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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05642-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05642-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la parte actora. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el medio de control de reparación directa con radicado 20-001-33-40-008-2016-00073-01. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia, readecue el trámite del proceso, disponga la reapertura de la fase de alegatos y permita a las partes la oportunidad para solicitar, aportar y controvertir pruebas, decretar de oficio las que 16 Radicado: 11001-03-15-000-2025-05642-00 Accionantes: Eliana Cáceres Prado y otros Se concede la solicitud de amparo resulten necesarias, garantizar el contradictorio y, surtido el trámite correspondiente, profiera una nueva sentencia conforme a lo expuesto en la parte motiva aquí expuesta. CUARTO: ACEPTAR las solicitudes de desvinculación de la presente acción judicial formuladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio del Interior QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SÉPTIMO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05642-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05642-00
Accionantes: Eliana Cáceres Prado y otros
Accionados: Juzgado 8 Administrativo de Valledupar y Tribunal Administrativo del
Cesar
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por Eliana
Cáceres Prado, Nancy Cáceres Prado, William Cáceres Prado, Livar Eliecer Cáceres
Prado y Libar Eliecer Cáceres Angarita, contra las sentencias proferidas el 13 de mayo
de 2020 y el 6 de marzo de 2025 por el Juzgado 8 Administrativo de Valledupar y el
Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente.

SÍNTESIS1

La parte actora cuestiona las sentencias mediante las cuales se declaró probada la
excepción de caducidad en el medio de control de reparación directa adelantado con
ocasión del homicidio del señor Eduar Cáceres Prado y se confirmó esa decisión en sede
de apelación. Se concede el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia por configurarse los defectos fáctico y por desconocimiento del
precedente.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 9 de septiembre de 20252, Eliana Cáceres Prado, Nancy Cáceres Prado, William
Cáceres Prado, Livar Eliecer Cáceres Prado y Libar Eliecer Cáceres Angarita presentaron
una demanda en ejercicio de acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales de igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y
reparación integral. Según los accionantes, esas garantías constitucionales fueron
vulneradas por las sentencias proferidas el 13 de mayo de 2020 y el 6 de marzo de 2025
por el Juzgado 8 Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado núm. 20-001-33-40-008-2016-00073-00/01, adelantado por ellos contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Medio de control de reparación directa / Delitos de lesa
humanidad / Ejecución extrajudicial / Defecto fáctico / Desconocimiento del precedente / Se concede el amparo
2
El proyecto de sentencia presentado por el Consejero Alberto Montaña Plata fue derrotado en la Sala de la Subsección
del 18 de noviembre de 2025, por lo que pasó al despacho del Consejero Ponente el 4 de diciembre de 2025.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05642-00
Accionantes: Eliana Cáceres Prado y otros
Se concede la solicitud de amparo

2. Los accionantes formularon las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales de los accionantes Eliana Cáceres
Prado, Nancy Cáceres Prado, William Cáceres Prado, Livar Eliecer Cáceres Prado y
Libar Eliecer Cáceres Angarita, al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y reparación integral, los cuales fueron vulnerados por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesar, al declarar la caducidad de la acción de reparación directa sin valorar el
precedente jurisprudencial vigente ni el contexto de vulnerabilidad en el que se
encontraban los accionantes.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordene a las autoridades judiciales accionadas que,
en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, dejen sin efectos las sentencias
proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar (13 de
mayo de 2020) y confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar (6 de marzo de
2025), dentro del proceso de Medio de Control de Reparación Directa, radicado bajo
el número 20-001-33-40-008-2016-00073-01, en el que figuran como demandantes
los señores Libar Eliecer Cáceres Angarita, Esther Prado de Cáceres y otros, contra
La Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, por la muerte del señor Eduar Cáceres Prado, ocurrida el 22 de junio de
2002 dentro de las instalaciones del Batallón de Artillería La Popa, en la ciudad de
Valledupar.

TERCERO: Que se declare la configuración del defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, al haberse aplicado de forma automática la sentencia de
unificación SUJ-61.033 de 2020 a una demanda interpuesta en el año 2015, cuando
regía una línea jurisprudencial distinta.

CUARTO: Que se ordene al juez competente realizar un nuevo análisis del caso,
valorando el contexto de violencia, el miedo fundado, los informes de riesgo
aportados, y la jurisprudencia vigente en el momento de la presentación de la
demanda.

QUINTO: Que se garantice el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral de
los accionantes, conforme a los principios de verdad, justicia y no repetición que rigen
la protección de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Las
demás que se consideren pertinentes para la protección y amparo de mis derechos
fundamentales violados.

B. Hechos

3. El 22 de junio de 2002 falleció el señor Eduar Cáceres Prado en hechos ocurridos en
las instalaciones del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, en la ciudad de Valledupar,
Cesar. Ese mismo día también perdió la vida Carlos Alberto Pumarejo López Sierra, en
el marco de una operación militar adelantada por integrantes del Ejército Nacional en
dichas instalaciones.

