RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05492-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05492-00

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05492-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 21 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández. 22 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna […] Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social». 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00 TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05492-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de octubre de 2025

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veintitrés [23] de octubre de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05492-00
Demandante: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA E.S.E.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SALA
TERCERA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa –
improcedencia por falta de relevancia constitucional y de
agotamiento de todos los medios de defensa judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 3 de septiembre de 2025, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.,
a través de apoderada judicial, presentó acción de tutela, con el fin de que se le
protejan los derechos fundamentales al debido proceso y «a la correcta aplicación
e interpretación normativa».

Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Tribunal
Administrativo del Caquetá al proferir el fallo de 30 de abril de 2025, mediante el
cual decidió revocar la providencia de 4 de marzo de 2022 emitida por el Juzgado
Primero Administrativo de Florencia, dentro del medio de control de reparación
directa, identificado con el número de radicado 18001-33-33-001-2015-00989-
00/01.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar a favor del HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA
E.S.E mediante la presente acción el derechos fundamental al DEBIDO PROCESO
(artículo 29 C.N), por la configuración de una vía de hecho por parte del el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ en proceso con radicación
18001333300120150098900 al emitir una sentencia con DEFECTO FÁCTICO

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

materializada en una indebida valoración de la prueba e indebida motivación de la
sentencia y con DEFECTO MATERIAL Y/O SUSTANTIVO por la evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión, desconociendo flagrantemente los
derechos derivados del contrato de seguros.

SEGUNDO: Dejar sin efecto y rehacer el fallo de segunda instancia proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, Sala Tercera de decisión, en
Sentencia 060 del 30 de abril de 2025 y el auto interlocutorio número 106 de 12 de
junio de 2025 que de manera oficiosa realiza aclaración de sentencia.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Caquetá que emita una nueva
sentencia condenando a la aseguradora ALLIANZ SEGUROS S.A al amparo de la
póliza número 021273779 con valor límite asegurado de ($250.000.000)
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C1.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• La señora Kerly Johanna Quiñones y otros2 presentaron demanda de reparación
directa contra el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.3, por el acceso
carnal abusivo que sufrió la menor L.M.Q. por parte de un trabajador de servicios
generales al servicio de la entidad.

• El 4 de marzo de 2022, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia negó las
pretensiones de la demanda al considerar que no se logró determinar la existencia
del daño alegado.

• El 30 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de
Decisión, luego de hacer alusión al enfoque de género y el principio pro infans,
revocó lo decido por el a quo, y declaró patrimonialmente responsable al hospital
demandado al exponer que se encontraba estructurado el daño en la humanidad de
la menor4, y se acreditó la falta de seguridad y cuidado frente a su paciente en
hospitalización, como consecuencia de un evento adverso5.

• Frente a las sociedades aseguradoras llamadas en garantía señaló que [i] no era
viable afectar la póliza 021273779 de la Compañía Aseguradora Allianz Seguros
S.A., porque esta cubría únicamente la responsabilidad profesional como
consecuencia del servicio médico.

• [ii] Respecto a Limpieza Total Ltda., estableció que correría la misma suerte,

1 Transcrito con posibles errores ortográficos del texto original.
2 Laura Michell Quiñones, Juan David Quiñones, Luz Angélica Quiñones, Diana Sofía Toledo
Quiñones, Sofía Lorena Quintero Quiñones, Blanca Elvia Quiñones Agredo, María Irene Quiñones,
Daya Carolina Vargas Quiñones y Laura Valentina Oviedo Quiñones
3 Limpieza Total Ltda., Allianz Seguros S.A. y Liberty Seguros S.A. fueron llamados en garantía

dentro del trámite contencioso-administrativo.
4 Hay prueba de que se «generó una fisura vaginal longitudinal 0.4 cms hacia las seis de reloj, con

leve sangrado activo, adicionalmente se evidencia himen incompleto sin características de ruptura
aguda».
5 Particularmente «la conducta irregular por parte de un trabajador del Hospital María Inmaculada

quien se dedicaba a labores de mantenimiento que no tenían que ver con la prestación del servicio
asistencial en salud».

