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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05355-00

Fecha
26 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05355-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Harold García Vargas, por las razones anotadas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05355-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

26 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05355-00
Demandante: Harold García Vargas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05355-00
Demandante: HAROLD GARCÍA VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / INMEDIATEZ - La demanda se presentó más de seis después de haberse
notificado la decisión a la que se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Harold García Vargas
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 27 de agosto de 20251, el señor Harold García Vargas interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al trabajo y a la seguridad social, con ocasión de la
sentencia del 19 de diciembre de 2024, dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-021-2023-00037-00/01.
Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social,
al igual que los principios de legalidad, confianza legitima, interpretación de
normas procesales, buena fe, no reformatio in pejus, y todos aquellos que
llegaren a probarse vulnerados conforme a lo expuesto en los fundamentos
jurídicos y caso concreto de este escrito.

SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia del 26 de septiembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior
del proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-021-2023-00037-01.

2. De la demanda de tutela, de las pruebas aportadas y de la consulta del
proceso con radicado 76001-33-33-021-2023-00037-00/01, realizada en la

1
Se advierte que el 12 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05355-00
Demandante: Harold García Vargas

plataforma SAMAI, la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos y jurídicos
relevantes:

3. En el año 1992, el señor García Vargas se vinculó como docente al servicio
del entonces municipio de Santiago de Cali (hoy distrito especial, deportivo, cultural,
turístico, empresarial y de servicios).

4. Mediante Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991, la Alcaldía de Santiago de
Cali fijó prestaciones sociales y otros beneficios para los docentes a su servicio, entre
los cuales se encontraban las primas: semestral de vacaciones y de antigüedad,
todas con carácter salarial.

5. Dicho decreto tuvo efectos jurídicos a partir del 1° de enero de 1991, por tanto,
su legalidad estuvo cobijada por la Constitución de 1886, la Ley 6 de 1945, el Decreto
2767 de 1945 y el Acto Legislativo 1 de 1946, desarrollado por el Decreto Ley 1333
de 1986.

6. Luego del trámite de rigor, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 8 de agosto de 2019, dentro del proceso con
radicado 76001-23-31-000-2010-01485-01, declaró nulo el Decreto 0216 de 1991,
bajo el argumento de que la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos quedó principalmente en cabeza del Congreso de la
República y no de las asambleas departamentales o los concejos municipales, que
conservaron su atribución para fijar las escalas de remuneración de tales empleos.

7. En dicho fallo también se determinó que «se respetarán los efectos que causó
mientras estuvo vigente, por cuanto de su aplicación se han consolidado situaciones
jurídicas en lo referente a los factores salariales y prestaciones sociales, por lo que
no es pertinente perturbar los derechos adquiridos de buena fe que surgieron en
razón de ello».

8. Por lo anterior, el aquí demandante presentó reclamación ante el municipio de
Santiago de Cali, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los emolumentos
salariales y demás beneficios contenidos en el Decreto 0216 de 1991, causados
desde «el año 2000 hasta el 23 de octubre de 2020». Esa petición fue denegada por
la Administración.

9. Posteriormente, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, la parte accionante pidió que se declararan nulos el acto administrativo2
que negó la reclamación.

10. El 27 de agosto de 2024, el Juzgado 21 Administrativo de Cali negó las
súplicas de la demanda, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en sentencia del 26 de septiembre de 2024, bajo el argumento en
que las prestaciones sociales otorgadas en el Decreto 0216 de 1991 son

2
La parte actora identificó el acto administrativo con el radicado «202241370400055351».

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extralegales, dado que la facultad para determinar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos a nivel territorial es competencia exclusiva del legislador.

11. En consecuencia, si bien la parte accionante fue beneficiaria de las
prestaciones sociales otorgadas en el Decreto 0216 de 1991, dada su vinculación
al entonces municipio de Santiago de Cali desde de 1991, lo cierto es que ese
decreto era «completamente ilegal desde su origen», pues las normas expedidas
por mandatarios o corporaciones locales que crean factores salariales sin el aval
legislativo son inconstitucionales.

