Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05342-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05342-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05342-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
21 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05342-01
Accionante: Lisímaco García Amaya
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia del 23 de octubre de
2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que accedió parcialmente a
las súplicas presentadas por el tutelante
SÍNTESIS1
El actor cuestiona la sentencia del 13 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander en el marco de un proceso ejecutivo que accedió a la
excepción de pago parcial y no reconoció la indemnización por compensación por
imposibilidad de reintegro. Se confirma la decisión de primera instancia que: (i) declaró
la improcedencia de la tutela en relación con la excepción de pago parcial por no colmar
las exigencias de relevancia constitucional y subsidiariedad; (ii) dejó sin efectos la
sentencia del 13 de marzo de 2025 en lo relacionado con la indemnización por
imposibilidad de reintegro.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 27 de agosto de 2025, el señor Lisímaco García Amaya, actuando por intermedio
de apoderado judicial, presentó una demanda en ejercicio de acción de tutela para
obtener la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital
y al respeto del derecho a la reparación integral. En criterio del accionante, esas garantías
constitucionales le fueron vulneradas por el Tribunal Administrativo de Santander en la
sentencia el 13 de marzo de 2025 en el marco de un proceso ejecutivo.
2. El accionante formuló la pretensión que se transcribe a continuación:
Se tutelen los derechos fundamentales del señor LISÍMACO GARCÍA AMAYA y, en
consecuencia, se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander el 13 de marzo de 2025, dentro del proceso
ejecutivo radicado bajo el número 68001333101020120020601, contra el
Departamento de Santander y la Contraloría General de Santander. En su lugar, se
ordene que la nueva decisión que ha proferido dicho Tribunal tenga en cuenta la
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Reintegro del cargo / Indemnización por
compensación por no reintegrar en el cargo/ Se confirma la decisión que concedió el amparo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
motivación que establezca el Consejo de Estado como juez constitucional y se
abstenga de volver a incurrir en situaciones como la que se causa en el presente
caso, cuando se trata de procesos ejecutivos por obligación de hacer consistente en
cumplir un reintegro laboral actualmente posible 2.
B. Hechos
3. Del expediente se destacan los siguientes hechos relevantes:
Hechos relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
4.El 27 de junio de 2008, el Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga dictó
sentencia en la que ordenó:
PRIMERO: Se DECLARA LA NULIDAD del Decreto 401 de fecha 30 de diciembre de
1999, en cuanto se refiere a la Supresión del cargo de REVISIÓN 550 de la planta de
personal de la Contraloría Departamental, que desempeñaba el accionante LISIMACO
GARCÍA AMAYA, identificado con C.C. No. 91.220.625 de Bucaramanga, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA al DEPARTAMENTO
DESANTANDER (sic) Y CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL REINTEGRAR al
demandante LISIMACO GARCÍA AMAYA al mismo cargo que venía desempeñando al
momento de producirse su desvinculación, o en su defecto a otro de igual jerarquía.
TERCERO: Se condena al DEPARTAMENTO DE SANTANDER y CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, a pagar a LISIMACO GARCÍA AMAYA
debidamente indexados, los salarios y prestaciones o beneficios económicos
causados y que ha dejado de percibir a partir de la fecha de su desvinculación laboral
hasta su efectivo reintegro, descontándose también indexada la suma recibida por
concepto de indemnización, en la forma indicada en la parte motiva del presente proveído.
CUARTO: Se declara para todos los efectos legales que entre la fecha de desvinculación
y la fecha de reintegro no existe solución de continuidad o interrupciones en la prestación
del servicio. […]3.
5.La anterior decisión fue apelada por la parte demandada y confirmada en su integridad
en sentencia del 17 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander4.
Hechos relacionados con el proceso ejecutivo
6.El 19 de junio de 2012, el señor García Amaya promovió ante el Juzgado Décimo
Administrativo de Bucaramanga acción ejecutiva en contra del Departamento de
2 Índice 2 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
3 Índice 13 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
4 Ibidem.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
Santander y la Contraloría General de Santander en aras de obtener el pago de la
condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho5.
