Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00804-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00804-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-00804-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2014-00804-02 (2548-2025)
Demandante: José Alfonso Gómez Celis
Demandadas: EMCALI EICE ESP y Administradora Colombiana de Pensiones
─COLPENSIONES─
Tema: Marco normativo aplicable a la indexación de la primera mesada
pensional de las prestaciones preconstitucionales.
Generalidades de la prescripción. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la
sentencia proferida el tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor José Alfonso Gómez Celis instauró demanda contra EMCALI EICE ESP,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio Nro. 830-DTH-006576 del 28 de agosto de
2007, por medio del cual se negó la indexación de su primera mesada pensional.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se indexe su primera
mesada pensional y se ordene el pago con los aumentos anuales establecidos en
la ley; y que la liquidación de la condena se efectúe mediante sumas líquidas de
moneda de curso legal, ajustadas conforme con el índice de precios al consumidor.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
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5. Que prestó sus servicios a EMCALI EICE ESP del 20 de enero de 1964 al 4 de
noviembre de 1986, por lo que se le reconoció la pensión de jubilación a través de
la Resolución Nro. 004 del 3 de enero de 1991.
6. Que, pese a que fueron tomados los valores percibidos durante el último año de
servicios, no los indexó según el índice de precios al consumidor, entre la fecha de
terminación del contrato de trabajo ─4 de noviembre de 1986─ y la fecha a partir de
la cual se reconoció y ordenó el pago de la prestación ─16 de diciembre de 1990─.
7. Que el 13 de agosto de 2007 solicitó la reliquidación de su primera mesada, lo
cual se negó mediante el acto cuya nulidad solicita.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Consideró violados los artículos 2, 13, 48 y 53 de la Constitución Política; 14 y 36
de la Ley 100 de 1993; y la Ley 1437 de 2011.
9. Que el acto demandado es nulo por infringir las normas en las que debió
fundarse, porque era su deber indexar la primera mesada pensional, lo cual
constituye un derecho adquirido y consolidado, debido a que su pensión de
jubilación fue reconocida con anterioridad a 1989 y, por consiguiente, tenía derecho
a que dicho reajuste se efectuara de oficio por parte de la entidad demandada.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
10. La demanda se admitió en auto del 30 de octubre de 2014.
11. EMCALI EICE ESP señaló que el reconocimiento pensional se efectuó en la
oportunidad y cuantía determinada bajo las condiciones establecidas en la
Convención Colectiva 1990-1991. Que la pensión reconocida se ha indexado de
acuerdo con el incremento que la entidad dispone.
12. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido,
prescripción, compensación, pago, buena fe e innominada.
13. Por auto del 11 de junio de 2024, el Consejo de Estado declaró nula la sentencia
que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 30 de agosto de 2019,
con el fin de que se integrara a COLPENSIONES al contradictorio.
14. COLPENSIONES indicó que asumió el pago de la mesada pensional del
demandante bajo la figura de la compartibilidad, por lo que ha actuado conforme al
principio de legalidad y buena fe, acogiéndose en todo momento a lo que dispone
la materia para tal fin. Que como la efectividad de la pensión del actor ─1993─ fue
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se reajustó por parte
del Instituto de Seguros Sociales conforme con lo señalado en el artículo 14 y 143
de la Ley 100 de 1993, encontrándose que la mesada pensional reconocida está
ajustada a derecho, por lo que no hay lugar a indexar ni a reliquidar en ese aspecto.
15. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, buena
fe e innominada.
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16. Mediante auto del 5 de mayo de 2025, decidió impartirse el trámite de sentencia
anticipada, para lo cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas. Se corrió traslado
para alegar de conclusión y se dictó sentencia que fue apelada en el plazo oportuno
por las partes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del tres (3) de junio
de dos mil veinticinco (2025), accedió a las pretensiones. Señaló que la entidad, al
liquidar la prestación, tuvo en cuenta el salario promedio del último año de servicio,
esto es, entre 1985 y 1986, sin indexar la primera mesada desde esa fecha hasta la
de causación del derecho pensional, por lo que concluyó que no se tuvo en cuenta
que entre el 5 de noviembre de 1986 ─fecha de retiro definitivo del servicio─ y el 16
de diciembre de 1990 ─fecha en la que se le reconoció efectivamente el derecho
pensional─, transcurrieron «más de 5 años» en los que el monto pensional
reconocido sufrió una devaluación que ocasionó una afectación en el poder
adquisitivo.
