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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00547-02

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00547-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 21 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Jorge Ignacio Agudelo Guevara contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Se acepta la renuncia como apoderado de la entidad demandada, presentada por el abogado Alberto Pulido Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía 79.325.927 y tarjeta profesional 56.352 del Consejo Superior de la Judicatura, esto conforme al memorial radicado por este el 13 de enero de 2013 obrante en el índice 20 del registro en SAMAI. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2015-00547-02

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

26 de enero de 2023

1
Radicado: 50001-23-33-000-2015-00547-02 (1400-2021)
Demandante: Jorge Ignacio Agudelo Guevara

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001-23-33-000-2015-00547-02 (1400-2021)
Demandante: JORGE IGNACIO AGUDELO GUEVARA
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1

Temas: Indexación de primera mesada pensional. Se debe
actualizar el monto del IBL reconocido por la entidad de
previsión, y no solo el de la asignación básica. Aplicación
del IPC para efectos del ajuste de valor. No se configura
la excepción de inepta demanda por no demandar
expresamente el acto primigenio, sino solo el
confirmatorio de dicha decisión.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-007-2023

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 21 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Meta que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Ignacio Agudelo Guevara en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folio 1)

1. Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 036811 del 9 de
septiembre de 2015, por medio de la cual la UGPP declaró que se produjo
el silencio administrativo negativo respecto de la solicitud de indexación de
primera mesada pensional formulada por el libelista.

1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Demandante: Jorge Ignacio Agudelo Guevara

2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la parte pasiva indexar la primera mesada pensional
del señor Agudelo Guevara, en el sentido de incrementar el promedio del
75% del ingreso base de liquidación según los porcentajes del IPC
reportados por el DANE a partir del 31 de julio de 1988.

3. Que se condene a la entidad demandada a ajustar las sumas adeudadas
conforme al artículo 187 del CPACA, así como al pago de los intereses
moratorios y las costas a que haya lugar.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 1 a 2)

1. La extinta Caja Nacional de Previsión (Cajanal) mediante Resolución
011113 del 11 de septiembre de 1996 reconoció una pensión de jubilación
a favor del demandante en cuantía de $11.825,31, efectiva a partir del 31
de julio de 1988, suma que fue elevada a $25.637,40 equivalente al salario
mínimo de dicha anualidad.

2. La referida autoridad tuvo en cuenta como tiempos de servicios los
períodos comprendidos entre el 1.° de febrero de 1957 y el 30 de
septiembre de 1976, así como del 6 de marzo de 1979 hasta el 30 de julio
de 1980 que corresponde a la fecha de retiro definitivo del servicio del
reclamante. Para el cálculo del IBL pensional, se computaron los valores
que por concepto de salario aquel hubiese devengado entre el 1.° de
agosto de 1979 y el 31 de julio de 1980, ello sin que tales montos hubiesen
sido actualizados al año 1988 cuando se consolidó el estatus jurídico que
accedió al derecho prestacional.

3. El 5 de septiembre de 2014 el señor Agudelo Guevara solicitó ante la caja
en comento la reliquidación de su prerrogativa, a fin de que esta fuera
reajustada en el sentido de incrementar el valor del IBL calculado en su
oportunidad conforme a la aplicación del IPC certificado por el DANE para
el año 1988, es decir, en orden de indexar la primera mesada pensional.
No obstante, Cajanal no emitió ninguna respuesta frente a dicha
reclamación.

4. El demandante interpuso recurso de apelación contra el acto presunto
derivado de la ausencia de respuesta a la petición en comento el 23 de
junio de 2015, impugnación que fue definida por la UGPP por medio de la
Resolución RDP 036811 del 9 de septiembre de 2015, con la que declaró
configurado el silencio administrativo negativo sobre la solicitud inicial, al
punto de confirmar la referida decisión.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al

3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 21 de mayo de 2019.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] La Magistrada Ponente, una vez revisada la contestación de la demanda
presentada por la UGPP (fls 61 - 68 del C-1), observa que dentro de las excepciones
que propuso que pueden ser estudiadas a la luz del artículo 180 del C.P.C.A. (sic)
está la que denominó FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO
NECESARIO. La de PRESCRIPCIÓN se advierte que será objeto de
pronunciamiento, solo en el evento de que lleguen a prosperar las pretensiones de la
demanda, no sin antes advertir que el derecho a la pensión es de carácter
imprescriptible, por lo que pueda solicitarse su reconocimiento y reliquidación en
cualquier momento, sin embargo, el fenómeno jurídico en mención si opera en
relación con las mesadas pensionales, como lo ha indicado el H. CONSEJO DE
ESTADO, siendo la oportunidad para analizar tal cuestión en la sentencia.

[…] Conforme lo ha enseñado la jurisprudencia del H. CONSEJO DE ESTADO, los
sujetos que hacen parte un litigio, ya sea como demandante o como demandado,
pueden estar conformadas por una sola persona o por una pluralidad de personas,
evento este último en el que se presenta lo que se conoce como un litisconsorcio. El
litisconsorcio puede ser catalogado como activo o pasivo según la calidad que se
pretenda obtener al integrar al proceso, esto es, será litisconsorcio por activa cuando
se pretenda integrar la parte demandante o será litisconsorcio por pasiva cuando se
pretenda integrar la parte demandada del proceso.

El tema que nos ocupa, el litisconsorcio necesario, figura que no se encuentra
regulada por la Ley 1437 de 2011 "CPACA", por esta razón, (sic) en virtud del artículo
306 ídem., nos remitimos a las previsiones del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO,
artículo 61, que indica la comparecencia de las personas que sean sujetos de
relaciones o que intervinieron en la elaboración de los actos jurídicos impugnados,
respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse
de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito, la demanda deberá formularse
por todas o dirigirse contra todas.

De manera que, para que se configure el LITISCONSORTE NECESARIO se requiere
que haya pluralidad de sujetos que están vinculados por una única e indivisible
relación jurídica material, ya sea porque tuvieron participación en la misma, o por
disposición de la Ley, siendo indispensable la presencia dentro del litigio de todos y
cada uno de ellos, por cuanto la sentencia deberá resolverse de manera semejante
para todos los sujetos que integran la parte correspondiente (litisconsorcio necesario
por activa o litisconsorcio necesario por pasiva), pues la decisión que se tome puede
perjudicar o beneficiarlos a todos.