7. El 18 de septiembre de 2012, el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga
ordenó librar mandamiento de pago en favor del señor Lisímaco García Amaya por los
siguientes conceptos:
1. El valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($154.179.447=), que
corresponden a los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
correspondientes al cargo que ocupaba el ejecutante en la Contraloría General de
Santander o uno equivalente, con los incrementos legales, desde enero del 2000 inclusive
y hasta la ejecutoria de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho en julio 30
de 2009, debidamente indexados, más el 12% del salario como aporte patronal para salud
del ejecutante.
(…)
SEGUNDO: ORDÉNASE al ente demandado a pagar la anterior obligación en el término
de cinco (05) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 498 del C.P.C.
TERCERO: OBLIGACIÓN DE HACER: ORDÉNASE a la parte ejecutada, que dentro de
los cinco (05) días siguientes a la notificación del auto que libra mandamiento ejecutivo,
proceda a proferir acto administrativo en donde se reintegre al ejecutante LISIMACO
GARCÍA AMAYA sin solución de continuidad al cargo que ocupaba en la Contraloría de
Santander o a uno de igual o superior jerarquía, manteniendo sus derechos de carrera
administrativa en los términos de la sentencia proferida por el Juzgado Trece
Administrativo de Bucaramanga, la cual fue confirmada totalmente por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER mediante providencia de fecha 27 de junio de 2009.
En caso de no cumplirse oportunamente la obligación de reintegro, se ordenará el pago
indemnizatorio para la parte ejecutante y a cargo de la parte ejecutada por incumplimiento
de obligación de hacer, la cual se liquidará en el momento procesal oportuno. (…)6.
8. El 8 de agosto de 2017, el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga profirió
sentencia de primera instancia en donde: (i) declaró no probada la excepción de pago
total de la obligación; (ii) accedió a la excepción de pago parcial realizado por el
Departamento de Santander y la Contraloría General de Santander; (iii) ordenó seguir
adelante con la ejecución a favor del señor Lisímaco García Amaya, (iv) ordenó la
liquidación del crédito en los términos del artículo 446 del CGP y (v) condenó en costas
al Departamento de Santander. La anterior decisión fue apelada por ambas partes
9. El 13 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo de Santander decidió revocar
parcialmente la sentencia de primera instancia dictada en el proceso ejecutivo, “en cuanto
ordenó seguir adelante con la ejecución por los dineros correspondientes al
reconocimiento y pago de la indemnización por compensación por imposibilidad de
reintegro”, en todo lo demás, confirmó la decisión de primera instancia.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
C. Fundamentos de la vulneración
10. La parte actora manifestó que la providencia impugnada incurrió en tres
irregularidades concretas:
10.1. El Tribunal Administrativo de Santander pasó por alto que un pago parcial “no es
realmente un pago sino apenas un abono”7, pues el pago solamente tiene la
virtualidad de extinguir las obligaciones si se realiza conforme a lo establecido en los
artículos 1626, 1648 y 1653 del Código Civil, lo cual, según el tutelante, no ocurrió.
En este sentido, agregó que cuando una entidad que está siendo ejecutada abona a
la deuda después de haberse iniciado el proceso ejecutivo, en la sentencia debe
ordenarse la imputación de este pago en la etapa de liquidación del crédito, pero no
reconocerlo como una excepción.
10.2. El Tribunal Administrativo de Santander incurrió en un defecto fáctico, en un defecto
sustantivo y en un error inducido al pasar por alto que en este caso el obligado en los
temas laborales era el Contralor y no el Gobernador de Santander. Además, por no
haber tenido en cuenta que la resolución 000670 del 2009, a través de la cual la
Contraloría General de Santander declaró la imposibilidad de reintegrar al señor
Lisímaco García Amaya, quedó sin efectos por orden de una sentencia de tutela
proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga el 22 de octubre de
20098 y, por lo tanto, su contenido no podía ser reproducido; mucho menos por el
Departamento de Santander.
10.3. El Tribunal Administrativo de Santander incurrió en un defecto sustantivo y en
vulneración de la Constitución (acceso a la administración de justicia y debido
proceso), al haber ignorado la norma procesal relacionada con la forma cómo se
ejecutan las obligaciones de hacer, puntualmente lo previsto en los artículos 504 inc.
2º, 495.2 y 211 del Código de Procedimiento Civil, “en adelante CPC”.
