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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05560-00

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05560-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por Víctor María Castro Castro, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Nariño para que en ejercicio de su autonomía judicial, imprima celeridad en la resolución del proceso No. 52001- 33-33-007-2017-00173-01, sin desconocer el sistema de turnos. 9 Artículo 18 de la Ley 446 de 1998. 10 Salvo las excepciones legales que existen. 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2025-05560-00 Demandante: Víctor María Castro Castro TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05560-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá DC, dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05560-00
Demandante: Víctor María Castro Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Mora
Judicial.
Decisión: Niega amparo y exhorta

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Víctor María
Castro Castro contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 5 de septiembre de 2025, Víctor María Castro Castro presentó una acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y dignidad humana, por la presunta mora en la resolución del recurso de
apelación contra la Sentencia de primera instancia en el proceso No. 52001-33-33-
007-2017-00173-00/01.

2. A título de amparo constitucional, solicitó que se ordene a dicha autoridad
judicial resolver el aludido recurso de apelación.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
indicó que, el 17 de febrero de 2017, presentó una demanda de reparación directa1
junto a Nidia Leyda Obregón Quiñones, Nidia Yalena Castro Obregón, Yuliet Castro
Rojas, Jeisson Fernando Castro Rojas, Luz Dari Castro Castro, Daniel Castro
Castro, Reinel Castro Castro y Efrain Castro Castro contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y Fiscalía General de la
Nación.

4. El Juzgado 7 Administrativo de Pasto, mediante Sentencia de 3 de
diciembre de 2019, declaró responsable a la Nación – Dirección Ejecutiva de

1
El proceso se inició a raíz de su privación de la libertad.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05560-00
Demandante: Víctor María Castro Castro

Administración Judicial - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, y las
condenó a pagar perjuicios por concepto de daño moral a los demandantes2.

5. Contra esta decisión la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación presentaron recurso de
apelación. La primera señaló que la actuación procesal penal se adelantó con plena
sujeción a la legalidad y en respeto de las garantías constitucionales, razón por la
cual no era posible afirmar que hubo un daño antijurídico. La Fiscalía sostuvo que
no incurrió en falla del servicio pues las circunstancias de la captura de Víctor María
Castro Castro fueron ajenas a su actuar y obedecieron al hecho de terceros. En
consecuencia, no podía predicarse un nexo causal entre el daño alegado y una
eventual deficiencia en la prestación del servicio, ya que la causa determinante fue
la conducta atribuible a una tercera persona.

6. El 19 de febrero de 2020, se concedieron los recurso de apelación. El 26 de
febrero de 2020, el asunto fue asignado al desapcho a cargo del magistrado Álvaro
Montenegro Calvachy del Tribunal Administrativo de Nariño. El 8 de agosto de 2022,
dicha autoridad judicial corrió traslado para presentar alegatos de conclusión

7. A la fecha de la presentación de la acción de tutela, los recursos de
apelación contra la sentencia de primer grado no habían sido resueltos.

8. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que han
transcurrido más de 5 años desde la interposición de los recursos de apelación, sin
que estos hayan sido resueltos. Agregó que han pasado ya 3 años desde la última
actuación procesal y el Tribunal aún no ha emitido decisión alguna3.

Intervenciones4

9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial advirtió que la acción
de tutela busca obtener una sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal
Administrativo de Nariño. En consecuencia, aclaró que no le corresponde responder
por las decisiones adoptadas por dicha corporación. Resaltó que no participó en el
proceso de reparación directa promovido por el actor, dado que la representación
de la Rama Judicial en ese trámite estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pasto – Nariño.

10. Agregó que la tutela resultaba improcedente por incumplir el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el accionante contaba con la solicitud de vigilancia
administrativa como mecanismo idóneo. Finalmente, solicitó ser desvinculada.

2
Rad. 52001-33-33-007-2017-00173-00.
3
Agregó como soporte de su argumentación las Sentencias T-1154 de 2004, T-1249 de 2004 y SU-179 de 2021, la
Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
4
Mediante Auto de 9 de septiembre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Nariño y vinculó al Juzgado 7 Administrativo de Pasto, a la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Rama
Judicial, a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a Nidia Leyda Obregón Quiñones, Nidia Yalena Castro Obregón, Yuliet
Castro Rojas, Jeisson Fernando Castro Rojas, Luz Dari Castro Castro, Daniel Castro Castro, Reinel Castro Castro y Efrain
Castro Castro, en calidad de terceros con interés en el proceso.

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Demandante: Víctor María Castro Castro

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto
– Mocoa argumentó que no es responsable de los presuntos agravios alegados,
puesto que carece de injerencia en las actuaciones o decisiones adoptadas por los
jueces en ejercicio de la función de administrar justicia. En consecuencia, no podría
atribuírsele la vulneración de derechos fundamentales, configurándose falta de
legitimación en la causa por pasiva y solicitó ser desvinculada del trámite.

12. El Juzgado 7 Administrativo de Pasto, luego de exponer el trámite que
surtió el proceso No. 52001-33-33-007-2017-00173-00, concluyó que la decisión de
primera instancia se adoptó conforme a las pruebas recaudadas y a la normatividad
aplicable. Por ello, solicitó su desvinculación en la medida en que el proceso fue
remitido al Tribunal para resolver el recurso de apelación.

13. El Tribunal Administrativo de Nariño5 sostuvo que la acción de tutela
carece de fundamento. Explicó que desde el 24 de octubre de 20246 se llevó a cabo
un inventario de asuntos y una reorganización de solicitudes pendientes,
consolidándose un informe el 19 de noviembre de 2024. En dicho reporte se
registraron aproximadamente 700 procesos activos, de los cuales 447 estaban en
turno para fallo de segunda instancia.

