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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05759-00

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05759-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales, con fundamento en las consideraciones consignadas en esta decisión. SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Ignacio Ángel Barrios Parejo en Contra del Consejo de Estado-Sección Segunda- Subsección B por no superar el requisito de inmediatez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05759-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

28 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05759-00
Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05759-00
Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela contra
providencia judicial. Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Ignacio Ángel Barrios Parejo en
contra del Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Ignacio Ángel Barrios Parejo, en nombre propio, presentó escrito de tutela mediante
el cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad
social y a “la supresión de requisitos administrativos adicionales a los de ley” 1 que
consideró vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, con
ocasión de la sentencia del 17 de marzo de 2022 que negó las pretensiones de la
demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado número 08001-23-33-000-2014-00665-00/01.

2. Hechos

2.1. El señor Ignacio Barrios Parejo estuvo vinculado a la Universidad del Atlántico,
desde el 17 de septiembre de 1987, según contrato administrativo de prestación de
servicio No 099 hasta el año 1992.

2.2. Mediante Resolución de Rectoría No 000234 del 26 de febrero de 1993 fue
nombrado en el cargo de docente tiempo parcial, posteriormente se clasificó en la
categoría de Asistente III, luego como Adjunto I, después fue clasificado como
Adjunto II y finalmente promovido a Adjunto III.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 759E5D6EF1355832 1B26420FAD67E93D
6EA6CCE0FF12DF6B 4DCF991EE8A3E864.

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Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

2.3. Luego, con Resolución de Rectoría No 000769 del 19 de noviembre de 2002 fue
ascendido a la categoría de titular.

2.4. El actor se presentó al concurso convocado por la Universidad del Atlántico para
aspirar a la plaza de tiempo completo, el cual ganó, por lo que a través de la
Resolución de Rectoría No 000830 del 19 de diciembre de 2002, fue nombrado en el
cargo de docente de tiempo completo en la categoría de titular y el Comité de
Asignación de Puntaje le asignó un total de 344 puntos equivalente a un sueldo
básico de $2.213.640. Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición el
cual se resolvió a través de la Resolución de Rectoría No 000153 del 31 de marzo
de 2004, con la que se confirmó en todas sus partes el acto impugnado.

2.5. El 8 de julio de 2013, solicitó al Comité de Asignación de Puntajes de la
Universidad que le reconociera los puntos necesarios para que el salario asignado
como docente de tiempo completo fuera equivalente al que devengaba como docente
de tiempo parcial, bajo el régimen del Decreto 1444 de 1992, ya que con los 344
puntos asignados su salario se fijó en $2.213.640, mientras que su remuneración
anterior ascendía a $2.437.649, solicitud que fue negada mediante el oficio DGTH-
0136-2013 del 24 de septiembre de 2013, argumentando que la posibilidad de
asignar puntos adicionales para mantener el salario solo era procedente cuando el
docente se acogía expresamente al régimen del Decreto 1279 de 2002, lo cual no
ocurrió.

2.6. Por lo anterior, el señor Barrios Parejo presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la
nulidad de la Resolución No 000830 del 19 de diciembre de 2002 “Por la cual se hace
un nombramiento de Docente de Tiempo Completo” y de la Resolución No 000153
del 31 de marzo de 2004, “Por medio de la cual se confirma la Resolución de la
Rectoría No 000830 del 19 de diciembre de 2002”, expedidas por el Rector de la
Universidad del Atlántico; y del oficio No DGTH 0136-2013 del 24 de septiembre de
2013 mediante la cual se dio respuesta al derecho de petición del 15 de julio de 2013.

2.7. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico bajo
el radicado número radicado 08001-23-33-000-2014-00665-00, autoridad judicial
que, mediante sentencia del 1 de septiembre de 2015 negó las pretensiones de la
demanda, bajo el argumento de que en el asunto no se discutía el régimen salarial y
prestacional que cobija al actor, sino la forma en que se aplicó el Decreto 1279 de
2002.

