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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05704-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05704-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Luis Fernando Vélez Vergara, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00 Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05704-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00
Accionante: LUIS FERNANDO VÉLEZ VERGARA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD

Tesis: La acción de tutela es improcedente porque no cumple el
requisito de subsidiariedad.

La acción de tutela es improcedente cuando la controversia
planteada por la parte actora pretende reabrir el debate resuelto por
el juez natural

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Luis Fernando Vélez
Vergara en contra de la providencia dictada el 12 de marzo de 2025 en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 05001 33
33 036 2018 00122 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Luis Fernando Vélez Vergara, actuando por conducto de apoderado,
interpuso acción de tutela contra la providencia indicada supra y para ello formuló
las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Admita la presente acción de tutela contra providencia judicial.

2. Declare vulnerados los derechos fundamentales del señor Luis Fernando
Vélez Vergara al debido proceso (art. 29 C.P.), a la defensa técnica y a ser
juzgado por un juez imparcial.

3. Declare que la Magistrada Dra. Martha Nury Velásquez Bedoya debió
haberse declarado impedida para conocer y decidir el expediente radicado

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del

proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00
Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara

05001-33-33-036-2018-00122-01, por las razones de hecho y derecho
expuestas.

4. Ordene que otro magistrado distinto a la Magistrada Dra. Martha Nury
Velásquez Bedoya conozca y decida de manera plena sobre los recursos y
pronunciamientos pendientes relacionados con el proceso de referencia,
garantizando la plena aplicación de la Ley 842 de 2003 y demás normas
pertinentes.

5. Como medidas provisionales, si el despacho lo considera procedente, se
ordene la suspensión de efectos de la providencia impugnada hasta tanto
se adopte nueva decisión por magistrado distinto.

6. Tómese en cuenta para notificaciones las direcciones consignadas y las
pruebas allegadas en el expediente de tutela y en el proceso principal […]

Adicionalmente, en el acápite del escrito de tutela denominado “SUPLICA”, el
accionante también solicitó lo siguiente2:

“[…] solicito a la Honorable Sala que se sirva admitir la presente acción de
tutela, declarar la vulneración de los derechos fundamentales señalados,
disponer la declaración de impedimento a la Magistrada Dra. Martha Nury
Velásquez Bedoya respecto del expediente 05001-33-33-036-2018-00122-
01 y ordenar que un magistrado distinto conozca y decida sobre lo pertinente
[…]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, con
el fin que se declarara la nulidad de las Resoluciones nro. 087 del 3 de octubre de
2013 y nro. 064 del 21 de enero de 2015, por medio de las cuales fue sancionado
con la suspensión en el ejercicio de la profesión de ingeniero por un término de 6
meses.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del
Circuito de Medellín que, en sentencia del 13 de mayo de 2019, accedió
parcialmente a las pretensiones.

Inconformes con la anterior decisión, tanto la parte demandante como la
demandada, interpusieron recurso de apelación y la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 22 de mayo de 2024 la revocó
y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

Manifestó que interpuso acción de tutela en contra de la sentencia de 22 de mayo
de 2024 y que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
providencia de 21 de febrero de 2025 amparó sus derechos fundamentales, dejó sin
efectos la sentencia controvertida y ordenó dictar decisión de reemplazo.

2 Ibidem.

2

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Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara

Indicó que, “en cumplimiento de la orden del Consejo de Estado, la Sala Séptima
del Tribunal expidió sentencia de reemplazo el 12 de marzo de 2025, confirmando
finalmente la nulidad de los actos sancionatorios y reconociendo que la aplicación
de la Ley 842 de 2003 era la adecuada. No obstante, lo anterior, la decisión inicial
del Tribunal en la que se aplicaron normas que ya no resultaban aplicables, fue
proferida sin que la Magistrada ponente se declarara impedida, actitud que
constituye el núcleo de la presente solicitud de tutela”3.

Expuso que “aun cuando el daño de fondo (anulación y reconocimiento de
perjuicios) fue eventualmente reconocido en la decisión de reemplazo, persiste la
necesidad constitucional de que sean los jueces imparciales y que no hubieren
adoptado decisiones con base en normas inaplicables, quienes conozcan y decidan
los asuntos; en consecuencia, procede tutelar la garantía de imparcialidad por el
acto inicial del magistrado que no se declaró impedido”4.

