Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05374-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05374-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05374-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05374-01
Demandante: Aníbal Cadena Barrera y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05374-01
Demandante: ANÍBAL CADENA BARRERA Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA, Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente
para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada / Se
pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de origen.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 2
de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado, por no encontrar configurado
el defecto atribuido a la decisión cuestionada.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 28 de agosto de la presente anualidad, los señores Aníbal Cadena Barrera, Luis
Antonio Bohórquez Almeida, Laura Alejandra Peña Rodríguez, José Camilo López Peña,
Miguel Francisco Contreras Landinez, Mauricio Meza Blanco, José Daniel Fonseca
Sandoval y Luz Marcela Pérez Arias interpusieron acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de las sentencias proferidas, el 22 de mayo y el
3 de julio de 2025, en el marco del trámite del medio de control de cumplimiento con
radicado 68001-23-33-000-2025-00193-01. Formularon las siguientes pretensiones
(transcripción textual, con posibles errores incluidos):
1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva y en consecuencia se declare dejar sin efectos las
providencias proferidas el 22 de mayo de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER y del 03 de julio de 2025 del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA en el proceso de acción
de cumplimiento donde fuimos accionantes, en razón a los defectos identificados.
1 Se advierte que el 30 de octubre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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2. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, dictar una
nueva decisión de fondo dentro de la acción de cumplimiento, en la que se pronuncie
sobre el incumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 10 de la Ley 373
de 1997, valorando integralmente las pruebas aportadas y aplicando los principios
pro actione, prevalencia del derecho sustancial en relación con la acción de
cumplimiento y estándares internacionales de derechos humanos y de acceso a la
justicia ambiental.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de cumplimiento, los señores arriba identificados
demandaron a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga (CDMB), a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), al
Servicio Geológico Colombiano (SGC), y al Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM), con el fin de que acataran los mandatos legales
contenidos en los artículos 10 y 16 de la Ley 373 de 1997.
4. De manera previa, el 20 de diciembre de 2024, los demandantes habían requerido a
las entidades demandadas el cumplimiento de las normas antes identificadas, con el fin
de constituirlas en renuencia.
5. Al proceso se le asignó el radicado 68001-333-30-15-2025-00070-00 e, inicialmente,
correspondió al Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, que, mediante auto del 22
de abril de 2025, lo remitió al Tribunal Administrativo de Santander, por competencia.
6. En sentencia del 22 de mayo de 2025, el referido Tribunal rechazó de plano la
demanda de cumplimiento por considerar que existían importantes divergencias entre la
solicitud que se presentó ante las entidades demandadas, con el fin de constituirlas en
renuencia, y las pretensiones contenidas en la solicitud de acatamiento. En su criterio,
tal circunstancia impedía que se satisficiera adecuadamente con el requisito de
procedibilidad de la acción, previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, pues no
existía una correspondencia clara, precisa y suficiente entre lo solicitado previamente a
la administración y lo pretendido ante el juez.
7. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso impugnación. Allí cuestionó que
el Tribunal hubiera esperado al momento de dictar sentencia para rechazar la demanda,
cuando la oportunidad procesal pertinente para verificar el cumplimiento de los requisitos
de procedibilidad era la etapa de admisión. En ese sentido, aseguró que la determinación
recurrida impidió la corrección del supuesto yerro, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 de la Ley 393 de 1997, y que en ella el a quo realizó una indebida
interpretación y extralimitó el alcance de la exigencia prevista en el artículo 8 ejusdem,
al exigir una identidad exacta entre las pretensiones de la demanda y las peticiones
formuladas en la constitución de renuencia.
8. Además, alegó que la decisión desconoció el principio de prevalencia sustancial que
orienta la acción de cumplimiento, por darle prioridad a una exigencia formal no
contemplada en la ley sobre el análisis de fondo de la acción.
9. Mediante sentencia del 3 de julio de 2025, la Sección Quinta de esta Corporación
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la demanda
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de cumplimiento. En su criterio, la solicitud de los demandantes no solo se presentó con
el único objeto de que las entidades demandadas acataran lo dispuesto en los artículos
10 y 16 de la Ley 373 de 1997, sino que, además, allí se expuso una problemática
concreta en torno a las autorizaciones y concesiones que se han otorgado para la
construcción de pozos y la explotación de fuentes hídricas subterráneas en los
municipios de Piedecuesta y Los Santos (Santander), lo que daba cuenta de que, por
medio de esta, también se pretendía la declaración de una serie de órdenes dirigidas a
obtener la protección de derechos e intereses colectivos.
