Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01819-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01819-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01819-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01819-00 (2830)
Demandante: Ignacio Ángel Barrios Parejo
Demandada: Universidad del Atlántico
Temas: Causal de revisión del artículo 250-5 CPACA. Nulidad de la
sentencia por ausencia de motivación. No constituye nueva
oportunidad procesal ni tercera instancia. DECLARA
INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por el señor Ignacio
Ángel Barrios Parejo contra la sentencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil
veintidós (2022) proferida por la Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado2, para lo cual invocó la causal
contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA que permite la revisión de
providencias judiciales ejecutoriadas por «[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Ignacio Ángel Barrios Parejo estuvo vinculado a la Universidad del
Atlántico desde el 17 de septiembre de 1987 hasta el año 1992, mediante contratos
de prestación de servicios.
Que según Resolución de Rectoría 000234 del 26 de febrero de 1993, fue nombrado
en el cargo de docente tiempo parcial, posteriormente se clasificó en la categoría
de Asistente III, luego como Adjunto I, después fue clasificado como Adjunto II y
finalmente promovido a Adjunto III. Que con Resolución de Rectoría 000769 del 19
de noviembre de 2002 se ascendió a la categoría de titular.
Que al haber ganado el concurso público de méritos, convocatoria 2000, fue
nombrado por la Universidad del Atlántico por Resolución de Rectoría 000830 del
19 de diciembre de 2002, en el cargo de docente de tiempo completo de la facultad
de Ciencias Económicas en la categoría de titular y el Comité de Asignación de
1 La presentación del recurso se efectuó el 13 de abril de 2023, de acuerdo con la anotación efectuada por la
Secretaría de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 1.° de septiembre de 2015, por el Tribunal Administrativo del
Atlántico que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Puntaje le asignó un total de 344 puntos equivalente a un sueldo básico de
$2.213.640; decisión que fue confirmada íntegramente mediante Resolución de
Rectoría 000153 del 31 de marzo de 2004.
Que el 8 de julio de 2013, solicitó al Comité de Asignación de Puntajes de la
Universidad que le reconociera los puntos necesarios para que el salario asignado
como docente de tiempo completo fuera equivalente al que devengaba como
docente de tiempo parcial, bajo el régimen del Decreto 1444 de 1992, ya que con
los 344 puntos asignados su salario se fijó en $2.213.640, mientras que su
remuneración anterior ascendía a $2.437.649, solicitud que fue negada mediante el
oficio DGTH-0136-2013 del 24 de septiembre de 2013, argumentando que la
posibilidad de asignar puntos adicionales para mantener el salario solo es
procedente cuando el docente se acoge expresamente al régimen del Decreto 1279
de 2002, lo cual no ocurrió.
Que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
demandó la nulidad de las Resoluciones 000830 de 2002, 000153 de 2004 y del
oficio DGTH-0136-2013 de 24 de septiembre de 2013. Como restablecimiento del
derecho, solicitó: i) el reconocimiento de los puntos salariales necesarios para
equiparar el salario como docente de tiempo completo, al salario real que percibía
como docente de medio tiempo al 1.° de enero de 2004 ($2.437.649); ii) el reajuste
de sus prestaciones legales, extralegales y de seguridad social correspondientes; y
iii) el pago de los valores dejados de percibir con su respectiva indexación e
intereses moratorios.
Que el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 1.º de
septiembre de 2015, negó las pretensiones de la demanda; decisión que fue
apelada por la parte actora y confirmada por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en sentencia del 17 de marzo de 2022.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En la providencia del 17 de marzo de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia, al concluir que el
demandante no tenía derecho al reconocimiento de puntos salariales adicionales
para igualar su salario como docente de tiempo completo al que devengaba
anteriormente como docente de medio tiempo en la Universidad del Atlántico.
Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:
Que el Decreto 1444 de 1992, en desarrollo de la Ley 4 de 1992, establece que la
remuneración mensual de los docentes públicos universitarios del orden nacional
se calculaba con base en un sistema de puntos, asignados por factores como títulos
académicos, categoría en el escalafón, experiencia, productividad académica y
funciones administrativas.