Advirtió que “el objeto de la presente solicitud se contrae, de manera exclusiva, a la
omisión de declararse impedida por parte de la Magistrada ponente de la sentencia
del 22 de mayo de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia, omisión que
constituye una violación autónoma y diferenciada del derecho fundamental al juez
imparcial, protegido por el artículo 29 de la Constitución”5.

Aclaró que “la primera acción de tutela se circunscribió al estudio del defecto
sustantivo en la aplicación de normas derogadas o inaplicables (Ley 270 de 1996 y
Decreto 196 de 1971), y su finalidad fue restablecer el derecho a la defensa técnica
del disciplinado. En cambio, la presente acción se fundamenta en un aspecto
distinto y autónomo, cual es la vulneración del derecho a la imparcialidad judicial
por la omisión del deber de declararse impedida”6.

En el acápite del escrito de tutela denominado “FUNDAMENTOS JURÍDICOS”,
explicó que el derecho al debido proceso comprende, entre otras garantías, el
derecho a ser juzgado por un juez imparcial y a la debida defensa técnica.

Agregó que “la jurisprudencia constitucional y administrativa ha reconocido que
ciertas circunstancias objetivas, por ejemplo, la adopción de criterios jurídicos
contrarios a normas vigentes o la actuación previa que revele parcialidad, pueden
configurar causal objetiva de impedimento”7.

En ese sentido, resaltó que “la Sala que conoció la tutela (Subsección B, Sección
Tercera) ya estableció que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo y concedió el
amparo. Esa decisión refuerza la tesis de la existencia de un error claro y
determinante en la Decisión judicial inicial. Por tanto, la presente solicitud se dirige

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.

3

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00
Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara

a la declaración de impedimento del magistrado que falló inicialmente sin declarar
la causal objetiva que aquí se invoca”8.

Adujo que “la imparcialidad no sólo se verifica por vínculo directo (amistad,
parentesco, interés económico), sino también por la existencia de actuaciones o
razonamientos jurídicos manifiestamente incompatibles con normas superiores o
especiales, que generan apariencia de parcialidad o una lesión grave al derecho
fundamental de acceso a un juez imparcial. El principio pro actione judicial requiere
que el proceso sea conocido por autoridades que no tengan cuestionamientos
razonables sobre su neutralidad”9.

Posteriormente, en el acápite del escrito de tutela denominado “ARGUMENTACIÓN
SOBRE EL IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA”, solicitó “la declaración de
impedimento en razón de la existencia de un defecto sustantivo objetivo en la
decisión de 22 de mayo de 2024: la Sala aplicó normativa que no era aplicable al
caso concreto y omitió la regla especial contenida en la Ley 842 de 2003 (art. 66),
lo cual produjo una sentencia basada en premisas jurídicas erróneas”10.

Alegó que “la Sala integró normativamente la Ley 270 de 1996 y el Decreto 196 de
1971 para justificar la actuación del estudiante de consultorio jurídico como defensor
de oficio, pese a que el artículo 66 de la Ley 842 de 2003 dispone la designación de
un abogado inscrito. Además, el Decreto 196/1971 fue modificado/derogado
respecto de lo invocado, razón por la cual su uso en la integración normativa carecía
de sustento”11.

Precisó que “aunque la decisión de reemplazo subsanó el vicio material en sede del
proceso de fondo, la actuación inicial del magistrado afectó el derecho del
accionante a ser juzgado por quien no haya aplicado normas manifiestamente
inaplicables y que, por ende, pueda ser objetivamente cuestionado en su
imparcialidad”12.

Finalmente aseveró que “la tutela es procedente, en su modalidad excepcional, para
ordenar la declaración de impedimento y que la nueva decisión sea adoptada por
magistrado distinto, a fin de garantizar la confianza pública en el órgano
jurisdiccional y la tutela efectiva de los derechos fundamentales (SU-918/13)”13.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.

