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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05556-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05556-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 16 de octubre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05556-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05556-01
Accionante: Ruth Fanny Cobus de Pérez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia proferida
el 16 de octubre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo solicitado.

SÍNTESIS1

La señora Ruth Fanny Cobus de Pérez alega que la sentencia proferida el 13 de febrero de
2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró la
excepción de inepta demanda porque no se demandó la Resolución RDP 026522 del 29 de
agosto de 2024 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, vulnera sus derechos
fundamentales, toda vez que la ley no establece la obligación de demandar un acto en
particular. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
demanda de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 5 de septiembre de 2025, la señora Ruth Fanny Cobus de Pérez, mediante apoderado
judicial2, presentó una demanda de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas en la sentencia del 13 de
febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la cual se revocó la decisión del 4 de noviembre de 2023 del Tribunal
Administrativo de Caldas que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de
inepta demanda. El proceso ordinario se adelantó con el radicado
17001233300020160070501 (2461-2024).

2. La accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

1 Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial
2 Índice 2 de Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05556-01
Accionante: Ruth Fanny Cobus de Pérez
Acción de tutela

1.- Se ordene por parte de este H. Juez Constitucional la Nulidad de la Sentencia, proferida
el día 13 de febrero de 2025, notificada electrónicamente el 05 de marzo de 2025 por parte
del H. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, dentro del proceso de Nulidad
y Restablecimiento del derecho con Radicado 17001-23-33-000-2016-00705-01 (2461-
2024), por medio de la cual se decidió revocar la sentencia del a quo y se declaró de oficio
la excepción de inepta demanda.

2.- Se amparen los Derecho Fundamentales invocados y como consecuencia de ello, este
H. Juez Constitucional revoque la sentencia de segunda instancia y ordene que se estudie
de fondo el asunto.

B. Hechos

3. La accionante promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
las Resoluciones RDP 001518 de 2026, RDP 006579 de 2016 y RDP 012027 de 2016
expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP (en adelante UGPP), mediante las cuales se
resolvió la “revisión de la reliquidación” de su pensión de jubilación. Tales actos
administrativos confirmaron la Resolución RDP 026522 de 2014, que aplicó la prescripción
trienal a la reliquidación de su pensión.

3.1 El 14 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró la nulidad de
los actos administrativos que negaron la revisión de la reliquidación y ordenó como medida
restaurativa pagar las mesadas pensionales que no se le reconocieron entre el 21 de enero
de 2006 y el 13 de mayo de 2011.

3.2 Inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación. Sostuvo
que la reclamación elevada el 14 de mayo de 2014 únicamente interrumpía la prescripción
a partir del 14 de mayo de 2011, y no con anterioridad. En consecuencia, estimó que la
decisión de primera instancia debía ser revocada.

3.3 El 13 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
desató la alzada y declaró de oficio la excepción de inepta demanda por falta de requisitos
formales. Lo anterior, porque no atacó la Resolución RDP 026522 del 29 de agosto de 2014,
toda vez que fue dicho acto administrativo el que dispuso la reliquidación de la pensión a
partir del 14 de mayo de 2011.

C. Fundamentos de la vulneración

4. La señora Cobus de Pérez alegó que la decisión cuestionada incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida en que no era necesario demandar
la Resolución RDP 026522 de 2014, pues las resoluciones que impugnó fueron las que
resolvieron de fondo sobre la prescripción de la reliquidación pensional, por lo que exigir
demandar un acto en particular es aplicar un formalismo que va en contravía del acceso a
la administración de justicia. Textualmente indicó:

Conforme lo dicho en precedencia, no se considerado ajustado a la premisa constitucional,
que el Juez de Segunda Instancia, declare de oficio la excepción de ineptitud de la demanda,
con base en la exigencia de haberse debido atacar parcialmente el acto administrativo RDP
026522 del 29 de Agosto de 2014, por medio del cual se reconoció una reliquidación
pensional, siendo que inconforme únicamente con lo atinente a la aplicación de la

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Accionante: Ruth Fanny Cobus de Pérez
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prescripción trienal, se agotara en debida forma la vía gubernativa, en la cual se produjeron
unos actos que contienen pronunciamientos expresos y de fondo sobre la materia en
discusión, por lo cual se considera que dicha exigencia supera los lineamientos normativos
procesales para la búsqueda de la realización efectiva de los derechos sustanciales.

D. Trámite procesal

5. Por auto del 17 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela3. La providencia fue notificada en debida forma a la autoridad judicial
accionada (Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado) y a los terceros
con interés vinculados al proceso (Tribunal Administrativo de Caldas y UGPP).

