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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05653-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05653-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, que denegó las pretensiones de la señora Sonia Margoth Baquero Díaz, conforme a la parte motiva. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05653-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

22 de enero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05653-01
Demandante: Sonia Margoth Baquero Díaz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 22 de enero de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05653-01
Demandante SONIA MARGOTH BAQUERO DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, SALA DE DECISIÓN 1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial que decidió en segunda
instancia una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
concerniente a una relación laboral encubierta. Se confirma la
sentencia que denegó el amparo pretendido

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 16
de octubre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, decidió:

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Sonia Margoth Baquero Díaz, a través de la acción de
tutela instaurada en contra del Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo
del Meta, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 10 de septiembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la
señora Sonia Margoth Baquero Díaz pidió la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la tutelante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia del 12 de junio de 2025, con la que el Tribunal Administrativo del
Meta, Sala de Decisión 1, decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02.

2. Pretensiones

La tutelante formuló las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR mi derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, así como los derechos a la IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y SEGURIDAD JURÍDICA.

2. Como consecuencia ineludible de lo anterior, DEJAR SIN VALOR Y SIN EFECTOS JURÍDICOS la
sentencia proferida el doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025) por el TRIBUNAL

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-05653-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05653-01
Demandante: Sonia Margoth Baquero Díaz

ADMINISTRATIVO DEL META, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
radicado 50 001 33 33 003 2017 00270 02.

3. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META que, en el término perentorio de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia de tutela, profiera uña nueva
sentencia en el proceso de radicado 50 001 33 33 003 2017 00270 02 , en la cual se efectúe una
valoración probatoria adecuada, razonable, no arbitraria y no contradictoria del elemento de la
subordinación, aplicando de mañera coherente y vinculante el precedente judicial establecido por el
mismo Tribunal en el caso de la señora NAYLA CAROLINA BALLESTEROS COY (Rad.
50001333300220170026501), y, en consecuencia, acceder a las pretensiones de mi demanda.

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

La demandante celebró sucesivos contratos de prestación de servicios en los siguientes
períodos:

Entidad Fecha de inicio Fecha de
terminación

Fiduagraria SA 3 de julio de 2007 31 de enero de 2008
Fiduagraria SA 1º de febrero de 2008 31 de diciembre de
2008
Fiduagraria SA 1º de enero de 2009 28 de febrero de 2009
Alta Consejería para la Reintegración Social 2º de marzo de 2009 26 de octubre de 2009
y Económica de Personas y Grupos Alzados
en Armas de la Presidencia de la República
Alta Consejería para la Reintegración Social 19 de noviembre de 2009 18 de abril de 2010
y Económica de Personas y Grupos Alzados
en Armas de la Presidencia de la República
Alta Consejería para la Reintegración Social 19 de abril de 2010 30 de junio de 2010
y Económica de Personas y Grupos Alzados
en Armas de la Presidencia de la República
Alta Consejería para la Reintegración Social 1º de julio de 2010 31 de diciembre de
y Económica de Personas y Grupos Alzados 2010
en Armas de la Presidencia de la República
Alta Consejería para la Reintegración Social 14 de enero de 2011 14 de julio de 2011
y Económica de Personas y Grupos Alzados
en Armas de la Presidencia de la República
Alta Consejería para la Reintegración Social 15 de julio de 2011 31 de diciembre de
y Económica de Personas y Grupos Alzados 2011
en Armas de la Presidencia de la República
Agencia Colombiana para la Reintegración 6 de febrero de 2012 15 de diciembre de
de Personas y Grupos Alzados en Armas 2012
Agencia Colombiana para la Reintegración 16 de enero de 2013 15 de diciembre de
de Personas y Grupos Alzados en Armas 2013
Agencia Colombiana para la Reintegración 16 de enero de 2014 19 de diciembre de
de Personas y Grupos Alzados en Armas 2014

En los mencionados negocios jurídicos se pactó que la demandante debía desarrollar
sus servicios profesionales en aras de atender a las personas que integraron grupos
armados ilegales y estaban en proceso de reincorporación a la sociedad.