4

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00
Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara

3.1. La tutela fue radicada el 11 de septiembre de 202514 y correspondió por reparto
a esta Sección que, por auto del 19 de septiembre de 202515 requirió al accionante
para que identificara la providencia judicial contra la cual interponía la solicitud de
amparo.

3.2. En razón a que se subsanó la acción de tutela, mediante auto del 6 de octubre
de 202516 se admitió, se negó la medida provisional solicitada y se dispuso
notificar17 a la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
como parte accionada; así como vincular18 al Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería - COPNIA y al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de
Medellín, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de
Medellín para que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado nro. 05001 33 33 036
2018 00122 00/01, el cual fue remitido19.

3.3. El subdirector jurídico del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –
COPNIA allegó escrito20 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad del
presente trámite y, en consecuencia, se declare la improcedencia de la solicitud de
amparo.

Manifestó que “la vinculación oficiosa que hace del Consejo Profesional Nacional
de Ingeniería a la presente Acción Constitucional resulta improcedente puesto que
esta entidad no tiene injerencia dentro del trámite para resolver impedimentos o
recusaciones en los que se pudiesen ver inmersos los funcionarios judiciales o
magistrados de los tribunales administrativos que toman decisiones que adoptan las
decisiones en los procesos contencioso administrativas”.

Aclaró que “acorde con las funciones legales delegadas al este Consejo Profesional,
no tiene injerencia en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que
en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan intervenir
en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar
las pruebas que consideren pertinentes, en general; es necesario recalcar que el
COPNIA no está comprometido o facultado de modo alguno en la aparente
vulneración del derecho fundamental invocado por el tutelante, ni puede de ninguna

14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 05704 00.
15 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 05704 00.
16 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 05704 00.
17 Esta orden se cumplió el 9 de octubre de 2025. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para

la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00.
18 Ibidem.
19 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 05704 00.
20 Visto en los índices 15 y 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00.
5

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00
Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara

manera intervenir en el eventual cumplimiento de medida de amparo que se llegue
a proferir sobre los mismos”.

Sin perjuicio de lo anterior, anotó que la acción de tutela resulta improcedente por
no cumplir con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que “en el
presente caso, la parte accionante pretende que, por vía de tutela, se tramite o
declare el impedimento o recusación de un funcionario judicial, según se lee de sus
pretensiones, así: “(…) Declare que la Magistrada Dra. Martha Nury Velásquez
Bedoya debió haberse declarado impedida para conocer y decidir el expediente
radicado 05001-33-33-036-2018-00122-01, por las razones de hecho y derecho
expuesta”. Asunto que cuenta con procedimientos específicos en la legislación
procesal, normativa que regula de manera expresa las causales y tramite, tanto para
la manifestación de impedimentos como para las recusaciones”.

3.4. La magistrada ponente de la providencia cuestionada rindió informe21 en el que
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional.

Indicó que, “no basta con alegar la vulneración de derechos fundamentales; es
necesario que, a partir de la carga argumentativa del accionante, se pueda concluir
de manera razonada y suficiente que efectivamente ha existido una vulneración a
dichos derechos, y no simplemente una inconformidad frente a la decisión judicial
cuestionada”, por lo que sostuvo que, lo expuesto por el accionante “obedece a una
manifestación de inconformidad respecto del fallo adoptado en virtud de una orden
de tutela, el cual se cumplió en estricto cumplimiento del mismo y dentro de los
términos ordenados”.

Sin perjuicio de lo anterior, explicó que “la providencia impugnada se dio en
cumplimiento de lo ordenado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, quien en sentencia del 21 de febrero de 2025 ordenó expedir sentencia
de reemplazo dentro del proceso de la referencia. En acatamiento de esa orden, el
Tribunal profirió la sentencia del 12 de marzo de 2025, en la cual se confirmó la
nulidad de los actos administrativos demandados, al considerar que no era
procedente la representación judicial por parte de un estudiante de consultorio
jurídico. Respecto al restablecimiento del derecho, se concluyó que la parte no
acreditó los perjuicios reclamados, razón por la cual no se concedieron”.

