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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05815-01

Fecha
15 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05815-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 17 de octubre de 2025 que profirió la Sección Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así: PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por el señor José Ascanio Iván Peñas Guerra contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las razones consignadas en esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05815-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

15 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01 (11648)
Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso disciplinario
contra auxiliar de la justicia. Subtema 2: terminación y archivo definitivo. Subtema
3: defectos fáctico y sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por el señor José Ascanio Iván Peñas Guerra contra la
sentencia de primera instancia del 17 de octubre de 2025, proferida por la Sección
Primera de esta corporación.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Ascanio Iván Peñas Guerra presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró
vulnerado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con ocasión del auto de
segunda instancia del 16 de julio de 2025 proferido dentro del proceso con radicado
núm. 13001-25-02-000-2024-00659-01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional1, la Sala considera como relevantes los siguientes hechos:

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 12, certificado núm. CB68A2BE5094A404
D82F7B748D7CAB90 3B5BDB82B6FCE4D7 05AFC2F2D4F3A848.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01
Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

2. El señor José Ascanio Iván Peñas Guerra presentó queja disciplinaria en contra
del señor Camilo Torres Periñán, en su condición de auxiliar de la justicia, toda vez
que consideró que incumplió sus deberes de custodia y cuidado de un vehículo
sobre el cual el Juzgado Primero de Ejecución Civil de Cartagena había ordenado
su secuestro dentro del proceso con radicado 2013-00713.

3. El asunto correspondió a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar, autoridad que, a través de la magistrada ponente, emitió auto
el 21 de septiembre de 2018 en el que ordenó la apertura de la investigación.
Posteriormente, en auto del 20 de septiembre de 2022, otro magistrado dictó auto
en el que declaró la falta de competencia de esa entidad para adelantar la
investigación y la remitió a la Procuraduría General de la Nación.

4. La Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar profirió auto el 6 de junio de
2023 en el que devolvió el asunto a la comisión seccional de origen. Adelantado el
trámite, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, en
auto del 28 de junio de 2024, decretó la terminación del procedimiento y el
consecuente archivo definitivo. En concreto, sostuvo lo siguiente:

Lo anterior, teniendo en cuenta que al tenor literal del inciso segundo del artículo 30
de la Ley 734 de 2002, la prescripción se comenzaba a contar desde el auto de
apertura y en el caso sub-examine, la auto condición del cual se reseñó se profirió el
día 21 de septiembre de 2018, por lo cual la acción disciplinaria bajo esta normatividad
prescribió el 23 de agosto de 2023.

5. La anterior decisión fue apelada por el quejoso, bajo el argumento de que la
prescripción no opera cuando se trata de una falta disciplinaria de carácter
permanente, toda vez que el investigado sigue incumpliendo sus deberes legales a
pesar de haber sido separado de su cargo de secuestre.

6. En segunda instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la
terminación y archivo de la investigación disciplinaria, en auto del 16 de julio de
20252, con fundamento en que, efectivamente, en el presente asunto operó la
prescripción porque el auto que dio apertura se profirió el 21 de septiembre de 2018,
de manera que los cinco años previstos en el artículo 30 del Código General
Disciplinario vencieron el 21 de septiembre de 2023.

7. El alto tribunal destacó la importancia y diferencias de las instituciones jurídicas
de caducidad y prescripción y, explicó lo siguiente:

En el asunto objeto de estudio, al revisar la actuación adelantada por el auxiliar de la
justicia en el asunto de autos, se advierte que se configuró la extinción de la acción
disciplinaria al haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción, por cuanto el
auto de apertura de la investigación se profirió el 21 de septiembre de 2018, es decir,
que el fenómeno jurídico de la prescripción ocurrió el 21 de septiembre de 2023,
fecha en la que aún no se había dictado sentencia.

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 13, certificado núm. 638FE2E0806C8ECF
8FE8540A6F95DC34 35EB3A4532559583 14A3798DD68D06F3.