El 14 de marzo de 2017 la accionante le pidió a la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización (ARN) que reconociera la existencia de una relación laboral entre ellas y
le pagara las correspondientes prestaciones, por cuanto en el cumplimiento de las

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Demandante: Sonia Margoth Baquero Díaz

actividades consignadas en los contratos de prestación de servicios acontecieron los
elementos del contrato de trabajo, en especial el de subordinación, y esas tareas
concernían a las funciones asignadas al cargo de profesional especializado, código
2028, grado 23, de la planta de personal de ese organismo.

La anterior solicitud fue negada por la ARN, con Oficio 17-007604/JMSC 5202023 del 21
de marzo de 2017, en razón a que los contratos de prestación de servicios no estaban
sujetos a las normas laborales y que en la ejecución de ellos no concurrieron los
elementos de una relación laboral.

3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

La tutelante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) [a la que se le asignó el
número de radicación 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02], con el propósito (i) de
que se anulara el Oficio 17-007604/JMSC 5202023 del 21 de marzo de 2017, (ii) de que
se declarara la existencia de una relación laboral con la entidad demandada y (iii) de que
se le se reconocieran las prestaciones, comoquiera que en los contratos de prestación
de servicios concurrieron los elementos de una relación laboral.

El asunto contencioso-administrativo fue asignado por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo de Villavicencio, que el 13 de septiembre de 2017 lo admitió y el 28 de
enero de 2020 celebró la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en la que
decretó como pruebas las allegadas con la demanda2 y su contestación3 y los testimonios
de Nayla Carolina Ballesteros Coy, Jhon Jairo Pedrero e Inés Elena Acosta Riveros4.

Mediante sentencia del 30 de octubre de 2023, el Juzgado de conocimiento declaró (i) la
nulidad del acto administrativo demandado y (ii) la existencia de una relación laboral
entre la demandante y la ARN por el lapso comprendido entre el 2 de marzo de 2009 y
el 19 de diciembre de 2014, y ordenó el pago de las prestaciones y aportes a pensión de
ese lapso.

En la providencia se indicó que las pruebas practicadas demostraban que la demandante
debía ejercer sus actividades «bajo la dirección y mando de un jefe asignado», como quedó
consignado en los correspondientes contratos de prestación de servicios, en los que se
estipuló que las tareas se debían surtir «con base en las directrices estratégicas de la
entidad». Además, los testigos indicaron que la demandante debía cumplir un
cronograma fijado por la ARN y un horario que oscilaba entre las 8:00 am y las 5:00 pm.

Que la declaración de Nayla Carolina Ballesteros Coy, quien también adelantaba otro
proceso contra la ARN, no era sospechosa «comoquiera que no [era] posible ver en su
declaración cualquier seña de interés en las resultas del proceso». Además, el tiempo en que
la actora fue contratista (más de 5 años continuos) permitía inferir que sus actividades
no fueron temporales, característica propia de los contratos de prestación de servicios.

2 Contratos de prestación de servicios y reclamación administrativa.
3 Correos electrónicos (i) del 1º de abril de 2013 y 10 de abril de 2014, en los que la actora comunicó el cronograma
de visitas a municipios que ella misma había elaborado, (ii) del 6 de abril de 2014, en el que se indicó que los turnos
de atención presencial en la ARN fueron establecidos «de común acuerdo con los profesionales»; y (iii) del 26 de
febrero de 2014, en el que la demandante informó que se ausentaría «del municipio de Granada los días martes 4 y
miércoles 5 de Marzo de los corrientes a fin de dar cumplimiento a cita médica especializada en la ciudad de Bogotá».
4 Quienes en la audiencia de pruebas coincidieron en afirmar que la demandante debía efectuar sus actividades en

atención a las órdenes de varias personas y dentro de un horario.

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Demandante: Sonia Margoth Baquero Díaz

Concluyó que la accionante no probó que tuviera vínculo con la ARN entre el 3 de julio
de 2007 y el 16 de diciembre de 2008, pues en ese lapso fue contratista de Fiduagraria
SA, motivo por el cual no era dable reconocer ese lapso para efectos de la condena.

