Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05342-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05342-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05342-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
23 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Demandante: Lisímaco García Amaya
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 23 de octubre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Demandante: LISÍMACO GARCÍA AMAYA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: Contra providencia que desestimó el pago de indemnización por
imposibilidad de reintegro de un servidor de carrera administrativa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Lisímaco García Amaya contra el
Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 28 de agosto de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
el demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social y a la
reparación integral.
A juicio del tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia del 13 de marzo de 2025, que decidió en segunda instancia el proceso ejecutivo
68001-33-31-010-2012-00206-00/01.
2. Pretensiones
El accionante formuló las siguientes pretensiones:
Se tutelen los derechos fundamentales del señor LISÍMACO GARCÍA AMAYA y, en consecuencia, se
deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
el 13 de marzo de 2025, dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el número
68001333101020120020601, contra el Departamento de Santander y la Contraloría General de
Santander. En su lugar, se ordene que la nueva decisión que ha de proferir dicho Tribunal tenga en
cuenta la motivación que establezca el Consejo de Estado como juez constitucional y se abstenga de
volver a incurrir en situaciones como la que se acusa en el presente caso, cuando se trata de procesos
ejecutivos por obligación de hacer consistente en cumplir un reintegro laboral actualmente posible.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Lisímaco García Amaya promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Departamento de Santander y la Contraloría de ese departamento (a la
que se le asignó el número de radicación «2000-01205-00»), con el fin de obtener (i) la
1 Índice 1 de Samai.
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Demandante: Lisímaco García Amaya
anulación del Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999, mediante el cual el gobernador de
Santander suprimió el cargo que ocupaba en propiedad en la Contraloría de ese
departamento (revisor 550), y el Oficio 8099 de la misma fecha, con el que se le comunicó
su retiro del servicio, (ii) la orden de reintegro al empleo que ocupaba o a uno de igual o
superior jerarquía y (iii) el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de recibir.
El trámite contencioso-administrativo fue conocido por el Juzgado 13 Administrativo de
Bucaramanga, que con sentencia del 27 de junio de 2008 accedió a las precitadas
pretensiones, al considerar que el gobernador de Santander carecía de competencia para
modificar la planta de personal de la Contraloría de ese departamento. Allí se estableció
que a las sumas a pagar debía descontársele lo que recibiría el actor por concepto de
indemnización y que el restablecimiento del derecho consistía en cancelarle los
emolumentos que dejó de recibir «sin solución de continuidad hasta la fecha en que se produzca
su reintegro y sin que se altere su calidad de empleado de carrera administrativa».
La anterior decisión fue apelada por la parte allí demandada y confirmada el 17 de julio de
2009 por el Tribunal Administrativo de Santander, con fundamento en los mismos
argumentos expuestos por el a quo.
3.2 Proceso ejecutivo
El 19 de junio de 2012 el tutelante promovió acción ejecutiva contra el departamento de
Santander y la Contraloría de ese ente territorial (trámite que se identificó con la radicación
68001-33-31-010-2012-00206-00/01), en aras de obtener el pago de la condena impuesta
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho «2000-01205-00», trámite asignado
al Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga, que el 18 de septiembre de 2012 libró
mandamiento de pago por $154.179.447 y le ordenó a la parte ejecutada reintegrar al
demandante conforme se dispuso.
La parte accionante pidió la adición del mandamiento de pago y en subsidio interpuso
recurso de apelación contra esa decisión, al estimar que debió incluirse el 8.5% del «aporte
patronal», a lo que accedió el juzgado de conocimiento el 4 de octubre de 2012.
Durante el trámite del proceso ejecutivo el demandante allegó la Resolución 8820 del 22
de junio de 2012, con la que el departamento ejecutado le reconoció y pagó $277.979.599,
«por concepto de sueldos, prestaciones sociales, por el periodo comprendido del 4 de enero de
2000 al 15 de junio de 2012, e intereses».
Al pronunciarse sobre las excepciones del demandando, el actor señaló que debía
pagársele la indemnización por la imposibilidad de reintegrarlo al cargo que ocupaba en la
Contraloría General de Santander, tal como se había ordenado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho «2000-01205-00».
El 22 de febrero de 2013 el juzgado de conocimiento decretó pruebas y ordenó correr
traslado para alegar de conclusión, determinación contra la cual el ejecutante interpuso
recurso de reposición porque debía tasarse la indemnización que le adeudaba la ejecutada
por no reintegrarlo, de ahí que fuera procedente declarar la nulidad de lo actuado desde el
18 de septiembre de 2012 en aras de que dictara un nuevo mandamiento de pago.
Con auto del 18 de marzo de 2013, el juzgado no repuso la providencia del 22 de febrero
anterior y denegó la solicitud de nulidad, por cuanto el argumento en el que fundó no
comportaba alguna de las causales previstas en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil (CPC).
Contra esa última decisión, la parte demandante interpuso recursos de reposición y, en
subsidio de apelación, al estimar que debía emitirse mandamiento de pago respecto de la
indemnización por no ser posible el reintegro.