4. Con ocasión de estos hechos, se adelantó un proceso penal en el que la Fiscalía 14
Delegada ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario profirió resolución de acusación, el 4 de octubre de 2010, contra varios
integrantes del Ejército Nacional, entre ellos Publio Hernán Mejía Gutiérrez, como
presuntos coautores del delito de homicidio en persona protegida por los hechos
ocurridos el 22 de junio de 2002. Posteriormente, el 6 de septiembre de 2013, el Juzgado
Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a varios oficiales por el delito

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05642-00
Accionantes: Eliana Cáceres Prado y otros
Se concede la solicitud de amparo

de concierto para delinquir agravado, en decisiones relacionadas con el contexto en el
que se produjeron los hechos.

5. El 18 de diciembre de 2015, Libar Eliecer Cáceres Angarita, Esther Prado de Cáceres,
Nancy Cáceres Prado, William Cáceres Prado, Livar Eliecer Cáceres Prado, Eliana
Cáceres Prado, Fabián Cáceres Prado, Said Cáceres Prado, Said Cáceres Zambrano,
Paola Andrea Araujo Cáceres, Sebastián Jesús Cáceres González, Leonardo Fabio
Cáceres Martínez, Dayana Vanessa Cáceres Zambrano y Brayan Cáceres Prado
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara su
responsabilidad administrativa y patrimonial por la muerte del señor Eduar Cáceres Prado
y se les indemnizaran los perjuicios alegados.

6. Mediante sentencia del 13 de mayo de 2020, el Juzgado Octavo Administrativo Oral
del Circuito de Valledupar declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. El despacho consideró
que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho dañoso y de la posible
intervención del Ejército Nacional desde el mismo 22 de junio de 2002, fecha en la que
ocurrió la muerte. Señaló que el término para ejercer la acción de reparación directa
comenzó a correr el 23 de junio de 2002 y venció el 23 de junio de 2004, y que no se
acreditó la existencia de circunstancias que hubieran impedido materialmente a los
actores acudir oportunamente a la jurisdicción. Añadió que la solicitud de conciliación
extrajudicial presentada en junio de 2015 no tenía la virtualidad de suspender un término
que ya se encontraba vencido.

7. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra esa decisión y sostuvo,
en síntesis, que el juzgado desconoció el precedente vigente al momento de presentar la
demanda en materia de graves violaciones a los derechos humanos, pues para entonces
existía una línea jurisprudencial que permitía flexibilizar el cómputo de la caducidad e,
incluso, contabilizarlo desde la ejecutoria de la decisión penal que esclareciera la
participación estatal. Alegó que la sentencia aplicó de manera retroactiva la providencia
de unificación del 29 de enero de 2020 y que no valoró el contexto de amenazas y riesgo
existente en la región, el cual dificultó acudir oportunamente a la jurisdicción.

8. En sentencia del 6 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó
integralmente la providencia de primera instancia. La Sala sostuvo que el conocimiento
del daño y de la posible intervención estatal se produjo desde la fecha de los hechos y
que el término de caducidad debía contabilizarse a partir de ese momento. Concluyó que
no se acreditó una imposibilidad material que hubiera impedido a los demandantes acudir
oportunamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

C. Fundamentos de la vulneración

9.Los accionantes sostienen que las sentencias del 13 de mayo de 2020 y del 6 de marzo
de 2025 vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, al haber declarado la
caducidad del medio de control de reparación directa sin valorar adecuadamente el
contexto de graves violaciones a los derechos humanos en el que ocurrieron los hechos.

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Accionantes: Eliana Cáceres Prado y otros
Se concede la solicitud de amparo

9.1. En primer lugar, alegan un defecto por desconocimiento del precedente
jurisprudencial, al considerar que las autoridades judiciales accionadas aplicaron de
manera automática la sentencia de unificación del 29 de enero de 20203 a una demanda
presentada en diciembre de 2015, pese a que para ese momento, según afirman, existía
una línea jurisprudencial mayoritaria que excluía la aplicación estricta de la caducidad en
acciones de reparación directa derivadas de crímenes de lesa humanidad y ejecuciones
extrajudiciales.

9.2. En segundo lugar, aducen la configuración de un defecto fáctico, por cuanto, a su
juicio, los jueces de instancia no valoraron adecuadamente el contexto probatorio del
caso. Sostienen que se dio prevalencia a la presunción de conocimiento inmediato del
daño desde el 22 de junio de 2002, sin ponderar el entorno de intimidación,
estigmatización y riesgo existente en Valledupar entre 2002 y 2005, en el marco de un
patrón de ejecuciones extrajudiciales. Afirman que los despachos judiciales omitieron
considerar los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo, el traslado del proceso
penal por razones de seguridad y las amenazas y retractaciones de testigos en el proceso
seguido contra el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez.

9.3. En tercer lugar, invocan la existencia de un exceso de ritual manifiesto, al estimar
que las autoridades judiciales aplicaron la figura de la caducidad de manera rígida y
formalista, sin atender al carácter excepcional del caso ni ejercer un control de
convencionalidad conforme al bloque de constitucionalidad. A su juicio, la decisión
convirtió la caducidad en una barrera procesal absoluta que desconoció la prevalencia
del derecho sustancial y frustró el acceso a la justicia de personas en condición de
vulnerabilidad, lo que perpetúa su revictimización.

9.4. Con fundamento en estos defectos, solicitan la intervención del juez constitucional
para dejar sin efectos las providencias cuestionadas y ordenar un nuevo análisis del caso
que tenga en cuenta el precedente vigente al momento de la demanda y el contexto de
violencia y riesgo en que ocurrieron los hechos.