Esta situación no se advierte en el caso concreto, como quiera que no existe una
relación jurídica sustancial entre la UGPP y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, quien
fue realmente el empleador del demandante (considerandos de la Resolución No

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011113 del 11 de septiembre de 1996, fl 14 del exp), dado que la primera de las
mencionadas es quien tendría la obligación de indexar la primera mesada pensional
en el evento de que resulten prósperas las pretensiones de la demanda, pues ella es
la que legalmente tiene la atribución de reconocer y pagar las pensiones de los
servidores públicos y no el empleador.

Como lo advirtió el H. CONSEJO DE ESTADO en auto del 26 de abril de 2018, donde
resolvió el recurso de apelación que la UGPP interpuso contra la decisión que negó
el llamamiento en garantía emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META,
la indexación de la primera mesada pensional, es una garantía constitucional que
independientemente de los aportes pensionales hechos por el empleador, le atañe de
manera inequívoca e individual al Estado y se paga a través de las Entidades
pensionales (fls 105 - 107 del exp.).

Es preciso comentar, que en el sub lite no se discute la reliquidación de la pensión de
jubilación reconocida al actor con la inclusión de todos los factores salariales, como
lo entendió el apoderado de la Entidad accionada en la contestación de la demanda,
sino la indexación del ingreso base de liquidación pensional, luego, no exista duda
que es únicamente la UGPP, quien tiene la vocación legal para responder por lo que
se pide en la demanda, al ser un asunto estrictamente ligado al reconocimiento
pensional, en el que no tiene ninguna participación el empleador, por consiguiente,
no se requiere su comparecencia al proceso, en tanto que no se perjudicará ni se
beneficiará con la decisión que se dicte en este asunto.

Así las cosas, no prospera la excepción de FALTA DE INTEGRACIÓN DEL
LITISCONSORTE NECESARIO. […]». (Negrilla y mayúscula del texto original.
Folios 121 vuelto a 123 del plenario).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] El problema jurídico que debe abordar este Tribunal, se concreta en determinar
si el demandante tiene derecho a la indexación de su primera mesada pensional.
[…]». (Folios 123 a 125 del expediente).

SENTENCIA APELADA
(Folios 126 vuelto a 132)

El a quo profirió sentencia oral en desarrollo de la audiencia inicial celebrada
el 21 de mayo de 2019, por medio de la cual accedió a las pretensiones del
demandante con fundamento en las siguientes consideraciones:

El tribunal inicialmente resaltó que el Consejo de Estado ha definido la
indexación de la primera mesada pensional como el mecanismo que se utiliza,
en aplicación de los principios de equidad y justicia, para revalorizar las
obligaciones pensionales con el fin de traer a valor presente las sumas que
han perdido su poder adquisitivo por el transcurso del tiempo.

Añadió que dicha Alta Corte también señaló que aunque no existe norma
expresa que consagre la actualización de las sumas derivadas de una pensión,
diferente al reajuste anual de las mesadas ya reconocidas en los términos del
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, se ha considerado la procedencia de esta
corrección monetaria con base en lo previsto en los artículos 48, 53 y 230 de

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la Constitución Política y en aplicación de los criterios de equidad y justicia,
ello con el fin de conservar la capacidad adquisitiva de la prestación periódica,
pues son hechos notorios la pérdida del valor de la moneda y el fenómeno
inflacionario, y por tanto, el trabajador no tiene por qué soportar las
consecuencias negativas de esa situación al recibir sumas de dinero
desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del derecho en
comento.

Sostuvo que la Corte Constitucional se ha pronunciado en similares términos,
pues manifestó que la actualización monetaria de la primera mesada tiene por
finalidad evitar la disminución del poder adquisitivo de las pensiones con
ocasión del tiempo comprendido entre el momento en el que la persona
cumple los requisitos para pensionarse y cuando la prestación es
efectivamente reconocida y pagada. Asimismo, planteó que tal derecho tiene
un carácter universal, por lo que se predica de todos los pensionados sin
discriminación en razón al momento en que se causó la pensión, el origen de
la misma o su naturaleza, ello en garantía del principio de igualdad, tal y como
lo expuso en sentencia SU-637 de 2016.

Seguidamente resaltó que el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional se causa cuando el beneficiario cumple con el tiempo de servicio y
se retira del mismo, y un año o más años después cumple con el requisito de
la edad requerida para acceder a la pensión, situación que genera que durante
ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidó esta prestación sufra
un detrimento que conlleva la necesaria actualización de su valor a la fecha de
la efectividad de la prerrogativa. Empero, adujo que si se cumplen todos los
requisitos en el mismo año del retiro del servicio, e incluso, el reconocimiento
también se efectuó en él, no puede hablarse de pérdida del poder adquisitivo
del ingreso base con que se liquidó la pensión, toda vez que no transcurrió un
tiempo que dé lugar a la referida depreciación.

Frente a la situación particular del demandante, destacó que la extinta Cajanal
le reconoció a aquel una pensión mensual vitalicia de jubilación mediante la
Resolución 011113 del 11 septiembre de 1996, esto con base en el 75% del
salario promedio de 12 meses, que finalmente arrojaba una cuantía de
$11.825.31, efectiva a partir del 31 de julio de 1988, pero con efectos fiscales
desde el 21 de junio de 1992, por prescripción trienal.

Refirió que en la parte considerativa del acto administrativo demandado se
comenta que el libelista laboró en el Ministerio de Educación Nacional desde
el 1.° de febrero de 1957 hasta el 30 de septiembre de 1976 y del 6 de marzo
de 1979 hasta el 30 de julio de 1980. Asimismo, puntualizó que a partir de
dicha resolución se extrae que el último cargo desempeñado por el reclamante
fue el de docente y que adquirió el estatus de pensionado el 31 de julio de
1988.

Conforme a las pruebas recaudadas, estimó que según la Resolución 6282 del
25 de marzo de 1992, el señor Agudelo Guevara se desvinculó del servicio a
partir del 16 de octubre de 1980, sin embargo en el acto de reconocimiento
pensional se relaciona como tiempo laborado hasta el 30 de julio de 1980,
frente a lo cual no existe reproche por parte del demandante, todo lo contrario,
tanto en la demanda como en las diferentes peticiones que presentó ante la
entidad demandada, este expresó que el retiro del servicio ocurrió en la última

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data en comento, por lo que para todos los efectos se debe tener ese momento
como el de su desvinculación efectiva del servicio.

