RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00626-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00626-00

Fecha
4 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00626-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 29 de octubre de 2025 por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el medio de control de reparación directa con radicado 05001-33-33-009-2013-01238-01. TERCERO: ORDENAR a la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia, readecue el trámite del proceso, disponga la reapertura de la fase de alegatos y permita a las partes la oportunidad para solicitar, aportar y controvertir pruebas, decretar de oficio las que resulten necesarias, garantizar el contradictorio y, surtido el trámite correspondiente, profiera una nueva sentencia conforme a lo expuesto en la parte motiva aquí expuesta. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. 15 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00 Accionante: Julio César Verbel Julio Se concede el amparo QUINTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00626-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

4 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Cuatro (4) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por Julio
César Verbel Julio contra la sentencia proferida el 29 de octubre de 2025 por la Sala
Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

SÍNTESIS1

La parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia, que revocó la decisión que
había accedido a las pretensiones de la demanda en el medio de control de reparación
directa promovido por el accionante –y otros– contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara responsable por el homicidio del señor
Yamir Verbel Paternina. Se concede el amparo por configurarse el desconocimiento del
precedente jurisprudencial.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 30 de enero de 2026, el señor Julio César Verbel Julio presentó una demanda en
ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Según la parte actora, esas
garantías constitucionales fueron vulneradas por la sentencia proferida el 29 de octubre
de 2025 por la Sala Séptima Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del
medio de control de reparación directa con radicado 05001-33-33-009-2013-01238-00/01
promovido por el accionante –y otros– contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional.

2. Los accionantes formularon las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el suscrito accionante. Se
hagan extensivo sus efectos a los demás demandantes.
2. ORDENAR a la accionada para que, en un término prudente que a bien tenga
señalar el señor juez constitucional, se disponga de nuevo proferir sentencia que

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Medio de control de reparación directa / Ejecución extrajudicial

/ Desconocimiento del precedente jurisprudencia / Se concede el amparo.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

resuelva la apelación, siguiendo las pautas fijadas por el Consejo de Estado sobre
reclamaciones de este tipo donde se involucren ejecuciones extrajudiciales y delitos
de lesa humanidad2. (negrillas del original)

B. Hechos

3. El 10 de mayo de 2006, fueron “reclutados de forma engañosa” los señores Yamir
Verbel Paternina y Jorge Eliécer Barbosa Reales, por el soldado profesional Eduardo
Hernández Gómez, en el barrio el Pozón, de la ciudad de Cartagena, y fueron llevados a
la zona del Nordeste Antioqueño (Municipio de Dabeiba) donde fueron dados de baja por
miembros del Pelotón Especial Halcón, adscrito al Batallón de Ingenieros No. 17, para
hacerlos aparecer como miembros de grupos insurgentes.

3.1. El 7 de noviembre de 2010, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución
mediante la cual resolvió la situación jurídica e impuso medida de aseguramiento al
soldado profesional Eduardo Hernández Gómez por los delitos de homicidio en persona
protegida, en concurso con desaparición forzada agravada.

3.2. En audiencia del 19 de abril de 2012, celebrada ante el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Cartagena, el señor Eduardo Hernández Gómez aceptó los cargos que
le imputaron en el proceso penal.

3.3. El 9 de julio de 2013, el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Cartagena
profirió sentencia anticipada, mediante la cual condenó al señor Eduardo Hernández
Gómez a 27 años de prisión, por los delitos de desaparición forzada agravada en
concurso con homicidio agravado.

4. El 6 de diciembre de 2013, los señores José Luis Verbel Julio, Julio César Verbel
Julio, Norma Patricia Verbel Julio, Rosa Elena Verbel Julio y Óscar Luis Verbel Soleno,
presentaron una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la Nación – Rama Judicial – Ejército Nacional, con el fin de que se les declarara
responsables de los perjuicios causados por la muerte del señor Yamir Verbel Paternina.

5. Mediante sentencia del 29 de enero de 2019, el Juzgado Noveno Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda, toda vez que
en audiencia preparatoria del 19 de abril de 2012 el soldado profesional aceptó cargos
por la muerte de los señores Yamil Verbel Parternina y Jorge Eliécer Reales Barbosa, lo
cual resultaba suficiente para evidenciar el delito de homicidio en persona protegida y
desaparición forzada, y que en la autoría de dicho homicidio se involucraron miembros
del Ejército Nacional, por lo cual se generó a los demandantes un daño antijurídico que
no estaban en el deber de soportar.

