Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05653-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05653-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05653-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05653-00
Demandante: Sonia Margoth Baquero Díaz
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Relación laboral encubierta.
Defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
Decisión: Niega amparo.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Sonia Margoth Baquero Díaz contra
el Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 9 de septiembre de 2025, Sonia Margoth Baquero Díaz presentó acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia; así como el
principio de seguridad jurídica.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la Sentencia
proferida el 12 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-003-2017-
00270-02, para que, en su lugar, se profiera una nueva providencia, en la que se
efectúe una valoración probatoria adecuada y razonable del elemento de
subordinación y, además, se aplique el precedente judicial establecido por esa
misma corporación judicial en el proceso No. 50001-33-33-002-2017-00265-01 y,
en consecuencia, se acceda a las pretensiones de su demanda.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la accionante
afirmó que prestó sus servicios profesionales en calidad de reintegradora para la
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en
Armas – ACR (hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN) así
como para sus entidades antecesoras: FIDUAGRARIA SA y el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – Alta Consejería para la
Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, de
manera ininterrumpida desde el 3 de julio de 2007 hasta el 19 de diciembre de 2014,
a través de contratos y/u órdenes de prestación de servicios sucesivas, sin que
ninguna interrupción superara el término de 30 días hábiles.
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Demandante: Sonia Margoth Baquero Díaz
4. Indicó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la ARN, a fin de que se declarara la nulidad del Oficio No. OFI17-
007604/JMSC 5202023 del 21 de marzo de 2017, por medio del cual se negó el
reconocimiento de una relación laboral encubierta y el pago de las acreencias
laborales correspondiente al período mencionado.
5. El 30 de octubre de 2023, el Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en esa medida, declaró
que entre la entidad demandada y la señora Baquero Díaz existió una relación
laboral encubierta por el lapso comprendido entre el 2 de marzo de 2009 y el 19 de
diciembre de 2014. Como sustento de su decisión, indicó que se encontraba
acreditada la prestación personal del servicio, así como la remuneración, dado que
en los contratos de prestación de servicios se pactó el pago de honorarios por las
actividades ejecutadas.
6. Adicionalmente, encontró plenamente probado el elemento de la
subordinación, puesto que la demandante no realizaba sus funciones de manera
automática o independiente, sino bajo horarios y órdenes de superiores, incluyendo
el cumplimiento obligatorio del «día de la planta», la realización de talleres siguiendo
las directrices de jefes, la asistencia a comités donde se impartían instrucciones, el
uso de indumentaria y equipos de trabajo y la recepción de llamados de atención.
7. Por lo anterior, ambos extremos procesales interpusieron recurso de
apelación. La parte activa, manifestó que el juez de primer grado incurrió en un
desconocimiento injustificado del periodo comprendido entre el 3 de julio de 2007 y
el 16 de diciembre de 2008, pues se excluyó dicho periodo bajo el argumento de
que los contratos aportados correspondían a FIDUAGRARIA, entidad que no fue
llamada al proceso ni vencida en juicio, pese a que sí estuvo vinculada
funcionalmente a la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica, y
FIDUAGRARIA actuaba únicamente como intermediaria para el pago de honorarios.
8. A su vez, la parte demandada adujo que, de un lado, se hizo una indebida
valoración probatoria para concluir que se encuentra probado el elemento de la
subordinación, sin tener en cuenta la necesaria coordinación y articulación para el
desarrollo de actividades contractuales; y, por el otro, se realizó una interpretación
extensiva de la subrogación contenida en los artículos 21 a 24 del Decreto 4138 de
2011, dado que el artículo 23 circunscribe específicamente esta a los contratos y
convenios actualmente vigentes celebrados por el DAPRE, cuyo objeto corresponda
a las actividades propias de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración
Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, o a la liquidación de
contratos cuyo objeto haya sido actividades relacionadas con las funciones
desempeñadas por esta última.
9. Asimismo, señaló que ninguna de las obligaciones dispuestas en el contrato
indica la asignación de un jefe y, además, que la reintegración hace parte de una
política pública, de manera que es necesaria la aplicación de modelos,
metodologías y actividades, pero que ello no puede entenderse como una condición
de subordinación.