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El primer recurso fue desatado el 10 de mayo de 2013, en el sentido de confirmar el
proveído del 18 de marzo anterior, y se concedió la alzada.
El 24 de octubre de 2014 el Tribunal Administrativo de Santander rechazó por
improcedente el recurso de apelación, ya que la providencia cuestionada no estaba
enunciada como apelable en el artículo 351 del CPC, determinación contra la cual el
ejecutante interpuso recurso de súplica, desestimado el 13 de septiembre de 2015.
Con sentencia del 9 de agosto de 2017, el Juzgado Décimo Administrativo de
Bucaramanga (i) declaró probada la excepción de pago parcial porque la ejecutada le
canceló al demandante los $277.979.599 previstos en la Resolución 8820 del 22 de junio
de 2012, monto que debía computarse a los intereses y a los salarios y prestaciones que
dejó de recibir por ser desvinculado indebidamente de la Contraloría General de Santander;
y (ii) ordenó seguir adelante con la ejecución de la obligación frente al saldo de aquellos
emolumentos y a la indemnización derivada de la imposibilidad de reintegrar al accionante.
Contra la anterior decisión el ejecutante interpuso recurso de apelación, en razón a que no
había lugar a declarar la excepción de pago parcial por cuanto los $277.979.599 solo fueron
un abono y la demandada debía reintegrarlo o pagarle una indemnización si ello no era
posible, lo cual no había acontecido. La parte ejecutada también apeló la determinación
del 9 de agosto de 2017, al estimar que:
(i) acaeció el pago total de la obligación de dar reclamada por el accionante, porque los
$277.979.599 reconocidos en la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012 comprenden
la totalidad de los salarios, prestaciones e intereses, y aunque contra esa decisión el
actor interpuso recurso de apelación, fue desatado con Resolución 001149 del 18 de
enero de 2013 y contra este acto administrativo no interpuso recurso alguno, de lo que
se infería que estaba de acuerdo con el monto reconocido; y
(ii) no hubo incumplimiento de la obligación de hacer, ya que con Resolución 670 de
2009 se le informó al demandante la imposibilidad de reintegrarlo, por tanto, no era
procedente el pago de la indemnización reclamada, máxime cuando en el título ejecutivo
no se estableció algún valor sobre el particular. Asimismo, señaló que de no ser de
recibo el anterior argumento, debía calcularse esa compensación sobre los montos
previstos en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 o sobre los topes fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014.
El 14 de agosto de 2017 el accionante pidió declarar la nulidad de lo actuado desde la
providencia del 9 de agosto de ese año, por cuanto debían decretarse unas pruebas de
oficio con el fin de que quedara acreditado que la Contraloría General de Santander
reintegró a varios servidores que estaban en su misma situación, con lo que quedaba
desvirtuado la imposibilidad de reubicarlo, solicitud desestimada el 19 de octubre de 2017
por el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga, en atención a que no hubo alguna
irregularidad en el trámite del proceso ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-00/01.
Mediante fallo del 13 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander desató
los recursos de apelación formulados contra la providencia del 9 de agosto de 2017, con
la que el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga ordenó seguir adelante con la
ejecución de la obligación, en el sentido de revocarla parcialmente, toda vez que la
obligación de hacer se «materializó» con la Resolución 00670 del 24 de septiembre de 2009.
Explicó que contra la Resolución 00670 del 24 de septiembre de 2009 el actor promovió la
acción de tutela 68001-33-31-008-2009-00310-00/01, trámite en el que el 22 de octubre de
2009 el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga dejó sin efectos aquel acto
administrativo (porque era procedente el reintegro), decisión confirmada el 4 de diciembre
de 2009 por el Tribunal Administrativo de Santander, sin embargo, la imposibilidad de
reintegro fue reiterada a través de la Resolución 001149 del 18 de enero de 2013,
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determinación administrativa que era de obligatorio cumplimiento porque no había sido
anulada.
Que el artículo 1625 del Código Civil preveía que una de las formas de extinguir las
obligaciones era con el pago y como la parte ejecutada le reconoció al demandante
$277.979.599 en la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012, por concepto de salarios y
prestaciones que dejó de recibir con ocasión de su retiro de la Contraloría General de
Santander, hubo un pago parcial que debía tenerse «en cuenta al momento de efectuar la
liquidación del crédito cobrado», tal como lo había concluido el a quo.
Que el artículo 500 del CPC no regulaba las obligaciones de hacer que implicaran
expedición de actos administrativos, motivo por el cual debía aplicarse el numeral 3 del
artículo 499 ibidem, y como la parte ejecutada advirtió la imposibilidad de reintegrar al
accionante mediante la Resolución 000670 del 24 de septiembre de 2009 (que si bien fue
dejada sin efectos en la tutela 68001-33-31-008-2009-00310-00/01, esa decisión se adoptó
nuevamente a través de la Resolución 001149 del 18 de enero de 2013), no era dable
ordenar el reintegro, toda vez que «cuando se trata de actos administrativos, la ejecución forzosa
no es viable en el marco del proceso ejecutivo, ya que el cumplimiento de estas obligaciones
depende de la competencia de la Administración Pública».