En atención a lo expuesto, aseveró que resulta claro el hecho de que el salario
base de liquidación que sirvió para el cálculo de la primera mesada del libelista,
debió indexarse al año 1988 que corresponde a la fecha de efectividad del
derecho, esto en procura de que el quantum de la pensión conservara el poder
adquisitivo debido a que la aludida prestación se fijó con el promedio de los
salarios devengados en el último año de servicio (31 de julio de 1979 al 30 de
julio de 1980), mientras que su otorgamiento ocurrió prácticamente 8 años
después, esto es, el 31 de julio de 1988, fecha en la que el educador cumplió
el requisito de la edad.

Bajo este entendido, adujo que la parte activa tiene derecho a lo deprecado,
habida cuenta que del acto de reconocimiento pensional no se evidencia la
realización de operaciones aritméticas o de la aplicación de alguna fórmula
tendiente a la actualización del IBL para la fecha en que se hizo efectiva la
prerrogativa, lo que implica inexorablemente su depreciación, sin que esto
hubiese sido desvirtuado por la entidad demandada, pues los argumentos
esbozados en la contestación se dirigieron a que se negara la reliquidación de
la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio, cuando en el presente asunto el medio de control se
dirigió a la actualización del ingreso base con que se liquidó la pensión.

Acorde con estos planteamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente forma: i) declaró
la nulidad del acto administrativo censurado, ii) condenó a la UGPP a indexar
la primera mesada pensional del demandante en el sentido de actualizar el IBL
al 31 de julio de 1988, y a que el pago de las sumas adeudadas por concepto
de esta operación se realice a partir del 5 de septiembre de 2011 por
prescripción trienal, y iii) condenó parcialmente en costas a la parte pasiva,
esto en el entendido de que deberá pagar el 60% del valor que resulte de la
liquidación efectuada por el Despacho, ello de conformidad con los artículos
355 y 356 del CGP.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folio 143)

La parte demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente, y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
nieguen los pedimentos del libelista.

Al respecto manifestó que en virtud del artículo 167 del CGP, es
responsabilidad de las partes probar los supuestos de hecho que alegan,
razón por la cual era el demandante quien debía demostrar con exactitud la
fecha de su retiro para poder fundamentar su pretensión tendiente a obtener
la indexación de la primera mesada pensional, esto por cuanto existen
documentos que indican que su retiro ocurrió desde el 16 de octubre de 1980,
pero aquel alega que lo propio ocurrió el 30 de julio del mismo año.

Al respecto recordó que la indexación pretende combatir la pérdida del poder
adquisitivo de la mesada pensional, y generalmente se configura cuando la
persona adquiere su estatus jurídico tiempo después de su retiro, por lo que
se hace necesario indefectiblemente actualizar los factores salariales
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devengados en la fecha de su desvinculación al momento de la consolidación
del derecho, al punto de ser de vital importancia para determinar la existencia
de la prerrogativa invocada, que se demuestre por lo menos someramente, la
fecha en la que efectivamente finalizó el vínculo legal y reglamentario del
reclamante, situación que se trató de solventar al haberle solicitado al
demandante en vía administrativa que demostrara cuál había sido su fecha de
retiro sin haber obtenido respuesta sobre el particular.

Por lo anterior afirmó que se observa que la entidad demandada siempre ha
actuado conforme a derecho, puesto que con los documentos aportados por
el libelista no se logró establecer con certeza la fecha efectiva de retiro del
servicio en orden de tener un punto de referencia en el análisis de la
procedencia o no de la actualización monetaria.

En segundo lugar acotó que la parte activa deprecó la nulidad de la Resolución
36811 del 9 de septiembre de 2015, mediante la cual se declaró la
configuración del silencio administrativo negativo respecto a la reclamación de
indexación de la primera mesada pensional y confirma el acto presunto. Sin
embargo, precisó que el señor Agudelo Guevara olvidó instar la anulación de
la manifestación administrativa precitada, es decir, del acto primigenio
derivado de la falta de respuesta a la petición presentada el 26 de junio de
2015, lo cual genera una ineptitud formal de la demanda que impediría emitir
un pronunciamiento de fondo sobre el particular.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandada (índice 18 del registro en SAMAI): reiteró la solicitud de
revocar el fallo de primera instancia, para lo cual reprodujo los planteamientos
esbozados en su recurso de alzada.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal de conformidad con la constancia secretarial visible en el índice
19 del registro en SAMAI.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. Asimismo,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos en
la respectiva alzada, la cual en este caso solo formuló la parte demandada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
circunscribe a los planteamientos de inconformidad planteados por la parte
apelante, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿En el presente caso se estructuraron las causas para la configuración
de oficio de la excepción de «inepta demanda» que conlleve la
declaratoria de inhibición para resolver de fondo sobre las pretensiones
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del libelo, ello por no haberse deprecado expresamente la nulidad del
acto administrativo presunto que negó el reconocimiento de la
indexación de la primera mesada pensional del demandante?
En caso negativo,

2. ¿El señor Jorge Ignacio Agudelo Guevara tiene derecho a que sea
indexada su primera mesada pensional, en razón a que la consolidación
del respectivo estatus jurídico para acceder a la prestación tuvo lugar
con posterioridad a la fecha del retiro definitivo del servicio demostrada
en la presente actuación?

Primer problema jurídico

¿En el presente caso se estructuraron las causas para la configuración de
oficio de la excepción de «inepta demanda» que conlleve la declaratoria de
inhibición para resolver de fondo sobre las pretensiones del libelo, ello por no
haberse deprecado expresamente la nulidad del acto administrativo presunto
que negó el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional
del demandante?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: no se estructuraron las
causas para configurar la excepción de inepta demanda en el asunto sub
examine, pues la irregularidad alegada por la parte pasiva no tiene la entidad
sustancial suficiente para impedir un pronunciamiento de fondo respecto de
las pretensiones del libelo, tal como se explica a continuación:

 De la excepción denominada «inepta demanda»

Al respecto se precisa que el referido medio excepcional ha tenido una
evolución interpretativa a lo largo de la actividad judicial en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo. Lo anterior obedece al hecho de que su
declaratoria ha reñido en múltiples ocasiones con el acceso a la
administración de justicia que se materializa en el derecho fundamental a una
tutela judicial efectiva.