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

porque el objeto contractual se delimitó a prestar los servicios de limpieza en las
instalaciones del hospital, según el contrato de Aseo 00328, «recordando que la
vigilancia, seguridad y control le correspondía a la entidad demandada es decir al
Centro Hospitalario».

• La apoderada de la entidad solicitó aclarar o adicionar lo concerniente a la
llamada en garantía, Allianz Seguros S.A., porque se estudió el objeto de la póliza
021272135 y no la Póliza 021273779, que es la que tendría que ser afectada.

• La sentencia de segunda instancia fue notificada el 27 de mayo de 2025.

• El tribunal si bien consideró que la solicitud de adición era extemporánea, el 12
de junio de 2025 aclaró de oficio lo siguiente:

Verificado el expediente, se observa que la ESE Hospital María Inmaculada, al
momento que llamó en garantía a la aseguradora Allianz Seguros, lo hizo por la
suscripción de la póliza No. 021273779, sin embargo, al momento de analizar las
condiciones generales de esta, para efectos de determinar si el riesgo asegurado se
encontraba cubierto, la aseguradora, allegó las condiciones generales de la Póliza
No. 021272135, siendo estas las que se tuvieron en cuenta en la sentencia.

Así las cosas, se evidencia en el expediente, que no se allegaron las condiciones
generales de la Póliza 021273779 ni por parte de la entidad demandada ni del llamado
en garantí [sic] y, por tanto, no es posible entrar a verificar si el daño imputado a la
ESE Hospital María Inmaculada, atendiendo que se determinó como un evento
adverso se encuentre cubierto por dicha póliza, por cuanto, a la entidad era a quien
le incumbía probar dicha situación, haciéndose imposible realizar su estudio.

No obstante, lo anterior, se deberá corregir la sentencia e indicar que la póliza correcta
es la No. 021273779 y no como erróneamente se indicó.

• La providencia que resolvió la aclarar la sentencia de segunda instancia fue
notificada el 26 de junio de 2025 y la acción de tutela de la referencia fue radicada
el 3 de septiembre de 2025.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En este caso el accionante, luego de recordar los fundamentos de las providencias
que definieron la controversia, expuso que se le vulneraron sus derechos
fundamentales al configurarse los defectos fáctico y sustantivo.

Precisó que la autoridad judicial accionada incurrió en una irregularidad en dos
momentos importantes, la primera, al no analizar en la parte motiva el interés
asegurado de la póliza 021273779, y el segundo, por carecer de motivación el fallo
en cuanto al alcance de la verdadera póliza, su cubrimiento y responsabilidad, cuyos
errores llevan a una decisión sin motivación.

Destacó que si bien se profirió un auto de aclaración, el tribunal justificó tal omisión
bajo el argumento de que la póliza 021273779 no fue objeto de estudio porque no
se aportó de forma completa, particularmente no se allegaron las condiciones
generales necesarias para establecer el cubrimiento del evento adverso, sin
embargo alegó que al interior del proceso se podía apreciar que en «la carátula se

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

encontraban los requisitos mínimos para imputar la responsabilidad, como el objeto,
las partes, las fechas de vigencia y firmas».

Resaltó que se configuró el yerro de índole sustantivo «con la evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión, pues el argumento principal que
es el no cubrimiento del evento adverso se cae de su propio peso cuando se analiza
el objeto de cubrimiento de la póliza estudiada en la parte motiva de la sentencia
cuya cobertura es la responsabilidad civil extracontractual para personal profesional
y no la que debió ser materia de estudio (póliza N°021237779) […]».

Agregó que «tal circunstancia evidencia de forma inequívoca que los fundamentos
esbozados en la parte motiva de la sentencia, resulta[n] totalmente contradictori[os]
al no referirse a la póliza correcta que según aclaración de sentencia realizada por
el tribunal obedece a la póliza número 0212377779».

