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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00705-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00705-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, SEGUNDO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. 17 «[…] Artículo 365. Condena en costas En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […]» Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 17001-23-33-000-2016-00705-01 (2461-2024) TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en ambas instancias según lo manifestado en las consideraciones de este fallo. CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al abogado Daniel Antonio Genes Benedetti con tarjeta profesional 318.543, ello conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 11 de SAMAI. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00705-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00705-01 (2461-2024)
Demandante: Ruth Fanny Cobus de Pérez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Se declara probada de oficio excepción de ineptitud de la
demanda por falta de requisitos formales. Presupuesto de
demanda en forma. Requisito de individualización de las
pretensiones respecto a la necesidad de demandar el acto
administrativo que define la situación jurídica particular en
materia de prescripción de mesadas. REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por
el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Ruth Fanny Cobus de Pérez instauró demanda1 en contra de la UGPP
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 001518 del 20 de enero de
2016, por medio de la cual la entidad demandada negó la solicitud de revisión de la
reliquidación pensional concedida a la actora mediante la Resolución RDP 026522
del 29 de agosto de 2014, a fin de que se cambie la fecha de efectividad de la
prestación por prescripción trienal; así como (ii) RDP 006579 del 16 de febrero de

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00705-01 (2461-2024)

2016, y (iii) RDP 012027 del 16 de marzo de 2016; con las que se resolvieron
negativamente los recursos de reposición y apelación respectivamente.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reliquidar la
pensión ordinaria de jubilación con efectos fiscales desde el 4 de agosto de 2005 y
no a partir del 14 de mayo de 2011 como erradamente se determinó en el acto
administrativo del reajuste por indebida aplicación de la figura de la prescripción.

Que se condene en costas a la autoridad accionada conforme al artículo 188 del
CPACA, y que esta dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y
siguientes de dicha norma.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante la Resolución 6286 del 8 de marzo de 1993, Cajanal EICE En
Liquidación le reconoció una pensión vitalicia de jubilación por contrato con el
departamento de Caldas, esto por haber laborado como docente oficial por más de
20 años, la cual fue liquidada por un valor total de 76.772 efectiva a partir del 3 de
agosto de 1990.

Que se retiró del servicio desde el 4 de agosto de 2005, razón por la cual, el 16 de
noviembre de 2005 solicitó la reliquidación de su prestación, sin embargo, ante la
falta de respuesta, volvió a radicar varias peticiones en el mismo sentido el 14 de
julio de 2008, el 21 de enero de 2009, el 13 de diciembre de 2010 y el 24 de julio de
2012.

Que, el 1.º de octubre de 2012, nuevamente presentó reclamación para obtener el
reajuste, aduciendo la falta de pronunciamiento respecto de su petición inicial del
16 de noviembre de 2005, a lo cual la UGPP emitió el Oficio 20145101915011 del
19 de mayo de 2014 en el sentido de informar que será esta entidad la que asumirá
dicho trámite a fin de resolver dicho requerimiento que entendió formulado el 14 de
mayo de 2014.

Que con la Resolución 023401 del 29 de julio de 2014 se resolvió la solicitud,
negando lo pretendido al confundir la pensión ordinaria de jubilación con la gracia
prevista en la Ley 114 de 1913, por lo que interpuso recurso de reposición que fue
resuelto por medio de la Resolución 026522 del 29 de agosto de 2014 con la que
se revocó la decisión inicial, y, en consecuencia, se reliquidó el derecho en cuestión
por retiro del servicio, pero otorgando efectos fiscales desde el 14 de mayo de 2011
por prescripción trienal de mesadas.

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Que, por considerar errada la fecha de efectividad de la pensión, el 28 de septiembre
de 2015 radicó una petición de “revisión de la reliquidación”, a fin de que se
corrigiera o modificara dicha situación, de manera que el derecho prestacional se
concediera a partir del 4 de agosto de 2005 y no del 14 de mayo de 2011 como se
había establecido por la propia autoridad demandada.

