Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05568-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05568-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05568-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
20 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa.
Excepción de inepta demanda. Defecto sustantivo y fáctico.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Julio Cesar Rondón León, Marta
Cecilia Mogollón y Julio Cesar Rondón Mogollón contra la sentencia de 21 de mayo
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por la supuesta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las
siguientes:
Pretensiones
«1.- Se tutele a mis poderdantes, el derecho fundamental al debido proceso y la seguridad
jurídica, vulnerado por la providencia judicial proferida por el Tribunal Segundo
Administrativo del Magdalena, Magistrado Adonay Ferrari Padilla, de fecha 21 de mayo de
2025.
2.- Que, en consecuencia, se deje sin efectos dicha sentencia y se ordene al citado tribunal
emitir una nueva decisión, respetando el precedente jurisprudencial y el derecho de
acceso efectivo a la Administración de Justicia.
3.- Se concedan las pretensiones de la demanda.»
ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Del sellamiento del establecimiento comercial Bananas Night Club
El 4 de enero de 2017, funcionarios de la Secretaría de Planeación Distrital de Santa
Marta llevaron a cabo una inspección técnica ocular en el establecimiento de comercio
Bananas Night Club. En el acta de visita, se consignó que la actividad desarrollada
(expendio y consumo de licor, tipo discoteca) no correspondía con el uso de suelo
autorizado en 2005, el cual permitía únicamente la venta de licor y no su consumo
dentro del establecimiento. En consecuencia, se procedió al sellamiento inmediato del
establecimiento.
El 19 de enero de 2017, se efectuó una nueva visita de inspección. En esa diligencia,
las autoridades observaron que el establecimiento se encontraba operando (violando
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el sellamiento previo). Adicionalmente, se identificó el ejercicio de actividades de
prostitución en el segundo piso del inmueble, actividad incompatible según el POT del
Centro Histórico. A raíz de estos hallazgos, el establecimiento fue nuevamente
sellado.
El 6 y 12 de enero, y 5 y 13 de junio, el propietario del establecimiento presentó
peticiones ante la Secretaría de Planeación Distrital, la Secretaría de Gobierno Distrital
y la Inspección Central de Policía Norte, en los que solicitó el levantamiento de los
sellos. Asimismo, requirió información sobre la existencia de un proceso administrativo
formal que justificara la medida.
El 5 y 13 de junio de 2017, la Secretaría de Gobierno informó que había trasladado el
expediente por competencia a la Inspección de Policía Norte el 17 de febrero de 2017,
en aplicación del Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016), y afirmó no haber
ordenado el sellamiento.
El 13 de julio de 2017, la Secretaría de Planeación indicó que los documentos del caso
reposaban en la Secretaría de Gobierno.
El 28 de julio de 2017, la Inspección de Policía Norte precisó que no reposaba en sus
archivos algún fallo administrativo o proceso que ordenara el cierre. De igual forma,
sostuvo que la actuación fue iniciada por la Secretaría de Planeación el 4 de enero de
2017, bajo la norma anterior, y que, según el artículo 239 de la Ley 1801 de 2016, era
esa misma entidad (Secretaría de Planeación) la que debía culminar el proceso.
En este contexto, y con el fin de que se resolviera su situación, el accionante interpuso
acción de tutela.
Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2017, el Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Santa Marta amparó el derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia,
ordenó a la Inspección de Policía Norte iniciar la actuación administrativa conforme
con la Ley 1801 de 2016, pero negó el levantamiento de la medida de cierre.
El 27 de octubre de 2017, el apoderado de los accionantes promovió incidente de
desacato.
En cumplimiento del fallo de tutela, el Inspector de Policía Central de Santa Marta
celebró audiencia pública del 30 de octubre de 2017, en la cual declaró la nulidad de
todo lo actuado con fundamento en el artículo 288 de la Ley 1801 de 2016, al encontrar
que:
(i) La Secretaría de Planeación Distrital actuó sin competencia y violó las formas
propias del juicio, pues el artículo 207 de la Ley 1801 asigna a la Secretaría
de Planeación la función de ser la segunda instancia, es decir, conocer del
recurso de apelación contra las decisiones de los inspectores en materia
urbanística.
(ii) En los archivos de esa entidad reposaba un proceso administrativo por los
mismos hechos, iniciado por la Secretaría de Gobierno en 2010, en el cual
se profirió la Resolución 064 del 14 de julio de 2010, que ordenó el cierre
definitivo. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por la misma mediante
la Resolución 256 del 30 de agosto de 2013.
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De ahí que la administración no podía volver a juzgar al establecimiento por
unos hechos que ya habían sido objeto de un proceso, el cual finalizó con
una decisión favorable al accionante que hizo tránsito a cosa juzgada.
Demanda de reparación directa
Los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra la Alcaldía del
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, la Secretaría de Planeación
Distrital y la Secretaría de Gobierno, por el daño antijurídico causado por el sellamiento
del establecimiento de comercio entre el 4 de enero de 2017 al 30 de octubre de ese
mismo año.