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Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Aunque el quejoso argumentó que el disciplinable continuaba incurriendo en la falta
disciplinaria, lo cierto es que el AUXILIAR DE LA JUSTICIA, fue relevado del cargo el
19 de enero de 2018 según el dicho del apelante y confirmado por el documento
anexado por este, por lo que, desde esta perspectiva también habría acaecido la
prescripción de la acción disciplinaria al haber transcurrido más de 5 años desde su
comisión.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. El señor José Ascanio Iván Peñas Guerra formuló en el escrito de tutela3, como
consecuencia de la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, que
el juez constitucional deje sin efecto la «sentencia» del 16 de julio de 2025 y ordene
a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que dicte una nueva decisión en la que
valore integralmente las pruebas del expediente y aplique el término de prescripción
teniendo en cuenta que la falta cometida por el disciplinado es actual y permanente.

9. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora refirió algunas de las
actuaciones surtidas en el proceso con radicado núm. 2013-00713-00 adelantado
ante el Juzgado Primero de Ejecución Civil de Cartagena y en el proceso
disciplinario seguido contra el auxiliar de la justicia Camilo Torres Periñán, y las
razones por las cuales fue investigado.

10. Adujo que la autoridad accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo
con la providencia que declaró la prescripción, a pesar de que la mora no le era
imputable, porque la falta atribuida al señor Camilo Torres Periñán era de carácter
permanente y no instantánea como erróneamente se consideró en la providencia
objeto de tutela. Citó los artículos 30 y 65 de la Ley 734 de 2002 y afirmó que la
conducta investigada estaba probada dentro del proceso con radicado núm. 2013-
00713-00.

11. Indicó que el auxiliar de la justicia tenía el deber de cuidar y custodiar el vehículo
encargado, tal y como le fue entregado y consta en el acta de inventario, sin
embargo, el bien fue «desvalijado» y dejado en un estado «lamentable», motivos
por los cuales el Juzgado Primero de Ejecución Civil de Cartagena compulsó copias
ante «la seccional» y la fiscalía, elementos que a la presente fecha no ha devuelto,
lo que implica que la falta continúa sucediendo en el tiempo.

12. Alegó que de acuerdo con la sentencia del 7 de febrero de 2019 de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4, el término de
prescripción previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 comienza de manera
distinta si la falta es instantánea o sucesiva, como en el presente caso. Agregó lo
siguiente:

4.- Es sano destacar que lo que se evidencia dentro del proceso civil de ejecución es
que el secuestre señor CAMILO TORRES PERIÑAN, según se recuerda, no renunció,
como lo afirma el fallo tutelado, antes de que el Juzgado Primero de Ejecución Civil
de Cartagena se percatara del incumplimiento de sus deberes y lo relevara del cargo.

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 2, certificado núm. 870120685BDF5010
6769B22A1FF9C939 AB83E4E825159AA2 169748CF04B60561.
4 Expediente radicado núm. 70001- 23-33-000-2013-00283-01.

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Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Es más, aunque hubiera renunciado a su cargo este hecho no lo relevaba de entregar
el vehículo a quien lo sustituyera en las mismas condiciones en que probadamente
según las Actas aportadas le fue entregado, y no recuerdo que exista, ni existe
constancia en el proceso civil que la devolución del automotor la hubiera hecho el
Secuestre TORRES PERIÑAN y mucho menos que se hubiera probado en el proceso
civil que lo hubiera hecho por cuanto jamás lo hizo, por tanto incumplió evidentemente
con su obligación, como custodio oficial que era del mismo. El secuestre TORRES
PERIÑAN no devolvió el vehículo que tuvo que ser entregado por una autoridad de
policía y se constató el deterioro y la falta de elementos del mismo al momento de la
entrega como reiteradamente lo he señalado y consta en la actuación civil y
disciplinaria anunciadas, situación que hasta ahora perdura.

5.- El Juez plural accionado, en su providencia de fecha 16 de julio de 2025, materia
de tutela, al resolver el proceso disciplinario afirmó, contrario a la evidencia, que no
existía falta disciplinaria porque el secuestre CAMILO TORRES PERIÑAN había
renunciado y que la falta, de existir, era instantánea y, por tanto, al momento de tomar
la decisión ya había prescrito por haber transcurrido más de 5 años que es el tiempo
que la Ley disciplinaria señala para las Faltas Instantáneas5.