Que el Decreto 55 de 1994 amplió el ámbito de aplicación del Decreto 1444 de 1992
a los docentes de universidades estatales del orden territorial (departamental,
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distrital y municipal) que se vinculen por concurso. También permitió que los
docentes ya vinculados optaran por este nuevo régimen antes del 30 de abril de
1994. Quienes no lo hicieran, continuarían bajo el régimen previo.
Que el artículo 2 del Decreto 1279 de 2002 —que estableció un nuevo marco
general para el régimen salarial y prestacional de los docentes de universidades
estatales — establece que los docentes vinculados bajo un régimen distinto al del
Decreto 1444 de 1992 podían acogerse voluntariamente al nuevo régimen dentro
de los cinco meses siguientes a su entrada en vigencia, mediante comunicación
escrita dirigida al rector. Aquellos que no manifestaran expresamente dicha voluntad
continuarían rigiéndose por su régimen salarial y prestacional anterior.
Que el artículo 51 del mismo decreto prevé que los docentes que se acojan al nuevo
régimen y provengan de un sistema distinto al Decreto 1444 de 1992 podrían recibir,
como máximo, un incremento salarial del 10%. Asimismo, si el salario liquidado bajo
el nuevo sistema resultaba inferior al que percibían previamente, se les
reconocerían los puntos necesarios para mantener su salario real.
Que el actor ingresó a la carrera docente mediante concurso de méritos en 2002, y
que, conforme al artículo 1.º del Decreto 55 de 1994, el régimen salarial aplicable a
los docentes vinculados por concurso era el contenido en el Decreto 1444 de 1992.
Por lo tanto, el actor no se encontraba bajo un régimen diferente que le permitiera
acogerse al artículo 51 del Decreto 1279 de 2002.
Que no es procedente el argumento del demandante sobre la aplicación automática
del Decreto 1279 de 2002, pues este solo aplica a quienes:
optaran expresamente por acogerse, y estuvieran en un régimen diferente al
Decreto 1444 de 1992.
Que el actor fue nombrado mediante la Resolución 000830 del 19 de diciembre de
2002, en la cual se le asignó un puntaje de 344, equivalente a un salario de
$2.213.640. En dicho acto se señaló expresamente que el régimen aplicable era el
Decreto 1444 de 1992, vigente al momento del concurso.
Que el Acuerdo 039 de 2000, que reguló los concursos públicos para proveer cargos
docentes, indicaba claramente que el régimen salarial sería el del Decreto 1444 de
1992 y que los puntajes del concurso no tendrían efectos salariales sino solamente
para el concurso en mención; situación que fue ratificada por concepto del Ministerio
de Educación Nacional.
Que, aunque el actor trabajó desde 1987 como contratista y luego como docente de
medio tiempo (catedrático), estas modalidades no implicaban su incorporación
formal a la planta de personal ni su inclusión en la carrera profesoral. Por tanto, su
régimen salarial y prestacional para ese entonces se regía por normas
convencionales, adquiriendo solo a partir del concurso de 2002 la calidad de
empleado público como docente de carrera.
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Que el juez de primera instancia sí valoró adecuadamente las pruebas aportadas y
consideró que, aunque algunas se referían al Decreto 1279 de 2002, no eran prueba
de su aplicación al caso concreto, sino que reflejaban aspectos administrativos
derivados de la subrogación del Decreto 1444 de 1992 por el 1279 de 2002.
Que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
administrativos mediante los cuales se negó el reconocimiento de puntos
adicionales, ni demostró que se le debía aplicar el artículo 51 del Decreto 1279 de
2002. Su ingreso a la carrera docente fue producto de un concurso convocado y
regido bajo el Decreto 1444 de 1992, lo que excluía la posibilidad de acogerse a
dicho artículo.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El señor Ignacio Ángel Barrios Parejo, en ejercicio del mecanismo establecido en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, interpuso recurso extraordinario de revisión al
considerar que la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada legislación.
Solicita que se revoque la sentencia y se emita una nueva decisión que reconozca los
puntos necesarios para equiparar su salario como docente de tiempo completo, al
menos con el que devengaba el 1.° de enero de 2004 como docente de medio tiempo
en la Universidad del Atlántico.
