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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05374-00

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05374-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la acción de tutela interpuesta por los señores Aníbal Cadena Barrera, Luis Antonio Bohórquez Almeida, Laura Alejandra Peña Rodríguez, José Camilo López Peña, Miguel Francisco Contreras Landinez, Mauricio Meza Blanco, José Daniel Fonseca Sandoval y Luz Marcela Pérez Arias, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05374-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05374-00
Accionante: Aníbal Cadena Barrera y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro de la acción de
cumplimiento

Decisión: Niega el amparo de tutela porque no se acreditaron los defectos
endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por los señores Aníbal Cadena Barrera, Luis Antonio
Bohórquez Almeida, Laura Alejandra Peña Rodríguez, José Camilo López Peña,
Miguel Francisco Contreras Landinez, Mauricio Meza Blanco, José Daniel Fonseca
Sandoval y Luz Marcela Pérez Arias en contra del Tribunal Administrativo de
Santander y la Sección Quinta del Consejo de Estado por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, ocurrida con ocasión de las providencias del 22 de mayo y 3 de julio de 2025,
respectivamente, al interior de la acción de cumplimiento con radicado 68001-23-33-
000-2025-00193-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El 20 de diciembre de 2024, la parte actora requirió a la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Corporación
Autónoma Regional de Santander (CAS), el Servicio Geológico Colombiano SGC y
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el
cumplimiento de los mandatos legales de los artículos 10 y 16 de la Ley 373 de 1997.

3. Posteriormente, los accionantes en ejercicio de la acción de cumplimiento
solicitaron acatamiento de los mandatos contemplados en los artículos 10 y 16 de la
Ley 373 de 1997.

4. Con ocasión de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Santander mediante

1 Acción de tutela presentada el 28 de agosto de 2025.

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Acción De Tutela
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Accionante: Aníbal Cadena Barrera y otros

sentencia del 25 de abril de 2025 resolvió rechazarla de plano porque no se había
cumplido el requisito de constitución en renuencia, en los términos del artículo 8.° de
la Ley 393 de 1997, al no existir una correlación suficiente entre el requerimiento
previo y las pretensiones del libelo demandatorio.

5. En sede de impugnación, la Sección Quinta del Consejo de Estado a través de
proveído del 3 de julio de 2025 revocó la anterior decisión y declaró improcedente la
acción de cumplimiento ante la existencia de otro mecanismo judicial de defensa,
como lo es el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos;
aunado a que se pretende el acatamiento de una norma que no se encuentra vigente
en el ordenamiento jurídico.

2.2. Fundamento jurídico

6. Señaló que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en un defecto
procedimental absoluto, al omitir advertir a la parte actora que la acción de
cumplimiento carecía de alguno de los requisitos contemplados en el artículo 10.° de
la Ley 393 de 1997, esto, con el propósito de que subsanara dichos yerros.

7. En ese sentido, insistió que se le debía otorgar la oportunidad para subsanar una
eventual «deficiencia formal», de conformidad con lo expuesto en los artículos 12.°
y 13.° de la Ley 393 de 1997, lo que, a su juicio, transgrede los derechos
fundamentales invocados en protección.

8. Igualmente, alegó un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por
parte del Tribunal, en la medida que considera que se le impuso una exigencia formal
excesiva e infundada, que no está prevista en la ley ni respaldada por la jurisprudencia,
al rechazar de plano la acción de cumplimiento. Máxime cuando dicha interpretación no
tiene sustento legal ni jurisprudencial, pues, «tampoco cita ni hace referencia a ningún
pronunciamiento de las Altas Cortes que desarrolle estos criterios adicionales».

9. Lo anterior, en la medida que aplica un estándar de exigencia desproporcionado,
que no guarda relación con la finalidad del requisito de renuencia, el cual consiste en
otorgar a las autoridades una oportunidad para cumplir voluntaria e íntegramente sus
deberes legales.

10. Asimismo, manifestó que la decisión proferida por el Tribunal adolece de un
defecto fáctico por omisión en la valoración de la solicitud de cumplimiento remitida
el 20 de diciembre de 2024, lo que afectó la decisión, al «privarla de un sustento
probatorio suficiente».

