Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00073-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00073-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2021-00073-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Tema: Régimen de cesantías anualizado de los miembros de las
fuerzas militares. Cómputo de la prima de actividad.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Casanare que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. Hernán Fabián Pulgarín Alzate presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 271670 del 31 de octubre de
2019 expedida por la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional,
mediante la cual se le reconocieron las cesantías definitivas de forma anualizada en
los términos del Decreto 1252 de 2000 y la Ley 50 de 1990 y se descontó la partida
computable de prima de actividad.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió:
2.1. El reconocimiento de las cesantías correspondientes a su tiempo de servicio de
acuerdo con el régimen retroactivo, en los términos del artículo 162 del Decreto
1
En adelante CPACA.
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Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
1211 de 1990, «tomando como base para su liquidación definitiva, el último salario
devengado en proporción a todo el tiempo de servicio que sin solución de continuidad
obra[ba] en la hoja de servicios».
2.2. La inclusión de la prima de actividad como partida computable en la liquidación
de las cesantías, en porcentaje del 49.5% [último devengado] y no el 37.5% «que de
manera inequitativa, arbitraria y desajustada a derecho, reconoció dentro de la resolución
demandada» (sic).
2.3. El pago de las diferencias que resultaran entre el monto ya desembolsado y la
liquidación del auxilio con el régimen retroactivo con el cómputo de la prima de
actividad en porcentaje del 49.5%.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:
3.1. Ingresó al Ejército Nacional en calidad de cadete antes del año 2000.
3.2. Antes de la entrada en vigor del Decreto 1252 de 2000 ostentó la calidad de
alumno en la Escuela Militar de Cadetes del Ejército Nacional; después se graduó
como subteniente de la institución.
3.3. Su vinculación finalizó en el año 2019, cuando por solicitud propia fue retirado
del servicio activo con el grado de teniente coronel.
3.4. Mediante la Resolución 271670 del 31 de octubre de 2019 se realizó la
liquidación de las cesantías definitivas de manera anualizada, en los términos del
Decreto 1251 de 2000 y no conforme con el artículo 162 del Decreto 1211 de 1990,
esto es con el último salario en proporción a todo el tiempo de servicio.
3.5. En dicho acto, se tuvo en cuenta la prima de actividad en cuantía del 37.5% a
pesar de que, hasta el último día de servicio, la devengó en porcentaje del 49.5%.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Se citaron como tales los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 84, 158
y 162 del Decreto 1211 de 1990; y las Convenciones 110 y 110 de la OIT. En su
concepto, el acto acusado estuvo falsamente motivado y violó la Constitución y la
ley, por lo siguiente:
• Falsa motivación
4.1. En el acto acusado, la entidad se contradijo «al señalar como fecha de vinculación
el 1 de diciembre de 2000, mientras que en la primera casilla de liquidación de cesantías
establece para el año 2000 un total de tiempos a liquidar de 633 días, lo cual de manera
fáctica [era] ambiguo si [se tenía] en cuenta que no exist[ía] un año que super[ara] los 365
días». Sin embargo, no era cierto que hubiera ingresado a la fuerza pública a partir
del 1 de diciembre de 2000, pues, para esa fecha, ya se desempeñaba como
alumno a través de un nombramiento legal al tenor de los artículos 40 y 218 del
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Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
Decreto 1211 de 1990 y, si bien accedió al grado de subteniente en esa fecha, ello
no excluía las prerrogativas y derechos adquiridos, máxime cuando de la transición
de alumno a subteniente no transcurrió un día.
4.2. Al liquidar las cesantías, la entidad tuvo en cuenta unos tiempos anteriores a la
vigencia del Decreto 1252 de 2000, pero estableció que su vinculación se dio desde
el 1 de diciembre de 2000.
4.3. El Decreto 1252 de 2000, que estableció el régimen anualizado de cesantías,
hizo referencia a quien tuviese vinculación en calidad de miembro de la fuerza
pública, razón por la cual no era destinatario del régimen de cesantías allí definido.
4.4. Sin explicación alguna, el acto acusado tuvo en cuenta la prima de actividad en
un porcentaje del 37.5%, pese a que hasta el último día de servicio la devengó en
cuantía del 49.5%, «dejando por debajo en la práctica la liquidación de cesantías
definitivas un margen diferencial y desfavorable del 12%».
• Violación a la Constitución y la ley
4.5. Al reconocer la solución de continuidad desde el 1 de diciembre de 2000 y no
desde el 10 de enero de 1997 -cuando se vinculó a prestar el servicio militar y luego
como alumno- y otorgar las cesantías a la luz de un régimen menos favorable, no
solo desconoció su calidad de miembro de la fuerza pública nombrado legalmente
y con remuneración permanente, sino también el principio de favorabilidad y los
derechos adquiridos antes de la entrada en vigor del Decreto 1252 de 2000.
1.2. Contestación de la demanda
5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente:
5.1. No se vulneró el derecho a la igualdad porque podían coexistir regímenes
salariales y prestacionales distintos para los soldados profesionales, oficiales y
suboficiales. Tampoco procedía la condena en costas porque se debía examinar la
existencia de una conducta temeraria o la mala fe.
1.3. La sentencia apelada
6. Mediante sentencia proferida el 1 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo
de Casanare negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas. Con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial de los regímenes
de cesantías aplicables a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de
los alumnos de escuelas de formación de oficiales y suboficiales, así como de la
prima de actividad, consideró:
6.1. Hernán Fabián Pulgarín Alzate (i) prestó el servicio militar desde el 27 de enero
de 1996 hasta el 9 de enero de 1997; (ii) fue alumno oficial desde el 10 de enero de
1997 al 30 de noviembre de 2000; y (iii) se desempeñó como oficial del 1 de
diciembre de 2000 al 27 de mayo de 2019. Su retiro efectivo ocurrió el 27 de agosto
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Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
de 2019 con los 3 meses de alta.