Advirtió que el demandante se encontraba amparado bajo el régimen salarial y
prestacional del Decreto 1444 de 1992, teniendo en cuenta que su vinculación al
cargo de docente de tiempo completo se hizo mediante concurso de méritos
desarrollado bajo el amparo del citado decreto.

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Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

2.8. Contra la anterior decisión la parte actora presentó recurso de apelación. Insistió
en la indebida interpretación de la norma se debía aplicar, así como también una falta
de valoración probatoria.

2.9. El Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, mediante sentencia del
17 de marzo de 2022, confirmó la decisión impugnada al concluir que el demandante
no tenía derecho al reconocimiento de puntos salariales adicionales para igualar su
salario como docente de tiempo completo al que devengaba anteriormente como
docente de medio tiempo en la Universidad del Atlántico. Sostuvo que el demandante
no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos mediante los
cuales se negó el reconocimiento de puntos adicionales, ni demostró que se le debía
aplicar el artículo 51 del Decreto 1279 de 2002. Su ingreso a la carrera docente fue
producto de un concurso convocado y regido bajo el Decreto 1444 de 1992, lo que
excluía la posibilidad de acogerse a dicho artículo.

2.10. Posteriormente, el 13 de abril de 2023, el aquí accionante presentó recurso
extraordinario de revisión2 al considerar que la sentencia estaba incursa en la causal
5 del artículo 250 del CPACA.

El asunto fue asignado a la Sala Diecinueve Especial de Decisión del Consejo de
Estado que, mediante sentencia del 19 de mayo de 2025 declaró infundado el recurso
bajo el argumento de que la motivación jurídica de la decisión fue clara en exponer
que la universidad actuó conforme al marco legal aplicable, que el actor no cumplió
con los requisitos normativos para acogerse al nuevo régimen, y que no procedía el
reconocimiento de puntos adicionales para obtener un incremento salarial, al no
existir base normativa para ello.

Indicó que, si el actor consideraba ilógica o errada la conclusión del fallo, eso no
implicaba por sí solo, que la decisión careciera de motivación o fuera nula, pues, por
el contrario, la providencia tenía fundamentación jurídica clara y suficiente. Incluso
en relación con los documentos que, según el actor, demostraban que se encontraba
bajo un régimen diferente al previsto en el Decreto 1444 de 1992 antes de su
participación en el concurso de méritos, la decisión judicial abordó expresamente
esta situación al indicar que: «No es cierto que el juez de primera instancia no
hubiese valorado las pruebas [...] simplemente no se les dio la interpretación que
pretende la parte actora [...] no obstante, alguna de ellas hagan referencia al Decreto
1279 de 2002, [esto obedece a que dicha norma] subrogó el Decreto 1444 de 1992
[...]».

Adujo que la inconformidad del recurrente con la valoración de las pruebas o con la
interpretación normativa no habilita, en ningún caso, la configuración de la causal
quinta, la cual exige una afectación sustancial al debido proceso, de índole formal,
que no se configura con simples desacuerdos frente al contenido del fallo.

2 Exp. 11001-03-15-000-2023-01819-00.

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Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

Finalmente, señaló que ese no era el medio procesal idóneo para introducir o valorar
pruebas nuevas, como lo sería el Acuerdo 030 del 27 de enero de 2003, cuya
existencia alega la parte recurrente y aportó en ese medio de impugnación, pero que
no fue allegado ni controvertido oportunamente en el proceso ordinario. Sostuvo que
en sede de revisión no resultaba procedente incorporar elementos probatorios que
no hayan sido objeto de contradicción en la etapa probatoria, salvo que se invoque y
acredite alguna de las causales excepcionales previstas para tal efecto, lo cual no
ocurre en el asunto.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales a
la igualdad, a la seguridad social y a “la supresión de requisitos administrativos
adicionales a los de ley” 3. En consecuencia, pidió (i) ordenar al Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección B que se pronuncie en una nueva sentencia en la que
reconozca las garantías fundamentales invocadas mediante la nivelación de su
salario.

Como fundamento a sus pretensiones indicó que la decisión cuestionada incurrió en
defecto fáctico porque desconoció las pruebas documentales que demostraban que
el actor se encontraba en un régimen diferente, hasta cuando aceptó participar en el
concurso de méritos que se regulaba por el Decreto 144 de 1992.