D. Trámite procesal

10. Mediante auto del 11 de septiembre de 20254 se admitió la demanda de tutela, se
ordenó su notificación al Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar y al Tribunal
Administrativo del Cesar, así como a la Nación – Ministerio del Interior, Ministerio de
Justicia y del Derecho y Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en calidad de terceros
con interés.

11. Mediante auto del 14 de enero de 2026, el despacho ponente advirtió que en el auto
admisorio de la tutela, el despacho ponente original omitió notificar a Esther Prado de
Cáceres, Fabián Cáceres Prado, Said Cáceres Zambrano, Leonardo Fabio Cáceres
Martínez y Dayana Vanessa Cáceres Zambrano, quienes también integraban la parte
demandante en el proceso de reparación directa. En consecuencia, ordenó su

3
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2020. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Radicado número 85001-33-33-002-2014-00144-01.
4
Índice 4 del expediente digital en Samai.

4

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Accionantes: Eliana Cáceres Prado y otros
Se concede la solicitud de amparo

notificación como terceros con interés, para que se pronunciaran sobre los hechos y las
pretensiones de la acción de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

12. El Tribunal Administrativo del Cesar5 (accionado) rindió informe y precisó que profirió
sentencia de segunda instancia el 6 de marzo de 2025 dentro del medio de control de
reparación directa 20-001-33-40-008-2016-00073-01, en la que confirmó la sentencia del
13 de mayo de 2020 del Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar que declaró la
caducidad. Indicó que, en su criterio, no se configuró vulneración de derechos
fundamentales porque la sentencia cuestionada se fundó en la norma de caducidad y en
los pronunciamientos vigentes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al
contabilizar el término desde que los accionantes tuvieron conocimiento de la
participación del Estado en el daño.

13. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar6
(accionado) aportó un recuento del trámite del proceso de reparación directa y señaló
que, en sentencia del 13 de mayo de 2020, declaró probada la excepción de caducidad.
Expuso que no estaba acreditada ninguna circunstancia que hubiera impedido demandar
desde el momento de ocurrencia de los hechos y que, al considerar que los demandantes
conocían desde esa época la participación del Estado, el término para demandar habría
corrido del 23 de junio de 2002 al 23 de junio de 2004; agregó que la conciliación
extrajudicial se radicó el 18 de junio de 2015 y la demanda el 18 de diciembre de 2015.
Finalmente, indicó que la sentencia fue apelada, que el recurso se concedió y que el
Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión el 6 de marzo de 2025; solicitó
negar las pretensiones de la tutela.

14. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional7 (tercero con interés) se opuso
a la prosperidad de las pretensiones de la demanda de tutela. Sostuvo que la tutela no
cumple los requisitos para habilitar un análisis de fondo, que no se acredita la vulneración
de derechos alegada y que la tutela no puede ser una instancia adicional para controvertir
una decisión adversa; afirmó que las decisiones del proceso de reparación directa
estuvieron ajustadas a derecho y a las pruebas decretadas y practicadas.

15. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho8 (tercero con interés) señaló que no
fue parte en el medio de control de reparación directa que dio origen a la tutela, alegó
falta de legitimación por pasiva y solicitó su desvinculación. Sin perjuicio de ello, indicó
que el fundamento de la tutela corresponde a argumentos jurídicos que debieron
exponerse dentro del medio de control y que la acción de tutela no es una tercera
instancia, por lo que la consideró que la demanda era improcedente.

16. La Nación – Ministerio del Interior9 (tercero con interés) alegó su falta de legitimación
por pasiva, al considerar inexistente el nexo de causalidad entre la presunta vulneración

5
Índice 10 del expediente digital en Samai.
6
Índice 12 del expediente digital en Samai.
7
Índice 13 del expediente digital en Samai.
8
Índice 14 del expediente digital en Samai.
9
Índices 16, 17 y 19 del expediente digital en Samai.

5

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Accionantes: Eliana Cáceres Prado y otros
Se concede la solicitud de amparo

de los derechos invocados y una acción u omisión atribuible a esa cartera; en ese sentido,
sostuvo que la tutela resultaría improcedente respecto de dicha entidad.

17. Los señores Fabián Cáceres Prado, Said Cáceres Zambrano, Leonardo Fabio
Cáceres Martínez y Dayana Vanessa Cáceres Zambrano10 (terceros con interés)
presentaron un memorial conjunto en el que afirmaron coadyuvar la demanda de tutela.
Señalan que los hechos que dieron lugar a la interposición de la demanda de reparación
directa generaron un profundo impacto y un temor prolongado en su familia,
especialmente en Esther Prado de Cáceres (q.e.p.d.), quien vivió con miedo a represalias
por parte de los implicados y de grupos paramilitares, lo que, afirman, dificultó durante
años la búsqueda de justicia.

II. CONSIDERACIONES
F. Competencia

18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por los señores Eliana Cáceres
Prado, Nancy Cáceres Prado, William Cáceres Prado, Livar Eliecer Cáceres Prado y Libar
Eliecer Cáceres Angarita contra el Juzgado 8 Administrativo de Valledupar y el Tribunal
Administrativo del Cesar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento
del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Cuestión previa

19. La Sala accederá a las solicitudes de desvinculación de la presente acción judicial
formuladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio del Interior, pues
advierte que, efectivamente, dichas autoridades no fueron partes o intervinientes en el
proceso de reparación directa que dio lugar al proceso de la referencia.