10. En tal sentido, el ad quem aseguró que lo pretendido por los demandantes
desbordaba el objeto de la acción de cumplimiento, pues, insistió, su finalidad sustancial
era mucho más completa e intrincada que la simple solicitud de acatamiento de los
mandatos legales invocados en la demanda. En ese sentido, indicó que los derechos
colectivos presuntamente afectados podían ser salvaguardados a través de la acción
popular, por lo cual, ante la existencia de dicho mecanismo judicial idóneo y eficaz, la
acción de cumplimiento se tornaba improcedente.
11. Por último, sostuvo que, a lo anterior, se sumaba el hecho de que el artículo 16 de la
Ley 373 de 1997 fue modificado por el artículo 89 de la Ley 812 de 2003 y,
posteriormente, derogado, por la Ley 1151 de 2007, por lo que la referida disposición
normativa, invocada como desconocida en la demanda, no se encontraba vigente en el
ordenamiento jurídico.
12. Los demandantes alegaron que tanto el Tribunal Administrativo de Santander, en
primera instancia, como la Sección Quinta del Consejo de Estado, en segunda,
desconocieron las pruebas del incumplimiento del mandato general contenido en el
artículo 10 de la Ley 373 de 1997, así como el reconocimiento expreso de este por parte
de las entidades demandadas.
13. Manifestaron que, contrario a lo sostenido por la Sección Quinta en la sentencia del
3 de julio de 2025, en el expediente se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable, pues, a su juicio, al plenario se allegaron pruebas suficientes para
demostrar el «grave rezago histórico en el cumplimiento del artículo 10 de la Ley 373 de
1997».
14. Asimismo, sostuvieron que la sentencia de segunda instancia ignoró que en el escrito
de la acción de cumplimiento se expuso expresamente que su objeto no era la
«protección directa» de derechos colectivos, sino la verificación del cumplimiento de los
preceptos normativos contenidos en la Ley 373 de 1997. Mencionaron que, de hecho,
todas las pretensiones estaban encaminadas a obtener la aplicación y acatamiento de la
referida ley.
15. Señalaron que, si bien en la demanda se hizo alusión a que se tuvo conocimiento del
incumplimiento a partir de un contexto determinado, lo cierto era que, desde el principio,
aclararon que dicho hecho evidenciaba una falla sistemática en la gestión, planificación
y cuidado del agua subterránea por parte de las entidades demandadas.
16. En tal sentido, indicaron que, lejos de facilitar el acceso a la administración de justicia
y de materializar los principios de la Ley 393 de 1997, las decisiones judiciales
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enjuiciadas les impusieron barreras injustificadas, que terminaron anulando su derecho
de acción.
17. Además, argumentaron que las providencias del 22 de mayo y del 3 de julio de 2025
contrarían abiertamente las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado
Colombiano. En concreto, se refirieron a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y al Acuerdo de Escazú, incorporado al ordenamiento interno
mediante la Ley 2273 de 2022.
18. En particular, expusieron que la providencia del 22 de mayo de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander adolece de los siguientes defectos: i)
procedimental absoluto, por exceso ritual manifiesto, pues, al haber rechazado de
plano la acción en una oportunidad posterior a la que prevé la ley, les cercenó la
posibilidad de subsanar el supuesto yerro sobre la falta de conformidad de la solicitud de
renuencia y, con ello, impuso una exigencia formal excesiva e infundada y pretermitió
una instancia del proceso, comoquiera que no pudieron obtener dos pronunciamientos
sobre el fondo del asunto; ii) fáctico, por omisión e indebida valoración de la solicitud
presentada para constituir en renuencia a las demandadas; y iii) material o sustantivo,
por haber impuesto un requerimiento adicional no previsto en la ley, es decir, el hecho
de que debía existir conformidad plena entre la solicitud administrativa y las pretensiones
de la acción.
19. Sobre la sentencia de segunda instancia, proferida el 3 de julio de 2025, por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, indicaron que adolece de defecto por violación
directa a la Constitución, pues, al pretender trasladar la discusión al ámbito de una
acción popular, sin ponderar el principio de especialidad ni valorar si la negativa puede
derivarse de un perjuicio grave e inminente, vació de contenido la acción de cumplimiento
y desconoció su naturaleza y objeto, en los términos de lo dispuesto en los artículos 87
y 88 de la Constitución.
20. Destacaron que, además, de la lectura sistémica de las leyes 373 de 1997 y 472 de
1998, es posible concluir que no existe una relación de subsidiariedad rígida entre las
dos acciones y que el principio de especialidad debe primar para determinar su
procedencia, así como el análisis concreto de idoneidad y eficacia real del otro medio
judicial.
B. Trámite impartido e intervenciones
21. Mediante auto del 1° de septiembre de 20252, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander y la Sección Quinta de esta Corporación, y, en calidad de terceros con interés,
vinculó a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, a la Corporación Autónoma Regional de Santander, al Servicio Geológico
Colombiano, al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, a los
señores Julián Nicolás Correa Ramírez, Amparo Vargas Almeida, Feliciano Vargas
Almeida, Alejandro Rico Bautista y a todos los demás vinculados a la acción de
cumplimiento que dio objeto al presente pronunciamiento. Asimismo, ordenó notificar a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2 Samai, índice 4 del expediente de tutela en primera instancia.