Sostuvo que el desconocimiento de las pruebas obrantes en el expediente, indujeron
al fallador a una motivación irracional, ya que aun cuando reconoce que el actor se
encuentra cobijado por el Decreto 1279 de 2002, este no le es aplicable, porque el
trabajador no optó por escrito, para acogerse a dicha normatividad, aun cuando la
realidad y los documentos acreditan que estaba cubierto por dicho régimen, al haber
decidido ingresar a la carrera administrativa, mediante concurso, regido por el
Decreto 1444 de 1992, y que así lo ha mantenido la entidad demandada, en su
régimen salarial y prestacional.

Indicó que la autoridad judicial cuestionada se equivocó al afirmar que “los
empleados públicos docentes de las universidades estatales, vinculados a un
régimen diferente del Decreto No. 1444 de 1992, tenía como máximo un plazo de
cinco (5) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto No. 2912 de 2001, para
optar por el régimen previsto en esa normatividad, debiendo manifestar al rector su
decisión irrevocable por escrito; quienes se acogieran al nuevo sistema, continuaban
rigiéndose por su régimen salarial y prestacional”4. Esto, teniendo en cuenta que en
las pruebas documentales daban cuenta que se encontraba en un régimen diferente,
hasta antes de participar en el concurso de méritos, “que se regulaba por el Decreto
1444 de 1992, me acogí a las disposiciones del mismo, continue rigiéndome por el

3 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 759E5D6EF1355832 1B26420FAD67E93D
6EA6CCE0FF12DF6B 4DCF991EE8A3E864.
4 Ibid.

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Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

Decreto 2912 de 2001 y termine en el Decreto 1279 de 2002, donde actualmente me
encuentro”5.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 16 de septiembre de 20256
admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Tribunal
Administrativo del Atlántico y a la Universidad del Atlántico; solicitó a las autoridades
judiciales para que remitieran el expediente del proceso objeto de amparo, así como
el del recurso extraordinario de revisión; ordenó la notificación a las partes y
suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción por no superar el requisito de inmediatez,
toda vez que la sentencia contra la que dirige la acción de tutela se notificó el 26 de
abril de 2022, mientras que la solicitud de amparo se interpuso el 15 de septiembre
de 2025, es decir, transcurridos 4 años, 4 meses y 20 días.

Advirtió que no se pasaba por alto que, después de notificada la sentencia contra la
cual se dirige la acción constitucional, el demandante instauró un recurso
extraordinario de revisión que fue declarado infundado, mediante providencia del 19
de mayo de 2025, sin embargo, dicho medio de impugnación no supone la
continuidad del trámite ordinario en el que se dictó el fallo acusado, por corresponder
a un mecanismo extraordinario de defensa que se tramita a través de un proceso
independiente.

Adujo que el hecho de que se haya ejercido el mencionado recurso extraordinario,
de ninguna forma afectó la ejecutoria de la providencia del 17 de marzo de 2022, ni
le impedía ejercer en un término razonable la acción de tutela, en lugar de esperar
más de 4 años para tal efecto.

4.2. La Universidad del Atlántico se opuso a las pretensiones de tutela por carecer
de fundamento fáctico. Solicitó declarar la improcedencia de la acción toda vez que
de acuerdo con el material probatorio que obra en el plenario, queda en evidencia
que se atendieron los criterios para calificar los ítems a que hace alusión el
demandante, otra cosa es, que el resultado de la calificación de cada uno de los
puntos en comento no satisfaga su interés.

Explicó que el accionante no se acogió a lo previsto por el Decreto 1279 de 2002,
sino que se vinculó al cargo de docente de tiempo completo mediante concurso de
méritos, lo que quiere decir que estaba sometido al régimen salarial y prestacional

5 Ibid.
6 Índice 00004 aplicativo SAMAI, certificado E1E451679179A2FB D0E8C13F8A61F68D 5FDDA1DB0655C27F

CEBA46A9AD50387D.
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Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

previsto en el Decreto 55 de 1994 (norma vigente para la época del concurso), por lo
que el ente universitario dio cumplimiento a los criterios establecidos para emitir la
correspondiente calificación con miras a establecer el salario docente; además no
puede existir criterios particulares de carácter discrecional para otorgar un puntaje
diferente.