10.4. Indicó que como la obligación de hacer no había sido cumplida dentro del término
ordenado en el mandamiento de pago, lo que procedía era que el Tribunal ordenara
la indemnización por perjuicios compensatorios o aplicar la jurisprudencia del propio
Tribunal Administrativo de Santander que había ordenado reintegros a pesar de
haberse extinguido el plazo dispuesto en el mandamiento de pago.
D. Trámite procesal
11. Mediante auto del 4 de septiembre de 20259, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada10
y a los terceros con interés11. En el auto también se requirió a la secretaría del Juzgado
Décimo Administrativo de Bucaramanga para que en el término de dos (2) días remitiera
7 Índice 2 del expediente digital de la primera instancia en Samai
8
Proceso identificado con radicado No. 11001-03-15-000-2025-05342-00.
9 Índice 6 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
10 Magistrados del Tribunal Administrativo de Santander
11 “3.1. Al Juez Décimo Administrativo de Bucaramanga, quien profirió sentencia de primera instancia dentro del
proceso ejecutivo con radicado No.68001-33-31-010-2012-00206-00/01. 3.2. Al gobernador y el contralor general del
departamento de Santander, quienes fungieron como demandados en el proceso ejecutivo.”
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
copia magnética del proceso ejecutivo con radicado No. 68001-33-31-010-2012-00206-
00/01.
E. Oposiciones e intervenciones
12. La secretaría del Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga allegó el
expediente digital del proceso ejecutivo con radicado No. 68001-33-31-010-2012-00206-
00/0112 pero no hizo ningún otro pronunciamiento.
13. El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio.
14. La Contraloría General de Santander presentó oportunamente su escrito de
contestación en donde se opuso a todas las pretensiones del tutelante 13. En síntesis
manifestó que la decisión del Tribunal se ciñó al principio de legalidad y además fue el
resultado de un análisis riguroso del título ejecutivo.
15. Añadió que la decisión relacionada con la satisfacción de la obligación de hacer y la
improcedencia de la indemnización compensatoria fue el resultado de aplicar la ley y la
jurisprudencia para los procesos ejecutivos administrativos.
16. Finalmente, invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, ante
la inexistencia del nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora y la acción u omisión por parte de la Contraloría General de
Santander. Por lo tanto, solicitó su desvinculación del trámite procesal.
F. Sentencia impugnada
17. Mediante sentencia del 23 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado resolvió:
1. Denegar la solicitud de desvinculación formulada por la Contraloría General de
Santander.
2. Declarar improcedente la tutela en relación con la excepción de pago parcial dispuesta
en la providencia cuestionada, por no colmar las exigencias de relevancia constitucional
y subsidiariedad.
3. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la reparación integral de Lisímaco García Amaya. En consecuencia se
dispone:
4. Dejar sin efectos la sentencia del 13 de marzo de 2025, en relación con lo decidido sobre
la indemnización por la imposibilidad de reintegro, con la que el Tribunal Administrativo
de Santander decidió en segunda instancia el proceso ejecutivo 68001-33-31-010-2012-
00206-00/01.
5. Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro de los 10 días siguientes a
la notificación de esta providencia, dicten una nueva sentencia en el proceso ejecutivo
12 Índice 13 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
13 Índice 11 del expediente digital de la primera instancia en Samai
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
68001-33-31-010-2012-00206-00/01, en atención a las consideraciones expuestas en la
presente providencia.
6. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
8. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su
cargo.”
17.1. En relación con la excepción de pago parcial, el a quo la declaró improcedente por
no reunir las exigencias de procedibilidad de relevancia constitucional y subsidiariedad.
Puntualmente, la Sección Cuarta señaló que el tutelante insiste en argumentos que
fueron desestimados en la providencia cuestionada y que además se trata de un tema
que deberá decidirse al momento de liquidar el crédito en el proceso ejecutivo.
17.2. Además, en la sentencia se señala que en el nuevo escenario que propone la parte
actora, la Sala estaría obligada a examinar nuevamente el asunto que ya fue resuelto por
la autoridad judicial demandada en el proceso ejecutivo, finalidad para la que no está
prevista la acción de tutela.
17.3. Frente a la inobservancia de que la Resolución 00670 del 24 de septiembre de 2009
fue dejada sin efectos y por ende no era viable reproducirla, la Sala concluyó que esa
situación no tenía incidencia en la controversia constitucional, “pues la razón principal por
la que la autoridad accionada desestimó la orden de reintegrar al accionante fue porque
no se probó que hubiera un cargo de la misma naturaleza al que ocupaba en la planta de
personal de la Contraloría General de Santander”.