6.2. El Decreto 1211 de 1990 estableció que el oficial que se retirara del servicio
durante su vigencia tendría derecho a un auxilio de cesantía con el régimen
retroactivo; sin embargo, con la entrada en vigor del Decreto 1252 de 2000 el
régimen cambió al anualizado que era aplicable a todos los miembros de la Fuerza
Pública, con excepción de los que disfrutaban de cesantías retroactivas para el 25
de mayo de 2000.
6.3. Si bien el actor ingresó como alumno del Ejército Nacional antes del Decreto
1252 de 2000, solo a partir del 1 de diciembre de 2000 adquirió la calidad de oficial
de las Fuerzas Militares, pues en el periodo comprendido entre el 10 de enero de
1997 y el 30 de noviembre de 2000, era alumno oficial. Por ello, no era beneficiario
del régimen de cesantías retroactivo, pues su vinculación no era laboral, «de tal
manera que el artículo segundo del Decreto 1252 de 2000 [...] no le resultaba aplicable,
como quiera que el mismo establec[ió] que el régimen de retroactividad del Decreto 1211
de 1990 se mantenía para quienes a 25 de mayo de 2000 lo estuvieran disfrutando».
6.4. El período en que fue alumno devengó una bonificación mensual; sin embargo,
ello no equivale a afirmar que tuviera el derecho al reconocimiento de las cesantías
desde ese período, máxime si la norma fue clara al establecer el régimen para los
alumnos de las escuelas de formación, sin que se hiciera alusión al auxilio de
cesantías, pues esta prestación devenía de un vínculo laboral que no existió con la
entidad mientras tuvo dicha calidad de alumno.
6.5. Como ingresó como oficial a partir del 1 de diciembre de 2000, es decir, después
de la entrada en vigor del Decreto 1252 de 2000, el régimen de cesantías que lo
regía era el anualizado. En consecuencia, el acto no incurrió en causal de nulidad
alguna porque tomó el valor de las cesantías reportadas año a año de conformidad
con dicha norma.
6.6. En la resolución acusada se reconocieron las cesantías definitivas con la
inclusión de la prima de actividad en una cuantía del 37.5%. Según la certificación
expedida el 20 de octubre de 2021, el solicitante devengó por este concepto el
49.5%; sin embargo, el porcentaje no debía ser incluido en su totalidad porque de
acuerdo con el artículo 31 del Decreto 1002 de 2019, vigente para el momento del
retiro, debía ajustarse en el 50% de acuerdo con el porcentaje que tuviera derecho
según el tiempo de servicio.
6.7. En cumplimiento de esa norma, como prestó el servicio por más de 23 años, al
tenor del artículo 159 del Decreto 1211 de 1990, tenía derecho al 25%, valor que
ajustado en el 50% (12.5%) arrojaba el 37.5% el cual fue tenido en cuenta por la
entidad demandada en el acto acusado.
1.4. El recurso de apelación
7. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y
lo sustentó en los siguientes términos:
7.1. La decisión de primera instancia se fundamentó en una situación que no
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Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
guardaba relación con las circunstancias de hecho, pues concluyó que no tenía
derecho en atención a que se vinculó como oficial el 1 de diciembre de 2000 y que
a partir de esa fecha se hizo acreedor de las cesantías y no antes. Ello no
desvirtuaba su derecho a conservar el régimen previo al Decreto 1252 de 2000,
pues en ningún aparte de la norma se condicionó a que debiera estar escalafonado;
«entonces la liquidación de las mismas se haría desde entonces y no antes como
claramente est[aba] en evidencia en la misma Resolución demandada en la casilla del año
2000».
7.2. Pese a que se incorporó como soldado regular y después como alumno en la
escuela de oficiales, su vinculación inició el 27 de enero de 1994 y devengó una
bonificación, lo cual lo hacía acreedor de los derechos y prerrogativas asociadas a
las normas vigentes para los miembros de las Fuerzas Militares en aquel entonces.
En el artículo 1 del Decreto 1252 de 2000 no hizo referencia a quien estuviera
escalafonado, sino a quien tuviera la calidad de miembro de la Fuerza Pública, «sea
bajo la calidad que sea».
7.3. El a quo desconoció que en el acto administrativo acusado se incurrió en una
imprecisión cuando se anotó que se vinculó a la Fuerza Pública a partir del 1 de
enero de 2000, pues bajo esa misma continuidad fue incorporado como soldado y,
posteriormente, como alumno, lo cual lo hacía acreedor de las cesantías en los
términos del Decreto 1211 de 1990. Igualmente, a pesar de consignar tal fecha,
para el año 2000 estableció un total de tiempos a liquidar superior a los días reales
y desde cuando fue escalafonado, lo que se traducía en que ya había acumulado
cesantías.
7.4. La sentencia de primera instancia indicó que por el hecho de no haberse
escalafonado antes de la vigencia del Decreto 1252 de 2000 no era acreedor del
régimen de cesantías retroactivas. Sin embargo, no tuvo en cuenta que el derecho
a percibir las cesantías lo adquirió por el hecho de vincularse legalmente como
alumno a la fuerza pública y devengar una bonificación que, en los términos de la
jurisprudencia, tenía carácter salarial. Entonces, no era cierto que el derecho se
adquiriera solo cuando el uniformado se empezaba a «escalafonar» luego de concluir
su formación, pues de ser así, «simplemente existiría un acto administrativo de cesantías
que liquidara las mismas en tiempos propios y exclusivos desde el 2000 y no como se
observa[ba] realmente, mediante reconocimiento de tiempos continuos a los que estaba
incluso vigente el régimen de cesantías retroactivas» (sic).