E. Oposiciones e intervenciones

6. El Tribunal Administrativo de Caldas4 (tercero con interés) remitió el link que contiene el
expediente del proceso ordinario.

6.1 La UGPP5 (tercera con interés) solicitó declarar improcedente la demanda de tutela, tras
considerar que la accionante lo que pretende es revivir un proceso que ya fue decidido por
el juez natural de la causa, sumado a que la decisión se encuentra ajustada al ordenamiento
jurídico; además, indicó que la demanda de tutela no cumple con una carga argumentativa
adecuada.

6.2 De otro lado, sostuvo que el presente asunto tampoco cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues no se promovió el recurso extraordinario de revisión, medio adecuado
para ventilar las inconformidades planteadas en la demanda de tutela y, finalmente, que no
se probó un perjuicio irremediable, pues la accionante recibe una mesada pensional.

6.3 La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (accionada) guardó
silencio durante la oportunidad procesal.

F. Fallo impugnado

7. Mediante sentencia del 16 de octubre de 20256, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Consideró el a-quo que no se cumplió con la obligación de usar una carga
argumentativa adecuada para controvertir la decisión, pues el reproche se dirige a que el
juez constitucional modifique el raciocinio utilizado por el juez natural de la causa, pero no
plantea una discusión ius fundamental.

7.1 Para sustentar lo anterior, sostuvo que la accionante se limitó a indicar que no tenía
obligación de demandar el acto administrativo RDP 026522 de 2014; sin embargo, no

3
Índice 4 del proceso de primera instancia en Samai. En el trámite de la primera instancia, El 16 de octubre de 2025, la
Consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya manifestó impedimento para conocer del asunto (índice 12 del proceso
de primera instancia en Samai). El 16 de octubre de 2025, los demás integrantes de la Sección Quinta del Consejo de
Estado declararon infundado el impedimento al no encuadrarse la situación manifestada dentro de las causales
establecidas en la normativa (Índice 15 del proceso de primera instancia en Samai).
4 Índice 8 del proceso de primera instancia en Samai.
5 Índice 10 del proceso de primera instancia en Samai.
6 Índice 16 del aplicativo Samai.

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Accionante: Ruth Fanny Cobus de Pérez
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allegó razones jurídicas para demostrar que dicha sentencia era contraria al ordenamiento
jurídico.

7.2 Finalmente, indicó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
ya analizó la procedencia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo
que no se puede convertir la tutela en una tercera instancia del proceso ordinario.

G. Impugnación

8. La señora Cobus de Pérez insistió que la decisión proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al declarar
de oficio la excepción de inepta demanda “con base en una exigencia meramente formal,
la cual no se encuentra prevista en la Ley”. En virtud de lo anterior, reiteró los argumentos
expuestos en la demanda de tutela, esto es, que el proceso ordinario se radicó en contra
de los actos administrativos que resolvieron de fondo la petición de prescripción trienal de
la reliquidación pensional.

8.1 De otro lado, indicó que la jurisprudencia contenciosa administrativa ha accedido en
casos similares, en los que solo se ha exigido agotar la vía gubernativa pero no demandar
un acto administrativo particular.

8.2 Finalmente, para sustentar su tesis, transcribió apartes de una sentencia de esta
Corporación en la que se demandó un acto ficto como consecuencia del silencio
administrativo negativo en el trámite de un proceso contractual, en el que se concluyó que
no se “podía proferir una sentencia inhibitoria con fundamento en la exigencia de un
requisito de procedibilidad que no estaba consagrado en la ley”.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

9. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por Ruth Fanny Cobus de Pérez contra
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069
de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

I. Sentido de la decisión

10. La Sala confirmará la decisión de primera instancia proferida el 16 de octubre de 2025
por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela
al no cumplirse con el requisito de relevancia constitucional. En ese sentido y por razones
metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos
generales de procedencia de la acción7.

7 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la Corte Constitucional ha

establecido los siguientes: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que

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J. El requisito de relevancia constitucional

11. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.8 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada 9 , con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

11.1 En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional estableció
que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional. De esta
manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.10

11.2 En la sentencia SU-215 de 202211, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra
una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y
goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto
meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser trascendente para
la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o para la
determinación del alcance de un derecho fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como
una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la
solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la sola
referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y

se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: e)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) Que no
se trate de sentencias de tutela. (Ver sentencia C-590 de 2005)
8 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
9 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo

Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José

Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser
estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales

11.3 Para la Corte Constitucional12, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

11.4 Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico de tal
entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”13.

K. Caso concreto

12. La Sala observa que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto: i) la solicitud de amparo tiene como propósito reabrir el debate
concluido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y ii) la demanda carece
de una carga argumentativa mínima.