Que dentro del expediente no obraba prueba de algún cargo disponible en la Contraloría
General de Santander con las mismas funciones de que ocupaba el actor, por tanto, su
omisión de colmar esa carga probatoria impedía ordenar su reintegro. Además, en el título
ejecutivo exigido no se estableció que, en el evento en que dicho reintegro no fuera posible,
al demandante debiera concedérsele indemnización, por ende, sobre el particular no
obraba una obligación clara, expresa y exigible.
4. Fundamentos de la tutela
El tutelante expuso las razones por las que consideraba que la acción de tutela cumplía
los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.
Adujo que la providencia cuestionada incurría en defecto fáctico, ya que (i) no advirtió
que la Resolución 000670 del 24 de septiembre de 2009 fue dejada sin efectos en la tutela
68001-33-31-008-2009-00310-00/01, por ende, en virtud del principio de cosa juzgada no
podía reproducirse en la Resolución 001149 del 2013, máxime cuando esta fue emitida
luego de la presentación de la demanda ejecutiva2; y (ii) no tuvo en cuenta que en la
condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho «2000-01205-
00» se ordenó su reintegro o el pago de una indemnización en caso de que aquel no fuera
posible, como se consignó en el mandamiento de pago de 18 de septiembre de 2012,
emitido por el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga y lo ha dicho el Consejo
de Estado en casos similares3.
Que no se había cumplido la orden de reintegrar al actor, esto es, la obligación de hacer,
pues, aunque la parte demandada afirmó que era de imposible cumplimiento porque no
había un cargo con la denominación revisor 550, ni con funciones equivalentes, ya había
efectuado otros reintegros y había varios empleos disponibles de «profesional
especializado, grado 01». Además, de declarar mediante acto administrativo que no
procedía la vinculación, le surgió el derecho de acceder a la respectiva indemnización,
como lo declaró el Tribunal Administrativo de Santander en otros procesos4.
2 Sobre este argumento el actor invocó también la causal específica denominada error inducido.
3 (i) Sección Segunda, providencia del 25 de junio de 2014, expediente 68001-23-33-000-2013-01043-01; (ii) Sección
Quinta, providencia del 7 de septiembre de 2015, expediente 11001-03-15-000-2015-00463-01; (iii) Sección Cuarta,
providencia del 20 de febrero de 2015, expediente 11001-03-15-000-2016-03152-00.
4 Providencias (i) 1o de junio de 2022, expediente 68001-33-33-013-2014-00287-03; y (ii) 21 de febrero de 2020,
expediente 68001-33-33-013-2015-00056-00.
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Sostuvo que la sentencia atacada comportaba defecto sustantivo, ya que aplicó los
artículos 499 y 500 del CPC, pese a que regulaban las obligaciones de dar alguna cosa,
y no atendió los artículos 211, 495 (numeral 2) y 504 (inciso 2º) ibidem, concernientes a
aspectos laborales.
5. Trámite procesal
Con auto del 4 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de
tutela de la referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y
vincular como terceros con interés al juez décimo administrativo de Bucaramanga, al
gobernador de Santander y al contralor general de ese departamento.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el
12 y el 15 de septiembre de 2025.
6. Intervenciones
La Contraloría General de Santander, por conducto del jefe de su oficina asesora
jurídica, pidió su desvinculación del trámite constitucional en razón a que no fue la
autoridad a la que el actor le atribuyó la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales. Asimismo, le asistía razón al demandado al indicar que no era dable
seguir el proceso ejecutivo respecto a la indemnización por la imposibilidad de reintegrar
al accionante, pues en la Resolución 001149 de 18 de enero de 2013 se le indicó que
ello no era posible por falta de plazas.
Que en el título ejecutivo exigido en el expediente 68001-33-31-010-2012-00206-00/01 no
se consignó que el tutelante tuviere derecho a acceder a una indemnización en caso de
que no fuere posible su reintegro, en consecuencia, no era dable asumir que la obligación
de hacer mutó a una de dar, como se concluyó acertadamente en la providencia
cuestionada, de ahí que no se constatara que esta desconocía preceptos superiores.
La Gobernación de Santander y el Tribunal Administrativo de ese departamento
guardaron silencio a pesar de que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela
de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el sub examine, la Sala evidencia que en la contestación de la acción de tutela de la
referencia la Contraloría General de Santander pidió su desvinculación de este trámite
constitucional, porque no fue la autoridad a la que el accionante la atribuyó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales, solicitud que debe desestimarse, puestoque
es demandada en el proceso ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-00/01, dentro del
cual se emitió la providencia aquí cuestionada, de manera que le asiste interés en este
trámite constitucional.
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2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
demandante con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 13 de marzo de 2025, con la
que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó en segunda instancia seguir adelante
con la ejecución de una de las obligaciones exigidas en el proceso ejecutivo 68001-33-
31-010-2012-00206-00/01 y se abstuvo de hacerlo frente al pago de la indemnización por
imposibilidad de reintegrar al accionante.