18. Que si bien no existe una norma que estipule la indexación de la primera
mesada pensional en casos como el debatido, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado han desarrollado esa figura con base en
principios y normas de rango constitucional, teniendo en cuenta, además, criterios
de justicia y equidad, en virtud de los cuales es evidente que el trabajador no tiene
por qué soportar las consecuencias adversas que se presenten por la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario, lo que se traduce en
recibir sumas de dinero desvalorizadas al momento de pensionarse.
19. Por lo anterior, declaró la nulidad del Oficio Nro. 830-DTH-006576 del 28 de
agosto de 2007. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a EMCALI EICE
ESP que reconozca la indexación de la primera mesada pensional, pero que las
diferencias causadas en las mesadas serían con efectos de prescripción a partir de
la sentencia, es decir, estaban prescritos los valores causados con anterioridad al 3
de junio de 2022. Además, indicó que como el pago de la pensión fue asumido por
COLPENSIONES, le correspondía determinar los efectos de esta a partir de dicha
fecha, en virtud de la compartibilidad.
RECURSOS DE APELACIÓN
20. EMCALI EICE ESP interpuso recurso de apelación en el que expresó que no
se probó que el salario base de liquidación del demandante hubiera sufrido una
pérdida efectiva de poder adquisitivo, lo cual era una condición indispensable para
que procediera tal reconocimiento. Que cada año se hicieron los incrementos de ley
hasta cumplir con los requisitos de pensión, que fue concedida en 2001 por
COLPENSIONES.
21. Que el lapso entre la fecha de retiro del servicio y la fecha en que se reconoció
el derecho pensional fue más de un año, pero que ello no generó un deterioro
inflacionario necesario para justificar la indexación. Que la acción para reclamar la
indexación de la primera mesada prescribió, de conformidad con lo dispuesto en los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, que regulan el régimen prestacional
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aplicable a los empleados públicos1.
22. COLPENSIONES interpuso recurso de apelación en el que señaló que la
pretensión principal estuvo dirigida a que se declarara la nulidad de un acto
administrativo mediante el cual EMCALI negó la indexación de la primera mesada
del demandante, por lo que no había lugar a que se pronunciara a favor o en contra
de las actuaciones surtidas por el empleador. Que como la efectividad de la pensión
se consolidó con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, esa
prestación se reajustó por parte del Instituto de Seguros Sociales, a partir del 1°
abril de 1994, conforme con lo señalado en los artículos 14 y 143 de la Ley 100 de
1993, por lo que la mesada pensional reconocida está ajustada a derecho, no
habiendo lugar a indexar ni a reliquidar la prestación en ese aspecto.
23. Que frente al derecho reclamado operó el fenómeno de la prescripción y que,
además, no es susceptible de generar intereses moratorios que, en todo caso, es
una figura que difiere con la indexación, por ser excluyentes2.
24. El demandante interpuso recurso de apelación en contra del numeral tercero
de la sentencia de primera instancia, que declaró la prescripción de los valores
resultantes con anterioridad al 3 de junio de 2022. Expuso que el término
prescriptivo debió contabilizarse desde el día de presentación de la demanda, esto
es, desde el 4 de agosto de 2014, por lo que la fecha a partir de la cual se causó el
derecho a la indexación de la primera mesada era el 4 de agosto de 20113.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
25. El 17 de septiembre de 2025 se admitieron los recursos de apelación y se
dispuso que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados4.
26. Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
27. De conformidad con los recursos de apelación interpuestos, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si el señor José Alfonso Gómez
Celis tiene derecho o no al reconocimiento de la indexación de la primera mesada
pensional. De tener derecho, deberá verificarse cómo debe contabilizarse el
fenómeno de la prescripción.
