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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05815-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05815-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05815-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05815-00
Accionante: JOSÉ ASCANIO IVÁN PEÑAS GUERRA
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor José Ascanio Iván Peñas Guerra solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 16 de julio de 2025
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dentro del proceso
disciplinario con número de radicación 13001-25-02-000-2024-00659-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió que fue demandado en un proceso ejecutivo con número de radicación
13001-40-03-005-2013-00713-00, asignado al Juzgado Primero Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Cartagena, en el que se ordenó el embargo y secuestro
de un vehículo que conducía en comodato, razón por la cual se designó como
secuestre al señor Camilo Torres Periñán quien, aseguró, recibió el bien en óptimas
condiciones de funcionamiento con todos sus elementos.

2.2. Indicó
que, más adelante se ordenó la devolución del vehículo y, ante las
evasivas del secuestre, decidió acercarse al parqueadero en donde encontró que la
camioneta embargada “[…] había sido desvalijada, la carrocería con rayones que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05815-00
Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

no tenía al momento de su entrega, las llantas que tenía, que eran casi nuevas,
habían sido cambiadas por otras de diferentes marcas y la de repuesto no estaba
[…]”.

2.3. Mencionó que, por solicitud de parte y con sustento en las imágenes capturadas
el día de la visita, el Juzgado decidió separar del cargo al secuestre, mediante auto
de 29 de enero de 2018, por encontrar comprobadas varias faltas a los deberes de
guardar, cuidar y custodiar el bien que le había sido entregado.

2.4. Manifestó que presentó una queja disciplinaria contra el secuestre, la cual le
correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, autoridad que,
mediante auto de 28 de junio de 2024, decretó la terminación de procedimiento y el
archivo definitivo de la actuación disciplinaria.

2.5. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación que fue resuelto
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante providencia de 16 de julio
de 2025, a través de la cual confirmó lo resuelto en primera instancia.

2.6. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo y en la
causal de violación directa de la Constitución.

2.7. Alrespecto, señaló que hubo un defecto fáctico por cuanto la autoridad
disciplinaria interpretó erróneamente las pruebas e incurrió en un error al calificar la
falta como instantánea cuando se trataba de una omisión que constituye una
conducta prolongada en el tiempo. Además, mencionó que no se tuvo en cuenta
que la falta a los deberes del secuestre fue tan grave que incluso el Juzgado ordenó
compulsar copias para que fuera investigado penalmente.

2.8. Sostuvo que “[…] El fallo sostiene que la naturaleza de la falta (sea instantánea,
permanente u omisiva) solo tiene relevancia para la caducidad y no para la
prescripción. Sin embargo, esta afirmación desconoce el tenor literal del artículo 30
de la Ley 734 de 2002 que expresamente regula que en las faltas permanentes la
prescripción se cuenta desde la realización del último acto. Esto significa que la
naturaleza de la conducta si es determinante para fijar el punto de partida del
término de prescripción. La interpretación del Juez colegiado elimina un
presupuesto normativo esencial y tergiversa el sentido de la disposición (sic) legal,
configurando un defecto sustantivo […]”.

2.9. Indicó que se configuró una violación directa de los artículos 29 y 228 de la
Constitución debido a que, respecto al primero, se desconoció el principio de
legalidad, el derecho a que la decisión se adopte conforme a la correcta aplicación
de la ley vigente y el derecho a la valoración integral de las pruebas. Respecto al
segundo artículo, adujo que el caso no tenía complejidad ni en sus hechos ni en las
pruebas que justificara la dilación para resolver.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05815-00
Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1.- Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, que
hubo VÍAS DE HECHO por defecto fáctico y sustantivo, se impidió el acceso a
la administración de justicia y se quebró la igualdad.
2.- Que se deje sin efectos la Sentencia del dieciséis (16) de julio de 2025
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en segunda instancia
dentro del proceso disciplinario contra el secuestre CAMILO TORRES
PERIÑAN ya referenciado en esta demanda.
3.- Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, autoridad
accionada, que emita una nueva providencia en la que valore integral y
razonablemente las pruebas y aplique el térrmino (sic) de prescripción
correspondiente en el entendido de considerar actual la permanencia de la falta
disciplinaria cometida por el secuestre disciplinado y produzca la decisión que
corresponda […]”. [Negrillas originales del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 23 de septiembre de 2025, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó
en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al señor
Camilo Torres Periñán y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegó el siguiente informe:

5.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través del magistrado ponente
de la decisión controvertida, manifestó que se debe declarar la improcedencia de
esta acción constitucional debido a que no cumple con ninguno de los requisitos
generales teniendo en cuenta que el asunto ya fue resuelto por el respectivo juez
natural y que esta no puede convertirse en una forma de revivir asuntos que ya
fueron objeto de debate. Además, indicó que no hay suficiente carga argumentativa
que evidencie una vulneración del derecho al debido proceso, que las normas que
sirvieron de fundamento para la decisión son procedentes para el caso particular y
que se encuentra debidamente probada la prescripción de las conductas.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

4

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Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los
defectos fáctico y sustantivo y en la causal de violación directa de la
Constitución.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se

2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

6

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Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

VI.4. El caso concreto

16. El señor José Ascanio Iván Peñas Guerra solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 16 de julio de 2025
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dentro del proceso
disciplinario con número de radicación 13001-25-02-000-2024-00659-01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto
gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene

11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii)
laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.

16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

8

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Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante consideró que la providencia mencionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico
y sustantivo y en la causal de violación directa de la Constitución.

