RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-05700-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05700-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05700-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022) Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-05700-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)
Demandante: Edith Rodríguez Lozano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ─UGPP─

Tema: Marco normativo aplicable a la indexación de la primera mesada
pensional. Generalidades de la prescripción. Principio de justicia
rogada. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia proferida el veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022), por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Edith Rodríguez Lozano instauró demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social ─UGPP─, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución Nro. RDP006796 del 17 de
febrero de 2016, por medio de la cual se reliquidó y ordenó el pago de su pensión
de vejez; de la Resolución Nro. RDP011989 del 16 de marzo de 2016, mediante la
cual se confirmó el anterior acto administrativo; y de la Resolución Nro. RDP015570
del 13 de abril de 2016, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación
contra la primera.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. RDP005623 del 15 de febrero
de 2017, mediante la cual se negó la solicitud de reliquidación de la primera mesada
pensional; y de la Resolución Nro. RDP017993 del 28 de abril de 2017, por medio
de la cual se confirmó el anterior acto administrativo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)

4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene que se rehaga la
liquidación de la pensión, actualizando el salario base de liquidación a la fecha de
estatus y no del retiro. Que se indexe su primera mesada utilizando, como tasa de
reemplazo, un porcentaje del 75%; y que se le pague, desde la fecha de retiro del
servicio y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, la suma de tres millones
doscientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa y cinco pesos con noventa y
cinco centavos ($3.258.395,95), por concepto de diferencia mensual entre el valor
de la primera mesada indexada y la suma que efectivamente se le reconoció.

5. Que se descuenten las sumas equivalentes al 25% de los aportes al sistema
general de pensiones, los aportes a salud y el 1% que se destina al fondo de
solidaridad; que se reconozca y pague los intereses corrientes a la tasa máxima que
certifique el Banco de la República durante los seis meses siguientes a la ejecutoria
del fallo y los intereses moratorios en caso de retardo.

HECHOS

6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

7. Que el 1° de junio de 1999 se retiró del servicio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, por haber cumplido el tiempo de servicio requerido para pensionarse.

8. Que mediante Resolución Nro. RDP023098 del 24 de julio de 2014, confirmada
a través de las Resoluciones Nro. RDP25667 del 22 de agosto de 2014 y RDP29001
del 23 de diciembre de 2014 (sic), la UGPP le reconoció la pensión de vejez, con
efectividad a partir del 22 de septiembre de 2011, cuando cumplió 55 años y adquirió
el estatus jurídico de pensionada.

9. Que por Resolución Nro. RDP006796 del 17 de febrero de 2016, se reliquidó y
ordenó el pago de su pensión de vejez, con efectos fiscales a partir del 2 de
diciembre de 2012, por prescripción trienal.

10. Manifestó que por estar inconforme con la declaratoria de prescripción y la falta
de indexación de su primera mesada pensional, interpuso los recursos de reposición
y apelación contra el anterior acto administrativo, los cuales se resolvieron,
desfavorablemente, a través de las Resoluciones Nro. RDP011989 del 16 de marzo
de 2016 y RDP015570 del 13 de abril de 2016.

11. Que el 27 de septiembre de 2016 radicó una petición ante la UGPP en la que
solicitó un nuevo estudio de su pensión, exclusivamente, respecto a la prescripción
e indexación de la primera mesada pensional, la cual se resolvió,
desfavorablemente, mediante Resolución Nro. RDP005623 del 15 de febrero de
2017, confirmada a través de la Resolución Nro. RDP017993 del 28 de abril de
2017.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)

12. Consideró violados los artículos 2, 48, 53, 58, 83 y 209 de la Constitución
Política; los artículos 1 y 4 de la Ley 100 de 1993; el artículo 3 de la Ley 1437 de
2011; y la Sentencia C-862 de 2006.

