Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05443-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05443-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05443-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
25 de septiembre de 2025
Demandante: Juan Manuel Fonseca Rozo
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05443-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05443-00
Demandante: JUAN MANUEL FONSECA ROZO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedencia por no
superar el requisito general de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Juan Manuel Fonseca Rozo, a través de apoderado judicial1, instauró
acción de tutela2 contra el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, a efectos de que le sean
amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al
mínimo vital y de acceso a la administración de justicia.
El accionante consideró que sus garantías constitucionales se encuentran
vulneradas, con ocasión de las providencias del 26 de agosto de 2024 y 2 de mayo
de 2025 proferidas por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, y a
través de las cuales se negaron las pretensiones de la demanda invocadas al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
50001-33-33-005-2022-00443-00/01, instaurado contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (en adelante CREMIL).
1 Poder otorgado al abogado Ricardo Castaño Poveda para promover la presente acción, que fue
conferido mediante mensaje de datos, conforme a los términos previstos en el artículo 5 de la Ley
2213 de 2022 - índice 02 de Samai.
2 Radicada el 1° de septiembre de 2025 con secuencia: 8763.
1
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Demandante: Juan Manuel Fonseca Rozo
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05443-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
SEGUNDA: Que se REVOQUE la Sentencia del 02 de mayo de 2025 del Tribunal
Administrativo del Meta, dentro del proceso Radicado Nº. 500013333005-2022-
00443-01 (2da instancia), por medio de la cual se confirmó la Sentencia de Primera
Instancia proferida el 26 de agosto de 2024 por el Juzgado 05 Administrativo del
Circuito de Villavicencio, negando las pretensiones de la demanda.
TERCERA: Que se profiera decisión sustitutiva accediendo a las pretensiones
incoadas en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento, dentro del radicado
Nº. 500013333005-2022-00443-00 (1ra instancia)3.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Juan Manuel Fonseca Rozo presentó demanda contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de obtener la declaratoria
de nulidad de la Resolución 00352 del 18 de mayo de 2022 que reconoció y ordenó
el pago de las cesantías definitivas a su favor y, a título de restablecimiento del
derecho solicitó reliquidar y reajustar la mencionada prestación en los términos
previstos en el Decreto 1211 de 1990.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Villavicencio que, mediante sentencia del 26 de agosto de 2024
negó las pretensiones, al considerar que, según lo establecido en el artículo 3º del
Decreto 1790 de 2000 que derogó el Decreto 1211 de 1990, el escalafón de cargos
constituye la base para determinar la planta de personal de las fuerzas militares, la
cual se establece por un sistema de jerarquía determinado en grados y escalas
descendentes, siendo el grado inferior de los Suboficiales en la Fuerza Aérea el de
aerotécnico; cargo que da inicio a la vinculación como personal uniformado de dicha
entidad.
En este orden precisó que, de conformidad con lo consignado en la hoja de servicios
del demandante, se logró demostrar que su vinculación como aerotécnico de la
Fuerza Aérea se dio el 17 de diciembre de 2001, es decir, con posterioridad a la
entrada en vigencia del Decreto 1252 de 2000, por ende, su régimen de cesantías
corresponde al anualizado.
Dicha providencia fue recurrida por la parte actora y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Meta mediante providencia del 2 de mayo de 2025 en la que
3 Transcripción del texto original con posibles errores.
2
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señaló que, de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia del 31 de octubre de 20244 que analizó
ampliamente una situación similar, y determinó que la calidad de alumno de una
escuela de formación no determina la aplicación del régimen de cesantías al no
generar ninguna relación laboral con la institución, por lo que la vinculación del actor
debe contarse desde que adquirió el grado de aerotécnico.
La anterior decisión, fue notificada a las partes mediante correo electrónico el 6 de
mayo de 20255.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
El tutelante realizó un recuento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, sin que hubiere indicado de manera
específica los defectos alegados respecto de las providencias que se cuestionan.
Precisó que, el asunto es relevante constitucionalmente, ya que existe
jurisprudencia que determina que el tiempo que se desempeñe como alumno en la
escuela de formación de las fuerzas militares debe ser computado para determinar
el régimen de liquidación aplicable con relación a las cesantías, sin que al respecto
exista un criterio unificado de un órgano de cierre, y por ende, le corresponde a esta
Corporación determinar la posición que le resulte más favorable, y procurar por la
salvaguarda de sus garantías constitucionales.