Expuso que en el caso que el accionante quisiera acogerse a un régimen distinto al
previsto en el Decreto 1444 de 1992 debió haberlo comunicado al empleador, en un
término no mayor a 5 meses contados a partir de la vigencia del Decreto 1279 de
2002, lo cual no aconteció.

5. Manifestación de impedimento

5.1. El 10 de octubre de 20257 se registró proyecto de fallo de primera instancia para
ser discutido en la Sala de Subsección del 17 de octubre de 2025. Sin embargo,
mediante escrito radicado el 13 de noviembre de 2025, el magistrado Nicolas Yepes
Corrales manifestó su impedimento para conocer del asunto al considerar que se
encontraba incurso en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal, por los siguientes motivos:

2.3. De esta manera, debo manifestar que la causal invocada se encuentra
configurada, toda vez que integré la Sala Diecinueve Especial de Decisión del
Consejo de Estado, la cual el 19 de mayo de 2025, profirió sentencia que declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión contra la providencia del 17 de
marzo de 2022 objeto de reproche en esta acción de tutela. Esta última decisión,
se recuerda, es señalada como causa de la presunta vulneración de derechos
fundamentales dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de radicado 08001-23-33-000-2014-00665-00/01.

En ese sentido, resulta claro que ya expresé mi posición frente al contenido de
la sentencia del 17 de marzo de 2022 emitida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, lo cual configura la causal prevista en el
numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, referida a haber manifestado
opinión sobre el asunto objeto del proceso. Ahora bien, aunque la providencia
suscrita en calidad de magistrado integrante de la Sala Diecinueve Especial de
Decisión del Consejo de Estado no corresponde a la sentencia censurada, sí
permite advertir que previamente di mi opinión sobre la decisión reprochada en
esta oportunidad, circunstancia que encuadra en la causal prevista en el numeral
4 referido”8.

5.2. La referida manifestación ingresó al Despacho de la magistrada ponente el 13
de noviembre de año en curso9. En consecuencia, en aplicación de los principios de
celeridad y economía procesal, los demás miembros de la Sala de Decisión
adoptarán la resolución del impedimento en la presente decisión.

7 Índice 00017 del aplicativo SAMAI.
8 Índice 00018 del aplicativo SAMAI, certificado 160F8D9DBF28E77D 7DED5DBA94B8B524
AAC16F77ADF10B3D 48BE619C3D6AE04C.
9 Índice 00024 del aplicativo SAMAI.

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6. Análisis y resolución del impedimento manifestado

6.1. El Consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales invocó la causal prevista en el
artículo 56 numeral 4 del Código de Procedimiento Penal. Como fundamento, indicó
que integró la Sala Diecinueve Especial de Decisión del Consejo de Estado, la cual
el 19 de mayo de 2025, profirió la sentencia que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 que se
reprocha en sede de tutela. Adicionalmente, aclaró que a pesar de que no profirió la
decisión que hoy se cuestiona en sede de tutela, lo cierto es que ya expresó su
posición respecto a la decisión que hoy es censurada.

6.2. Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado10, recordó que “los impedimentos y las recusaciones son mecanismos
jurídicos establecidos en la ley para garantizar que las decisiones adoptadas por los
jueces estén enmarcadas en los principios de imparcialidad, independencia y
transparencia”.

La Corte Constitucional ha indicado que el régimen de impedimentos y recusaciones
efectiviza el principio de imparcialidad del juez, que se erige en el ordenamiento como
pilar esencial de la administración de justicia. Asimismo, precisó que el derecho
fundamental al debido proceso de quienes acuden a la administración de justicia se
garantiza a través de una decisión imparcial que resuelva su controversia 11.