2.3. Trámite Procesal

13. La tutela correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, profirió auto el 23 de septiembre de 2025 en el que admitió
la acción; vinculó al señor Camilo Torres Periñán y a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar; tuvo como pruebas los documentos aportados y
requirió el expediente disciplinario6.

2.4. Intervenciones

14. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial contestó7 que la tutela no
cumple con los requisitos generales de procedibilidad, lo que la hace improcedente,
pues el asunto ya fue resuelto por el juez natural. Aseguró que, en todo caso, la
solicitud de amparo debe ser negada, ya que la decisión cuestionada atendió todas
las normas de orden procesal y sustancial que rigen la materia y fue el resultado del
análisis de las pruebas aportadas al expediente, para lo cual sintetizó los
argumentos que sustentaron el auto del 16 de julio de 2025.

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

15. La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera
instancia, el 17 de octubre de 20258, en la que declaró improcedente la solicitud de
amparo al considerar que lo pretendido por el señor José Ascanio Iván Peñas
Guerra no tiene relevancia constitucional, porque el debate no se realizó desde una
óptica constitucional y el accionante pretende utilizar este medio de defensa judicial

5 Se transcribe incluso con errores de texto.
6 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 5, certificado 2A50B0B5ED8C27A8
83B2E3850721FF6A 01F7B90DC1EA627A 32142EEA648C1A56.
7 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 13, certificado 918E497117786A64
71AE250C150EE357 AD16EE322C857061 B8F430C654F09B54.
8 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 15, certificado 692C8A9F9691F8A6
A297C68ACEFAE18C A09145997485A873 A62C9721C071CF29.

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como una tercera instancia para reabrir el litigio. En este sentido, citó las
consideraciones del auto del 16 de julio de 2025.

2.6. Impugnación

16. El accionante presentó escrito de impugnación contra la sentencia del 17 de
octubre de 20259, para lo cual argumentó que la solicitud de amparo tiene relevancia
constitucional. Además, reiteró los cargos del escrito de amparo.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 199110.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

18. La legitimación en la causa por activa del señor José Ascanio Iván Peñas Guerra
se encuentra acreditada, por cuanto fue el quejoso en la investigación que finalizó
con el auto del 16 de julio de 2025 objeto de tutela, y, por lo tanto, es el titular de los
derechos que consideró fueron vulnerados.

19. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, por ser la autoridad que profirió la anterior
providencia, la cual, según afirmó el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

20. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional12.

21.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.

9 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 19, certificado A0CAA5A26403A4EE
4D1978B1FD4EF1DD 8F9AED8B594A9E1D 78218DC9172B523E.
10 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

22. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

23. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

24. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional15
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia16.

25. Distinto a lo que consideró el juez de tutela de primera instancia, esta Sala
encuentra que la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, por cuanto
el señor José Ascanio Iván Peñas Guerra no solo adujo la vulneración de sus
derechos fundamentales, sino que explicó las razones por las que, en su concepto,
el auto del 16 de julio de 2025 incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. En
concreto, aseveró que se desconocieron las pruebas que daban cuenta que la
conducta disciplinaria era de carácter permanente.

13 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
14 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben

ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto,
los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental»; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal,
lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más
no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos
fundamentales.

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26. Respecto de los cargos de la tutela, el accionante no tiene otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad electoral en el que
se profirió la decisión objeto de tutela.

27. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia objeto
de reproches fue proferida por la Comisión Nacional del Disciplina Judicial el 16 de
julio de 2025, y la demanda de tutela se presentó el 17 de septiembre siguiente,
esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia
constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.

28. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales y estos no exponen una irregularidad procedimental. Finalmente, la
providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.

29. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas
en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

30. La Sala debe decidir si revoca o modifica el fallo de primera instancia del 17 de
octubre de 2025. Para ello, se deberá establecer si la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, al proferir el auto del
16 de julio de 2025, que confirmó la decisión de primera instancia que decretó la
terminación del proceso y archivó las diligencias en el trámite.

3.4.1. Generalidades del defecto fáctico

31. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»19. Este vicio en la valoración pro-
batoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»20 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

32. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] apre-
cia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o,
efectúa una valoración por “completo equivocada”»21. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de

17 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
19 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
20 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.

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oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo deter-
minan»22.

33. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso23.

34. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e indepen-
dencia judicial24, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, por
qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que or-
dinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»25.

35. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica,
por lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la deci-
sión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las prue-
bas en cada caso:

El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios.
El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad.
El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o
si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con
otras, sin que exista justificación para ello.
El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]26.

22 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
24 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
25 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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3.4.2. Defecto sustantivo

36. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado27.

37. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpreta-
ción de una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos para
escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo
230 de la Constitución Política.

38. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de
las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo
de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los dere-
chos fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al acceso a
la administración de justicia (artículo 228 Superior)28.

3.5. Caso concreto

39. En el asunto bajo estudio, el señor José Ascanio Iván Peñas Guerra presentó
queja disciplinaria contra el señor Camilo Torres Periñán en su condición de auxiliar
de la justicia. En primera instancia, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura de Bolívar dictó auto el 28 de junio de 2024 en el que decretó la
terminación del proceso y el archivo definitivo de la actuación disciplinaria. Apelada
esta decisión por el quejoso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la confirmó
en auto del 16 de julio de 2025.

40. En el escrito de amparo, el señor José Ascanio Iván Peñas Guerra afirmó que
la providencia del 16 de julio de 2025 incurrió en los defectos fáctico y sustantivo,
pues la Comisión Nacional de Disciplina Judicial desconoció que la conducta
investigada era de carácter permanente porque el auxiliar de la justicia investigado
aún no había entregado el bien encomendado en las condiciones que lo recibió,
con lo que, a su vez, desconoció las normas que rigen la materia.

41. Pues bien, revisada la providencia objeto de controversia, la Sala observa que
la autoridad accionada sustentó su decisión en lo previsto en el artículo 30 de la
Ley 734 de 2002, modificado por la Ley 1952 de 2019, norma que prevé lo siguiente:

La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia
de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este

27 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.

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Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del
último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de
apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en
un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de
ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique.

42. De la norma citada, cabe destacar que la caducidad y la prescripción de la
acción disciplinaria son dos instituciones distintas, puesto que la primera acaece si
transcurridos 5 años desde la ocurrencia de la falta no se emite auto de apertura
de la investigación; y la segunda, si pasados 5 años desde el mencionado auto no
hay decisión definitiva.

43. Es decir que, el inicio del término de la caducidad depende de que la conducta
investigada sea instantánea o permanente; cuestión distinta con la prescripción,
pues al margen de si la falta es instantánea o permanente, el término comienza
desde el momento en que la autoridad disciplinaria emite auto de apertura de
investigación. Así lo explicó precisamente la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial en el auto del 16 de julio de 2025:

Para el caso de la prescripción, como se ha observado de la lectura de los apartes ya
referidos en las sentencias de la Corte Constitucional, es un instituto jurídico que ha
sido establecido por el legislador con el fin de limitar la potestad del Estado para que,
en el marco de la investigación disciplinaria adelantada en contra de un servidor
público, dentro de un tiempo determinado, proceda a imponer la sanción que
corresponda, en el evento de haber incurrido en alguna falta disciplinaria. En este
sentido, el ejercicio del jus puniendi del Estado en materia disciplinaria, no queda al
arbitrio del juez disciplinario, por cuanto se limita en el tiempo.

[…]

Por su parte, la caducidad es un instituto jurídico procesal que impone a título de
sanción, a la autoridad disciplinaria, la imposibilidad de iniciar la respectiva
investigación y por consiguiente a imponer sanción a quien haya incurrido en alguna
falta disciplinaria, cuando quiera que no se adelantaron las gestiones necesarias para
dar apertura a la investigación en contra del sujeto disciplinable, dentro de los cinco
(5) años subsiguientes a la ocurrencia de la falta, teniendo en cuenta lo establecido
por el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, en lo que corresponde a las faltas de carácter
instantáneas, permanentes y omisivas.

