Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00992-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00992-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00992-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
23 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00992-00
Demandante: Durman Colombia SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 23 de abril de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00992-00
Demandantes: DURMAN COLOMBIA SAS (ANTES TUBOTEC SAS)
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Tema: Contra providencia que decidió ineptitud sustantiva de la demanda en
reparación directa. Determinación de fuente de daño por omisión de
operador de servicios públicos. Existencia de contrato e incidencia
para establecer medio de control procedente. Defectos sustantivo,
fáctico y desconocimiento de precedente. Deniega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Durman Colombia SAS (antes Tubotec
SAS) contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 11 de febrero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado, la
sociedad demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio del tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia del 16 de julio de 2025 y el auto de 17 de octubre de 2025, dictados por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con los que decidió en segunda
instancia declarar la ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción y
denegar la aclaración de dicha providencia, respectivamente, en el proceso de reparación
directa 11001-33-31-000-2011-00232-02.
2. Pretensiones
El accionante formuló las siguientes pretensiones:
i) amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia;
ii) dejar sin efectos la sentencia de 18 de julio de 2025 y el auto de 17 de octubre de 2025; y iii)
ordenar a la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado que proferir (sic) sentencia de
reemplazo con estudio de fondo del medio de control de reparación directa, en consonancia con las
reglas de título de imputación por falla del servicio, determinación de la acción por la fuente del daño
y responsabilidad del operador de red cuando el perjuicio surge de fallas operativas verificadas por
la autoridad regulatoria y de control.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 12 de diciembre de 2008, la Sociedad Tubotec SAS aceptó una oferta mercantil de
suministro de energía para usuarios no regulados presentada por la Empresa de Energía
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Demandante: Durman Colombia SAS
de Cundinamarca SA ESP (EEC) en condición de agente comercializador del mercado
mayorista de energía (MEM). Durante la prestación del servicio se presentaron
inconvenientes y fallas en el suministro eléctrico, los cuales fueron reportados al operador
de red.
En vista de que la planta de producción está localizada en el municipio de Madrid
(Cundinamarca), el operador de la red local siempre fue Codensa SA ESP, quien es el
responsable de la administración, operación, mantenimiento, continuidad y calidad del
servicio en los términos exigidos en las Resoluciones no. 070 de 1998 y 079 de 2009 de la
CREG.
En el suministro de energía en la planta de producción de Tubotec SAS ocurrieron 60
episodios registrados entre el 8 de febrero de 2009 y el 30 de abril de 2012; en
consecuencia, parte del material utilizado en el proceso de fabricación resultó dañado,
pérdidas que ascendieron a $270.941.933. Adicionalmente, se experimentó un incremento
en los gastos de mantenimiento de la maquinaria que obligó a contratar personal externo
especializado para realizar cambios no previstos en las piezas averiadas como
consecuencia de las interrupciones del suministro de energía eléctrica, en un monto de
$61.220.166, entre otros gastos.
La demandante elevó múltiples peticiones ante Codensa SA ESP y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios donde se expusieron las dificultades mencionadas y se
reclamaron los perjuicios sufridos; no obstante, la empresa de energía eléctrica no emitió
respuesta favorable
Proceso de reparación directa
El 24 de octubre de 2012, la sociedad tutelante promovió demanda de reparación directa
contra CODENSA S.A. E.S.P., (a la que se le asignó el número de radicación 11001–33–
31-032–2011–00232–01), con el propósito de que se declarara responsable a la entidad
de los perjuicios ocasionados por la falla del servicio derivada de la deficiente prestación
del servicio de suministro de energía eléctrica.
En la demanda se indicó que TUBOTEC S.A.S aceptó la oferta mercantil de suministro
de energía eléctrica para usuarios no regulados presentada por la Empresa de Energía
de Cundinamarca S.A. E.S.P. – EEC, como agente comercializador del Mercado
Mayorista de Energía – MEM, oferta en la que se garantizó el cumplimiento de los
estándares establecidos en los códigos de red y de distribución emitidos por la Comisión
de Regulación de Energía, sin embargo, desde el comienzo de la prestación del servicio,
el operador local tuvo inconvenientes en el suministro Adecuado de energía, lo que lo
hace responsable de las fallas presentadas en la sociedad y debe reconocer y pagar los
perjuicios que se generaron.
El asunto contencioso-administrativo fue asignado por reparto al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con el radicado 110013331032 2011
0023200, que mediante sentencia del 9 de febrero de 2021 declaró responsable a
CODENSA S.A., por considerar que, como consecuencia de las fluctuaciones en el fluido
eléctrico, que excedieron lo permitido por la normatividad, TUBOTEC S.A.S., tuvo otros
daños adicionales correspondientes a la generación de SCRAP que comportó una
pérdida de materia prima y mantenimiento de los equipos, carga que no estaba en la
obligación de soportar.
Indicó que CODENSA S.A. E.S.P. era el operador de red del circuito donde se encuentra
ubicada TUBOTEC SAS y, en tal sentido, debía responder por los daños causados a la
demandante como consecuencia de las fluctuaciones en el servicio eléctrico que
superaron los estándares normativos antes indicados.
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Demandante: Durman Colombia SAS
Sostuvo que, por estar demostrada la concausalidad del daño alegado, era del caso
disminuir la condena impuesta a CODENSA S.A. E.S.P. en un 50%. Esto por cuanto
TUBOTEC SAS tuvo la capacidad de prever el daño desde el año 2009 y solo tomó
medidas para mitigarlo en 2012.