En consecuencia, solicitaron: (i) declarar administrativa y extracontractualmente
responsable a la Alcaldía de Santa Marta y sus Secretarías por los perjuicios morales
y materiales causados (daño emergente y lucro cesante), a raíz del «proceso
Administrativo irregular» que culminó con el sellamiento del establecimiento Bananas
Night Club.
Como fundamento de la demanda, alegaron los siguientes argumentos:
• La Secretaría de Planeación adelantó el sellamiento sin tener competencia para
ello, porque, según el artículo 217 del Estatuto de Policía, si bien podía realizar
visitas de control urbano en caso de irregularidades, su deber era levantar un
acta y enviarla a la Secretaría de Gobierno para que esta aplicara las sanciones
a que hubiera lugar.
• Tras el sellamiento, las entidades evadieron sus responsabilidades y
vulneraron los principios de oportunidad, celeridad, eficacia y buena fe
previstos en la Ley 1801 de 2016, toda vez que la Secretaría de Planeación
remitió el caso a Secretaría de Gobierno; la Secretaría de Gobierno lo remitió al
Inspector de Policía; y el Inspector se negó a actuar.
Además, el Inspector de Policía Cesar Rovira, a pesar de recibir el expediente el
17 de febrero de 2017, solo realizó la audiencia el 30 de octubre de 2017, y
únicamente después de que se interpusiera una acción de tutela y un incidente
de desacato.
• El sellamiento ocurrió el 4 de enero de 2017 y la Ley 1801 de 2016 (Código de
Policía) entró en vigencia el 30 de enero de 2017. Por lo tanto, la norma aplicable
era la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, esto es, Ley 232 de
1995.
El artículo 4 de la Ley 232 de 1995, establecía el siguiente procedimiento: (i)
requerir por escrito al comerciante para cumplir requisitos en 30 días; (ii) imponer
multas sucesivas si no cumplía; (iii) ordenar la suspensión de actividades hasta
por 2 meses; (iv) Solo como último recurso, ordenar el cierre definitivo.
No obstante, no se aplicó ese procedimiento y solamente se ordenó el cierre.
Además, debía tenerse en cuenta que el artículo 239 de la Ley 1801 de 2016,
previó un régimen de transición, el cual ordenaba que los procedimientos
iniciados bajo la legislación anterior serían adelantados hasta su finalización,
conforme con la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos.
• El daño antijurídico (el cierre del establecimiento) fue causado directamente por
esa cadena de actos ilegales y omisiones negligentes, pues «la actitud de la
administración fue la causa directa del daño dentro del Proceso Administrativo
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sancionatorio sufrido por la víctima como lo evidencia la relación de causa entre
la falla y el daño causado (…)». Por ello, imputó la responsabilidad a los
secretarios de Planeación y Gobierno y a los funcionarios ejecutores (la
inspectora de Planeación y el Inspector de Policía), por violar sus deberes
constitucionales y los principios del CPACA.
El 22 de octubre de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta negó
las pretensiones de la demanda de reparación directa con fundamento en los
siguientes argumentos:
• Los demandantes no controvierten la legalidad de algún acto administrativo,
pues su pretensión se centra en el daño ocasionado por el sellamiento arbitrario
del establecimiento Bananas Night Club.
• Se acreditó el daño antijurídico porque estaba demostrado el cierre del
establecimiento por el lapso de 9 meses y 26 días.
• Sin embargo, no se aportaron pruebas que acreditaran la veracidad de los
perjuicios materiales y morales ocasionados con el daño, toda vez que «no obra
con los anexos de la demanda algún soporte documental de libros de contabilidad o de
balances del establecimiento de comercio afectado (…) tampoco se expone siquiera una
relación documental del personal contratado para trabajar.»
Esa decisión fue apelada por la parte demandante, con fundamento en que el juez de
primera instancia erró al valorar las pruebas, porque: (i) el daño moral se probó, con
el testimonio de Jorge Cantillo sobre el evidente deterioro físico y emocional del
demandante y la angustia generada por el cierre ilegal; y (ii) el daño material (lucro
cesante) se demostró con los estados de resultado certificados por contador, los
cuales gozan de fe pública. Respecto al daño emergente, sostuvo que el juez erró al
exigir facturas por el arriendo, pues el contrato de arrendamiento era la prueba
pertinente y, además, el régimen simplificado no lo obligaba a expedirlas.
El 21 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la decisión
de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda por indebida escogencia del medio de control.
A su juicio, los demandantes solicitaron el reconocimiento y pago de perjuicios morales
y materiales que se ocasionaron como consecuencia del «acto administrativo que ordenó
el cierre del establecimiento de comercio Bananas Night Club», por lo que «la causa del
presente proceso corresponde a la propia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho».
Agregó que el artículo 138 del CPACA, prevé que, en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, además de la declaratoria de nulidad del acto, es
posible solicitar que la administración repare el daño.