13. Que los actos son nulos por infracción de las normas superiores, porque no
aplicó: i) el artículo 2 de la Constitución, al desconocer que la indexación de la
primera mesada pensional responde a uno de los fines del Estado, como es la
protección efectiva de los derechos humanos; ii) el artículo 48 Superior, porque
omitió que la seguridad social es un derecho fundamental; iii) el artículo 58 de la
Carta Política, porque la indexación de la primera mesada pensional es un derecho
adquirido; iv) el artículo 83 Superior, porque las actuaciones de la entidad
demandada no interpretaron en debida forma las normas en que se apoyaron; v) el
artículo 209 de la Constitución, porque en el reconocimiento pensional omitió darse
aplicación a los principios de objetividad, transparencia, moralidad y eficacia; y vi)
el artículo 1 y los artículos 2 y 4 de la Ley 100 de 1993, porque se ignoró que el
sistema de seguridad social en pensiones tiene por objeto garantizar, entre otros, el
amparo debido de las personas frente a la contingencia de la vejez.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

14. La demanda se admitió en auto del 8 de abril de 20191.

15. La UGPP se opuso a las pretensiones, para lo cual indicó que las pretensiones
no tenían asidero jurídico, porque actuó conforme a lo ordenado por la ley, así como
de buena fe. Propuso las excepciones de presunción de legalidad, inexistencia de
la obligación, prescripción, pago, compensación, innominada o genérica 2.

16. Por auto del 8 de febrero de 2021, decidió impartirse el trámite de sentencia
anticipada, para lo cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas3. Se corrió
traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia que fue apelada en el plazo
oportuno por la demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del veintidós
(22) de febrero de dos mil veintidós (2022), negó las pretensiones. Señaló que la
indexación de la primera mesada procede cuando, una vez ocurrido el retiro del
servicio del trabajador en un año determinado, este completa los demás requisitos
para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después del retiro,
pero como consecuencia del paso del tiempo, la base salarial con que se liquida la
pensión ha perdido poder adquisitivo y se hace necesario actualizar su valor.

18. Que, en este caso, la demandante laboró al servicio del Ministerio de Relaciones
Exteriores hasta el 1° de junio de 1999 y solo hasta el 22 de septiembre de 2011
empezó a recibir su mesada pensional, lo que en principio permitía deducir que sí
tenía derecho a que le fuera indexada su primera mesada pensional.

1 Véase a folio 109.
2 Véase a folio.
3 Véase a folio 166.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)

19. Que, pese a lo anterior, la UGPP, al reliquidar la pensión, actualizó el valor del
IBL año a año, conforme con el IPC, con lo que era claro que la entidad trajo a valor
presente el emolumento correspondiente al IBL, circunstancia que permitía
determinar que al momento en que se calculó el valor de la primera mesada sí se
tomó como base salarial los valores actualizados, por lo que la pensión no sufrió el
fenómeno de la depreciación por efecto de la pérdida del poder adquisitivo del
dinero.

20. Adujo que la fórmula que se propuso en la demanda presentó un yerro, porque
se tomó el valor que la entidad calculó de forma actualizada ($4.579.655), lo que
claramente constituiría una doble actualización de la base salarial que sirvió de
fundamento para calcular la primera mesada pensional. Que, por consiguiente, no
podía afirmarse válidamente que la base que tuvo la entidad estuviera devaluada,
porque los valores se actualizaron hasta el año en que adquirió el estatus de
pensionada4.

RECURSO DE APELACIÓN

21. La demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó que se dio por
demostrado, sin estarlo, que la entidad, mediante Resolución Nro. RDP006796 del
17 de febrero de 2016, había indexado la base salarial de la pensión que percibe,
desconociendo que la reliquidación efectuada en la Resolución Nro. RDP023098
del 24 de julio de 2014 se hizo con base en los certificados de factores salariales e
información laboral que expidió el Ministerio de Relaciones Exteriores en octubre de
2015.

22. Que la demandada promedió el IBL de los últimos diez años de servicio teniendo
en cuenta los reales salarios que devengó en el servicio exterior, lo cual arrojó una
suma de cuatro millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y
cinco pesos ($4.579.655) y a la que se le aplicó una tasa de reemplazo del 75%, y
fijó la cuantía pensional en valor de tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil
setecientos cuarenta y un mil pesos ($3.434.741), con efectividad a partir del 22 de
septiembre de 2011.