La anterior decisión fue apelada por las partes, pues el demandante se opuso a la
disminución de la condena, mientras que la entidad demandada argumentó que no
acreditó en debida forma el daño alegado.
El 26 de marzo de 2025, en el trámite de segunda instancia, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, dictó auto de mejor proveer y dispuso requerir a las
partes para que presentaran informe sobre los siguientes aspectos:
a) Al representante legal de Enel Codensa SA ESP o a quien haga sus veces, para que se pronuncie
sobre los siguientes puntos: (i) explicar el fundamento, la causa y las razones por las cuales dicha
empresa de servicios públicos prestó el servicio de suministro de energía eléctrica a las instalaciones
Tubotec SAS con sede en la población de Madrid (Cundinamarca) durante los años 2009, 2010, 2011 y
2012, (ii) precisar la naturaleza jurídica de la relación existente, si la hubo, entre la Empresa de Energía
de Cundinamarca (ECC) y la entonces denominada Codensa SA ESP durante los años 2009, 2010,
2011 y 2012, específicamente frente al suministro de energía eléctrica prestado a Tubotec SAS como
usuario no regulado y, (iii) remitir los soportes probatorios pertinentes, tales como copias auténticas de
documentos, contratos o convenios celebrados, según corresponda.
b) Al representante legal de Durman Colombia SAS o quien haga sus veces, para que presente informe
sobre los siguientes aspectos: (i) indicar el término de vigencia de la ejecución del contrato de venta de
energía eléctrica celebrado entre Tubotec SAS y la Empresa de Energía de Cundinamarca (ECC)
(agente comercializador del mercado mayorista de energía) con ocasión de la oferta mercantil
presentada por este último el 12 de diciembre de 2008, (ii) especificar si el término inicialmente pactado
en dicho contrato fue prorrogado y, de ser así, hasta qué fecha, (iii) informar si durante los años 2009,
2010, 2011 y 2012 el agente comercializador de mercado mayorista de que le vendió la energía eléctrica
a Tubotec SAS siempre fue la Empresa de Energía de Cundinamarca (ECC) o si en alguno de esos
años celebró contrato para dicho propósito con un comercializador diferente y, (iv) remitir los soportes
probatorios correspondientes, tales como copias auténticas de documentos, contratos o convenios
celebrados, según el caso.
Al respecto, el representante legal de TUBOTEC S.A., hoy DURMAN COLOMBIA S.A.S.,
rindió informe en el que señaló:
i) La Empresa de Energía de Cundinamarca - ECC fue el prestador del servicio de suministro de energía
eléctrica en las instalaciones de DURMAN ubicadas en Madrid, Cundinamarca, como agente
comercializador del mercado de energía mayorista, desde el primero (1.º) de enero de 2009 hasta el
treinta y uno (31) de agosto de 2016, con un término de vigencia del contrato de 7 años y 8 meses.
ii) El término de duración del contrato inicialmente pactado por dos (2) años fue prorrogado por periodos
sucesivos hasta su terminación anticipada el treinta y uno (31) de agosto de 2016. La terminación
anticipada del contrato se dio con ocasión de la fusión por absorción de la Empresa de Energía de
Cundinamarca – ECC por parte de CODENSA.
iii) Durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012, el único prestador del servicio de energía eléctrica en las
instalaciones de DURMAN ubicadas en Madrid, Cundinamarca fue la Empresa de Energía de
Cundinamarca- ECC.
iv) La oferta mercantil presentada por la Empresa de Energía de Cundinamarca- ECC a DURMAN el
quince (15) de diciembre de 2008, aceptada en su momento y que se fue prorrogando en el tiempo,
reposa en el expediente; no obstante, se adjunta al presente escrito como soporte documental.
Por su parte, el Representante Legal para Asuntos Judiciales de CODENSA S. A. ESP.
(hoy Enel Colombia SA ESP) hizo lo propio en los siguientes términos:
(i)Explicar el fundamento, la causa y las razones por las cuales dicha empresa de servicios públicos
prestó el servicio de suministro de energía eléctrica a las instalaciones Tubotec SAS con sede en la
población de Madrid (Cundinamarca) durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012:
Respuesta: El servicio de energía eléctrica no fue suministrado por CODENSA (hoy ENEL COLOMBIA)
en las instalaciones de Tubotec. Dicho servicio de energía era prestado por el comercializador de
energía que dicha empresa optó por contratar, habida cuenta de que por sus condiciones de consumo
se le habilitaba a adquirir la energía en el mercado mayorista de energía. Por tanto, y según lo allegado
al proceso judicial, el comercializador con el que Tubotec había contratado la prestación del servicio de
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energía eléctrica para la época que se indaga era la Empresa de Energía Eléctrica de Cundinamarca –
EEC. Era esta empresa la que ostentaba el rol de mandataria o representante de la sociedad Tubotec
ante el mercado de energía mayorista, tal como lo esgrime la Resolución CREG 131 de 1998, artículo
4.
En atención a la representación que la ECC tenía frente a su usuario final, esta estaba legitimada para
fungir como mandataria de su cliente ante el operador de red, y exigir las condiciones de calidad de red
especiales que el cliente pudiera llegar a requerir o necesitar.
(ii) Precisar la naturaleza jurídica de la relación existente, si la hubo, entre la Empresa de Energía de
Cundinamarca (ECC) y la entonces denominada Codensa SA ESP durante los años 2009, 2010, 2011
y 2012, específicamente frente al suministro de energía eléctrica prestado a Tubotec SAS como usuario
no regulado
Como ya se indicó en respuesta anterior, la relación para la época que se indaga estribó en que la EEC
era comercializador del cliente TUBOTEC, y CODENSA SA ESP era el operador de red incumbente en
la zona donde la planta de dicho cliente se encontraba.