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10. El 12 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
al concluir que no se probó el elemento de la subordinación, comoquiera que los
indicios presentados correspondían a una coordinación inherente a una política
pública, y no a una verdadera relación de dependencia laboral.
11. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo del Meta, al expedir la Sentencia del 12 de junio de 2025, incurrió en
defecto fáctico, puesto que valoró de manera indebida los testimonios que
demostraban el elemento de la subordinación, como el cumplimiento de horarios,
directrices de superiores y llamados de atención. Sostuvo que las testigos Nayla
Carolina Ballesteros Coy e Inés Helena Acosta expresaron claramente la existencia
de instrucciones obligatorias, cronogramas impuestos y control directo por la entidad
contratante. Sin embargo, expuso que la autoridad accionada no desvirtuó estas
aseveraciones, sino que las minimiza con argumentos que no tiene asidero
probatorio suficiente.
12. Adicionalmente, señaló que la corporación accionada dio un alcance
irrazonable a las pruebas documentales, al considerar que los correos electrónicos
a través de los cuales avisaba sobre ausencias por citas médicas y/o sus
cronogramas demostraban plena autonomía y no subordinación, a pesar de que el
hecho de informar actividades es una obligación típica de relaciones subordinadas.
13. Manifestó que la autoridad accionada no apreció adecuadamente ni en su
conjunto otros indicios que demostraban la subordinación, tales como: la
continuidad de la vinculación por un período extenso a través de contratos
sucesivos, la exigencia de reportar diariamente sus actividades mediante
herramientas institucionales como el «day stat», su integración activa a procesos de
formación institucional comunes para el personal de planta, la asignación de
equipos y mobiliario inventariado bajo su custodia y la constante coordinación con
diversos equipos internos de la ARN, lo cual, en su criterio, reflejaba una integración
a la estructura organizacional de la entidad contratante y un control directo sobre su
trabajo.
14. De otra parte, indicó que la providencia censurada desconoció el
precedente horizontal vinculante, al inobservar de forma injustificada y arbitraria la
Sentencia proferida por ese mismo Tribunal el 7 de mayo de 2025 en el proceso con
radicado No. 50001-33-33-002-2017-00265-01, el cual guarda identidad fáctica con
su caso.
Intervenciones1
15. El Tribunal Administrativo del Meta manifestó que el accionante acudió a
la acción de amparo como una tercera instancia. Indicó que en la sentencia
cuestionada se expusieron los motivos jurídicos, jurisprudenciales y fácticos para
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El 15 de septiembre de 2025, se admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio y el
Tribunal Administrativo del Meta y, además, se vinculó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN.
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revocar la decisión proferida por el Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio y negar
las pretensiones de la demanda.
16. Igualmente, señaló que cuando se pretende el reconocimiento de una
relación laboral bajo el principio de primacía de la realidad sobre las formas,
corresponde a la parte demandante la carga de acreditar los elementos constitutivos
de dicha relación. Al respecto, expuso que la Sala mayoritaria de esa corporación
concluyó que el material probatorio aportado no era suficiente para acreditar la
existencia de subordinación o dependencia de la parte demandante respecto de la
entidad demandada.
17. Finalmente, aclaró que no participó en la sesión de la Sala que aprobó la
sentencia del proceso No. 50001-33-33-002-2017-00265-01, que la actora invocó
como desconocida, porque se encontraba ausente con permiso. No obstante,
señaló que al verificarla evidenció que no comparte similitud fáctica con el caso que
aquí se discute.
18. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN sostuvo
que la acción de tutela no cumplió con los requisitos generales de procedencia de
relevancia constitucional, inmediatez, subsidiariedad y «carga argumentativa
suficiente». Sin perjuicio de lo anterior, aseguró que tampoco se acreditó la
existencia de un defecto fáctico en la providencia acusada, comoquiera que la
valoración probatoria se realizó de manera razonable objetiva y conforme a derecho,
lo que descarta la configuración de un error ostensible y trascendental. Por lo
anterior, solicitó declarar la improcedencia de este mecanismo y mantener la validez
de la decisión adoptada en el proceso ordinario.