Que se negó lo solicitado mediante la Resolución RDP 001518 del 20 de enero de
2016 al asegurar que las pensiones no se encuentran exentas de la aplicación de
la figura de la prescripción. Ante esta situación, interpuso recursos de reposición y
en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos negativamente a través de las
Resoluciones RDP 006579 del 16 de febrero de 2016, y RDP 012027 del 16 de
marzo de 2016 respectivamente.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron los artículos: 2, 13, 25, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; “2,
3, 82, y 85 del CPACA” (sic); y 6 de la Ley 100 de 1993.

Que la reclamante interrumpió la prescripción con la petición del 16 de noviembre
de 2005, respecto de la cual nunca hubo respuesta, a pesar de la insistencia con el
fin de obtenerla, por lo que, en este caso, no se puede trasladar la carga de las
fallas de la administración en contra de los administrados, quienes además de
soportar una larga espera para que les sean reconocidos sus derechos, también
tienen que ver gravemente afectados sus intereses.

Que, en todo caso, la prescripción aplicada por la entidad no coincide con ninguna
de las solicitudes elevadas por la peticionaria, pues la última solicitud se elevó el día
1.º de octubre de 2012, mas no el 14 de mayo de 2014 como se indicó en el Oficio
UGPP 20145101915011 del 19 de mayo de 2014, resultando confusa y ambigua la
fecha determinada para efectos de contabilizar la figura jurídica en comento.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 17 de abril de 2017 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP, quien
manifestó3 que, la prestación que reclama no se encuentra exenta de la prescripción
trienal, por lo que la aplicada en la Resolución RDP 26522 del 29 de agosto de 2014
se encuentra en debida forma, esto en los términos del artículo 41 del Decreto Ley
3135 de 1968 en concordancia con el artículo 102 del Decreto Reglamentario 1848
de 1969.

Que, al margen de lo anterior, lo cierto es que una vez revisado el expediente

2 Ver el mismo índice.
3 Ver el mismo índice.

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pensional, obra Resolución UGM 59247 del 26 de noviembre de 2012 la cual
reliquidó la pensión de jubilación en cuantía de $1.626.024 efectiva a partir del 4 de
agosto de 2005, en la que, además, se observa que el valor arrojado es igual al
reconocido en la Resolución RDP 26522 del 29 de agosto de 2014, motivo por el
cual la prescripción ordenada en esta última no afecta el pago teniendo en cuenta
que no se generan diferencias entre ambos actos administrativos.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación y
cobro de lo no debido, (ii) prescripción, (iii) buena fe, (iv) y genérica.

El 9 de agosto de 20164 se celebró la audiencia inicial en la que se fijó el litigio, se
señaló que no existía ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas conforme
al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 y se ordenó que, una vez vencido
el término probatorio, se corriera traslado a las partes para alegar de conclusión y
al Ministerio Público para conceptuar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia el 14 de noviembre de 2023, a
través de la cual accedió a las pretensiones, ello en el sentido de declarar la nulidad
de los actos reprochados y ordenar a la parte pasiva que reconozca la reliquidación
ordenada mediante la Resolución RDP 026522 del 29 de agosto de 2014 por el
período comprendido entre el 21 de enero de 2006 hasta el 13 de mayo de 2011.
Adicionalmente condenó en costas a la entidad demandada.

Expresó que existe certeza de que la demandante únicamente el 21 de enero de
2009 solicitó por primera vez y expresamente la reliquidación de la pensión ordinaria
de jubilación, ya que en peticiones anteriores también pretendía el reajuste no solo
de esta prestación, sino también de la pensión gracia.

Que esta reclamación solo se vino a resolver con la expedición de la Resolución
RDP 026522 del 29 de agosto de 2014, por lo que, como toda solicitud abarca el
extremo temporal que se demore la administración para resolverla, se concluye que,
la prescripción no corrió entre el 21 de enero de 2009 hasta la fecha del mencionado
acto administrativo, de manera que se encuentran prescritas las mesadas anteriores
al 21 de enero de 2006.