H. Sentido de la decisión
20. La Sala concederá el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia por configurarse los defectos fáctico y por desconocimiento del
precedente.

I. Requisitos generales de procedibilidad

21. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la demanda de tutela contra providencias judiciales, por cuanto: (i) la
parte actora identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda, así
como los derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) la parte actora utilizó
los mecanismos judiciales a su alcance y contra la sentencia cuestionada no procede
ningún recurso ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la sentencia cuestionada11; (iv) el asunto es relevante

10
Índice 33 del expediente digital en Samai.
11
La providencia se notificó por correo electrónico el 10 de marzo de 2025 y la solicitud de amparo se presentó el 9 de
septiembre de 2025.

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Accionantes: Eliana Cáceres Prado y otros
Se concede la solicitud de amparo

constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos fundamentales por
presuntos defectos en una providencia judicial; y (v) no se trata de una decisión proferida
en sede de tutela.

J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela

22. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

22.1. En el asunto sub iudice, los accionantes cuestiona las sentencias proferidas el 13
de mayo de 2020 y el 6 de marzo de 2025 por el Juzgado 8 Administrativo de Valledupar
y el Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente, pues consideran que incurrieron
en desconocimiento del precedente, defecto fáctico y defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto. A continuación, la Sala describirá las características y elementos de
los defectos alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar a
fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

23. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”12. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.

23.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias13. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.

23.2. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba14. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción15.

24. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa
relevante para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver
nuevos casos, ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir
un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de
la decisión posterior”16.

12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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24.1. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un
valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a
justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.

25. El defecto procedimental es una causal específica de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y tiene su fundamento en los artículos 29 y 228 de
la Constitución Política, los cuales consagran el derecho al debido proceso, el acceso a
la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el formalismo
procedimental. Para la Corte Constitucional, este defecto se configura cuando la
actuación judicial vulnera alguna de las garantías procesales esenciales de manera tal
que compromete la validez del procedimiento seguido y, por ende, el goce efectivo de
los derechos fundamentales del afectado.

25.1. La Corte Constitucional17 ha establecido que el defecto procedimental se manifiesta
de dos maneras: (i) el defecto procedimental absoluto, cuando el operador judicial
desconoce o se aparta del procedimiento legalmente establecido y (ii) el exceso ritual
manifiesto, que se presenta cuando «el goce efectivo de los derechos de los individuos
se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las normas procesales».

25.2. La procedencia de la acción de tutela por defecto procedimental, ya sea absoluto o
por exceso ritual manifiesto, exige (i) que no exista otro medio para corregir la
irregularidad, salvo la presencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto sea
manifiesto y tenga incidencia directa en la decisión cuestionada; (iii) que haya sido
alegado en el proceso ordinario, cuando ello fuera posible; (iv) que no sea atribuible al
afectado; y (v) que genere una vulneración de derechos fundamentales.18

25.3. En particular, la Corte19 ha precisado que la indebida notificación puede configurar
un defecto procedimental absoluto cuando el juez desconoce el procedimiento
legalmente establecido, pues ello implica una afectación grave al debido proceso al
comprometer las garantías de contradicción y defensa de las partes.

K. Desarrollo jurisprudencial de la operancia de la caducidad en la acción de
reparación directa adelantada con ocasión de delitos de lesa humanidad

i. La sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado

26. La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de enero de 202020,
unificó la jurisprudencia respecto de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra de la
siguiente manera:

17
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
19
Corte Constitucional, sentencia T-181 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero
de 2020, Exp. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.

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Se concede la solicitud de amparo

i) En tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii)
este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se
computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.

27. Adicionalmente, expuso que “el término de caducidad de la pretensión de reparación
directa no resulta exigible en los eventos en los que se afectan de manera ostensible los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la
configuración de circunstancias que obstaculizan materialmente el ejercicio del derecho
de acción y, por ende, impiden agotar las actuaciones necesarias para la presentación
de la demanda”.

28. En ese sentido, señaló que el juez de lo contencioso administrativo debe, de manera
excepcional, inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa
cuando advierta que la no comparecencia ante la administración de justicia se encuentra
justificada por razones materiales, en tanto el paso del tiempo no puede empezar a correr
contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, de manera que
el plazo para demandar no se puede computar mientras subsistan dichas situaciones
especiales.

ii. La sentencia SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional

29. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-312 de 202021, acogió la aproximación
de la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Al respecto, la Corte precisó que
la jurisprudencia contencioso-administrativa vigente relacionada con el entendimiento del
término de caducidad en la acción de reparación directa adelantada con ocasión de
crímenes de lesa humanidad “es razonable y proporcional desde una perspectiva
constitucional y convencional”. Además, dispuso que “

30. Señaló que los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo
razonable de dos años, pero que ese plazo “no se cuenta necesariamente desde el
momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando
el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se
encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional”;
además, precisó que la procedencia de la demanda debe examinarse “atendiendo a las
particularidades de cada asunto en concreto”.

