Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00992-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00992-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00992-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00992 01
Accionante: Durman Colombia SAS (antes Tubotec SAS)
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección B
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con
el requisito general de subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la sociedad accionante en contra del fallo
de tutela proferido el 23 de abril de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
que negó el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad Durman Colombia SAS (antes Tubotec SAS), actuando por conducto de
apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra de la sentencia del 18 de julio de
2025 y el auto del 17 de octubre de 2025, dictados por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, dentro del proceso de reparación directa núm. 11001 33 31 000
2011 00232 00/01/02, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
i) amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia; ii) dejar sin efectos la sentencia de 18 de julio de 2025
y el auto de 17 de octubre de 2025; y iii) ordenar a la Sección Tercera – Subsección
B del Consejo de Estado que proferir sentencia de reemplazo con estudio de fondo
del medio de control de reparación directa, en consonancia con las reglas de título
de imputación por falla del servicio, determinación de la acción por la fuente del
daño y responsabilidad del operador de red cuando el perjuicio surge de fallas
operativas verificadas por la autoridad regulatoria y de control. […]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La sociedad accionante informó que promovió demanda de reparación directa contra
Codensa S.A. E.S.P. (hoy Enel S.A. E.S.P.), al atribuirle los perjuicios sufridos en su
planta industrial como consecuencia de múltiples fallas en la prestación del servicio de
energía ocurridas entre los años 2009 y 2012.
Señaló que tales afectaciones consistieron en interrupciones del servicio, fluctuaciones
de tensión, disparos de protección, micro cortes del servicio y reconexiones intempestivas
que impactaron sus procesos productivos y ocasionaron pérdidas económicas.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00992 00.
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Accionante: Durman Colombia SAS (antes Tubotec SAS)
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Indicó que durante el trámite judicial se acreditó la ocurrencia de más de sesenta (60)
eventos de interrupción y perturbación eléctrica mediante registros internos de la
empresa, reportes dirigidos a Codensa S.A. E.S.P., soportes contables de pérdida de
materia prima, comprobantes de mantenimiento correctivo, certificaciones sobre personal
inactivo y demás documentos relacionados con los daños ocasionados por las fallas del
suministro. Asimismo, afirmó que Codensa S.A. E.S.P. reconoció la existencia de
aproximadamente treinta (30) eventos, sin aportar prueba técnica suficiente para
desvirtuar los restantes.
Sostuvo que dentro del expediente obraban pruebas técnicas relevantes, entre ellas el
dictamen pericial aportado por la propia demandada y la declaración rendida el 17 de
septiembre de 2021 por su perito, quien reconoció que la regulación técnica del sector
establece límites de tensión y continuidad del servicio y que las caídas de tensión por
debajo del 90% durante períodos superiores a un minuto constituyen técnicamente una
falla del servicio susceptible de generar daños a usuarios industriales.
Igualmente, destacó la existencia de una sanción administrativa impuesta por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) a Codensa SA ESP
mediante la Resolución núm. SSPD-20122400033055, en la que se verificó que la
subestación que alimentaba la planta de TUBOTEC presentó tensiones inferiores al 90%
de la nominal durante lapsos superiores a un minuto e incluso períodos de baja tensión
que superaron las trece horas. Según la sociedad accionante, la autoridad técnica
concluyó que tales circunstancias constituían una falla grave en la prestación del servicio
y podían ocasionar daños a los usuarios, por lo que dicha actuación administrativa
demostraba que la fuente del daño era técnica y atribuible al operador de red.
La sociedad accionante también puso de presente que, mediante auto del 7 de
septiembre de 2016, la Sección Tercera del Consejo de Estado accedió a la práctica de
un dictamen pericial y dispuso que fuera Codensa SA ESP quien lo aportara y asumiera
su costo.
Posteriormente, el 18 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
reiteró dicha obligación. Sin embargo, la demandada no allegó el experticio ordenado,
motivo por el cual, mediante auto del 26 de marzo de 2021, el Tribunal declaró desistida
esa prueba. A juicio de la accionante, esta circunstancia dejó sin contradicción técnica
válida la cuantificación de los perjuicios acreditados por la empresa.