En el mercado eléctrico colombiano, la relación entre un comercializador de energía eléctrica y un
operador de red (OR) está definida por un conjunto de responsabilidades contractuales, técnicas y
normativas. Esta relación está regulada principalmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG) y se basa en el principio de interoperabilidad entre agentes para garantizar la prestación
continua y eficiente del servicio eléctrico.
Relación básica entre comercializador y operador de red
1.Contrato de uso del sistema de distribución (CUSD):
o Es el contrato que regula las condiciones bajo las cuales un comercializador puede usar las redes del
operador para entregar energía a los usuarios finales.
o El OR permite al comercializador acceder a su infraestructura para transportar la energía hasta los
usuarios.
2.Coordinación técnica y operativa:
o El operador de red es responsable de la operación técnica del sistema eléctrico en su área de
incumbencia.
o El comercializador debe coordinar con el OR aspectos como: conexión de nuevos usuarios,
suspensiones, cortes, reconexiones, lecturas de medición, etc.
3. Intercambio de información:
o Ambos agentes deben intercambiar información periódica y precisa sobre consumos, mediciones,
eventos en la red, pérdidas de energía, etc.
4. Facturación de cargos regulados:
o El operador de red factura al comercializador los cargos por uso del sistema (peajes), que luego el
comercializador traslada al usuario final como parte de la tarifa.
Al respecto se destacan las siguientes normas:
Resolución CREG 108 de 1997: Establece que cuando hay separación entre las actividades de
comercialización y distribución, debe existir un contrato entre el comercializador y el OR que respalde
la prestación del servicio al usuario.
a. Artículo 5: Establece que cuando la comercialización de electricidad sea realizada por una empresa
diferente a la que desarrolla la actividad de distribución, el contrato de servicios públicos será ofrecido
por la empresa comercializadora. Las obligaciones que adquiera esta empresa con sus usuarios, en lo
relacionado con la actividad de distribución, deberán estar respaldadas mediante contrato con la
respectiva empresa distribuidora.
Resolución CREG 131 de 1998: Establece que el usuario no regulado debe estar representado por un
comercializador, quien se relaciona directamente con el operador de red en nombre del usuario.
a.Artículo 4: Dispone que todo usuario no regulado debe estar representado por un comercializador ante
el mercado mayorista.
b.Anexo No. 1, Numeral 4: Indica que el comercializador que registre una frontera comercial de un
usuario no regulado es responsable ante el mercado por sus consumos hasta que otro comercializador
registre la nueva frontera
Resolución CREG 156 de 2011
Artículo 24: Detalla las obligaciones generales del operador de red con el comercializador, incluyendo:
a.Garantizar el libre acceso a sus redes conforme a lo señalado en las Leyes 142 y 143 de 1994.
b.Informar al comercializador sobre posibles irregularidades en el sistema de medida o instalaciones.
c.Notificar al comercializador sobre eventos programados que afecten el servicio.
Por medio de sentencia del 18 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por indebida escogencia de la acción.
Explicó que en el proceso se demostró que el servicio de energía eléctrica se adquirió a
través de una oferta mercantil presentada por la Empresa de Energía de Cundinamarca
(EEC) la cual fue aceptada por el gerente de TUBOTEC SA.
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Como consecuencia de lo anterior, consideró que la empresa demandante ostentaba la
condición especial de usuario no regulado por razón de su calidad de consumidor
industrial y en tal medida, la prestación del servicio de energía eléctrica para su caso
particular, no se regía por un contrato de condiciones uniformes, como sucede con los
usuarios regulados, sino por un contrato diferente y especial, celebrado en condiciones
comerciales particulares.
Asimismo, el ad quem concluyó que cualquier incumplimiento relacionado con la calidad
del servicio, debía exigirse en el marco de la relación contractual existente entre
TUBOTEC SAS y la Empresa de Energía de Cundinamarca (ECC), de manera que no
era posible endilgarle responsabilidad a CODENSA SA, quien no hizo parte del contrato
de suministro de energía, lo que de paso impedía reclamarle los perjuicios causados
directamente y por vía extracontractual.
La Empresa demandante solicitó la aclaración de la sentencia, por considerar que la
decisión desconoció el régimen de responsabilidad del Estado por falla del servicio, al
privilegiar la relación contractual entre el usuario (Tubotec SAS) y el comercializador
(Empresa de Energía de Cundinamarca – ECC), pese a que la actividad de
comercialización es complementaria de dicho servicio público domiciliario.
Mediante auto de 17 de octubre de 20251, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B denegó la solicitud de aclaración, en atención a que de la lectura de las
partes considerativa y resolutiva del fallo no se advertía motivo de confusión o duda; pues
la sentencia fue clara en señalar que el daño alegado en la demanda —consistente en la
pérdida de materia prima y demás perjuicios reclamados— tuvo origen en la interrupción
del servicio de energía eléctrica a un usuario no regulado, derivada de la ejecución de las
prestaciones propias del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre la
demandante y la Empresa de Energía de Cundinamarca (ECC), razón por la cual el daño
no se originó en un hecho administrativo, sino en el marco de una relación contractual,
circunstancia puntual y concreta que excluye la procedencia del medio de control de
reparación directa.
4. Fundamentos de la tutela
El tutelante no expuso las razones por las que considera que la acción de tutela cumple
los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.