En punto a lo anterior, siempre que el funcionario judicial advierta la existencia de
motivos que puedan comprometer su imparcialidad para decidir un asunto, tiene el
deber de apartarse del conocimiento con el fin de garantizar que la decisión de fondo
no se vea afectada12. Esto, en atención a que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que la manifestación de impedimentos no se entiende como “omnímoda,
arbitraria o caprichosa”13 dado que encuentra soporte en causales taxativas, las que
merecen un análisis detallado de los argumentos y de circunstancias particulares con
el fin de establecer si en efecto encuentran fundamento, y así evitar restricciones
desproporcionadas al derecho de acceso a la administración de justicia14.

6.3. Las razones invocadas por el referido magistrado se fundamentan en el numeral
4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que prevé que el juez deberá
apartarse del conocimiento del proceso por haber manifestado su opinión sobre el
asunto materia del trámite15.

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 12 de junio de 2024. Radicación

11001-03-15-000-2023-03252-01.
11 Corte Constitucional, Auto 740 de 2024.
12 Corte Constitucional, Autos 447 A de 2017 y 285 de 2021.
13Corte Constitucional, Sentencia C-019 de 1996.
14 Corte Constitucional Auto 740 de 2024.
15 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 6 de octubre de 2021. STL 13457-2021. Radicación núm.

94907. “Desde luego no cualquier genérica referencia a un tema objeto de eventual postrer conocimiento
constituye una opinión con relevancia para el derecho dentro del ámbito en que la ley ha utilizado esta expresión
para condicionar a través de la misma el compromiso del funcionario judicial en la apreciación de un asunto con
posterioridad. Para que se evidencie sin laxitud ni arbitrio esa vinculación enervante por parte del juez, ella debe
emanar de un entendimiento que exprese más que una particular, ambigua y genérica aserción, distante por ello
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Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

6.4. A partir de lo esbozado, esta colegiatura observa que el magistrado Nicolás
Yepes Corrales, efectivamente, suscribió la sentencia del 19 de mayo de 2025 que
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la
sentencia del 17 de marzo de 2022, que corresponde a decisión que la parte actora
cuestiona mediante la presente acción constitucional.

En consecuencia, se advierte que, en una providencia proferida dentro de un trámite
distinto al del objeto de controversia, el consejero Nicolás Yepes Corrales expresó
su posición sobre el asunto. En este contexto, resulta plausible concluir que se podría
haber anticipado una posición sobre los fundamentos en los que se apoyaría la
resolución de las pretensiones expuestas en la presente acción constitucional, lo que
podría comprometer su imparcialidad. Por tanto, las circunstancias invocadas como
sustento del impedimento se enmarcan en el supuesto previsto en el numeral 4 del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

En ese orden, esta Judicatura declarará fundado el impedimento manifestado y
separará del conocimiento del trámite constitucional al magistrado Yepes Corrales.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Ignacio Ángel Barrios Parejo es el titular de las garantías constitucionales que afirma
fueron vulneradas en su condición de demandante dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado número 08001-23-33-000-2014-
00665-01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva dado que el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B fue la autoridad que profirió la
sentencia del 17 de marzo de 2022, que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y que, según el tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

de parámetros objetivos de valoración, un criterio vinculante en orden a tener la potencialidad de condicionar
conceptualmente las decisiones que le corresponda adoptar”
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judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200516 indicó que estas proceden
si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter
general, que habilitan la interposición de la tutela17 y otros de carácter específico, que
tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto18.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”19.

16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el
evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
18 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material
o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo
a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
sus postulados.
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05759-00
Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica
que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 20, según
las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios
que dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad21, al punto que la
Corte Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6)
meses22.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias
fácticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las
siguientes variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante

20 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente

sentido:
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en
cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si
bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera
afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable,
impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales
de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la
realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es
una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la
firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”.
21 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:

“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el
análisis de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada, pues ´la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´.
En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las
decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin
límite de tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos
y cual el alcance de [e]stos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de
justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme
inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009
de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
22 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de

la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han
definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este
criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la
que, explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de
la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también
en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible
a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la
ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de
2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y
autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable
y proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la
tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la
acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05759-00
Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

una situación excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en
mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos
de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto
de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual (…)”23.

