículos 102 y 269 de la Ley
1437 de 2011 al no valorar o siquiera mencionar la solicitud de extensión de los efectos
de la setencia de unificación.
20) Por consiguiente, se concederá el amparo de los derechos invocados y, en
consecuencia, se dejará sin efectos la providencia del 22 de agosto de 2025, proferida
por la Subsección E de la Sección Segunda del tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en el proceso con radicación no. 11001-33-42-049-2022-00312-02 , y se le ordenará que,
9
Corte Constitucional, sentencias SU – 611 de 2017.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A Exp. 11001-03-26-000-2013-00096-00.
11
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia del 20 de marzo de 2019, exp. T-2123838, MP
Luís Ernesto Vargas Silva.
19
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
en el término de 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una decisión
de reemplazo, en la cual tenga en cuenta dicha norma y el precedente en la materia.
21) No sobra recordar que el amparo aquí decretado, desde luego, no significa en modo
alguno que le corresponde el acceso total a las pretensiones de la actora, sino que, por
el contrario, debe analizarse la solicitud de extensión de los efectos de la sentencia para
evaluar el tema de la caducidad de la acción, por lo que la orden va expresamente dirigida
a que el tribunal expida una nueva providencia de reemplazo, en el marco de su
competencia y de conformidad con los principios de autonomía e independencia judicial
que le son propios, en la cual tenga en cuenta las consideraciones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Revócase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela
y, en su lugar, dispónese:
1º) Concédese el amparo de los derechos fundamentales de la señora Liz Yaneth
Valencia Quiceno.
2°) Déjase sin efectos la providencia del 22 de agosto de 2025, proferida por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
el proceso con radicación no. 11001-33-42-049-2022-00312-02.
3º) Ordénase a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, profiera una nueva decisión que se ajuste a lo dispuesto en la parte
motiva de esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07018-01
Actor: Rubiela Ochoa Tierradentro
Acción de tutela
5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente, archívese con las constancias previas de Secretaría.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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