La Sala anticipa que (i) declarará improcedente la tutela frente a la inconformidad derivada
de la declaración de pago parcial de la obligación prevista en la sentencia cuestionada, por
no colmar la exigencia de relevancia constitucional, y (ii) accederá al amparo pretendido en
relación con la indemnización por la imposibilidad de reintegro, toda vez que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico al no advertir que en las diligencias contencioso-
administrativa se ordenó el pago de dicha compensación, tal como también lo señala la
jurisprudencia constitucional.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, (iii) la verificación del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
determinaciones judiciales y, finalmente, (iv) analizará el caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-007, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
7 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
En la solicitud de amparo el demandante cuestionó dos aspectos de la sentencia
reprochada, a saber, (i) que se haya declarado la excepción de pago parcial por el
reconocimiento de $277.979.599 que se le hizo a través de la Resolución 8820 del 22 de
junio de 2012, y (ii) la negativa de seguir adelante con la ejecución por la indemnización
derivada de la imposibilidad de reintegrarlo a la Contraloría General de Santander.
5.1 Frente a la excepción de pago parcial
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que el relacionado con la excepción de pago parcial formulado por el demandante
coincide con el propuesto en el proceso ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-00/01.
Básicamente, tanto en ese asunto como en la acción de tutela de la referencia el
demandante argumentó que no había lugar a declarar la excepción de pago parcial
porque el reconocimiento de los $277.979.599 se produjo luego de que se promoviera la
demanda ejecutiva y debían considerarse como un abono.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo
del 9 de agosto de 2017, con la que el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga,
entre otras cosas, declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación de dar, se
lee lo siguiente:
Se revoque el reconocimiento de excepción de pago parcial para en su lugar reconocer el abono,
reportado por el ejecutante a folio 57 pero, sin carácter de excepción e imputable primero a intereses
en la oportunidad de la liquidación del crédito […].
Si bien es viable reconocer excepciones oficiosamente (tratándose de ejecución de providencias ellas
se limitan a las previstas expresamente en la ley), dado que el abono fue posterior a la demanda (y
reportado por el propio ejecutante, fl.57) no constituye excepción de pago, sino apenas “abono” que
debe tenerse en cuenta, pero no como excepción (la realización de abono no es excepción, sino
aceptación de la existencia de la deuda honrándola solo parcialmente).
Por su parte, en la acción de tutela el actor señaló que la autoridad accionada no advirtió
que no era factible declarar la excepción de pago parcial por el reconocimiento de los
$277.979.599 previstos en la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012, porque ese acto
administrativo se emitió luego de que presentada la demanda ejecutiva 68001-33-31-010-
2012-00206-00/01, por tanto, esa suma debía considerarse como un abono. Así lo indicó
el tutelante en la solicitud de amparo:
El TAS pasó por alto que un “pago parcial” no es realmente un pago sino apenas un abono; que el pago
extingue la obligación exclusivamente si se realiza conforme a los requisitos establecidos en el C.C.
artículos 1626 s.s.; 1648, inciso segundo; 1653, etc. Cosa que acá no ocurrió. Que, un abono posterior
a la demanda ejecutiva no es exceptivo, sino confirmatorio de la existencia de la obligación y que, al
respecto, en la sentencia ha de ordenarse su imputación en la etapa de liquidación del crédito, pero no
reconocerlo como excepción. Abonos hechos después de la demanda no desvirtúan la ejecución ni
siquiera parcialmente, deben ser reconocidos en la sentencia, pero imputados conforme a la ley en la
etapa de liquidación del crédito y no antes. No obstante, esta situación es la menos importante entre las
vulneratorias en el presente caso.
No obstante, la discusión sobre si era procedente la declaratoria de la excepción de pago
parcial por el reconocimiento de los $277.979.599 establecidos en la Resolución 8820 del
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00
Demandante: Lisímaco García Amaya
22 de junio de 2012, fue desatada por el Tribunal Administrativo de Santander con la
sentencia cuestionada, en los siguientes términos:
A efectos de desarrollar el tema que convoca la atención de la Sala, atendiendo la excepción de pago
parcial de la obligación declarada en la sentencia de primera instancia, bajo el argumento de haber
cancelado la parte ejecutada una suma por concepto de salarios y prestaciones dejadas de percibir por
el señor LISIMACO GARCÍA AMAYA, se procederá indicando en primero término que el “Pago Parcial
de la Obligación”, está fundamentado en el art. 1.625 del Código Civil, el cual señala que una de las
formas de extinguir las obligaciones es por el pago efectivo de las mismas […].
Se observa de esta manera que el título ejecutivo condenó al DEPARTAMENTO DE SANTANDER y la
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER a que, además del reintegro del señor
LISÍMACO GARCÍA AMAYA al cargo que se encontraba desempeñando al momento del retiro o a otro
de igual o superior categoría, se le debía pagar todo lo dejado de percibir desde cuando fue retirado de
la entidad y hasta que el reintegro fuera efectivo.
Pues bien, frente al cumplimiento de la obligación de pago de los dineros dejados de percibir por el
ejecutante con ocasión de su retiro del servicio, obra en el proceso la Resolución No. 008820 del 22 de
junio de 2012 […].