Que tampoco se declarará demostrada la excepción de prescripción respecto del
proceso como tal, porque no pasaron más de 3 años entre el acto que reconoció
dicho fenómeno y la presentación de la demanda, a saber: (i) la Resolución RDP
026522 del 29 de agosto de 2014 reliquidó la pensión y señaló el plazo de
prescripción; (ii) la solicitud de revisión de esta figura se formuló el 28 de septiembre

4 Ver el mismo índice.
5 Ver el mismo índice.

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de 2015; (iii) los actos demandados que negaron esta solicitud fueron las
Resoluciones RDP 001518 del 20 de enero de 2016, RDP 006579 del 16 de febrero
de 2016 y, RDP 012027 de marzo de 2016, y, (iv) la actual demanda fue radicada
el 19 de septiembre de 2016.

Que, debido al criterio objetivo valorativo, se debe condenar en costas y agencias
en derecho a la parte accionada por haber resultado vencida en juicio, cuya
liquidación se basa en el artículo 366 del CGP, para lo cual se fijan agencias en
derecho del 1% de las pretensiones por aplicación del artículo 188 del CPACA.

EL RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandada interpuso recurso de apelación por considerar, que si bien el
término de prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previo al agotamiento de la vía
administrativa, lo cierto es que no debe asumirse que el interesado puede quedarse
indefinidamente solicitando el reconocimiento de una prestación ante la entidad, por
cuanto el escrito del interesado interrumpe dicho fenómeno por una sola vez, lo que
hace que tenga que demandar dentro de los 3 años siguientes.

Que, en tal sentido, si se deja pasar este tiempo necesariamente opera el fenómeno
de la prescripción, y lo que harán las siguientes peticiones es volver a interrumpir
los efectos de la aludida figura que ya se encuentra consolidada.

Que en el presente caso operó la prescripción trienal respecto de la solicitud de
reliquidación de la pensión de jubilación, porque el derecho a gozar de ella se hizo
exigible el 3 de agosto de 1990, y la accionante presentó la respectiva reclamación
el 14 de mayo de 2014, la cual fue resuelta por la Resolución RDP 26522 del 29 de
agosto de 2014 en el sentido de acceder a lo pretendido, pero con efectos fiscales
a partir del 14 de mayo de 2011 por haberse estructurado la figura jurídica en
comento, ello al no haber interpuesto la respectiva demanda oportunamente, sino
que, en su lugar, radicó una serie de peticiones sucesivas que solo interrumpían
tales efectos por una sola vez.

Que no debió condenarse en costas de primera instancia a la entidad, ya que
conforme con los documentos que obran en el expediente, la demandante no probó
a lo largo del proceso el pago de gastos, ni que la actividad efectivamente realizada
por su apoderado haya generado otro tipo de costos asociados, esto es, que las
agencias en derecho no se causaron.

6 Ver el mismo índice.

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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 6 de mayo de 20247 se admitió el recurso de apelación, y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

El Ministerio Público8 presentó concepto solicitando que se confirme el fallo
apelado, salvo la condena en costas que no depende del resultado de la actuación,
sino del comportamiento de las partes, respecto del cual no se advierte mala fe.

Que la sentencia de primera instancia acertó en la forma como interpretó la
prescripción y el conteo del correspondiente término, porque la petición inicial no
fue clara y solo hubo precisión en la reclamación de enero de 2009. Lo anterior en
la medida en que, a pesar de haberse adquirido el estatus pensional de jubilación
en el año 1990, la docente siguió en el servicio oficial hasta el 4 de agosto de 2005,
pues tenía y era exigible el derecho pensional pero también el derecho a
permanecer en actividad laboral, así como mantener vigente la prerrogativa
periódica vitalicia ya que no le prescribía el derecho, sino las mesadas
correspondientes tomando en cuenta la fecha de la solicitud.

Que, al margen de las numerosas peticiones de reliquidación pensional formuladas
por la actora, la entonces Cajanal EICE tuvo tiempo suficiente para decidirlo, pero
optó por hacerlo con la última, ignorando las radicadas anteriormente sobre el
mismo asunto (particularmente la de 2009 que fue donde expresamente se
pretendió dicho reajuste sobre la pensión ordinaria de jubilación), lo cual desconoció
el hecho de que el término de prescripción se encontraba suspendido ante la falta
de una respuesta por parte de la autoridad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que resolverá de oficio la Subsección es determinar si en el presente
caso se configuró la excepción de ineptitud de la demanda por haberse pretendido
la nulidad de los actos administrativos que resolvieron una solicitud de “revisión” de
prescripción de mesadas, mas no los que definieron como tal la reliquidación
pensional de la accionante y decretaron dicho fenómeno prescriptivo a partir de una
fecha diferente a la estimada por la parte activa, discusión que solo se verificará si
no prospera el medio exceptivo en comento.