Para sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:
Que la decisión judicial incurre «en su parte motiva […] en unos circunloquios que
modelan y encuadran […] en falsa motivación. Al ser falsa la motivación, esta deviene
en inexistente».
Que a pesar de que la sentencia reconoce que el actor se encuentra cobijado por el
Decreto 1279 de 2002, concluye que este no le es aplicable porque no manifestó por
escrito su voluntad de acogerse a dicho régimen. No obstante, el recurrente sostiene
que dicha conclusión contradice los hechos y documentos del proceso, ya que su
vinculación se produjo a través de un concurso de méritos regido por el Decreto 1444
de 1992, lo cual implica, a su juicio, una incorporación automática al régimen salarial
y prestacional que derivó en la aplicación del Decreto 1279 de 2002.
Que la interpretación acogida por el Consejo de Estado, según la cual, «los empleados
públicos docentes de las universidades estatales, vinculados a un régimen diferente
al Decreto 1444 de 1992, tenían como máximo un plazo de cinco (5) meses, contado
a partir de la vigencia del Decreto 2912 de 2001, para optar por el régimen previsto
en esa normatividad […] . Quienes no se acogieron al nuevo sistema, continuaban
rigiéndose por su régimen salarial y prestacional», se basa en una norma de vigencia
efímera que no surtió efectos jurídicos plenos, como lo reconoció el propio Consejo
de Estado en sentencia del 21 de agosto de 2008 (exp. 2549-02), en la que desvirtuó
los fundamentos ahora esgrimidos.
En particular, cita de aquella decisión la intervención del Departamento Administrativo
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de la Función Pública en la que resaltó: «En efecto, la Ley 4ª de 1992 estableció un
nuevo orden en lo que a prestaciones sociales de empleados públicos de entidades
territoriales se refiere, al establecer que el régimen prestacional de estos será fijado
por el Gobierno Nacional con base en normas, criterios y objetivos señalados en la
ley, además de que de manera expresa prohíbe a las entidades territoriales
apropiarse de tal atribución». En ese mismo sentido, se indicó que, «tomando en
cuenta lo dicho antes y la prohibición de desmejorar salarios y prestaciones sociales,
contenidos en el artículo 2º literal a) de la Ley 4ª de 1992, debe entenderse que se
trata de prestaciones legalmente reconocidas y que además constituyen derechos
adquiridos, no solo expectativas».
Que también anotó que el Ministerio de Hacienda expresó sobre el Decreto 2912 de
2001 en dicho proceso indicó: «El decreto demandado tuvo una vigencia de seis (6)
meses, pues fue derogado por el Decreto 1279 del 19 de junio de 2002, sin que tuviera
ninguna aplicación, pues no alcanzó a tener efectos fiscales ya que estuvo vigente
durante el mismo período de transición, que fue de cinco (5) meses, contados a partir
de su vigencia, y los Consejos Superiores universitarios no alcanzaron a expedir las
normas para la aplicación de dicho decreto y la actualización de los estatutos
docentes».
Que exigirle al actor una manifestación expresa de acogimiento a un régimen que no
tuvo aplicación práctica es una carga irrazonable. Agrega que incluso esta misma
Corporación concluyó en la mencionada decisión que no se pueden vulnerar derechos
adquiridos ni desconocer el principio de la condición más beneficiosa, al afirmar: «En
desarrollo de su labor de determinar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos […] el gobierno podía modificar o adaptar el régimen salarial […]
o como ocurrió en el sub lite, en decir de los accionados, para definir criterios
homogéneos en los factores salariales de los docentes universitarios o corregir las
deficiencias de una normatividad laboral como el Decreto 1444 de 1992 y, frente a
ello, solo los derechos adquiridos, que no las simples expectativas, resultaban
aspectos inmutables para el Gobierno Nacional».
Que, además, el Ministerio de Hacienda señaló que las universidades, a través de sus
consejos superiores, debían reglamentar la manera en que los docentes se acogerían
al nuevo régimen, hecho que afirma no fue acreditado por la universidad demandada
en el proceso.