Quedó en evidencia, además, que la suma reconocida fue efectivamente girada a favor del Abogado
IGNACIO ANDRES BOHORQUEZ BORDA -como apoderado del señor LISIMACO GARCÍA AMAYA-
según comprobante de egreso No. 000005143 del 29 de junio de 2012, habiéndose emitido cheque de
gerencia No. -6786313.
Con ese norte, de conformidad con los lineamientos antes expuestos, es claro que la excepción
declarada por la primera instancia encuentra vocación de prosperidad, pues está acreditada la
existencia de la consignación de dineros que provienen del cumplimiento de la obligación impuesta en
la sentencia de fecha 27 de junio de 2008 proferida por el Juzgado Trece Administrativo de esta ciudad,
monto que deberá ser tenido en cuenta al momento de efectuar la liquidación del crédito cobrado.
Como se ve, el Tribunal Administrativo de Santander ya determinó en la sentencia
cuestionada que el pago de los $277.979.599 señalados en la Resolución 8820 del 22 de
junio de 2012 imponía declarar la excepción de pago parcial de la obligación de dar
reclamada en el proceso ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-00/01, de manera que
desestimó el argumento que sobre el particular el accionante formuló en el recurso de
apelación que decidió y en la acción de tutela de la referencia.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
mencionado proceso ejecutivo, finalidad para la que no está prevista este mecanismo
constitucional.
Cabe resaltar que tampoco se colma el requisito de procedibilidad de subsidiariedad
sobre el particular, dado que al momento de realizar la liquidación del crédito en el
proceso ejecutivo se establecerá si aconteció o no el pago parcial de la obligación.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no colmar las
exigencias de procedibilidad de relevancia constitucional y subsidiariedad en relación con
la excepción de pago parcial, ya que insiste en los argumentos que fueron desestimados
a través de la providencia cuestionada sobre la materia y ello habrá de decidirse al
momento de liquidar el crédito en el proceso ejecutivo.
5.2 Frente a los cargos relacionados con la indemnización por la imposibilidad de
reintegrar al actor.
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en
relación con el cargo concerniente a la indemnización por imposibilidad de reubicación.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
demostrarse los defectos invocados por el accionante se afectarían las garantías
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superiores señaladas en el escrito de tutela, junto con la reparación integral, pues la
imposibilidad de acceder a la indemnización por no ser reintegrado comporta una
presunta trasgresión de esa garantía superior, junto con la prerrogativa de los servidores
de carrera administrativa de acceder a una compensación monetaria cuando no es
posible su reubicación.
Asimismo, se constata que la discusión planteada por el tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, comoquiera que concierne a las garantías superiores al
debido proceso, a la reparación integral y los demás derechos de los trabajadores que
han sido retirados en desconocimiento del ordenamiento jurídico. Además, no se
evidencia que la tutela se utilice como un instrumento para reiterar argumentos en lo
concerniente a la indemnización por imposibilidad de reintegro, ya que el tutelante no
contó con la posibilidad de pronunciarse sobre la denegación de esa compensación
porque ello fue decidido en la sentencia que desató en segunda instancia el proceso
ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-00/01.
La demanda también cumple el requisito de inmediatez, pues de acuerdo con la
verificación del expediente 68001-33-31-010-2012-00206-00/01 el correo electrónico con
el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 14 de marzo de 2025, por
lo que se entiende notificada el 18 del mismo mes y año, de conformidad con el numeral
2 del artículo 2058 del CPACA, y la tutela fue presentada el 28 de agosto de 2025 (5
meses y 10 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el plazo adecuado para formular la acción de
tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia,
de modo que el proceso se encuentra terminado respecto de la pretensión de reintegro o
pago de la indemnización por la imposibilidad de cumplimiento de la orden.
Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos
fáctico y sustantivo en lo relacionado con la imposibilidad de acceder a la indemnización
por imposibilidad de reintegrarlo a la Contraloría General de Santander.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, el tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso ejecutivo.
En virtud de lo anterior, como en lo relacionado con la excepción de pago parcial no
secolma la exigencia de relevancia constitucional, la Sala solo analizará de fondo lo
concerniente a la negativa de seguir adelante con la ejecución por la indemnización
derivada de la imposibilidad de reintegrarlo a la Contraloría General de Santander
6. Análisis de fondo
En la solicitud de amparo el actor indicó que la providencia cuestionada incurre en defecto
fáctico, porque (i) no advirtió que la Resolución 000670 del 24 de septiembre de 2009 fue
dejada sin efectos en la tutela 68001-33-31-008-2009-00310-00/01, por ende, no era
dable reproducirla en la Resolución 001149 del 2013; y (ii) no tuvo en cuenta que la
condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho «2000-01205-
8«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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00» comprendía el pago de una indemnización en caso de que su reintegro no fuera
posible.
También adujo el tutelante que la sentencia cuestionada adolecía de defecto sustantivo,
ya que aplicó los artículos 499 y 500 del CPC, que regulaban las obligaciones de dar
alguna cosa, cuando lo adecuado era atender los artículos 211, 495 (numeral 2) y 504
(inciso 2º) ibidem, relacionados con aspectos laborales.
