Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00193-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00193-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2025-00193-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
3 de julio de 2025
Demandantes: Aníbal Cadena Barrera y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00193-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00193-01
Demandantes: ANIBAL CADENA BARRERA Y OTROS
Demandados: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA Y OTROS
Tema: Estudio del requisito de constitución en renuencia. Revoca
decisión de primera instancia. Declara la improcedencia de la
acción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander mediante la cual se rechazó la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
Mediante escrito presentado el 11 de abril de 2025, los ciudadanos Aníbal Cadena
Barrera, Luis Antonio Bohórquez Almeida, Laura Alejandra Peña Rodríguez, José
Camilo López Peña, Miguel Francisco Contreras Landinez, Mauricio Meza Blanco,
José Daniel Fonseca Sandoval, Luz Marcela Pérez Arias y Juan Nicolás Correa
Ramírez, actuando en nombre propio, promovieron acción de cumplimiento en
contra de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - CDMB, la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, el
Servicio Geológico Colombiano - SCG y el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales – IDEAM.
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Demandantes: Aníbal Cadena Barrera y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional para la
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A través de la acción constitucional, se pretende el acatamiento de las disposiciones
legales correspondientes a los artículos 10 y 16 de la Ley 373 de 1997 1. Con base
en ello, formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Ordenar a las entidades demandadas el cumplimiento de los mandatos
claros e imperativos establecidos en los artículos 10 y 16 de la Ley 373 de 1997. En
consecuencia, se deberá garantizar que, dentro del procedimiento administrativo para
la concesión de aguas subterráneas, se realicen los estudios hidrogeológicos
correspondientes y se adopten las medidas necesarias para la protección de las
zonas de recarga.
SEGUNDO: Ordenar a las entidades demandadas que los estudios hidrogeológicos
requeridos para definir la viabilidad de las concesiones de aguas subterráneas sean
elaborados con el debido rigor técnico y científico, con el apoyo del IDEAM y el
Servicio Geológico Colombiano, de conformidad con la normativa vigente.
TERCERO: Ordenar la implementación de medidas efectivas para la protección de
las zonas de recarga de aguas subterráneas, garantizando su conservación y
sostenibilidad, de acuerdo con los principios de uso eficiente y ahorro del agua.
CUARTO: Ordenar a la CDMB y la CAS el cumplimiento de su deber legal de adquirir
o proteger, con carácter prioritario y en articulación con las entidades territoriales y
administrativas de su jurisdicción, las zonas de páramo, bosques de niebla y
áreas de influencia de nacimientos acuíferos y estrellas fluviales, con el fin de
salvaguardar su función ecológica y su papel en la regulación hídrica.
QUINTO: Ordenar a la CDMB y la CAS la realización de los estudios necesarios para
determinar la capacidad real de oferta de bienes y servicios ambientales de los
acuíferos, con el fin de garantizar una gestión adecuada del recurso hídrico y el
cumplimiento de la normativa vigente.
SEXTO: Ordenar la implementación de procesos de recuperación, protección y
conservación de las áreas que contienen acuíferos y zonas de recarga de aguas
subterráneas, con el objetivo de preservarlas a largo plazo y evitar su deterioro.2
1.2. Hechos
Indicaron los accionantes que los campesinos de sectores de los municipios de Los
Santos y Piedecuesta se ven afectados como consecuencia del precario acceso
que se les permite a los recursos hídricos. Lo anterior, derivado de la
sobreexplotación de los acuíferos y una reducción del nivel freático.
Refirieron que muchos pozos utilizados para la extracción del recurso natural, por
parte de empresas agropecuarias y urbanizadores de los sectores, se ha realizado
sin contar con los permisos de las autoridades competentes.
1 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua
2 Transcripción original del texto con posibles errores.
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Asimismo, mencionaron que la anterior actividad afecta significativamente el caudal
de otras fuentes de agua de las quebradas «Los Cacaos, Los Naranjos, Las Tablas,
San Miguel y Cuevana, La Mojarra, La Cañada y La Honda, así como los
nacimientos que surten de agua a las fincas campesinas ubicadas en las laderas de
La Mesa de Los Santos».