Aduce que la sentencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo por aplicación de
una norma o régimen jurídico manifiestamente inaplicable, al tratar como contractual un
daño que proviene de hechos, omisiones y operaciones administrativas del operador de
red, típicos del régimen de responsabilidad extracontractual por falla del servicio.
Citó la sentencia T-462 de 2003 para explicar en qué consiste el defecto.
Sostuvo que el fallo atacado también adolece de defecto fáctico por omitir valorar
pruebas decisivas que demostraban la ocurrencia de fallas operativas en la red eléctrica,
verificadas incluso por la autoridad de vigilancia y control (SSPD), así como por
desconocer los efectos procesales del desistimiento del dictamen pericial que pesaba
sobre la demandada.
Finalmente, depreca un desconocimiento del precedente, por cuanto la jurisprudencia
del Consejo de Estado ha sido constante, uniforme y reiterada en que la fuente del daño
determina el medio de control y que los daños provenientes de la operación de la red
eléctrica se tramitan mediante la reparación directa, sin que sea posible transmutarlos en
controversias contractuales por la sola existencia de un contrato de suministro entre
usuario y comercializador.
1 Notificado por estado el 24 de noviembre de 2025
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En particular, citó los siguientes pronunciamientos:
(i) Sentencia de 20 de noviembre de 2025, Radicación 11001-03-15-000-2025-
05568-00, en la que la Sección Cuarta del Consejo de Estado sostuvo que
cuando el juez “desnaturaliza la fuente del daño” y, sobre la base de esa
premisa equivocada, concluye en una “indebida escogencia del medio de
control”, incurre de manera conjunta en defecto sustantivo —por aplicar un
régimen jurídico “manifiestamente inaplicable a los hechos del caso”— y en
defecto fáctico, al sustentar la decisión en una “valoración contraevidente del
material probatorio”, lo cual produce una “inhibición injustificada que priva a la
parte del acceso a una decisión de mérito”.
(ii) Sentencia del 14 de septiembre de 2011, proferida por la Sección Tercera,
Subsección A, Radicado 66001233100019980049601, donde se explica que la
fuente del daño determina la acción procedente.
(iii) Sentencia de 7 de febrero de 2025, Radicación 76001-23-33-000-2013-00327-
01, en la que el mismo ponente de la decisión cuestionada dijo que el daño se
originó en la operación técnica de la red —“falla del servicio en la reconexión”—
y tramitó el litigio por reparación directa.
5. Trámite procesal
Con auto del 17 de febrero de 2026, el Despacho sustanciador admitió la tutela y, entre
otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como terceros con interés
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y a Codensa SA ESP.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el
20 de febrero de 2026.
6. Intervenciones
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, indicó que la presente acción
tutela no es procedente, porque la supuesta vulneración de derechos fundamentales que
anuncia el actor no cumple con la exigencia jurisprudencial de relevancia constitucional,
debido a que pretende, caprichosamente, crear una tercera instancia frente a una
sentencia que hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico, ya que la providencia
fue sustentada en derecho y con base en los medios de prueba valorados de manera
conjunta y racional.
En igual sentido, alegó que la tutela carece de subsidiariedad porque pretende convertir
un debate estrictamente procesal y jurídico —la definición del medio de control
jurisdiccional conforme a la fuente del daño— en un juicio constitucional de tercera
instancia.
Añadió que, sin perjuicio de lo anterior, las providencias cuestionadas se ajustan a los
parámetros de la Constitución Política y a la jurisprudencia que rige la tutela contra
providencias judiciales, pues resolvió con base en hechos documentados y no
controvertidos relacionados con la fuente del daño; se determinó que la fuente del daño
alegado por la sociedad actora es eminentemente contractual y, por tanto, la vía idónea
no era la reparación directa, sino las controversias contractuales.
Resaltó que en el presente caso se constató que la prestación del servicio de energía
eléctrica en las instalaciones industriales de Durman Colombia SAS, sobre quien se
determinó que era clara la condición de usuario no regulado, derivó de una oferta
mercantil realizada por la Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC) y aceptada el 12
de diciembre de 2008, cuyo clausulado incorporó un deber de calidad en el suministro de
ese servicio que hacía expresa la obligación del comercializador de exigir al operador el
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cumplimiento de los estándares emitidos por la CREG.
La Empresa Enel (antes CODENSA SA), solicitó que se denegaran las pretensiones de
la acción de tutela, por cuanto la actora pretende que el juez constitucional sustituya el
entendimiento del juez natural, imputando un defecto sustantivo donde solo existe una
interpretación razonable del ordenamiento.
Advirtió que la sentencia de segunda instancia no ignoró el marco legal ni “aplicó una
norma manifiestamente inaplicable”; por el contrario, empleó criterios de fuente del daño
y distribución de roles (comercializador/operador) coherentes con el diseño sectorial, para
concluir que el medio de control idóneo era otro. La mera discrepancia de la parte con
esa opción hermenéutica no habilita la tutela.
Sostuvo que tampoco se acredita defecto fáctico porque la providencia no prescindió del
material probatorio decisivo; simplemente determinó que, aun partiendo del cuadro
fáctico alegado por la actora (interrupciones, fluctuaciones, sanciones administrativas), la
vía procesal seleccionada era inadecuada para exigir responsabilidad al operador con el
que no había contrato. Es decir, la ratio decidendi no reposa en negar hechos, sino en la
calificación jurídica de la vía idónea y del legitimado pasivo dentro del arreglo institucional
del mercado eléctrico para usuarios no regulados.