7.5. Igualmente, se desconoció la prevalencia del principio de la realidad sobre las
formas, que debía observarse en la interpretación de las fuentes del derecho laboral.
Con base en aquel se podía deducir que a pesar de que, hasta el último día de
servicio, devengó por concepto de prima de actividad el 49.5%, en la liquidación de
sus cesantías tan solo se le incluyó el 37.5%. Ello se traducía en un
desmejoramiento de sus derechos adquiridos.
1.5. Trámite de la segunda instancia
8. En auto del 23 de enero de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 1 de diciembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, en los términos de la Ley 2080 de 2021.
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
II. Consideraciones
2.1. Competencia
9. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad
con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as salas, secciones
y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
10. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿Hernán Fabián Pulgarín
Alzate tiene derecho a que sus cesantías definitivas sean liquidadas de acuerdo con
el régimen retroactivo previsto en el Decreto 1211 de 199 y a que, en estas se
incluya el 49.5% por concepto de prima de actividad?
11. Para resolver el anterior problema jurídico, se seguirá la siguiente estructura
expositiva: se abordará el marco normativo y jurisprudencia del régimen de
cesantías de los oficiales del Ejército Nacional y el caso concreto; a continuación,
se seguirá la misma metodología respecto de la prima de actividad.
2.3. Del régimen de cesantías
2.3.1. Marco normativo y jurisprudencial
12. En la Ley 66 de 1989 se revistió al presidente de la República de facultades
extraordinarias por el término de 6 meses para «[r]eformar los estatutos del personal
de Oficiales, Suboficiales y Agentes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en las
siguientes materias: disposiciones preliminares; jerarquía; clasificación, escalafón, ingreso,
formación y ascenso; administración de personal; asignaciones, subsidios, primas,
dotaciones y descuentos, traslados, comisiones, pasajes, viáticos y licencias; suspensión,
retiro, separación y reincorporación; régimen general de prestaciones sociales; reservas,
normas para alumnos de las escuelas de formación; trámite para reconocimientos
prestacionales y disposiciones varias».
13. En cumplimiento de lo anterior, expidió el Decreto 1211 de 1990 por el cual se
reformó el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
En el artículo 162 previó lo relacionado a las cesantías e indemnizaciones así:
«Artículo 162. Cesantía e indemnizaciones. El Oficial o Suboficial de las
Fuerzas Militares que durante la vigencia de este Decreto se retire o sea
retirado del servicio activo por cualquier causa, tendrá derecho a que el
Tesoro Público le pague, por una sola vez, un auxilio de cesantía igual a un
mes de haberes correspondientes a su grado por cada año de servicio o
fracción de seis (6) meses o más, tomando como base las partidas señaladas
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en el artículo 158, y a las indemnizaciones que legalmente le puedan
corresponder liquidadas igualmente conforme al artículo antes citado.»
14. Posteriormente, se expidió el Decreto 1252 del 30 de junio de 20002 en
desarrollo de la Ley 4 de 1992. En los artículos 1 y 2 dispuso lo que se transcribe a
continuación:
«Artículo 1º. Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los
miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir
de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en
los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de
1998, según el caso.
Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la
entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista un
régimen especial que regule las cesantías.
Parágrafo. Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora de
Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías de los servidores a que
se refiere este artículo, seguirán haciéndolo.
Artículo 2º. Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban
del régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la
terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se
aplica dicha modalidad prestacional.»
15. Entonces, los miembros de la Fuerza Pública que se vincularan al servicio a partir
del 30 de junio de 2000 tendrían derecho al pago de las cesantías de acuerdo con
las Leyes 50 de 1990, 344 de 1990 o 432 de 1998, conforme con las cuales, el 31
de diciembre de cada año se haría la liquidación por la anualidad o la fracción
correspondiente, es decir, se aplicaría el régimen anualizado.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
16. Se certificó que Hernán Fabián Pulgarín Alzate reportó las siguientes novedades:
Novedad Desde Hasta
Servicio militar DIPER 27 de enero de 1996 9 de enero de 1997
Alumno oficial DIPER
10 de enero de 1997 30 de noviembre de 2000
Escuela Militar de Cadetes
Oficial DIPER 1 de diciembre de 2000 27 de mayo de 2019
3 meses de alta 27 de mayo de 2019 27 de agosto de 2019
17. Fue retirado de la institución por solicitud propia el 26 de agosto de 2019 con el
grado de teniente coronel, según la Resolución 3100 del 20 de mayo de 2019.