Lo anterior, ha conllevado que muchas familias hayan tenido que cambiar sus
hábitos de vida, abandonando sus cultivos y modificando sus prácticas sociales y
culturales, generando un desarraigo de sus sitios de vivienda.
1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento
Como consecuencia de la omisión de cumplimiento de los mandatos alegados, se
presenta una situación que afecta el óptimo recurso del agua, generando un
potencial riesgo de desabastecimiento del recurso hídrico.
1.4. Admisión, notificación y contestación de la acción.
La acción fue radicada inicialmente ante el Juzgado Quince Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramana, autoridad que, por auto del 22 de abril de 2025,
ordenó remitir el asunto al Tribunal Administrativo de Santander. Lo anterior, por
cuanto se tienen como autoridades demandadas entidades del orden nacional.
A su turno, el Tribunal Administrativo de Santander mediante proveído del 25 de
abril de 2025 admitió la acción constitucional y ordenó notificar a las demandadas.
Enviados los oficios correspondientes, se presentaron las siguientes intervenciones:
La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS por conducto de
apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,
para lo cual refirió que la entidad ha desplegado las actividades a su cargo,
conforme las competencias constitucionales y legales que le corresponden.
Refirió que, en lo que concierne a la posible afectación de derechos de los
campesinos, las concesiones de aguas subterranes se hacen a partir de la revisión
y estudio de cada una de las solicitudes, el cumplimiento de los requisitos técnicos
pertinentes y en ningún caso pueden ser consideradas arbitrarias o discrecionales.
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga – CDMB alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto son las entidades territoriales la que deben llevar a cabo la ejecución de las
obras, planes y proyectos de carácter ambiental.
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Por otro lado, alegó que la parte actora no agotó el requisito de renuencia para
interponer la acción. Pues, en su sentir, el escrito remitido no cumple los requisitos
legales y jurisprudenciales para dar por satisfecho dicho presupuesto.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales explicó que,
con base en las normas invocadas en la acción de cumplimiento, la entidad tiene
una competencia de carácter técnico y residual, pues su participación se encuentra
supeditada a la solicitud que le sea realizada por las CAR. En ese sentido, dado que
no fue requerido por la CAS y la CDMB, no resulta plausible imputar un
incumplimiento.
El Servicio Geológico Colombiano sostuvo que la misión que debe adelantar es
la de servir como apoyo técnico, lo cual, en su criterio, es una función accesoria y
dependiente de los requerimientos que emanan de las otras autoridades.
Por otro lado, la entidad en cita alegó la nulidad del trámite por una indebida
notificación, solicitud que fue despachada desfavorablemente por auto del 13 de
mayo de 2025.
1.5. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander clausuró la primera instancia mediante
sentencia del 22 de mayo de 2025 en la que rechazó la acción por falta de
constitución en renuencia. Al respecto, indicó lo siguiente:
De lo expuesto, se concluye, en primer lugar, que la acción de cumplimiento
interpuesta por la parte actora tiene como fundamento la presunta omisión por parte
de varias entidades públicas en el cumplimiento de los artículos 10 y 16 de la Ley 373
de 1997, este último modificado por el artículo 89 de la Ley 812 de 2003, los cuales
establecen deberes concretos en materia de planificación y manejo sostenible del
recurso hídrico subterráneo. La demanda busca obtener órdenes judiciales para la
realización de estudios hidrogeológicos, protección de zonas de recarga, adquisición
de áreas estratégicas de conservación hídrica, y demás medidas asociadas a la
gestión integral del agua subterránea.
En segundo lugar, del estudio de los requisitos de procedibilidad exigidos por el
artículo 8 de la Ley 393 de 1997, se evidencia que la petición que pretende constituir
en renuencia no satisface en su integridad las exigencias normativas, ya que, si bien
se formuló un requerimiento previo a varias entidades, no existe una estricta identidad
entre lo solicitado administrativamente y las pretensiones elevadas ante la jurisdicción
contencioso administrativa.