Adujo que “la providencia se ajustó plenamente a lo dispuesto por el Consejo de
Estado y no incurrió en ningún tipo de defecto. En cuanto al supuesto uso de una
norma no vigente, se aclara que todas las disposiciones aplicadas se encuentran
vigentes. Por otro lado, no existía obligación legal de que el magistrado se declarara
impedido, ya que las causales de impedimento están taxativamente señaladas en
el artículo 141 del Código General del Proceso y ninguna contempla el supuesto de
haber participado en una decisión previamente tutelada”.

21 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 05704 00.
6

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00
Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara

Por último, arguyó que “la decisión del 12 de marzo de 2025 fue adoptada en estricto
cumplimiento de una orden judicial superior, sin que se haya incurrido en
irregularidades procesales ni en vulneración de derechos fundamentales. Por tanto,
no se configura vía de hecho ni defecto alguno que justifique la procedencia de la
acción de tutela”.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo
previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199122 y el
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 23 modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202124, así como con fundamento en el
artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 25, modificado por el
Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente26:

4.2.1. El señor Luis Fernando Vélez Vergara, actuando a través de apoderado,
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, con el fin que “se declaren nulas en
bloque la Resolución de Primera instancia Resolución 087 del 03 de octubre de
2013 que impuso 6 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de ingeniero
emitida por el COPNIA Seccional Antioquia, al igual que la Resolución de segunda
instancia nro. 0064 del 21 de enero de 2015 expedida por parte del Consejo
Profesional de Ingeniería COPNIA (Nacional) la cual confirmó la sanción de
suspensión en el ejercicio de la profesión”.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le reconocieran los
siguientes perjuicios: (i) “la suma de 20 millones de pesos de honorarios para
adelantar la presente acción Y OTRAS”, (ii) “la suma de 90 millones de pesos

22 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”
23 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y

establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
24 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela”.
25 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado

el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
26 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el radicado nro. 05001 33 33 036 2018 00122 00/01. Visto en el índice 14 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00.
7

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dejados de percibir por concepto de honorarios durante los 6 meses de suspensión”,
(iii) “perjuicios materiales, consistentes en la perdida de de (sic) oficina profesional
y remate de apartamento mediante remate por no haber podido pagar las cuotas de
amortización de deuda, perjuicios que se estiman en 300.000.00”, (iv) “por concepto
de perjuicios morales: la suma de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes
equivalentes a $737.717.000”, y (v) “daño a la vida de relación: la suma de mil
salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a $737.717.000”.

4.2.2. La demanda fue asignada por nuevo reparto al Juzgado Treinta y Seis
Administrativo del Circuito de Medellín que, en sentencia del 13 de mayo de 2019,
resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de
CUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL, INEXISTENCIA DE ILEGALIDAD
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CADUCIDAD DEL MEDIO DE
CONTROL propuestas por la entidad demandada, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos
en las Resoluciones 087 del del 03 de octubre del 2013 y 064 del 21 de
enero de 2015, mediante las cuales se impuso sanción de seis (06) meses
de suspensión en el ejercicio de la profesión de ingeniero, emitidas por el
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en disfavor del señor
LUIS FERNANDO VELEZ VERGARA (…).

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.
(Mayúsculas, negrillas y resaltados originales de la providencia).

4.2.3. Inconformes con la decisión anterior, el señor Vélez Vergara y COPNIA
presentaron recurso de apelación y la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en sentencia del 22 de mayo de 2024 la revocó y en
consecuencia declaró probada la excepción de caducidad y se inhibió para
pronunciarse de fondo.

4.2.4. El señor Luis Fernando Vélez Vergara presentó acción de tutela27 en contra
del fallo del tribunal la cual correspondió por reparto a la Sección Quinta de esta
Corporación que, en sentencia del 23 de enero de 2025 la declaró improcedente.

4.2.5. El señor Vélez Vergara impugnó el fallo de tutela de primera instancia y la
Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 23 de enero de 2025
por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, AMPÁRASE el
derecho fundamental al debido proceso del accionante.

SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 22 de mayo
de 2024 por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de

27 Radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06414 00/01.

8

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00
Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara

Antioquia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-33-33-036 2018-00122-01.