12.1 En efecto, esta Subsección evidencia que los argumentos expuestos por la accionante
en el escrito de amparo se refieren a una inconformidad con la interpretación efectuada por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la excepción de
ineptitud de la demanda; sin embargo, no se advierte una actuación arbitraria o ilegítima en
la aplicación de la normativa y la jurisprudencia.

12.2 La autoridad judicial accionada indicó claramente que, la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se promovió en contra de los actos administrativos RDP
001518 de 2026, RDP 006579 de 2016 y RDP 012027 de 2016; sin embargo, la señora
Cobus de Pérez omitió demandar la Resolución RDP 026522 de 2014, que fue la que
ordenó la reliquidación del derecho pensional con efectos fiscales desde el 14 de mayo de
2011 y no desde el 4 de agosto de 2005.

12.3 Además, se observa que la accionada aclaró que la inconformidad planteada por la
accionante se refiere precisamente a la determinación de la fecha en que se le debió pagar
el reajuste de las mesadas pensionales y, al no demandar la Resolución RDP 026522 de
2014, que fue precisamente la que determinó la fecha en que debía tener efectos fiscales
el reajuste, se configuraba la inepta demanda:

Por el contrario, la inconformidad de la actora ha sido exclusivamente la determinación de la
fecha de efectos fiscales para el pago de las mesadas reajustadas en virtud de la Resolución

12 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
13 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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RDP 026522 del 29 de agosto de 2014, esto siempre en torno al análisis de la figura jurídica
de la prescripción. Al verificar concretamente cuál acto administrativo fue el que creó la situación jurídica de la
demandante en cuanto a la forma de calcular los efectos de la referida excepción, la Sala
encontró que dicha manifestación fue la contenida en la última resolución aludida
previamente, pues fue en esta en la que, luego de haber accedido a la solicitud de
reliquidación por retiro definitivo del servicio, también se estableció de manera definitiva que
se había configurado tal fenómeno frente a las mesadas causadas con anterioridad al 14 de
mayo de 2011 (…). Se destaca que lo anterior no implica el desconocimiento de la premisa referente a la
posibilidad de reclamar en vía administrativa el derecho al otorgamiento de una pensión de
manera indefinida cuando el Estado la niegue, o de solicitar su reliquidación también
múltiples veces cuando subsistan errores en el cálculo del IBL, pues este presupuesto
obedece a la regla propia de imprescriptibilidad y ausencia de caducidad para exigir una
prestación periódica. Sin embargo, como la prescripción no cumple con estas características, y, ya que en el
asunto particular esta se determinó de manera definitiva en la Resolución RDP 026522 del
29 de agosto de 2014, claramente la accionante no podía haber presentado una nueva
petición para discutir lo decidido en dicho acto, tal como lo hizo en su momento con la
denominada “solicitud de revisión de reliquidación” formulada el 28 de septiembre de 2015,
toda vez que, en esencia, sus reparos no eran frente al derecho a la pensión o a su
reliquidación, sino en relación a una situación jurídica accesoria y única que debió ser
demandada directamente para que se estudiara su legalidad en vía judicial. Por el contrario, al haber radicado esta supuesta revisión (que por demás no está regulada
normativamente al no tratarse de un recurso ni una revocatoria directa), lo que la parte activa
generó en la entidad demandada fue la necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento a
través de las Resoluciones RDP 001518 del 20 de enero de 2016, RDP 006579 del 16 de
febrero de 2016, y RDP 012027 del 16 de marzo de 2016; las cuales en su fundamentación
lo único que hacen es reiterar la misma motivación del acto de reliquidación para haber fijado
como fecha de efectos fiscales el 14 de mayo de 2011. En tal sentido, estas últimas manifestaciones (que fueron las expresamente demandadas),
en ningún momento crearon, modificaron o extinguieron la determinación sobre la excepción
de prescripción que ya había sido estudiada y consolidada en la Resolución RDP 026522
del 29 de agosto de 2014. Por tal motivo, en realidad era este último acto el que debió
haberse demandado de manera parcial para que eventualmente se anulara lo relativo a la
fecha de efectos fiscales del pago de las mesadas, ello siempre y cuando se encontraran
probados los errores advertidos por la accionante al momento de fijarla. En todo caso, lo cierto es que a pesar de que la demandante buscaba la anulación de unos
pronunciamientos expresos en materia prescriptiva, es evidente que estos no fueron el
resultado de la interposición de recursos de reposición o apelación contra el acto inicial, sino
que se derivaron de una actuación administrativa diferente e independiente, por lo que
tampoco es permitido tenerlos por demandados en conjunto con la manifestación original
bajo el supuesto habilitado por el inciso primero del artículo 163 del CPACA,16 pues no
existe unidad decisoria entre ambos.