11. Señaló que la providencia de primera instancia adolece de un defecto
sustantivo, pues, se impone requisitos adicionales no contemplados en la Ley 393
de 1997, norma que regula la acción de cumplimiento. Particularmente, hizo
referencia al artículo 8°, disposición normativa que establece que la procedencia de
la acción exige haber presentado previamente una solicitud de cumplimiento de un
deber legal o administrativo, y que, pese a esto, la autoridad no responda dentro del
término de diez (10) días o ratifique su incumplimiento. Asimismo, el numeral 5.° del
artículo 10.° dispone que, con la demanda, debe adjuntarse la prueba de renuencia,
sin exigir en modo alguno que exista una identidad total o estricta entre lo solicitado
administrativamente y las pretensiones formuladas ante la jurisdicción Contencioso

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Administrativa.

12. De otra parte, indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en una
violación directa de la Constitución Política, al restringir injustificadamente la
procedencia de la acción de cumplimiento mediante una interpretación que
desconoce su objeto, naturaleza y marco normativo vigente, pues, si bien el artículo
9.° de la Ley 393 de 1997 consagraba la improcedencia de dicho mecanismo —salvo
que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el
accionante—, lo cierto es que dicha limitación se debía interpretar conforme al
principio de eficacia de los derechos fundamentales y al deber judicial de garantizar
el acceso efectivo a la justicia.

13. Expresó que el Consejo de Estado aplicó de forma irrazonable la causal de
improcedencia por existencia de otro medio judicial, sin valorar que la norma
invocada, esto es, el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, establece un deber claro,
específico y exigible.

14. Así las cosas, concluyó que la decisión proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado incurre en una violación directa del artículo 87 de la C.P., al
consolidar una actuación judicial que, en su conjunto, hizo imposible el debate de
fondo sobre el cumplimiento del deber legal previsto en el artículo 10 de la Ley 373
de 1997.

2.3. Pretensiones

15. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que se cita:

«(…)
1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y tutela judicial efectiva y en
consecuencia se declare dejar sin efectos las providencias proferidas
el 22 de mayo de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER y del 03 de julio de 2025 del CONSEJO DE ESTADO,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
QUINTA en el proceso de acción de cumplimiento donde fuimos
accionantes, en razón a los defectos identificados.

2. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, dictar una nueva decisión de fondo dentro de la acción
de cumplimiento, en la que se pronuncie sobre el incumplimiento del
mandato legal contenido en el artículo 10 de la Ley 373 de 1997,
valorando integralmente las pruebas aportadas y aplicando los
principios pro actione, prevalencia del derecho sustancial en relación
con la acción de cumplimiento y estándares internacionales de
derechos humanos y de acceso a la justicia ambiental.» (Sic)

2.4. Intervenciones

16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 1.° de
septiembre de 2025 por medio del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Santander y a la Sección Quinta del Consejo de Estado como accionados y a la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
Corporación Autónoma Regional de Santander, Servicio Geológico Colombiano,

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Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, a los señores Julián
Nicolás Correa Ramírez, Amparo Vargas Almeida, Feliciano Vargas Almeida,
Alejandro Rico Bautista y a todos los demás vinculados a la acción de cumplimiento
referida como terceros interesados en el resultado del proceso.

17. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga y la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS
solicitaron ser desvinculadas del presente proceso por falta de legitimación la causa
por pasiva.

18. El Servicio Geológico Colombiano solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de tutela, toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad porque
la parte actora disponía de otros instrumentos judiciales para garantizar el
cumplimiento de la norma o del acto presuntamente incumplido.

19. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De los defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y exceso
ritual manifiesto sustantivo

21. Sobre el particular se aclara que, si bien en la demanda de tutela se invocaron los
defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y exceso ritual manifiesto por
parte del Tribunal Administrativo de Santander, al proferir la decisión del 25 de
abril de 2025 por medio de la cual se dispuso rechazar de plano la acción de
cumplimiento, lo cierto es que la Sala no se pronunciara al respecto porque dicha
providencia fue revocada en segunda instancia por parte de la Sección Quinta del
Consejo de Estado mediante providencia del 3 de julio de 2025.

22. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo en lo
atinente a dichos reparos, en caso de superar los presupuestos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales y, solamente centrará el estudio frente
a los defectos endilgados a la providencia de segunda instancia que puso fin al
proceso.

3.3. Problema jurídico

23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la providencia del 3 de julio de
2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, al incurrir en el defecto de violación directa de la

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Constitución.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

25. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

26. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.

27. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

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3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 3
julio de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, 28 de agosto de la
presente anualidad.

28. 3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en el defecto de
violación directa de la Constitución Política, el cual se encuentran fundamentado
razonablemente.

29. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto de violación directa de la Constitución Política como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

48. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«[…] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros
eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los derechos
fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto se produce
cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un caso concreto;
cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria
a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los postulados superiores,
siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos con
base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar que “el
actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los
preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de
aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por
los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial
pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica

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indebida e irrazonablemente tales postulados2.»

3.7. Análisis de la presunta configuración del defecto de violación directa de la
Constitución Política

30. La parte accionante alega una violación directa de la Constitución Política, al
restringir injustificadamente la procedencia de la acción de cumplimiento mediante
una interpretación que, a su juicio, desconoce su objeto, naturaleza y marco
normativo vigente, pues, si bien el artículo 9.° de Ley 393 de 1997 consagra la
improcedencia de dicho mecanismo, lo cierto es que esa limitación debía
interpretarse conforme al principio de eficacia de los derechos fundamentales y al
deber judicial de garantizar el acceso efectivo a la justicia.

31. Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la
providencia del 3 de julio de 2025 señaló:

«El debate ventilado por los ciudadanos accionantes, más allá de procurar el
cumplimiento de un eventual mandato derivado de los artículos 10 y 16 de la Ley 373
de 1997, tiene una finalidad sustancial mucho más compleja e intrincada, que no
puede ser dirimida en un trámite tan expedito como lo es el de la acción de
cumplimiento.
(…)
En suma, se concluye que lo pretendido por los accionantes desborda el objeto de la
acción establecida en el artículo 87 de la Constitución Política y reglamentado en la
Ley 393 de 1997, dado que buscan la protección de derechos que por su naturaleza
son de carácter colectivo, los cuales pueden ser salvaguardados a través de la acción
popular.

Aunado lo anterior, los reparos que giran en torno a presuntas irregularidades en las
concesiones dadas a particulares para la explotación del recurso hídrico, serían
decisiones de la administración que pueden ser reprochadas a través de los medios
de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho.
(…)
Por otro lado, se advierte que se configura otra causal de improcedencia de la acción
constitucional del asunto, por cuanto el artículo 16 de la Ley 373 de 1997 es una
disposición legal que actualmente no está vigente en el ordenamiento jurídico (…).

Lo anterior quiere decir que la acción de cumplimiento no tendría cabida en el
presente caso, pues, solo es procedente exigir el acatamiento de mandatos
establecidos en la ley o actos administrativos que se encuentren actualmente
vigentes.

En suma, la Sala revocará la decisión de primera instancia que rechazó la acción
constitucional del asunto, para, en su lugar, declarar la improcedencia ante la
existencia de otro mecanismo judicial de defensa, como lo es el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos y al pretender el acatamiento de una
norma que ya no se encuentra actualmente vigente.»

32. De conformidad con las trascripciones, esta Sala considera que la providencia
cuestionada en esta sede contiene una carga argumentativa suficiente y razonable
conforme a las disposiciones normativas aplicables al asunto bajo estudio que le
permitió a la autoridad judicial accionada que se debía declarar la improcedencia del
mecanismo constitucional ante la existencia de otro instrumento judicial de defensa,
como lo es el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos

2 Corte Constitucional, sentencia T – 587 de 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto

Rojas Ríos.

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y al pretender el acatamiento de una norma que ya no se encuentra vigente.

33. En ese sentido, para la Sala no es de recibo cuando la parte actora alega que la
decisión cuestionada restringe injustificadamente la procedencia de la acción de
cumplimiento mediante una interpretación que desconoce su objeto, naturaleza y
marco normativo vigente, teniendo en cuenta que de las anteriores transcripciones
se puede inferir que no existió una interpretación caprichosa en desmedro de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
como se indica en la demanda de tutela que implique una violación directa de la
Constitución Política.

34. En ese sentido, para la Sala no se trata de una decisión irreflexiva o arbitraria
sino, por el contrario, sustentada de manera suficiente, por lo que debe ser respetada
en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial. Por lo tanto, se
negará el amparo constitucional reclamado por la parte accionante, al no
configurarse ninguna vulneración ius fundamental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la acción de tutela interpuesta por los señores Aníbal Cadena
Barrera, Luis Antonio Bohórquez Almeida, Laura Alejandra Peña Rodríguez, José
Camilo López Peña, Miguel Francisco Contreras Landinez, Mauricio Meza Blanco,
José Daniel Fonseca Sandoval y Luz Marcela Pérez Arias, conforme a las
consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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