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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05560-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05560-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada para en su lugar DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones antes expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05560-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05560 01
Accionante: Víctor María Castro Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Acción: Acción de tutela
Tema: Mora judicial
Decisión: Revoca la decisión impugnada y se declara la carencia actual
de objeto por hecho superado, al haberse proferido la sentencia
de segunda instancia durante el trámite de la tutela.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 16 de octubre de 2025 por la Sección Segunda Subsección “A” del
Consejo de Estado, en donde negó la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Víctor María Castro Castro, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Nariño y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:

PRIMERO. Que se TUTELE los Derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DIGNIDAD HUMANA de VICTOR MARIA
CASTRO CASTRO, los cuales fueron vulnerados por TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO a realizar las gestiones pertinentes con el fin de
emitir sentencia de segunda instancia por recurso de apelación presentado en
contra del fallo de fecha tres (3) de diciembre de 2019, emitida por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Pasto, dentro del proceso 2017- 173.

SEGUNDO. Que producto del anterior amparo se ordene a TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, realizar las gestiones pertinentes con el fin que
se emita sentencia de segunda instancia en el proceso 2017-173/01. (Negrillas,
mayúsculas y subrayas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Como fundamento de la solicitud, indicó que el 17 de febrero de 2017, por medio de
apoderado, interpuso demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Señaló

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 0315 000 2025 05560 00.

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Accionante: Víctor María Castro Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

que en esa oportunidad también actuaron como demandantes Nidia Leyda Obregón
Quiñones, Nidia Yalena Castro Obregón, Yuliet Castro Rojas, Jeisson Fernando Castro
Rojas, Luz Dari Castro Castro, Daniel Castro Castro, Reinel Castro Castro y Efraín Castro
Castro.

Narró que la acción indemnizatoria tuvo origen en su captura ocurrida el 25 de septiembre
de 2012 en el corregimiento de Llorente, municipio de San Andrés de Tumaco, cuando
personal policial realizó inspección a un maletín que transportaba y encontró una
sustancia con apariencia de base de cocaína. Afirmó que fue puesto a disposición de la
Fiscalía General de la Nación y que el 26 de septiembre de 2012 se llevaron a cabo
audiencias preliminares en las que se legalizó la captura, se formuló imputación y se
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural en su contra por el
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Refirió que el 19 de noviembre de 2012 la Fiscalía presentó escrito de acusación y que,
mediante sentencia del 15 de diciembre de 2014, el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Tumaco lo absolvió al considerar acreditado que el bolso pertenecía a un tercero.
Indicó que permaneció privado de la libertad durante dos años, dos meses y doce días.

Manifestó que presentó demanda de reparación directa y fue inicialmente asignada al
Juzgado Sexto Administrativo de Pasto, el cual mediante auto del 5 de junio de 2017 se
declaró impedido, razón por la que el asunto fue remitido al Juzgado Séptimo
Administrativo de Pasto. Indicó que dicha autoridad admitió la demanda mediante auto
del 31 de octubre de 2017 y la registró bajo radicado 2017-173.

Afirmó que ese despacho profirió sentencia el 3 de diciembre de 2019, mediante la cual
declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por la privación
injusta de la libertad y condenó al pago de perjuicios inmateriales por daño moral, tanto
a él como a sus familiares. Señaló que se negaron las demás pretensiones y se impuso
condena en costas.

Indicó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la
Nación interpusieron recurso de apelación contra la sentencia. Refirió que mediante auto
del 24 de enero de 2020 se citó a audiencia de conciliación, la cual se realizó el 19 de
febrero de ese mismo año sin resultado, por lo que se concedieron los recursos en efecto
suspensivo. Señaló que el 26 de febrero de 2020 el proceso fue remitido al Tribunal
Administrativo de Nariño y asignado al despacho del magistrado Álvaro Montenegro
Calvachy, quien mediante auto del 3 de marzo de 2020 admitió los recursos.

Agregó que el 8 de agosto de 2022 se corrió traslado a las partes para presentar alegatos
de conclusión, etapa que fue surtida y sostuvo que, transcurridos más de cinco años
desde la interposición de los recursos y casi tres años desde la última actuación procesal,
no se ha proferido la decisión correspondiente.