Que en la Resolución 00330 del 19 de diciembre de 2002 se señaló que el concurso
público de méritos, convocatoria 2000, se adelantó bajo la vigencia del Decreto 1444
de 1992 y, conforme al artículo 19 del Decreto 55 de 1994, a los docentes vinculados
mediante dicho concurso se les aplicaba el régimen salarial y prestacional de ese
decreto; como este fue derogado por el Decreto 2912 de 2001, y posteriormente
subrogado por el Decreto 1279 de 2002, el actor sostiene que, al haber concursado
bajo el marco del Decreto 1444 de 1992, quedó automáticamente cobijado por ese
régimen, sin necesidad de manifestar su acogimiento por escrito.
Que «una de las condiciones para concursar, según el Decreto 1444, era que quienes
participaban se acogían a este régimen prestacional», por lo cual, al concursar, ya
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estaba sometido al mismo. No tenía que expresar su voluntad por escrito, porque el
hecho de haber concursado implicaba su aceptación tácita.
Que resulta reprochable que la Universidad no haya aportado al proceso, como era
su obligación, el Acuerdo Superior 009 del 27 de enero de 2003, mediante el cual se
reglamentó en la Universidad del Atlántico la aplicación del Decreto 1279 de 2002.
Dicho acto estableció en su artículo primero que se aplicará a: a) quienes se vinculen
por concurso como empleados públicos; b) quienes ingresen a la carrera docente a
partir de la vigencia del Decreto 1279 de 2002; c) docentes de planta que antes de la
vigencia del Decreto 1279 de 2002 se regían por el Decreto 1444 de 1992; y d) a los
profesores que, estando sometidos a otro régimen antes del 8 de enero de 2002, se
acogieron voluntariamente a las disposiciones del Decreto 1279 de 2002.
Que en alguna de estas hipótesis encaja el demandante sin que se vea la razón para
que los operadores judiciales tengan que encuadrarlo en la última, obligándolo a que
tuviera que optar por acogerse voluntariamente.
Que su situación se puede también enmarcar en el literal c), ya que participó en el
concurso en el año 2000, bajo el régimen del Decreto 1444 de 1992, por lo que desde
entonces quedó cobijado por dicho régimen, antes de que entrara en vigencia el
Decreto 1279 de 2002, máxime cuando su historial laboral demuestra que ingresó a
la carrera mediante concurso, lo cual justifica que se le aplique dicho régimen sin
requerir manifestación escrita.
Que la resolución de nombramiento de 2002 indica expresamente que se rige por el
Decreto 1444 de 1992, lo cual implica un reconocimiento institucional de su sujeción
al régimen aplicable. Así mismo, en la convocatoria pública del concurso, según el
Decreto 55 de 1994, se precisó que quienes se vinculen mediante concurso se les
aplicaría dicho régimen.
Que la sentencia recurrida se fundamenta en una falacia al concluir que el actor debía
manifestar su acogimiento voluntario al Decreto 1279 de 2002, ignorando otras
hipótesis de aplicación reconocidas incluso por la propia universidad. Esta condición
solo sería exigible si el actor no hubiera participado en concurso y pretendiera que se
le aplicara un régimen distinto, lo cual no es el supuesto que se puso de presente en
el proceso ordinario.
Que la sentencia impugnada presenta una motivación ilógica y una valoración
probatoria contraevidente, lo que le da derecho a solicitar el reajuste salarial que
iguale el salario que tenía antes de su nombramiento con el que le fue asignado, en
virtud del acto administrativo cuestionado.
Que la obligación de optar expresamente por el nuevo régimen se estableció para
quienes estaban en un régimen distinto antes del 8 de enero de 2002, pero que el
actor, al haberse sometido al concurso regulado por el Decreto 1444 de 1992, pasó
directamente al nuevo régimen sin que fuera necesaria dicha manifestación.
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Contestación al recurso extraordinario
La Universidad del Atlántico contestó3 al recurso oponiéndose a las pretensiones,
señalando que lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 1279 de 2002 se refiere a la
posibilidad de asignar puntos adicionales con el fin de mantener el salario de los
docentes vinculados a una universidad estatal u oficial que opten por acogerse al
régimen salarial previsto en dicho decreto, en los casos en que el salario liquidado
mediante el sistema de puntos resulte inferior a su salario real.