TERCERO: En consecuencia, ORDÉNASE a la Sala Séptima de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de los diez días
siguientes a la notificación, profiera una providencia de reemplazo que se
ajuste a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia […]”. (Negrilla
original del texto).

4.2.6. En cumplimiento de la anterior orden impartida, la Sala Séptima de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia, decidió nuevamente los recursos de
apelación interpuestos por la parte demandante y demandada del proceso ordinario
y, en sentencia del 12 de marzo de 2025, confirmó la proferida el 13 de mayo de
2019 por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

Frente a la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería – COPNIA, la Sala advierte que no es procedente,
comoquiera que dicha entidad fue vinculada al presente trámite procesal en calidad
de tercero interesado, debido a que el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de debate en esta sede constitucional se presentó en su contra.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el señor Luis Fernando Vélez Vergara promovió acción
de tutela en contra de la sentencia proferida el 12 de marzo de 2025 por la Sala
Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo Antioquia, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 05001 33 33 036
2018 00122 00/01. Lo anterior, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales “al debido proceso, defensa técnica y juez imparcial”.

Analizado en conjunto el escrito de tutela inicial, como la subsanación, la Sala
advierte que la solicitud de amparo se fundamenta en dos inconformidades: (i) el
presunto impedimento de la magistrada ponente de la sentencia acusada; y (ii) la
falta del restablecimiento efectivo de los derechos en el proceso ordinario.

En ese sentido, la Sala analizará de manera separada cada uno de los reparos
formulados por la parte actora en aras de determinar si se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad contra providencia judicial.

4.4.1. En cuanto al presunto impedimento de la magistrada ponente de la
sentencia cuestionada para conocer del asunto

Frente a este reparo, la Sala considera que no se cumple con el requisito general
de subsidiariedad por las razones que pasa a explicarse.

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El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela
no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida
que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable 28.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad
envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial29: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en
que no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios,
y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio
de subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de
defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, y (ii) cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio
irremediable, el cual debe acreditarse que cumple con las características de ser
inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para
superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es impostergable30.

En el asunto bajo examen, el accionante manifestó que “la jurisprudencia
constitucional y administrativa ha reconocido que ciertas circunstancias objetivas,
por ejemplo, la adopción de criterios jurídicos contrarios a normas vigentes o la
actuación previa que revele parcialidad, pueden configurar causal objetiva de
impedimento”31.

28 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso
concreto, se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria
del mecanismo de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el
sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos
es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
29 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
30 Sentencia T-150 de 2016.
31 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del

proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00.
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En ese sentido, expuso que “la Sala que conoció la tutela (Subsección B, Sección
Tercera) ya estableció que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo y concedió el
amparo. Esa decisión refuerza la tesis de la existencia de un error claro y
determinante en la Decisión judicial inicial. Por tanto, la presente solicitud se dirige
a la declaración de impedimento del magistrado que falló inicialmente sin declarar
la causal objetiva que aquí se invoca”32.

Adicionalmente alegó que “aun cuando el daño de fondo (anulación y
reconocimiento de perjuicios) fue eventualmente reconocido en la decisión de
reemplazo, persiste la necesidad constitucional de que sean los jueces imparciales
y que no hubieren adoptado decisiones con base en normas inaplicables, quienes
conozcan y decidan los asuntos; en consecuencia, procede tutelar la garantía de
imparcialidad por el acto inicial del magistrado que no se declaró impedido”33.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela deviene improcedente
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, debido a que el señor Vélez
Vergara pudo hacer uso de la figura de la recusación prevista por el artículo 130 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sin
embargo, se constata que en el expediente del proceso ordinario allegado no se
evidencia que el accionante haya presentado recusación alguna en contra de la
magistrada ponente de la sentencia cuestionada.

En este punto, la Sala precisa que, en el escrito de tutela, el accionante no ofreció
ningún motivo que justifique su inactividad en la presentación de la recusación que
disponía para apartar del asunto a la magistrada ponente quien, bajo su
consideración, se encontraba impedida para resolver el caso, y tampoco alegó ni
probó la existencia de un perjuicio irremediable para que la acción de tutela proceda
como un mecanismo transitorio.