Marco normativo y jurisprudencial

7 Índice 4 de SAMAI.
8 Índice 9 de SAMAI.

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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00705-01 (2461-2024)

Inicialmente se resalta que, en el marco de todo litigio, los presupuestos procesales
siempre serán objeto de análisis por parte del juez en cualquier etapa, pues estos
constituyen los requisitos mínimos para que la actuación sea válida, en la medida
en que determinan su nacimiento legítimo, su desarrollo normal y su culminación
con una sentencia. Ahora, una vez hecho un estudio de dichos aspectos formales,
si estos no se cumplen, por regla general se produce una decisión inhibitoria.9

Con motivo de lo anterior, el CPACA en su artículo 187 previó la posibilidad de que
el juez declare de oficio cualquier excepción que encuentre probada, incluida la
ineptitud de la demanda, ello sin perjuicio de observar la prohibición de reformar en
peor, tal como lo consagró dicha norma de la siguiente forma: «[…] En la sentencia
se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]»

Ahora bien, en la doctrina general se indican como presupuestos de la acción, los
siguientes: (i) agotamiento de la vía gubernativa, (ii) que la acción no haya
caducado, (iii) capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso,
(iv) demanda en forma, (v) competencia del juez, y (vi) el pago previo.

Concretamente, sobre el concepto de demanda en forma, debe decirse que esta
«[…] es la carta de navegación para el proceso, es lo que le permite al juez
determinar si tiene competencia atribuida para desatar la litis que se le propone y
determinar la procedencia de la acción en ese momento, como también delimita el
objeto de la contención, al cual la parte demandada se circunscribirá en la defensa
de su interés […]».10

Para determinar si se cumple el postulado en mención, el juez administrativo debe
verificar que se satisfagan las exigencias del CPACA relativas a: (i) el contenido de
la demanda, (ii) la individualización de las pretensiones, y, (iii) los anexos que deben
allegarse con esta.

Sobre el segundo punto, el artículo 163 de dicha norma consagró que: «[…] Cuando
se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con
toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se
entenderán demandados los actos que los resolvieron. Cuando se pretendan
declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto,
deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. […]»

9 Idea extraída de PALACIO Hincapié Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo. Sexta Edición. Librería

Sánchez LTDA. 2006.
10 Derecho Procesal Administrativo. Juan Ángel Palacio Hincapié. 4ª Edición 2004. Página 181.

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Esta corporación11 también se pronunció sobre el particular de la siguiente forma:

«[…] Para el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
es relevante identificar la actuación que produjo el perjuicio, es decir, debe
demandarse judicialmente aquel acto administrativo que generó la lesión alegada
sobre el derecho subjetivo, para que pueda válidamente traducirse en un
restablecimiento en favor de la parte demandante.

Nótese que las pretensiones que se plantean en la demanda delimitan el ejercicio
de la capacidad decisoria del juez y por supuesto debe guardar congruencia la
nulidad del acto con el restablecimiento del derecho pretendido, de lo contrario, se
torna dificultosa la labor de adoptar una decisión de fondo, lo que indiscutiblemente
llevaría a un fallo inhibitorio.

De manera que lo importante es que el juez analice en cada caso, si el acto definitivo
particular que se demanda, es una declaración de voluntad de la administración
dirigida a producir efectos jurídicos, si crea, modifica o extingue la situación
subjetiva de la cual se pueda pedir el correspondiente restablecimiento en sede
judicial y a través del respectivo medio de control. […]»

En consecuencia, el requisito de la demanda relativo a la individualización con
precisión del acto reprochado significa que este debe ser el que real y
definitivamente le creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular del
administrado.