23. Que no hubo yerro en la fórmula que propuso en la demanda, porque debía
tenerse en cuenta el salario base de liquidación de la fecha de retiro ─16 de junio
de 1999─, el cual equivalía a cuatro millones quinientos setenta y nueve mil
seiscientos cincuenta y cinco pesos ($4.579.655), a la fecha de estatus de
pensionada ─22 de septiembre de 2011─.

24. Expresó que el valor presente (R) se determinaba multiplicando el valor histórico
(Rh) de $4.579.655 ─que es el salario base de liquidación a indexar─ por el
guarismo que resulta de dividir el IPC del índice final ─es decir, el vigente al 22 de
septiembre de 2011─ por el IPC del índice inicial ─esto es, el vigente al 16 de junio
de 1999─ y, al valor así obtenido, aplicarle el 75% de la tasa de reemplazo. Que, a
manera de ejemplo, la operación sería esta:

R = $4.579.655 108.3454% = $8.924.182,60 x 75% = $6.693.136,95

4 Véase a folios 206-212.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)

55.60%

25. Además, expuso que como el Tribunal omitió pronunciarse sobre el fenómeno
de la prescripción trienal que la UGPP aplicó a las mesadas pensionales causadas
entre el 22 de septiembre de 2011 al 2 de diciembre de 2012, ese estudio debía
efectuarse por el juez de segunda instancia5.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

26. El 27 de septiembre de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria6.

27. Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

28. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si la entidad demandada indexó
o no la primera mesada pensional que se le reconoció a la señora Edith Rodríguez
Lozano. Además, se determinará si es posible abordar el análisis de fondo, respecto
de la prescripción declarada por la entidad en los actos demandados.

Marco normativo aplicable a la indexación de la primera mesada pensional

29. La actualización monetaria constituye uno de los instrumentos para
contrarrestar los efectos de la inflación en lo que tiene que ver con las obligaciones
dinerarias, como pueden ser las laborales, por cuanto ese fenómeno produce una
pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda.

30. La indexación de la primera mesada pensional ha sido entendida por el Consejo
de Estado como el mecanismo que se utiliza en aplicación de los principios de
equidad y justicia para revalorizar las obligaciones pensionales con el fin de traer a
valor presente las sumas que han sido afectadas por un detrimento a causa del
transcurso del tiempo.

31. Sobre la materia, se resalta que el artículo 48 de la Constitución Política fijó la
necesidad de evitar la depreciación de los dineros para el pago de pensiones según
el siguiente postulado:

«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley.

5 Véase a folios 227-236.
6 Véase a índice 3 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)

[…]

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante. […]».

32. Del mismo modo, el artículo 53 constitucional incluyó como uno de los principios
mínimos fundamentales del trabajo el siguiente:

«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales:

[…]

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales. […]».

33. Sin embargo, dentro del régimen general de seguridad social en pensiones, no
existe norma expresa que prevea la actualización del ingreso base de liquidación
pensional diferente al reajuste anual de las mesadas ya reconocidas en los términos
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, lo cual debe diferenciarse de la actualización
anual de los salarios o rentas que se toman para calcular el IBL, que se hace con
base en la variación del IPC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
ibidem.

34. Sobre este punto, esta Subsección ha precisado que si bien no hay una
regulación específica que disponga sobre la actualización de las sumas derivadas
de una pensión, diferente al reajuste anual de las mesadas, la jurisprudencia ha
desarrollado, con base en principios constitucionales, en especial, los previstos en
los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad
determina que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno
inflacionario son hechos notorios y, por tanto, el trabajador no tiene por qué soportar
las consecuencias negativas de dicha situación, al recibir sumas de dinero
desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario o de la pensión7.

35. Frente a la situación jurídica que habilita la aplicación de esta figura, esta
corporación ha señalado que: «[…] se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro
del servicio en un año determinado, el pensionado alcanza a completar los demás
requisitos para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después
del retiro, de modo que ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la
pensión habría sufrido detrimento. […]»8.

36. Por lo expuesto, es claro que el ajuste de la base salarial de la primera mesada
se genera cuando una vez cumplido el requisito del tiempo de servicio, el trabajador
se retira antes de la edad requerida para acceder a la prestación. En consecuencia,
una vez el reclamante adquiere el estatus jurídico respectivo, es lógico que el
cálculo se realice con base en el promedio salarial percibido durante el año anterior
a la terminación de su vínculo legal o reglamentario, pero debidamente indexado a

7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de enero de 2023. Rad.