2 Índice 2 del expediente digital en Samai.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

6. La demandada3 y la curadora ad-litem del llamado en garantía –Eduardo Hernández
Gómez–4 apelaron la decisión de primera instancia y, mediante sentencia del 29 de
octubre de 2025, la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia la
revocó y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad, por lo
siguiente:

6.1. Los padres y una de las hermanas del señor Verbel Paternina ya habían promovido
una demanda por los mismos hechos, proceso en el cual, el Juzgado 32 Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín condenó a la demandada por la ejecución extrajudicial,
decisión que fue posteriormente conciliada por las partes.

6.2. El Juzgado 32 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín precisó que el
conocimiento real de los hechos no se produjo desde el 10 de mayo de 2006 –fecha en
la cual ocurrieron los hechos–, dado que los cuerpos fueron inicialmente reportados por
el Ejército Nacional como supuestos guerrilleros dados de baja en combate, lo que
impidió que sus allegados identificaran de inmediato su paradero y las verdaderas
circunstancias de su muerte.

6.3. No obstante, el referido Juzgado estableció que los familiares de las víctimas tuvieron
conocimiento cierto de lo ocurrido el 18 de noviembre de 2009, cuando pudieron
reconocer los cuerpos y las reales circunstancias de la muerte. Así las cosas, el Tribunal
expuso que, teniendo en cuenta la cercanía familiar que los demandantes afirmaron
mantener con sus padres, resultaba razonable concluir que debieron tener conocimiento
de lo sucedido por lo menos desde el año 2009, máxime cuando manifestaron estar al
tanto de la demanda presentada por su padre y una de las hermanas del señor Verbel
Paternina.

6.4. No se evidenció el acaecimiento de situación alguna que diera lugar a inaplicar de
manera excepcional el término de la caducidad establecido en la sentencia de unificación
proferida el 29 de enero de 2020 por la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese
sentido, el Tribunal concluyó que, como los demandantes tuvieron conocimiento de los
hechos desde el 2009 y la solicitud de conciliación se radicó el 31 de julio de 2013 (más
de tres años después de haber conocido los hechos) resultaba evidente que operó el
fenómeno jurídico de la caducidad.

C. Fundamentos de la vulneración

7. La parte actora señala que la autoridad judicial accionada omitió que se trataba de
delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, por lo que el término ordinario de

3
Señaló que se otorgó mayor credibilidad a los medios de convicción aportados por la parte demandante y dejó de
lado los testimonios de los militares, quienes coincidieron en que el occiso agredió a la tropa, lo cual los obligó a
reaccionar. Afirmó que los demandantes no acreditaron la ilicitud de la conducta de los agentes estatales. Añadió que
la operación militar se encontraba soportada en órdenes legítimas de operaciones emitidas por autoridad competente.
4 Afirmó que el ex militar Eduardo Hernández Gómez confesó su participación en el crimen objeto del proceso y que la

curadora intentó verificar su eventual sometimiento a la JEP, no obstante, esa jurisdicción negó la entrega de
información por ausencia de poder de representación. Expuso que, de comprobarse la postulación del llamado en
garantía ante la JEP, la condena impuesta en su contra resultaría contraria a los preceptos constitucionales.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

caducidad “cede al punto que el actor puede tomar como punto de referencia la ejecutoria
del fallo definitivo de la justicia penal”.

8. Indica que el término de la caducidad empezó a correr desde la ejecutoria de la
sentencia penal proferida el 9 de julio de 2013, mediante la cual se condenó al señor
Eduardo Hernández Gómez. En consecuencia, teniendo en cuenta que la conciliación se
llevó a cabo el 19 de noviembre de 2013, a la fecha de presentación de la demanda no
había transcurrido el término de dos años establecido en la ley.

9. Añade que, en el recurso de apelación la demandada no insistió en la excepción de
caducidad, “lo cual resulta un exabrupto jurídico que trunca las aspiraciones de una justa
reparación por los daños y perjuicios ocasionados con el atroz delito cometido, además
de contrariar lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009”.

10. Expone que se transgredió su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto:

El Art. 29 (sic) de la Constitución Colombiana establece el derecho fundamental al debido
proceso y parte integral de él, el plazo razonable para no mantener en forma indefinida
la resolución de los bienes afectados. En este caso, señor juez constitucional, el plazo
razonable se agotó, ya son más de 13 años pidiendo justica y cuando consideramos
satisfecha en algo nuestras pretensiones, viene el H. Tribunal (sic), después de más de
6 años, y de un solo tajo, declaró probada de oficio la caducidad.