19. El Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio se limitó a remitir el
expediente No. 50001-33-33-003-2017-00270-00, sin realizar algún
pronunciamiento frente a los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia
Problema jurídico
21. Determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo del Meta valoró las
pruebas invocadas por la accionante de conformidad con las reglas de la sana
crítica y si el pronunciamiento alegado como desconocido era de obligatorio
acatamiento para esa autoridad judicial.
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Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
22. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
se argumentaron con suficiencia los reparos alegados; y la discusión no versa sobre
un asunto de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene
acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que Sonia Margoth
Baquero Díaz es la titular de las garantías constitucionales invocadas como
vulneradas y el Tribunal Administrativo del Meta es la autoridad que profirió la
decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo
judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos
constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 9 de septiembre de 2025, es
decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia del 12 de
junio de 20252; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
Análisis de la vulneración alegada: Estudio de los defectos
23. La Sala negará el amparo solicitado, por las razones que a continuación se
exponen.
24. Sonia Margoth Baquero Díaz solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta, al
expedir la Sentencia del 12 de junio de 2025, mediante la cual revocó la decisión de
primera instancia que había declarado la existencia de una relación laboral entre
ella y la ARN. A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico al valorar inadecuadamente el material probatorio, especialmente, los
testimonios rendidos por Nayla Carolina Ballesteros Coy e Inés Helena Acosta, así
como diversos correos electrónicos que, en su criterio, demostraban la existencia
del elemento de subordinación.
25. Pues bien, al examinar el contenido de la decisión cuestionada, se advierte
que el Tribunal Administrativo del Meta, en primer lugar, señaló que conforme al
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, la existencia de una verdadera relación
laboral no depende de la denominación formal del vínculo, sino de la verificación de
3 elementos esenciales: la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación. Bajo ese entendido, precisó que, aunque estaba demostrado que
entre la actora y la ARN existieron múltiples contratos de prestación de servicios y
que por ellos recibió una remuneración, el debate se centraba en determinar si
efectivamente existió subordinación o dependencia.
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Notificada el 17 de junio de 2025.
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26. Por lo anterior, examinó las pruebas allegadas al expediente, entre ellas,
los testimonios de las señoras Nayla Carolina Ballesteros Coy e Inés Helena Acosta,
a quienes la parte actora les atribuía afirmaciones claras sobre el cumplimiento de
horarios, el seguimiento de cronogramas y la existencia de directrices impuestas.
No obstante, la corporación judicial advirtió que tales testimonios, si bien daban
cuenta de una coordinación en el desarrollo de las actividades contratadas, no
permitían inferir un verdadero control jerárquico, disciplinario o permanente que
configurara una subordinación en los términos del derecho laboral.
27. Indicó el Tribunal que las instrucciones y cronogramas mencionados por las
testigos correspondían a la supervisión técnica propia de cualquier contrato estatal,
y no a la imposición de órdenes o sanciones propias de una relación laboral.
Además, puso de presente que ninguna de las testigos señaló haber presenciado
llamados de atención, sanciones, imposiciones de horarios estrictos o restricciones
propias de un vínculo subordinado. En esa medida, consideró que no existían
elementos probatorios suficientes que permitieran concluir la pérdida de autonomía
propia del contratista.
28. Frente a los correos electrónicos allegados por la actora, el Tribunal
concluyó que su contenido tampoco permitía acreditar subordinación. Al respecto,
explicó que los mensajes en los que la accionante informaba sobre ausencias por
citas médicas o socializaba su cronograma de trabajo no evidenciaban control
jerárquico, pues se trataba de actos propios de coordinación administrativa con el
supervisor del contrato, lo cual no desdibuja la independencia funcional del
contratista. De hecho, destacó que tales comunicaciones no estaban sujetas a
autorización previa ni generaban consecuencias disciplinarias ante su
incumplimiento, lo cual reforzaba la conclusión de que no existía sujeción directa ni
poder sancionatorio por parte de la entidad contratante.