50001-23-33-000-2015-00547-02 (1400-2021).
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Rad.

76001-23-31-000-2008-01205-01 (1995-11).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)

la fecha de causación y reconocimiento del derecho.

Generalidades de la prescripción

37. La prescripción es definida por la jurisprudencia como la acción o efecto de «[…]
adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el
transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley “o en otra acepción”
como concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del
tiempo […]»9. Dicho fenómeno hace alusión directa a la pretensión, esto es, al
derecho, y constituye el término particular para adquirirlo o extinguirlo 10. Sobre el
particular, el Consejo de Estado indicó:

«[…] la prescripción, en términos generales, hace referencia a la consecuencia
jurídica por la que el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el
paso del tiempo de acuerdo a las disposiciones normativas en cada situación
particular. En sí, la prescripción extintiva está ligada a la inactividad del asociado
frente a la reclamación de sus derechos en el tiempo que la ley establece para
ello, cuya consecuencia jurídica es la perdida de la oportunidad para ejercerlos
o en su defecto, la desaparición de este en su patrimonio»11.

38. Tratándose de la prescripción en materia laboral, la jurisprudencia ha dado un
tratamiento especial a las prestaciones sociales periódicas, al atribuirles un carácter
de irrenunciables e imprescriptibles, como es el caso del derecho a la pensión12. No
obstante, si bien este beneficio pensional no se ve afectado por el fenómeno
prescriptivo, no sucede lo mismo respecto a las mesadas pensionales causadas,
porque estas pueden extinguirse si no son reclamadas dentro del término previsto
por el legislador.

39. Bajo ese entendido, estarán afectadas por la regla general de la prescripción
las mesadas pensionales que no se soliciten dentro del término previsto por la ley,
porque al atribuírseles el carácter de periódicas, ello conlleva la configuración de
dicha excepción de las mesadas causadas cuando su reclamación no se efectúe en
el momento oportuno.

40. En cuanto al régimen pensional general, la prescripción respecto de derechos
laborales está regulada concretamente por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969,
que en su tenor literal prevé:

«Artículo 102º.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual».

9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Exp.

3404-2013.
10 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de octubre de 1996. Exp. 7934. C.P.

Consuelo Sarria Olcos.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 15 de julio de 2021. Exp.

05001-23-33-000-2016-01984-01 (4825-2019). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-230 de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)

41. Por su parte, el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral también
regula el término de la prescripción, así:

«ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual».

Del principio de justicia rogada

42. El principio de justicia rogada hace referencia a la carga procesal que debe
asumir el demandante cuando solicita la nulidad de un acto administrativo, lo que
implica, entre otros aspectos, que se formulen los cargos de nulidad contra el acto
impugnado con expresión de las normas jurídicas que se estiman violadas, así como
la exposición del respectivo concepto de violación, lo cual constituye una obligación
de parte que no puede asumirla el juez.

43. Por consiguiente, en los eventos sometidos al principio de justicia rogada, si esa
obligación procesal se omite por el actor, el juez, al momento de decidir, no puede
suplir tal falencia o proponer las censuras o reproches de ilegalidad contra el acto
cuya nulidad se solicitó porque, de lo contrario, se estudiarían cargos que no fueron
planteados por el demandante, con lo cual se vulnerarían los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la contradicción de la parte
demandada.

Resolución del caso concreto

44. La señora Edith Rodríguez Lozano nació el 22 de septiembre de 1956 y cumplió
los 55 años el 22 de septiembre de 2011.

45. Mediante Resolución Nro. 1922 del 31 de mayo de 1999, la viceministra de
relaciones exteriores aceptó su renuncia a partir del 1° de junio de 1999, aunque la
demandante laboró hasta el 16 de junio de esa anualidad.