Explicó que la parte demandante debió cuestionar en nulidad y restablecimiento del
derecho la legalidad del «Oficio del veintiocho (28) de julio de dos mil diecisiete (2017),
identificado con el asunto: “DERECHO DE PETICIÓN”, signado por el Inspector de Policía
Norte», porque dispuso el «cierre definitivo» del establecimiento de comercio, pues las
visitas técnicas solamente ordenaron un «cierre temporal» (En ese oficio, el Inspector
de Policía, en respuesta a una petición, dijo que él no tenía competencia para
continuar el proceso).
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En otras palabras, consideró que esa decisión fue la que finalizó la actuación
administrativa, toda vez que dejó «al administrado sin la posibilidad de proseguir la misma,
circunstancia de la cual se infiere que dicho acto ostentaba la calidad de definitivo.».
El Tribunal sostuvo que los actos proferidos por autoridades de policía que ordenan el
cierre de establecimientos por incumplimiento de normas sobre el uso del suelo son
actos administrativos demandables, ya que se profieren en ejercicio de una función
administrativa de control y no de una función jurisdiccional.
Por lo tanto, al concluir que dicha orden no constituye un «juicio policivo», la decisión
puede ser controlada judicialmente ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante alegó que el tribunal incurrió en violación del derecho fundamental
al debido proceso por incurrir en los defectos sustantivo y fáctico, con fundamento
en los siguientes argumentos:
Consideró que la autoridad judicial accionada concluyó erróneamente que el medio
de control idóneo era la nulidad y restablecimiento del derecho, al identificar que la
causa del perjuicio fue el Oficio del 28 de julio de 2017, toda vez que el verdadero
origen del daño fue una actuación material o vía de hecho ocurrida el 4 de enero de
2017, esto es, el sellamiento físico del local por parte de la Secretaría de Planeación,
máxime si se tenía en cuenta que esa autoridad que carecía de competencia para
adelantar ese hecho.
Además, advirtió que, de conformidad con los hechos y las pruebas, no existió un acto
administrativo formal que ordenara el cierre del establecimiento de comercio.
Manifestó que el Oficio del 28 de julio de 2017, no era un acto administrativo, sino la
simple respuesta a un derecho de petición. Prueba de ello era que en dicho oficio el
Inspector de Policía se limitó a informar que no tenía algún proceso o fallo en su
despacho y que la responsabilidad era de la Secretaría de Planeación.
Afirmó que el daño consistente en el cierre del establecimiento de comercio por 9
meses y 26 días se produjo por una «actuación arbitraria» y una «omisión» de la
administración, y no por un acto administrativo ilegal. De modo que, el medio de
control idóneo era, en efecto, la reparación directa, conforme al artículo 140 del
CPACA.
Reiteró que el proceso administrativo que se llevó a cabo (por lo ordenado en una
sentencia de tutela) concluyó con la nulidad de la actuación de la Secretaría de
Planeación y el levantamiento de los sellos. Por lo tanto, no podría exigírsele
demandar la nulidad de un acto que no existió o que, en todo caso, fue declarado nulo
a su favor en sede administrativa.
3. Trámite previo de la acción de tutela
Mediante auto de 12 de septiembre de 2025, el despacho admitió la acción de tutela
y ordenó notificar a los accionantes y a la autoridad judicial accionada.
Adicionalmente, a la Alcaldía Distrital de Santa Marta – Secretaría de Planeación y
Secretaría de Gobierno, como terceros con interés.
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4. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó declarar la improcedencia del
amparo o, en su defecto, negar las pretensiones.
En primer lugar, sostuvo que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela
como una tercera instancia para reabrir un debate ya concluido, sin que se acrediten
los requisitos excepcionales para la procedencia contra providencias judiciales.
En segundo lugar, afirmó que la sentencia se profirió con base en la ley y la
jurisprudencia aplicable. Para ello, reiteró la existencia de una indebida escogencia
del medio de control.
Insistió en que el acto administrativo que causó el daño fue el Oficio del 28 de julio de
2017, expedido por el Inspector de Policía Norte, pues «dio por terminado el
procedimiento administrativo» y, por consiguiente, convirtió el cierre temporal en
definitivo.
5. Terceros con interés
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta pidió la desvinculación de
dicha entidad de la acción de tutela porque existe falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Sostuvo que la entidad presuntamente responsable de la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante es el Tribunal Administrativo del Magdalena, ya que fue
este quien profirió la providencia judicial objeto de la litis
Los demás terceros con interés guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de tutela, corresponde a la Sala
determinar si el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los
accionantes, al revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar
probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia
del medio de control.