Marco normativo aplicable a la indexación de la primera mesada pensional de
las prestaciones preconstitucionales
28. La actualización monetaria constituye uno de los instrumentos para
1 Véase a índice 83 de SAMAI del Tribunal.
2 Véase a índice 84 de SAMAI del Tribunal.
3 Véase a índice 85 de SAMAI del Tribunal.
4 Véase a índice 4 de SAMAI.
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contrarrestar los efectos de la inflación en lo que tiene que ver con las obligaciones
dinerarias, como pueden ser las laborales, por cuanto ese fenómeno produce una
pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda.
29. La indexación de la primera mesada pensional ha sido entendida por el Consejo
de Estado como el mecanismo que se utiliza en aplicación de los principios de
equidad y justicia para revalorizar las obligaciones pensionales con el fin de traer a
valor presente las sumas que han sido afectadas por un detrimento a causa del
transcurso del tiempo.
30. En un primer momento, el artículo 261 del Código Sustantivo del Trabajo
dispuso la congelación del salario base para el cómputo de la pensión de jubilación,
lo que impedía tener en cuenta las modificaciones de salario posteriores. Sin
embargo, dicha norma fue derogada por la Ley 171 de 1961. Luego, el legislador
reguló el reajuste anual de las pensiones, de conformidad con el incremento del
salario mínimo, mediante las Leyes 10 de 1972, 4ª de 1976 y 71 de 1988.
31. Posteriormente, el artículo 48 de la Constitución Política de 1991 fijó la
necesidad de evitar la depreciación de los dineros para el pago de pensiones según
el siguiente postulado:
«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley.
[…]
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante. […]».
32. Del mismo modo, el artículo 53 constitucional incluyó como uno de los principios
mínimos fundamentales del trabajo al siguiente:
«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales:
[…]
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales. […]».
33. Por su parte, se tiene que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
acogía la fórmula de indexación de la primera mesada pensional, como mecanismo
para garantizar el poder adquisitivo ante el fenómeno de la inflación. No obstante,
como esa posición no era unánime, en providencia del 18 de agosto de 1999 cambió
su precedente y señaló que la indexación de la primera mesada pensional procedía
solo en los casos en los que el legislador lo había previsto, es decir, para las
pensiones causadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
34. Sin embargo, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-120 de 2003,
estableció que el cambio de jurisprudencia constituía una vía de hecho por
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desconocimiento de los principios constitucionales que rigen las relaciones
laborales y ordenó proferir una nueva decisión, motivo por el que la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia aceptó nuevamente la tesis de la indexación de la
primera mesada pensional pero, únicamente, para pensiones reconocidas después
de la expedición de la Constitución de 1991.
35. Posteriormente, en Sentencia SU-1073 de 2012, la Corte Constitucional
concluyó que:
«[…] desde el año 1982, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia elaboró
y reiteró su posición respecto a la procedencia de la indexación de la primera
mesada pensional como un derecho de los trabajadores basado en la justicia,
en la equidad y en los principios del derecho laboral. En este sentido, sólo hasta
el año de 1999 se produce un cambio de jurisprudencia, y por tanto, aunque,
como se desarrollará más adelante, la Constitución de 1991 eleva a rango
constitucional el derecho a la indexación de la mesada pensional, antes de la
expedición de la Carta, la jurisprudencia ya la había reconocido»5.
36. Luego, en la Sentencia SU-131 de 2013, el Tribunal Constitucional resumió las
razones fijadas en el anterior fallo, las cuales permiten sostener que el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional se predica de aquellas prestaciones
reconocidas con posterioridad a la Constitución de 1991; pero dispuso, además,
que las personas que causaron el derecho con anterioridad a la Constitución Política
de 1991 tenían ese derecho, cuando el acto de reconocimiento pensional se
profiriera de forma posterior, toda vez que de acuerdo con la Sentencia SU-1073 de
2012, la Constitución de 1991 irradia situaciones jurídicas anteriores, porque los
principios y garantías en ella contenidos son aplicables a situaciones jurídicas que,
aunque se consolidaron antes de su vigencia, se proyectan con posterioridad6.
37. Conforme con lo señalado, es posible concluir que todos los pensionados que
adquirieron su derecho pensional en vigencia de la Constitución de 1991 tienen
derecho a la indexación de su primera mesada, en la medida que es una garantía
que adquiere rango constitucional, al estar contenida en los artículos 48 y 53 de la
Carta; lo cual también está contemplado para aquellos que adquirieron sus
derechos pensionales con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución, tal
y como se reiteró en la Sentencia SU-415 de 2015, como desarrollo de los principios
de igualdad y favorabilidad.