Lo anterior implica se configuró la excepción de ineptitud de la demanda por falta de
requisitos formales, ello en lo que respecta al incumplimiento del presupuesto procesal de la
demanda en forma por falta de individualización de las pretensiones, específicamente al no
haberse demandado el acto administrativo definitivo que le había creado a la actora la
situación jurídica de la prescripción que ahora discute a través de otras decisiones que no
generaron ningún efecto sobre tal figura jurídica.

12.4 De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la discusión planteada en la
demanda de tutela ya fue resuelta por la autoridad judicial competente, la cual explicó, de
manera suficiente, razonada y coherente que la accionante debió demandar la Resolución
RDP 026522 de 2014, pues fue ese acto administrativo el que declaró la prescripción trienal
de la reliquidación pensional y solo le reconoció el derecho a partir del 14 de mayo de 2011.

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12.5 En la misma sentencia se precisó que, si bien la accionante presentó una petición de
“revisión de la reliquidación” pensional, la cual fue negada mediante la Resolución RDP
001518 de 2016, decisión que, a su vez, fue objeto de los recursos de reposición y
apelación, resueltos desfavorablemente para sus intereses, lo cierto es que el acto definitivo
que generó la inconformidad alegada fue la Resolución RDP 026522 de 2014, y, como ha
quedado claro, esta no fue demandada.

12.6 Así las cosas, resulta evidente que la accionante, mediante la acción de tutela, busca
que se adopte una interpretación favorable a sus intereses. Sin embargo, dicha pretensión
excede el ámbito de competencia del juez constitucional, pues implicaría desconocer los
principios de independencia y autonomía judicial que rigen la función jurisdiccional.

12.7 En todo caso, como se indicó previamente, la demanda de tutela carece una carga
argumentativa mínima, toda vez que los planteamientos de la señora Cobus de Pérez se
limitaron a afirmar que la sentencia estaba viciada de un defecto procedimental, al exigirle
demandar un acto administrativo previo sin considerar que las resoluciones impugnadas
fueron las que pusieron fin al proceso administrativo. Sin embargo, no expuso razones
jurídicas que demostraran la razón por la cual la decisión era equivocada, ni explicó por qué
no era necesario demandar la Resolución 026522 de 2014, ni presentó argumento alguno
que desvirtuara los fundamentos señalados por la autoridad accionada. En consecuencia,
incumplió la carga de argumentar o, al menos, de exponer las razones por las cuales la
decisión resulta contraría a la Constitución o vulnera sus derechos fundamentales.

12.8 Se advierte que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que para
que proceda el amparo constitucional, la accionante debe exponer una carga argumentativa
mínima y congruente que ataque la ratio decidendi de la providencia que considera
vulneratoria de sus derechos fundamentales; sin embargo, para la Sala, en este caso, la
señora Cobus de Pérez se limitó a indicar que se le aplicó una exigencia que no estaba
prescrita en la Ley, pero sin desarrollar una argumentación jurídica o jurisprudencial que
sustentara su dicho.

12.9 Si bien la Sala no desconoce que la accionante transcribió apartes de una sentencia de
esta Corporación en la que se indicó que no era posible exigir requisitos de procedibilidad
no previstos en la ley, lo cierto es que no expuso las razones por las cuales dicha conclusión
resultaba aplicable a su caso, ni explicó la relación entre los aspectos fácticos y jurídicos de
ese precedente y su situación particular. Por el contrario, del fragmento citado se advierte
que se trata de un asunto distinto, pues allí se debatía un recurso de revisión contra una
sentencia proferida en un proceso de controversias contractuales, en el que se exigía
demandar un acto administrativo ficto. Ello implicaba que la accionante debía desarrollar
una carga argumentativa orientada a demostrar por qué la regla jurisprudencial establecida
en ese contexto resultaba aplicable a su caso concreto.

12.10 En la impugnación, la accionante afirmó que en “innumerables fallos por parte de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre asuntos similares” únicamente se exigía
agotar la vía gubernativa, mas no demandar un acto administrativo particular. Sin embargo,
dicha afirmación carece igualmente de una carga argumentativa mínima, pues no identificó

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cuáles eran esas sentencias ni explicó si existía relación entre los aspectos fácticos y
jurídicos en esos precedentes y su situación particular.

12.11 En ese orden de ideas, es evidente que el presente asunto no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, porque se pretende reabrir el debate propuesto y resuelto de
manera razonable por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa especializada en asuntos
laborales y, segundo, porque se incumplió con una carga argumentativa mínima que
demostrara la vulneración de los derechos fundamentales y no simplemente el
inconformismo con la decisión adoptada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 16 de octubre de
2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en
precedencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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