17.4. Agrega que en el expediente 68001-33-31-010-2012-00206-00/01 no se acreditó que
el cargo se encontraba disponible, pues se aludió a unas plazas concretas, en este caso
profesional especializado grado 01 y a la designación de otras personas, pero no se
demostró una equivalencia de tareas y requisitos.
17.5. En relación con el tercer cargo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado sí encontró
reprochable que el Tribunal Administrativo de Santander hubiera desestimado la
indemnización por perjuicios compensatorios, lo que implica un desconocimiento de los
derechos laborales del tutelante y una violación al derecho de reparación integral.
17.6. Según el a quo, la indemnización por la imposibilidad de reintegrar al tutelante fue
prevista en la sentencia del 27 de junio de 2008 pues allí se dijo “que se debía pagar los
emolumentos dejados de recibir “sin solución de continuidad hasta la fecha en que se se
produzca su reintegro y sin que se altere su calidad de empleado de carrera
administrativa”, condición que involucra la prerrogativa de recibir una indemnización
cuando no es posible el reintegro.14”
14 Índice 16 del expediente digital de la primera instancia en Samai
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
17.7. Agregó que el reconocimiento de la indemnización por la imposibilidad de reintegro
ha sido validado por la jurisprudencia constitucional que ha señalado que cuando no es
posible reintegrar a un funcionario de carrera administrativa al cargo que ocupaba o a
uno equivalente, se imponía la necesidad de reconocer la respectiva indemnización tal
como lo dispone el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, y el artículo 495 del CPC.
17.8. Por lo anterior, la Sala concluyó que la providencia cuestionada incurría en defecto
fáctico y sustantivo, porque: (i) no advirtió que las pruebas obrantes en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho daban cuenta que se dispuso el reconocimiento
de la indemnización por la imposibilidad de reintegrar al accionante; y (ii) desatendió los
artículos 44 de la Ley 909 de 2004 y 495 del Código de Procedimiento Civil.
G. Impugnación
18. El Tribunal Administrativo de Santander impugnó15 la decisión de primera instancia
solicitó revocar la sentencia y en su lugar denegar el amparo constitucional por las
siguientes razones:
18.1. Señaló que el título ejecutivo, en este caso la sentencia ejecutoriada del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en ninguna parte del fallo dispuso una
indemnización compensatoria. Por lo tanto, no existe una obligación clara, expresa y
exigible conforme al artículo 488 CPC.
18.2. Sostuvo que la sentencia ejecutiva del 13 de marzo de 2025 no incurrió en defecto
fáctico ni sustantivo, pues se limitó a interpretar el título ejecutivo conforme a la regla
jurisprudencial según la cual “el juez de la ejecución no puede extender el contenido del
título ni derivar de él obligaciones no expresamente contenidas.”
18.3. El Tribunal Administrativo de Santander valoró correctamente que la sentencia de
nulidad y restablecimiento del derecho de 2008 no contemplaba una indemnización
alternativa y que el reintegro había sido “declarado imposible por acto administrativo
vigente.”
18.4. Expuso que el Consejo de Estado sustentó la tutela en un supuesto defecto fáctico
por no haberse advertido que en el proceso subyacente se había ordenado el pago de
una indemnización. Sin embargo, de la lectura del fallo de nulidad y restablecimiento para
el Tribunal Administrativo de Santander es claro que el reintegro era la única obligación
principal y el pago de salarios y prestaciones era consecuencia de dicho reintegro, no su
sustituto.
18.5. Por lo tanto, el fallo de tutela incurre en un yerro al asumir como contenido del título
(sentencia), una interpretación del mandamiento de pago del 18 de septiembre de 2012.
18.6. Por último, indicó que la discusión sobre si el título ejecutivo contenía o no una
obligación de indemnizar constituía un debate de mera legalidad procesal y probatoria
15 Índice 21 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
que no trascendía al ámbito de los derechos fundamentales. Por lo tanto, al carecer de
relevancia constitucional, el amparo no debía prosperar.