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22. La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)3 solicitó que se le
desvinculara del presente trámite constitucional, por considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva. Para fundamentar su solicitud, expuso que las
pretensiones del escrito de amparo no se dirigen en su contra ni están relacionadas con
su actividad funcional, por lo que no está llamada a responder por la presunta vulneración
alegada por los demandantes.
23. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga (CDMB)4 también pidió que se declarara la falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues la declaratoria de improcedencia de la acción de cumplimiento
que se censura en la demanda correspondió exclusivamente a las autoridades judiciales
accionadas.
24. El Servicio Geológico Colombiano5 solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela, por considerar que no reúne los requisitos de procedibilidad de la acción de
amparo contra providencias judiciales. En su criterio, la decisión cuestionada no resulta
arbitraria, desproporcionada, inadecuada o irrazonable, de modo que los alegatos
contenidos en el escrito de amparo dan cuenta simplemente de la discrepancia de
criterios de los demandantes con la providencia censurada.
25. El Tribunal Administrativo de Santander6 allegó copia digitalizada del expediente
de la acción de cumplimiento con radicado 68001-23-33-000-2025-00193-00, pero no se
pronunció respecto de la solicitud de amparo.
26. No se rindieron más informes.
C. Fallo impugnado
27. En sentencia del 2 de octubre de 20257, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado, por considerar que no se configuró el
defecto de violación directa a la constitución atribuida a la sentencia de segunda instancia
aquí cuestionada.
28. De manera preliminar, el a quo se pronunció sobre los defectos atribuidos por la parte
actora a la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Santander. Consideró que la aludida providencia no se
encuentra en firme, teniendo en cuenta que fue objeto de recurso de apelación y,
posteriormente, fue revocada por la Sección Quinta de esta Corporación, por lo cual
manifestó que no emitiría pronunciamiento alguno al respecto y que se limitaría a analizar
los cargos endilgados a la sentencia de segunda instancia.
29. Sobre el único cargo, por violación directa a la Constitución, atribuido a la sentencia
del 3 de julio de 2025, indicó que, contrario a lo sostenido por la parte actora, la decisión
no se apreciaba irrazonable, caprichosa o arbitraria ni, menos aún, era posible afirmar
que con ella se restringió injustificadamente la procedencia de la acción de cumplimiento,
o se desconoció su naturaleza y/o el marco normativo que la rige. Al contrario, estimó
que la providencia efectuó un análisis completo y suficiente del asunto y que dicho
3 Samai, índice 11 del expediente de tutela en primera instancia.
4 Samai, índice 19 del expediente de tutela en primera instancia.
5 Samai, índice 12 del expediente de tutela en primera instancia.
6 Samai, índice 10 del expediente de tutela en primera instancia.
7 Samai, índice 16 del expediente de tutela en primera instancia.
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estudio debía ser respetado, en virtud de los principios de autonomía e independencia
judicial.
D. Impugnación
30. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación.
31. En primer lugar, manifestó estar en desacuerdo con que se hubiera restringido el
análisis de la acción de tutela a los cargos atribuidos únicamente a la sentencia de
segunda instancia, dictada por la Sección Quinta de esta Corporación. A su juicio, pese
a que la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander fue revocada, los efectos de
los yerros allí cometidos hacen que la vulneración por su causa persista, puesto que
estos fueron de tal entidad que lograron suprimir una instancia judicial, es decir,
impidieron que obtuvieran dos pronunciamientos de fondo sobre la controversia.
32. Ahora bien, en lo concerniente al defecto endilgado a la sentencia de segunda
instancia, adujo que el a quo se limitó a reproducir los argumentos de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, evaluando únicamente la suficiencia formal de la motivación, pero
sin verificar su conformidad con las disposiciones constitucionales invocadas como
desconocidas en la petición de amparo. De modo que, en su sentir, la vulneración
persiste, pues se sigue desconociendo la naturaleza, sentido y finalidad de la acción de
cumplimiento.
33. En lo restante se dedicó a reiterar, en su integridad, los argumentos expuestos a lo
largo del escrito de tutela.
E. Trámite en segunda instancia
34. Mediante memorial allegado el 6 de noviembre del año en curso8, la Asociación de
Mujeres Campesinas Reviviendo Nuestro Campo y Feliciano Vargas Almeida, Alejandro
Rico Bautista, vecinos de la vereda La Cabrera, municipio de Los Santos y municipio de
Piedecuesta; Darly Vanessa Mendoza Tello, defensora del agua, el ambiente y el
territorio en Los Santos; y Gustavo González Cañas, presidente de la Asociación
Nacional Campesina Unidad y Reconstrucción, presentaron solicitud de coadyuvancia
de las pretensiones de la demanda.