Consideró que la providencia cuestionada no incurrió en negativa de justicia, pues la
Subsección B ejerció su competencia para verificar de oficio la configuración de una
excepción que inhabilitaba el estudio de fondo. Agregó que el propio fallo citó el artículo
164 del CCA (Decreto 01/1984), que autoriza a decidir excepciones no propuestas
cuando resulten probadas, lo que no se advierte excesivo o arbitrario.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
guardó silencio, a pesar de que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela de
la referencia.
La parte demandante allegó escrito en el que solicitó que se requiera a las partes
accionadas para que cumplan su deber de remitir sus escritos de contestación al correo
del demandante para poder ejercer su derecho de contradicción.
II. CONSIDERACIONES
1. Análisis previo-sobre la solicitud del demandante
La parte accionante solicitó que se requiriera a las partes para que cumplieran con el
deber consagrado en el numeral 14 del artículo 78 del CGP en el sentido de enviar a las
demás partes del proceso, después de notificadas, cuando hubieren suministrado una
dirección de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos, un
ejemplar de los memoriales presentados en el proceso.
Sobre el particular se advierte que la Secretaría de esta Corporación remitió correo al
accionante el 3 de marzo de 20262 en el que indicó:
En respuesta a su comunicación, me permito informar que, el Sistema para la gestión judicial SAMAI,
es el medio dispuesto por la Corporación para la consulta, visualización y descarga de los documentos
incorporados a los expedientes que son de su conocimiento.
De otra parte, le indico que, como apoderado de la parte actora en el mencionado asunto, podrá
acceder a la consulta de los documentos que lo conforman a través de la ventanilla de atención virtual
de forma permanente y sin ningún tipo de restricción, salvo la aplicable a la información sujeta a reserva
legal.
Para ello, usted deberá(i) diligenciar el formulario adjunto con el fin de solicitar que se active su usuario
en el Sistema para la Gestión Judicial Samai, (ii) seguir las instrucciones del Manual de uso de Samai
2 Índice 00017 Samai
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anexo a la presente comunicación y (iii)allegar documento que acredite su calidad en el proceso de la
referencia.
El trámite anterior es necesario debido a que las actuaciones y documentos con tipología
«CLASIFICADA» únicamente son visibles para las partes y terceros con interés que fueron autorizados
para acceder al Sistema para la Gestión Judicial Samai, sus apoderados, la Secretaría y el despacho
ponente.
Finalmente, sin perjuicio de lo expuesto, me permito informarle que su escrito fue incorporado al
expediente y puesto en conocimiento del despacho ponente para los fines que estime pertinentes.
De conformidad con lo anterior y como quiera que se concedió acceso al accionante al
expediente a efectos de revisar en su integridad el expediente electrónico, y transcurrió
un plazo prudencial, se considera superada la solicitud elevada por la sociedad
accionante sin que sea necesario realizar pronunciamientos adicionales sobre el
particular.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
demandante con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 16 de julio de 2025 y el auto
de 17 de octubre de 2025, dictados por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, con los que decidió en segunda instancia declarar la ineptitud de la
demanda por indebida escogencia de la acción y denegar la aclaración de dicha
providencia, respectivamente, en el proceso de reparación directa 11001-33-31-000-
2011-00232-02.
La Sala anticipa que negará el amparo pretendido en razón de que la sentencia atacada
no incurrió en los defectos fáctico, sustantivo o por desconocimiento del precedente, pues
el análisis efectuado por la Corporación fue sustentado y deriva de una tesis jurídica
razonable sobre la determinación de la acción idónea para reclamar las pretensiones de la
demandante.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de
demostrarse los defectos invocados por el accionante, en especial el sustantivo, se
afectarían las garantías superiores señaladas en el escrito de tutela, en particular el
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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acceso a la administración de justicia, pues un yerro en la determinación de la acción
procedente y la consecuente declaratoria de ineptitud de la demanda podría afectar el
derecho de la demandante a obtener un pronunciamiento de fondo en la controversia
que formuló, lo que amerita la intervención del juez constitucional.
Asimismo, se constata que la discusión planteada por el tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la reparación integral, según
la cual los afectados por hechos u omisiones del Estado les asiste la prerrogativa de
acceder a la debida reparación de los perjuicios que se les cause. Asimismo, no se
evidencia que la tutela se utilice como un instrumento para reiterar argumentos, ya que
el accionante no contó con la posibilidad de pronunciarse sobre las cuestiones que
reprochan en esta acción constitucional porque conciernen a la sentencia que decidió en
segunda instancia el proceso de reparación directa 11001-33-31-000-2011-00232-02,
para declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
Cabe resaltar que el análisis se limitará a los defectos sustantivo y desconocimiento
del precedente, como quiera que el defecto fáctico alegado se dirige a discutir que
existió responsabilidad de la demandada, aspecto que no fue analizado en el fallo objeto
de censura ni hace parte de las razones por las que se consideró que hubo ineptitud de
la demanda, de manera que, como ese argumento no cuestiona las razones de la
decisión, no será analizado en esta providencia por no superar este requisito de
procedencia de la acción.
La demanda también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la
verificación del expediente 11001-33-31-000-2011-00232-02, la notificación por estado
del auto que negó la aclaración de la sentencia se hizo efectiva el 24 de noviembre de
2025, y la tutela fue presentada el 11 de febrero de 2026, es decir, cuando no habían
transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para
formular la acción de tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia.
Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, el tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de reparación directa.
5. Análisis del caso concreto
En la solicitud de amparo, la demandante sostiene que la sentencia cuestionada incurre
en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, los cuales se analizarán de
manera conjunta, pues tienen como objetivo demostrar que en el presente caso la
controversia planteada sí era la de reparación directa y no la de controversias
contractuales, como lo estimó el Consejo de Estado para declarar la ineptitud de la
demanda por indebida escogencia de la acción.