Que, en ese sentido, el señor Ignacio Ángel Barrios Parejo no optó por acogerse al
Decreto 1279 de 2002, sino que fue vinculado al cargo de docente de tiempo completo
en la Universidad mediante concurso de méritos, el cual se desarrolló bajo la vigencia
del Decreto 1444 de 1992 —norma posteriormente derogada por el Decreto 1279 de
2002— y, por tanto, se sometió al régimen salarial y prestacional allí establecido, de
conformidad con el artículo 1.° del Decreto 55 de 1994, norma vigente al momento en
que se llevó a cabo dicho concurso.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación no emitió concepto alguno.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Se debe resolver si se configura la causal de revisión alegada por la parte actora,
esto es, si la decisión recurrida carece de motivación. Para el efecto, la Sala
estudiará: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) la causal de
revisión invocada en el recurso; y, finalmente, iii) el caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de artículo 248 del
CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada4. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
3 Véase índice 20 del aplicativo SAMAI.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
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i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente, como la aparición
de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso
fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la
sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las
razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular, como el hallazgo de documentos
falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes
por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o
violencia en la emisión del fallo.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 5.
Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada,
ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir
los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley6.
Causal quinta de revisión
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso, bien sea que resuelva o no el litigio de fondo. Además, contra esta
decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de ser así este sería el
medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la
providencia.
5 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada
en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar
esta circunstancia7.
Respecto al requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA −que se configure una causal de nulidad−, se precisa que si bien, por regla
general los motivos de nulidad que afectan la sentencia están consagrados en el
artículo 133 del Código General del Proceso −8 causales−, la jurisprudencia del
Consejo de Estado se ha encargado de llenar dicha causal de contenido, en atención
a las múltiples interpretaciones que se generaban alrededor de la misma.
Según la posición actual del Consejo de Estado, la nulidad predicable de una
sentencia de instancia se estructura por: (i) la ocurrencia de alguna de las hipótesis
taxativamente reguladas por el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP)8;
o (ii) la existencia de irregularidades insaneables que afecten sustancialmente el
derecho al debido proceso, al punto que, de no haber ocurrido, la decisión habría
sido diferente.
Fuera de los supuestos del artículo 133 del CGP, no toda anomalía en una sentencia
puede desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia
ha señalado que esto ocurre en situaciones como:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»9.
La Sala Plena del Consejo de Estado, en diferentes providencias, entre ellas, la
sentencia de 31 de mayo de 2011, proferida en el expediente con radicado núm.
11001-03-15-000-2008-00294-0010 ha definido otros eventos en los que se configura
la nulidad en la sentencia, a saber:
7 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
8 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-
15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; y Sala
Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-02342-00.
C.P. Alberto Yepes Barreiro
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
10 Al respecto pueden consultarse además las siguientes decisiones dictadas por esta Corporación: sentencia
del 8 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01; sentencia del 7 de octubre de 2019,
radicación 11001-33-31-035-2008-00180-01(52615).
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01819-00 (2830)
«[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera
sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin
el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después
de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con
un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia
carece completamente de motivación».
Se ha aceptado también que la vulneración del derecho al debido proceso constituye
una variable de la causal establecida en el numeral 5 antes mencionado, al indicar
que:
«(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento»11.
También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso 12 o el
principio de congruencia13 constituyen variables de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado. De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los
supuestos que dispone el artículo 133 citado, existen otras causas desarrolladas
jurisprudencialmente que comportan una anomalía respecto de la sentencia y que
podrían desvirtuar sus efectos de cosa juzgada.
Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido14.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz (E).
12 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último
evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la
causal de revisión en comento». Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de
febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-2011-01639-00).
13 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de
congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no
se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)» (Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Rad.11001-03-25-000-2014-00440-00(1452-
14).
14 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Rad.11001-03-15-000-2017-02369-00.
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Sobre la motivación de las decisiones judiciales
Sobre la motivación de la sentencia, el artículo 187 del CPACA15, prevé:
«Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada.
En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen […]».