Inconformes, las partes interpusieron recursos de apelación; (i) la demandante, al
estimar que también debió condenarse por el lapso correspondientes a los contratos de
prestación de servicios que suscribió con Fiduagraria SA, porque sus objetos eran los
mismos de los celebrados con la ARN; y (ii) la demandada, en razón a que las pruebas
no acreditaban el elemento de la subordinación, pues en los negocios jurídicos no se
estipuló que la accionante tuviere un jefe y las directrices que se le impartieron estuvieron
orientadas a garantizar el cumplimiento de las políticas públicas sobre reinserción.

El 12 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión 1, revocó
la sentencia de primera instancia y denegó las pretensiones de la demanda, toda vez
que si bien no trascurrieron más de 30 días entre la suscripción de los contratos de
prestación de servicios celebrados entre el 2 de marzo de 2009 y el 19 de diciembre de
2014, las pruebas practicadas no acreditaron el elemento de la subordinación, ya que en
esos negocios jurídicos se estipuló que la contratista debía garantizar la reinserción de
los aspirantes que le fueran asignados en atención a los parámetros establecidos por la
entidad, los cuales no fueron órdenes sino directrices encaminadas a atender el Decreto
4138 de 2011 y las políticas púbicas sobre la materia.

Adujo que no se probó que la actora debiera cumplir un horario de trabajo ni metas de
actividades; por el contrario, se demostró que la actora tenía autonomía para ejercerlas,
pues podía escoger las fechas de las visitas que realizaba y los días en que se
ausentaba, como se consignó en los correos electrónicos allegados con la contestación
de la demanda.

Que los testigos identificaron como jefes de la accionante a servidores de la ARN, sin
embargo, eran los supervisores de los contratos, y no se probó que ordenaran realizar
las actividades contratadas en determinada forma, de ahí que no fuere dable colegir que
emitieron órdenes a la demandante.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La accionante indicó que la tutela de la referencia cumplía con las exigencias generales
de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, afirmó que la sentencia cuestionada incurría en:

Defecto fáctico5 toda vez que la conclusión de que no se probó la subordinación
contrariaba las pruebas obrantes en el expediente 50001-33-33-003-2017-00270-
00/01/02, las cuales daban cuenta de que atendió sus tareas en cumplimiento de órdenes
emitidas por empleados de la entidad, como los testimonios de Nayla Carolina
Ballesteros Coy, quien dijo que cumplía un horario (de 8:00 am a 5:00 pm), y de Inés
Helena Acosta, quien señaló que recibía órdenes sobre el cumplimiento de sus
funciones.

Que la autoridad accionada tampoco advirtió que su vínculo contractual con la ARN fue
por más de 7 años, tiempo que contrariaba la naturaleza temporal de los contratos de
prestación de servicios.

5 Es de anotar que la demandante también invocó un defecto sustantivo, pero lo fundó en los mismos argumentos en

los que justificó el defecto fáctico.

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Desconocimiento del precedente horizontal, ya que la autoridad accionada desconoció
la sentencia del 7 de mayo de 2025, con la que el Tribunal Administrativo del Meta
accedió a las pretensiones de la demanda 50001-33-33-002-2017-00265-00/01,
promovida por Nayla Carolina Ballesteros Coy contra la ARN bajo los mismos supuestos
consignados en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 50001-33-33-003-
2017-00270-00/01/02.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Meta, a través de la ponente de la sentencia
cuestionada, indicó que las pruebas obrantes en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02 no acreditaban la subordinación de
la actora a la ARN en el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios, por lo
que debieron denegarse las pretensiones allí formuladas.

Que los procesos relacionados con un mismo asunto jurídico no deben ser decididos de
manera idéntica, pues cada uno se rige por los elementos de convicción que allí reposan,
de manera que no existía irregularidad alguna en el hecho de que se haya accedido a
las súplicas formuladas por Nayla Carolina Ballesteros Coy en la demanda 50001-33-33-
002-2017-00265-00/0116 y que en el fallo cuestionado se haya desestimado la que
promovió Sonia Margoth Baquero Díaz.