25. Alrespecto, señaló que hubo un defecto fáctico por cuanto la autoridad
disciplinaria interpretó erróneamente las pruebas e incurrió en un error al calificar la
falta como instantánea cuando se trataba de una omisión que constituye una
conducta prolongada en el tiempo. Además, mencionó que no se tuvo en cuenta
que la falta a los deberes del secuestre fue tan grave que incluso el Juzgado ordenó
compulsar copias para que fuera investigado penalmente.

26. Sostuvo que “[…] El fallo sostiene que la naturaleza de la falta (sea instantánea,
permanente u omisiva) solo tiene relevancia para la caducidad y no para la
prescripción. Sin embargo, esta afirmación desconoce el tenor literal del artículo 30
de la Ley 734 de 2002 que expresamente regula que en las faltas permanentes la
prescripción se cuenta desde la realización del último acto. Esto significa que la
naturaleza de la conducta si es determinante para fijar el punto de partida del
término de prescripción. La interpretación del Juez colegiado elimina un
presupuesto normativo esencial y tergiversa el sentido de la disposición (sic) legal,
configurando un defecto sustantivo […]”.

27. Indicó que se configuró una violación directa de los artículos 29 y 228 de la
Constitución debido a que, respecto al primero, se desconoció el principio de
legalidad, el derecho a que la decisión se adopte conforme a la correcta aplicación

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05815-00
Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

de la ley vigente y el derecho a la valoración integral de las pruebas. Respecto al
segundo artículo, adujo que el caso no tenía complejidad ni en sus hechos ni en las
pruebas que justificara la dilación para resolver.

28. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que debe ser
explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la Constitución Política
ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

29. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

30. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.

31. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no está
poniendo de presente que la providencia controvertida haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su inconformidad es que
negaron las pretensiones de la queja en el proceso disciplinario que investigó la
conducta del auxiliar de la justicia.

32. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada en la providencia de 16 de julio de 2025, en la cual se
señaló:

“[…] En el asunto objeto de estudio, al revisar la actuación adelantada por el
auxiliar de la justicia en el asunto de autos, se advierte que se configuró la
extinción de la acción disciplinaria al haber operado el fenómeno jurídico de la
prescripción, por cuanto el auto de apertura de la investigación se profirió el 21
de septiembre de 2018, es decir, que el fenómeno jurídico de la prescripción
ocurrió el 21 de septiembre de 2023, fecha en la que aún no se había dictado
sentencia.

Aunque el quejoso argumentó que el disciplinable continuaba incurriendo en la
falta disciplinaria, lo cierto es que el AUXILIAR DE LA JUSTICIA, fue relevado
del cargo el 19 de enero de 2018 según el dicho del apelante y confirmado por
el documento anexado por este, por lo que, desde esta perspectiva también
habría acaecido la prescripción de la acción disciplinaria al haber transcurrido
más de 5 años desde su comisión.

[…]

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05815-00
Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Así pues, la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, prácticamente
en su integridad, aconteció el 29 de marzo de 2022, salvo lo atinente a la
prescripción de la acción disciplinaria, que entró a regir a partir del 29 de
diciembre de 2023, es decir, para el caso que nos ocupa, cuando ya había
operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria, es
decir, el 21 de septiembre de 2023, de allí que, atendiendo el principio rector
de la favorabilidad, se aplique de pleno la ley 734 de 2002.

[…]

Así las cosas, coincide esta Comisión con la postura de la primera instancia, en
la medida que el artículo 30 de la Ley 734 de 200219, es claro al establecer cinco
(5) años para la prescripción de la acción disciplinaria contados desde la
apertura de la investigación disciplinaria, pues el carácter de la falta sea
instantánea, permanente u omisiva tiene relevancia para declarar la caducidad,
no la prescripción.

Precisado lo anterior, resulta imperativo para esta Corporación confirmar la
TERMINACIÓN Y ARCHIVO de la actuación disciplinaria, declarada por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, por la extinción de la
acción por prescripción a favor del doctor CAMILO TORRES PERIÑAN, en su
calidad de AUXILIAR DE LA JUSTICIA, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 32 y 33 de la Ley 1952 de 2019, y los artículos 90 y 224 ibidem20
[…]”. [Subrayas y negrillas del texto].

33. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción disciplinaria y no se observa que la
decisión proferida hubiese sido arbitraria o que se hubiesen desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del proceso judicial.

34. Lo que se aprecia es que la autoridad disciplinaria, al revisar el caso, de acuerdo
con las pruebas obrantes en el expediente, decidió confirmar lo resuelto en primera
instancia, a saber, ordenar la terminación y archivo de la acción disciplinaria por
prescripción a favor del investigado, por considerar que la falta es de carácter
inmediato y el auxiliar de la justicia fungió con dicha condición hasta el 19 de enero
de 2018.

35. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21.

36. Significa
lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado

19
Modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011. Vigente conforme lo señalado en el artículo 265 de la Ley 1952 de
2019.
20
“Artículo 90. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca
plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria,
que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse
o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo
de las diligencias, la que será comunicada al quejoso”.

“Artículo 224. Archivo definitivo. En los casos de terminación del proceso disciplinario, previstos en el artículo 90 y en el evento
consagrado en el artículo 213 de este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a
cosa juzgada. Cuando no haya sido posible identificar e individualizar al presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa juzgada
formal”.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05815-00
Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.

37. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

22
Ibid.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05815-00
Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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