El deber legal de motivar las providencias judiciales es una reafirmación del principio
de legalidad, entendido como el sometimiento del Estado al Derecho. De allí que no
basta con decidir los litigios a cargo de la Jurisdicción, sino que es preciso explicitar
las razones fácticas y jurídicas que fundamentan las decisiones, en los términos del
artículo 187 antecitado, es decir, con brevedad y precisión, para garantizar los
derechos de los usuarios del servicio público de administración de justicia.
En cuanto a la nulidad de la sentencia con ocasión de la ausencia de motivación,
esta Corporación ha considerado:
«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la
falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente
la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la
causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación
errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas
aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque
de admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter
extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia» (énfasis fuera de
texto)16.
En síntesis, para que prospere el cargo de nulidad por falta de motivación solo es
admisible que, efectivamente, la judicatura no haya especificado ninguna razón para
el fallo. No obstante, también la jurisprudencia ha reconocido la configuración de la
causal de nulidad cuando la decisión «[…] se fundamenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas»17. Por lo que resulta
más acertado referirse a la causal de nulidad por «carente o errónea motivación»,
como lo ha hecho el Consejo de Estado en recientes oportunidades 18. En cualquier
caso, esto no supone una nueva oportunidad para controvertir la apreciación de los
hechos, las pruebas y las razones expuestas por el fallador.
Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
15 En sentido similar puede consultarse el artículo 280 del CGP.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Exp.
11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV). C.P. Enrique Gil Botero. Si bien en la providencia se hace referencia
a la causal «sexta», esta corresponde al artículo 188 del derogado Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso
Administrativo, norma vigente para resolver el caso en cuestión.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Exp. 11001-03-
25-000-2017-00852-00 (4598-17). C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 2 de agosto de 2023. Exp. 1101-03-26-
000-2019-00092-00 (64134).
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parámetros.
Caso concreto
El recurrente sostiene que se configura la causal de revisión invocada, en la medida
en que la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación adolecería de falta de motivación, lo que, a su juicio, constituye una
vulneración a su derecho al debido proceso.
Argumenta que, aunque el fallo reconoce que su vinculación como docente se
produjo bajo el Decreto 1444 de 1992, concluye que era necesaria una manifestación
expresa de acogimiento al Decreto 1279 de 2002 para acceder a sus beneficios,
particularmente el incremento salarial. Considera que dicha exigencia no fue
debidamente sustentada ni contextualizada dentro del marco normativo aplicable, ni
valorada de forma adecuada frente a las pruebas obrantes en el proceso,
especialmente el Acuerdo Superior 009 del 27 de enero de 2003, expedido por el
Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, el cual —según afirma— no fue
aportado por la entidad demandada en el proceso ordinario, a pesar de estar en la
obligación de hacerlo.
La supuesta nulidad invocada por el recurrente se fundamenta en lo que califica
como una «falsa motivación» de la sentencia, —según el recurrente— equivale a
una ausencia total de motivación. No obstante, del propio contenido del recurso se
desprende que la providencia judicial reprochada sí contiene una argumentación
jurídica estructurada, en la que se exponen de forma clara, coherente y razonada los
fundamentos que condujeron a desestimar sus pretensiones.
La Sala encuentra que la sentencia está jurídicamente motivada: expone cuál es la
norma aplicable, por qué lo es, cómo debe interpretarse y cómo dicha interpretación
respalda la legalidad de los actos administrativos impugnados.
La decisión parte del hecho que el actor ingresó a la carrera docente universitaria
mediante concurso de méritos convocado en el año 2002, siendo vinculado como
docente de tiempo completo por la Resolución Rectoral 000830 del 19 de diciembre
de 2002; hecho determinante para establecer el régimen jurídico aplicable, que,
según lo expuesto en la sentencia, es el contenido en el Decreto 1444 de 199219, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 55 de 1994.
En este sentido, se indicó que, conforme al artículo 2.º del Decreto 1279 de 2002,
solo podían acogerse voluntariamente al nuevo régimen quienes estuvieran
vinculados bajo un régimen distinto al del Decreto 1444 de 1992. Al no encontrarse
el actor en esta situación, concluyó que no era procedente la aplicación del nuevo
sistema salarial.