En tercer lugar, si bien existe coincidencia parcial entre la solicitud administrativa y la
demanda judicial en aspectos como la exigencia de estudios hidrogeológicos y la
protección de zonas de recarga, también se identifican divergencias sustanciales. Por
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ejemplo, en la petición se incluye la solicitud de suspensión de concesiones,
imposición de sanciones, y aplicación del principio de precaución en favor de
comunidades campesinas, aspectos que no fueron reiterados en la demanda formal.
Esta disimilitud afecta el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en tanto no se
establece una correspondencia clara, precisa y suficiente entre lo solicitado
previamente a la administración y lo pretendido ante el juez.
Finalmente, se concluye que, si bien las actuaciones de la parte actora revelan una
legítima preocupación por la gestión ambiental del recurso hídrico subterráneo y el
cumplimiento normativo por parte de las autoridades ambientales, desde el punto de
vista procesal, la acción de cumplimiento adolece de un defecto estructural al no
haberse constituido debidamente la renuencia, en los términos del artículo 8 de la Ley
393 de 1997. De igual forma, el accionante si bien esgrime la configuración de un
perjuicio irremediable a una colectividad, no lo acredita, para que el requisito de la
constitución de renuencia sea obviado.
La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 23 de mayo de 2025
a través de correo electrónico.
1.6. Impugnación
Los accionantes reprocharon que el a quo hubiese exigido una identidad entre la
pretensión procesal formulada en el escrito de demanda y el documento por medio
del cual se constituyó en renuencia a las autoridades demandadas. Aunado que
dicho aspecto no fue objeto de reparo en la fase inicial del proceso, soslayando la
posible de corregir la falencia de manera oportuna.
Asimismo, enfatizaron que se sacrificó el derecho sustancial de los accionantes, por
cuanto el Tribunal Administrativo de Santander dio prevalencia a la norma, haciendo
a un lado el fondo de la discusión.
En suma, estiman que los anexos aportados con la demanda resultan suficientes
para acreditar el requisito de que trata el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, por lo
que solicitaron que se revoque la decisión y, como consecuencia de ello, que se
accedan a las pretensiones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte actora,
de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125,
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150 y 152 de la Ley 1437 de 20113, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del del
22 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que
rechazó la acción por no satisfacer con el requisito de constitución en renuencia.
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del de
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997?
De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, deberá determinarse, si se
cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:
(i) ¿La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - CDMB, la Corporación Autónoma Regional de Santander -
CAS, el Servicio Geológico Colombiano - SCG y el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM incumplieron los artículos 10 y
16 de la Ley 373 de 1997?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) constitución en renuencia; y, (iii) análisis
del caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa
que «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».
Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y
de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo»4(Subraya fuera del texto).
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:
a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)5.
b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).
c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
4 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell
y Hernando Herrera Vergara.
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en
la demanda.
d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio
grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción
de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos
a la administración (Art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.
2.3.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio
de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente
desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el
incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento.
Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
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Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [6]
(Negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»8.
Con base en las anteriores consideraciones, con la demanda se tiene que los
actores aportaron copia del escrito por medio del cual solicitaron la constitución en
renuencia de las demandadas. En dicho documento se lee lo siguiente:
Las organizaciones y personas naturales que suscribimos el presente documento,
identificados como aparece al pie de nuestras correspondientes firmas, amparadas
en el artículo 87 de la Constitución Política, y en la Ley 393 de 1997, requerimos a
6 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
7 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
8 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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sus entidades para que cumplan los mandatos legales establecidos en los artículos
10 y 16 de la Ley 373 de 1997 en cuanto a: (i) realizar y tener en cuenta los estudios
hidrogeológicos para definir la viabilidad del otorgamiento de las concesiones de
aguas subterráneas para exploración y construcción de pozos perforados con el
apoyo técnico y científico del IDEAM y SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, (ii)
adelantar acciones de protección de las zonas de recarga de aguas subterráneas, (iii)
se adquieran de manera prioritaria las áreas de influencia de nacimientos de
acuíferos, (iv) se realicen los estudios para evaluar la capacidad ambiental y (v) se
implementen procesos de recuperación, protección y conservación de estas áreas.