18. Mediante la Resolución 271670 del 31 de octubre de 2019 [acto acusado] se
2
«[P]or el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los
trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas. En este se consignó lo que
sigue:
«Que se ha consolidado el derecho al reconocimiento y pago de un(a)
Cesantías Definitivas, a favor del señor(a):
NÚMERO DE
GRADO FUERZA NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO
CEDULA
HERNAN FABIAN PULGARIN
TC EJC 98627997 98627997
ALZATE
01-ENE-
NUMERO 398627997 Desde
2019
Hoja/liquidación servicio Lapso
31-JUL- 27-MAY-
FECHA Hasta
2019 2019
Que la prestación que aquí se reconoce se efectúa, con fundamento en las
siguientes disposiciones legales, así: Decreto 1252 de 2000, Decreto 1211
de 1990, Ley 50 de 1990. Además de los factores salariales y prestacionales
que se detallan a continuación:
TIEMPO: OFICIAL
LAPSO: 01/12/2000 AL 31/12/2000 LAPSO: 01/01/2001 AL 31/12/2001 LAPSO: 01/01/2002
SUELDO 00 710.286.00 SUELDO .00 751.552.00 SUELDO .00 788.981.00
BÁSICO BÁSICO BÁSICO
PRIMA DE 15.00 106.543.00 PRIMA DE 15.00 112.733.00 PRIMA DE 15.00 118.347.00
ACTIVIDAD M ACTIVIDAD M ACTIVIDAD M
PRIMA DE .00 68.069.00 PRIMA DE .00 72.024.00 PRIMA DE .00 75.611.00
NAVIDAD NAVIDAD NAVIDAD
FACTOR 884.898 FACTOR 936.309 FACTOR 982.938
TIEMPO 1107 TIEMPO 385 TIEMPO 365
TOTAL CESANTÍAS 2.721.081.00 TOTAL CESANTÍAS 949.313.00 TOTAL CESANTÍAS 996.591.00
LAPSO: 01/01/2003 AL 31/12/2003 LAPSO: 01/01/2004 AL 31/12/2004 LAPSO: 01/01/2005 AL 31/12/2005
SUELDO .00 837.818.00 SUELDO .00 998.325.00 SUELDO .00 1.053.233.00
BÁSICO BÁSICO BÁSICO
PRIMA DE 15.00 125.673.00 PRIMA DE 15.00 149.749.00 SUBSIDIO 30.00 315.970.00
ACTIVIDAD M ACTIVIDAD M FAMILIAR
PRIMA DE .00 80.291.00 PRIMA DE .00 95.673.00 PRIMA DE 15.00 157.985.00
NAVIDAD NAVIDAD ACTIVIDAD M
FACTOR 1.043.782 FACTOR 1.243.747 PRIMA DE .00 127.266.00
NAVIDAD
TIEMPO 365 TIEMPO 365 FACTOR 1.654.454
TOTAL CESANTÍAS 1.058.279.00 TOTAL CESANTÍAS 1.261.021.00 TIEMPO 365
TOTAL CESANTÍAS 1.877.433.00
LAPSO: 01/01/2006 AL 31/12/2006 LAPSO: 01/01/2007 AL 31/12/2007 LAPSO: 01/01/2008 AL 31/12/2008
SUELDO .00 1.105.894.00 SUELDO .00 1.155.660.00 SUELDO .00 1.398.271.00
BASICO BASICO BASICO
SUBSIDIO 35.00 387.063.00 SUBSIDIO 35.00 404.481.00 SUBSIDIO 35.00 489.395.00
FAMILIAR FAMILIAR FAMILIAR
PRIMA DE 15.00 165.884.00 PRIMA DE 22.50 260.024.00 PRIMA DE 22.50 314.611.00
ACTIVIDAD M ACTIVIDAD M ACTIVIDAD M
PRIMA DE .00 138.237.00 PRIMA DE .00 151.680.00 PRIMA DE .00 183.523.00
NAVIDAD NAVIDAD NAVIDAD
FACTOR 1.797.078 FACTOR 1.071.845 FACTOR 2.385.800
TIEMPO 365 TIEMPO 365 TIEMPO 365
TOTAL CESANTIAS 1.822.037.00 TOTAL CESANTIAS 1.999.232.00 TOTAL CESANTIAS 2.418.936.00
LAPSO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 LAPSO: 01/01/2010 AL 31/12/2010 LAPSO: 01/01/2011 AL 31/12/2011
SUELDO .00 1.505.518.00 SUELDO .00 1.535.629.00 SUELDO .00 1.584.308.00
BASICO BASICO BASICO
SUBSIDIO 35.00 526.931.00 SUBSIDIO 35.00 537.470.00 SUBSIDIO 35.00 554.508.00
FAMILIAR FAMILIAR FAMILIAR
PRIMA DE 22.50 338.742.00 PRIMA DE 22.50 345.517.00 PRIMA DE 22.50 358.469.00
ACTIVIDAD M ACTIVIDAD M ACTIVIDAD M
PRIMA DE .00 197.599.00 PRIMA DE .00 201.551.00 PRIMA DE .00 207.940.00
NAVIDAD NAVIDAD NAVIDAD
FACTOR 2.568.790 FACTOR 2.620.167 FACTOR 2.703.225
TIEMPO 365 TIEMPO 365 TIEMPO 365
TOTAL CESANTIAS 2.601.468.00 TOTAL CESANTIAS 2.658.558.00 TOTAL CESANTIAS 2.740.770.00
LAPSO: 01/01/2012 AL 31/12/2012 LAPSO: 01/01/2013 AL 31/12/2013 LAPSO: 01/01/2014 AL 31/12/2014
SUELDO .00 1.663.524.00 SUELDO .00 2.090.937.00 SUELDO .00 2.152.410.00
BASICO BASICO BASICO
SUBSIDIO 35.00 562.233.00 SUBSIDIO 35.00 731.828.00 SUBSIDIO 39.00 839.440.00
FAMILIAR FAMILIAR FAMILIAR
PRIMA DE 10.00 166.352.00 PRIMA DE 11.00 230.003.00 PRIMA DE 12.00 258.289.00
ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD
PRIMA DE 30.00 499.057.00 PRIMA DE 30.00 627.281.00 PRIMA DE 30.00 645.723.00
ACTIVIDAD M ACTIVIDAD M ACTIVIDAD M
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
PRIMA DE .00 242.597.00 PRIMA DE .00 308.671.00 PRIMA DE .00 324.655.00
NAVIDAD NAVIDAD NAVIDAD
FACTOR 1.153.763 FACTOR 3.986.720 FACTOR 4.220.517
TIEMPO 365 TIEMPO 365 TIEMPO 365
TOTAL CESANTIAS 3.197.565.00 TOTAL CESANTIAS 4.042.091.00 TOTAL CESANTIAS 4.279.135.00
LAPSO: 01/01/2015 AL 31/12/2015 LAPSO: 01/01/2016 AL 31/12/2016 LAPSO: 01/01/2017 AL 31/12/2017
SUELDO .00 2.252.713.00 SUELDO .00 2.427.749.00 SUELDO .00 2.591.622.00
BASICO BASICO BASICO
SUBSIDIO 39.00 878.558.00 SUBSIDIO 39.00 948.822.00 SUBSIDIO 39.00 1.010.733.00
FAMILIAR FAMILIAR FAMILIAR
PRIMA DE 13.00 292.853.00 PRIMA DE 14.00 339.885.00 PRIMA DE 15.00 388.743.00