35. Mediante escrito radicado el 26 de noviembre del año en curso, el magistrado
Fernando Alexei Pardo Flórez manifestó impedimento para conocer el presente asunto,
por amistad íntima con el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la
Sección Quinta de esta Corporación y suscriptor de la sentencia de segunda instancia
aquí cuestionada.
II. CONSIDERACIONES
F. Cuestiones previas: de la solicitud de coadyuvancia en segunda instancia y de
la manifestación de impedimento del magistrado
36. Previo a resolver la impugnación presentada por la parte actora, la Sala estima
necesario pronunciarse respecto de la solicitud de coadyuvancia presentada por la
Asociación de Mujeres Campesinas Reviviendo Nuestro Campo y Feliciano Vargas
8 Samai, índice 4.
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Almeida, Alejandro Rico Bautista, vecinos de la vereda La Cabrera, municipio de Los
Santos y municipio de Piedecuesta; Darly Vanessa Mendoza Tello, defensora del agua,
el ambiente y el territorio en Los Santos; y Gustavo González Cañas, presidente de la
Asociación Nacional Campesina Unidad y Reconstrucción.
37. Sobre la coadyuvancia en la acción de tutela, se resalta que está prevista en el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que las personas que tengan
interés legítimo en el resultado del proceso también pueden intervenir para coadyuvar u
oponerse a las pretensiones de la demanda.
38. Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la
acción de tutela por remisión del artículo 4 del decreto 306 de 1992, prevé que las
personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso pueden
intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de segunda
instancia.
39. Se debe tener en cuenta que el hecho de ser coadyuvante de la parte de accionante,
no lo habilita para plantear o formular nuevas pretensiones, dado que sólo pueden apoyar
las solicitudes que se han planteado en el escrito de tutela. Sobre el particular, en la
sentencia de unificación 067 de 2022, la Corte Constitucional sostuvo:
Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que
se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la
coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole
jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando
este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en
contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del
proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la
parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia
de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer
pretensiones propias»[35][énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la
remisión al Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá
llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36].
De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas a
límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución procesal que permite su
intervención en la causa judicial.
Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la coadyuvancia.
En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el
problema jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la formulación de
argumentos y razonamientos distintos a los planteados en el escrito de demanda.
Dicho asunto fue examinado en la Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión, la
Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un
interés legítimo en la decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos
diferentes a los que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones
específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar
este asunto, la Corte manifestó lo siguiente:
[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la
participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta
compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela,
sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría
entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].
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40. Revisado el expediente ordinario, la Sala encuentra que, mediante auto del 28 de
abril de 20259, el Tribunal Administrativo de Santander reconoció a la señora Amparo
Vargas Almeida, representante legal de la Asociación de Mujeres Campesinas
Reviviendo Nuestro Campo; así como los señores Feliciano Vargas Almeida y Alejandro
Rico Bautista, campesinos de la Vereda Cabrera del Municipio de Piedecuesta
(Santander), como coadyuvantes de la parte demandante en el medio de control de
cumplimiento. Por lo tanto, la Sala estima procedente reconocerles la calidad de
coadyuvantes en el presente trámite constitucional, al haber acreditado un interés
legítimo para apoyar las pretensiones de la demanda.
41. No ocurre lo mismo, sin embargo, respecto de los señores Darly Vanessa Mendoza
Tello, defensora del agua, el ambiente y el territorio en el municipio de Los Santos y
Gustavo González Cañas, representante legal y presidente de la Asociación Nacional
Campesina Unidad y Reconstrucción, pues, aunque en memorial radicado el 6 de julio
de 202510 solicitaron que se les reconociera como coadyuvantes del extremo activo en
el ya ampliamente mencionado medio de control de cumplimiento, lo cierto es que la
Sección Quinta de esta Corporación no se pronunció sobre dicha solicitud, por lo que
formalmente no fueron reconocidos como tal. Tampoco se advierte que los solicitantes
hubieran mostrado inconformidad alguna frente al silencio de la referida autoridad judicial
o reiterado su petición.