Con la finalidad de establecer si se configuran los defectos alegados, resulta oportuno
advertir que el tutelante ocupaba en propiedad el cargo de revisor, grado 550, en la
Contraloría General de Santander, el cual fue suprimido por el gobernador de ese
departamento mediante Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999, por lo que a aquel se
le comunicó su desvinculación con oficio 8099 de la misma fecha, actos administrativos
contra los cuales el accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho «2000-01205-00», en la que pidió anularlos y ordenar su reintegro y el pago de
los emolumentos que dejó de recibir.
Del asunto contencioso-administrativo conoció el Juzgado 13 Administrativo de
Bucaramanga, que con sentencia del 27 de junio de 2008 accedió a las mencionadas
pretensiones, al considerar que el gobernador de Santander carecía de competencia para
modificar la planta de personal de la Contraloría General de ese departamento. Respecto
al restablecimiento del derecho, se consignó que el actor debía ser reintegrado y se le
debía pagar los emolumentos dejados de recibir «sin solución de continuidad hasta la fecha
en que se produzca su reintegro y sin que se altere su calidad de empleado de carrera
administrativa».
La anterior decisión fue apelada por la parte demandada y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Santander por medio de sentencia del 17 de julio de 2009.
El demandante pidió su reintegro a la parte demandada, lo que fue desestimado con
Resolución 00670 del 24 de septiembre de 2009 con el argumento de que ello no era
posible.
Contra ese acto administrativo el señor Lisímaco García Amaya incoó la acción de tutela
68001-33-31-008-2009-00310-00/01, decidida el 22 de octubre de 2009 por el Juzgado
Octavo Administrativo de Bucaramanga, en el sentido dejar sin efectos aquella Resolución
y ordenar que se adelantaran las actuaciones pertinentes para lograr el reintegro del
accionante, sentencia que impugnó la parte demandada y confirmó el 4 de diciembre de
2009 el Tribunal Administrativo de Santander.
El 19 de junio de 2012 el tutelante promovió la demanda ejecutiva 68001-33-31-010-2012-
00206-00/01, en aras de obtener el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho «2000-01205-00», de la que conoció el Juzgado Décimo
Administrativo de Bucaramanga, que el 18 de septiembre de 2012 libró mandamiento de
pago por $154.179.447, y estableció, en lo que interesa, lo siguiente:
TERCERO: OBLIGACION DE HACER: ORDENASE a la parte ejecutada, que dentro de los cinco (05)
días siguientes a la notificación del auto que libra mandamiento ejecutivo, proceda a proferir acto
administrativo en donde se reintegre al ejecutante LISIMACO GARCIA AMAYA sin solución de
continuidad al cargo que ocupaba en la Contraloría de Santander a uno de igual o superior jerarquía,
manteniendo sus derechos de carrera administrativa en los términos de la sentencia proferida por el
Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga, la cual fue confirmada totalmente por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER mediante providencia de fecha 27 de junio de 2009.
En caso de no cumplirse oportunamente la obligación de reintegro, se ordenará el pago indemnizatorio
para la parte ejecutante y a cargo de la parte ejecutada por incumplimiento de obligación de hacer, la cual
se liquidará en el momento procesal oportuno.
Durante el trámite del proceso ejecutivo el demandante allegó la Resolución 8820 del 22
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de junio de 2012, con la que el departamento ejecutado le reconoció y pagó $277.979.599,
«por concepto de sueldos, prestaciones sociales, por el periodo comprendido del 4 de enero de
2000 al 15 de junio de 2012, e intereses».
El 9 de agosto de 2017, el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga (i) declaró
probada la excepción de pago parcial de la obligación de dar exigida, por cuanto mediante
la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012 se le reconoció y pagó $277.979.599, y (ii)
ordenó seguir adelante con la ejecución de la obligación en relación con el saldo que
quedara de las prestaciones adeudadas y sobre la indemnización por la imposibilidad de
reintegrar el accionante, «pues de allí se genera una nueva obligación de pago del dinero que
representa la compensación indemnizatoria», conforme al artículo 44 de la Ley 909 de 2004.
La anterior decisión fue apelada por las partes:
(i) la demandada porque aconteció un pago total de la obligación con la suma de dinero
concedida a través de la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012 y no era dable
reconocer la indemnización por la imposibilidad de reintegrar al accionante, ya que ello
comportaba grave afectación del erario y ese aspecto ya se había desestimado con la
Resolución 670 de 2009; y
(ii) la demandante, con el argumento de que no era dable declarar el pago parcial de
las obligaciones exigidas, ya que aquel acto administrativo comportaba un abono y se
emitió luego de la presentación de la demanda ejecutiva, debía ordenarse el reintegro
porque para ello existían empleos vacantes en la Contraloría Departamental de
Santander y la indemnización compensatoria debía calcularse conforme al juramento
estimatorio fijado en la demanda y no en atención a las disposiciones de la Ley 909 de
2004.