Concluyó que la demandante empleaba la acción de tutela para insistir en los
argumentos que planteó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 50001-
33-33-003-2017-00270-00/01/02 y que fueron desestimados en la sentencia reprochada,
lo que desnaturalizaba su excepcionalidad.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), por conducto de
apoderada, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia por
no cumplir con el presupuesto de relevancia constitucional, ya que la actora no planteó
una carga argumentativa que permitiera evidenciar la vulneración de sus derechos
fundamentales, sino que se limitó a insistir en los argumentos desestimados en la
sentencia reprochada, que en su criterio, se fundó en deducciones razonables de las
pruebas obrantes en el expediente 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02.

Que los elementos de convicción que reposaban en el mencionado asunto contencioso-
administrativo no permitían colegir que la actora desempeñaba las actividades previstas
en los contratos de prestación de servicios bajo órdenes de servidores de la ARN,
incumplimiento de la carga probatoria que imponía denegar las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como aconteció.

El Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio remitió a estas diligencias el
expediente 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02, pero no se pronunció sobre los
hechos y argumentos expuestos por la tutelante.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 16 de
octubre de 2025, negó el amparo pretendido por la accionante, al considerar que la
conclusión de la autoridad accionada, consistente en que no se probó el elemento de
subordinación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 50001-33-33-003-

6 Se aclara que esa decisión no fue firmada por el ponente de la sentencia aquí cuestionada porque estaba ausente

con permiso.

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2017-00270-00/01/02, no comportaba una inferencia caprichosa de las pruebas que allí
reposan, pues analizadas en conjunto permitían colegir que la actora no cumplió sus
labores bajo órdenes de servidores de la ARN, sino en atención a directrices amparadas
por el principio de coordinación.

Que la sentencia cuestionada tampoco adolecía de desconocimiento del precedente, ya
que la demanda 50001-33-33-002-2017-00265-00/01, promovida por Nayla Carolina
Ballesteros Coy, versó sobre aspectos fácticos diferentes a los debatidos en el
expediente 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02.

7. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión la demandante la impugnó, para lo cual reiteró los
argumentos planteados en la solicitud de amparo, esto es, que las pruebas que
reposaban en el expediente 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02 demostraban
subordinación en la ejecución de los contratos de prestación de servicios que suscribió
con la ARN, y que ese asunto debió decidirse en el mismo sentido en que se dirimió el
proceso 50001-33-33-002-2017-00265-00/01, promovido por Nayla Carolina Ballesteros
Coy.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, que denegó las pretensiones de la tutelante al estimar que el fallo atacado no incurría
en defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente.

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, comoquiera que la providencia
cuestionada no incurrió en los defectos invocados por la demandante, sino que obedeció a
una interpretación razonable de las pruebas obrantes en el expediente y no desconoció el
precedente horizontal.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos8 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
demostrarse los defectos invocados por la accionante, se afectarían las garantías
superiores señaladas en el escrito de tutela, pues la indebida valoración probatoria y el
desconocimiento del precedente horizontal comportan afectación de prerrogativas
constitucionales que amerita la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por la tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la presunta afectación de
garantías superiores de las que son titulares los trabajadores, como el reconocimiento
de prestaciones, y de los preceptos superiores de prevalencia de la realidad sobre las
formas, de salario igual, trabajo igual, entre otros que rigen las relaciones laborales.

La tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la
verificación del expediente 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02 el correo electrónico
con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 17 de junio de 2025,
por lo que se entiende notificada el 20 del mismo mes y año, de conformidad con el
numeral 2 del artículo 2059 del CPACA, y la tutela fue presentada el 10 de septiembre
de 2025 (2 meses y 20 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6
meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la
acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia.
Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de sus garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defecto
fáctico y de desconocimiento el precedente.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Análisis del caso concreto

En la solicitud de amparo, la demandante afirma que la sentencia cuestionada incurre
en:

(i) Defecto fáctico, ya que las pruebas obrantes en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02 demostraban
que desempeñó bajo subordinación las actividades consignadas en los contratos de
prestación de servicios que celebró con la ARN, pues debía cumplir órdenes dadas

9«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío

del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».