31. La Corte distingue entre el conocimiento del hecho y la capacidad material de
demandar y exige un examen concreto de las condiciones reales en que se hallaban las
víctimas para estructurar la imputación de responsabilidad estatal. Por consiguiente,
cualquier decisión que reduzca el examen a la sola constatación del conocimiento del
daño, sin indagar si los demandantes contaban con las condiciones materiales y con

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Corte Constitucional, sentencia SU-312 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Accionantes: Eliana Cáceres Prado y otros
Se concede la solicitud de amparo

elementos confiables para estructurar una demanda de reparación directa, desconoce
directamente la ratio decidendi de la sentencia SU-312 de 2020.

iii. La sentencia SU-167 de 2023 de la Corte Constitucional

32. En la sentencia SU-167 de 202322, la Corte Constitucional estudió un caso en el cual
se declaró la caducidad en el medio de control de reparación directa adelantado con
ocasión de una ejecución extrajudicial y analizó si la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental absoluto al no readecuar el
procedimiento para permitir que las partes actualizaran sus planteamientos conforme a
las nuevas reglas de unificación previstas por la Sección Tercera del Consejo de Estado
sobre la materia.

33. La Corte precisó que “la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el
trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y
posibilidades procesales que este contiene”. En particular, la Corte fue explícita en
señalar que dicha readecuación puede implicar la reapertura de la fase de alegatos, con
el fin de permitir que las partes expongan los argumentos relativos a circunstancias como
la imposibilidad material de acceso a la justicia, especialmente cuando tales
circunstancias resultan determinantes para definir la operancia de la caducidad.

34. En ese caso, la Corte advirtió que “el Consejo de Estado omitió materialmente la fase
de alegatos, vulnerando los derechos fundamentales invocados por los demandantes.
Esto debido a que la sentencia de unificación cambió los parámetros sobre la caducidad
de las pretensiones indemnizatorias relacionadas con delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra. Ante estos cambios, la Sección Tercera debió readecuar la fase de
alegatos y permitir a las partes presentar nuevamente sus argumentos de conclusión, en
donde –por ejemplo– los demandantes habrían podido exponer los obstáculos que
impidieron su acceso inmediato a la administración de justicia”.

35. Lo anterior, en tanto que, “en materia de graves violaciones de derechos humanos,
se ha reconocido la dificultad que representa para las víctimas cumplir con el rigor
probatorio en las acciones judiciales”.

36. En ese sentido, la Corte Constitucional explicó que, cuando se presentan variaciones
relevantes en la interpretación jurisprudencial aplicable al caso, el juez contencioso
administrativo debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las partes
puedan ejercer plenamente su derecho de defensa y contradicción. Esto implica, entre
otras actuaciones, readecuar el trámite procesal para permitir que los sujetos procesales
ajusten sus planteamientos a las nuevas reglas jurídicas fijadas por la jurisprudencia,
especialmente cuando dichas reglas inciden directamente en la definición de aspectos
determinantes del litigio, como ocurre con el cómputo del término de caducidad del medio
de control de reparación directa.

22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2023. M.P. Diana Fajardo Rivera.

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Accionantes: Eliana Cáceres Prado y otros
Se concede la solicitud de amparo

37. Bajo esa premisa, la Corte concluyó que la omisión de esa readecuación procesal
podía configurar un defecto procedimental absoluto, en la medida en que se priva a las
partes de una etapa sustancial del proceso y se limita su posibilidad real de exponer los
argumentos fácticos y jurídicos pertinentes frente al nuevo marco interpretativo aplicable
al caso. En particular, destacó que la posibilidad de presentar alegatos de conclusión
adquiere especial relevancia cuando el precedente judicial introduce nuevos criterios para
determinar el momento a partir del cual debe contabilizarse la caducidad de la acción,
pues es precisamente en esa etapa donde las partes pueden explicar las circunstancias
que incidieron en el acceso efectivo a la administración de justicia.

38. Así mismo, la Corte reiteró que, tratándose de casos relacionados con graves
violaciones a los derechos humanos, el análisis del acceso a la jurisdicción contencioso-
administrativa no puede realizarse de manera meramente formal o automática. Por el
contrario, el juez debe valorar las particularidades del caso concreto, incluidas las
posibles barreras materiales o informativas que hayan enfrentado las víctimas para
conocer la antijuridicidad del daño y la eventual responsabilidad estatal, circunstancias
que pueden incidir en la determinación del momento desde el cual resulta razonable exigir
el ejercicio de la acción judicial correspondiente.

39. De este modo, la sentencia SU-167 de 2023 reafirmó que el examen del término de
caducidad en este tipo de asuntos exige una valoración contextual y probatoria que
permita establecer cuándo las víctimas conocieron o pudieron razonablemente conocer
la posible imputación del daño al Estado, así como las eventuales dificultades que
pudieron afectar su acceso oportuno a la jurisdicción. En consecuencia, el juez
contencioso administrativo debe garantizar que las partes cuenten con una oportunidad
procesal efectiva para exponer dichas circunstancias dentro del proceso.

iv. La sentencia SU-439 de 2024 de la Corte Constitucional

40. En la sentencia SU-439 de 202423, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió
dos acciones de tutela formuladas contra decisiones judiciales que declararon la
caducidad de demandas de reparación directa promovidas con ocasión de presuntas
ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado. En ambos casos, las
autoridades judiciales accionadas habían tomado como punto de partida del término de
caducidad un momento en que, según la Corte, las víctimas no contaban aún con
elementos suficientes para imputar responsabilidad patrimonial al Estado ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.