Con fundamento en el material probatorio recaudado, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en primera instancia, declaró la responsabilidad extracontractual de
Codensa SA ESP por falla en la prestación del servicio. Inconformes con la decisión
anterior, ambas partes interpusieron recurso de apelación y la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio de 2025 la
revocó y, en su lugar, declaró de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
escogencia del medio de control.
Esto al considerar que la fuente del daño provenía de la ejecución del contrato de
suministro celebrado entre la usuaria y la comercializadora de energía, por lo que estimó
que la controversia debía tramitarse mediante el medio de control de controversias
contractuales y no mediante reparación directa. Posteriormente, mediante auto del 17 de
octubre de 2025, negó la solicitud de aclaración presentada por la demandante.
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Como fundamentos de la acción de tutela, la sociedad accionante sostuvo que las
providencias cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, pues desconocieron la verdadera fuente del
daño, omitieron valorar pruebas determinantes, entre ellas la sanción de la SSPD, los
registros técnicos y el desistimiento de la prueba pericial de la demandada, y se apartaron
de la jurisprudencia aplicable sobre responsabilidad derivada de fallas en la operación de
redes eléctricas.
Señaló que la providencia cuestionada vulnera el principio de congruencia procesal, en
la medida en que el juez no está facultado para modificar la causa petendi ni reemplazar
los hechos expuestos por la parte demandante con una versión distinta y ajena al
expediente. Al redefinir la fuente del daño como contractual, la Subsección B incurrió en
una desviación que desborda los límites de la función jurisdiccional, pues no se trató de
una simple interpretación jurídica, sino de una alteración sustancial de los hechos del
proceso. Asimismo, indicó que la emisión de un fallo inhibitorio contraviene el principio
de efectividad de los derechos fundamentales.
Sostuvo, además, la existencia de un defecto sustantivo, derivado de la aplicación de un
régimen jurídico manifiestamente inaplicable, al calificar como contractual un daño que,
conforme a las pruebas recaudadas, se originó en hechos, omisiones y actuaciones
administrativas del operador de red, propios del régimen de responsabilidad
extracontractual por falla del servicio.
Igualmente, alegó la configuración de un defecto fáctico, al omitirse la valoración de
pruebas determinantes que acreditaban fallas operativas en la red eléctrica, constatadas
incluso por la autoridad de vigilancia y control (SSPD). Añadió que también se
desconocieron los efectos procesales del desistimiento del dictamen pericial que recaía
sobre la demandada.
Afirmó que, se desconoció el precedente jurisprudencial, dado que el Consejo de Estado
ha establecido de manera constante y reiterada que la fuente del daño define el medio
de control. En ese sentido, los perjuicios derivados de la operación de la red eléctrica
deben tramitarse mediante el medio de control de reparación directa, sin que puedan
transformarse en controversias contractuales por la mera existencia de un contrato de
suministro entre el usuario y el comercializador.
Por ello, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 18 de julio de 2025 y el auto del 17 de
octubre de 2025, y ordenar al Consejo de Estado proferir una sentencia de reemplazo
con pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad patrimonial del operador de red.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 10 de febrero de 20262 y correspondió por reparto a la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que, por auto del 17 de febrero de 20263 la admitió
y se dispuso a notificar4 al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B; así como,
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00992 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00992 00.
4 Esta orden se cumplió el 20 de febrero de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00992 00.
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vincular5 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y
a la representante legal de la sociedad Codensa SA ESP por tener interés en el resultado
del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C para que allegaran copia digital del expediente correspondiente al proceso
de reparación directa, identificado con radicado núm. 11001 33 31 000 2011 00232
00/02.
3.2. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia acusada rindió informe6
en el que solicitó declarar su improcedencia por falta de relevancia constitucional, al
advertir que el actor pretende convertirla en una tercera instancia frente a una decisión
debidamente motivada en lo fáctico, probatorio y jurídico.
Asimismo, señaló que no cumple el requisito de subsidiariedad, pues busca trasladar un
debate estrictamente procesal, la definición del medio de control según la fuente del daño,
al ámbito constitucional.
Añadió que las providencias cuestionadas se ajustan a la Constitución Política y a la
jurisprudencia, al concluir que el daño alegado es de naturaleza contractual, por lo que la
vía idónea no era la reparación directa, sino las controversias contractuales.