19. La Contraloría General de Santander solicitó que se revocaran los numerales 3, 4 y
5 de la sentencia de primera instancia y en su lugar, declarar la improcedente la acción
de tutela. En síntesis, la Contraloría argumentó lo siguiente:
19.1. La sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho no contiene una obligación
clara, expresa y exigible de donde se derive el acceso y pago a la indemnización
solicitada.
19.2. Al valorar la ejecutividad del título, el juez de tutela invadió la órbita del juez natural
de ejecución.
19.3. La controversia analizada es estrictamente procesal, de cómo debe interpretarse un
título ejecutivo, y no un debate de trascendencia constitucional que amerite la anulación
de una sentencia de segunda instancia.
19.4. El título condenó al reintegro o al pago de emolumentos hasta el reintegro. La
compensación indemnizatoria por imposibilidad de reintegro requería que se incluyera el
quantum cosa que aquí no ocurrió.
19.5. Finalmente, al haberse ordenado que se reabra el debate del proceso ejecutivo sin
una base clara sobre el quantum de la indemnización, “se afectan los derechos de la
Contraloría General de Santander como entidad ejecutada y revive una situación
analizada, revisada y juzgada”16.
20. El señor Lisímaco García Amaya impugnó la sentencia de primera instancia, “de tal
modo que se profieran las órdenes solicitadas al demandar la protección constitucional y
las que de oficio, el Honorable Consejo de Estado considere necesarias o, al menos
útiles, para la protección tutelar.17”
20.1. El tutelante alegó que la sentencia de primera instancia era contradictoria pues al
haber concluido que la excepción del pago parcial en todo caso se iba a resolver al
momento de liquidar el crédito, estaba reconociendo implícitamente que el Tribunal no
podría resolverlo en la sentencia; existe una oportunidad procesal específica y el Tribunal
se anticipó a ella. Por lo tanto, se confirma la existencia de un defecto sustantivo, un
defecto procedimental, violación a la Constitución y un defecto orgánico.
20.2. Sobre este punto, agregó que el asunto sí tiene relevancia constitucional pues al
haberse decidido sobre la excepción en la sentencia, no cuenta con otro medio distinto a
la tutela para proteger sus derechos que no solo son de contenido económico sino
también de contenido constitucional y convencional.
16 Índice 23 del expediente digital de la primera instancia en Samai
17 Índice 24 del expediente digital de la primera instancia en Samai
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
20.3. Por otro lado, sostuvo que en el presente caso no pretende una indemnización sino
el cumplimiento del mandamiento de pago: bien sea con el reintegro o con la
indemnización compensatoria.
20.4. Alegó que en la sentencia se comete un error al concluir que no se probó en el
expediente la existencia de la posibilidad del reintegro con la acreditación de una vacante
con funciones similares. Además, según el tutelante, a él no le correspondía probar la
existencia de la vacante; era un deber del Departamento de Santander y de la Contraloría
General de Santander “por virtud de la Tutela en el rad. 68001333100820090031000”18.
20.5. Hizo énfasis en que no pretende que se le aplique el artículo 189 del Código de
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, “en adelante CPACA”, sino el pago de
la indemnización de perjuicios compensatorios ordenada en el mandamiento de pago.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
I. Sentido de la decisión
22. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
súplicas presentadas por el tutelante.
J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
23. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela contra
providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se configure,
al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii) defecto
procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión
sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de la
Constitución.
24. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia del 13 de marzo de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, pues considera que se
incurrió en defecto fáctico y sustantivo. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el
objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.
25. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se configura cuando
18 Índice 24 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión”19. La jurisprudencia constitucional ha precisado
que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.
25.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias20. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción o,
habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.
25.2. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba21. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción22.
26. El defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial desconoce la
Constitución o la ley. La Corte Constitucional23 ha determinado que se está ante un
defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia,
desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y
deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto sustantivo por la
errónea interpretación o aplicación de la norma.
26.1. La jurisprudencia constitucional24 ha establecido que, para que se configure este
defecto, el error judicial debe ser ostensible, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento
de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el juez constitucional no
puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario tiene que decidir.
K. El requisito de relevancia constitucional
27. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.25 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada26, con el fin de impedir «que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».
28. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
19
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
26 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.27
29. En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis28 para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
30. Para la Corte Constitucional29, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
31. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando «[…] la providencia judicial sea definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
27 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico de tal
entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional»30.