Advirtió que «la negación respecto del cubrimiento de la póliza N°021237779 se
hizo justificado en objeto de interés asegurado de póliza diferente, lo que sin lugar
a dudas revela una contradicción entre el fundamento de la sentencia y su decisión,
pues mientras en el fundamento se habla de objeto de póliza No. 021272135 […]
en la decisión reitera mediante auto de aclaración mantiene la posición de que se
habla de la póliza N°021237779, situación que no deja duda de la evidente
contrariedad e irrefutable error».

Señaló que lo expuesto por el tribunal «deja en evidencia una sentencia
incongruente y sin sustento jurídico que desde luego debe ser argumentada
conforme la normatividad y jurisprudencia actual aplicable al caso, violando los
derechos constitucionales al debido proceso, […]».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 8 de septiembre de 2025 el magistrado sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar como demandado al Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Tercera de Decisión.

Además, vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a los señores
Kerly Johanna Quiñones, Laura Michell Quiñones, Juan David Quiñones, Luz
Angélica Quiñones, Diana Sofía Toledo Quiñones, Sofía Lorena Quintero Quiñones,
Blanca Elvia Quiñones Agredo, María Irene Quiñones, Daya Carolina Vargas
Quiñones y Laura Valentina Oviedo Quiñones [extremo activo al interior del
expediente contencioso], al Juzgado Primero Administrativo de Florencia [autoridad
judicial que conoció en primera instancia del medio de control de reparación directa]
y Limpieza Total Ltda., Allianz Seguros S.A. y Liberty Seguros S.A. [llamados en
garantía dentro del trámite contencioso-administrativo].

1.6. Intervención

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó el siguiente informe:

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

1.6.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia
señaló que «[l]as providencias emitidas por parte del Despacho fueron tomadas bajo
la perspectiva legal y jurisprudencial correspondiente al caso analizado, respetando
los presupuestos procesales y constitucionales».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., de conformidad
con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sección determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la accionante, por parte
del Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, como autoridad
judicial accionada, con ocasión de la sentencia proferida en segunda instancia el 30
abril de 2025, así como del auto que la aclaró el 12 de junio de 2025.

Para el efecto, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva, y (iii)
estudio del caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.10

Por su parte, esta sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201411, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia12.

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Énfasis de la sala.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
12 Énfasis de la sala.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

Sobre el particular, se considera que el cargo por defecto fáctico por indebida
valoración de la carátula de la póliza 021273779 no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se debe enfatizar que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la
órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, ya que de no hacerlo, se atentaría contra
el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.

Al respecto, resulta pertinente destacar que si bien la tutela puede ser procedente
para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones
de cierre, también es importante resaltar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe tener
cuando se pretenda dejar sin efectos una decisión de la Sección que la Constitución
Política13 y la Ley14 determinaron como suprema autoridad en la materia, lesión que
se podría sintetizar en una actuación «arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales15».

Para resolver este asunto, resulta pertinente recordar que el cargo por indebida
valoración probatoria advertido en la solicitud de amparo se fundamentó en la
premisa de que el tribunal no analizó que en el expediente se aportó la carátula de
la póliza 021273779 en donde se encontraban los requisitos mínimos para imputar
la responsabilidad de pago, como el objeto, las partes, las fechas de vigencia y
firmas.

En este orden de ideas, se advierte que el tutelante intenta reabrir el debate
probatorio sin controvertir el sustento de la decisión enjuiciada, el cual parte del
criterio de que no era viable el estudio de contenido de la póliza 021273779, porque
ninguna de las partes aportó las condiciones generales del contrato de seguro para

13 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal

supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
(Énfasis de la Sala).
14 Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo

9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis de
la Sala).
15 Ver al respecto SU-573 de 2019: «Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional

orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios». (Énfasis de la Sala).

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

su correspondiente estudio.

Ahora, uno de los problemas jurídicos que plantea el accionante en el presente
mecanismo es que la carátula de la póliza que se aportó con la solicitud de
llamamiento en garantía contenía los elementos mínimos para decidir si era viable
afectarla, sin embargo, se advierte que tal alegato en realidad pretende usar el
presente mecanismo como una instancia adicional, ya que no tiene en cuenta que,
para el tribunal, era necesario conocer los por menores del contrato de seguro con
el fin de establecer si Allianz Seguros debía responder.