Manifestó que, a través de las sentencias acusadas se violó de manera directa la
Constitución Política, al evidenciarse la inoperancia del derecho sustancial, así
como la adopción de un criterio manifiestamente desfavorable, lo cual va en
contravía de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad, al mínimo vital, a la dignidad humana y el principio constitucional de
favorabilidad.
Refirió que, las autoridades judiciales accionadas vulneraron su derecho
fundamental al mínimo vital, toda vez que, a través de las providencias censuradas
se negó el reajuste y reliquidación de las cesantías definitivas que le fueron
reconocidas, sin tener en cuenta que su relación jurídica con la Fuerza Aérea
Colombiana inició el 18 de enero de 1999, fecha en la que ingresó a la escuela de
formación, lo que lo hace beneficiario del régimen prestacional reclamado.
Señaló que, acorde con lo analizado, las decisiones adoptadas mediante los fallos
acusados generaron una grave, injustificada e infundada afectación a la dignidad
humana, al no poder percibir junto con su núcleo familiar una remuneración justa
4 Proceso radicado nro. 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023) Con ponencia del magistrado Juan
Enrique Bedoya Escobar.
5 Índice 13 del expediente ordinario.
3
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respecto a las cesantías definitivas solicitadas, lo cual resulta violatorio de las
garantías constitucionales que se debaten en el presente asunto.
Alegó que, con los proveídos cuestionados se conculcó el derecho fundamental a
la igualdad, toda vez que los jueces de instancia acogieron criterios desfavorables
y opuestos a los antecedentes jurisprudenciales de las providencias que se
relacionan a continuación:
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia 2024-
03055 del ocho (08) de julio de dos mil veinticuatro (2024), que negó el
amparo en razón a que la autoridad judicial accionada (Tribunal
Administrativo del Meta) interpretó razonablemente las normas jurídicas
aplicables al caso, al conceder el reajuste y reliquidación de cesantías
definitivas al Sargento Primero Andrés Camilo Córdoba Chamorro.
• Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia 2019-00355 del once (11) de
abril de dos mil veinticuatro (2024), en la que se le otorgó al Sargento Primero
Andrés Camilo Córdoba Chamorro el reajuste y reliquidación de sus
cesantías definitivas, computando su tiempo como alumno en la escuela de
formación de Suboficiales.
• Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio en
sentencia 2022-00328 del veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024), y en la que le otorgó al Técnico Primero José Julián Gómez Toledo
el reajuste y reliquidación de sus cesantías definitivas, inaplicando el Decreto
1252 de 2000, reconociendo que la norma correspondiente es el Decreto
1211 de 1990, por ende, es indudable que se está en presencia de casos
análogos.
Aseveró que, en las referidas sentencias los operadores jurídicos otorgaron a los
demandantes el reajuste y reliquidación de sus cesantías definitivas, inaplicando el
Decreto 1252 de 2000 y reconociendo que la norma correspondiente es el Decreto
1211 de 1990, toda vez que en éste se tiene en cuenta el tiempo desempeñado
como alumno en la escuela de formación, a efectos de determinar el régimen de
liquidación que les resulta aplicable para todos los fines.
En línea con lo anterior, precisó que, en las providencias acusadas no se indicaron
las razones de hecho y de derecho por las cuales se dio una trato desfavorable y
diferenciado en su caso particular, incumpliendo el deber que le asiste a los jueces
de justificar cuando se apartan del precedente de una situación análoga.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 5 de septiembre de 20256, la magistrada ponente de esta decisión
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte actora7,
6 Índice 5 de Samai.
7 Notificación realizada a los correos electrónicos: juancho1poke38@yahoo.com – Índice 8 del aplicativo Samai.
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a los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta8 y al Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio9 como autoridades
judiciales accionadas, y vinculó como terceros interesados en el resultado del
proceso, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional10, Fuera Aérea Colombiana11
y a CREMIL12 «parte demandada en el proceso ordinario».
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio13
Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-005-2022-00443-00/01, sin
pronunciarse frente a los hechos que dieron lugar a la presente acción, y respecto
de los cuáles predica la vulneración a los derechos fundamentales el actor.