L. La indemnización compensatoria
32. El proceso ejecutivo subyacente a esta acción de tutela fue iniciado por el señor
Lisímaco García Amaya el 19 de junio de 2012 tal como se expuso en los hechos de esta
providencia. Por lo tanto, ese proceso se rige por las normas previstas en el Código de
Procedimiento Civil puesto que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) y el Código General del Proceso (en
adelante CPC), aun no estaban vigente.
33.En lo que tiene que ver con los perjuicios compensatorios, los artículos 493, 495 y
504 del CPC disponen lo siguiente:
Artículo 493. Ejecución por obligación de dar o hacer. Si la obligación es de dar una
especie mueble, o bienes de género distinto de dinero, el demandante podrá pedir,
conjuntamente con la entrega, que la ejecución se extienda a los perjuicios moratorios
desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, para lo cual
estimará bajo juramento su valor mensual, si no figura en el título ejecutivo.
De la misma manera se procederá si demanda una obligación de hacer y pide perjuicios
por la demora en la ejecución del hecho.
Artículo 495. Ejecución por perjuicios. El acreedor podrá demandar desde un principio
el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes de género
distintos de dinero, o por la ejecución o no ejecución de un hecho, estimándolos y
especificándolos bajo juramento si no figuran en el título ejecutivo, en una cantidad como
principal y otra como tasa de interés mensual, para que siga la ejecución por suma líquida
de dinero.
Cuando el demandante pretenda que la ejecución prosiga por perjuicios compensatorios
en caso de que el deudor no cumpla la obligación en la forma ordenada en el mandamiento
ejecutivo, deberá solicitarlo subsidiariamente en la demanda, tal como lo dispone el inciso
anterior.
Si no lo pidiere así y la obligación original no se cumpliere dentro del término señalado, se
declarará terminado el proceso por auto que no admite apelación.
Artículo 504. Ejecución subsidiaria por perjuicios. Cuando la demanda se formule de
acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 495, el auto ejecutivo deberá
contener.
1. La orden de que se cumpla la obligación en la forma estipulada y que se paguen los
perjuicios moratorios demandados.
30 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
2. La orden subsidiaria de que, en caso de no cumplir oportunamente el demandado la
respectiva obligación, pague la cantidad señalada en el título ejecutivo o la estimada
por el demandante como perjuicios. (subrayado de la Sala).
34. Ahora bien, sobre la necesidad de que la indemnización compensatoria deba constar
de manera clara, expresa y exigible en la sentencia que se ejecuta, la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha desvirtuado ese argumento, pues la indemnización compensatoria
es una garantía de origen legal para materialización y el cumplimiento de una providencia
judicial. No se trata de una obligación que deba nacer de una sentencia declarativa, sino
que surge del incumplimiento de una obligación principal de hacer.
35.Así por ejemplo, en sentencia del 20 de febrero de 2017, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado señaló lo siguiente:
Por lo tanto, si el Código de Procedimiento Civil regula lo concerniente a los perjuicios
compensatorios (495 y 504) y si además esa regulación es compatible con las actuaciones
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo procedente era decidir con
fundamento a esas normas.
Por lo que el argumento, según el cual, la pretensión de librar mandamiento ejecutivo por
la indemnización por el eventual no reintegro en el cargo, debía estar contenida en el título
ejecutivo (sentencia del 13 de junio de 2008) de manera clara, expresa y exigible, como
lo señalaron las autoridades judiciales demandadas no está llamado a prosperar, en tanto
que tal indemnización, por la no ejecución de la obligación, en este caso impuesta
mediante orden judicial, es una garantía para la materialización y efectivo cumplimiento
de la providencia por disposición de la ley.
En conclusión, correspondía a las autoridades judiciales demandadas decidir el
mandamiento de pago pretendido por la demandante de acuerdo con las normas del
Código de Procedimiento Civil.”
36. En esa misma sentencia, el Consejo de Estado dejó sin efectos jurídicos las
providencias que dejaron de aplicar los artículos 496 y 504 del CPC, “a efecto de librar
mandamiento de pago de la indemnización sustituta por el eventual no reintegro”, al
haberse incurrido en un defecto sustantivo.