Por tanto, si no se demanda dicha manifestación en concreto, el juez no tiene más
opción que abstenerse de resolver de fondo, sin que ello implique la vulneración de
los derechos fundamentales del demandante, pues, si se acredita que hubo una
incorrecta determinación de la decisión anulable de la cual se predica el
restablecimiento, finalmente lo que se estructura es la excepción de ineptitud de la
demanda que de manera obligatoria constituye un impedimento para emitir un fallo
de mérito.

Ahora, en términos generales, dicho medio de defensa de carácter previo se refiere
a una garantía procesal que busca evitar la expedición de un pronunciamiento
judicial que haga tránsito a cosa juzgada, con el cual se termine dirimiendo un
conflicto que desde el comienzo pudo haber estado mal planteado por el
incumplimiento de las exigencias relacionadas con el contenido y anexos de la
demanda regulados en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA.

Es decir, el fin de este mecanismo es impedir que se atente contra el debido
proceso y la tutela judicial efectiva que buscan una administración de justicia
eficiente, eficaz, material y ajustada a las reglas propias de cada actuación.

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección “A”. Sentencia del

veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 25000-23-42-000-2016-03390-
01(4082-17).

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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00705-01 (2461-2024)

Pese a lo anterior, dicha figura jurídica ha tenido una variación interpretativa con el
fin de volverla más restrictiva para evitar su decreto al máximo, esto debido a sus
efectos indeseables de indeterminación del asunto que afectan y desgastan tanto
a las partes como al propio juez.12

Bajo este contexto, la posibilidad de declarar tal excepción se sustenta en
condiciones específicas irregulares de la demanda en forma que, pese a ser de
naturaleza adjetiva, únicamente pueden surtir consecuencias inhibitorias cuando se
advierta que afectan garantías sustanciales de las partes, siempre que no hayan
sido enmendadas o se entiendan subsanadas a lo largo de la actuación, o que su
exigencia no constituya un exceso ritual manifiesto que afecte el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia.

Resolución del caso concreto

En lo referente a la demanda en forma, específicamente sobre el requisito de la
individualización de las pretensiones, se recuerda que la parte activa pretendió
expresa y únicamente la nulidad de las siguientes Resoluciones: (i) RDP 001518
del 20 de enero de 2016, por medio de la cual la entidad demandada negó la
“solicitud de revisión de la reliquidación pensional concedida a la actora mediante la
Resolución RDP 026522 del 29 de agosto de 2014”, esto en lo que referente a la
prescripción; así como (ii) RDP 006579 del 16 de febrero de 2016, y (iii) RDP 012027
del 16 de marzo de 2016; con las que se resolvieron negativamente los recursos de
reposición y apelación respectivamente.13

Ahora, a título de restablecimiento del derecho, la accionante consideró que, al
anularse dichas decisiones, la consecuencia directa sería que se modificaría la
fecha de efectos fiscales del reconocimiento de las mesadas reliquidadas, pasando
del 14 de mayo de 2011 al 4 de agosto de 2005, ello al asegurar que la entidad
demandada aplicó erradamente el cálculo del fenómeno prescriptivo.

Como se observa, el centro de debate jurídico en este litigio en ningún momento ha
sido el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación de la reclamante, ni la
reliquidación de dicha prestación por el cambio en alguno de los componentes del
IBL como la tasa de reemplazo, los factores salariales incluidos o el período de
liquidación.

Por el contrario, la inconformidad de la actora ha sido exclusivamente la
determinación de la fecha de efectos fiscales para el pago de las mesadas
reajustadas en virtud de la Resolución RDP 026522 del 29 de agosto de 2014, esto

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 21 de

abril de 2016. Radicado: 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014); y Sentencia del 15 de enero de 2018.
Radicado: 11001-03-15-000-2017-03032-00(AC).
13 Ver acápite de pretensiones de la demanda que obra en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00705-01 (2461-2024)

siempre en torno al análisis de la figura jurídica de la prescripción.

Al verificar concretamente cuál acto administrativo fue el que creó la situación
jurídica de la demandante en cuanto a la forma de calcular los efectos de la referida
excepción, la Sala encontró que dicha manifestación fue la contenida en la última
resolución aludida previamente,14 pues fue en esta en la que, luego de haber
accedido a la solicitud de reliquidación por retiro definitivo del servicio, también se
estableció de manera definitiva que se había configurado tal fenómeno frente a las
mesadas causadas con anterioridad al 14 de mayo de 2011.