En este orden de ideas, la sala considera que dicho argumento se centra en un
aspecto que se refiere a los alcances y valor de las pruebas aportadas al proceso
contencioso que no le corresponde definir a esta sección investida como juez
constitucional, máxime cuando el tribunal accionado explicó que no era viable el
estudio de la responsabilidad de la aseguradora porque no se aportó el contrato de
seguros de forma completa.

En consecuencia, se considera que, si bien la parte actora intenta exponer las
razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió
en una vulneración, ello no se hizo en contraste con una actuación «arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales» o en «una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales», por lo que en realidad lo que se evidencia es una mera
inconformidad con lo dispuesto por el ad quem.

En consecuencia, constituye un deber para el accionante exponer con suficiencia
los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus derechos
fundamentales sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra providencias
judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso de la materia, lo cual se acentúa cuando
el proveído proviene de una alta corte.

Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado
el requisito de relevancia constitucional, puesto que la controversia se enfocó en
intentar, con sustento en la presunta transgresión de algunos derechos
fundamentales, en reabrir el debate probatorio e intentar modificar el criterio del ad
quem que, a primera vista, no resulta irrazonable o arbitrario.

En este sentido, para esta Sección, es claro que la controversia es «de competencia
exclusiva del juez ordinario»16.

2.4.2. Por su parte, la sala considera que tampoco se cumple el requisito de
agotamiento de todos los medios de defensa judicial, en cuanto a los demás
cargos que se refieren a que el tribunal accionado incurrió en una decisión
contradictoria, incongruente y sin motivación, toda vez que la parte actora cuenta
con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437

16 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573

de 2017 y C-590 de 2005.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

de 2011, particularmente por la causal del numeral 5. ° del artículo 250 ibidem, esto
es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación», como se pasará a explicar.

En efecto, sea válido o no este fundamento, lo cierto es que esta sección no puede
determinar si el proveído bajo cuestionamiento adolece de motivación o es
incongruente, circunstancia que, como se analizará más adelante, se enmarca en
la causal 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, porque este estudio le
incumbe al funcionario judicial que debe resolver el eventual recurso extraordinario
de revisión.

Frente al punto, se advierte que, la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo
de Estado, precisó17:

“[…] la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal
quinta. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación […]”. [Destacado por la
Sala]

Por su parte, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós Especial de Decisión
de esta Corporación18, la incongruencia también da lugar a la nulidad originada en
la sentencia, en los siguientes términos:

[…] 2.5. Nulidad originada en la sentencia

El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

[…]

2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del
C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia,
se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

[…]

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del

17 Ver Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 5 de abril de 2016,

Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado:
Nación-Procuraduría General de la Nación, M.P. Danilo Rojas Betancourt.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de

Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.

[…]

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia
interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia
proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales
no se podía pronunciar.

[…]

Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión,
porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los
cargos y pretensiones de la demanda […]19.

En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia y
el deber de motivación de las decisiones judiciales dan lugar a que se configure la
causal de revisión prevista en el numeral 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, esto es, «[…] Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación […]».

Además, esta Corporación ha considerado que la nulidad también procede cuando
ocurre al «[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus [como cuando el juez
contencioso se pronuncia acerca de un objeto distinto al pretendido en la apelación]
o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al
proceso20».

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta

19 Destacado por la Sala.
20 Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-2017-

02091-00 (REV), actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la República,
magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de la Sala Catorce
Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José
Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo
Rojas Betancourth.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen […]21».

De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 22. Entonces,
corresponde a la sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de
manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.

Al respecto, se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que la parte actora se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ni el demandante lo advierte.

2.5. Conclusión

Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional y agotamiento de todos los medios
de defensa judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

21 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas

Hernández.
22 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte

Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna
[…] Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de
la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y
garantías básicos para el equilibrio social».

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05492-00

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

[ausente con permiso]
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.