Finalmente, manifestó que la demora afecta su derecho a recibir indemnización derivada
de la privación injusta de la libertad y sostuvo que la prolongada inactividad judicial
excede una situación de congestión, al no registrarse actuación alguna desde 2022.

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Accionante: Víctor María Castro Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 2 de septiembre de 20252 y correspondió por reparto al
Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de Estado, que por auto del 9 del mismo
mes y año3 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo de Nariño, como parte
accionada y como vinculada al Juzgado 7 Administrativo de Pasto, a la Nación - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Rama Judicial, a la Nación - Fiscalía General de la
Nación, a Nidia Leyda Obregón Quiñones, Nidia Yalena Castro Obregón, Yuliet Castro
Rojas, Jeisson Fernando Castro Rojas, Luz Darí Castro Castro, Daniel Castro Castro,
Reinel Castro Castro y Efraín Castro Castro, en calidad de terceros con interés en el
proceso.

3.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5, señaló que la acción de tutela
pretende obtener la emisión de la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de
reparación directa, actuación atribuible únicamente al Tribunal Administrativo de Nariño
en ejercicio de su función jurisdiccional. Indicó que no participó en dicho proceso, por
cuanto la representación judicial de la Rama Judicial estuvo a cargo de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto – Nariño, por lo que solicitó su
desvinculación del trámite constitucional y la vinculación de esa dependencia.

Asimismo, refirió que la acción incumple el requisito de subsidiariedad, pues el accionante
cuenta con la solicitud de vigilancia administrativa como mecanismo idóneo para reclamar
impulso procesal. Agregó que, por su naturaleza técnica y administrativa, no tiene
facultades para intervenir en decisiones judiciales ni ordenar su emisión. En
consecuencia, solicitó negar las pretensiones frente a esa entidad.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Nariño, para que allegara copia del
expediente digital del medio de control de reparación directa con radicado nro. 52001 33
33 007 2017 00173 00/01, el cual fue remitido6.

3.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto- Mocoa
presentó respuesta7 y señaló que no es responsable de los hechos expuestos en la
acción de tutela, pues carece de competencia para intervenir en las decisiones adoptadas
por jueces o magistrados en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Manifestó que su rol
es administrativo y operativo dentro de la Rama Judicial, sin facultades para ordenar la
emisión de fallos o impulsar la decisión del recurso de apelación cuestionado, y que su
intervención en el proceso de reparación directa se limitó a la representación judicial
institucional, sin incidencia en la demora alegada. Debido a lo anterior, sostuvo que se

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 11001 0315 000 2025 05560 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 11001 0315 000 2025 05560 00.
4 Esta orden se cumplió el día 11 de septiembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para

la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 11001 0315 000 2025 05560 00.
5 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 11001 0315 000 2025 05560 00.
6 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 11001 0315 000 2025 05560 00.
7 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 11001 0315 000 2025 05560 00.
3

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 05560 01
Accionante: Víctor María Castro Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

configura falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del
trámite constitucional.

3.4. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto, contestó la
acción de tutela8 y sostuvo que adelantó el trámite del proceso de reparación directa
radicado 52001 3333 007 2017 00173 00 hasta la emisión de la sentencia de primera
instancia del 3 de diciembre de 2019, decisión que según indicó se adoptó con
fundamento en el material probatorio obrante en el expediente y la normatividad aplicable.
Señaló que, una vez interpuesto el recurso de apelación por las entidades demandadas,
el asunto fue remitido al Tribunal Administrativo de Nariño para su resolución, por lo que
no tiene competencia sobre la demora alegada en la decisión de segunda instancia. En
atención a lo anterior, manifestó que se configura falta de legitimación en la causa por
pasiva y solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

3.5. El Tribunal Administrativo de Nariño9, presentó respuesta y manifestó que no se ha
configurado vulneración a los derechos fundamentales invocados, por cuanto el asunto
se encuentra en trámite conforme al orden de turnos fijado para la emisión de sentencias
de segunda instancia. Indicó que el magistrado titular asumió el despacho el 24 de
octubre de 2024 y, a partir de esa fecha, se realizó inventario y reorganización de los
procesos en curso, consolidándose un informe el 19 de noviembre de 2024 en el que se
registraron aproximadamente setecientos asuntos activos, de los cuales cuatrocientos
cuarenta y siete estaban en turno para decisión.