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En síntesis, la parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió
en: (i) defecto sustantivo, por interpretar erróneamente las normas sobre el medio
de control, al calificar la causa del daño como un acto administrativo (el Oficio del 28
de julio de 2017) y no como una vía de hecho (el sellamiento material por autoridad
incompetente), desconociendo así el precedente sobre la materia; y (ii) defecto
fáctico, por una valoración probatoria equivocada del mencionado oficio, al concluir
que este dio por terminado el procedimiento administrativo, cuando se limitaba a
informar que el Inspector de Policía no tenía competencia y que el trámite
correspondía a la Secretaría de Planeación.
De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de ser así, si se configura alguno de los defectos específicos alegados
por el accionante.
Se anticipa que se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de los accionantes, por encontrar demostrado
que el Tribunal Segundo Administrativo del Magdalena incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico alegados. Por razones metodológicas, se estudiará de forma
conjunta los defectos alegados.
(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia
constitucional porque la parte actora invoca la protección del derecho fundamental al
debido proceso, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión
judicial cuestionada afecta dicho derecho, no se trata de un asunto de mera legalidad
o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la
decisión.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
toda vez que la decisión de primera instancia negó las pretensiones de la demanda y,
en segunda instancia, el tribunal accionado revocó la decisión inicial y, en su lugar,
declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda por indebida escogencia de
la acción.
Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, se vería comprometido el derecho fundamental
al debido proceso de la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada habría
realizado una interpretación errónea de las normas sobre la escogencia del medio de
control.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia fue proferida el 21 de mayo de 2025, notificada el 16 de junio de ese mismo
año, y el ejercicio de la acción de tutela tuvo lugar el 5 de septiembre de 2025.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
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(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela.
Por lo que, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.
De los defectos sustantivo1 y fáctico2 en el caso concreto
La parte accionante alegó que el Tribunal incurrió en defectos sustantivo y fáctico,
pues el fallo cuestionado se fundamentó en que el Oficio del 28 de julio de 2017 era
un acto administrativo definitivo que finalizó la actuación y, por tanto, constituyó el
origen del daño.
Sobre el particular, explicó que dicho documento era una mera respuesta a una
petición en el cual el Inspector de Policía alegó que no tenía competencia para
adelantar el trámite. Además, que la autoridad judicial demandada concluyó
erróneamente que el medio de control idóneo era el de nulidad y restablecimiento del
derecho, a pesar de que la causa del daño fue el sellamiento del establecimiento,
actuación cuyos daños debían ser solicitados mediante la reparación directa.
Para iniciar el análisis de fondo de estos defectos, se encuentra que los accionantes
presentaron demanda de reparación directa contra la Alcaldía del Distrito Turístico
Cultural e Histórico de Santa Marta, la Secretaría de Planeación Distrital y la
Secretaría de Gobierno. Como pretensiones solicitaron las siguientes:
«PRIMERO: Declarar Administrativa y Extracontractualmente responsable a la Alcaldía del
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta Secretaria de Planeación Distrital y
Secretaria de Gobierno, por los perjuicios morales y materiales causados a los
demandantes al ser víctima el señor JULIO CESAR RONDON LEON de un proceso
Administrativo irregular, donde la doctora MARTHA GONGORA BUENDIA, funcionaria
adscrita a la Secretaria de Planeación Distrital, con fecha 4 de Enero de 2017, procedió a
sellar el establecimiento comercial BANANAS NIGHT CLUB de propiedad de mis
poderdantes, permaneciendo este sellado hasta el 30 de Octubre de 2017, por un lapso
de tiempo de 9 meses y 26 días.»
Frente al daño antijurídico y el nexo causal, explicaron lo siguiente:
«Entre la acción de los Secretarios de Planeación y Gobierno Distrital, encabeza de los
señores FRANCISCO GARCIA RENTERIA Y GUILLERMO RUBIO, para la fecha de los
hechos, y el daño sufrido por mis poderdantes, existe nexo causal por lo siguiente:
a.- Los señores FRANCISCO GARCIA Y GUILLERMO RUBIO, para la fecha de los hechos
se desempeñaban como Secretarios de Planeación y Gobierno de la Alcaldía del Distrito
1
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable
al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
2
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre
cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora
u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
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Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, como se demuestra en los oficios firmados
por estos y anexados en la demanda.
b.- la doctora MARTHA GONGORA BUENDIA, era funcionaria adscrita a la Secretaría de
Planeación Distrital, con fecha 4 de enero de 2017, y fue la que procedió a sellar el
establecimiento comercial BANANAS NIGHT CLUB de propiedad de mis poderdantes, sin
tener facultades para ello.
c.- El inspector de Policía Norte CESAR ROVIRA, estaba adscrito para la fecha de los
hechos a la Secretaría de Gobierno Distrital de Santa Marta y fue quien en su momento
se negó a llevar el proceso Administrativo y quien posteriormente por fallo de tutela realizo
la audiencia pública donde le fueron levantados los sellos al establecimiento comercial.»