1.6.2. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL14
Señaló que, en el presente asunto no se vislumbra transgresión a las garantías
constitucionales invocadas por el accionante, ya que ha tenido a su disposición los
medios judiciales idóneos para controvertir lo debatido, en los que se respetaron
todas las etapas procesales, sin que se hubiere quebrantado el debido proceso o el
de acceder a la administración de justicia.
En cuanto al derecho a la igualdad, afirmó que no es competencia del juez de tutela
examinar las actuaciones surtidas al interior del trámite ordinario y determinar si la
decisión definitiva fue ajustada o no a la ley; máxime si se tiene en cuenta que el no
haberse accedido a las pretensiones formuladas por el tutelante, no necesariamente
significa que se esté incurriendo en una vía de hecho.
Con fundamento en lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la
presente acción, toda vez que las providencias judiciales cuestionadas se profirieron
con sujeción al ordenamiento jurídico.
8 Notificación realizada a los correos electrónicos: sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co – Índice
8 del aplicativo Samai.
9 Notificación realizada a los correos electrónicos: j05admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co – Índice
8 del aplicativo Samai.
10 Notificación realizada a los correos electrónicos notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co - Índice
8 del aplicativo Samai.
11 Notificación realizada a los correos electrónicos: tramiteslegales@fac.mil.co – Índice 8 del
aplicativo Samai
12 Notificación realizada a los correos electrónicos: notificacionesjudiciales@cremil.gov.co – Índice 8
del aplicativo Samai.
13 Índice 10 de Samai.
14 Índice 11 de Samai.
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1.6.3. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea de Colombia15
Allegó escrito en el que realizó un recuento de las normas que regulan el régimen
de las cesantías del personal vinculado a la Fuerza Aérea Colombiana para concluir
que, en las sentencias acusadas se realizó un análisis exhaustivo de cada uno de
los elementos probatorios allegados al plenario, a través de los cuáles se pudo
concluyó que el demandante no es beneficiario del régimen de cesantías
retroactivas porque su incorporación al escalafón militar fue posterior al 25 de mayo
de 2000, por lo que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1252 de 2000,
goza del régimen de cesantías anualizado.
Acorde con lo señalado, precisó que, lo pretendido por el tutelante mediante el
presente mecanismo es reabrir un debate legal y procesal como si se tratara de una
tercera instancia, máxime cuando el proveído controvertido fue debidamente
sustentado y valorado por la sala de conocimiento, con sustento en los elementos
probatorios, facticos y jurídicos determinantes, lo que torna improcedente la acción
de la referencia.
1.6.4. El Tribunal Administrativo del Meta, pese a estar debidamente notificado del
presente trámite, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por el señor Juan Manuel Fonseca Rozo, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige entre
otros, contra el Tribunal Administrativo del Meta.
2.2. Problema jurídico
La Sala advierte que el accionante adjudica tanto al Juzgado Quinto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, como al Tribunal Administrativo del Meta,
la vulneración de sus garantías constitucionales. No obstante, esta Sala de decisión
se limitará a analizar la providencia proferida el 2 de mayo de 2025 por la última de
las autoridades mencionadas, comoquiera que fue la que puso fin al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-005-
2022-00443-00/01, instaurado por la parte actora contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y CREMIL.
15 Índice 12 de Samai.
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De conformidad con lo anterior, y conforme a lo establecido en los antecedentes,
las pretensiones invocadas por la parte accionante, el material probatorio recaudado
y las intervenciones presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente
problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Meta, vulneró los derechos fundamentales del
actor, con ocasión de la sentencia proferida el 2 de mayo de 2025, que
confirmó el fallo dictado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Villavicencio y a través del cual se negaron las pretensiones
invocadas al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 50001-33-33-005-2022-00443-00/01, instaurado por el
actor contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea
Colombiana y CREMIL.?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y de encontrarse
superados se estudiará, (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 16
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su
procedencia18.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202219, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
19 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
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competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal20 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional22.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal23”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales24”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto25, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal26. (Resaltado de la Sala)
20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-128 de 2021.