La presente solicitud tiene como objetivo configurar la constitución en renuencia
ante la ratificación de sus entidades en el incumplimiento de los mandatos
reclamados o no respuesta dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud. En consecuencia, se procederá a acudir ante la
jurisdicción contencioso-administrativa mediante la acción de cumplimiento,
conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
A su turno, con base en la misma documental aportada, se tiene que el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y el Servicio Geológico
Colombiano dieron respuesta a la anterior solicitud, mientras que la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, la
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS guardaron silencio.
Para la Sala no pasa desapercibido que en el escrito de constitución en renuencia
se incluyó todo un acápite de pretensiones, las cuales, pese a guardar relación con
las disposiciones legales invocadas, no podían ser incluidas en dicha oportunidad.
No obstante, se tiene que: (i) se pretende el cumplimiento de una norma, (ii) se
individualiza la disposición legal presuntamente incumplida, esto es los artículos 10
y 16 de la Ley 373 de 1997, y (iii) existe un marco teórico que justifica los deberes
reclamados y del eventual incumplimiento endilgado.
Conforme lo anterior, la Sala no comparte la conclusión del a quo que rechazó la
acción constitucional, por lo que se procederá a revocar la decisión de primera
instancia y se adelantará el estudio de los demás requisitos de procedencia de la
solicitud de cumplimiento.
2.3.3. Caso concreto
El debate ventilado por los ciudadanos accionantes, más allá de procurar el
cumplimiento de un eventual mandato derivado de los artículos 10 y 16 de la Ley
373 de 1997, tiene una finalidad sustancial mucho más compleja e intrincada, que
no puede ser dirimida en un trámite tan expedito como lo es el de la acción de
cumplimiento.
Los hechos de la demanda ponen en evidencia una posible crisis que se está
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presentado en las jurisdicciones de la CDMB y la CAS, en torno al uso,
aprovechamiento, conservación del recurso hídrico.
También se tiene que los actores hacen mención a una serie de irregularidades en
torno a las autorizaciones que se han otorgado para la construcción de pozos y
concesiones de aguas subterráneas.
Una lectura del capítulo 4 del libelo introductorio, denominado EXPOSICIÓN DE
HECHOS DE CONTEXTO EN LOS QUE SE FUNDAMENTA EL
INCUMPLIMIENTO, refuerza lo expuesto. Esto es que el marco fáctico pretende
que el juez de cumplimiento adopte una serie de órdenes enfocadas a la protección
de derechos e intereses colectivos. A manera de ejemplo, se traen los siguientes
apartes:
1. La falta de cumplimiento de los mandatos y deberes legales que se reclaman en
este caso, se inscriben en el contexto de una grave problemática de la falta de acceso
equitativo al agua subterránea, sobreexplotación de acuíferos y soluciones
insuficientes frente al desabastecimiento de agua en el municipio de Los Santos y
veredas del municipio de Piedecuesta en Santander. Esta situación es preocupante,
ya que refleja una injusticia social que afecta a una gran parte de la población local,
en particular los sujetos campesinos quienes son sujetos de especial protección
constitucional.