12. Asimismo, aseguró que la situación jurídica de la parte accionante no se
encontraba consolidada, porque «no se está en presencia de una situación
individual y subjetiva que tenga el carácter de derecho adquirido, es decir, definitiva
y que haya entrado al patrimonio de una persona».

13. A juicio del accionante, la providencia cuestionada incurrió en un defecto
fáctico, en la medida en que no se tuvo en cuenta que las pruebas obrantes en el
expediente ordinario acreditaban que él laboró para el Distrito de Santiago de Cali
durante la vigencia del Decreto 0216 de 1991.

14. Insistió en que se generó una situación jurídica consolidada que le permitía
continuar siendo beneficiario de los emolumentos previstos en ese decreto, pese a
que fue anulado por la Sección Segunda de esta Corporación.

15. Concluyó que la falta de aplicación del «concepto de derecho adquirido»
deriva en una omisión probatoria, por lo que se configura también un defecto fáctico
«en su dimensión negativa».

16. De otra parte, sostuvo que se desconoció el precedente relacionado con los
derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. Al respecto, dijo lo
siguiente:

Tal interpretación resulta contraria a lo señalado por la Corte Constitucional, la
cual ha sostenido que basta con el cumplimiento de las condiciones previstas
en la ley para que se configure un derecho adquirido. Es decir, contrario a lo
afirmado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no necesariamente
debe promoverse un proceso litigioso y haberse resuelto ante autoridad
administrativa o judicial el asunto de fondo para que exista una situación jurídica
consolidada.

17. Reiteró que el Tribunal accionado incurrió en un error de interpretación del
artículo 58 de la Constitución de 1991 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional, por cuanto omitió analizar la controversia bajo el
presupuesto de los derechos adquiridos. Lo anterior, en su criterio, significa que
también se configuró el defecto sustantivo.

18. Finalmente, consideró que la sentencia censurada vulneró los principios y
derechos fundamentales consagrados en los artículos 25, 29, 48,49, 53, 58, 93 y 229
de la Constitución de 1991.

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B. Trámite impartido e intervenciones

19. Mediante auto de 3 de septiembre de 2025, se admitió la solicitud de amparo,
se ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, como parte accionada, y al alcalde distrital de
Santiago de Cali, como tercero con interés. También se tuvieron como prueba los
documentos aportados con la demanda.

20. La Alcaldía Distrital de Santiago de Cali pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, dado que la parte accionante pretende convertir
este mecanismo constitucional en una instancia adicional del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-021-2023-00037-00/01.
Cuestionó que los defectos en que supuestamente incurrió el Tribunal no fueron
sustentados, lo que reafirma su intención de revivir el debate zanjado por el juez
natural.

21. El magistrado Óscar Alonso Valero Nisimblat, integrante del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, pidió que se declarara improcedente la solicitud
de amparo, por cuanto no se cumple con el requisito de inmediatez, pues la presente
acción de tutela se presentó más de seis después de haberse notificado la decisión
a la que se atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.

22. Los demás sujetos procesales guardaron silencio, pese a que fueron
debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

24. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Solo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
al trabajo y a la seguridad social.

E. Análisis de la Sala

25. Inmediatez. De entrada, la Sala advierte que la presente tutela deviene en
improcedente, porque no cumple con el requisito de inmediatez. Como se sabe,

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dicha consecuencia emerge cuando el interesado no ejerce el mecanismo
constitucional dentro de un plazo razonable3.

26. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la
protección de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los
derechos de terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable
entre la ejecutoria de la decisión judicial que se considera violatoria de los derechos
fundamentales y la presentación de la acción de tutela para reclamar su amparo.

27. Para la Corte Constitucional, esta condición de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es razonable, pues si se permite su ejercicio
«meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».

28. Además, como lo señaló esa misma Corporación, el requisito de la
inmediatez protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una
tutela ejercida en un plazo irrazonable»; da vigencia al principio de seguridad
jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y
previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos».

29. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del
5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».

30. Para esta Subsección4, se debe contabilizar el plazo razonable desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de ese

3
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-090 de 2018, señaló:

Estudiados los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional, esta Corte
evidenció que el accionante no cumplió con el presupuesto de inmediatez, toda vez
que la tutela fue formulada después de haber sido notificada de la decisión que pretende
impugnar, alegando que el fallo desconoció el precedente jurisprudencial, careció de
motivación y violó directamente la Constitución.

A más de lo anterior, la Sala Plena precisa que si bien el accionante había promovido
incidente de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, este fue decidido negando su pretensión por cuanto las causales alegadas
por el accionante no se encuentran dentro de las establecidas en los artículos 140 y 141 del
Código de Procedimiento Civil. Esta circunstancia no justifica entonces la inactividad del
actor para interponer la acción de tutela, toda vez que la nulidad formulada fue
ostensiblemente contraevidente, y no tenía la virtualidad de enervar el requisito de
inmediatez en la formulación de la acción de tutela. A lo anterior, se suma que, decidido el
incidente de nulidad procesal, el accionante demoró seis (6) meses y siete (7) días para
plantear su pretensión, sin cumplir con un plazo razonable para presentar el amparo
constitucional, toda vez que se superó sin justificación válida el término prudencial
para la oportuna formulación de la acción de tutela.

4
En este mismo sentido, ver la sentencia del 4 de febrero de 2022, rad. 11001-03-15-000-2021-
06292-01, proferida por esta Subsección.

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momento que se conoce la decisión y se puede advertir la posible vulneración de
derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que
hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

31. De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar dicho término razonable desde la ejecutoria de la decisión en los casos
en que se hubiera realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería
una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una
solicitud de nulidad, pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas
solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela
y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento
siempre, claro está, que no se trate de peticiones abiertamente improcedentes. En
este caso, sin embargo, no se presentó ninguna de las solicitudes mencionadas.

32. En el asunto examinado, se observa que el fallo con el que culminó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Harold
García Vargas fue proferido el 26 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, y su notificación se surtió el 2 de octubre de
20245, dado que el correspondiente mensaje de datos se envió el 30 de septiembre
del mismo año6; sin embargo, la parte actora radicó la acción de tutela el 27 de
agosto de 2025, esto es, 10 meses y 25 días después de haber sido notificado,
término que no resulta razonable en el caso particular.

33. Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que
no está acreditado en el expediente: (i) que el accionante pertenezca a un grupo
vulnerable que en razón de esa situación le hubiese sido imposible acudir con
antelación al juez de tutela, (ii) la existencia de especiales circunstancias que
impidieran acudir al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la
vulnerabilidad económica, (v) la afectación de derechos de terceros y, por último,
(vi) no se advierte diligencia en la presentación de la solicitud de amparo por parte
del accionante, ni que (vii) la presente acción de tutela represente una seria
afectación a la seguridad jurídica.

34. En este caso, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no
resulta desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que el señor
García Vargas encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la
acción de tutela dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la
providencia censurada, con mayor razón si se tiene en cuenta que esta no requiere
de formalidades para su presentación y que el accionante estuvo representado por
un apoderado judicial en el proceso ordinario.

5
En virtud del auto de unificación del 29 de noviembre de 2022, dictado en el proceso con radicado
68001-23-33-000-2013-00735-02, debe entenderse que la notificación se surte transcurridos 2 días
hábiles siguientes al envío del mensaje de datos (tesis reiterada en la sentencia SU-487 de 2024 de
la Corte Constitucional).
6
Información visible en el índice 18 del aplicativo Samai dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-021-2023-00037-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05355-00
Demandante: Harold García Vargas

35. Bajo ese entendimiento, la tutela no satisface el requisito de inmediatez,
razón por la cual se declarará su improcedencia.
36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Harold García Vargas, por las razones anotadas.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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