19 En la decisión recurrida expresamente se expuso: «Debido a que el demandante superó el concurso de
méritos con lo cual ingresó a la carrera profesoral de la Universidad del Atlántico, el régimen salarial aplicable
era el vigente al momento del concurso esto es lo consagrado en el Decreto 1444 de 1992, tal como lo dispone
el Decreto 55 de 1994». Pág. 268, archivo «02ExpedienteDigitalizadoParte2», índice 00032 del aplicativo
SAMAI.
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La providencia subrayó, además, que en la misma Resolución 000830 de 2002
establecía expresamente que el régimen aplicable al actor era el Decreto 1444 de
1992. Así, adujo que la administración no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad al
aplicar dicho régimen, ya que el acto administrativo de nombramiento estableció con
claridad la normativa bajo la cual se regiría la nueva relación laboral.
El recurrente alega que debió aplicársele el Decreto 1279 de 2002, en particular el
artículo 51, sin necesidad de una manifestación expresa, por cuanto su vinculación
se produjo mediante concurso público bajo la vigencia del Decreto 1444 de 1992. No
obstante, en la sentencia recurrida se analizó dicho cargo y se concluyó, con
fundamento en la normativa vigente y en los hechos acreditados en el proceso, que
no «existe aplicación automática del régimen salarial y prestacional» de dicho
régimen, particularmente por la ausencia de manifestación expresa, conforme lo
exigía el ordenamiento jurídico vigente al momento de su nombramiento.
La sentencia descartó también que existiera una aplicación automática del Decreto
1279 de 2002 para lo cual sostuvo que dicha normativa solo se aplica de pleno
derecho a quienes ingresen como empleados públicos docentes mediante concurso
después de su entrada en vigencia, a quienes estuvieran bajo el régimen del Decreto
1444 de 1992 antes del Decreto 2912 de 2001, o a quienes, estando bajo un régimen
distinto, optaran expresamente por acogerse al nuevo decreto. Por ello, concluyó
que el señor Ignacio Barrios no encajaba en ninguno de estos supuestos, pues su
nombramiento como docente de carrera se dio bajo el Decreto 1444 de 1992 y nunca
manifestó voluntad de cambio.
En ese sentido, la sentencia no se limitó a una enumeración de normas, sino que
realizó un análisis de su aplicación, descartando la posibilidad de aplicación
automática de un régimen más reciente en ausencia de manifestación expresa de
voluntad por parte del docente.
Además, la Subsección B de la Sección Segunda hizo referencia al Acuerdo 039 de
2000, expedido por la Universidad del Atlántico, el cual reguló el concurso que
permitió la vinculación del actor. Dicho acuerdo establecía de manera expresa que
el régimen salarial aplicable sería el contenido en el Decreto 1444 de 1992 y que los
puntajes obtenidos en el concurso no tendrían efectos salariales, sino que se
utilizarían exclusivamente para determinar el orden de mérito de los aspirantes. Esta
previsión fue confirmada por concepto del Ministerio de Educación Nacional, que
también fue tenido en cuenta por la Corporación como criterio interpretativo.
De igual forma, se precisó que las anteriores vinculaciones del actor como contratista
o catedrático no le conferían la condición de docente de carrera, la cual solo adquirió
mediante el concurso superado en 2002. En consecuencia, no podía alegarse
continuidad jurídica que justificara la aplicación del régimen del Decreto 1279 de
2002.
En suma, la motivación jurídica de la sentencia fue clara en exponer que la
Universidad actuó conforme al marco legal aplicable, que el actor no cumplió con los
requisitos normativos para acogerse al nuevo régimen, y que no procedía el
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reconocimiento de puntos adicionales para obtener un incremento salarial, al no
existir base normativa para ello.
Ahora bien, que el actor considere ilógica o errada la conclusión del fallo no implica,
por sí sola, que la sentencia carezca de motivación o sea nula. Por el contrario, la
providencia cuenta con una fundamentación jurídica clara y suficiente. Incluso en
relación con los documentos que, según el actor, demostraban que se encontraba
bajo un régimen diferente al previsto en el Decreto 1444 de 1992 antes de su
participación en el concurso de méritos, la decisión judicial abordó expresamente
esta situación al indicar que: «No es cierto que el juez de primera instancia no
hubiese valorado las pruebas [...] simplemente no se les dio la interpretación que
pretende la parte actora [...] no obstante, alguna de ellas hagan referencia al Decreto
1279 de 2002, [esto obedece a que dicha norma] subrogó el Decreto 1444 de 1992
[...]».