38. En ese orden, se pone de presente que dentro del régimen general de seguridad
social en pensiones no existe norma expresa que prevea la actualización del ingreso
base de liquidación pensional diferente al reajuste anual de las mesadas ya
reconocidas en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, lo cual debe
diferenciarse de la actualización anual de los salarios o rentas que se toman para
calcular el IBL, que se hace con base en la variación del IPC, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21 de la misma norma.
39. Sobre este punto, esta Subsección ha precisado que si bien no hay una
regulación específica que disponga sobre la actualización de las sumas derivadas
de una pensión, diferente al reajuste anual de las mesadas, la jurisprudencia ha
5 Corte Constitucional. Sentencia SU-1073 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-131 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
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desarrollado, con base en principios constitucionales, en especial, los previstos en
los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad
determina que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno
inflacionario son hechos notorios y, por tanto, el trabajador no tiene por qué soportar
las consecuencias negativas de dicha situación, al recibir sumas de dinero
desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario o de la pensión7.
40. Frente a la situación jurídica que habilita la aplicación de esta figura, esta
corporación ha señalado que: «[…] se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro
del servicio en un año determinado, el pensionado alcanza a completar los demás
requisitos para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después
del retiro, de modo que ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la
pensión habría sufrido detrimento. […]»8.
41. Por lo expuesto, es claro que el ajuste de la base salarial de la primera mesada
se genera cuando una vez cumplido el requisito del tiempo de servicio, el trabajador
se retira antes de la edad requerida para acceder a la prestación. En consecuencia,
una vez el reclamante adquiere el estatus jurídico respectivo, es lógico que el
cálculo se realice con base en el promedio salarial percibido durante el año anterior
a la terminación de su vínculo legal o reglamentario, pero debidamente indexado a
la fecha de causación y reconocimiento del derecho.
Generalidades de la prescripción aplicable a la indexación de la primera
mesada pensional, en relación con las pensiones causadas antes de 1991
42. En cuanto al término prescriptivo aplicable a la indexación de la primera mesada
pensional, la Corte Constitucional ha establecido que «[…] prescriben los reajustes
indexados de las mensualidades a los que eventualmente el reclamante tuvo
derecho, pero sobre las cuales no se ejerció la acción oportuna, más nunca
prescribe el derecho a indexar la primera mesada pensional como tal. En otras
palabras, prescriben las mesadas indexadas, pero no el derecho»9.
43. De ese modo, el Tribunal Constitucional precisó así sobre la certeza del derecho
a la indexación, en relación con las pensiones causadas antes de 1991:
«[…] la indeterminación en la existencia del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, y la negativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia frente al reconocimiento de la indexación de pensiones causadas
con anterioridad a 1991, podría acarrear problemas en la determinación del
momento a partir del cual la prestación es exigible. En efecto, sería
desproporcionado reclamar a los entes obligados cancelar sumas de dinero
surgidas de un derecho que por mucho tiempo fue incierto.
Al respecto, se debe recordar que, sólo hasta que fue expedida la sentencia C-
862 de 2006, la Corte definió con carácter erga omnes que a partir de la
interpretación de los artículos 48 y 53 de la Constitución de 1991 debía
entenderse que existe un derecho constitucional de todos los pensionados a
que el monto de la primera mesada pensional se calcule sobre un salario base
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de enero de 2023. Rad.
50001-23-33-000-2015-00547-02 (1400-2021).
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Rad.
76001-23-31-000-2008-01205-01 (1995-2011).
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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indexado, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. Por
lo tanto, sólo a partir de tal fallo llegó a admitirse que dicho derecho beneficiaba
a todos los pensionados, sin que sobre el particular pudieran hacerse
distinciones discriminatorias entre beneficiarios de pensiones legales,
convencionales, ordinarias, pensiones sanción, etc. Estas consideraciones,
como se reitera, se basaron en la interpretación de la Carta Política de 1991.
No obstante, ni siquiera en 2006 existía una posición uniforme en relación con
las pensiones causadas bajo el marco constitucional de 1886.