29. Adicionalmente, la autoridad accionada valoró el resto del material
probatorio aportado, como los contratos suscritos, el objeto contractual, las
funciones desarrolladas, y otros indicios como la participación en capacitaciones
institucionales, el uso de equipos de oficina y la duración de la vinculación. Sin
embargo, explicó que ninguno de estos aspectos, por sí solos o en conjunto,
permitían acreditar subordinación. Por el contrario, señaló que eran circunstancias
comunes en contratos de prestación de servicios con entidades públicas, donde es
habitual que los contratistas trabajen desde las sedes de la entidad, se articulen con
equipos internos y se les asignen recursos institucionales para el cumplimiento del
objeto contractual.
30. En ese orden de ideas, el Tribunal concluyó que si bien existió una relación
contractual sostenida en el tiempo entre la actora y la ARN, no se encontraba
acreditado el elemento de subordinación. Por ende, no era procedente declarar la
existencia de una relación laboral encubierta, ni reconocer las prestaciones sociales
reclamadas. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda.
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31. Ahora bien, del estudio integral de la providencia atacada se advierte que el
Tribunal Administrativo del Meta valoró las pruebas de manera razonada, objetiva y
conforme a las reglas de la sana crítica. Analizó en su conjunto los testimonios, los
documentos y los indicios aportados por la parte demandante y explicó de forma
clara por qué no era posible concluir que existió subordinación. Adicionalmente, no
se observa que hubiese desestimado alguna prueba de forma caprichosa; por el
contrario, el fallo evidencia una valoración probatoria dentro del margen de la
autonomía del juez natural.
32. Igualmente, frente al reparo de la accionante sobre la ausencia de
valoración de la prueba que demostraba la exigencia de reportar diariamente sus
actividades mediante herramientas institucionales como el «day stat», la Sala
considera que si bien la autoridad accionada no se pronunció sobre ello
expresamente, dicho elemento no tiene la entidad para modificar la decisión
adoptada comoquiera que, al revisar el expediente ordinario, solo se observa una
constancia de un mensaje de datos mediante el cual la demandante indicó lo
siguiente: «Me permito muy amablemente enviar la Base Diaria de Day Stat con
corte a martes 4 de noviembre», sin que obre dicha base en el expediente.
33. En esos términos, se concluye que no se configuró el defecto fáctico
alegado, pues no se advierte que la corporación judicial accionada haya incurrido
en una actuación arbitraria o caprichosa al valorar el acervo probatorio, que habilite
la intervención del juez constitucional.
34. Sumado a ello, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no puede ser
utilizada como una instancia adicional para controvertir decisiones judiciales con las
que una de las partes no está de acuerdo, salvo que se acredite una vulneración
grave al debido proceso, lo cual no ocurre en el presente caso.
35. Por otra parte, tampoco se encuentra configurado el desconocimiento del
precedente judicial invocado por la parte accionante, comoquiera que los supuestos
fácticos de la Sentencia del 7 de mayo de 2025 proferida en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 50001-33-33-002-2017-00265-01, son distintos a los
presupuestos del caso que hoy se discute.
36. Así las cosas, para la Sala la autoridad demanda no incurrió en los defectos
alegados por la parte actora, dado que efectuó un análisis del material probatorio
conforme a las reglas de la sana crítica y la providencia censurada contiene una
carga argumentativa suficientemente sustentada en la aplicación de las normas
vigentes que le permitió inferir que la parte demandante no acreditó la
subordinación, elemento esencial en todo vínculo laboral.
37. Por consiguiente, procederá a negarse el amparo invocado por Sonia
Margoth Baquero Díaz, a través de la acción de tutela instaurada en contra del
Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta.
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Demandante: Sonia Margoth Baquero Díaz
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Sonia Margoth Baquero Díaz, a
través de la acción de tutela instaurada en contra del Juzgado 3 Administrativo de
Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
8
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