En consecuencia, la Sala advierte que la acción de tutela deviene improcedente por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad34.

4.4.2. En cuanto a la falta del restablecimiento efectivo de los derechos en el
proceso ordinario.

Frente a este reparo, la Sala considera que no está cumplido el requisito general de
relevancia constitucional, de acuerdo con las razones que pasan a explicarse.

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de

32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Esta Sección ha planteado la subsidiariedad en casos similares a este reproche. Ver AT Rad.

11001 03 15 000 2022 05848 00 y AT Rad. 11001 03 15 000 2023 03869 00.
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involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”35.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro
modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver
al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen
del requisito de relevancia constitucional36.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional
ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la
sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades37:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 38. De
manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional.

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá
en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no es una
instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según
la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales no da lugar

35 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
36 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los

fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia
la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra”.
37 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
38 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia

del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente
nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se
enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)”. (Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se
expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la
acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o
reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la
interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente
que este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría
desconociendo la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.

Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir
el debate resuelto en el proceso ordinario frente al restablecimiento de sus
derechos, en tanto que en el escrito de subsanación alegó que “la providencia
impugnada desconoce que, conforme a los artículos 2, 25 y 29 de la Constitución
Política, la protección del debido proceso y del derecho al trabajo no puede limitarse
a la anulación formal de un acto administrativo, sino que exige restablecer
efectivamente los derechos conculcados (…), incluyendo el reconocimiento de los
perjuicios ocasionados por la sanción irregular”.

Por ello, solicitó que “se reconozca que la providencia del Tribunal Administrativo
de Antioquia no solo constituye una vía de hecho en cuanto perpetúa una sanción
anulada, sino que además ignora las consecuencias jurídicas y materiales de los
daños ocasionados, los cuales deben ser valorados y reparados de manera integral,
en aplicación de los principios de reparación efectiva, dignidad humana y
prevalencia del derecho sustancial”.

Lo anterior, con el fin de insistir en que tiene derecho al restablecimiento de sus
derechos en virtud de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
demandados, lo cual ya fue objeto de debate.
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Al respecto, el tribunal accionado en la sentencia acusada estudió cada uno de los
argumentos planteados por el accionante en el proceso ordinario, orientados a que
se le reconocieran los presuntos perjuicios causados por los actos administrativos
demandados, y al efecto arguyó que: (i) “no se aportó prueba alguna de la que se
desprendiera que pese a no conocer de la sanción impuesta por el Consejo
Profesional de Ingeniería, la existencia de la misma le hubiere impedido el ejercicio
de su profesión”; (ii) “en el caso concreto no resulta procedente el reconocimiento
de los gastos de honorarios por el apoderamiento en el proceso de la referencia, en
tanto dichos valores se encuentran incluidos dentro de las agencias en derecho.
Asimismo, tampoco resulta se pueden reconocer los honorarios pagados a
profesionales del derecho por las gestiones realizadas por fuera del proceso con
ocasión de los actos demandados, en tanto, no se acreditaron los mismos a través
del medio idóneo conforme lo ha indicado la jurisprudencia del Consejo de Estado,
esto es aportando la factura de pago de los correspondientes honorarios”; (iii)
“dentro del plenario no existen otros elementos de prueba que permitan la
acreditación los perjuicios morales reclamados, por lo que no se accederá a ordenar
el pago de estos”; y (iv) “los perjuicios relacionados con la vida de relación no fueron
acreditados, ya que las pruebas presentadas no demostraron de manera suficiente
cuáles actividades normales de la vida cotidiana no pudieron ser ejercidas debido a
la sanción disciplinaria impuesta”.

En esa medida, y comoquiera que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para cuestionar lo resuelto por
el juez natural de la causa, se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional aludida en referencia, la petición de amparo no cumple con el tercer
criterio de la relevancia constitucional.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple los requisitos
indicados supra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Luis Fernando Vélez Vergara, según lo expuesto en la parte considerativa de
esta sentencia.

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TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada
oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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