En principio, este medio de defensa se ha concebido como la opción jurídica
válida para que el juez se abstenga de emitir un pronunciamiento de mérito
tendiente a resolver en concreto una situación jurídica en litigio, ello siempre
que se encuentren defectos de origen formal con la suficiente entidad para
afectar las garantías sustanciales propias del proceso, al punto de ser
indispensable inhibirse y de este modo protegerlas. Esto se traduce finalmente
en una falta de definición de la controversia, que por supuesto es indeseable
tanto para las partes como para el propio juez.

Debido a la consecuencia aludida que conlleva declarar este medio exceptivo
en comento, se ha planteado la necesidad de restringir su aplicación al
máximo posible, básicamente a casos totalmente excepcionales que no
encuentren mecanismos diferentes para la subsanación de los yerros
advertidos o para la terminación del proceso con una decisión de fondo sobre
el caso. Acerca de dicho punto, esta Subsección ha fijado una posición
recurrente que confirma el postulado anterior, con el propósito de mantener
indemne el aludido derecho constitucional.

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Demandante: Jorge Ignacio Agudelo Guevara

En auto del 21 de abril de 20164 proferido por esta Subsección, recopilado y
traído a colación en sentencia de tutela dictada el 15 de enero de 20185, se
manifestó lo siguiente:

«[…] 2.6.- La ineptitud sustantiva de la demanda como excepción de
mérito.

De igual forma, sobre la figura de «ineptitud sustantiva de la demanda» se han
hecho consideraciones puntuales respecto su aplicación y procedencia, las
cuales se citan a continuación:

«De tiempo atrás, en múltiples providencias judiciales al igual que en la que es
objeto de estudio, se ha hecho alusión a la figura de la “ineptitud sustantiva o
sustancial de la demanda” como una excepción previa y/o causal de rechazo
de demanda, incluso de fallos inhibitorios, lo cual -a criterio de esta Sala-
constituye actualmente una imprecisión que debe ser superada.

[…]

De lo anterior se advierte que la denominación “ineptitud sustancial o
sustantiva” ha tomado diferentes formas, sin embargo, técnicamente ha de
señalarse que en la actualidad sólo es viable declarar próspera la que
denomina la ley como “inepta demanda por falta de cualquiera de los requisitos
formales o por la indebida acumulación de pretensiones”, en las cuales
encuadran parte de los supuestos en que se basaba la denominada “ineptitud
sustancial o sustantiva”.

b.- Actual regulación procesal sobre la materia

Como se verá a continuación, en la actualidad existen diversos mecanismos
procesales a efectos de afrontar las diferentes falencias de orden procesal o
sustancial que pueden presentarse en la demanda, a saber.

i- Supuestos que configuran excepciones previas.

En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano consagra de manera expresa
la excepción previa denominada “Ineptitud de la demanda”, encaminada
fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que
permitan su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del
proceso. Esta se configura por dos razones:

a) Por falta de los requisitos formales. En este caso prospera la excepción
cuando no se reúnen los requisitos relacionados con el contenido y anexos de
la demanda regulados en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA., en
cuanto indican qué debe contener el texto de la misma, cómo se individualizan
las pretensiones y los anexos que se deben allegar con ella (salvo los previstos
en los ordinales 3. y 4. del artículo 166 ib. que tienen una excepción propia
prevista en el ordinal 6. del artículo 100 del CGP).

Pese a ello, hay que advertir que estos requisitos pueden ser subsanados al
momento de la reforma de la demanda (Art. 173 del CPACA en concordancia
con el ordinal 3.del artículo 101 del CGP), o dentro del término de traslado de
la excepción respectiva, al tenor de lo previsto en el parágrafo segundo del
artículo 175 del CPACA y 101 ordinal 1 del CGP.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del

21 de abril de 2016. Radicado: 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

del 15 de enero de 2018. Radicado: 11001-03-15-000-2017-03032-00(AC).

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b) Por indebida acumulación de pretensiones. Esta modalidad surge por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 138
y 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.»6

En resumen, de conformidad con los parámetros normativos de la Ley 1564 de
2012 (CGP) y el CPACA, la excepción de «ineptitud sustantiva de la demanda»
se configura solamente por (i) la falta de requisitos formales de la demanda o
(ii) la indebida acumulación de pretensiones; en consecuencia, aquellas
falencias procesales diferentes de las antes enunciadas encontraran solución
en otros mecanismos jurídicos (sean estos: otros medios exceptivos o
saneamientos en otras etapas procesales). […]». (Negrilla y subrayado del
texto original).

Como se aprecia, la procedencia, o mejor, la estructuración de la excepción
referida, se centra en una denominación más acorde con su naturaleza
jurídica que es la de la «inepta demanda por falta de cualquiera de los
requisitos formales o por la indebida acumulación de pretensiones». Tal
precepto implica que la viabilidad para declarar lo propio, se sustenta en
condiciones específicas irregulares del libelo introductor, que si bien son de
orden formal, únicamente pueden surtir consecuencias inhibitorias cuando no
hayan sido enmendadas a lo largo de la actuación en sus respectivas
oportunidades, y siempre que su exigencia no constituya un exceso ritual
manifiesto que afecte el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva.

Pues bien, en el sub examine la parte recurrente afirma que debe declararse
probado este medio exceptivo, en razón a que la parte activa incumplió con el
requisito de la demanda relacionado con la debida individualización de las
pretensiones contenido en el artículo 163 del CPACA que reza lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se
pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con
toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se
entenderán demandados los actos que los resolvieron.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración
de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la
demanda. […]».

Sobre el punto adujo que el demandante solo deprecó la anulación de la
Resolución RDP 036811 del 9 de septiembre de 2015 (folios 8 a 9 del
plenario), con la cual la UGPP únicamente declaró configurado el silencio
administrativo negativo y la existencia de un acto administrativo presunto con
el que se resolvió la petición del señor Agudelo Guevara radicada el 26 de
junio de 2015, el cual finalmente fue confirmado. Es decir, la parte pasiva
destacó que la situación jurídica del reclamante fue definida a través de la
precitada manifestación presunta, por lo que en virtud del artículo precitado,
era su obligación formal demandar lo propio y no solo la decisión que lo
confirmó, pues dicha irregularidad constituye un incumplimiento de la
demanda en forma que amerita un pronunciamiento inhibitorio.