46. A través de la Resolución Nro. RDP023098 del 24 de julio de 2014, la UGPP
reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez, en cuantía de novecientos diez
mil ciento treinta y seis pesos ($910.136), efectiva a partir del 22 de septiembre de
2011. El anterior acto administrativo se confirmó por las Resoluciones Nro.
RDP025667 del 22 de agosto de 2014 y RDP029001 del 23 de septiembre de 2014,
que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente.

47. El 2 de diciembre de 2015, la demandante radicó una petición de reliquidación
de su pensión de vejez, la cual se atendió mediante la Resolución Nro. RDP006796
del 17 de febrero de 2016, en el sentido de reconocerle la suma de tres millones
cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos ($3.434.741), con
efectividad a partir del 22 de septiembre de 2011. Este acto administrativo precisó
lo siguiente:

«[…] El Ingreso Base de Liquidación está conformado por los factores salariales
devengados entre 17 de junio de 1989 y el 16 de junio de 1999, aplicando un

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)

75.0% sobre un ingreso base de liquidación.

AÑO FACTOR VALOR VALOR IBL VALOR IBL
ACUMULADO ACTUALIZADO
1989 ASIGNACION 741,000.00 399,317.00 6,396,811.00
BASICA MES
1990 ASIGNACION 911,400.00 911,400.00 11,576,326.00
BASICA MES
1991 ASIGNACION 1,112,400.00 1,112,400.00 10,674,952.00
BASICA MES
1992 ASIGNACION 1,520,800.00 1,520,800.00 11,507,721.00
BASICA MES
1993 ASIGNACION 3,246,504.00 3,246,504.00 19,632,324.00
BASICA MES
1994 ASIGNACION 15,780,801.00 15,780,801.0 77,838,479.00
BASICA MES 0
1995 ASIGNACION 24,826,567.00 24,826,567.0 99,891,129.00
BASICA MES 0
1996 ASIGNACION 28,018,304.00 28,018,304.0 94,369,051.00
BASICA MES 0
1997 ASIGNACION 31,160,722.00 31,160,722.0 86,288,823.00
BASICA MES 0
1998 ASIGNACION 38,703,780.00 38,703,780.0 91,074,702.00
BASICA MES 0
1999 ASIGNACION 19,990,365.00 19,990,365.0 40,308,278.00
BASICA MES 0

QUE LOS VALORES DEL IPC UTILIZADOS PARA ACTUALIZAR EL VALOR
DEL IBL FUERON: 1989:26.12%, 1990:32.36%, 1991:26.82%, 1992: 25.13%,
1993: 22.60%, 1994: 22.59%, 1995: 19.46%, 1996: 21.63%, 1997: 17.68%,
1998: 16.70%, 1999: 9.23%, 2000: 8.75%, 2001: 7.65%, 2002: 6.99%, 2003:
6.49%, 2004: 5.50%, 2005: 4.85%, 2006: 4.48%, 2007: 5.69%, 2008: 7.67%,
2009: 2.00%, 2010: 3.17%

IBL: 4,579,655 x 75.0 = $3,434,741

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. […]».

48. La anterior resolución se confirmó a través de las Resoluciones Nro.
RDP011989 del 16 de marzo de 2016 y RDP015570 del 13 de abril de 2016, que
resolvieron los recursos de reposición y apelación.

49. Luego, mediante Resolución Nro. RDP005623 del 15 de febrero de 2017, la
UGPP negó la petición que presentó la demandante, en la que solicitó, nuevamente,
la indexación de la primera mesada, así como la no aplicación de la prescripción
trienal. Esa decisión se confirmó a través de la Resolución Nro. RDP017993 del 28
de abril de 2017, que resolvió el recurso de apelación.

50. Ahora bien, se pone de presente que la parte demandante consideró que el
valor de cuatro millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco
pesos ($4.579.655) se correspondía con el salario base de liquidación a la fecha de
su retiro ─16 de junio de 1999─. Sin embargo, al revisar la Resolución Nro.
RDP006796 del 17 de febrero de 2016, se concluye que ese valor corresponde al
salario base de liquidación a la fecha de adquisición del estatus ─22 de septiembre
de 2011─, al cual se llegó luego de que la UGPP actualizara, año a año, el ingreso

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)

base de liquidación, con base en el índice de precios al consumidor.