De las pruebas obrantes en el expediente está demostrado y no es objeto de discusión
que el día 12 de diciembre de 2008, la empresa TUBOTEC S.A.S aceptó la oferta
mercantil de suministro de energía eléctrica para usuarios no regulados presentada por
la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. – EEC, como agente
comercializador del Mercado Mayorista de Energía – MEM.
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Tampoco se discute que la oferta se aceptó con la finalidad de aprovechar las ventajas
ofrecidas por la Empresa de Energía de Cundinamarca en este tipo de contratos para los
grandes consumidores de energía eléctrica y que el término de duración de la oferta se
acordó desde el 01 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010.
La parte accionante reconoce que en la oferta mercantil se estableció por parte de la
Empresa de Energía de Cundinamarca respecto a la calidad del servicio ofrecido que “en
relación con los términos relativos a la calidad del suministro de energía, EL OFERENTE se
compromete a verificar y exigir al operador de la red, el cumplimiento de los estándares
establecidos en los códigos de red y de distribución emitidos por la Comisión de Regulación de
Energía y Gas – CREG – y las normas que los modifiquen. Así mismo EL DESTINATARIO se
compromete al cumplimiento de estas normas…”
Ahora bien, el daño que alegó la demandante en el proceso de reparación directa
consistió en las interrupciones en el fluido eléctrico presentadas desde el mes de febrero
de 2009, que presuntamente causaron en la sociedad demandante, en su calidad de
fabricante de tubos de PVC, pues, los cortes de luz generaron la producción de scrap,
que es un material particulado que se genera cuando no se finaliza el proceso en las
máquinas y deja inservible el material utilizado en la elaboración del producto final.
Como quiera que el defecto sustantivo alegado por la accionante recae en que el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, replanteó la fuente del daño, desplazándola
a un plano contractual y que con ello desconoció las normas como la Resolución CREG
070 de 1998, así como la Ley 143 de 19945, se considera relevante analizar los
argumentos expuestos en la providencia a fin de establecer si en efecto, en la decisión
proferida por el ad quem, se desconocieron las normas que rigen la materia.
Así las cosas, esta Sala advierte que el análisis normativo realizado por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, con miras a determinar que la acción
procedente era la contractual y no la de reparación directa, fue el siguiente:
7) Debe advertirse en este punto que, conforme a la normativa vigente en el sector eléctrico, la
empresa Tubotec SAS ostenta la condición especial de ser usuario no regulado por razón de su
calidad de consumidor industrial. Según las definiciones establecidas por la Ley 143 de 1994 y la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), esta categoría se aplica a usuarios cuya
demanda máxima supera un umbral determinado en MW o cuyo consumo mensual mínimo excede
ciertos valores en MWh, y que adquieren energía mediante acuerdos libremente pactados en el
mercado mayorista de energía eléctrica.
En virtud de dicha condición, la prestación del servicio de energía eléctrica no se rige por un contrato
de condiciones uniformes, como sucede con los usuarios regulados, sino por un contrato diferente
y especial, celebrado en condiciones comerciales particulares; esta situación se encuentra
acreditada en el expediente con la previamente referida copia de la oferta mercantil presentada por
la Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC) y su correspondiente aceptación realizada en su
momento por el gerente de Tubotec SAS, así como con lo manifestado por su continuadora jurídica,
Durman Colombia SAS, a través de su apoderado en escrito allegado el 28 de mayo de 2025.
8) A partir de este contexto fáctico y normativo, la Sala observa que los hechos que originaron el
supuesto daño no corresponden a una omisión, operación administrativa o hecho imputable a la
administración en sentido amplio, sino que, se enmarcan en la ejecución de un contrato de carácter
privado celebrado entre Tubotec SAS y la Empresa de Energía de Cundinamarca (ECC) mediante
el cual se pactaron la (sic) condiciones para el suministro del servicio de energía eléctrica, lo cual
incluyó lo relacionado con la calidad de su prestación.
9) Si bien la parte actora pretende endilgarle responsabilidad a Codensa SA ESP — operador de
red que no fue parte del contrato de suministro de energía eléctrica—, lo cierto es que no puede
desconocerse la existencia de un vínculo contractual directo entre el usuario y su comercializador,
es decir, entre Tubotec SAS y la Empresa de Energía de Cundinamarca (ECC).
5 “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de
electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia
energética”
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En consecuencia, cualquier incumplimiento relacionado con la calidad del servicio — según lo
regulado por la normativa técnica aplicable— debe exigirse en el marco de esa relación contractual,
sin que resulte procedente acudir a la acción de reparación directa ni dirigirla contra un tercero con
quien no se ha celebrado contrato alguno.
Lo anterior no se ve alterado por la circunstancia de que exista una relación contractual distinta entre
la Empresa de Energía de Cundinamarca (ECC) y Codensa SA ESP para el uso de la red de
distribución, en los términos del artículo 5 de la Resolución CREG 156 de 2011; dicha relación no
habilita al usuario final para reclamar directamente al operador por vía extracontractual.
10) También es importante resaltar, ciertamente, que en materia de la prestación del servicio de
energía eléctrica debe atenderse lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y, si bien el artículo 136 de ese
cuerpo normativo define el concepto de falla en la prestación del servicio, es preciso indicar que esta
definición debe analizarse en el contexto del cumplimiento de la obligaciones (sic) de un contrato,
no de otra forma se encuentra dentro del Título VIII referente al contrato de servicios públicos, de
modo que, cualquier análisis sobre la existencia de falla debe hacerse dentro del marco contractual
aplicable entre las partes.