En ese sentido, la decisión de restar valor probatorio a dichos documentos no
obedeció a una omisión ni a una apreciación incompleta de la prueba —como
sostiene el actor al afirmar que ello condujo a una falsa motivación por basarse en
una realidad distinta a la acreditada—, sino a que la mera referencia al Decreto 1279
de 2002 no resultaba suficiente para demostrar su aplicabilidad al caso concreto. A
partir del análisis conjunto de los actos administrativos demandados y del resto del
material probatorio obrante en el expediente, se concluyó de manera razonada que
el régimen aplicable al actor era el previsto en el Decreto 1444 de 1992. En
consecuencia, las conclusiones del fallo no se sustentaron en una tergiversación de
los hechos que sirvieron de fundamento para la demanda.
La disconformidad del recurrente con la valoración de las pruebas o con la
interpretación normativa no habilita, en ningún caso, la configuración de la causal
quinta, la cual exige una afectación sustancial al debido proceso, de índole formal,
que no se configura con simples desacuerdos frente al contenido del fallo.
Por lo demás, este no es el medio procesal idóneo para introducir o valorar pruebas
nuevas, como lo sería el Acuerdo 030 del 27 de enero de 2003, cuya existencia alega
la parte recurrente y aporta en este medio de impugnación, pero que no fue aportado
ni controvertido oportunamente en el proceso ordinario. En sede de revisión no
resulta procedente incorporar elementos probatorios que no hayan sido objeto de
contradicción en la etapa probatoria, salvo que se invoque y acredite alguna de las
causales excepcionales previstas para tal efecto, lo cual no ocurre en este caso. En
consecuencia, el análisis debe ceñirse estrictamente al acervo probatorio que fue
legal y oportunamente incorporado al expediente, sin que sea posible invocar
documentos ajenos al debate procesal como fundamento para desvirtuar la
motivación del fallo impugnado, salvo que se hubiere planteado la causal prevista en
el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, que no es la invocada en esta oportunidad.
En consecuencia, la Sala Especial de Decisión considera que la alegada falta de
motivación no se presentó pues, contrario a lo sostenido en el recurso extraordinario,
la providencia acusada sí explicó las razones que llevaron a negar el reconocimiento
del incremento salarial por puntos, tal como lo solicitaba la parte actora. Por lo tanto,
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no se configura la causal invocada y, en consecuencia, se debe declarar infundado el
recurso.
De la condena en costas
De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general en los
procesos de conocimiento de esta jurisdicción es que la sentencia debe pronunciarse
sobre la condena en costas.
Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA en
cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión, en
los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre las
anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando ya estaba
rigiendo la nueva ley, la Sala considera que es procedente la condena en costas toda
vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
Dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la regulación de la condena
en costas, es necesario complementarla con lo establecido en el CGP, el cual se
aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho,
y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral 8.º ibidem
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».
Respecto de las expensas y costas procesales, no corresponde su imposición por no
encontrarse debidamente acreditadas en el expediente.
Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está acreditada
la comparecencia al proceso por parte de la Universidad del Atlántico, a través de la
defensa ejercida en el escrito de contestación; actuación que por sí sola, constituye
prueba suficiente para tener por causadas las agencias en derecho, en tanto refleja
la existencia de gastos inherentes a la defensa judicial por parte de quienes resultaron
vencedores en el litigio.
Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso dictará
un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral 3 del
artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la sentencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Ignacio Ángel Barrios Parejo contra la sentencia del
diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por la Sección
Segunda, Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. CONDENAR en costas al señor Ignacio Ángel Barrios Parejo a favor de
la Universidad del Atlántico, las cuales se liquidarán por la Secretaría de la Sección
Segunda de esta Corporación.
Tercero. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría General de esta
Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo
de su competencia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
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