De manera que, es a través de esta sentencia de unificación que la Corte
Constitucional consolida la jurisprudencia con el fin de proteger el principio de
seguridad jurídica respecto de los fallos judiciales divergentes que han proferido
distintas jurisdicciones, los cuales han impedido la realización del derecho
universal de la indexación. En este sentido, es sólo hasta esta sentencia de
unificación que la Corte ha resuelto las contradicciones creadas por las
diferentes decisiones judiciales respecto a la indexación de la primera mesada
de las pensiones reconocidas antes de 1991.
De ahí que, sólo hasta este momento exista claridad sobre la obligatoriedad
de indexar las pensiones reconocidas antes de la Constitución de 1991, de
manera que desde la fecha hay certeza sobre la exigibilidad de la indexación y
la obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento.
En segundo lugar, observa la Sala que, en caso de ordenar el pago retroactivo
de la indexación desde la fecha en la que se presentó la primera reclamación a
la entidad, se pondría en riesgo la estabilidad financiera del Sistema General de
Pensiones, desconociendo otro principio constitucional: el de sostenibilidad
fiscal consagrado en el artículo 334 de la Constitución Política, que ordena que
el mismo debe “orientar a las Ramas y órganos del Poder Público, dentro de
sus competencias, en un marco de colaboración armónica.”
[…]
Por consiguiente, si la Corte decidiera reconocer la indexación de la primera
mesada pensional contando el término de prescripción a partir de la primera
reclamación al empleador –como lo hicieron algunos jueces de instancia en los
procesos laborales estudiados- se pondría en riesgo la estabilidad financiera del
sistema pensional, alterando la posibilidad de pagar otras pensiones
reconocidas a cargo del Estado y, por ende, afectando el principio de
progresividad, y el acceso a las pensiones de todos los colombianos.
[…]
En tercer lugar, en aras de equilibrar los intereses en pugna, el juez
constitucional realiza una interpretación, no sobre la existencia misma de la
prescripción, sino sobre la manera de contabilizarla.
Para tal fin, la Sala encuentra que la certeza del derecho es el momento a partir
del cual se debe determinar el término de prescripción. Ello se encuentra en
concordancia con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo que señala
que “Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código
prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones
especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente
estatuto.”
En este orden de ideas, pese al carácter universal del derecho a la indexación
de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su
procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que sólo a
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partir de esta decisión de unificación se genere un derecho cierto y
exigible»10 (cursivas, negrillas y subrayas originales).
44. Con base en lo anterior, se concluyó que la prescripción de las mesadas
pensionales a indexar, causadas antes de la Constitución Política de 1991, procede
respecto de aquellas comprendidas en los tres años anteriores al momento en que
se profirió el fallo respectivo, esto es, desde el 12 de diciembre de 2012, puesto que
solo desde esa fecha existió certeza sobre la exigibilidad de la indexación y la
obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento.
45. Sin embargo, dicha regla fue matizada por las Sentencias SU-131 de 2013 y
SU-415 de 2015, en las que se precisó que la prescripción de las mesadas
pensionales de aquellas personas que causaron el derecho antes de la Constitución
de 1991 se cuenta a partir de la sentencia que declara la existencia del
respectivo derecho y no desde el 12 de diciembre de 2012, como se había
indicado con anterioridad.
46. En suma, esta garantía del derecho a la indexación se refiere a pensiones
causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991
y se extiende a las mesadas no prescritas, comprendidas en los tres años anteriores
al fallo que estudia el respectivo asunto, esto es, desde la sentencia que resuelve
el caso particular11.
Resolución del caso concreto
47. EMCALI y COLPENSIONES pretenden que se revoque la sentencia de primera
instancia, porque estiman que el señor José Alfonso Gómez Celis no tiene derecho
a la indexación de su primera mesada; y, en caso de tenerlo, solicitaron que se
declare la prescripción. Por su parte, el demandante solicitó que se declare la
ocurrencia de la prescripción a partir del 4 de agosto de 2011.
48. Al respecto, se tiene que el señor Gómez Celis trabajó para EMCALI hasta el 4
de noviembre de 1986 ─fecha para lo cual acreditó un tiempo de servicios
equivalente a 22 años, 8 meses y 7 días─ y que el 16 de diciembre de 1990 cumplió
los 50 años, razón por la que el reconocimiento pensional se hizo con efectividad a
esa fecha.