M. El caso concreto
37.En los términos en que fue planteada la controversia, la Sala confirmará la decisión
de primera instancia que: (i) declaró la improcedencia de la tutela en relación con la
excepción de pago parcial por no colmar las exigencias de relevancia constitucional y
subsidiariedad; (ii) dejó sin efectos la sentencia del 13 de marzo de 2025 en lo relacionado
con la indemnización por imposibilidad de reintegro, por las razones que pasan a
exponerse.
38. En relación con la excepción de pago parcial, la Sala comparte la decisión del a quo
en el sentido de que carece de relevancia constitucional pues se trata de un asunto sobre
el que el Tribunal Administrativo de Santander resolvió en la sentencia del 13 de marzo
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
de 2025, y que en todo caso implicaría que la Sala actuara como una tercera instancia
para resolver un tema que ya fue decidido por el juez del proceso ejecutivo.
39. Además, como bien lo anota la Sección Cuarta del Consejo del Consejo de Estado
en la sentencia de primera instancia, en este caso tampoco se colma el requisito de
subsidiariedad dado que justamente al momento de realizar la liquidación del crédito en
el proceso ejecutivo es cuando se determinará si aconteció o no el pago parcial de la
obligación.
40. No se puede dejar de lado que en su impugnación el señor Lisímaco García Amaya
tampoco alega elementos nuevos que le permitan a la Sala establecer la relevancia
constitucional de su pretensión o que en este punto en particular se le estén violando sus
garantías constitucionales.
41. En relación con el argumento de que el Tribunal Administrativo de Santander no tuvo
en cuenta que la Resolución 000670 del 24 de septiembre de 2009, reproducida por la
Resolución 001149 del 2013, fue dejada sin efectos, también acierta el juez de instancia
al señalar que al asunto no tiene relevancia, pues la razón principal por la que la autoridad
accionada desestimó la orden de reintegrar al accionante fue porque no se probó que
hubiere un cargo de la misma naturaleza.
42. Pero, además, al igual de lo que sucede con la excepción de pago parcial, la Sala
estima que en este asunto tampoco se cumple con el requisito de relevancia
constitucional pues lo que aquí se pretende es reabrir un debate que le corresponde
definir a otra jurisdicción.
43. En su impugnación el señor Lisímaco García Amaya alega que a él no era a quien le
correspondía probar si existía un cargo de la misma naturaleza y que en todo caso eso
sí estaba probado en el proceso. Más allá de que eso fue un tema que ya fue revisado,
valorado y decidido por el juez competente, un pronunciamiento de esta Sala sobre el
tema le implicaría examinar nuevamente el asunto, finalidad para la que no está prevista
esta acción constitucional.
44. Finalmente, en relación con la decisión de dejar sin efectos la sentencia del 13 de
marzo de 2025 en lo relacionado con la indemnización por la imposibilidad del reintegro,
y como consecuencia de ello ordenarle al Tribunal Administrativo de Santander de dictar
una nueva sentencia, la Sala también comparte lo decidido por el a quo.
45. Del examen integral del expediente la Sala constató que en el proceso ejecutivo no
se aplicaron de forma adecuada las disposiciones previstas en el CPC para la
indemnización compensatoria lo cual, como lo ha establecido el Consejo de Estado en la
sentencia a la que aquí se ha hecho referencia, constituye un defecto sustantivo.
46. A diferencia de lo manifestado por el Tribunal Administrativo de Santander y la
Contraloría General de Santander en sus impugnaciones, para reconocer la
indemnización compensatoria no era necesario que en la sentencia de nulidad y
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Se confirma la decisión de primera instancia
restablecimiento del derecho hubiera quedado una obligación “clara, expresa y exigible”
en donde se condenara al pago de la indemnización compensatoria.
47.La indemnización compensatoria es una garantía de origen legal, que deviene de una
norma procesal que es de orden público y con la que se pretende la materialización y el
cumplimiento de una orden judicial.
48. Finalmente, en relación con el argumento del señor Lisímaco García Amaya de que
él no pretende la aplicación del artículo 189 del CPACA y que en la sentencia se
“simplificó como pretensión indemnizatoria, desconociendo que no se pretende la
indemnización” sino la indemnización compensatoria por el incumplimiento de la
obligación de hacer, la Sala considera que el cargo no tiene relevancia, pues en la
sentencia justamente se señala que el Tribunal Administrativo desatendió el artículo del
CPC correspondiente a la indemnización compensatoria.
49.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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