3.3. El representante legal para asuntos judiciales y administrativos de Enel Colombia
S.A. E.S.P. allegó escrito7 en el que solicitó que se negaran las pretensiones de la acción
de tutela, al considerar que la parte actora busca que el juez constitucional reemplace el
criterio del juez natural, señalando un supuesto defecto sustantivo donde únicamente
existe una interpretación razonable del ordenamiento jurídico.
Señaló que la sentencia no desconoció la ley ni aplicó normas inaplicables, sino que, con
base en la distribución de roles del sector eléctrico, concluyó que el medio de control
adecuado era otro.
Finalmente, afirmó que no hubo denegación de justicia, ya que el juez podía declarar de
oficio la excepción, conforme al artículo 164 del CCA, sin que ello resulte arbitrario
3.4. La demás partes e intervinientes guardaron silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de abril de 2026,
resolvió lo siguiente:
1. Denegar las pretensiones formuladas por el tutelante, en atención a la parte
motiva de esta determinación judicial.
Para ello, inicialmente, expuso que el asunto cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales establecidos por la
5 Ibidem
6 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00992 00.
7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00992 00.
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jurisprudencia, por lo que procedió a estudiar los defectos alegados por la parte
accionante.
Al efecto, anotó lo siguiente8:
En el escenario descrito, se advierte que, para el Juez de segunda instancia, los
términos en que se prestó el servicio de electricidad a la sociedad demandante
estaban regulados por un contrato que, aunque atípico, contiene unas condiciones
pactadas sobre el suministro del servicio de energía eléctrica, incluida la calidad
de su prestación, de manera que para alegar las consecuencias de su
incumplimiento no podía recurrirse a la acción de reparación directa.
En consecuencia, no resulta acertado el argumento del demandante según el cual
la Sección Tercera del Consejo de Estado desvió el contenido de las normas
aplicables, pues por el contrario, de su análisis se advierte una aplicación acorde
con los postulados que rigen los vínculos entre las partes que suscriben acuerdos
para la prestación del servicio de energía eléctrica, de donde se desprende que
en casos como el presente, la existencia de un contrato permite acudir a la acción
de controversias contractuales como mecanismo judicial para discutir los
perjuicios que según se estudió, se produjeron por el incumplimiento de
obligaciones de esta naturaleza mas no como producto de hechos, omisiones,
operaciones administrativas u otros de los presupuestos de procedencia de la
acción de reparación directa.
Por consiguiente, aunque el demandante no comparta el criterio de interpretación
que fue esbozado, no resulta meritorio para entender que la providencia incurrió
en un defecto sustantivo por proferir una sentencia carente de fundamento o
desproporcionada y que en tal medida esta Corporación deba ordenar la
expedición de una sentencia de reemplazo, tal como se solicita en el escrito de
tutela.
En igual sentido, se considera que los argumentos expuestos en el auto que negó
la aclaración de la sentencia son razonables en la medida en que se indicó al
accionante que a través de dicha figura procesal solo era posible reconsiderar
afirmaciones que ofrezcan motivo de duda, lo que no se desprendía de su
solicitud, la cual buscaba discutir el fondo de lo decidido en la sentencia.
Por otra parte, la parte demandante considera que la providencia cuestionada no
tuvo en cuenta que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
ha reconocido que los daños derivados de interrupciones, fluctuaciones de tensión
y operación deficiente de redes eléctricas configuran una típica falla del servicio,
cuya discusión corresponde al medio de control de reparación directa y no a un
debate contractual entre usuario y comercializador. […]
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó9 manifestando
lo siguiente:
Sostuvo que la controversia tiene origen en los daños sufridos en su planta industrial de
Madrid (Cundinamarca) por interrupciones, fluctuaciones de tensión y fallas reiteradas en
el suministro de energía eléctrica, las cuales ocasionaron pérdidas de materia prima, daños
8 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 00992 00
9 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00992 00.
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en maquinaria y afectaciones operativas. Señaló que dichos hechos fueron verificados por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que sancionó al operador de red
por incumplir los estándares regulatorios de calidad y continuidad del servicio.