De igual forma, como fundamento de la demanda alegaron que existió una falla en el
servicio porque la Secretaría de Planeación selló el establecimiento comercial sin
tener competencia para ello, según lo previsto en el artículo 223 de la Ley 1801 de
2016. Además, que el Inspector de Policía adelantó la audiencia pública después de
8 meses y 13 días después de recibir el expediente, por lo que desconoció los
principios de oportunidad, celeridad, eficacia y transparencia.
Asimismo, reiteraron que el daño antijurídico consistió en: «tener sellado su negocio por
casi 10 meses y tener que contratar un abogado de confianza para que defendiera los
derechos vulnerados por la Administración Distrital».
Aunado a lo anterior, en la audiencia de pruebas se tuvieron como pruebas las
documentales las aportadas por la parte actora, mismas que fueron relacionadas por
la autoridad judicial demandada, estas son, las siguientes:
• El 4 de enero de 2017, funcionarios de la Secretaría de Planeación suscribieron Acta de
Inspección Técnica Ocular en el desarrollo de un operativo de vigilancia y control. Consta
que en esa ocasión sellaron el establecimiento Bananas Night Club, porque desconocía
el uso establecido en el POT de 2005. Además, le señalaron a quien atendió la
inspección que «el 6 de enero de 2017 en la Secretaría de Planeación Distrital a realizar sus
descargos».
• El 6 de enero de 2017, el señor Jhon Alexander Badillo Valencia presentó escrito de
«descargos del cierre del establecimiento BANANAS NIGHT CLUB» ante la Oficina de
Planeación Distrital. En el documento, reconoció que los motivos del cierre fueron que
«la nomenclatura la cual no concordaba» y que «la actividad (...) no concordaba con la
del uso del suelo». Con el fin de subsanar, manifestó que anexaba «el nuevo uso de
suelo con su respectiva corrección» y solicitó el «levantamiento de la medida».
• El 19 de enero de 2017, la misma Secretaría de Planeación realizó una segunda visita.
En esta, dejó constancia de que el establecimiento, pese a estar sellado operaba sin que
existiera orden de levantamiento de sellos. De igual forma, consignó el hallazgo de una
tercera actividad en el segundo piso, identificada como «casas de lenocinio», que está
«prohibida por el plan de ordenamiento». En consecuencia, concluyó que el
«establecimiento objeto del operativo queda sellado».
• El 13 de enero de 2017, la Secretaría de Planeación Distrital recibió un segundo escrito,
esta vez firmado por Carlos Hugo Campo Rueda, en el que solicitó el «retiro inmediato del
sello al establecimiento». Argumentó que el sellamiento del 4 de enero se debió a un error,
ya que a los funcionarios se les entregó un «concepto de usos de suelos del año 2005», pero
que el permiso correcto, de fecha 4 de septiembre de 2013, sí permitía la actividad.
Sostuvo que, al «desaparecer» la causa de la medida, «no hay motivo para el sellamiento» y
pidió la finalización al proceso y su archivo.
• El 5 de junio de 2017, el abogado de los accionantes presentó dos peticiones. El primero,
dirigido al secretario de Planeación Distrital, en el que solicitó los «fallos Administrativos
donde se ordenó el cierre definitivo », la «copia auténtica del proceso administrativo», y que se
le informara en qué estado se encontraba dicho proceso. El segundo, dirigido al
secretario de Gobierno, en el cual consultó si esa entidad «lleva proceso Administrativo
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sancionatorio» contra el establecimiento de comercio, tras el cierre ejecutado por la
Secretaría de Planeación.
• El 13 de junio de 2017, el secretario de Gobierno Distrital respondió la solicitud en el
sentido de informar que la Secretaría de Planeación le había trasladado el expediente
de Bananas Night Club el 17 de febrero de 2017. Explicó que, en aplicación de la Ley
1801 de 2016, en esa misma fecha remitió los conceptos «a la inspección de policía Central
Norte con el fin de que se diera inicio al proceso verbal único de policía ». Además, precisó que
esa dependencia «no ordenó sellamiento alguno».
• En esa misma fecha, el apoderado de los accionantes radicó nueva solicitud ante el
secretario de Gobierno. En ella, controvirtió la remisión del caso al Inspector de Policía,
porque los hechos ocurrieron el 4 y 19 de enero de 2025, a su juicio, en vigencia de la
Ley 232 de 1995. De modo que, la Secretaría de Gobierno sí era competente y debió
finalizar el trámite. En consecuencia, solicitó el «levantamiento inmediato de los sellos»,
pues habían transcurrido más de 5 meses sin proceso y «no existe resolución o fallo
administrativo que ordene el cierre».
• El 13 de junio de 2017, el apoderado de los accionantes radicó una « solicitud proceso
verbal abreviado» ante el Inspector de Policía Norte. En el escrito, y citando un oficio de
la Secretaría de Gobierno, solicitó que se le indicara «fecha y hora para la realización de la
audiencia» del artículo 223 de la Ley 1801. El abogado fundamentó su petición en que la
Secretaría de Gobierno le había informado que el caso fue remitido por competencia a
ese despacho el 17 de febrero de 2017. Advirtió que ya habían transcurrido 5 meses
desde el cierre «sin que hasta la fecha se haya dado inicio al proceso».