41. Al resolver los problemas jurídicos planteados, la Corte reiteró que el principal
precedente vinculante en materia de caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de graves violaciones de derechos humanos es la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuyo alcance
constitucional fue precisado en la sentencia SU-312 de 2020. Conforme a dichos
precedentes, el término de dos años no se cuenta necesariamente desde la ocurrencia
del daño, sino desde el momento en que el afectado tuvo conocimiento de que el

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Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 2024. M.P. Diana Fajardo Rivera.

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Accionantes: Eliana Cáceres Prado y otros
Se concede la solicitud de amparo

menoscabo fue causado por el Estado y se encontró en capacidad material de imputarle
responsabilidad ante el aparato jurisdiccional.

42. La Corte precisó que estos dos presupuestos –el conocimiento de la participación
estatal y la capacidad material de formular la demanda– deben ser valorados de manera
conjunta y contextual, atendiendo a las circunstancias particulares del caso. No basta,
por tanto, con verificar que las víctimas conocieron el hecho dañoso en términos
generales; es necesario establecer si, al momento que se les atribuye dicho
conocimiento, contaban con elementos probatorios suficientes para desvirtuar, al menos
prima facie, la versión oficial de los hechos y para sostener razonablemente una
pretensión de responsabilidad estatal ante la jurisdicción.

43. La Corte reafirmó “la necesidad de aplicar un enfoque flexible y pro víctima en la
interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos que involucren presuntas
ejecuciones extrajudiciales” y precisó que estos contextos exigen valorar las pruebas “de
manera más comprensiva y contextual”. Este enfoque parte del reconocimiento de que
las víctimas de estos hechos han enfrentado históricamente múltiples barreras
estructurales para acceder a la verdad y a la justicia: la falta de información veraz, la
intimidación por parte de los presuntos victimarios, el encubrimiento institucional de los
hechos y un entorno generalizado de impunidad que perpetúa la desigualdad en el
acceso a los mecanismos judiciales.

44. Bajo esa premisa, la Corte concluyó que la omisión de una valoración contextual de
los hechos, al determinar si la demanda de reparación directa fue presentada
oportunamente, constituye en sí misma una violación del derecho al acceso a la
administración de justicia y perpetúa la situación de indefensión de las víctimas de
posibles graves violaciones de derechos humanos.

L. El caso concreto

45. En el asunto bajo examen, los accionantes solicitan el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
reparación integral, verdad y no repetición por considerar que el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar
declararon y confirmaron, respectivamente, la caducidad del medio de control de
reparación directa promovido por la muerte de Eduar Cáceres Prado, sin aplicar
correctamente el precedente judicial vigente sobre el cómputo de ese término en casos
de presuntas ejecuciones extrajudiciales y sin valorar el contexto de miedo fundado,
riesgo e intimidación en el que afirman haber estado inmersos.

46. En la demanda de tutela pidieron, de manera expresa, que se declarara la
configuración de un defecto por desconocimiento del precedente y que se ordenara un
nuevo análisis del caso, valorando “el contexto de violencia, el miedo fundado, los
informes de riesgo aportados” y la jurisprudencia aplicable. Igualmente, alegaron la
configuración de defecto fáctico, por no valorar adecuadamente el contexto probatorio del
asunto, y de exceso ritual manifiesto, por haber aplicado la caducidad de manera rígida
y formalista.

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47. La Sala amparará los derechos fundamentales invocados, pues las providencias
censuradas no aplicaron integralmente la regla jurisprudencial vigente. Si bien citaron la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 y la SU-312 de
2020 de la Corte Constitucional, en realidad redujeron esa línea a una lectura parcial y
descontextualizada, centrada exclusivamente en la exigibilidad abstracta del término de
caducidad y en su cómputo desde la fecha de los hechos, sin integrar los elementos
estructurales que el propio precedente exige para su aplicación en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, particularmente la valoración de la capacidad
material de acceso a la justicia y de las circunstancias que pudieron impedir su ejercicio
oportuno.

48. La controversia constitucional no consiste en determinar, en abstracto, si las acciones
de reparación directa derivadas de conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad
son imprescriptibles, ni en reabrir el debate ordinario por una mera discrepancia
hermenéutica. El problema consiste en establecer si, a la luz del precedente vinculante,
las autoridades judiciales accionadas podían declarar la caducidad a partir del solo
conocimiento de la muerte y de la imputación inicial formulada en la demanda, sin habilitar
un escenario procesal adecuado para examinar, probar y debatir las circunstancias que,
según la parte actora, impidieron materialmente el ejercicio oportuno de la acción, pese
a que tales circunstancias fueron planteadas de manera expresa en el recurso de
apelación.

49. Esa precisión es relevante, además, porque, en sede de tutela, los accionantes
sostienen que no presentaron la demanda de reparación directa antes por el temor
fundado derivado del contexto de violencia y de control armado ilegal en Valledupar,
sumado a las condiciones en que se adelantó la investigación penal por los hechos del
Batallón La Popa. Por ello, el análisis debe ubicarse en la línea jurisprudencial sobre
ejecución extrajudicial y el estudio de la capacidad material de ejercer oportunamente la
acción.