42. Por consiguiente, se aceptará la solicitud de coadyuvancia de la señora Amparo
Vargas Almeida, representante legal de la Asociación de Mujeres Campesinas
Reviviendo Nuestro Campo y de los señores Feliciano Vargas Almeida y Alejandro Rico
Bautista, pero limitada a las pretensiones y argumentos planteados por la parte
accionante, lo cual implica no abordar reclamaciones distintas a las formuladas en la
demanda, siempre y cuando, desde luego, se reúnan los presupuestos procesales y se
cumplan los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
43. Empero, se negará la solicitud formulada por los señores Darly Vanessa Mendoza
Tello, defensora del agua, el ambiente y el territorio en el municipio de Los Santos y
Gustavo González Cañas, representante legal y presidente de la Asociación Nacional
Campesina Unidad y Reconstrucción, al considerar que no les asiste interés legítimo en
el presente proceso, por cuanto no fueron reconocidos como coadyuvantes en el medio
de control de cumplimiento que dio origen a la presente acción constitucional.
44. Ahora bien, en lo que concierne a la manifestación de impedimento del magistrado
Fernando Alexei Pardo Flórez , quien informó que desde hace ya varios años sostiene
una amistad estrecha con el también consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante
de la Sección Quinta de esta Corporación y suscriptor de la sentencia que aquí se
cuestiona. Para ello, puso de presente su relación cercana, lo que incluye visitas a sus
respectivas familias, y el acompañamiento mutuo y permanente «en momentos
significativos de [sus] vidas (logros e infortunios personales)». Que, por consiguiente, se
encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal: «que exista amistad íntima o enemistad grave entre
alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial».
9 Samai, índice 11 del expediente de cumplimiento con radicado 68001-23-33-000-2025-00193-00.
10 Samai, índice 4 del expediente de cumplimiento con radicado 68001-23-33-000-2025-00193-01
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Demandante: Aníbal Cadena Barrera y otros
45. Pues bien, en materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales
del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991:
Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si
fuere el caso.
46. De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá
declararse impedido cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de
Procedimiento Penal (CPP). Así, se constata que el numeral 2 del artículo 56 del CPP,
dispone:
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
47. Dado que las circunstancias fácticas descritas en el escrito analizado dan cuenta de
una amistad estrecha y prolongada, al punto que se ha mantenido durante más de ocho
años, periodo en el cual han compartido innumerables espacios académicos y
personales, es claro que se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, a fin de garantizar la imparcialidad e
independencia que se requieren para conocer y tramitar la acción de tutela, se declarará
fundado el impedimento manifestado por el mencionado consejero de Estado, y, como
consecuencia, quedará separado del conocimiento del presente asunto.
G. Competencia
48. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
H. Problema jurídico
49. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 2
de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación, que negó el amparo.
I. Análisis de la Sala
Incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
50. De entrada, la Sala advierte que, contrario a lo sostenido por el juez de tutela de
primera instancia, la solicitud de amparo que se analiza carece de relevancia
constitucional, por constituir una clara reiteración del debate planteado en el proceso
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ordinario, el cual fue razonablemente zanjado por la Sección Quinta de esta Corporación
en la sentencia del 3 de julio de 2025. Por ende, se modificará la sentencia impugnada
y, en su lugar, se declarará improcedente la petición de amparo.
51. En el caso bajo estudio, los señores Aníbal Cadena Barrera, Luis Antonio Bohórquez
Almeida, Laura Alejandra Peña Rodríguez, José Camilo López Peña, Miguel Francisco
Contreras Landinez, Mauricio Meza Blanco, José Daniel Fonseca Sandoval y Luz
Marcela Pérez Arias solicitaron que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, vulnerados por las sentencias
proferidas el 22 de mayo y del 3 de julio de 2025, en el marco del proceso con radicado
68001-23-33-000-2025-00193-00/01. A través de las referidas providencias, el Tribunal
Administrativo de Santander, en primera instancia, rechazó de plano la demanda de
cumplimiento y la Sección Quinta de esta Corporación, en segunda, la declaró
improcedente, al considerar que los accionantes contaban con otro mecanismo judicial
idóneo para encauzar las pretensiones preventivas y restaurativas de la demanda.
52. En el escrito de tutela, los demandantes alegaron que la sentencia del 22 de mayo
de 2025 adolece de defecto procedimental absoluto, por exceso ritual manifiesto; fáctico,
por indebida valoración probatoria; y material o sustantivo, por inadecuada interpretación
y aplicación del artículo 8 de la Ley 393 de 1997. Asimismo, afirmaron que la Sección
Quinta del Consejo de Estado en la sentencia del 3 de julio de 2025 incurrió en un defecto
por violación directa de los artículos 4, 79, 80, 228 y 229 de la Constitución Política.
53. En primera instancia, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación,
se abstuvo de emitir consideraciones respecto de los defectos atribuidos a la sentencia
proferida el 22 de mayo de 2025, por considerar que dicha providencia fue revocada en
segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la providencia
del 3 de julio siguiente, la cual puso fin al proceso. De otro lado, negó la solicitud de
amparo, tras considerar que no se configuró el defecto por violación directa a la
Constitución endilgado a la decisión de segunda instancia. En su criterio, la decisión
censurada contiene una carga argumentativa suficiente y razonable a la luz de las
disposiciones normativas aplicables al asunto, que no desconoce ni restringe
injustificadamente la procedencia del medio de control de cumplimiento ni su naturaleza
y alcance.