D. Trámite procesal

11. Mediante auto del 3 de febrero de 20265, se admitió la demanda de tutela y se notificó
a la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia como autoridad
judicial accionada, y al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín y al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en calidad de terceros con interés.

12. Encontrándose el proceso para proferir sentencia de primera instancia, se evidenció
que en el auto admisorio de la demanda de tutela no se ordenó notificar a la totalidad de
los demandantes en el proceso de reparación directa, por lo cual, en auto del 19 de mayo
de 20266, se notificó a los señores José Luis Verbel Julio, Norma Patricia Verbel Julio,
Rosa Elena Verbel Julio y Óscar Luis Verbel Soleno, como terceros con interés.

E. Oposiciones e intervenciones

13. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín7 (tercero con
interés) aportó el expediente digital del proceso de reparación directa, sin embargo, no
presentó informe.

5 Índice 4 del expediente digital en Samai.
6 Índice 19 del expediente digital en Samai.
7 Índice 11 del expediente digital en Samai.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

14. El señor Julio César Verbel Julio8 (accionante) aportó el expediente digital del
proceso de reparación directa y copia de los alegatos de conclusión presentados por la
parte demandante.

15. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional9 (tercero con interés) solicitó que se
declarara la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto la parte actora no realizó
un estudio de los requisitos específicos de procedencia ni acreditó la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

16. El Tribunal Administrativo de Antioquia10 (accionado) solicitó que se negara el
amparo, toda vez que la decisión cuestionada se encuentra debidamente fundada en el
análisis probatorio aportado al proceso de reparación directa, del cual se pudo establecer
que los demandantes tuvieron conocimiento de los hechos en el año 2009, lo que conllevó
a concluir que, al haberse presentado la solicitud de conciliación extrajudicial el 31 de
julio de 2013, es decir, más de tres años después de haber conocido los hechos,
resultaba evidente que operó el fenómeno de la caducidad.

17. Los señores José Luis Verbel Julio y Norma Patricia Verbel Julio (terceros con
interés) manifestaron que Rosa Elena Verbel Julio y Óscar Luis Verbel Soleno –
demandantes en el proceso de reparación directa– fallecieron y que, la primera es madre
de los menores ZFCV y TACB 11 y el segundo es padre de Francia Verbel Viloria.

17.1. Expusieron que “respaldaban” las pretensiones de la demanda de tutela y que sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
también fueron vulnerados por la autoridad judicial accionada. Así mismo, señalaron que
son personas de escasos recursos y que no han obtenido una “solución jurídica al
problema de ejecución extrajudicial cometida por agentes estatales” de su hermano.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Cuestión previa

19. Mediante memorial presentado el 22 de mayo de 2026, los señores José Luis Verbel
Julio y Norma Patricia Verbel Julio –demandantes en el proceso de reparación directa en
el cual se profirió la providencia aquí cuestionada– expusieron que respaldaban las
pretensiones de la demanda de tutela y que consideran vulnerados también sus derechos

8 Índice 13 del expediente digital en Samai.
9 Índice 15 del expediente digital en Samai.
10 Índice 16 del expediente digital en Samai.
11 La Sala se reservará el nombre completo, por tratarse de menores de edad.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de
la sentencia del 29 de octubre de 2025 proferida por la Sala Séptima de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia. Así mismo, afirmaron que se acogían y ratificaban
los hechos y pretensiones expuestas en la demanda de tutela.

19.1.La Sala precisa que analizará esa solicitud como una coadyuvancia, por cuanto
admitir su vinculación en calidad de accionantes implicaría la vulneración de los derechos
de defensa y contradicción de los demás intervinientes en el proceso y la celeridad propia
del mecanismo constitucional, pues este fue promovido únicamente por el señor Julio
César Verbel Julio.

19.2.En todo caso, se dispondrá la aceptación de aquellos en calidad de coadyuvantes.
Frente a la coadyuvancia, la Corte Constitucional estableció:

La coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste
puede realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva
tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia 12.

19.3.En ese sentido, la Sala se limitará a analizar los reparos planteados en la demanda
de tutela.

H. Sentido de la decisión

20. La Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, al encontrar configurado el defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial.