• El 13 de julio de 2017, el secretario de Planeación Distrital contestó la petición del
apoderado y admitió que sus funcionarios lideraron los operativos y que la actividad de
«casa de lenocinio (...) no está permitida». No obstante, justificó que la función de Planeación
es «adelantar el control urbano en coordinación con la secretaria de Gobierno, para la aplicación
de las sanciones». Por esta razón, afirmó que el 17 de febrero de 2017 « se decidió remitir
los hechos a la secretaria de Gobierno, [...] para lo de su competencia ». Asimismo, calificó los
sellos impuestos como «temporales y preventivos».
• El 28 de julio de 2017, el Inspector Central de Policía Norte emitió el oficio en respuesta
al derecho de petición en el que informó que «no se ha recibido, ni reposa en los archivos
Fallo Administrativo» que ordenara el cierre, ni tampoco «proceso administrativo adelantado
por la Secretaria de Planeación Distrital».
Explicó la cronología de los hechos y ratificó que el operativo de cierre fue el 4 de enero
de 2017, adelantado por la Secretaría de Planeación, y que fue esa dependencia la que
«dio inicio a una actuación administrativa» al citar al infractor el 6 de enero. Aclaró que, si
bien el caso le fue remitido a su despacho el 17 de febrero de 2017, no podía actuar al
carecer de competencia.
Sobre ese último punto, manifestó que no podía aplicar la Ley 1801 de 2016, porque
ocurrieron en vigencia del estatuto anterior, de conformidad con el régimen de transición
previsto en el artículo 239. Por ello, concluyó que era la Secretaría de Planeación la que
«no ha debido esperar que entrara en vigencia una nueva ley» y que «su deber legal es continuar,
llevando a cabo hasta su finalización, el proceso administrativo de cierre definitivo» .
• El 15 de agosto de 2017, el apoderado judicial del señor Julio Cesar Rondón León
interpuso acción de tutela contra los secretarios de Gobierno y Planeación Distrital y la
Inspección de Policía.
Alegó que, tras el sellamiento de 4 de enero de 2017, ninguna autoridad había dado
inicio a un trámite administrativo. Detalló cómo, durante más de siete meses, las
Secretarías de Gobierno y Planeación, así como la Inspección de Policía, evadieron su
competencia, remitiéndose el caso mutuamente sin ofrecer una solución. Argumentó que
el competente era el secretario de Gobierno bajo la Ley 232 de 1995, y que la Secretaría
de Planeación se había extralimitado al sellar el negocio. Solicitó, entre otras, que se
ordenara a la autoridad competente «dar inicio al proceso Administrativo Sancionatorio».
• El 29 de agosto de 2017, el Juzgado Séptimo Civil Municipal profirió fallo de primera
instancia y negó las pretensiones de amparo, porque la tutela era improcedente por
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incumplir con el requisito de subsidiariedad, pues el accionante contaba con otros
mecanismos ante la jurisdicción contenciosa, como la acción de reparación directa, y
que podía solicitar medidas cautelares ante esta jurisdicción para lograr el levantamiento
de los sellos.
• El apoderado de los accionantes impugnó el fallo de primera instancia, con fundamento
en que el juez confundió el objeto de la acción, toda vez que no solicitó una
indemnización (propia de la reparación directa), sino la protección al debido proceso, el
cual había sido vulnerado por la omisión de las entidades de iniciar la actuación
administrativa.
• El 29 de septiembre de 2017, el Juzgado Tercero Civil del Circuito resolvió la
impugnación, revocó la decisión de primera instancia y amparó el derecho al debido
proceso de los accionantes.
Encontró que a la parte accionante se le vulneró el derecho al debido proceso, porque,
tras más de 7 meses desde el sellamiento, la administración distrital, en medio de una
evidente confusión de competencias, «sin justificación legal alguna (…) no le han dado inicio
al trámite administrativo correspondiente », por lo que se dilató el proceso y las entidades se
limitaron a «afirmar que no son competentes».
Explicó que, al no existir un acto administrativo definitivo, el accionante no podía acudir
a la jurisdicción contenciosa, de modo que la tutela era el medio idóneo.
Para resolver la parálisis administrativa, el juez ordenó al Inspector de Policía Norte
iniciar la actuación, con fundamento en que, al no existir un acto administrativo en firme
antes de la vigencia de la Ley 1801 de 2016, esa era la norma aplicable. Además, que,
bajo dicha ley, el Inspector de Policía es el competente para adelantar el proceso por
infracciones urbanísticas.
• El 30 de octubre de 2017, en cumplimiento de la orden proferida en la referida sentencia
de tutela, el Inspector Central de Policía celebró audiencia bajo el procedimiento verbal
abreviado de la Ley 1801 de 2016.