25 Sentencia SU-573 de 2019.
26 Ib.
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2.5. Caso concreto
Como se señaló, la parte actora atribuye la vulneración de sus garantías
constitucionales a la sentencia proferida el 2 de mayo de 2025, que confirmó el fallo
dictado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Villavicencio y a través del cual se negaron las pretensiones invocadas al interior
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-
33-33-005-2022-00443-00/01, que se adelantó contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y CREMIL.
De la revisión del expediente, los cargos planteados por el accionante, el material
probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, la Sala estima que el asunto
debatido no goza de relevancia constitucional y, por ende, debe declararse su
improcedencia.
Lo anterior, por cuanto analizados los argumentos expuestos por la parte actora, se
evidencia que los mismos denotan su inconformidad frente a las conclusiones a las
que allegaron las autoridades judiciales accionadas, toda vez que, según su criterio,
la decisión de negar el reajuste y reliquidación de las cesantías definitivas que le
fueron reconocidas, se adoptó sin tener en cuenta que su relación jurídica con la
Fuerza Aérea Colombiana inició el 18 de enero de 1999, fecha en la que ingresó a
la escuela de formación, siendo entonces beneficiario del régimen retroactivo.
No obstante, revisada la motivación desplegada por el ad quem en la sentencia de
segunda instancia y que puso fin al proceso que se cuestiona, se avizora que, frente
a los reparos realizados por el actor, se precisó lo siguiente:
Como lo explicó el CONSEJO DE ESTADO en la sentencia citada, el ESCALAFÓN
de cargos constituye la base para determinar la planta de personal de las FUERZAS
MILITARES, según lo establece el artículo 3º, del Decreto 1790 de 2000, a la cual no
pertenecen los ALUMNOS SUBOFICIALES, precisamente, porque no han sido
incorporados a dicho escalafón. El artículo 3º, del Decreto 1790 de 2000, enlistó los
diferentes grados de OFICIALES y SUBOFICIALES, y el grado más bajo de los
SUBOFICIALES de la FUERZA AÉREA, es el de AEROTÉCNICO.
En esas condiciones, al haberse incorporado el demandante al ESCALAFÓN se
SUBOFICIAL en el grado de AEROTÉCNICO, el 17 de diciembre de 2001, esto es,
con posterioridad al 30 de junio de 2000 (entrada en vigencia del Decreto 1252 de
2000), le correspondía el RÉGIMEN DE CESANTÍAS ANUALIZADAS, como en
efecto procedió la Entidad accionada en el acto demandado.
Por lo anterior, no está llamado a prosperar el planteamiento del demandante, que es
indiferente el ingreso al ESCALAFÓN de SUBOFICIALES para efectos de la
aplicación del RÉGIMEN DE CESANTÍAS, porque como se acabó de indicar, es
justamente tal ingreso el que da la condición de SUBOFICIAL y, por tanto, la calidad
de miembro de la respectiva Fuerza.
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Así mismo, y con relación al tiempo que considera el tutelante debe ser computado
para la determinación del régimen de cesantías que le resulta aplicable, se observa
que, el Tribunal Administrativo del Meta indicó:
conforme a la sentencia transcrita, la calidad de alumno de una ESCUELA DE
FORMACIÓN no determina la aplicación del RÉGIMEN DE CESANTÍAS, porque esa
calidad genera ninguna relación laboral con la Institución; es su vinculación como
miembro de la FUERZA PÚBLICA, lo que sucede a partir del ingreso al ESCALAFÓN
DE OFICIALES o de SUOBFICIALES, según el caso, el que concreta el régimen de
CESANTÍAS del uniformado.
Es así que, la calidad de miembro de la FUERZA PÚBLICA inicia a partir del momento
en que el uniformado ingresa al ESCALAFÓN correspondiente. En el caso del
demandante, ello ocurrió, el 17 de diciembre de 2001, cuando se incorporó al
ESCALAFÓN de SUBOFICIAL, en el grado de AEROTÉCNICO.
Con base en el anterior panorama, se advierte que el amparo constitucional
estudiado no tiene la identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar
mandatos constitucionales, ya que la discusión planteada por el tutelante pone en
evidencia su desacuerdo con la decisión que resultó contraria a sus intereses.
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se avizora
prima facie la vulneración de los derechos fundamentales por parte de las
autoridades judiciales accionadas.