11) Por ende, el que Codensa SA ESP en condición de operador esté sometida a obligaciones
normativas especiales, tales como las reguladas en las Resoluciones números 070 de 1998 y 96
del 2000 de la CREG sobre los estándares de calidad y potencia de suministro de energía eléctrica,
este solo hecho no habilita para que el usuario, en este caso Tubotec SAS, demande por vía
extracontractual a Codensa SA ESP ya que, esto implica ignorar la existencia y la primacía del
vínculo jurídico contractual previamente establecido con el comercializador.
12) De este modo, es claro que en realidad el daño reclamado tiene origen o matriz en el
incumplimiento de unas previsiones contractuales específicas pactadas entre el usuario y el
operador del servicio de energía eléctrica, situación que no puede discutirse a través de la acción
de reparación directa que está prevista, en términos generales, para demandar la indemnización del
daño derivado de un hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente
de un inmueble por motivo de trabajos públicos o cualquier otra causa, todas estas hipótesis
extrañas a la desatención o incumplimiento de un contrato no estatal.
13) Así las cosas, aunque formalmente la parte actora enunció el medio de control judicial como
acción de reparación directa, del análisis integral de los hechos y pretensiones se concluye que lo
procedente era encausar las pretensiones de declaración de responsabilidad en contra del
comercializador del servicio de suministro de energía eléctrica por el incumplimiento del respectivo
contrato suscrito con la Empresa de Energía de Cundinamarca (ECC).
14) En ese contexto, es especialmente relevante advertir que la jurisprudencia de esta Corporación
ha señalado, pacíficamente, que “la fuente del daño determina la acción procedente para analizar
los supuestos que fundan la controversia y esta, a su vez, determina la técnica apropiada para la
formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer
por la vía jurisdiccional”; por lo tanto, como las normas que regulan las condiciones para el ejercicio
de cada acción son de orden público y, por ende, de imperativo cumplimiento, no están al arbitrio
de la libre escogencia del interesado”.
Del análisis efectuado por la Sección Tercera de esta Corporación, es posible concluir
que se sustentó de manera razonada y suficiente por qué el daño sufrido por el
demandante se originó por un incumplimiento de obligaciones de orden contractual.
En efecto, en el proceso se logró determinar que entre la sociedad TUBOTEC SAS y la
Empresa de Energía de Cundinamarca se suscribió el siguiente acuerdo: “Mediante la
siguiente orden de compra estamos dando por aceptada la oferta mercantil acordada con
ACOPLÁSTICOS para la empresa TUBOTEC SA, nit 800.033.159-6 ubicada en la siguiente
dirección, kilómetro 27 vía al Colegio Madrid Cundinamarca, que corresponde a un total de un
punto de conexión”. Asimismo, se estableció que una de las cláusulas del contrato se suscribió
así: “CALIDAD DEL SERVICIO. En relación con los términos relativos a la calidad del suministro
de energía, EL OFERENTE se compromete a verificar y exigir al operador de la red, el
cumplimiento de los estándares establecidos en los códigos de red y de distribución emitidos por
la Comisión de Regulación de energía y Gas – CREG- y las normas que los modifiquen. Así
mismo EL DESTINATARIO se compromete al cumplimiento de estas normas”.
Con base en lo anterior, atendiendo a la naturaleza de las partes que suscribieron el
contrato, el ad quem analizó el contenido del artículo 11 de la Ley 143 de 1994 de
conformidad con el cual el usuario no-regulado es aquella “persona natural o jurídica, con
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una demanda máxima superior a 2 Mw por instalación legalizada, cuyas compras de electricidad
se realizan, a precios acordados libremente. La Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá
revisar dicho nivel, mediante resolución motivada”, en consonancia con el artículo 1º de la
Resolución CREG 131 de 1998 según el cual “Para todos los efectos regulatorios, es una persona
natural o jurídica con una demanda máxima superior a un valor en MW o a un consumo mensual
mínimo de energía en MWh, definidos por la Comisión, por instalación legalizada, a partir de la
cual no utiliza redes públicas de transporte de energía eléctrica y la utiliza en un mismo predio o
en predios contiguos. Sus compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente
entre el comprador y el vendedor”.
Lo anterior, para concluir que la empresa TUBOTEC SAS tenía la calidad especial de
usuario no regulado, debido a su calidad de consumidor industrial.
De igual manera se explicó que el artículo 5 de la Resolución CREG 108 de 1997, que
se encontraba vigente para la época en que se discutieron las falencias en la prestación
del servicio de energía, establece que “Cuando la actividad de comercialización de electricidad
o de gas por red de ductos, sea realizada por una empresa diferente de la que desarrolla la
actividad de distribución, el contrato de servicios públicos será ofrecido por la empresa
comercializadora. A su vez, las obligaciones que adquiera esta empresa con sus suscriptores o
usuarios, en lo relacionado con la actividad de distribución, deberán estar respaldadas por parte
de la empresa comercializadora, mediante contrato con la respectiva empresa distribuidora”.
En el escenario descrito, se advierte que, para el Juez de segunda instancia, los términos
en que se prestó el servicio de electricidad a la sociedad demandante estaban regulados
por un contrato que, aunque atípico, contiene unas condiciones pactadas sobre el
suministro del servicio de energía eléctrica, incluida la calidad de su prestación, de
manera que para alegar las consecuencias de su incumplimiento no podía recurrirse a la
acción de reparación directa.