Es decir, como la prescripción trienal no es un derecho y mucho menos una
prestación periódica que se cause mes a mes, sino que es un elemento accesorio
o accidental al reconocimiento de una prerrogativa como la pensión de jubilación,15
el cual se decreta por una sola vez a título de excepción contra las pretensiones,
resulta evidente que cuando determinado acto administrativo resuelva lo propio,
deberá entenderse que es aquel el que realmente consolidó la situación jurídica
prescriptiva para el solicitante.

Con base en tal planteamiento, no sería válido volver a provocar un nuevo
pronunciamiento de la administración en relación con el mismo tema, ya que lo
procedente en caso de advertir una eventual causal de nulidad de la decisión, habría
sido demandarlo mediante el respectivo medio de control.

Se destaca que lo anterior no implica el desconocimiento de la premisa referente a
la posibilidad de reclamar en vía administrativa el derecho al otorgamiento de una
pensión de manera indefinida cuando el Estado la niegue, o de solicitar su
reliquidación también múltiples veces cuando subsistan errores en el cálculo del
IBL, pues este presupuesto obedece a la regla propia de imprescriptibilidad y
ausencia de caducidad para exigir una prestación periódica.

Sin embargo, como la prescripción no cumple con estas características, y, ya que
en el asunto particular esta se determinó de manera definitiva en la Resolución RDP
026522 del 29 de agosto de 2014, claramente la accionante no podía haber
presentado una nueva petición para discutir lo decidido en dicho acto, tal como lo
hizo en su momento con la denominada “solicitud de revisión de reliquidación”
formulada el 28 de septiembre de 2015, toda vez que, en esencia, sus reparos no
eran frente al derecho a la pensión o a su reliquidación, sino en relación a una
situación jurídica accesoria y única que debió ser demandada directamente para
que se estudiara su legalidad en vía judicial.

14 Ver en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
15 Tesis ya expuesta por esta misma Subsección en sentencia del 20 de junio de 2024 dictada en el proceso

con radicado 76001-23-33-000-2014-00728-01 (3961-2018)

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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00705-01 (2461-2024)

Por el contrario, al haber radicado esta supuesta revisión (que por demás no está
regulada normativamente al no tratarse de un recurso ni una revocatoria directa), lo
que la parte activa generó en la entidad demandada fue la necesidad de emitir un
nuevo pronunciamiento a través de las Resoluciones RDP 001518 del 20 de enero
de 2016, RDP 006579 del 16 de febrero de 2016, y RDP 012027 del 16 de marzo
de 2016; las cuales en su fundamentación lo único que hacen es reiterar la misma
motivación del acto de reliquidación para haber fijado como fecha de efectos fiscales
el 14 de mayo de 2011.

En tal sentido, estas últimas manifestaciones (que fueron las expresamente
demandadas), en ningún momento crearon, modificaron o extinguieron la
determinación sobre la excepción de prescripción que ya había sido estudiada y
consolidada en la Resolución RDP 026522 del 29 de agosto de 2014. Por tal motivo,
en realidad era este último acto el que debió haberse demandado de manera parcial
para que eventualmente se anulara lo relativo a la fecha de efectos fiscales del pago
de las mesadas, ello siempre y cuando se encontraran probados los errores
advertidos por la accionante al momento de fijarla.

En todo caso, lo cierto es que a pesar de que la demandante buscaba la anulación
de unos pronunciamientos expresos en materia prescriptiva, es evidente que estos
no fueron el resultado de la interposición de recursos de reposición o apelación
contra el acto inicial, sino que se derivaron de una actuación administrativa diferente
e independiente, por lo que tampoco es permitido tenerlos por demandados en
conjunto con la manifestación original bajo el supuesto habilitado por el inciso
primero del artículo 163 del CPACA,16 pues no existe unidad decisoria entre ambos.