Las precitadas alzadas fueron desatadas por el Tribunal Administrativo de Santander, a
través de sentencia del 13 de marzo de 2025, en el sentido de revocar parcialmente la de
primera instancia en lo concerniente a orden de seguir adelante con la ejecución del pago
de la indemnización por la imposibilidad de reintegro del actor. La confirmó en cuanto a la
declaratoria de la excepción de pago parcial.
Adujo que el reintegro del accionante ya había sido desestimado en la Resolución 00670
del 24 de septiembre de 2009 y, aunque se dejó sin efectos en la tutela 68001-33-31-008-
2009-00310-00/01, esa imposibilidad fue reiterada en la Resolución 001149 del 18 de
enero de 2013. Además, no era dable ordenar el reintegro, toda vez que «cuando se trata
de actos administrativos, la ejecución forzosa no es viable en el marco del proceso ejecutivo, ya
que el cumplimiento de estas obligaciones depende de la competencia de la Administración
Pública», máxime cuando no se acreditó que hubiera alguna vacante disponible en la
Contraloría Departamental de Santander en la que el tutelante pudiere ser nombrado.
Que sí aconteció el pago parcial de la obligación de dar reclamada en el proceso ejecutivo,
dado que la demandada le reconoció $277.979.599 al demandante por conducto de la
Resolución 8820 del 22 de junio de 2012, suma que comprendía primero los intereses y
después los demás emolumentos adeudados y que debía tenerse «en cuenta al momento
de efectuar la liquidación del crédito cobrado».
Sobre el primer argumento en el que el actor funda el defecto fáctico (inobservancia de
que la Resolución 000670 del 24 de septiembre de 2009 fue dejada sin efectos en la tutela
68001-33-31-008-2009-00310-00/01, por ende, no era dable reproducirla en la Resolución
001149 del 2013), la Sala estima que no tiene incidencia en la presente controversia
constitucional, pues la razón principal por la que la autoridad accionada desestimó la orden
de reintegrar al accionante fue porque no se probó que hubiere un cargo de la misma
naturaleza al que ocupaba en la planta de personal de la Contraloría General de Santander,
aseveración que resulta razonable por cuanto no se acreditó en el expediente 68001-33-
31-010-2012-00206-00/01 que se encontrara disponible algún empleo con funciones afines
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a las que desempeñaba el actor, pues solo se aludió a unas plazas de «profesional
especializado, grado 01» y a la designación de otras personas, sin que se hubiere
demostrado una equivalencia de tareas y de requisitos.
Ahora bien, lo que sí resulta reprochable es que en la providencia cuestionada se haya
desestimado también la indemnización por la imposibilidad de reintegro del accionante,
toda vez que ello desconoce la prerrogativa que les asiste a los servidores de carrera
administrativa de recibir una compensación económica cuando no es posible vincularlos
nuevamente, la cual además de estar prevista en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 se
fundamenta en la jurisprudencia de la Corte Constitucional9, que sobre el particular ha
señalado:
[…] se ha aceptado el pago de una indemnización como retribución para los casos en los que es
imposible cumplir con una orden judicial de reintegro […].
[…] la jurisprudencia de esta Corte ha avalado en diferentes oportunidades la declaratoria, vía acto
administrativo, de la imposibilidad de un reintegro ordenado judicialmente, y el consecuente pago de
una indemnización compensatoria, sin que se encuentren argumentos que evidencien que no se deba
seguir esa regla por ser contraria a la Constitución.
[…] al comprobarse la existencia de la imposibilidad de un reintegro, se genera el derecho a una
indemnización compensatoria, por expresa disposición del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011.
Además, ello tiene lugar en atención a que, precisamente, la finalidad de la indemnización
compensatoria es resarcir o satisfacer el derecho que no pudo ser suplido con la orden de reintegro.
Por ello, el Legislador previó, como forma alternativa de cumplimiento del fallo, que se realizara el pago
de una indemnización compensatoria.
Aunado a lo anterior, es de anotar que la indemnización por la imposibilidad de reintegrar
al tutelante fue señalada en la sentencia del 27 de junio de 200810, con la que el Juzgado
13 Administrativo de Bucaramanga decidió en primera instancia la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho «2000-01205-00», pues allí se dijo que se debía pagar los
emolumentos dejados de recibir «sin solución de continuidad hasta la fecha en que se produzca
su reintegro y sin que se altere su calidad de empleado de carrera administrativa», condición que
involucra la prerrogativa de recibir indemnización cuando no es posible el reintegro.
En ese orden de ideas, al decidir los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia del 9 de agosto de 2017, emitida por el Juzgado Décimo Administrativo de
Bucaramanga, la autoridad accionada concluyó que no se había establecido la posibilidad
de acceder a una indemnización en el evento en que no fuese posible el reintegro,
aserción que resulta desacertada dado que, se reitera, así se dispuso en las sentencias
que decidieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho « 2000-01205-00».