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por superiores y un horario de trabajo, tal como daban cuenta los testimonios de Nayla
Carolina Ballesteros Coy e Inés Helena Acosta; y
(ii) Desconocimiento del precedente horizontal, por cuanto inobservó el fallo del 7
de mayo de 2025, con el que el mismo Tribunal Administrativo del Meta accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 50001-33-33-
002-2017-00265-00/01, promovida por Nayla Carolina Ballesteros Coy, quien también
era contratista de la ARN.

Al analizar las pruebas allegadas a este trámite constitucional, la Sala encuentra que la
señora Sonia Margoth Baquero Díaz celebró sucesivos contratos de prestación de servicios
con la ARN entre el 2 de marzo de 2009 y el 19 de diciembre de 2014, con el objeto de
adelantar actividades orientadas a asistir a personas que ingresaran al programa de
reintegración a la sociedad.

El 14 de marzo de 2017 la tutelante le pidió a la ARN que reconociera entre ellas una relación
laboral y que le pagara las correspondientes prestaciones, lo que le fue negado con Oficio
17-007604/JMSC 5202023 del 21 de marzo de 2017, en razón a que no acontecía el
elemento de subordinación.

La señora Sonia Margoth Baquero Díaz incoó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02 contra la ARN, con el fin de obtener (i)
la anulación del Oficio 17-007604/JMSC 5202023 del 21 de marzo de 2017, (ii) la
declaratoria de existencia de una relación laboral y (iii) la orden de pagarle las respectivas
prestaciones, ya que, a su juicio, en el vínculo contractual concurrían los elementos del
contrato de trabajo, en especial, el de subordinación.

El asunto contencioso-administrativo fue conocido en primera instancia por el Juzgado
Tercero Administrativo de Villavicencio, que recibió los testimonios de Nayla Carolina
Ballesteros Coy e Inés Elena Acosta Riveros, quienes coincidieron en afirmar que la
demandante realizaba las tareas contratadas dentro de un horario, de manera personal,
en atención a las políticas públicas y en cumplimiento de instrucciones dadas por
servidores de ARN.

Con la contestación de la demanda se allegaron (i) algunos informes finales de los
contratos de prestación de servicios, en los que se consignó que la actora citaba a
reuniones a su criterio en diferentes municipios del Meta, (ii) correos electrónicos del 1º
de abril de 2013 y del 10 de abril de 2014, en los que la demandante fijó cronogramas
de actividades, (iii) comunicación del 6 de abril de 2014, en el que se remitió el turno de
presencialidad «establecido de común acuerdo con los profesionales», y (iv) un mensaje
virtual del 26 de febrero de 2014, en el que la actora informó que permanecería «ausente
del municipio de Granada los días martes 4 y miércoles 5 de Marzo de los corrientes a fin de dar
cumplimiento a cita médica especializada en la ciudad de Bogotá».

Con sentencia del 30 de octubre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo de
Villavicencio accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que las pruebas
demostraban que la accionante ejecutaba las actividades consignadas en los contratos
de prestación de servicios en atención a órdenes emitidas por la ARN, por tanto,
concurrían los elementos de una relación laboral, máxime cuando el vínculo se extendió
por más de 5 años, lo que contrariaba la naturaleza temporal de esos negocios jurídicos.

La anterior determinación judicial fue apelada por las partes. La demandada sostuvo que
los elementos de convicción que reposaban en el expediente 50001-33-33-003-2017-
00270-00/01/02 no demostraban el elemento de subordinación; por el contrario,

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acreditaban que la demandante cumplía sus funciones con autonomía y que las
directrices que se le impartieron estaban orientadas a atender la política pública de
reinserción y no a ordenarle la forma en que debía ejecutar sus actividades.

Con fallo del 12 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión
1, revocó el de primera instancia y denegó las pretensiones de la demanda, al estimar
que las pruebas no acreditaban que la actora realizara las tareas contratadas bajo
órdenes de servidores de la ARN, por el contrario, los correos electrónicos del 1º de abril
de 2013, 26 de febrero de 2014 y de 6 y 10 de abril de 2014, permitían colegir que aquella
tenía autonomía en la ejecución de las actividades convenidas, pues en ellos se consignó
un cronograma acordado «con los profesionales» y la comunicación de ausentarse por
algunos días, aspectos de los que se infería además que no debía pedir permiso,
contrario a lo indicado por las testigos Nayla Carolina Ballesteros Coy e Inés Elena
Acosta Riveros.