Ahora, pese a que la adecuada individualización de los actos censurados en
los casos en los que se pretenda su nulidad, efectivamente constituye un

6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 21 de abril de 2016. Radicado.
47001233300020130017101 (1416-2016).

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Demandante: Jorge Ignacio Agudelo Guevara

requisito formal del libelo que podría generar eventualmente la imposibilidad
de emitir un pronunciamiento de fondo sobre tales pedimentos, la Sala en el
caso sub lite no encuentra que la ausencia de indicación del mentado acto
presunto como manifestación igualmente reprochada en esta oportunidad,
tenga la entidad sustancial suficiente para estructurar la excepción de inepta
demanda.

Al respecto debe recordarse conforme a la línea jurisprudencial transcrita, que
no solo basta que se advierta la existencia de un yerro formal del libelo para
que el juez deba inhibirse sobre la controversia, sino que además resulta
necesario verificar si dicha situación fue subsanada o puede entenderse como
tal, y si su estricto requerimiento de cumplimiento no configura un exceso ritual
manifiesto vulneratorio de las garantías constitucionales del acceso a la
administración de justicia y su derivación en clave de procurar una tutela
judicial efectiva.

Al analizar la aludida irregularidad formal, lo primero que se torna
indispensable destacar es que ello no fue advertido ni discutido por la parte
pasiva o por el propio tribunal de primera instancia a lo largo del proceso,
incluso desde el mismo instante de la admisión de la demanda, en desarrollo
de la audiencia inicial o en las actuaciones posteriores como el fallo
actualmente censurado. Es decir, la falta de reparo oportuno sobre la
supuesta inepta demanda, denota una convalidación del alegado
incumplimiento de los requisitos de la demanda, y por lo tanto una
subsanación tácita de esta situación por no haberse alegado en los diferentes
controles de legalidad contemplados en el artículo 207 del CPACA, o por ser
un defecto superado como lo señala el parágrafo del artículo 133 del CGP en
virtud de la falta de controversia respecto de este punto.

Aun así, también puede entenderse subsanada la referida irregularidad si se
da una interpretación teleológica al inciso primero del artículo 163 del CPACA
que contempla lo siguiente: «[…] Si el acto fue objeto de recursos ante la
administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron. […]». Este
postulado que se diferencia del que anteriormente preveía el CCA (Decreto
01 de 1984), básicamente tiene como fin solventar la falta de individualización
de las pretensiones cuando los libelistas demandaban solamente el acto
administrativo primigenio, pero soslayaban instar la anulación de aquellos que
hubiesen resuelto recursos contra aquel que lo confirmaban o modificaban.

Esto es, el legislador con la precitada norma buscó evitar que se emitieran
fallos inhibitorios en casos en los que no se integraba la totalidad de las
decisiones emitidas por la administración que definieron la situación jurídica
del demandante, pues resultaba evidente que si se pretendía la nulidad de
una manifestación que había sido impugnada, también de manera lógica e
inherente se instaría necesariamente la anulación de los pronunciamientos
posteriores que hubiesen mantenido la misma decisión inicial.

En tal sentido y por una clara intelección holística del precepto normativo bajo
estudio, se torna palmario el hecho de que si la parte activa demandó
expresamente una resolución que confirmó una manifestación original
denegatoria de lo deprecado por este en vía administrativa, inexorablemente
esta última también estaría reprochada de manera adecuada, pues cualquier
control de legalidad que se ejerza sobre el acto que resolvió la impugnación,
sin lugar a dudas afectará la validez del pronunciamiento inicial y viceversa.
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Bajo este contexto, la Subsección encuentra perfectamente subsanable el
yerro del libelista al no haber deprecado la nulidad expresa del acto presunto
que negó la solicitud de indexación de la primera mesada radicada ante la
entidad demandada el 26 de junio de 2015, al punto de que no es adecuado
asumir que lo propio configuró un incumplimiento sustancial del requisito de
demanda en forma que permita inhibirse sobre el asunto sub iudice.

Lo anterior más aún cuando respaldar dicha tesis conllevaría un exceso ritual
manifiesto vulneratorio del principio constitucional de prevalencia de la
realidad sobre las formas, pues sería tanto como permitir que una
irregularidad sobre una exigencia procesal que tiene una solución jurídica,
permitida y justificada, prime por encima de las garantías fundamentales del
señor Agudelo Guevara relativas al acceso a la administración de justicia y la
tutela judicial, en virtud de las cuales este confía legítimamente en que el juez
de la causa resolverá de fondo su controversia después de varios años de
espera por una decisión en derecho.

En conclusión: en el presente caso no se estructuraron las causas para la
configuración de oficio de la excepción de «inepta demanda», que permita
inhibirse sobre los pedimentos del libelo, toda vez que el hecho de que la parte
activa no hubiese deprecado expresamente la anulación del acto presunto que
le negó la indexación de la primera mesada, sino solo de la Resolución RDP
036811 del 9 de septiembre de 2015 que confirmó esta decisión primigenia,
en realidad constituye una irregularidad procesal saneable por no haberse
alegado lo propio oportunamente, y además en aplicación del artículo 163 del
CPACA que permite entender reprochados todos los actos que integran una
manifestación confirmada en vía administrativa, por lo que de ninguna manera
tal irregularidad podría implicar la ausencia de pronunciamiento de fondo.

Sobre el punto se recuerda que para la procedencia de una manifestación
inhibitoria, únicamente deben valorarse defectos formales de la demanda o
una indebida acumulación de pretensiones, que a su vez sean suficientes para
impedir un fallo de mérito respecto del litigio, esto por no poder ser subsanados
y asimismo por tener la injerencia sustancial necesaria que no configure un
exceso ritual manifiesto vulneratorio de garantías fundamentales como la
tutela judicial efectiva.

Segundo problema jurídico

¿El señor Jorge Ignacio Agudelo Guevara tiene derecho a que sea indexada
su primera mesada pensional, en razón a que la consolidación del respectivo
estatus jurídico para acceder a la prestación tuvo lugar con posterioridad a la
fecha del retiro definitivo del servicio demostrada en la presente actuación?