Agregó que, en atención a lo previsto en el artículo 247-5 del CPACA, el artículo 153 de
la Ley 270 de 1996 y el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se estableció un orden de
priorización basado en la fecha de ingreso de los expedientes. Informó que el proceso
relacionado con la privación injusta de la libertad identificado con radicado 52001 3333
007 2017 00173 01 se encuentra ubicado en el turno cuatro dentro de la categoría
temática correspondiente y ocupa la casilla ciento setenta y nueve en el listado general,
por lo que la decisión depende de la resolución previa de los asuntos con reparto anterior.

3.6. La Fiscalía General de la Nación, Nidia Leyda Obregón Quiñones, Nidia Yalena
Castro Obregón, Yuliet Castro Rojas, Jeisson Fernando Castro Rojas, Luz Dari Castro
Castro, Daniel Castro Castro, Reinel Castro Castro y Efrain Castro Castro guardaron
silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia del 16
de octubre de 2025, negó el amparo solicitado por el señor Víctor María Castro Castro y
exhortó al Tribunal Administrativo de Nariño para que, en ejercicio de su autonomía
judicial, agilizara la resolución del proceso de reparación directa radicado 52001 3333
007 2017 00173 01. Previamente, la Sala rechazó las solicitudes de desvinculación
presentadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pasto, al constatar que dichas autoridades
intervinieron en el proceso ordinario y fueron vinculadas al trámite constitucional como
terceros.

8 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 11001 0315 000 2025 05560 00.
9 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 11001 0315 000 2025 05560 00.
4

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Accionante: Víctor María Castro Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

En el estudio del fondo, constató que el recurso de apelación ingresó al Tribunal
Administrativo de Nariño el 26 de febrero de 2020, fue admitido el 5 de marzo del mismo
año y permanece en despacho para fallo desde el 7 de septiembre de 2022. Advirtió que
el magistrado titular asumió funciones el 26 de octubre de 2024 y, tras adelantar un
proceso de inventario, organizó los asuntos pendientes mediante un sistema de turnos
para fallo de acuerdo con el orden de ingreso. En ese contexto, verificó que el expediente
se encontraba ubicado en el turno cuarto dentro de los asuntos relacionados con
privación injusta de la libertad y en la casilla 179 del listado general, concluyendo que la
demora no era atribuible al titular actual del despacho judicial.

Precisó que el sistema de turnos resulta relevante para preservar igualdad y
transparencia en la rotación de expedientes, por lo que no era procedente impartir una
orden que alterara esa programación. Sin embargo, destacó que el tiempo transcurrido
entre la interposición del recurso de apelación y la presentación de la acción
constitucional era considerable, motivo por el cual resultaba necesario exhortar al
Tribunal Administrativo de Nariño para continuar con la tramitación del expediente y
proferir la decisión correspondiente con la mayor diligencia posible, sin desconocer la
autonomía judicial ni el orden de turnos aplicable.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó10
argumentando que la decisión desconoció la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia y dignidad humana. Señaló que
han transcurrido más de cinco años desde la remisión del recurso de apelación al Tribunal
Administrativo de Nariño sin que se haya proferido decisión, situación que a su juicio
constituye una mora injustificada, pues la única actuación relevante fue su admisión en
2020. Indicó que esta inactividad contraría la jurisprudencia constitucional, citando las
sentencias T-1249 de 2004, T-1154 de 2004 y SU-179 de 2021, en las que se ha
sostenido que la dilación excesiva configura vulneración constitucional cuando carece de
justificación objetiva.

Agregó que la ausencia de decisión impide hacer efectiva la reparación por la privación
injusta de su libertad y ha prolongado los efectos emocionales y económicos derivados
de dicha situación, generando una revictimización. Sostuvo que ello también desconoce
los artículos 10 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
consagran el derecho a una reparación efectiva y a un recurso judicial oportuno.

Razonó que11:

Finalmente, Dentro del presente asunto, el despacho correspondiente no ha realizado las
gestiones pertinentes para el estudio de los recursos, actuar que se puede considerar
dilatorio y vulneratorio a los derechos a la correcta administración de justicia y al debido
proceso, impidiendo con su demora el restablecimiento de los derechos que fueron
vulnerados ocasionados por la detención, siendo la nación en segunda oportunidad la
causante de la vulneración de mis derechos

Por lo anterior, solicitó revocar la decisión de primera instancia y ordenar al Tribunal
Administrativo de Nariño resolver el recurso de apelación en un término perentorio.