14. Añadió que conforme a lo establecido en el artículo 247-5 del CPACA, así
como en los artículos 153 de la Ley 270 de 1996 y 18 de la Ley 446 de 1998, se
priorizó la organización de los asuntos en turno para fallo, de acuerdo con el orden
de ingreso al despacho.

15. Precisó que el proceso con radicado No. 52001-33-33-007-2017-00173-01
se ubica en el turno 4 dentro de los procesos relacionados con privación injusta de
la libertad y ocupa la casilla 179 en el listado general de turnos. Señaló que no se
han desconocido los términos de ley de manera injustificada, pues la decisión de
segunda instancia solicitada por el accionante depende de la resolución previa de
los procesos con ingreso anterior, conforme a la asignación de turnos efectuada por
el titular del despacho.

16. La Fiscalía General de la Nación, Nidia Leyda Obregón Quiñones, Nidia
Yalena Castro Obregón, Yuliet Castro Rojas, Jeisson Fernando Castro Rojas, Luz
Dari Castro Castro, Daniel Castro Castro, Reinel Castro Castro y Efrain Castro
Castro no se pronunciaron7.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.

5
El Tribunal envió el enlace de acceso al proceso de forma digital.
6
Fecha de posesión del magistrado.
7
Como no fue posible notificar personalmente a Nidia Leyda Obregón Quiñones, Nidia Yalena Castro Obregón, Yuliet Castro
Rojas, Jeisson Fernando Castro Rojas, Luz Darí Castro Castro, Daniel Castro Castro, Reinel Castro Castro y Efraín Castro
Castro, se fijó un aviso en la página web de la corporación.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05560-00
Demandante: Víctor María Castro Castro

80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

18. No se accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pasto, dado que dichas autoridades intervinieron dentro
del proceso No. 52001-33-33-007-2017-00173-00/01 y fueron vinculados en el
asunto de la referencia como terceros.

Problema jurídico

19. Determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad, si el
Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en mora injustificada en la resolución el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el proceso con
radicado No. 520013333007-2017-00173-00/01 y, con ello, vulneró las garantías
constitucionales de la parte actora.

Procedibilidad de la acción de tutela

20. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a
lograr el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y dignidad humana; (2) se tiene acreditada la legitimación,
tanto activa como pasiva, porque Víctor María Castro Castro es el titular de las
garantías constitucionales que se invocan como violadas en su calidad de parte
demandante dentro del proceso y el Tribunal Administrativo de Nariño es la
autoridad judicial que conoce el proceso No. 52001-33-33-007-2017-00173-01 (3)
no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa
de sus derechos constitucionales; y (4) hubo un plazo razonable en la presentación
de la acción de tutela, si se tiene en cuenta que la presunta mora judicial es una
situación actual.

Análisis de la vulneración alegada

21. La Sala negará el amparo y exhortará al Tribunal Administrativo de Nariño,
por las razones que pasan a explicarse:

22. Del análisis del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI se constata que el
proceso ingresó al Tribunal Administrativo de Nariño el 26 de febrero de 2020 para
resolver el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia, Rad. 52001-
33-33-007-2017-00173-00/01. Dicho recurso fue admitido el 5 de marzo del mismo
año y desde el 7 de septiembre de 2022 se encuentra en despacho para fallo.

23. La Sala observa que el magistrado José Santacruz Miranda8, quien tomó
posesión como integrante del Tribunal Administrativo de Nariño el 26 de octubre de

8
Despacho en donde se encuentra asignado el proceso.

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Demandante: Víctor María Castro Castro

2024, luego de un proceso de inventario, estableció los turnos para la decisión de
sentencias de segunda instancia. En este orden, el expediente No. 52001-33-33-
007-2017-00173-01 se ubicó en el turno 4 dentro de los asuntos relacionados con
privación de la libertad, ocupando además la casilla 179 del listado general de
turnos. En consecuencia, la demora en el trámite que echa de menos la parte actora
en el presente asunto no resulta imputable al actual titular del despacho, razón por
la cual no podría señalarse que dicha autoridad vulneró los derechos del hoy
accionante.

24. Es pertinente destacar que el sistema de turnos reviste especial
importancia9, pues garantiza la igualdad mediante el estricto orden de ingreso de
los procesos al despacho. Este mecanismo asegura que las decisiones se profieran
de manera equitativa, en condiciones de transparencia y certeza, priorizando a los
usuarios de mayor antigüedad procesal10. En el caso concreto, se resalta que desde
el momento de su posesión, el magistrado titular organizó la programación de turnos
para fallo de acuerdo con la normatividad vigente, lo que respalda la validez y
legitimidad del sistema aplicado. En consecuencia, se negará el amparo deprecado,
pues resultaría desproporcionado dictar una orden de tutela, respecto de una
autoridad a la que no le resulta imputable el retardo que echa de menos la parte
actora.

25. Sin embargo, resulta innegable que el tiempo transcurrido entre la
presentación del recurso de apelación y la interposición de la presente acción de
tutela es considerable. Si bien no se evidencia mora atribuible al actual titular del
despacho, preocupa la extensión del tiempo sin que se haya proferido sentencia de
segunda instancia en el proceso. Dicho retraso impone la necesidad de exhortar al
Tribunal para que imprima celeridad en la resolución del caso y con ello garantice
de manera efectiva el acceso a la administración de justicia, sin desconocer la
autonomía judicial ni el principio de igualdad frente a los demás procesos en turno.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley.

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por Víctor María Castro
Castro, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Nariño para que en ejercicio
de su autonomía judicial, imprima celeridad en la resolución del proceso No. 52001-
33-33-007-2017-00173-01, sin desconocer el sistema de turnos.

9
Artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
10
Salvo las excepciones legales que existen.

5
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05560-00
Demandante: Víctor María Castro Castro

TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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