Sobre el punto la Subsección tiene como tesis la siguiente: el demandante
tiene derecho a que sea indexada su primera mesada pensional, debido a que
entre el período de liquidación de la prestación (1979 y 1980) y la data de
consolidación del derecho (1988), transcurrió un tiempo suficiente para que
se configurara la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, puntualmente en
lo que respecta al valor del IBL tenido en cuenta por la entidad demandada
para fijar el monto de la prerrogativa, tal como se explica a continuación:

 Ajuste de la base salarial de la primera mesada pensional

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De forma preliminar, es preciso hacer remisión al concepto de la referencia, el
cual según la Corte Constitucional constituye uno de los instrumentos para
hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones
dinerarias, es decir, de aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de
una cantidad de moneda determinada (entre las que se cuentan por supuesto,
las obligaciones laborales). Lo anterior, en la medida en que el fenómeno
inflacionario produce una pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda.
Tal actualización se lleva a cabo mediante distintos mecanismos, los cuales
permiten la revisión y corrección periódica de las prestaciones debidas.

Ahora, en materia laboral, la actualización de la primera mesada pensional ha
sido entendida por el Consejo de Estado como el mecanismo que se utiliza en
aplicación de los principios de equidad y justicia para revalorizar las
obligaciones pensionales con el fin de traer a valor presente las sumas que
han sido afectados por un detrimento a casusa del transcurso del tiempo.

Al respecto, el artículo 48 de la Constitución Política fijó la necesidad de evitar
la depreciación de los dineros para el pago de pensiones bajo la siguiente
intelección:

«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley.

[…]
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante. […]»

Igualmente el artículo 53 superior incluyó como uno de los principios mínimos
fundamentales del trabajo el siguiente:

«[…] ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales:

[…]

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales. […]».

Sin embargo, dentro del Régimen General de Seguridad Social en Pensiones,
no existe norma expresa que prevea la actualización del ingreso base de
liquidación pensional diferente al reajuste anual de las mesadas ya
reconocidas en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.7

En ese sentido, se ha advertido en reiteradas ocasiones que si bien no existe
norma expresa que consagre la actualización de las sumas derivadas de una
pensión, diferente al reajuste anual de las mesadas, la jurisprudencia ha

7 «Artículo 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de

invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero
de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por
el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual
al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje
en que se incremente dicho salario por el Gobierno. […].»

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desarrollado con base en principios constitucionales, en especial, los previstos
en los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y
equidad determina que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el
fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por tanto, el trabajador no tiene
por qué soportar las consecuencias negativas de dicha situación, al recibir
sumas de dinero desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del
salario o de la pensión.

Respecto al supuesto en el cual opera el aludido fenómeno, la Subsección
también ha sido clara en el sentido de que la indexación de la primera mesada
«[…] se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro del servicio en un año
determinado, el pensionado alcanza a completar los demás requisitos para acceder
al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después del retiro, de modo que
ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la pensión habría sufrido
detrimento. […]»8

Lo anterior significa que el derecho al ajuste de la base salarial de la primera
mesada se causa cuando cumplido el requisito de tiempo de servicio, el
beneficiario se retira antes de la edad requerida para acceder al derecho
prestacional. Por lo tanto, una vez acreditado este, la administración procede
a reconocer y liquidar la pensión de jubilación con el promedio del salario
indexado a la fecha de reconocimiento.

Ello con la finalidad de que el beneficio prestacional no se vea afectado por el
transcurrir del tiempo y que de esta manera, se eviten las repercusiones
económicas negativas en su poder adquisitivo por el efecto que forja la
depreciación monetaria, el cual generaría la afectación a la garantía
constitucional del mínimo vital.

Al respecto, la Corte Constitucional9 ha sostenido:

«[…] 5. El derecho a la indexación de la primera mesada pensional-
o salario base para la liquidación de la pensión de jubilación - y el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional.

Ahora bien, tal reconocimiento legal no se trata de un mero acto de
liberalidad del legislador, pues la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que se trata de la materialización de diversos preceptos de
rango constitucional, los cuales configuran realmente un derecho
constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo
de su mesada pensional. Este derecho, además de estar consagrado
expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, puede
derivarse de una interpretación sistemática de distintos enunciados
normativos constitucionales.

[…].

Para la Corte Constitucional, actualizar el Salario entre la fecha de retiro
del trabajador y la del cumplimiento de la edad legal para pensionarse es
una cuestión de “EQUIDAD” y de aplicación directa de la Constitución
[…]» (Negrillas del texto, subrayas de la Sala).

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Radicación

760012331000200801205-01 (1995-11). Gersaín Daza contra el Municipio de Palmira (Valle del Cauca).
9 Sentencia C-862 del 6 del 19 de octubre de 2006. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.

Expediente D-6247.

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Tal como lo señala el precedente citado, el principio de equidad es
relevante en el tema que se analiza para lo cual el mentado juez plural ha
desarrollado su alcance en la administración de justicia10:

«[…] 5.3 Lugar y función de la equidad en el derecho. Las anteriores
consideraciones de la Corte Constitucional abordan la cuestión del lugar
y la función de la equidad dentro del derecho. Básicamente, el lugar de la
equidad está en los espacios dejados por el legislador y su función es la
de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso
concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la aplicación de la ley a
un caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por el
legislador, dado que éste se funda para legislar en los casos usuales, no
en los especiales y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no
haber contemplado un caso especial en el cual aplicar la regla general
produce un efecto injusto. Segundo, la injusticia puede surgir de la
ausencia de un remedio legal, es decir, ante la existencia de un vacío. En
esta segunda hipótesis, la equidad exige decidir como hubiera obrado el
legislador. En la primera hipótesis la equidad corrige la ley, en la segunda
integra sus vacíos. Así entendida, la equidad brinda justicia cuando de la
aplicación de la ley resultaría una injusticia.[…]». (Subraya la Sala)

En atención al principio de equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial
según el artículo 230 constitucional11, es que precisamente se ha legitimado la
procedencia de la actualización salarial de la primera mesada pensional ante
el vacío en la ley respecto a norma expresa para lo propio.