ANTTIGUEDAD ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD
PRIMA DE 30.00 675.814.00 PRIMA DE 30.00 728.325.00 PRIMA DE 37.50 971.858.00
ACTIVIDAD M ACTIVIDAD M ACTIVIDAD M
PRIMA DE .00 341.662.00 PRIMA DE .00 370.232.00 PRIMA DE .00 413.580.00
NAVIDAD NAVIDAD NAVIDAD
FACTOR 4.441.600 FACTOR 4.813.013 FACTOR 5.376.536
TIEMPO 365 TIEMPO 365 TIEMPO 365
TOTAL CESANTIAS 4.503.289.00 TOTAL CESANTIAS 4.879.860.00 TOTAL CESANTIAS 5.451.210.00
LAPSO: 01/01/2018 AL 31/12/2018 LAPSO: 01/01/2019 AL 27/08/2019
SUELDO .00 3.132.274.00 SUELDO .00 3.273.226.00
BASICO BASICO
SUBSIDIO 39.00 1.221.587.00 SUBSIDIO 39.00 1.276.558.00
FAMILIAR FAMILIAR
PRIMA DE 16.00 501.164.00 PRIMA DE 16.00 523.716.00
ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD
PRIMA DE 37.50 1.174.603.00 PRIMA DE 37.50 1.227.450.00
ACTIVIDAD ACTIVIDAD M
PRIMA DE 20.00 526.455.00 PRIMA DE 20.00 654.845.00
ESTADO ESTADO
MAYO MAYO
PRIMA DE .00 615.516.00 PRIMA DE .00 655.984.00
NAVIDAD NAVIDAD
FACTOR 7.271.599 FACTOR 7.611.589
TIEMPO 365 TIEMPO 239
TOTAL CESANTÍAS 7.372.593.00 TOTAL CESANTÍAS 5.053.249.00
Que en cumplimiento de la Ley 973 del 21 de julio de 2005, los Oficiales y
Suboficiales son afiliados forzosos a la Caja Promotora de Vivienda Militar y
de Policía, razón por la cual las cesantías deben ser giradas a esa Entidad.
Que se liquida teniendo en cuenta el incremento salarial dispuesto mediante
Decreto 1002 del 06 de junio del 2019.»
2.4.2. El régimen de cesantías aplicable
19. En el recurso de apelación, la parte demandante insistió en que era beneficiario
del régimen de cesantías retroactivo, en razón a que su «vinculación» ocurrió antes
del 30 de junio de 2000, pues prestó el servicio militar obligatorio, fue alumno de la
Escuela de Suboficiales del Ejército Nacional hasta el 30 de noviembre de 2000 y,
a partir del día siguiente, fungió como oficial de la institución.
20. En primer lugar, en lo que respecta al servicio militar obligatorio, el artículo 216
de la Constitución Política prevé que «[t]odos los colombianos están obligados a tomar
las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas»; a su turno, el artículo 10 de la Ley 48 de 19933
estableció que todo varón colombiano «está obligado a definir su situación militar a partir
de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de
bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller».
21. En términos de la Corte Constitucional, el servicio militar «corresponde a un deber
ineludible de la persona, que tiene su fundamento en el principio constitucional de
prevalencia del interés general (artículo 1 C.P.) y que se exige a los nacionales como
expresión concreta de la obligación genérica, a todos impuesta, de cumplir la Constitución
3
«[P]or la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización»
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
y las leyes»4.
22. Ahora, aunque este es un mandato constitucional que debe atenderse por todas
las personas que cumplan con los presupuestos previstos en el ordenamiento
jurídico, el legislador estableció unas prerrogativas por su cumplimiento como, por
ejemplo, que el tiempo que este dure será tenido en cuenta en el reconocimiento de
algunas prestaciones sociales. Así, el artículo 40 de la ley citada -contenido en el
título V sobre «derechos, prerrogativas y estímulos»-, dispuso lo que sigue:
«Artículo 40. Al término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano
que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes
derechos:
a) En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar
le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de
vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley;
[...]»
23. Según lo señalado en la ponencia para el primer debate en la Cámara de
Representantes, el objeto de este artículo era el siguiente:
«m) De acuerdo con el mandato constitucional, se establecen derechos y
prerrogativas durante la prestación del servicio militar obligatorio, para
estimular a la juventud en relación con esta obligación ciudadana en defensa
de la soberanía nacional y así, hacer más atractivo el servicio militar. Tales
prerrogativas y estímulos se reconocen durante y después de la prestación
del servicio militar.
[...]
En el artículo 40, se recogieron adicionalmente algunas prerrogativas,
derechos y estímulos para los colombianos que hayan prestado el servicio
militar obligatorio, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 216 de la
Constitución Política dentro de un marco de objetividad y sentido práctico que
sirven de aliciente a los jóvenes que cumplan con esta obligación y deber
constitucional.