En la diligencia, el apoderado de los accionantes solicitó la nulidad de toda la actuación
de la Secretaría de Planeación y el levantamiento de los sellos. Como sustento de su
petición, el abogado argumentó una violación al debido proceso por falta de
competencia, ya que la Secretaría de Planeación selló el establecimiento sin tener
facultades para ello, pues el Estatuto de Policía de Santa Marta y la propia Ley 1801 de
2016 establecían que esa Secretaría solo debe rendir informes o conocer de
apelaciones, pero no imponer medidas.
Además, el apoderado alegó la existencia de cosa juzgada, con fundamento en que en
el 2010 la Secretaría de Gobierno había iniciado un proceso por los mismos hechos (uso
del suelo), el cual finalizó en 2013 con la Resolución 256, que confirmó que el
establecimiento sí cumplía con las normas de uso del suelo para el Centro Histórico.
El Inspector de Policía, tras analizar los argumentos y las pruebas, resolvió lo siguiente:
(i) Acogió la tesis del apoderado y declaró la nulidad de todo lo actuado por la
Secretaría de Planeación, por encontrar una clara violación al debido
proceso, ya que esa entidad «no era competente» y había usurpado las
funciones del Inspector de Policía.
(ii) Reconoció la existencia de la cosa juzgada y manifestó que «mal podría este
despacho volverse a pronunciar sobre un hecho que se encuentra juzgado y
ejecutoriado», refiriéndose a la Resolución 256 de 2013.
En consecuencia, resolvió en la misma audiencia: (i) declarar la nulidad de lo actuado;
(ii) Conminar al establecimiento a funcionar solo con las actividades autorizadas
(expendio de licor y espectáculos en vivo); y (iii) ordenar el levantamiento de los sellos.
Ahora bien, en la sentencia cuestionada, el Tribunal centró su argumentación en que
el Oficio del 28 de julio de 2017 era el acto administrativo definitivo que ponía fin a la
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actuación. En ese mismo sentido, indicó que, al ser este oficio la causa del daño, la
demanda debió presentarse como nulidad y restablecimiento del derecho. Por ello,
consideró que se configuraba la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
escogencia de la acción.
Se trae en cita lo pertinente:
«(…) a juicio de esta Corporación dicho acto administrativo, vale decir, el contenido en el
Oficio del veintiocho (28) de julio de dos mil diecisiete (2017), identificado con el asunto:
“DERECHO DE PETICIÓN”, signado por el Inspector de Policía Norte, era susceptible de
ser demandado ante esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por cuanto dispuso el cierre definitivo del plurimentado
establecimiento de comercio. En efecto, recuérdese que si bien en la data cuatro (04) de
enero de dos mil diecisiete (2017), la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE
SANTA MARTA había ordenado el cierre temporal del mismo, por incumplimiento de las
normas relativas al uso del suelo; no puede soslayarse que, posteriormente, dicha
actuación administrativa fue remitida por competencia a la Secretaría de Gobierno Distrital
de Santa Marta, a través de oficio adiado diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete
(2017), suscrito por el Secretario de Planeación Distrital de Santa Marta, identificado con
el asunto: “Traslado por competencia de los expedientes 182 BANANAS NIGHT CLUB y
185 RENOVAR”.
(…)
Así pues, se colige que, en tanto dicho acto administrativo dispuso abstenerse de proseguir
con la actuación adelantada en contra del establecimiento de comercio denominado
“Bananas Night Club”, implicó el cierre definitivo de dicho establecimiento, acto
administrativo que, se itera, era pasible del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
(…)
Así pues, la fuente del daño alegado por los actores no es otra que un acto administrativo
que ellos consideran ilegal por haber sido adoptado con violación del debido proceso. (…)
(…)
Así pues, deviene clara la inferencia que al interior del caso concreto hubo una indebida
escogencia de la acción habida consideración que la acción escogida por los
demandantes, que fue la de reparación directa, no era procedente para demandar la
reparación de los perjuicios ocasionados con la expedición de un acto administrativo que
se encuentra amparado por la presunción de legalidad, pues para este propósito el
legislador consagró una acción distinta, que es la de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual debió ejercitarse dentro del término de cuatro meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación.
A lo anterior, debe añadirse, en todo caso, que dicha actuación es pasible, se itera, del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que, dicho acto no
constituye una acción de naturaleza jurisdiccional, sino, contrario sensu, administrativo.»
En este contexto, la Sala encuentra relevante precisar que la jurisprudencia
consolidada del Consejo de Estado ha señalado que «(…) la fuente del daño determina
la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y ésta, a
su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la
demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional».3
En ese sentido, quien pretenda el resarcimiento de daños causados por la
administración, o el restablecimiento de derechos vulnerados por ésta, no puede
escoger a su libre arbitrio o discrecionalidad el medio de control que ha de poner en
ejercicio, puesto que son normas de orden público y de imperativo cumplimiento las
que establecen el criterio que rige el asunto.