10 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 11001 0315 000 2025 05560 00.
11 Ibidem.

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Accionante: Víctor María Castro Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:

6.2.1. El 17 de febrero de 2017, el señor Víctor María Castro Castro promovió demanda
de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la privación de
su libertad entre el 25 de septiembre de 2012 y el 15 de diciembre de 2014.

6.2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto, el 12 de julio de 2017, admitió la
demanda del medio de control de reparación directa y mediante sentencia del 3 de
diciembre de 2019, declaró responsable a la Nación por la privación injusta de la libertad
y reconoció perjuicios morales a favor del accionante y de sus familiares, decisión que
fue apelada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de
la Nación, en donde resolvió:

[…] PRIMERO. - DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la
NACIÓN – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA
JUDICIAL y NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por la privación injusta a la
libertad de que fue víctima el señor VÍCTOR MARÍA CASTRO CASTRO de conformidad
a lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
16 Lo que se desprende del proceso ordinario de reparación directa, identificado con radicado nro. 52001

3333 007 2017 00173 01. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso de primera instancia con radicado nro. 11001 0315 000 2025 05560 00.
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SEGUNDO. - CONDENAR a la NACIÓN – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA JUDICIAL y NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN, a pagar a los accionantes, las siguientes sumas de dinero.
• Por concepto de perjuicios inmateriales: […]

6.2.3. El 26 de febrero de 2020, el proceso fue remitido al Tribunal Administrativo de
Nariño para resolver los recursos de apelación, los cuales fueron admitidos el 3 de marzo
de 2020; el 8 de agosto de 2022 se corrió traslado para alegatos de conclusión y, desde
entonces, no se ha proferido sentencia de segunda instancia.

6.2.4. El 5 de septiembre de 2025, el señor Víctor María Castro Castro promovió acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño por la presunta mora en resolver el
recurso de apelación dentro del proceso de reparación directa 52001 3333 007 2017
00173 00/01.

6.2.5. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 16 de octubre de 2025, negó el amparo solicitado y exhortó al Tribunal Administrativo
de Nariño para que agilizara la decisión del proceso, respetando el sistema de turnos.

6.2.6. Inconforme con dicha decisión, el accionante la impugnó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La Sala observa que, mediante sentencia del 10 de octubre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión resolvió el recurso de apelación
interpuesto dentro del proceso de reparación directa radicado 52001 3333 007 2017
00173 01, esto es, la actuación cuya falta de decisión motivó la interposición de la
presente acción de tutela, en la cual se decidió lo siguiente17:

1º) Revócase la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2019, por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Pasto (N).
2°) Niégase las pretensiones de la demanda.

3°) Condenar en costas de primera y segunda instancia a la parte demandante y
a favor de las demandadas, tásense de manera concentrada por el juzgado de
primera instancia.

4°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

En consecuencia, se debe determinar si se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado cuando, con posterioridad a la presentación de la acción de tutela, la
autoridad judicial competente profirió la sentencia cuya ausencia se alegaba como
vulneración.

Con miras a resolver ese problema, es pertinente señalar que la jurisprudencia
constitucional ha señalado que la figura de la carencia actual de objeto opera cuando,
durante el trámite de la acción de tutela, cesan o desaparecen los motivos que generan
la amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales invocados, o cuando se

17 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 52001 3333 007 2017 00173 01.
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Accionante: Víctor María Castro Castro
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consuma la violación, de manera que se impide el ejercicio del derecho, o la pretensión
perseguida deja de ser exigible al punto de no existir el motivo u objeto que justifique la
intervención del Juez constitucional18.

En este caso, la actuación cuya omisión motivó la interposición de la acción fue finalmente
cumplida mediante la sentencia dictada el 10 de octubre de 2025. Por lo tanto, no subsiste
objeto sobre el cual deba pronunciarse esta Sala respecto de la pretensión principal del
accionante, la cual estaba orientada a que se ordenara al tribunal accionado que emitiera
sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario en cuestión.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia impugnada y en su lugar declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada para en su lugar DECLARAR LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones antes
expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro del término legal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión, del 11
de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera Ponente: Nubia

Margoth Peña Garzón, sentencia de 5 marzo de 2021. Radicación número: 11001-03-15-000 2021-00063-
00.
8

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