[…]
5. Los pozos perforados evaden regulaciones fácilmente al construirse en
propiedades privadas, muchas veces sin permisos. Un porcentaje significativo de
estos pozos no está registrado oficialmente. La facilidad para construir pozos
clandestinos y la gestión individualizada del agua fragmentan el territorio social,
ambiental y políticamente. Este modelo de gestión amenaza la noción del agua como
un derecho y un bien público, promoviendo un acceso discriminatorio. Como
resultado, la extracción desregulada de aguas subterráneas agrava la desigualdad
territorial, dificulta la regulación y transforma el agua en un recurso cada vez más
inaccesible para las comunidades campesinas
[…]
7. La sobreexplotación de acuíferos subterráneos ha llevado a la reducción del nivel
freático, que en términos populares usados por los campesinos significa que el agua
se ha profundizado, lo que ha llevado a la desaparición de humedales y lagos
naturales que existían en la región como "la champa" en la vereda Paso Chico, "la
laguna" de Los Teres, entre otros humedales cuyo nombre no se registra que se
encontraban en distintos puntos de la zona plana entre las veredas Los Cacaos, La
Esperanza, Holanda, Mesitas de San Javier de Piedecuesta, y El Carrizal de Los
Santos9
9 Transcripción original del texto con posibles errores.
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Sobre la materia, resulta pertinente traer a colación algunas consideraciones de esta
Corporación10, en los que vía acción popular ha garantizado la protección del
derecho colectivo relacionado con el agua. En dicha oportunidad se precisó lo
siguiente:
Resulta importante recodar que la titularidad del derecho al agua como derecho
subjetivo se encuentra en cabeza no sólo de las personas individualmente
consideradas, sino también de la comunidad. En otras palabras, dicho derecho cuenta
con una doble naturaleza (individual y colectiva).
En relación con su naturaleza colectiva, la Corte Constitucional anotó que «hay
dimensiones del derecho que generan obligaciones de respeto, de protección y de
garantía, de las cuales no son titulares las personas individualmente, sino
colectivamente. Las protecciones de las fuentes hídricas de las cuales puede
depender eventualmente el consumo de agua de las futuras generaciones, hace
parte, sin duda, de los ámbitos de protección del derecho al agua, pero no se trata de
un derecho individual»11
Estas obligaciones serán entonces reclamables ya no a través de la acción de tutela,
sino por medio de la acción popular.
La Ley 9ª de 1989, artículo 8º, señala que “los elementos constitutivos del espacio
público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada
en el artículo 1005 del Código Civil”, ya en vigencia de la Ley 472 de 1998, artículo
4º, son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con el goce de
un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación.
En suma, se concluye que lo pretendido por los accionantes desborda el objeto de
la acción establecida en el artículo 87 de la Constitución Política y reglamentado en
la Ley 393 de 1997, dado que buscan la protección de derechos que por su
naturaleza son de carácter colectivo, los cuales pueden ser salvaguardados a través
de la acción popular.
Aunado lo anterior, los reparos que giran en torno a presuntas irregularidades en
las concesiones dadas a particulares para la explotación del recurso hídrico, serían
decisiones de la administración que pueden ser reprochadas a través de los medios
de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho.
Inclusive, frente a la eventual omisión en las que están incurriendo las corporaciones
autónomas regionales, es de recibo indicar que los actores pueden poner en
conocimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dicha circunstancia
10 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 28
de marzo de 2014. MP. Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 25000-23-27-000-2001-90479-01
11 Sentencia T 418 de 2010. MP. María Victoria Calle Correa.
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para que ejerza labores de inspección y vigilancia. Lo anterior, conforme se colige
de los numerales 1612 y 3613 del artículo 5. ° de la Ley 99 de 1993, los cuales fueron
estudiados por la Corte Constitucional en la sentencia C-462 de 200814 y en donde
se concluyó lo siguiente:
Se recordará que en las consideraciones generales de esta providencia se dijo que
la autonomía de las CAR no es absoluta y que la misma consiste en el ejercicio más
o menos independiente de las funciones asignadas, pero sometido a las directivas
generales fijadas por la autoridad central. Pues bien, dado que la autonomía de las
entidades ambientales locales está circunscrita a las normas de dirección de la
administración central, es lógico suponer que también el gobierno central tiene
competencia para verificar el cumplimiento de dichas normas. No estaría
jurídicamente justificado que la administración central en un estado unitario ostentara
la facultad de definir la política ambiental pero estuviera desposeída de la potestad de
vigilar el cumplimiento de dicha política. La facultad de inspección y vigilancia es,
entonces, connatural a la función directiva que de suyo posee el Ministerio.