54. En la impugnación, la parte actora manifestó que se encuentra inconforme con dos
aspectos, fundamentalmente. El primero, tiene que ver con la decisión del a quo de
abstenerse de emitir pronunciamiento sobre los defectos de los que considera que
adolece la sentencia del 22 de mayo de 2025, pues, en su criterio, aunque esta fue
revocada, los efectos de dichos yerros permanecen y se extienden en el tiempo. Según
dijo, al rechazar de plano el medio de control en una oportunidad posterior a la admisión
de la demanda, la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander suprimió una
instancia judicial e impidió que se materializara realmente su garantía a la doble
instancia, pues no pudo obtener dos decisiones de fondo sobre la controversia.
55. En segundo lugar, la parte actora expuso que la sentencia de primera instancia se
limitó a analizar la motivación formal de la decisión cuestionada, pero sin realizar una
verdadera confrontación entre los preceptos constitucionales invocados como
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desconocidos y los yerros de los que considera que adolece la sentencia del 3 de julio
de 2025, los cuales fueron debidamente identificados en el escrito de tutela.
56. En ese orden y, para efectos metodológicos, la Sala empezará por desestimar los
argumentos tendientes a desvirtuar el razonamiento del a quo sobre la improcedencia de
analizar yerros atribuidos a la sentencia dictada el 22 de mayo de 2025, por el Tribunal
Administrativo de Santander, y, posteriormente, se explicarán las razones por las cuales
se considera que el presente asunto carece absolutamente de relevancia constitucional,
al constituir una evidente reiteración del debate que se llevó a cabo en el trámite del
medio de control de cumplimiento y que quedó razonablemente zanjado por la Sección
Quinta de esta Corporación en la providencia del 3 de julio del año en curso.
57. El principio de doble instancia está previsto en el artículo 31 de la Constitución
Política, que dispone que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo
las excepciones que consagre la Ley.
58. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional11, el principio de doble
instancia constituye un elemento del derecho al debido proceso y se materializa mediante
la posibilidad que se le otorga las partes de un proceso de acudir al recurso de apelación
o impugnación, a fin de que la decisión judicial que resultó desfavorable a sus intereses
sea revisada por el superior jerárquico de quien la profirió. La finalidad de dicha
prerrogativa que ha sido concebida como garantía, principio y derecho fundamental
consiste en «permitir que la providencia dictada por una autoridad judicial sea revisada
por otro funcionario, independiente e imparcial de la misma naturaleza y más alta
jerarquía. Lo anterior, con la finalidad de que decisiones contrarias a los intereses de las
partes tengan una más amplia deliberación y permitan mayor grado de corrección, así
como enmendar la aplicación indebida de la Ley o la Constitución, que se haga por parte
de la autoridad judicial».
59. Asimismo, el alto tribunal Constitucional ha destacado la diferencia que existe entre
los derechos de doble instancia judicial y doble conformidad. La primera constituye una
garantía que hace parte del debido proceso y que puede ser ejercida por cualquiera de
los sujetos procesales, mientras que la segunda solamente se encuentra en cabeza de
quien ha sido condenado en un juicio penal. De ahí que la aplicación de esta última se
restringe al proceso penal, en tanto que la garantía de la doble instancia constituye la
regla general de todo proceso judicial.
60. En ese orden, el derecho a la doble conformidad otorga la facultad de controvertir
una sentencia condenatoria para que un mismo litigio sea resuelto en el mismo sentido
por dos jueces distintos; no obstante, la doble instancia exige que una misma
controversia sea sometida a dos instancias procesales distintas e independientes,
dirigidas por jueces distintos y sin importar que los fallos resultantes sean
coincidentes; la coincidencia no es un componente de dicha garantía.
61. De suerte que, contrario a lo sostenido por la parte demandante en el escrito de tutela
y reiterado en el de impugnación, la Sala encuentra que en el presente caso no existe
11 Al respecto, ver, por ejemplo, las siguientes providencias de la Corte Constitucional: i) sentencia T-715
de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido; ii) sentencia C-406 de 2022, M.P. Diana Fajardo Rivera; iii) sentencia
C-792 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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trasgresión al principio de doble instancia. Antes bien, dicha garantía se materializó
adecuadamente, puesto que se le permitió a la parte demandante ejercer su derecho de
impugnación, a través del recurso formulado contra la decisión del 22 de mayo de 2025,
la cual fue revisada por esta Corporación en su condición de superior jerárquico del
Tribunal Administrativo de Santander.