Posteriormente, en la Sentencia SU-168 de 201712, la Corte Constitucional
reiteró el carácter universal de la figura en comento, dado que se predica de
todo tipo de pensiones, independientemente de su origen o de la fecha de su
causación, ello porque «el ejercicio del derecho fundamental en comento no
puede restringirse solo para un determinado grupo de pensionados, pues un
trato diferenciado en esta situación carecería de justificación constitucional y
se tornaría en discriminatorio, en tanto el fenómeno de pérdida de poder
adquisitivo de la moneda afecta por igual a todos los pensionados.».

Tal criterio ha sido reiterado en varias oportunidades por el Consejo de
Estado13 así:

«[…] La Sala considera que ante el vacío normativo existente en relación
con la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación
pensional y, las consecuencias negativas derivadas de tal circunstancia,
concretadas en el hecho de que un servidor tenga que percibir al momento
de pensionarse, por concepto de mesada, una suma de dinero devaluada
que no guarde una equivalencia o correspondencia con el valor real del
salario que devengada cuando prestaba sus servicios, resulta pertinente y
necesario ordenar el reajuste del ingreso base de liquidación en atención al
carácter especialísimo de que goza una prestación pensional y al principio

10 Sala Plena de la Corte Constitucional, Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia

SU837 del nueve (9) de octubre de dos mil dos (2002), Referencias: expediente T-503413, Sentencia T-
046 de 2002 y Auto 027 de abril 2 de 2002, Actor: Fundación Abood Shaio y otros.
11 ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial.
12 Sentencia del 16 de marzo de 2017. Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Referencia:

Expediente T-5.736.901.
13 Al respecto ver Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 10 de julio de 2014. Radicado interno:

2054-2010 y sentencia del 16 de agosto de 2018. Radicación número: 17001-23-33-000-2013-00051-
01(4694-13).

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de equidad que gobierna el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones. […]».

Conforme al recuento normativo de rango constitucional y a la jurisprudencia
en precedencia, se ha entendido que la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda y el fenómeno inflacionario, son hechos notorios que el servidor no
está obligado a soportar y, de esta manera se evitan las repercusiones
económicas negativas de la desvalorización, la cual generaría la afectación a
la garantía constitucional del mínimo vital.14

 De la situación particular del libelista

De acuerdo con las consideraciones que anteceden en torno a la procedencia
de actualización de la base salarial de la primera mesada, la Sala encuentra
probado lo siguiente en el sub lite respecto del demandante:

 Según el certificado emitido el 22 de octubre de 1990 por el pagador del
Instituto Técnico Industrial Nacional de Villavicencio (folios 11 a 13 del
plenario), el señor Jorge Ignacio Agudelo Guevara fue nombrado como
profesor en virtud de la Resolución 2541 del 27 de julio de 1962, ello desde el
1.° de julio del mismo año hasta el 30 de septiembre de 1976, y posteriormente
en la misma calidad del 6 de marzo de 1979 al 30 de julio de 1980.

 En virtud de la Resolución 011113 del 11 de septiembre de 1996 (folios 14
a 15), la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) reconoció a favor
del demandante una pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio
salarial percibido por este durante el último año de servicio comprendido entre
el 30 de julio de 1979 y el 30 de julio de 1980, pero con efectividad desde el
31 de julio de 1988 cuando aquel adquirió su estatus jurídico por el
cumplimiento de la edad requerida (55 años) conforme a la Ley 33 de 1985.
Sobre el punto se verifica que los valores tenidos en cuenta por la entidad para
calcular el IBL y el monto de la prestación, corresponden a los mismos montos
promediados de los factores salariales devengados por el reclamante entre
1979 y 1980, ello sin ningún tipo de actualización monetaria al año 1988.

 Solicitud radicada por el libelista el 5 de septiembre de 2014 ante la UGPP,
con la que instó la reliquidación de su pensión de jubilación con inclusión de
todos los factores salariales recibidos durante su último año de labor oficial
que indica culminó el 30 de julio de 1980, así como la indexación de la primera
mesada por no haberse actualizado el IBL a la fecha de consolidación del
derecho en mención, esto es, al 31 de julio de 1988. (Folios 16 a 17).

 Recurso de apelación formulado por el señor Agudelo Guevara contra el
acto administrativo presunto derivado de la ausencia de respuesta a la petición
precitada, el cual fue presentado el 26 de junio de 2015. (Folio 18).

 Conforme a la Resolución RDP 036811 del 9 de septiembre de 2015 (folios
8 a 9), se observa que la entidad demandada declaró configurado el silencio
administrativo negativo respecto de la reclamación inicial de indexación de la

14 Lo anterior también encuentra asidero en los planteamientos trazados también por esta Corporación

en sentencia del Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 20 de septiembre
de 2018. Radicación 08001-23-33-2014-01528-01 (1730-2016).

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primera mesada pensional, y por lo tanto confirmó el acto presunto derivado
de tal fenómeno, ello al argumentar lo siguiente:

«[…] Que obra dentro del expediente acto administrativo de retiro
Resolución No. 6282 del 25 de marzo de 1982 el cual indica que el
interesado se retiró del servicio a partir del 16 de octubre de 1980.

Que el certificado de factores salariales obrante en el expediente de fecha
22 de octubre de 1990 solo certifica valores hasta el mes de julio de 1980,
faltando los meses de agosto, septiembre si el interesado se retiró en
octubre se debe aclarar esta inconsistencia, que además en la Resolución
de reconocimiento se tuvo en cuenta la prima de navidad y el certificado
indica que solamente se hicieron descuentos del 5% sobre la asignación
básica no sobre la prima de navidad.

[…] Que por lo tanto se deben aclarar estas inconsistencias para el estudio
de la prestación solicitada, toda vez que la primera mesada se da cuando la
persona se retira del servicio y cumple el status con posterioridad, de esta
manera se confirma el acto ficto presunto. […]».

Pues bien, como lo planteó la parte pasiva en su recurso y en el propio acto
administrativo demandado, el fundamento para denegar la indexación de la
primera mesada pretendida por el libelista es que este no determinó ni
demostró con exactitud la fecha en la que se retiró del servicio oficial a fin de
verificar la procedencia de una actualización monetaria del IBL aplicado.