Adicionalmente, las funciones que ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales
hacen parte de las competencias asignadas a las autoridades administrativas del
Estado y en tanto están encaminadas a la realización de fines constitucionales que
involucran el destino de la nación, se encuentran bajo la supervisión de la
administración central del Estado. Esta supervisión, que se traduce en las
competencias de inspección y vigilancia, es la herramienta de control que hace
posible la unidad de la política ambiental. Así lo refrenda el citado artículo 104 de la
Ley 489 de 1998 al establecer que el “control administrativo que de acuerdo con la
ley corresponde a los ministros y directores de los departamentos administrativos se
orientará a constatar y asegurar que las actividades y funciones de los organismos y
entidades que integran el respectivo sector administrativo se cumplan en armonía con
las políticas gubernamentales, dentro de los principios de la presente ley y de
conformidad con los planes y programas adoptados.”.
Finalmente, es importante resaltar que el régimen constitucional colombiano no define
hasta dónde llega el principio de autonomía de las Corporaciones Autónomas
Regionales. En su lugar, la Constitución asigna al legislador la delimitación de dicha
autonomía.
Finalmente, no sobra indicar que, de los hechos y pruebas aportados con la
demanda e intervenciones, no se hace palmaria la configuración de un perjuicio
irremediable.
12 16) Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos
asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o
posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de
actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio
y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y ordenar la suspensión de los
trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar;
13 36) Aprobar los estatutos de las Corporaciones Autónomas Regionales y las reformas que los
modifiquen o adicionen y ejercer sobre ellas la debida inspección y vigilancia;
14 MP Marco Gerardo Monroy Cabra
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Por otro lado, se advierte que se configura otra causal de improcedencia de la
acción constitucional del asunto, por cuanto el artículo 16 de la Ley 373 de 1997 es
una disposición legal que actualmente no está vigente en el ordenamiento jurídico,
pues sobre ésta operó la derogatoria. Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta
lo siguiente:
El artículo 16 de la Ley 373 de 1997, correspondiente a la protección de zonas de
manejo especial fue modificada por el artículo 89 de la Ley 812 de 2003 15,
correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacía un Estado
comunitario.
Posteriormente, con ocasión de la Ley 1151 de 200716, que es el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010, se tiene que la norma no prorrogó su vigencia conforme se
colige del artículo 160 que dispone:
La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias, en especial el inciso segundo del artículo 63 de la Ley 788 de 2002,
así como las demás disposiciones vigentes sobre el monto de la contribución cafetera
a que se refiere la misma ley, el parágrafo del artículo 4o de la Ley 785 de 2002, el
numeral 5 del artículo 2o de la Ley 549 de 1999, el artículo 3o del Decreto 3752 de
2003 y el artículo 79 de la Ley 1110 de 2006 y el inciso 3o del artículo 78 de la Ley
1111 de 2006. Continúan vigentes los artículos 13, 14, 20, 21, 38 reemplazando la
expresión “el CNSSS” por “la Comisión de Regulación en Salud”, 43, 51, 59, 61, el
parágrafo del artículo 63, 64, 65 para el servicio de gas natural 69, 71, 75, 81, 82, 86,
92, 99, 103, 110, 121 y 131, de la Ley 812 de 2003. (Énfasis de la Sala)
Lo anterior quiere decir que la acción de cumplimiento no tendría cabida en el
presente caso, pues, solo es procedente exigir el acatamiento de mandatos
establecidos en la ley o actos administrativos que se encuentren actualmente
vigentes.
En suma, la Sala revocará la decisión de primera instancia que rechazó la acción
constitucional del asunto, para, en su lugar, declarar la improcedencia ante la
existencia de otro mecanismo judicial de defensa, como lo es el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos y al pretender el acatamiento de una
norma que ya no se encuentra actualmente vigente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
15 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.
16 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
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FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del del 22 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, DECLARAR la improcedencia
de la acción conforme las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
15
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