[...]
El texto del articulado, que acompaña a esta ponencia para primer debate se
ha redactado en forma tal que recoge una serie de incentivos para que los
jóvenes colombianos ingresen a prestar el servicio militar, vinculando y
acrecentando de esta forma a la sociedad colombiana y Fuerza Pública. A su
vez beneficia la planeación, organización, dirección y control del servicio de
reclutamiento y movilización de las Fuerzas Militares.»
24. Obsérvese que el fin de la prerrogativa o incentivo de la norma en cita se
circunscribió a que el tiempo que durara el servicio militar obligatorio sería
computado para efectos pensionales y el reconocimiento de las cesantías, pero de
su tenor literal no puede establecerse que ello determine el régimen aplicable, lo
cual es razonable si se tiene en cuenta que se trata de una obligación constitucional
y no de una vinculación laboral, tal como lo sostuvo esta Corporación:
«80. De otro lado, es oportuno señalar que en el caso de los soldados
voluntarios y profesionales, al igual que en el de oficiales y suboficiales, el
vínculo con la administración nace de una relación legal y reglamentaria a
través de un acto administrativo de nombramiento y la posterior posesión del
servidor. Mientras que en tratándose de los conscriptos, el vínculo surge como
4
Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1995.
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
cumplimiento del deber constitucional de prestar el servicio militar para
defender la independencia nacional y las instituciones públicas.»5
25. En el mismo sentido, la Sección Tercera de esta corporación se refirió a la
diferencia del vínculo con la administración que existe entre las categorías de
soldados, para indicar:
«La Sala estima necesario precisar la diferencia existente entre la clase de
vínculo que se crea para el Estado frente a los soldados que prestan servicio
militar obligatorio y los soldados voluntarios o profesionales; en el primero, el
vínculo surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de
la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas, en
el cual no hay carácter laboral alguno, en tanto que en el segundo (soldado
profesional) el vínculo surge en virtud de una relación legal y reglamentaria
consolidada a través del correspondiente acto administrativo de
nombramiento y la consiguiente posesión del servidor o de la relación
contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral.
[...]
En efecto, tal y como se dejó expuesto en precedencia, el vínculo que surge
entre el soldado conscripto y el Estado, debido al cumplimiento del deber
constitucional de defensa de la independencia de la soberanía nacional y de
las instituciones públicas, el cual no posee carácter laboral alguno, hace
que la voluntad del conscripto se vea doblegada por el imperium del Estado,
al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la
imposición de una carga o un deber público [..e.]»6
Por su parte, la Ley 1861 de 2017, que derogó la Ley 48 de 19937, en el artículo 45,
literal a), reiteró que, al finalizar el servicio militar, este tiempo sería computado para
efectos pensionales, de asignación de retiro, de cesantías y de prima de antigüedad.
Ciertamente, las normas que han regulado la materia han concedido un beneficio
en la liquidación de las cesantías para quienes cumplieron con la mencionada
obligación constitucional, sin que ello implique la modificación del régimen aplicable
que se desprende de la relación laboral.
26. En ese orden, el hecho de haber prestado el servicio militar obligatorio le
concedía al demandante el derecho de que aquel tiempo le fuera computable para
efectos de liquidación de cesantías, aspecto frente al cual no presentó reparos, pero
no ello no se extendía a la prerrogativa de incidir en el régimen aplicable, de manera
que este período no resulta determinante para establecer si era beneficiario o no
del régimen retroactivo solicitado.
27. En segundo lugar, respecto de su calidad de alumno de la escuela de formación
del Ejército Nacional, conviene precisar que a través del Decreto 434 de 1907 se
organizó la Escuela Militar con el objeto de educar y reparar a los jóvenes que
desearan ser oficiales del Ejército [artículo 1]. En este se estableció que la «Escuela
depender[ía] directamente del Ministerio de Guerra, el cual ejercer[ía] la fiscalización de
todo el servicio práctico, de la instrucción teórica, de la administración y de la disciplina».
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018, radicado:
810012333000201400012 01(1321-2015) SUJ-010-S2
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, radicación
50001-23-31-000-2003-00294-01(36215).
7
En el artículo 81.
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
28. En lo que respecta a la Escuela Militar de Cadetes, desde el Decreto 2777 de
19458 tenía por objeto «[i]nstruir y preparar Oficiales para el servicio activo de las Fuerzas
Militares», el cual se mantuvo con el Decreto 802 de 1952. De acuerdo con la Ley
30 de 1992, se trata de una institución de educación superior, de acuerdo con el
artículo 137 que indicó:
«Artículo 137. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el
Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto
Caro y Cuervo, la Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de
Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que adelanten
programas de Educación Superior y el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), continuarán adscritas a las entidades respectivas. Funcionarán de
acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán
conforme lo dispuesto en la presente ley.»
29. Ciertamente, la Corte Constitucional puntualizó que las escuelas de formación
de las Fuerzas Armadas «son entes estatales orientadas a “la preparación integral de los
futuros oficiales, para el cabal cumplimiento de la misión institucional, cual es la defensa de
la soberanía, el mantenimiento de la seguridad interna y externa y el apoyo al desarrollo del
país. Dentro de dicha misión se destaca igualmente la integralidad de la formación del oficial
en sus aspectos humano, ético, científico, físico, militar y cultural con un profundo respeto
por la persona y los valores humanos»9.