Pues revisado el escrito de amparo, se observa que el accionante reitera los
argumentos planteados en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y
que fueron estudiados por el juez competente, los que además usó para sustentar
el recurso de apelación contra la decisión de primer grado. Lo anterior desnaturaliza
el carácter residual de la acción de tutela al pretender que ésta se constituya en una
instancia adicional.
En este orden, se evidencia que, para motivar la decisión cuestionada, la autoridad
judicial accionada efectuó un análisis jurídico y jurisprudencial conforme a las
normas que regulan el régimen prestacional de los miembros de la fuerza pública,
arribando así a sus propias conclusiones.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por el accionante busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia.
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De otro lado, y si bien la parte actora argumentó que, con la sentencia cuestionada
se configuró una violación directa de la Constitución, al evidenciarse la inoperancia
del derecho sustancial, así como la adopción de un criterio manifiestamente
desfavorable; lo cierto es que no satisfizo la carga argumentativa desde la
perspectiva constitucional, tal como lo establece la sentencia de unificación SU-215
de 2022, pues, el debate planteado en esta sede tiene como objeto refutar las
consideraciones realizadas por la autoridad judicial accionada, más allá de exponer
cómo se materializó la presunta trasgresión de sus garantías constitucionales.
Así mismo, se hace menester recordar que, la afirmación consistente en que se
vulneraron determinadas prerrogativas superiores no conlleva a que el asunto
puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de una garantía constitucional.
Por último, y si bien el tutelante señaló que el tribunal accionado vulneró su derecho
fundamental a la igualdad al desconocer los antecedentes jurisprudenciales
establecidos en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado27, el Tribunal
Administrativo del Meta28 y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Villavicencio29, en las que se supuestamente se ordenó el reajuste y
reliquidación de las cesantías definitivas reconocidas a los demandantes,
computando su tiempo como alumno en la escuela de formación de suboficiales, y
a su vez, se inaplicó el Decreto 1252 de 2000; lo cierto es que, no precisó la
incidencia de estas en la decisión final que debería adoptar el fallador de instancia.
En este orden, ha de recordarse que en reiterados pronunciamientos esta Sección
ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un precedente
judicial debe cumplir con la carga mínima de identificar en su proceder
argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio de esta
aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte
el fallador de instancia.
Así las cosas, si bien el señor Fonseca Rozo cumplió con el deber de identificar las
providencias que aduce desconocidas por parte de las autoridades accionadas, se
observa que, más allá de enunciar el sentido de la decisión, el accionante no
demostró que los casos analizados en las sentencias aludidas fueran similares o
idénticos a su situación particular, ni precisó la regla que, según su juicio, le resulta
aplicable, circunstancia de la cual se deriva que el cargo formulado como
27 Sentencia proferida el 8 de julio 20204 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
al interior del proceso con radicado 2024-03055.
28 Sentencia proferida el 11 de abril de 2024, al interior del proceso identificado con el radicado 2019-
00355.
29Sentencia proferida el 28 de mayo de 2024, al interior del proceso con radicado 2022-00328.
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desconocimiento del precedente por presunta vulneración al derecho a la igualdad,
tampoco supera el requisito de relevancia constitucional.
En consecuencia, se concluye que, si bien la parte actora intenta exponer las
razones por las que considera que la autoridad judicial accionada incurrió en una
vulneración de las garantías invocadas, en realidad lo que se avizora es una simple
inconformidad con lo dispuesto por los jueces de instancia en cada una de las
providencias censuradas, y las conclusiones a las cuales arribaron, lo cual, per se,
no implica una trasgresión de los derechos fundamentales.
Acorde con lo analizado y de las argumentaciones expuestas en la acción de tutela,
concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida por el
fallador del proceso ordinario con fundamento en la normatividad y jurisprudencia
aplicable al caso, sin que sea permitido reabrir el debate ya zanjado por el juez
natural, so pretexto de la interpretación legal que pretende imponer el accionante.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre las garantías
constitucionales que se aducen vulneradas en contraste con lo decidido por las
entidades accionadas, que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto
que, este mecanismo no se encuentra instituido para resolver asuntos de tal
naturaleza legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Juan Manuel Fonseca Rozo contra el Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, al no haberse
superado el requisito general de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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