La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se
supera cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración”24. Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el
término razonable que define la inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente”25.

En este escenario, el examen del requisito de inmediatez en el trámite de tutela en
contra de providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de
determinar el hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza
se deriva de la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.

Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la
eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que
se perfecciona su notificación y ejecutoria.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
inmediatez, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que el solicitante de amparo cuestiona
en esencia que la decisión proferida el 17 de marzo de 2022, por el Consejo de
Estado-Sección Segunda-Subsección B, incurrió en defecto fáctico porque
desconoció las pruebas documentales que demostraban que el actor se encontraba
en un régimen diferente, hasta cuando aceptó participar en el concurso de méritos
regulado por el Decreto 144 de 1992.

23 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la

Corte Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158
de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
24 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
25 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de

2014.Resaltado fuera del texto original.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05759-00
Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

Al respecto, esta Sala resalta que, contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 el
aquí accionante presentó recurso extraordinario de revisión con fundamento en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, no obstante, la Sala Diecinueve Especial de
Decisión del Consejo de Estado, a través de fallo del 19 de mayo de 2025 (expediente
11001-03-15-000-2023-01819-00), declaró infundado el recurso. Sin embargo,
huelga precisar que el convocante no presentó reparos contra la mencionada
decisión en esta sede constitucional, por lo tanto, el estudio del requisito de
inmediatez se realiza desde la ejecutoria de la sentencia del 17 de marzo de 2022.

5.2. Pues bien, al analizar las actuaciones surtidas al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con número radicado 08001-23-33-000-2014-00665-
01, se observa que la sentencia que resolvió el recurso de apelación efectivamente
fue proferida el 17 de marzo de 202226. Para efectos de notificación, se remitió al
correo electrónico de las partes el mensaje de datos respectivo el 21 de abril de
202227, por lo que la decisión se entiende notificada el 23 de abril siguiente 28. En
consecuencia, la mencionada providencia quedó ejecutoriada el 29 de abril de
202229.

5.3. Así las cosas, el plazo de seis (6) meses estimado como razonable por la
jurisprudencia constitucional para interponer la acción de tutela venció el 30 de
octubre de 2022. Sin embargo, la solicitud de amparo fue presentada el 15 de
septiembre de 202530, es decir, casi tres años después, momento para el cual ya se
había superado de manera ostensible el término en cuestión, por lo que no se cumple
con el requisito de inmediatez.

5.4. En este punto es preciso indicar que, la parte accionante tampoco presentó
argumentos que correspondan a aquellas situaciones que la jurisprudencia
constitucional ha previsto para flexibilizar el requisito de inmediatez y que requieran
la intervención del juez para evitar un perjuicio irremediable, ni que excusen su
inactividad interponer la acción de manera oportuna, lo que impide el estudio de
fondo de los cuestionamientos que expuso en el escrito de tutela. Máxime si se pone
de presente que los reparos de tutela fueron presentados en contra de la sentencia
del 17 de marzo de 2022 y no en contra de la decisión que resolvió el recurso
extraordinario de revisión.

En suma, la acción de tutela se presentó por fuera del plazo que la jurisprudencia
constitucional ha previsto como razonable y la parte accionante no aportó a este
trámite prueba alguna para acreditar la ocurrencia de una circunstancia que hubiera
permitido flexibilizar dicho término. En consecuencia, se declarará improcedente la
solicitud de amparo.

26 Índice 00019 del expediente radicado 08001-23-33-000-2014-00665-01 en el aplicativo SAMAI.
27 Índice 00022 del expediente radicado 08001-23-33-000-2014-00665-01 en el aplicativo SAMAI.
28 Conforme a lo dispuesto en el artículo 205 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, “a notificación de

la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje
y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”.
29 Como quiera que los días 9, 10 y 11 de noviembre no fueron hábiles (sábado, domingo y lunes festivo).
30 Índice 00002 del aplicativo SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05759-00
Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado Nicolás Yepes Corrales, con fundamento en las consideraciones
consignadas en esta decisión.

SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Ignacio Ángel Barrios Parejo en Contra del Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B por no superar el requisito de inmediatez, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

SABF

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