I. Requisitos generales de procedibilidad

21. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto: (i) la parte actora
identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda, así como los
derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) la parte actora utilizó los
mecanismos judiciales a su alcance y contra la sentencia cuestionada no procede ningún
recurso ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis (6) meses siguientes a
la notificación de la sentencia cuestionada13; (iv) el asunto es relevante
constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos fundamentales por
presuntos defectos en una providencia judicial, los cuales no pudieron ser propuestos en
el curso del proceso ordinario debido a que la sentencia cuestionada revocó la decisión
de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda en el medio

12 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
13 La providencia se notificó por correo electrónico del 30 de octubre de 2025 y la solicitud de amparo se presentó el

30 de enero de 2026.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

de control de reparación directa y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de
caducidad.

I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela

22. En el caso objeto de estudio la parte actora presentó una demanda en ejercicio de
la acción de tutela contra la providencia mediante la cual la Sala Séptima de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión que accedió a las pretensiones
de la demanda en el medio de control de reparación directa llevado a cabo contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y, en su lugar, declaró probada de
oficio la excepción de caducidad.

23. En su concepto, esa decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia. La Sala advierte que, aunque en la
demanda de tutela no se alegó la configuración de un defecto en específico, se evidenció
la configuración de un desconocimiento del precedente jurisprudencial, por lo cual se
describirán las características y elementos de ese defecto, con el propósito de determinar
el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos
fundamentales.

24. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa relevante
para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver nuevos casos,
ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior”14.

25. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un
valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a
justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.

J. Desarrollo jurisprudencial de la operancia de la caducidad en la acción de
reparación directa adelantada con ocasión de delitos de lesa humanidad

i. La sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado

26. La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de enero de 202015,
unificó la jurisprudencia respecto de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra de la
siguiente manera:

14 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero

de 2020, Exp. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

i) En tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación
legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer
la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y,
una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

27. Adicionalmente, expuso que “el término de caducidad de la pretensión de reparación
directa no resulta exigible en los eventos en los que se afectan de manera ostensible los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la
configuración de circunstancias que obstaculizan materialmente el ejercicio del derecho
de acción y, por ende, impiden agotar las actuaciones necesarias para la presentación
de la demanda”.

28. En ese sentido, señaló que el juez de lo contencioso administrativo debe, de manera
excepcional, inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa
establecido en el literal i del numeral 2 del artículo 16416 del CPACA, cuando advierta que
la no comparecencia ante la administración de justicia se encuentra justificada por
razones materiales, en tanto el paso del tiempo no puede empezar a correr contra quien
no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, de manera que el plazo para
demandar no se puede computar mientras subsistan dichas situaciones especiales.

ii. La sentencia SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional

29. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-312 de 202017, acogió la aproximación
de la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Al respecto, la Corte precisó que
la jurisprudencia contencioso-administrativa vigente relacionada con el entendimiento del
término de caducidad en la acción de reparación directa adelantada con ocasión de
crímenes de lesa humanidad “es razonable y proporcional desde una perspectiva
constitucional y convencional”.

30. Señaló que los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo
razonable de dos años, pero que ese plazo “no se cuenta necesariamente desde el
momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando
el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se
encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional”;
además, precisó que la procedencia de la demanda debe examinarse “atendiendo a las
particularidades de cada asunto en concreto”.

16 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…)
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada,
se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado
en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición (…)”
17 Corte Constitucional, sentencia SU-312 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

31. La Corte distingue entre el conocimiento del hecho y la capacidad material de
demandar y exige un examen concreto de las condiciones reales en que se hallaban las
víctimas para estructurar la imputación de responsabilidad estatal. Por consiguiente,
cualquier decisión que reduzca el examen a la sola constatación del conocimiento del
daño, sin indagar si los demandantes contaban con las condiciones materiales y con
elementos confiables para estructurar una demanda de reparación directa, desconoce
directamente la ratio decidendi de la sentencia SU-312 de 2020.

iii. La sentencia SU-167 de 2023 de la Corte Constitucional

32. En la sentencia SU-167 de 202318, la Corte Constitucional estudió un caso en el cual
se declaró la caducidad en el medio de control de reparación directa adelantado con
ocasión de una ejecución extrajudicial y analizó si la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental absoluto al no readecuar el
procedimiento para permitir que las partes actualizaran sus planteamientos conforme a
las nuevas reglas de unificación previstas por la Sección Tercera del Consejo de Estado
sobre la materia.

33. La Corte precisó que “la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el
trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y
posibilidades procesales que este contiene”. En particular, la Corte fue explícita en
señalar que dicha readecuación puede implicar la reapertura de la fase de alegatos, con
el fin de permitir que las partes expongan los argumentos relativos a circunstancias como
la imposibilidad material de acceso a la justicia, especialmente cuando tales
circunstancias resultan determinantes para definir la operancia de la caducidad.