Ahora, lo cierto es que del acervo probatorio y del sustento fáctico de la
demanda, no se aprecia la supuesta falta de claridad sobre la data en que el
reclamante terminó su relación legal y reglamentaria con el Estado, pues no
solo este indicó en vía administrativa que lo propio ocurrió el 30 de julio de
1980, sino que además ello se confirmó a través del certificado laboral emitido
por el pagador del Instituto Técnico Industrial Nacional de Villavicencio, del que
no se advierten dudas sobre el hecho de que aquel estuvo vinculado con el
sector educativo oficial hasta ese preciso momento, tanto así que se observa
el pago de salarios precisamente hasta el mes de julio de 1980.

Adicionalmente, tal como lo expuso el a quo, la parte pasiva en ningún
momento discutió o expresó como defensa la mentada incertidumbre acerca
de la data de desvinculación del libelista, pues lo propio únicamente se planteó
en el recurso de alzada y no a lo largo de la actuación previa, pues como
contestación de la demanda, solo afirmó de manera desacertada que no era
procedente reliquidar la pensión con inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el último año de labor oficial.

Aun así, la UGPP afirmó que existen documentos del expediente
administrativo que dan cuenta de que el demandante estuvo vinculado
laboralmente hasta el 16 de octubre de 1980, y que incluso en el certificado de
valores devengados se observa un pago en el mes de diciembre de dicho año.
Al respecto, si bien este último punto está debidamente demostrado y puede
generar duda sobre la data exacta de finalización del vínculo del señor Agudelo
Guevara, debe tenerse en cuenta que, en todo caso, ello ocurrió en el año
1980 que claramente es anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional
ocurrida el 31 de julio de 1988.

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Radicado: 50001-23-33-000-2015-00547-02 (1400-2021)
Demandante: Jorge Ignacio Agudelo Guevara

Adicionalmente, al margen de la oportunidad en la que el libelista se hubiese
retirado del servicio, bien sea anterior o posterior a la indicada y demostrada
en esta causa judicial, lo cierto es que en la Resolución 011113 del 11 de
septiembre de 1996 efectivamente la prestación otorgada fue liquidada con
base en los factores salariales percibidos por aquel entre 1979 y 1980, por lo
que necesariamente existiría una falta de actualización monetaria del IBL para
el año 1988 cuando se estructuró el derecho reclamado en este litigio, por lo
que no tendría ningún fundamento en esta instancia, alegar como defensa el
hecho que no se tiene claridad acerca del momento en que feneció la relación
legal y reglamentaria de la parte activa, pues lo que sí está plenamente
comprobado es la diferencia temporal significativa entre la data de cálculo de
la prerrogativa y la de su efectividad.

Conforme a lo precisado hasta este punto, resulta claro que la extinta Cajanal
(hoy UGPP), le otorgó al señor Jorge Ignacio Agudelo Guevara una pensión
de jubilación efectiva a partir del 31 de julio de 1988 cuando este consolidó
jurídicamente su estatus pensional al haber cumplido el requisito normativo de
los 55 años de edad, ello con efectos fiscales desde el 21 de junio de 1992 por
prescripción trienal.

No obstante, se encuentra palmario que al momento de liquidar la prestación,
la referida autoridad tuvo en cuenta como ingreso base de liquidación el
promedio del valor de los factores salariales percibidos por el demandante
durante el último año de prestación de servicio (30 de julio de 1979 a 30 de
julio de 1980), ello sin haber efectuado ningún tipo de actualización monetaria
respecto de dichos montos para el año 1988 cuando se materializó la orden
de pago de la prerrogativa.

Tal situación, con base en lo expuesto previamente sobre la procedibilidad de
la indexación de la primera mesada pensional, efectivamente corrobora el
hecho de que entre la última fecha de vinculación laboral del libelista (30 de
julio de 1980) y la data de estructuración del derecho pensional bajo estudio
por cumplimiento de requisitos (31 de julio de 1988), transcurrieron más de 8
años, lo que evidentemente generó una pérdida del poder adquisitivo de la
cuantía de la pensión fijada con la remuneración del período comprendido
entre 1979 y 1980, ello a comparación de la fuerza de la moneda en el año
1988 cuando se materializó la prerrogativa.

Tal situación implicaba una disminución del valor del IBL determinado en esta
última anualidad cuando se concibió la efectividad de la prerrogativa, lo que se
tradujo en un detrimento económico respecto del valor final del derecho en
cuestión.

En conclusión: el demandante tiene derecho a que sea indexada su primera
mesada pensional, debido a que entre el período de liquidación de la
prestación (1979 y 1980) y la data de consolidación del derecho (1988),
transcurrió un tiempo suficiente para que se configurara la pérdida del valor
adquisitivo de la moneda, puntualmente en lo que respecta al valor del IBL
tenido en cuenta por la entidad demandada para fijar el monto de la
prerrogativa, situación que debe ser conjurada a través de la figura de la
actualización monetaria de aquel ingreso de liquidación, a fin de que la cuantía
final de la prerrogativa sea ajustada a la realidad del momento en que esta fue
adquirida por parte del libelista.

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Demandante: Jorge Ignacio Agudelo Guevara

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden, la subsección confirmará la sentencia del 21
de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta que accedió
a las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por la parte pasiva.

De la condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, esta Subsección en
providencia de 7 de abril de 201615 determinó el criterio objetivo-valorativo para
la imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a. «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b. Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c. Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d. La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f. La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP16, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g. Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público17.

15 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
16 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
17 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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Radicado: 50001-23-33-000-2015-00547-02 (1400-2021)
Demandante: Jorge Ignacio Agudelo Guevara

Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a la entidad demandada, en la medida que a pesar de haber
resultado vencida, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP no es
posible la comprobación de dicha carga, por cuanto no hubo intervención de
la parte demandante en esta instancia, tal como se indica en la constancia
secretarial visible en el índice 19 del registro en SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 21 de mayo de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta que accedió a las pretensiones de la
demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió el señor Jorge Ignacio Agudelo
Guevara contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Se acepta la renuncia como apoderado de la entidad demandada,
presentada por el abogado Alberto Pulido Rodríguez identificado con cédula
de ciudadanía 79.325.927 y tarjeta profesional 56.352 del Consejo Superior de
la Judicatura, esto conforme al memorial radicado por este el 13 de enero de
2013 obrante en el índice 20 del registro en SAMAI.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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