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011, exp. 26758. Asimismo, ver, entre otras, las sentencias
de 7 de junio de 2007, exp. 16474; del 19 de julio de 2007, exp. 30905; y del 31 de agosto de 2005, exp. 29511.
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Como regla general, se ha indicado que, si la causa del daño reside en la ilegalidad
de una decisión de la administración (un acto administrativo) que crea, modifica o
extingue una relación jurídica particular y concreta, el medio de control procedente es
el de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero, también que, si la fuente del
daño radica en un hecho, una omisión, una operación administrativa o en la ocupación
de un inmueble, entonces la vía judicial pertinente es el medio de control de
reparación directa4.
En el presente asunto, se observa que los accionantes presentaron demanda de
reparación directa contra la Alcaldía Distrital y sus Secretarías. En la pretensión
primera de dicha demanda, solicitaron declarar a las entidades «administrativa y
extracontractualmente responsable» por los perjuicios causados a raíz de un « proceso
Administrativo irregular» que culminó con el sellamiento del establecimiento comercial
por 9 meses y 26 días.
Como fundamento de su reclamación, los demandantes no cuestionaron la legalidad
de un acto administrativo definitivo. Por el contrario, alegaron la existencia de una falla
en el servicio que se configuró, primero, como una vía de hecho, pues la Secretaría
de Planeación «procedió a sellar el establecimiento comercial (…) sin tener facultades para
ello»; y segundo, como una omisión, derivada de la negligencia de las entidades que,
tras el sellamiento, evadieron su competencia y dilataron injustificadamente el inicio
de un procedimiento formal.
Aunado a lo anterior, las pruebas documentales aportadas en ese proceso
contencioso son consistentes con dicha reclamación. Las actas de inspección ocular
prueban la actuación material del sellamiento por parte de la Secretaría de Planeación.
Asimismo, las peticiones y sus respuestas demuestran la omisión y la confusión de
competencias, pues mientras la Secretaría de Gobierno afirmaba que «no ordeno
sellamiento alguno» y que la competencia era del Inspector, el Inspector de Policía
certificaba que no existía «fallo administrativo» y que el deber de continuar el trámite
era de Planeación.
Finalmente, la propia Audiencia Pública del 30 de octubre de 2017, celebrada en
cumplimiento del fallo de tutela, corrobora lo dicho: el Inspector de Policía declaró la
nulidad de todo lo actuado por la Secretaría de Planeación, precisamente por
encontrar una violación al debido proceso y determinar que dicha entidad no era
competente.
En consecuencia, la fuente del daño alegada en el proceso ordinario fue, una vía de
hecho y la omisión administrativa de iniciar el proceso correspondiente.
Ahora bien, se encuentra que el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia
cuestionada calificó como fuente del daño y acto administrativo definitivo el Oficio del
28 de julio de 2017 emitido por el Inspector de Policía Norte.
Sobre el particular la Sala encuentra que dicho documento solo es una respuesta a
una petición (de información), que no decidió de fondo el cierre del establecimiento,
no impuso una medida, ni creó o extinguió una situación jurídica. Por el contrario,
dicho documento expresamente informó al apoderado de los accionantes que en sus
archivos «no se ha recibido, ni reposa [...] Fallo Administrativo» ni «proceso administrativo»
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, fallo del 4 de junio de 2019, exp. 43758; y Subsección A, sentencia del 16
de julio de 2021, exp. 50146.
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alguno y que esa inspección carecía de competencia para continuar con la actuación
iniciada por la Secretaría de Planeación.
Luego, al desconocer y modificar la naturaleza del referido oficio, la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo y fáctico, lo que condujo a desconocer la
regla sobre la escogencia del medio de control, según la cual, la fuente del daño
determina la acción procedente, máxime si se tiene en cuenta que la demanda inicial
y las pruebas aportadas por los demandantes identificaban de forma clara la fuente
del daño frente a la cual fundamentaron las pretensiones de la demanda.
Se reitera, en el presente asunto, de conformidad con lo alegado en el escrito de
demanda, se identificó como fuente del daño: (i) el sellamiento ejecutado por la
Secretaría de Planeación los días 4 y 19 de enero de 2017 (autoridad que se afirmó
actuó sin competencia); y (ii) la omisión de las entidades administrativas de iniciar el
proceso correspondiente.
Por lo expuesto, esta Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes. En consecuencia, dejará sin efecto la sentencia proferida el 21 de mayo
de 2025, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de
reparación directa radicado 2019-00138-02 y se ordenará a dicha autoridad judicial
que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de este fallo,
profiera una sentencia de reemplazo en la cual debe tener en cuenta lo expuesto
anteriormente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho al debido proceso de la parte accionante. En consecuencia:
2. Dejar sin efecto la sentencia de 21 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que, dentro de los veinte (20)
días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera sentencia de
reemplazo de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este fallo.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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