34. En ese caso, la Corte advirtió que “el Consejo de Estado omitió materialmente la fase
de alegatos, vulnerando los derechos fundamentales invocados por los demandantes.
Esto debido a que la sentencia de unificación cambió los parámetros sobre la caducidad
de las pretensiones indemnizatorias relacionadas con delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra. Ante estos cambios, la Sección Tercera debió readecuar la fase de
alegatos y permitir a las partes presentar nuevamente sus argumentos de conclusión, en
donde –por ejemplo– los demandantes habrían podido exponer los obstáculos que
impidieron su acceso inmediato a la administración de justicia”.

35. Lo anterior, en tanto que, “en materia de graves violaciones de derechos humanos,
se ha reconocido la dificultad que representa para las víctimas cumplir con el rigor
probatorio en las acciones judiciales”.

36. En ese sentido, la Corte Constitucional explicó que, cuando se presentan variaciones
relevantes en la interpretación jurisprudencial aplicable al caso, el juez contencioso
administrativo debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las partes

18 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2023. M.P. Diana Fajardo Rivera.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

puedan ejercer plenamente su derecho de defensa y contradicción. Esto implica,
entre otras actuaciones, readecuar el trámite procesal para permitir que los sujetos
procesales ajusten sus planteamientos a las nuevas reglas jurídicas fijadas por la
jurisprudencia, especialmente cuando dichas reglas inciden directamente en la definición
de aspectos determinantes del litigio, como ocurre con el cómputo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa.

37. Bajo esa premisa, la Corte concluyó que la omisión de esa readecuación procesal
podía configurar un defecto procedimental absoluto, en la medida en que se priva a las
partes de una etapa sustancial del proceso y se limita su posibilidad real de exponer los
argumentos fácticos y jurídicos pertinentes frente al nuevo marco interpretativo aplicable
al caso. En particular, destacó que la posibilidad de presentar alegatos de conclusión
adquiere especial relevancia cuando el precedente judicial introduce nuevos criterios para
determinar el momento a partir del cual debe contabilizarse la caducidad de la acción,
pues es precisamente en esa etapa donde las partes pueden explicar las circunstancias
que incidieron en el acceso efectivo a la administración de justicia.

38. Así mismo, la Corte reiteró que, tratándose de casos relacionados con graves
violaciones a los derechos humanos, el análisis del acceso a la jurisdicción contencioso-
administrativa no puede realizarse de manera meramente formal o automática. Por el
contrario, el juez debe valorar las particularidades del caso concreto, incluidas las
posibles barreras materiales o informativas que hayan enfrentado las víctimas para
conocer la antijuridicidad del daño y la eventual responsabilidad estatal, circunstancias
que pueden incidir en la determinación del momento desde el cual resulta razonable exigir
el ejercicio de la acción judicial correspondiente.

39. De este modo, la sentencia SU-167 de 2023 reafirmó que el examen del término de
caducidad en este tipo de asuntos exige una valoración contextual y probatoria que
permita establecer cuándo las víctimas conocieron o pudieron razonablemente conocer
la posible imputación del daño al Estado, así como las eventuales dificultades que
pudieron afectar su acceso oportuno a la jurisdicción. En consecuencia, el juez
contencioso administrativo debe garantizar que las partes cuenten con una oportunidad
procesal efectiva para exponer dichas circunstancias dentro del proceso.

iv. La sentencia SU-439 de 2024 de la Corte Constitucional

40. En la sentencia SU-439 de 202419, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió
dos acciones de tutela formuladas contra decisiones judiciales que declararon la
caducidad de demandas de reparación directa promovidas con ocasión de presuntas
ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado. En ambos casos, las
autoridades judiciales accionadas habían tomado como punto de partida del término de
caducidad un momento en que, según la Corte, las víctimas no contaban aún con
elementos suficientes para imputar responsabilidad patrimonial al Estado ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.

19 Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 2024. M.P. Diana Fajardo Rivera.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

41. Al resolver los problemas jurídicos planteados, la Corte reiteró que el principal
precedente vinculante en materia de caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de graves violaciones de derechos humanos es la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuyo alcance
constitucional fue precisado en la sentencia SU-312 de 2020. Conforme a dichos
precedentes, el término de dos años no se cuenta necesariamente desde la ocurrencia
del daño, sino desde el momento en que el afectado tuvo conocimiento de que el
menoscabo fue causado por el Estado y se encontró en capacidad material de imputarle
responsabilidad ante el aparato jurisdiccional.