30. Tal como ocurre en el caso de los conscriptos, cuando se trata de alumnos de
las escuelas de formación, el tiempo debe computarse para efectos prestacionales,
según lo dispuesto por el Decreto 1211 de 1990 en su artículo 170, según el cual
para efectos de «asignación de retiro y demás prestaciones sociales», el Ministerio de
Defensa debía liquidar el tiempo de servicio así: (i) oficiales: el tiempo de
permanencia en la respectiva Escuela de Formación de Oficiales con un máximo de
2 años; (ii) suboficiales: el tiempo de permanencia como soldado o alumno de una
escuela de formación de suboficiales con un máximo de 2 años; y (iii) el tiempo de
servicio como oficial o suboficial.
31. Con todo, lo anterior no conlleva a que su «vínculo» en condición de alumno sea
determinante para establecer si es beneficiario de uno u otro régimen como en el
caso de las cesantías, pues estos no hacen parte de la jerarquía de la institución y,
por consiguiente, no tienen una relación laboral con la institución. Así se desprende
del Decreto 1790 de 2000, norma vigente para la fecha en la que se acreditó que el
solicitante ingresó al escalafón de oficiales en el grado de subteniente, 1 de
diciembre de 2000.
32. En efecto, el mencionado Decreto 1790 de 2000 señala que escalafón es «el
conformado por los oficiales y suboficiales egresados de las escuelas de formación o de las
unidades autorizadas para adelantar cursos, mientras permanezcan en servicio activo»10,
y, en el caso de los oficiales, su ingreso se dispone en grado de subteniente [en el
Ejército]11 a instancias del gobierno nacional12. Este escalafón es la base determinar
8
«Sobre organización de los estudios en la escuela militar de cadetes».
9
Corte Constitucional, sentencias T-596 de 2001 y T-465 de 2003.
10
Artículo 29
11
Artículo 34
12
Artículo 33
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
la planta de personal de las Fuerzas Militares13 a la cual no pertenecen los alumnos
de la escuela que no han sido incorporados en el escalafón.
33. Inicialmente, el artículo 40 del Decreto 1211 de 1990 reguló lo relacionado con
los aspirantes a oficiales o suboficiales del cuerpo administrativo; sin embargo, fue
derogado por el Decreto 1790 de 2000, el cual, en su lugar, dispuso:
«Artículo 41. Aspirantes a oficiales o suboficiales del cuerpo administrativo.
Los aspirantes a ingresar como oficiales o suboficiales del Cuerpo
administrativo serán incorporados mediante disposición del respectivo
comandante de fuerza, tendrán la calidad de alumnos durante su
permanencia en las escuelas de formación o en las unidades autorizadas para
realizar cursos de suboficiales y devengarán una bonificación mensual igual
o equivalente a dos salarios mínimos mensuales o a un salario mínimo, según
se trate de aspirantes a oficiales o suboficiales.»
34. En esas condiciones, el ingreso del demandante como alumno de la Escuela de
Cadetes no determina el régimen de cesantías que lo cobija, sino su ingreso como
oficial al Ejército, lo cual ocurrió el 1 de diciembre de 2000. Por lo tanto, era
beneficiario del régimen de cesantías anualizadas establecido en el Decreto 1252
del 30 de junio de 2000.
35. A la misma conclusión arribó la Subsección A de esta Sección, en la sentencia
del 25 de abril de 202414, al resolver un caso con similitud fáctica y jurídica al que
se estudia. Así lo sostuvo:
«Para la Sala es claro que la vinculación del demandante al servicio castrense
no inició el 10 de enero de 1997, cuando ingreso a la Escuela de Cadetes, sino
el 1º de diciembre de 2000, cuando ascendió al grado de Subteniente; por
manera que, tal como fue concluido por el Tribunal de Primera Instancia, es
beneficiario del régimen de cesantías anualizadas establecido en el Decreto
1252 del 25 de mayo de 202015.» (sic)
36. No obstante, se observa que la misma providencia indicó:
«Lo anterior, es así, toda vez que no existe norma alguna que indique que el
tiempo en que el demandante permaneció en la Escuela de Formación es
computable para efectos del reconocimiento de las cesantías definitivas y,
mucho menos, que el inició de su formación, sirva como punto de partida para
determinar el régimen que le era aplicable.»
36. Sobre el particular conviene precisar que, tal y como antes se mencionó, sí
existe, al menos, un referente normativo que concede el beneficio de computar el
tiempo de formación en la escuela de formación de oficiales en la liquidación de
prestaciones sociales, dentro de las cuales se encuentran las cesantías, esto es,
el contenido el artículo 170 del Decreto 1211 de 1990. Con todo, este aspecto
tampoco es objeto de controversia en el presente asunto.
13
Artículo 3.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de abril de 2024, radicado:
63001-23-33-000-2021-00123-01 (4719-2023), C.P. Jorge ]Iván Duque Gutiérrez.
15
Entiéndase que se cita el Decreto 1252 de 2000.
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
36. Lo anterior lleva a desvirtuar el argumento del apelante, en cuanto aseguró que
el Decreto 1252 de 2000 no hizo referencia a quien estuviera escalafonado, sino a
quien tuviera la calidad de miembro de la Fuerza Pública «sea bajo la calidad que
sea», puesto que la norma regló que el régimen de cesantías anualizado cobijaría a
quienes «se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto »,
lo cual ocurre a partir del ingreso al escalafón de oficiales, tal y como se expuso.
37. Tampoco puede deducirse que en condición de alumno fue beneficiario del
régimen retroactivo de cesantías que reclamó, de manera que le surgiera el derecho
a conservarlo, pues el hecho de que se le hubiera tenido en cuenta el tiempo en la
Escuela de Cadetes16 para liquidar el auxilio, ello no implicaba que «ya había
acumulado cesantías», como se aseguró en la apelación. Tal situación era
consecuencia de la aplicación de los beneficios previstos en el Decreto 1211 de
1990 (artículo 170) y en la Ley 1861 de 2017 (artículo 45, literal a).