50. A la luz de la línea jurisprudencial desarrollada en el acápite anterior, la Sala advierte
que en el proceso ordinario sí existieron alegaciones que obligaban a las autoridades
judiciales accionadas a adelantar un examen mucho más cuidadoso que el finalmente
realizado. La demanda de reparación directa, presentada el 18 de diciembre de 2015,
imputó al Ejército Nacional la privación de la libertad, tortura y muerte violenta de Eduar
Cáceres Prado dentro de las instalaciones del Batallón La Popa, y sostuvo que se trató
de una ejecución extrajudicial. También pidió allegar piezas del proceso penal adelantado
por estos mismos hechos.

51. Posteriormente, en el recurso de apelación, la parte actora fue explícita en cuestionar
el entendimiento rígido de la caducidad. Desde la primera página del escrito dejó
planteado que el a quo había declarado la caducidad “por considerar que ese Despacho
NO encontró acreditada ninguna circunstancia que impidiera a los demandantes”
presentar la demanda a tiempo y porque entendió que conocían desde el inicio la
participación estatal.

52. Además, el recurso no se limitó a disentir abstractamente del precedente aplicado.
Introdujo alegaciones concretas sobre imposibilidad material. Los accionantes afirmaron

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que la Sala Penal de la Corte Suprema había aceptado trasladar el proceso penal porque
en Valledupar “no se encuentra garantizada la seguridad e integridad personal de los
sujetos procesales y de los funcionarios judiciales”. El apoderado invocó explícitamente
la situación de temor al afirmar “dígame el temor que sintieron y siguen sintiendo los
demandante [sic], quienes están desprotegidos”. También sostuvo que “no se le puede
exigir a las víctimas, cargas que no están obligados a soportar, cuando los mismo [sic]
funcionarios que acusan legalmente tienen temor del ejercicio de sus funciones”.

53. En el mismo recurso de apelación se añadió que en Valledupar “se vivía una
zozobra”, que “los familiares de las víctimas no podían ejercer sus derechos de denunciar
o acceder a la justicia por las constantes amenazas de MUERTE”, y que el poder del
coronel Mejía y la forma en que se manejaban las pruebas habían dejado a las víctimas
“sin oportunidad de acceder a los elementos probatorios para accionar al aparato judicial,
solo tenía su dicho”. Incluso se afirmó, de manera muy significativa, que “más que el
conocimiento personal del hecho, lo que se requiere para demandar es el acopio de
pruebas para reclamar las pretensiones”.

54. Esas alegaciones, además, estaban respaldadas por soporte contextual. En los
informes de riesgo allegados aparece que en Valledupar, para la época, las AUC se
habían implantado como actor ilegal hegemónico en la cabecera urbana y zonas
circunvecinas; que existían “redes de vigilancia privada” y labores de inteligencia a su
servicio; que se advertían “asesinatos selectivos, desplazamientos intraurbanos,
amenazas y desapariciones”; y que se hallaban en “particular situación de riesgo” los
“funcionarios públicos que integran órganos de control, entes de investigación y del sector
justicia”.

55. No obstante, ni el juzgado ni el tribunal accionados habilitaron un espacio procesal
adecuado para discutir dichas circunstancias bajo el estándar fijado en la sentencia de
unificación de 2020 y desarrollado por la Corte Constitucional. En particular, no
readecuaron el trámite ni reabrieron la fase de alegatos, a pesar de que el cambio
jurisprudencial incidía directamente en la definición del término de caducidad y en la
estructuración misma de la carga argumentativa y probatoria sobre la imposibilidad
material de accionar. Por el contrario, resolvieron el asunto aplicando la norma de
caducidad sin permitir a la parte actora exponer, en condiciones procesales adecuadas,
los argumentos relativos a la imposibilidad material de accionar ni desplegar actividad
probatoria orientada a verificar tales circunstancias, lo cual desconoció el precedente
aplicado.

56. El juzgado de primera instancia declaró la caducidad con un razonamiento que agotó
el problema en el conocimiento inicial del hecho. Señaló que los demandantes conocían
“desde la época de los hechos —22 de junio de 2002—, de la participación del Ejército
Nacional”, y agregó que “NO se vislumbran tales circunstancias, pues los actores -en su
demanda- ni siquiera arguyen que se encontraban imposibilitados materialmente para
acudir a esta jurisdicción”. En esa línea, concluyó que no había lugar a inaplicar el término
porque no se había aportado prueba de circunstancias que impidieran demandar.

57.Por su parte, el Tribunal Administrativo del Cesar reprodujo la regla de SU-312 de
2020 y de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, e incluso reconoció que el

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término solo se activa cuando el afectado está en la capacidad material de imputar el
daño al Estado. No obstante, luego sostuvo que la parte actora, en la apelación, “solo se
limitó a indicar” que vio la posibilidad de acudir a la justicia cuando conoció declaraciones
de testigos, y terminó confirmando la decisión por considerar que la caducidad era una
“figura eminentemente objetiva”.