42. La Corte precisó que estos dos presupuestos –el conocimiento de la participación
estatal y la capacidad material de formular la demanda– deben ser valorados de manera
conjunta y contextual, atendiendo a las circunstancias particulares del caso. No basta,
por tanto, con verificar que las víctimas conocieron el hecho dañoso en términos
generales; es necesario establecer si, al momento que se les atribuye dicho
conocimiento, contaban con elementos probatorios suficientes para desvirtuar, al menos
prima facie, la versión oficial de los hechos y para sostener razonablemente una
pretensión de responsabilidad estatal ante la jurisdicción.

43. La Corte reafirmó “la necesidad de aplicar un enfoque flexible y pro víctima en la
interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos que involucren presuntas
ejecuciones extrajudiciales” y precisó que estos contextos exigen valorar las pruebas “de
manera más comprensiva y contextual”. Este enfoque parte del reconocimiento de que
las víctimas de estos hechos han enfrentado históricamente múltiples barreras
estructurales para acceder a la verdad y a la justicia: la falta de información veraz, la
intimidación por parte de los presuntos victimarios, el encubrimiento institucional de los
hechos y un entorno generalizado de impunidad que perpetúa la desigualdad en el
acceso a los mecanismos judiciales.

44. Bajo esa premisa, la Corte concluyó que la omisión de una valoración contextual de
los hechos, al determinar si la demanda de reparación directa fue presentada
oportunamente, constituye en sí misma una violación del derecho al acceso a la
administración de justicia y perpetúa la situación de indefensión de las víctimas de
posibles graves violaciones de derechos humanos.

K. El caso concreto

45. La Sala amparará los derechos fundamentales invocados por la parte actora, pues la
decisión cuestionada no aplicó la regla jurisprudencial vigente20. Si bien la autoridad
judicial accionada citó la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero
de 2020 para declarar la caducidad del medio de control de reparación directa, se limitó
a establecer el momento en que los demandantes habrían conocido los hechos, sin
valorar su capacidad material para acceder a la administración de justicia ni las

20 La Sala se pronunció en el mismo sentido en sentencia del 22 de mayo de 2026, radicado 11001-03-15-000-2025-

05642-00.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

circunstancias que pudieron impedirles ejercer oportunamente el medio de control, tal
como lo han establecido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en sentencias
recientes.

46. En efecto, la Sala observa que el Tribunal accionado se limitó a indicar que, en el
proceso de reparación directa promovido por los padres y una de las hermanas del señor
Verbel Paternina, el Juzgado 32 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín expuso
que los familiares de las víctimas tuvieron conocimiento de lo ocurrido el 18 de noviembre
de 2009, cuando pudieron reconocer el cuerpo y las reales circunstancias de la muerte.

47. En ese sentido, el Tribunal sostuvo que, teniendo en cuenta la cercanía familiar que
los demandantes afirmaron mantener con sus padres, resultaba razonable concluir que
debieron tener conocimiento de lo sucedido por lo menos desde el año 2009, máxime
cuando manifestaron estar al tanto de la demanda “presentada por su padre y la madre
de su hermano en 2011”. Específicamente, el Tribunal afirmó lo siguiente:

No puede pasarse por alto que los padres y una de las hermanas del señor Yamir Verbel
Paternina ya habían promovido una demanda por los mismos hechos, en la cual la
entidad demandada fue condenada en primera instancia mediante sentencia del
Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo del Circuito de Medellín, proferida el 13 de
junio de 2016, dentro del proceso radicado 05001-33-31-001-2011-00675-00, por la
ejecución extrajudicial que cobró su vida. Dicha decisión fue posteriormente conciliada
por las partes. En esa providencia se estableció que Yamir Verbel Paternina fue
reclutado mediante engaños y posteriormente presentado como supuesto guerrillero
muerto en combate, a pesar de que no existió enfrentamiento alguno (…)
En cuanto al análisis de la caducidad de la acción, el mencionado juzgado precisó que
la muerte de los señores Jorge Eliécer Barboza Reales y Yamir Verbel Paternina ocurrió
el 10 de mayo de 2006. No obstante, el conocimiento real de los hechos por parte de
sus familiares no se produjo en esa misma fecha, dado que los cuerpos fueron
inicialmente reportados por el Ejército Nacional como supuestos guerrilleros dados de
baja en combate, lo que impidió que sus allegados identificaran de inmediato su paradero
y las verdaderas circunstancias de su muerte.
El Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo del Circuito de Medellín estableció que los
familiares de las víctimas solo tuvieron conocimiento cierto de lo ocurrido el 19 de
noviembre de 2009, en el caso de Jorge Eliécer Barboza Reales, y el 18 de noviembre
de 2009, respecto de Yamir Verbel Paternina, fechas en las cuales pudieron reconocer
los cuerpos y conocer las reales circunstancias del deceso.
En consecuencia, el despacho aplicó la denominada teoría del daño al descubierto,
según la cual el término de caducidad empieza a contarse desde el momento en que los
afectados conocen efectivamente la existencia del daño y no desde el acaecimiento del
hecho generador. Bajo este criterio, determinó que la solicitud de conciliación
extrajudicial presentada el 23 de septiembre de 2011 y la demanda interpuesta el
25 de noviembre del mismo año se realizaron dentro del plazo legal de dos años
previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, razón por la
cual no operó el fenómeno de la caducidad.
Así las cosas, teniendo en cuenta la cercanía familiar que los demandantes
afirmaron mantener con sus padres, resulta razonable concluir que debieron tener
conocimiento de lo sucedido por lo menos desde el año 2009, máxime cuando
manifestaron estar al tanto de la demanda interpuesta por su padre y por la madre
de su hermano en 2011. (negrillas de la Sala)

48. Adicionalmente, señaló que no se evidenció el acaecimiento de situación alguna que
diera lugar a inaplicar de manera excepcional el término de caducidad, pues no se advirtió

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

que la comparecencia tardía ante la administración de justicia estuviese justificada por
razones materiales o alguna circunstancia de imposibilidad material de ejercer en tiempo
la acción. En consecuencia, realizó el conteo del término de la caducidad a partir del año
2009 –fecha en la cual el padre conoció las circunstancias de la muerte del señor Verbel
Paternina– y expuso que, al haberse radicado la solicitud de conciliación extrajudicial el
31 de julio de 2013, habían transcurrido más de tres años después de haber conocido los
hechos.

49. De lo anterior, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no aplicó de
manera integral la regla jurisprudencial indicada en precedencia. En la sentencia SU-312
de 2020, la Corte Constitucional dispuso que, para efectos del análisis del término de
caducidad en la acción de reparación directa promovida con ocasión de crímenes de lesa
humanidad, se debía verificar si los demandantes contaban con las condiciones
materiales y elementos confiables para presentar la demanda de reparación directa y,
particularmente, en la sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional expuso que, la
aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 debía realizarse
teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite, para brindar oportunidad a
las partes de ajustarse a las nuevas cargas y posibilidades contenidas en dicha decisión.

50. La controversia constitucional no consiste en determinar, en abstracto, si las acciones
de reparación directa derivadas de conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad
son imprescriptibles, ni en reabrir el debate ordinario por una mera discrepancia
hermenéutica. El problema consiste en establecer si, a la luz del precedente vinculante,
la autoridad judicial podía declarar la caducidad a partir de la fecha en la cual el padre
conoció las circunstancias de la muerte del señor Verbel Paternina, teniendo en cuenta
la cercanía de los demandantes con los familiares, sin habilitar un escenario procesal
adecuado para examinar, probar y debatir las circunstancias que impidieron
materialmente el ejercicio oportuno de la acción.

51. La Sala observa que, en contraposición a lo dispuesto en la sentencia SU-167 de
2023, el Tribunal accionado no tomó las medidas necesarias para readecuar el
procedimiento en el medio de control de reparación directa y reabrir la fase de alegatos,
con el fin de que la parte demandante presentara nuevamente sus argumentos, de
conformidad con la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

52. En ese sentido, se observa que la autoridad judicial accionada no readecuó el trámite
pese a que el cambio jurisprudencial incidía directamente en la definición del término de
la caducidad y en la estructuración misma de la carga argumentativa y probatoria sobre
la imposibilidad material de presentar la demanda.

53. Por el contrario, la autoridad judicial accionada se limitó a indicar que no evidenció el
acaecimiento de situación alguna que diera lugar a inaplicar de manera excepcional el
término de caducidad, sin permitir a la parte actora exponer, en condiciones procesales
adecuadas, los argumentos relativos a la imposibilidad material de demandar, así como

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

tampoco se le permitió desplegar una actividad probatoria orientada a verificar tales
circunstancias, lo cual desconoció el precedente indicado.