2.5. El cómputo de la prima de actividad en la liquidación de cesantías
38. En la apelación, se discutió el porcentaje en el cual le fue computada la prima de
actividad al oficial ®, quien consideró que debió computarse en el mismo porcentaje
en el que venía devengando el emolumento en servicio activo (49.5%) y no el
37.5%.
39. Sobre la prima de actividad como partida computable del personal de oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares, el artículo 159 del Decreto 1211 de 1990 prevé:
«ARTÍCULO 159. Cómputo prima de actividad. A los Oficiales y Suboficiales
que se retiren o sean retirados del servicio activo a partir de la vigencia del
presente Decreto, para efectos de asignación de retiro, pensión y demás
prestaciones sociales, la prima de actividad se les computar de la siguiente
forma:
• Para individuos con menos de quince (15) años de servicio, el quince por
ciento (15%).
• Para individuos con quince (15) o más de servicio, pero menos de veinte (20),
el veinte por ciento (20%).
• Para individuos con veinte (20) o más años de servicio, pero menos de
veinticinco (25), el veinticinco por ciento (25%).
• Para individuos con veinticinco (25) o más años de servicio, pero menos de
treinta (30), el treinta por ciento (30%).
• Para individuos con treinta (30) o más años de servicio, el treinta y tres por
ciento (33%).» (se destaca)
40. De la norma en cita, se deduce que el porcentaje de la prima de actividad que
se debe incluir en la liquidación de prestaciones sociales por retiro definitivo
16
De acuerdo con la liquidación efectuada en la Resolución 271670 del 31 de octubre de 2019, se
le tuvo en cuenta un tiempo inicial de 1107 días.
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
depende del tiempo de servicios. Sin embargo, para la época del retiro del militar
[agosto de 2019], se había expedido el Decreto 1002 del 6 de junio de 201917 que
reguló lo siguiente:
«ARTÍCULO 31. Prima de actividad. La prima de actividad de que trata el artículo
38 del Decreto 1214 de 1990, los artículos 84 del Decreto-Ley 1211 de 1990 y 68
del Decreto-Ley 1212 de 1990 será del cuarenta y nueve punto cinco por ciento
(49.5%) del respectivo sueldo básico.
Para el cómputo de esta prima en las prestaciones sociales, diferentes a la
asignación de retiro o pensión, de que tratan los artículos 159 del Decreto-Ley 1211
de 1990 y 141 del Decreto-Ley 1212 de 1990, se ajustará el porcentaje a que se
tenga derecho, según el tiempo de servicio en el cincuenta por ciento (50%)»
41. Esta última disposición impactó el porcentaje inicialmente previsto por el artículo
159 del Decreto 1211 de 1990 para incrementarlo en un 50%. Esto se traduce en
que, para el caso del demandante, quien acreditó 21 años, 11 meses y 26 días,
según lo indicado por la Resolución 9203 del 28 de agosto de 2019, por medio de
la cual se ordenó el reconocimiento y pago de su asignación de retiro, el porcentaje
inicial del 25%, se incrementó en otro tanto (25%/2=12.5% → 12.5%+25%=37.5%).
Es decir, del 25% pasó al 37.5%, valor que efectivamente le fue incluido en la
liquidación del auxilio de cesantías definitivas.
42. Así las cosas, de la liquidación efectuada por la entidad no surge el
desconocimiento del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, como
lo sugiere el apelante, sino que la decisión administrativa se ajustó a las
disposiciones que regían la materia vigentes para la época de expedición del acto,
las cuales determinaban un porcentaje distinto al que se venía devengando en
servicio activo.
43. En esas condiciones, los argumentos del apelante no tienen vocación de
prosperidad.
2.6. Costas
44. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código
General del Proceso.
45. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre de
201618, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
17
«Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares; Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional; se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y
Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial»
18
Subsección B, expediente 1908-2014.
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
46. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se
advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas por esta instancia.
2.7. Conclusión
47. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia que negó
las pretensiones de la demanda, en razón a que el régimen de cesantías del
demandante era el anualizado de conformidad con el Decreto 1252 de 2000,
comoquiera que se vinculó como oficial a las fuerzas militares el 1 de diciembre del
mismo año, cuando aquella norma ya había entrado en vigor. Tampoco tenía
derecho que se le liquidara el auxilio de cesantías definitivas con el porcentaje de la
prima de actividad que reclamó, pues de conformidad con los artículos 159 del
Decreto 1211 de 1990 y 31 del Decreto 1002 de 2019, la partida debía computarse
en un 37.5%, en atención al tiempo de servicio en la institución.
2.8. Renuncia de poder
48. En memorial radicado el 19 de diciembre de 2023, el abogado Andrés Felipe
Mondragón Enríquez presentó escrito de renuncia al poder que le fue otorgado por
el Ministerio Nacional, Ejército Nacional; para tal efecto, aportó certificación de
constancia a la entidad. Al revisar el expediente, encuentra la Sala que, a pesar de
que el mandato fue aportado con los documentos que lo respaldan, no se le
reconoció personería para actuar, razón por la cual, se le reconocerá personería y
se le aceptará la renuncia presentada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00073-01 (4185-2023)
Demandante: Hernán Fabián Pulgarín Alzate
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Casanare que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Hernán Fabián Pulgarín Alzate contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional.
Segundo. Sin condena en costas por esta instancia.
Tercero. Reconocer personería para actuar en representación del Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional al abogado Andrés Felipe Mondragón Enríquez,
identificado con cédula de ciudadanía 1.088.242.347 y T.P. 206.138 del C.S. de la
J. y aceptar la renuncia al mandato presentada.
Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Aclara voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
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