Que las declaraciones de las mencionadas personas no permitían identificar órdenes
concretas orientadas a señalarle a la actora la forma en que debía atender sus
compromisos contractuales, de ahí que no se evidenciara subordinación, máxime
cuando sus tareas estaban reguladas por el Decreto 4138 de 2011 y su finalidad era
atender las políticas públicas sobre reinserción.

4.1 Defecto fáctico

En la solicitud de amparo, la demandante sostuvo que la sentencia cuestionada incurría
en defecto fáctico, porque las pruebas que reposan en el expediente 50001-33-33-003-
2017-00270-00/01/02 demostraban que hubo subordinación en la ejecución de los
contratos de prestación de servicios que celebró con la ARN.

No obstante, al analizar los elementos de convicción la Sala evidencia, tal como lo hizo
la autoridad judicial demandada, que de ellos no era dable inferir de manera inequívoca
que la demandante desarrolló las tareas consignadas en los contratos de prestación de
servicios bajo órdenes de la ARN, pues los correos electrónicos allegados a las
diligencias contencioso-administrativa dan cuenta de lo contrario, como (i) los de 1º de
abril de 2013 y del 10 de abril de 2014, en los que la actora comunicó el cronograma de
visitas a municipios que ella misma elaboró, (ii) el de 6 de abril de 2014, en el que se
consignó que los turnos de atención presencial fueron establecidos « de común acuerdo
con los profesionales»; y (iii) el 26 de febrero de 2014, en el que la tutelante informó que
se ausentaría «del municipio de Granada los días martes 4 y miércoles 5 de Marzo de los
corrientes a fin de dar cumplimiento a cita médica especializada en la ciudad de Bogotá».

Para la Sala, el contenido de esas comunicaciones llevó al Tribunal Administrativo del
Meta a concluir que la actora no tenía relación de dependencia con la ARN, pues
acreditaban que tomaba decisiones de manera autónoma, es decir, sin contar con el
consentimiento previo de la entidad, lo que permite colegir que en ese vínculo contractual
no concurría el elemento de la subordinación.

Ahora bien, la Sala encuentra que, en efecto, las testigos Nayla Carolina Ballesteros Coy
e Inés Elena Acosta Riveros indicaron que la actora atendía órdenes de servidores de la
ARN y cumplía un horario de trabajo de 8:00 am a 5: 00 pm, sin embargo, el tribunal
demandado señaló que de esas aseveraciones no era dable declarar la existencia de
una relación laboral en cubierta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02, pues no se estableció en qué consistían los
referidos mandatos (tampoco se allegó prueba de alguna orden) y el cumplimiento de un

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horario no implicaba per se la configuración de un contrato realidad, pues está cobijado
por el principio de coordinación entre contratante y contratista.

Esa posición coincide con la expuesta por el Consejo de Estado10 así:
Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica,
necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada.
Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de
una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido […].

Con todo, conviene recordar que el establecimiento de un horario surge como parámetro natural y lógico
de la coordinación necesaria para llevar a buen término el objeto de los contratos; sobre todo en los
casos de los profesionales asignados para la atención de los usuarios en las entidades médicas, donde
la marcha diaria de pacientes requiere de armonizar las horas contratadas con los turnos de relevo
necesarios para atender este tipo de servicios […].

En ese orden de ideas, como no se demostró que la demandante cumplió con las actividades
contratadas por la ARN de manera subordinada, es decir, que no era autónoma e
independiente en el cumplimiento de los objetos contractuales, no merece reproche alguno
que la autoridad accionada haya concluido que no se configuró el elemento de la
subordinación, pues, se recalca, es una inferencia razonable del material probatorio obrante
en el expediente 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02.

En este punto, resulta oportuno advertir que el hecho de que el Tribunal Administrativo del
Meta, Sala de Decisión 1, no haya valorado las pruebas en el sentido en que pretendía la
tutelante, no se traduce en la configuración del defecto fáctico, dado que el juez natural
tiene la autonomía de brindarles el grado de certeza que considere adecuado, siempre
que atienda los criterios de la sana crítica.