[…]

Así las cosas, coincide esta Comisión con la postura de la primera instancia, en la
medida que el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, es claro al establecer cinco (5) años
para la prescripción de la acción disciplinaria contados desde la apertura de la

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Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

investigación disciplinaria, pues el carácter de la falta sea instantánea, permanente u
omisiva tiene relevancia para declarar la caducidad, no la prescripción29.

44. Así las cosas, la Sala observa que, en el caso concreto, era irrelevante
determinar si la falta por la que era investigado el señor Camilo Torres Periñán, en
su condición de auxiliar de la justicia, era de carácter instantáneo o permanente y
continuo en el tiempo, puesto que la prescripción se contabiliza desde el auto que
da apertura a la investigación disciplinaria, lo cual ocurrió en el caso concreto el 21
de septiembre de 2018, asunto que no está en discusión, de manera que los 5 años
vencieron el 21 de septiembre de 2023, momento para el cual aún no había decisión
definitiva.

45. En ese orden, no se configuró el defecto fáctico, pues la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial no debía valorar las pruebas relacionadas con la permanencia o
no de la falta, y mucho menos determinar si se había dado la entrega a conformidad
por parte del señor Camilo Torres Periñán del bien encomendado, puesto que, se
insiste, lo único relevante para definir la prescripción de la acción era el momento
en que fue emitido el auto de apertura de investigación.

46. Asimismo, la autoridad accionada tampoco incurrió en el defecto sustantivo, en
la medida en que la norma condiciona el inicio del término de 5 años a que la
conducta sea instantánea o permanente para efectos de establecer la caducidad
de la acción disciplinaria y no la prescripción.

47. La Sala no desconoce que el tutelante citó la sentencia del 7 de febrero de 2019
emitida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro
del expediente núm. 70001-23-33-000-2013-00283-01, según la cual el inicio del
término de prescripción reglado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 depende
de que la falta investigada fuera instantánea o permanente.

48. Sin embargo, una vez fue revisada dicha providencia, se observa que el análisis
que realizó sobre un contenido normativo del artículo 30 de la Ley 734 de 200230
es distinto al aplicado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial porque en esa
oportunidad no había sido modificado por la Ley 1952 de 2019. Por esta razón, no
es un precedente para que debiera ser tenido en cuenta en el auto del 16 de julio
de 2025.

49. Por otra parte, cabe aclarar que no es cierto, como lo afirmó el tutelante en el
escrito de amparo, que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial haya sostenido
en el auto del 16 de julio de 2025 que el señor Camilo Torres Periñán renunció a su
cargo de auxiliar de la justicia y que no incurrió en la falta endilgada, pues la decisión

29 Se transcribe incluso con errores de texto.
30 La versión anterior del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 es el siguiente:

«ARTÍCULO 30. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria
prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de
carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple
independientemente para cada una de ellas.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados
internacionales que Colombia ratifique».

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Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

objeto de reparos se limitó a analizar la configuración de la prescripción de la acción
disciplinaria.

50. En consecuencia, la Sala concluye que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor José
Ascanio Iván Peñas Guerra, ya que no incurrió en los defectos fáctico y sustantivo
con el auto del 16 de julio de 2025 proferido dentro del expediente disciplinario núm.
13001-25-02-000-2024-00659-01.

4. CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas, la Sala modificará la sentencia del 17 de octubre de
2025 proferida en primera instancia por la Sección Primera de esta corporación, que
declaró improcedente la tutela y, en su lugar, negará la solicitud de amparo, por las
razones expuestas en esta providencia.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 17 de octubre de 2025 que profirió la
Sección Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:

PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por el señor José Ascanio Iván Peñas
Guerra contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las razones
consignadas en esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

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Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

DACJ/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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