62. La Sala insiste en que la garantía constitucional de doble instancia no requiere, como
erróneamente lo entiende la parte demandante, que las dos decisiones judiciales resulten
coincidentes o que en ambas se emita un pronunciamiento de fondo, sino que se
materializa simplemente con la potestad que se otorga a los extremos de la litis de
presentar un recurso de alzada para que el superior jerárquico revise la decisión del juez
a quo, como efectivamente ocurrió en el asunto analizado.
63. En conclusión, el razonamiento del a quo relacionado con la improcedencia de
analizar los reparos formulados contra la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Santander —la cual fue objetada mediante recurso de
alzada— resulta pertinente y adecuado, pues, ciertamente, la decisión que tiene efectos
jurídicos actualmente, por haber definido la controversia, es la sentencia del 3 de julio de
2025, dictada por la Sección Quinta de esta Corporación.
64. Ahora bien, tal y como se anticipó, la Sala estima que la presente acción de amparo,
en relación con el cargo por violación directa a la Constitución endilgado a la sentencia
del 3 de julio de 2025, carece de relevancia constitucional.
65. Revisado el expediente ordinario y, en particular, la demanda de cumplimiento, se
encuentra que el debate allí planteado consistió en la supuesta falta de observancia de
los mandatos contenidos en los artículos 10 y 16 de la Ley 373 de 1997, pues, en criterio
de la parte demandante, las entidades entonces demandadas no cumplieron con sus
deberes de realizar estudios hidrogeológicos previos para definir la viabilidad del
otorgamiento de las concesiones de aguas subterráneas y han omitido adoptar medidas
de protección correspondientes en zonas de recarga.
66. En efecto, los argumentos son transversales, pues, a lo largo del escrito de tutela la
parte actora insistió en que existe un evidente desacato de los mandatos legales
contenidos en el artículo 10 de la Ley 373 de 1997, de parte de la CDMB, la CAS, el SGC
y el IDEAM, el cual debió ser declarado por los jueces naturales de la causa. Así, aunque,
en principio, su desacuerdo se dirige contra declaratoria de improcedencia del medio de
control de cumplimiento, en el fondo, la controversia tiene que ver directamente con la
supuesta omisión de valoración del contenido del artículo 10 ibidem y la falta de
cumplimiento del deber allí contenido que, a su juicio, es claro, específico y exigible.
67. Valga destacar que los reproches de la parte actora se encuentran intrínsecamente
relacionados con la supuesta omisión de la sentencia de segunda instancia de valorar la
falta de observancia del deber de realizar estudios hidrogeológicos para determinar la
viabilidad de las concesiones para la explotación de aguas subterráneas, lo cual podría
«generar un perjuicio grave o irreversible, teniendo en cuenta el prolongado
incumplimiento de ese deber legal por tantos años por parte de las accionadas y el
contexto de crisis climática». Debate que fue justamente propuesto en la demanda de
cumplimiento.
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68. No obstante, pasa por alto la parte actora, el hecho de que dichos reproches fueron
objeto de pronunciamiento por parte de la Sección Quinta de esta Corporación, que en
la sentencia censurada estimó que el medio de control de cumplimiento era improcedente
para analizar la supuesta falta de acatamiento de los mandatos contenidos en la Ley 373
de 1997, pues por medio de la demanda se planteó una problemática que trascendía la
simple pretensión de cumplimiento de una norma y tenía una finalidad sustancial mucho
más compleja e intrincada, que no podía ser dirimida en un trámite tan expedito.
69. En efecto, para la autoridad judicial accionada, el debate planteado por los
demandantes más allá de procurar el cumplimiento de un mandato legal, ponía en
evidencia una posible crisis en relación con el uso, aprovechamiento y conservación del
recurso hídrico que se estaría presentado en las jurisdicciones de la CDMB y la CAS, a
través de la exposición de una serie de presuntas irregularidades en torno a la concesión
de permisos para construcción de pozos y explotación de aguas subterráneas.
70. De hecho, la sentencia cuestionada destacó varios apartes de la demanda en los que
se dejó en evidencia la problemática que, al parecer, se presenta en los municipios de
Los Santos y Piedecuesta (Santander) en relación con la falta de acceso equitativo al
recurso hídrico, así como el desabastecimiento de agua en dichos municipios, lo cual, en
criterio de la Sección Quinta, da cuenta de que la finalidad de la demanda no era
simplemente que se ordenara el acatamiento de algunas disposiciones normativas, sino,
además, pretendía la adopción de una serie de medidas enfocadas en la protección de
derechos e intereses colectivos, solicitudes que son improcedentes a través del medio
de control de cumplimiento.
71. Lo anterior, condujo a que la autoridad judicial accionada evidenciara que lo
pretendido por los accionantes desbordaba el objeto de la acción prevista en el artículo
87 de la Constitución Política, dado que buscaba la protección de derechos colectivos
que pueden ser salvaguardados a través de la acción popular.