51. En otros términos: el valor de cuatro millones quinientos setenta y nueve mil
seiscientos cincuenta y cinco pesos ($4.579.655) equivale al IBL que se tuvo en
cuenta para el 2011, el cual fue resultado de un proceso de indexación del que dio
cuenta el acto administrativo cuya nulidad se solicita. Partir de la idea de que ese
valor correspondía al IBL de 1999 sería erróneo, por cuanto desconocería que la
entidad demandada sí efectuó un proceso de indexación tanto en la Resolución Nro.
RDP023098 del 24 de julio de 2014 ─acto de reconocimiento pensional─, como en
la Resolución Nro. RDP006796 del 17 de febrero de 2016; de lo contrario, estaría
indexándose de manera doble.

52. Además, en la fórmula propuesta por la demandante se incluyó un monto
actualizado, como valor histórico (Rh), para efectuar el resto de la operación, lo que
conlleva desestimar el cálculo propuesto por adolecer de un vicio metodológico
insubsanable, pues se aplicó, analógicamente, un factor de reajuste sobre un capital
que ya se encontraba íntegramente indexado. Tal duplicidad en la actualización no
solo quebranta los postulados económico-financieros que rigen la materia, sino que
distorsiona la finalidad correctora de la indexación al computar doblemente un
mismo fenómeno inflacionario, derivando en una liquidación equívoca y carente de
sustento legal, tal y como se sostuvo en la decisión de primera instancia.

53. Ahora, tratándose del análisis que le corresponde al juez de segunda instancia,
este adquiere competencia para revisar el fondo de la controversia, únicamente,
respecto de los puntos de inconformidad del recurrente que se relacionen con el
proceso y las decisiones adoptadas por el juez de primera instancia, sobre la base
de los términos y elementos con los que fue propuesta inicialmente la controversia.

54. En ese orden, aunque el Tribunal omitió pronunciarse sobre el fenómeno de la
prescripción trienal que la UGPP aplicó a las mesadas pensionales causadas entre
el 22 de septiembre de 2011 al 2 de diciembre de 2012, lo cierto es que al juez no
le es posible decidir sobre la legalidad de unos actos administrativos con base en
cuestionamientos de legalidad que no le fueron puestos a su consideración.

55. Se observa que las normas violadas y el concepto de violación que propuso la
demandante se orientaron, exclusivamente, a los fundamentos aplicables a la
indexación de la primera mesada pensional, pero no expuso reparos concretos en
cuanto a la declaratoria de prescripción que hizo la UGPP, es decir, no especificó si
fue errónea la norma que se aplicó para declarar la ocurrencia de dicho fenómeno,
o si no correspondía con el periodo que se tuvo en cuenta para ello o, simplemente,
no manifestó la improcedencia de su declaratoria.

56. Si bien la parte actora solicitó la declaratoria parcial de nulidad de las
actuaciones de la UGPP, sobre la base de predicar que son nulas por la presunta
infracción de los artículos 2, 48, 53, 58, 83 y 209 de la Constitución Política; los
artículos 1 y 4 de la Ley 100 de 1993; el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011; y la
Sentencia C-862 de 2006, es palmario que ni el Tribunal Administrativo ni el Consejo
de Estado pueden abordar el juicio de legalidad ante un motivo de nulidad que se
desconoce porque no fue alegado por la parte demandante.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)

57. Por consiguiente, como los límites fijados en la demanda constituyen la hoja de
ruta que deberá seguir el juez de conocimiento, sin que le esté permitido modificar
lo pretendido por el actor, se concluye que, más allá de corroborar que el fenómeno
de la prescripción de las mesadas pensionales opera en el término de tres años ─tal
y como se aplicó en la Resolución Nro. RDP006796 del 17 de febrero de 2016─, no
es posible efectuar otro tipo de pronunciamiento sobre este aspecto, so pena de
vulnerar el principio de justicia rogada y el principio de congruencia.

58. Con base en lo que antecede, se confirmará la sentencia proferida el veintidós
(22) de febrero de dos mil veintidós (2022), por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

Condena en costas de segunda instancia

59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

60. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

61. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

62. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de febrero de dos mil
veintidós (2022), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05700-01 (4817-2022)

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.