En consecuencia, no resulta acertado el argumento del demandante según el cual la
Sección Tercera del Consejo de Estado desvió el contenido de las normas aplicables,
pues por el contrario, de su análisis se advierte una aplicación acorde con los postulados
que rigen los vínculos entre las partes que suscriben acuerdos para la prestación del
servicio de energía eléctrica, de donde se desprende que en casos como el presente, la
existencia de un contrato permite acudir a la acción de controversias contractuales como
mecanismo judicial para discutir los perjuicios que según se estudió, se produjeron por el
incumplimiento de obligaciones de esta naturaleza mas no como producto de hechos,
omisiones, operaciones administrativas u otros de los presupuestos de procedencia de
la acción de reparación directa.
Por consiguiente, aunque el demandante no comparta el criterio de interpretación que fue
esbozado, no resulta meritorio para entender que la providencia incurrió en un defecto
sustantivo por proferir una sentencia carente de fundamento o desproporcionada y que
en tal medida esta Corporación deba ordenar la expedición de una sentencia de
reemplazo, tal como se solicita en el escrito de tutela.
En igual sentido, se considera que los argumentos expuestos en el auto que negó la
aclaración de la sentencia son razonables en la medida en que se indicó al accionante
que a través de dicha figura procesal solo era posible reconsiderar afirmaciones que
ofrezcan motivo de duda, lo que no se desprendía de su solicitud, la cual buscaba discutir
el fondo de lo decidido en la sentencia.
Por otra parte, la parte demandante considera que la providencia cuestionada no tuvo en
cuenta que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reconocido
que los daños derivados de interrupciones, fluctuaciones de tensión y operación
deficiente de redes eléctricas configuran una típica falla del servicio, cuya discusión
corresponde al medio de control de reparación directa y no a un debate contractual entre
usuario y comercializador.
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Sobre el particular, se observa que la única providencia citada en la que se analiza la
responsabilidad en materia de prestación de servicios públicos6 es la identificada con el
radicado 7 de febrero de 2025, Radicación 6001-23-33-000-2013-00327-01, cuyo
ponente, en efecto, es el mismo que profirió la decisión que aquí se estudia. Sin embargo,
no se trata de una controversia análoga, como quiera que en el fallo cuya comparación
se invoca, se analizó un caso de los siguientes contornos:
“1) La demandante sostiene que el incendio ocurrió por negligencia de la entidad demandada
cuando efectuaron la reconexión del servicio de energía eléctrica sin cumplir con los protocolos
previstos para la manipulación de transformadores, esto es, por el hecho de normalizar el
servicio sin que la usuaria se encontrara en el inmueble para verificar que estuviera en óptimas
condiciones para el restablecimiento; el tribunal de primera instancia denegó las pretensiones
de la demanda por considerar que si bien se trata de un daño causado por una actividad
peligrosa consistente en la conducción de energía eléctrica, lo cual impone el análisis con la
óptica del régimen objetivo de responsabilidad de riesgo excepcional, en este caso operó una
fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad consistente en la presencia de un
animal tipo ave que interrumpió el servicio de energía eléctrica; en el recurso de apelación, la
parte actora insiste en la falla del servicio alegada porque el ave no fue la que provocó la
conflagración.”
Como se advierte, en el caso citado se examinó un hecho propio de responsabilidad
extracontractual del Estado, donde se discutía que la incorrecta prestación del servicio
de energía afectó el predio de una ciudadana particular, lo que no ocurrió en el presente
caso, donde quedó demostrado y no fue objeto de discusión entre las partes, que la
empresa TUBOTEC S.A.S aceptó la oferta mercantil de suministro de energía eléctrica
para usuarios no regulados presentada por la Empresa de Energía de Cundinamarca
para la prestación del servicio público de energía eléctrica, el cual se considera fue
prestado de manera defectuosa y provocó daños a la sociedad demandante.
Finalmente, en lo que alude al presunto desconocimiento de la providencia en la que se
concluyó que se incurre en una vía de hecho cuando se desnaturaliza la fuente del daño
y, sobre ello, se estructura la indebida escogencia del medio de control, solo se reiterará
que en los argumentos empleados para sustentar la providencia materia de análisis no
fue posible establecer que la autoridad judicial desbordó los límites razonables o que
haya desviado el contenido de las normas aplicables.
En consecuencia, no se advierte un defecto relevante en el análisis que justificó la
declaración de ineptitud sustantiva de la demanda, sino, por el contrario, se observa la
aplicación de un criterio razonable de la segunda instancia que no comparte el
demandante, pero que no conlleva un vicio que imponga la intervención del juez
constitucional.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
6 Las primeras jurisprudencias citadas solo contienen conceptos generales sobre la configuración de los defectos
fáctico y sustantivo y sobre la tesis reiterada según la cual, en la acción de reparación directa, el medio de control
procedente está determinado por la fuente del daño, lo que no es materia de discusión en el presente asunto, pues
tanto el accionante como la providencia cuestionada coinciden en esta afirmación.
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exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
Así las cosas, la Sala constata que la providencia cuestionada no adolece de defecto
sustantivo o desconocimiento del precedente, pues la decisión adoptada por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado estuvo debidamente motivada y no contiene
un análisis normativo falaz, infundado o que se aparte de la jurisprudencia.
En ese orden de ideas, como la sentencia censurada no incurre en los defectos indicados
por el accionante, se impone denegar las pretensiones de la tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones formuladas por el tutelante, en atención a la parte motiva de
esta determinación judicial.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección
electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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