54.Además, para la Sala es claro que las circunstancias de imposibilidad para demandar
deben ser consideradas por la autoridad judicial de manera individual para el caso
concreto.

55. Si bien en la providencia cuestionada la Sala Séptima de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia se refirió a la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, lo cierto es que esa decisión fue expedida con posterioridad a la presentación de
la demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa –3 de diciembre de
2010– y, se reitera, no se otorgó a los demandantes la oportunidad para presentar nuevos
argumentos dirigidos a demostrar las barreras que impidieron el acceso a la
administración de justicia.

56. Cabe agregar que, en la sentencia SU-312 de 2020, la Corte Constitucional definió
el alcance de la postura desarrollada en la providencia del 29 de enero de 2020 y
estableció que, en virtud del principio pro damnato o favor victimae, el término de
caducidad del medio de control de reparación directa no puede ser aplicado de manera
rígida, pues dadas las circunstancias particulares del caso, pueden admitirse las
flexibilizaciones necesarias para garantizar el acceso efectivo a la administración de
justicia y la reparación integral de las víctimas.

57. Igualmente, en reiteradas providencias, la Corte Constitucional21 ha reconocido las
dificultades de las víctimas para cumplir la carga probatoria cuando se reclama la
reparación de daños derivados de crímenes de lesa humanidad, por lo que estableció
que el estándar probatorio debía flexibilizarse. Particularmente, dispuso:

De acuerdo con el precedente constitucional, en materia de graves violaciones a los
derechos humanos “se ha reconocido por la jurisprudencia nacional e internacional, la
dificultad que representa para las víctimas cumplir con el rigor probatorio en las acciones
judiciales, por lo que se ha establecido la posibilidad de flexibilizar los estándares
probatorios en casos en que ocurran graves violaciones de derechos humanos, i. e. la
ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias.

58. Debe resaltarse que en la providencia cuestionada no se hizo referencia alguna a las
sentencias proferidas por la Corte Constitucional que se consideran desconocidas, pues
la autoridad judicial accionada se limitó a invocar la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado, para efectos de contabilizar el término
de caducidad.

59. Así las cosas, para la Sala es evidente la configuración del desconocimiento del
precedente jurisprudencial. Si bien la autoridad judicial accionada reconoció que la
caducidad no corre automáticamente desde el acaecimiento del daño, al decidir el caso
concreto, consideró que, debido a la cercanía familiar que los demandantes afirmaron

21 Corte Constitucional, sentencias SU 320 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; SU-167 de 2023, M.P. Diana

Fajardo Rivera.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

mantener con sus padres, era posible concluir que debieron tener conocimiento de lo
sucedido por lo menos desde el año 2009.

60. Sin embargo, la Sala considera pertinente precisar que, de acuerdo con las
sentencias SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024, en estos asuntos la valoración probatoria
debe ser contextual y garantista, y el juez debe intervenir oficiosamente cuando sea
necesario para establecer si existió imposibilidad material para demandar, lo cual no
ocurrió en el presente caso.

61. Por lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales invocados y dejará sin
efectos la sentencia del 29 de octubre de 2025 proferida por la Sala Séptima de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia, en lo concerniente a la declaratoria de caducidad
del medio de control de reparación directa.

62. En desarrollo del amparo, se ordenará retrotraer la actuación al momento procesal
pertinente para que la autoridad judicial competente readecue el trámite del proceso,
disponga la reapertura de la fase de alegatos y habilite un debate probatorio específico
dirigido a establecer si existieron circunstancias que hubieran impedido materialmente a
los demandantes ejercer oportunamente el medio de control de reparación directa. Para
ello deberá permitir a las partes ajustar sus planteamientos al estándar jurisprudencial
vigente, solicitar y aportar pruebas, decretar de oficio las que resulten necesarias,
garantizar el contradictorio y proferir una nueva decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del accionante.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 29 de octubre de 2025 por
la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el medio de
control de reparación directa con radicado 05001-33-33-009-2013-01238-01.

TERCERO: ORDENAR a la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia que, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación
de la presente providencia, readecue el trámite del proceso, disponga la reapertura de la
fase de alegatos y permita a las partes la oportunidad para solicitar, aportar y controvertir
pruebas, decretar de oficio las que resulten necesarias, garantizar el contradictorio y,
surtido el trámite correspondiente, profiera una nueva sentencia conforme a lo expuesto
en la parte motiva aquí expuesta.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00626-00
Accionante: Julio César Verbel Julio
Se concede el amparo

QUINTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con salvamento de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

16

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.