Además, las conclusiones probatorias del juez natural acerca de la falta de acreditación
de la subordinación de la demandante en el cumplimiento de las actividades contratadas,
se reitera, se fundamentaron en una valoración integral de las pruebas allegadas al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 50001-33-33-003-2017-00270-
00/01/02, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, conforme a la jurisprudencia
de la Corte Constitucional11, que sobre el particular indica:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a
los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se
ajusta al caso concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no solo es autónomo, sino que sus actuaciones están
amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél
es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].

10 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas,

expediente 23001-23-33-000-2013-00390-01.
11 Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Varas Silva.

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Así las cosas, como las consideraciones en virtud de las cuales la autoridad accionada negó
en segunda instancia las pretensiones de la demanda 50001-33-33-003-2017-00270-
00/01/02 obedecen a deducciones probatorias razonables, se colige que la providencia
cuestionada no adolece del defecto fáctico invocado en el escrito de tutela.

4.2 Desconocimiento del precedente

La demandante también sostiene en la tutela que la sentencia cuestionada incurría en
desconocimiento del precedente horizontal, ya que la misma Corporación que la emitió
accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
50001-33-33-002-2017-00265-00/01, promovida por Nayla Carolina Ballesteros Coy, con
sentencia del 7 de mayo de 2025, quien fue compañera de la actora en la ARN y testigo
en el expediente 50001-33-33-003-2017-00270-00/01/02.

Sea lo primero precisar que cuando se trata de precedente horizontal, la observancia no
es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas
comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual nivel funcional
existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos.

En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior
funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal propio),
la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su criterio, que, en
todo caso, debe enmarcarse dentro de los límites de la razonabilidad. Al respecto, la
Corte Constitucional ha dicho que «cuando el término de comparación no está dado por los
propios precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales, el principio de
independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado tan sólo
al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar de conformidad
con su criterio»12.

En el sub lite se constata, al analizar la sentencia del 7 de mayo de 2025, que fue
proferida por la Sala Sexta Oral del Tribunal Administrativo del Meta, mientras que la del
12 de junio de 2025 (censurada en este trámite constitucional) fue emitida por la Sala de
Decisión Oral 1 de esa Corporación, es decir, por una Sala diferente, situación por la que
la autoridad accionada no estaba en la obligación de decidir el proceso 50001-33-33-
003-2017-00270-00/01/02 en el mismo sentido en que se desatado el expediente 50001-
33-33-002-2017-00265-00/01.

Además, las pruebas practicadas en el proceso 50001-33-33-002-2017-00265-00/01
permitían evidenciar que hubo subordinación en la relación contractual entre Nayla
Carolina Ballesteros Coy y ARN, no obstante, ello no aconteció en el expediente 50001-
33-33-003-2017-00270-00/01/02, pues los correos electrónicos del 1º de abril de 2013,
26 de febrero de 2014 y 6 y 10 de abril de 2014, allegados a estas diligencias, permitían
inferir que Sonia Margoth Baquero Díaz fue autónoma en el cumplimiento de sus
actividades, por tanto, no se acreditó subordinación.

Así las cosas, como el expediente 50001-33-33-002-2017-00265-00/01 fue decidido por
una Sala de decisión diferente a la que desató el proceso 33-33-003-2017-00270-
00/01/02 y las pruebas que reposan en estas diligencias no acreditaban subordinación
de la demandante con la ARN en la ejecución de los contratos de prestación de servicios,
no comporta desconocimiento del precedente el hecho de que la sentencia cuestionada
en este asunto se haya dictado en un sentido diferente a la del 7 de mayo de 2025.

12 Sentencia T-123 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Demandante: Sonia Margoth Baquero Díaz

En virtud de lo anterior, se concluye que la sentencia cuestionada no incurre en defecto
fáctico ni en desconocimiento del precedente, motivo por el cual se confirmará la sentencia
impugnada, con la que el a quo denegó las pretensiones de la tutelante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, que denegó las pretensiones de la señora Sonia
Margoth Baquero Díaz, conforme a la parte motiva.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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