Además, la certeza de la obligación de reconocer la indemnización por la imposibilidad
del reintegro del actor adquiere mayor solidez si se tiene en cuenta que la jurisprudencia
constitucional ha señalado que en casos en los que no es posible reintegrar a un servidor
de carrera administrativa al cargo que ocupaba o a uno equivalente, se imponía la
necesidad de reconocer la respectiva indemnización, como también lo señala el artículo
4411 de la Ley 909 de 2004, posibilidad que también está prevista en el artículo 49512 del
9 Sentencia T-023 de 2022, M. P. Diana Fajardo Rivera.
10 Confirmada el 17 de julio de 2009 por el Tribunal Administrativo de Santander.
11 «Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración,
supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por
modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho
preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible
podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización […]».
12 «El acreedor podrá demandar desde un principio el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o
de bienes de género distintos de dinero, o por la ejecución o no ejecución de un hecho, estimándolos y especificándolos
bajo juramento si no figuran en el título ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de interés mensual,
para que se siga la ejecución por suma liquida de dinero.
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Código de Procedimiento Civil, que prevé: «El acreedor podrá demandar desde un principio
el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes de género distintos de
dinero, o por la ejecución o no ejecución de un hecho, estimándolos y especificándolos bajo
juramento si no figuran en el título ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de
interés mensual, para que se siga la ejecución por suma liquida de dinero».
Es de anotar que si bien al actor se le concedieron $4´080.732 por concepto de
indemnización (los cuales le fueron descontados en la Resolución 8820 del 22 de junio
de 2012, como se estipuló en su anexo), ello fue por su retiro en 1999 y no por la
imposibilidad de reintegrarlo en cumplimiento de las órdenes emitidas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho «2000-01205-00».
Así las cosas, la autoridad accionada le imposibilitó al accionante acceder a la
indemnización por la imposibilidad de reintegro, pese a que el ordenamiento jurídico le
permitía acceder a ella, lo que denota desconocimiento de sus derechos laborales, los
cuales, dicho sea de paso, ha buscado proteger por más de 25 años, pues fue en 1999
cuando fue retirado del servicio mediante un acto administrativo contrario al ordenamiento
jurídico y aún no ha sido posible la salvaguarda integral de sus prerrogativas de carrera
administrativa.
En virtud de lo anterior, la Sala estima que la providencia cuestionada en el trámite
constitucional de la referencia incurre en defectos fáctico y sustantivo, porque (i) no
advirtió que las pruebas obrantes en el expediente 68001-33-31-010-2012-00206-00/01,
en especial las sentencias que decidieron la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho «2000-01205-00», daban cuenta de que se dispuso el reconocimiento de la
indemnización por la imposibilidad de reintegrar al accionante; y (ii) desatendió los artículos
44 de la Ley 909 de 2004 y 495 del Código de Procedimiento Civil que habilitan aquello.
Ahora bien, aunque el demandante también invocó un defecto sustantivo contra la
providencia cuestionada por una presunta indebida aplicación de los artículos 499 y 55 del
CPC, la Sala considera inocuo pronunciarse sobre el particular, toda vez que cuando la
autoridad accionada emita la respectiva providencia de reemplazo, debe tener en cuenta
el argumento en el que el demandante fundó esa causal específica.
En virtud de lo expuesto, la Sala (i) declarará improcedente la acción de tutela en cuanto a
lo relacionado con la excepción de pago parcial, dado que no colma las exigencias de
relevancia constitucional y subsidiariedad, (ii) amparará los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la reparación integral del
tutelante, (iii) dejará sin efectos la sentencia 13 de marzo de 2025, con la que el Tribunal
Administrativo de Santander decidió el proceso ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-
00/01 en segunda instancia, en lo concerniente a terminación de ese trámite frente a la
indemnización por imposibilidad de reintegro, y (iv) le ordenara a esa Corporación que
dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia emita un nuevo fallo
en dicho expediente, en atención a las anteriores consideraciones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación formulada por la Contraloría General de
Santander.
Cuando el demandante pretenda que la ejecución prosiga por perjuicios compensatorios en caso de que el deudor no
cumpla la obligación en la forma ordenada en el mandamiento ejecutivo, deberá solicitarlo subsidiariamente en la
demanda, tal como se dispone en el inciso anterior.
Si no se pidiere así y la obligación original no se cumpliere dentro del término señalado, se declarará terminado el
proceso por auto que no admite apelación».
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Demandante: Lisímaco García Amaya
2. Declarar improcedente la tutela en relación con la excepción de pago parcial
dispuesta en la providencia cuestionada, por no colmar las exigencias de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
3. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso y a la reparación integral de Lisímaco García Amaya. En
consecuencia, se dispone:
4. Dejar sin efectos la sentencia del 13 de marzo de 2025, en relación con lo decidido
sobre la indemnización por la imposibilidad de reintegro, con la que el Tribunal
Administrativo de Santander decidió en segunda instancia el proceso ejecutivo 68001-
33-31-010-2012-00206-00/01.
5. Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro de los 10 días siguientes
a la notificación de esta providencia, dicten una nueva sentencia en el proceso
ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-00/01, en atención a las consideraciones
expuestas en la presente providencia.
6. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
8. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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