58. De esa forma se configura, en primer lugar, el desconocimiento del precedente
judicial. No porque las autoridades accionadas hubieran omitido citarlo, sino porque lo
aplicaron de manera fragmentada. Si bien reconocieron en abstracto que la caducidad
no corre automáticamente desde el daño y que se requiere capacidad material para
imputar, al decidir el caso concreto, trataron la caducidad como una figura objetiva y la
hicieron depender, en la práctica, del solo conocimiento inicial del hecho y de la temprana
sospecha o imputación contra el Ejército. Ese razonamiento es incompatible con la SU-
312 de 2020, que distingue expresamente entre conocimiento del daño y la capacidad
material para accionar; con la SU-439 de 2024, que juzga irrazonable exigir a las víctimas
actuar con simples sospechas; y con la T-001 de 2025, que exige desplegar actividad
probatoria oficiosa cuando se alegan amenazas o barreras para acceder a la
administración de justicia.

59. En segundo lugar, ese desconocimiento del precedente se tradujo también en un
defecto fáctico. En la demanda de tutela, los actores sostienen que las providencias
cuestionadas no valoraron adecuadamente el contexto probatorio del caso y que
prescindieron del entorno de intimidación, estigmatización y riesgo en Valledupar. La Sala
considera que ese reproche está justificado, no porque deba darse por probada sin más
la imposibilidad material alegada, sino porque las autoridades judiciales accionadas
cerraron el debate sin valorar suficientemente los elementos que ya habían sido puestos
de presente en la apelación y sin activar sus poderes oficiosos para esclarecerlos.

60. En un caso de presunta ejecución extrajudicial, con alegaciones concretas de
amenazas, zozobra regional, traslado del proceso penal por razones de seguridad y
dificultad de acceso a pruebas, no bastaba con decir que “no fue aportada ninguna
prueba”. Ese razonamiento desconoce el estándar fijado por la Corte Constitucional,
según el cual, en estos asuntos, la valoración probatoria debe ser contextual y garantista,
y el juez debe intervenir oficiosamente cuando sea necesario para establecer si existió
imposibilidad material para demandar, lo cual no ocurrió en el presente caso, pese a la
existencia de alegaciones concretas que activaban ese deber.

61. En efecto, el defecto fáctico no surge aquí porque el juez haya llegado a una
conclusión distinta a la propuesta por la parte actora, sino porque omitió valorar
adecuadamente hechos relevantes para la decisión y dejó de practicar pruebas
conducentes para esclarecerlos. De conformidad con lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia T-001 de 202524, cuando se alegan amenazas u
obstáculos equivalentes que podrían haber impedido demandar de manera oportuna, el
juez de conocimiento incurre en defecto fáctico si no decreta pruebas de oficio para
determinar su ocurrencia. Eso fue justamente lo que ocurrió en el presente asunto, pues

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Corte Constitucional, sentencia T-001 de 2025. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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la imposibilidad material fue alegada y, sin embargo, no se abrió un debate probatorio
encaminado a verificarla.

62. No pasa inadvertido que los accionantes también sostienen que la demanda de 2015
fue presentada bajo una línea jurisprudencial anterior, que, a su juicio, reconocía la
imprescriptibilidad de este tipo de acciones, y que por ello actuaron bajo una suerte de
confianza legítima. Sin embargo, la Sala no edificará el amparo sobre la premisa de que
la regla vigente en 2015 excluía sin excepción la caducidad, ni sobre la tesis de que la
sentencia de unificación de 2020 no pudiera proyectarse a procesos en curso. La propia
Corte Constitucional, en T-044 de 2022 y SU-167 de 2023, admitió la aplicación
retrospectiva del nuevo marco, pero supeditada a que el trámite se readecue para permitir
a las partes ajustarse a las nuevas cargas argumentativas y probatorias. De ahí que el
problema no sea, estrictamente, la sola aplicación de la sentencia de unificación a un
proceso iniciado antes de 2020, sino su aplicación sin cumplir el deber de adaptar el
trámite y de permitir el debate probatorio que ese nuevo estándar hacía necesario.

63. Por lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales invocados y dejará sin
efectos la sentencia del 6 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, en lo concerniente a la declaratoria de caducidad del medio de control de
reparación directa.

64. En desarrollo del amparo, se ordenará retrotraer la actuación al momento procesal
pertinente para que la autoridad judicial competente readecue el trámite del proceso,
disponga la reapertura de la fase de alegatos y habilite un debate probatorio específico
dirigido a establecer si existieron circunstancias que hubieran impedido materialmente a
los demandantes ejercer oportunamente el medio de control de reparación directa. Para
ello deberá permitir a las partes la oportunidad para solicitar, aportar y controvertir
pruebas, decretar de oficio las que resulten necesarias, garantizar el contradictorio y
proferir una nueva decisión conforme al precedente aplicable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la parte actora.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, en el medio de control de reparación directa con
radicado 20-001-33-40-008-2016-00073-01.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de los diez (10)
días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia, readecue
el trámite del proceso, disponga la reapertura de la fase de alegatos y permita a las partes
la oportunidad para solicitar, aportar y controvertir pruebas, decretar de oficio las que

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resulten necesarias, garantizar el contradictorio y, surtido el trámite correspondiente,
profiera una nueva sentencia conforme a lo expuesto en la parte motiva aquí expuesta.

CUARTO: ACEPTAR las solicitudes de desvinculación de la presente acción judicial
formuladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio del Interior

QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

SEXTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

SÉPTIMO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Presidente
Con salvamento de voto

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