72. En efecto, la Sala observa que de la simple lectura de la demanda de cumplimiento
salta a la vista que la supuesta falta de acatamiento de las normas, tal y como fue
planteada, está relacionado con la supuesta problemática que se estaría presentando en
los municipios de Los Santos y Piedecuesta (Santander) e, incluso, algunas pretensiones
se dirigían a obtener ordenes de implementación de medidas para la protección de zonas
de recarga de aguas subterráneas y procesos de recuperación, protección y
conservación de las áreas que contienen acuíferos.
73. En otras palabras, la decisión adoptada por la Sección Quinta de esta Corporación,
lejos de desnaturalizar el medio de control de cumplimiento, procura la observancia de
su objeto, al impedir que por dicho mecanismo se tramiten pretensiones que no le son
propias y que desbordan su contenido y su alcance.
74. Por último, valga destacar que, recientemente, la Corte Constitucional 12 evaluó la
procedencia de una acción de tutela, cuando se pretende la protección del derecho
fundamental al agua potable y concluyó que la jurisprudencia constitucional ha
12 Corte Constitucional, sentencia T-115 de 2023, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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considerado que la acción popular es el mecanismo idóneo y eficaz para obtener la
protección de derechos colectivos en estos eventos.
75. En la sentencia T-596 de 201713, la Corte hizo una reconstrucción exhaustiva de las
características de la acción popular para destacar su idoneidad, tanto para resguardar
derechos colectivos, como fundamentales. Allí señaló que dicha acción es procedente
cuando el tipo de pretensiones que contiene la demanda son preventivas o restitutorias
—como ocurre en el caso analizado, en el que se reclamó la protección de las zonas de
recarga y la implementación de procesos de recuperación de las áreas con acuíferos—,
y cuando el objeto de la demanda es la protección de derechos e intereses colectivos —
requisito que, como se evidenció antes, también concurre en el sub judice—.
76. Así las cosas, para la Sala queda plenamente acreditado que, aunque la parte actora
en el escrito de tutela hubiera hecho énfasis en que con la demanda de cumplimiento no
pretendía la «protección directa de derechos colectivos, sino la verificación del
cumplimiento de los mandatos legales contenidos en la Ley 373 de 1997», lo cierto es
que sus pretensiones de naturaleza preventiva y restitutiva, así como el desarrollo
argumentativo de la demanda, dan cuenta de lo contrario y ratifican la razonabilidad de
la decisión de la Sección Quinta de esta Corporación.
77. Conviene precisar que, en sentencia de unificación 215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional, como un requisito necesario para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta
en instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales sin trascendencia
constitucional:
[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales14. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales15. (Se destaca).
78. En suma, mientras la parte no ofrezca argumentos con real peso constitucional y
que sean coherentes con la decisión adoptada, habrá de concluirse que el contenido de
la providencia censurada es razonable, goza de presunción de acierto y se acompasa
con los principios de independencia y autonomía judiciales que no pueden ser
desconocidos por el juez de tutela.
13 Corte Constitucional, sentencia T-596 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
14 Cita original de la providencia: «En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en los
que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea
como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que
trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para
decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar
la afectación del patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones”».
15 Corte Constitucional, sentencia de unificación 215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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79. De suerte que, tal como se anticipó, la Sala modificará la sentencia del 2 de octubre
de 2025, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que negó la solicitud de amparo. En su lugar, la declarará improcedente, por considerar
que no satisface el requisito de relevancia constitucional. Máxime cuando, como se
explicó, la providencia aquí censurada no se aprecia irrazonable, caprichosa o arbitraria
desde el punto de vista constitucional.
80. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Aceptar como coadyuvantes de la parte actora a la señora Amparo Vargas
Almeida, representante legal de la Asociación de Mujeres Campesinas Reviviendo
Nuestro Campo; así como a los señores Feliciano Vargas Almeida y Alejandro Rico
Bautista.
SEGUNDO. Negar la solicitud de coadyuvancia elevada por los señores Darly Vanessa
Mendoza Tello y Gustavo González Cañas.
TERCERO. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez, según las razones anotadas. Como consecuencia, queda separado
del conocimiento de la presente acción de tutela.
CUARTO. Modificar la sentencia del 2 de octubre de 2025, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar:
QUINTO. Declarar improcedente la demanda de tutela presentada por los señores
Aníbal Cadena Barrera, Luis Antonio Bohórquez Almeida, Laura Alejandra Peña
Rodríguez, José Camilo López Peña, Miguel Francisco Contreras Landinez, Mauricio
Meza Blanco, José Daniel Fonseca Sandoval y Luz Marcela Pérez Arias, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
SEXTO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.
SÉPTIMO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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