La sociedad accionante manifestó que la sentencia impugnada confundió el contexto
contractual del suministro de energía con la verdadera fuente jurídica del daño antijurídico,
trasladando indebidamente el análisis desde el régimen de responsabilidad por falla del
servicio hacia un régimen contractual que no regula la operación material de la red eléctrica.
Argumentó que los perjuicios acreditados no provinieron del incumplimiento de obligaciones
contractuales del comercializador, sino de fallas técnicas reiteradas en la red de distribución,
cuya operación, mantenimiento, continuidad y calidad corresponden legal y
reglamentariamente al operador de red, de conformidad con las Leyes 142 y 143 de 1994
y la regulación expedida por la CREG.
Afirmó que la tesis acogida por la Sección Cuarta conduce a una indebida
«contractualización» del daño antijurídico, pues obliga al usuario a demandar a quien no
causó materialmente el perjuicio y excluye del proceso resarcitorio al verdadero
responsable. Además, sostuvo que las obligaciones del operador de red tienen fuente legal
y reglamentaria, no contractual, por lo que no pueden quedar subordinadas a un contrato
privado celebrado entre el usuario y el comercializador ni ser desplazadas por acuerdos en
los que el operador no participó.
Finalmente, alegó que la sentencia impugnada incurre en una contradicción al admitir la
existencia de una sanción por incumplimiento de estándares de calidad y continuidad
imputable al operador de red, pero negar que tales hechos puedan generar responsabilidad
extracontractual directa.
5.2. Por auto proferido el 13 de mayo de 2026 se concedió la impugnación10 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 27 de mayo de 202611.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 12 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,13 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00992 00.
11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00992 01.
12 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
13 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
14 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:
6.2.1. La sociedad Durman Colombia SAS (antes Tubotec SAS), a través de apoderado
judicial, presentó demanda de reparación directa contra Codensa S.A. E.S.P. (hoy Enel
S.A. E.S.P.) con el fin que se declarara la responsabilidad patrimonial y administrativa de
dicha entidad y, en consecuencia, la indemnizaran por los perjuicios ocasionados por la
falla del servicio de suministro de energía eléctrica.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C que, mediante sentencia del 9 de febrero de 2022 resolvió
lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a
CODENSA S.A. E.S.P., por la falla en el servicio que conllevó a los daños causados
a TUBOTEC S.A., de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia. Sin embargo, se declarará la concurrencia de culpas con la empresa
demandante TUBOTEC S.A., quien con su actuación y/u omisión dio lugar a la
producción de los daños cuya reparación reclama, en un porcentaje del 50%.
SEGUNDO: En consecuencia, CONDENAR a CONDENSA S.A. E.S.P. a pagar a
TUBOTEC S.A.S., la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($74.186.598)
Mcte., por concepto de daño material en la modalidad de daño emergente, de
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de este fallo, ya descontado el
equivalente al 50% del total indemnizable. TERCERO: NEGAR las demás
pretensiones de la demanda.
6.2.3. Inconformes con la decisión anterior, ambas partes interpusieron recurso de
apelación, y el Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 18
de julio de 2025, dispuso lo siguiente:
[…] 2º) Declárase de oficio probada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por indebida escogencia de la acción procesal ejercida en el presente
asunto y, por consiguiente, inhíbese de pronunciarse sobre las súplicas de la
demanda.
3º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal […]
6.2.4. El 6 de agosto de 2025, la parte accionante solicitó aclaración de la sentencia
proferida el 18 de julio de 2025 de acuerdo con el artículo 285 del CGP en cuanto
consideró que la sentencia contenía conceptos o frases que ofrecían motivo de duda,
esto es, «las justificaciones legales y jurisprudenciales que sustentan la no aplicación del
régimen de la responsabilidad del Estado por fallas en el servicio público domiciliario de
energía eléctrica que ocasionan daños a sus usuarios»17.
16 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación directa identificado con radicado núm.
11001-33-31-000-2011-00232-00/01/02.
17
Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001-33-31-000-2011-00232-02.