49. Según da cuenta el acto de reconocimiento pensional, la prestación se otorgó
con el 90% del promedio de los salarios percibidos en el último año de servicios
($1.362.425,23), esto es, del 5 de noviembre de 1985 al 4 de noviembre de 1986;
más la prima semestral de diciembre de 1985 ($47.499,98), la prima de navidad de
diciembre de 1985 ($142.564,19), la prima extralegal de mayo de 1986
($57.366,32), la prima semestral de junio de 1986 ($82.977,13), la prima semestral
de diciembre proporcional de 1986 ($30.536,94), la prima de navidad proporcional
de 1986 ($126.303,75), la prima de antigüedad ($306.192,27), la prima de
vacaciones de 1986 ($170.926,62) y la prima de vacaciones proporcional
($112.823,36).
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-1073 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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50. Por consiguiente, se reúnen los supuestos para acceder a la indexación de la
primera mesada, toda vez que entre la fecha de retiro del servicio del demandante
─5 de noviembre de 1986─ y la fecha en la que consolidó el estatus pensional ─16
de diciembre de 1990─, transcurrió un lapso en el que el salario con que se liquidó
la pensión sufrió detrimento, porque con base en los anteriores factores se calculó
un ingreso base de liquidación ─correspondiente a $2.439.615,84 anual─ al que no
se le efectuó actualización alguna según se desprende del acto administrativo, y se
le aplicó una tasa de reemplazo del 90%, que arrojó una mesada pensional de ciento
ochenta y tres mil pesos ($183.000) para diciembre de 1990, tal y como se
desprende de la siguiente fórmula:
$2´439.615,84 ÷ 12 = 203.301,32 x 90% = $183.000,00.
51. En ese orden, es claro que no le asiste razón a EMCALI y a COLPENSIONES,
porque se probó que la primera mesada que percibió el señor José Alfonso Gómez
Celis no se actualizó a 1990, con el fin de proteger el poder adquisitivo del dinero y
el derecho al mínimo vital del pensionado, evitando que la inflación acumulada por
cuatro años redujera el valor real de sus aportes históricos al calcular la pensión.
52. Advertido lo anterior, la Sala pone de presente que, siguiendo los lineamientos
jurisprudenciales de la Corte Constitucional, la prescripción para las reclamaciones
de las mesadas pensionales indexadas de todos aquellos que adquirieron su
derecho antes de 1991, se contabiliza a partir de la sentencia que resuelve el
caso particular, pues solo desde ese momento se tiene certeza de la existencia
del derecho12.
53. De ese modo, no les asiste razón a las entidades demandadas, ni al
demandante, cuando pretendieron que se declare la ocurrencia del fenómeno de la
prescripción en todo tiempo o a partir de la fecha de presentación de la demanda,
respectivamente, pues, tal y como se precisó en el marco normativo, existían
divergencias interpretativas sobre la indexación de la primera mesada pensional de
las prestaciones preconstitucionales, que ameritaron que se unificara la
jurisprudencia en esa materia, con el fin de dotar la resolución de esos casos de
seguridad jurídica e igualdad ante la ley.
54. Bajo ese entendimiento, es claro que la sentencia del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca se ajustó a derecho, no solo porque declaró la nulidad del acto
enjuiciado, sino porque dispuso que la prescripción de las diferencias entre los
valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada operaría en los
tres años anteriores, contados a partir de la expedición de ese fallo, esto es, están
prescritos los valores causados con anterioridad al 3 de junio de 2022.
55. Con base en lo que antecede, la Sala confirmará la sentencia proferida el tres
(3) de junio de dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por medio de la cual se accedió a las pretensiones.
Condena en costas de segunda instancia
12 Corte Constitucional. Sentencia T-179A de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
57. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
59. En este contexto, no procede la condena en costas, toda vez que las peticiones
de los recursos de apelación fueron atendidas de manera desfavorable para todas
las partes, por lo que no puede considerarse que alguna resultara vencida en esta
instancia. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el tres (3) de junio de dos mil
veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de
la cual se accedió a las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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