Lo anterior implica se configuró la excepción de ineptitud de la demanda por falta
de requisitos formales, ello en lo que respecta al incumplimiento del presupuesto
procesal de la demanda en forma por falta de individualización de las pretensiones,
específicamente al no haberse demandado el acto administrativo definitivo que le
había creado a la actora la situación jurídica de la prescripción que ahora discute a
través de otras decisiones que no generaron ningún efecto sobre tal figura jurídica.

Ahora, como esta deficiencia en la demanda tuvo origen desde su presentación, y
la misma no fue advertida ni subsanada en su debida oportunidad, resulta necesario
emitir un fallo inhibitorio como consecuencia del decreto del mencionado medio
exceptivo, pues pese a ser un error formal, este sí tiene la capacidad suficiente para
afectar las garantías sustanciales de la parte demandada al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.

16 Esta tesis ya fue expuesta en sentencia del 26 de enero de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección

Segunda, Subsección A en el proceso radicado 50001-23-33-000-2015-00547-02 (1400-2021)

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Lo expuesto se afirma puesto que, el hecho de definir la validez o no de las
decisiones actualmente reprochadas, en nada afectará la que cobija a la Resolución
RDP 026522 del 29 de agosto de 2014 que, al no haber sido cuestionada, no puede
ser objeto de examen en este proceso por ser esta una jurisdicción basada en el
principio de la justicia rogada y en respeto de la presunción de legalidad de las
decisiones de la administración que solo puede ser desvirtuada mediante el
respectivo medio de control iniciado de parte.

Con todo, en el entendido de que en este punto del proceso no es dable enmendar
la referida irregularidad, la única consecuencia válida es evitar un pronunciamiento
de fondo sobre el litigio en cuestión, razón por la cual, contrario a lo solicitado por el
Ministerio Público en su concepto, habrá de revocarse el fallo apelado, y, en su
lugar, se declarará probada de oficio la excepción de ineptitud de la demanda por
falta de requisitos formales, ello en virtud de la posibilidad que se le concede al juez
conforme al artículo 187 del CPACA.

Finalmente, la Subsección exhorta a los Jueces y Tribunales Administrativos a fin
de que ejerzan el control temprano del proceso, decidiendo este tipo de asuntos en
la oportunidad procesal correspondiente, bien sea en la audiencia inicial, bien sea
como excepción previa o en cualquier otro momento en cumplimiento del artículo
207 del CPACA.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que, para la entidad demandada, actualmente
no existe un fundamento que justifique la imposición de esta carga solo por el hecho
de ser vencido en juicio, más aún cuando no fueron demostradas, por lo que
considera que esta orden debe ser revocada.

Precisamente, teniendo en cuenta que se está revocando la sentencia de primera
instancia que había accedió a las pretensiones de la demanda, y como ello implica
que la parte recurrente no resultó vencida, es evidente que debe revocarse también
la condena impuesta contra esta última.

Ahora bien, en lo que respecta a este punto, la Sala en el caso particular analizará
la situación del demandante, y, por tanto, acudirá a la tesis que se ha sostenido a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, teniendo en cuenta la fecha
de expedición de la sentencia de primera instancia (3 de marzo de 2023).

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar

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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00705-01 (2461-2024)

si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.

Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:

Pese a que se está revocando la decisión del tribunal de origen, la Sala en
consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP,17 que refiere a la condena en
costas en ambas instancias a la parte que resulte vencida en segunda, decide
aplicar en su lugar el criterio previamente enunciado y observa que de los
argumentos planteados en la demanda y en el trámite de primera no se presenta
una falta de sustento jurídico que dé lugar a la imposición de dicha carga. Contrario
a ello, la parte demandante propuso argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses y fue luego del debate jurídico y probatorio que se determinó en esta
oportunidad la improcedencia de resolver de fondo el asunto por la configuración de
la excepción de ineptitud de la demanda, por lo que no se impondrá tal condena en
ninguna de las instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la
demanda. En su lugar,

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de ineptitud de la
demanda por falta de requisitos formales.

17 «[…] Artículo 365. Condena en costas En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de
ambas instancias. […]»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00705-01 (2461-2024)

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en ambas instancias según lo
manifestado en las consideraciones de este fallo.

CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al
abogado Daniel Antonio Genes Benedetti con tarjeta profesional 318.543, ello
conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 11 de
SAMAI.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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