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6.2.5. Mediante auto del 17 de octubre de 2025, el Consejo de Estado – Sección Tercera,
Subsección B profirió auto que negó la solicitud de aclaración de la sentencia, así:
1º) Niégase la solicitud de aclaración presentada por la parte demandante respecto
de la sentencia del 18 de julio de 2025 de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que revocó el fallo proferido el 9 de febrero de 2022 por el
Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en el
sentido de declarar probada de oficio la excepción de indebida escogencia de la
acción procesal ejercida en el presente asunto.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el
amparo solicitado y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito general de subsidiariedad.
Al respecto, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que «la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable .
En el asunto bajo examen, la Sala observa que la inconformidad planteada por la parte
accionante se dirige a cuestionar la sentencia de segunda instancia proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección B al estimar que esta providencia no
efectuó un estudio integral, lo que implicaría ir en contra del principio de congruencia;
además de que fue un fallo inhibitorio que careció de motivación suficiente respecto de
la imputación o no del daño antijurídico, razón por la cual pretende que se deje sin efectos
la decisión adoptada y se ordene la emisión de una nueva providencia.
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B
Frente a tales reparos, la Sala advierte que el accionante contaba con un mecanismo
judicial ordinario de defensa idóneo y eficaz para controvertir la decisión judicial
censurada, esto es, el recurso extraordinario de revisión, previsto para cuestionar
providencias ejecutoriadas en los estrictos eventos definidos por el legislador, medio de
control que no fue promovido por el actor, pese a encontrarse a su disposición,
particularmente porque los cuestionamientos del actor podrían enmarcarse en la causal
de revisión relacionada con la nulidad de la sentencia.
Al respecto, esta Corporación18 ha señalado que la nulidad originada en la sentencia
como causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión se configura, entre
otros eventos, cuando se pretermite una instancia, y ello acontece en tres escenarios: a.
se emite sentencia sin motivación, b. se viola el principio de la non reformatio in pejus, y
c. se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.
Es de anotar que, en relación con la causal de decisión sin motivación, la Sección Quinta
de esta Corporación ha declarado improcedente la acción de tutela cuando la parte actora
alega que la providencia controvertida incurrió en el defecto de falta de motivación. Al
respecto, la citada Sección en el fallo de tutela del 12 de agosto de 202119 explicó que la
acción de tutela es improcedente comoquiera que la ausencia de motivación del fallo bien
sea total o parcial se enmarca en la causal de nulidad originada en la sentencia que da
lugar a la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
A su vez, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 12
de diciembre de 202220 señaló que la causal de nulidad originada en la sentencia se ha
extendido a la violación del debido proceso en los términos del artículo 29 de la
Constitución Política y, dentro de ese marco, la jurisprudencia se ha ocupado de
identificar variados vicios que darían lugar a su configuración21, tales como: (i) haberse
dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo inhibitorio
injustificado y, (v) faltar al principio de congruencia, entre otros.
Frente al principio de congruencia, la Corporación ha explicado que la congruencia se
entiende como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones
de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita; además, la congruencia, se
puede calificar en congruencia externa, que implica que el fallo debe estar en armonía
con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada, y
en congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia22.
En ese orden, el requisito de subsidiariedad no se encuentra satisfecho, pues la acción
de tutela no puede erigirse en un mecanismo alternativo o sustitutivo de los instrumentos
procesales ordinarios y extraordinarios establecidos por el ordenamiento jurídico para
controvertir decisiones judiciales, menos aun cuando el interesado omitió ejercerlos sin
que se advierta justificación alguna que permita relevar dicha carga procesal. Así las
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
19 Expediente nro. 11001 0315 000 2021 00354 01. C.P.Carlos Enrique Moreno Rubio.
20Expediente nro. 11001-03-26-000-2019-00185-00. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
21 Al respecto ver: Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-02925-01.
22 Ibidem.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00992 01
Accionante: Durman Colombia SAS (antes Tubotec SAS)
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B
cosas, al existir un medio de defensa judicial que el accionante tenía a su alcance y del
cual no hizo uso oportunamente, la presente solicitud de amparo deviene improcedente.
En consecuencia, la Sala revocará el fallo proferido el 23 de abril de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y en su lugar declarará la improcedencia de la acción de
tutela por cuanto no cumple con el requisito general de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 23 de abril de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se negó la solicitud de amparo y, en su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la sociedad
Durman Colombia S.A.S. (antes Tubotec S.A.S.), por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 18 de
junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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