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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05916-01

Fecha
10 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05916-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a la parte motiva. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05916-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

10 de diciembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01
Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 10 de diciembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05916-01
Demandante: EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial que decidió en segunda
instancia una demanda de reparación directa relacionada con
presuntos errores judiciales. Improcedencia. Relevancia
constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 9
de octubre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, decidió:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ), por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 22 de septiembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, el señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño pidió la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio del demandante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia del 19 de mayo de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, decidió en segunda instancia el proceso de reparación
directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01.

2. Pretensiones

El tutelante formuló las siguientes pretensiones:
1- Acoger el amparo constitucional del derecho fundamental del DEBIDO PROCESO Y DE
CONTRADICCION (Art. 29 de la C.N.) del accionante EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO mayor de
edad y vecino de Cali identificado con la cedula No. 16.750.519 de Cali, quien se ubica en la calle
25 Km 103-105 vía Cali – Jamundí de Cali o A SIMON BOLIVAR CON EL RIO LILI de la ciudad de

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-05916-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01
Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Cali, en el cel 300- 350 00 69 y usuario del email emunozcusa@yahoo.com.

2- Solicito dejar SIN EFECTO JURÍDICO ALGUNO, la sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de REPARACION DIRECTA de radicación 76001-2333-000-2021- 00905-01 en la que es
demandante el señor EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO y otra y los demandados la DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL y el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI con su llamada
en garantía, emitida por el Honorable CONSEJO DE ESTADO representado por los Honorables
Consejeros de Estado accionados: Sección Tercera – Subsección C

•Dr. WILLIAM BARRERA MUÑOZ
•Dr. NICOLAS YEPES CORRALES
•Dra. ADRIANA POLIDURA CASTILLO

3-Solicito ordenar a los Honorables Consejeros de Estado accionados que emitan sentencia de
conformidad a lo que indican las pruebas oportuna y legalmente arrimadas al proceso de REPARACION
DIRECTA de radicación 76001-2333-000-2021-00905-01 en la que es demandante el señor EDUARDO
MUÑOZ CASTAÑO y otra y los demandados la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL y el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI con su llamada en garantía.

• 4-Ordenar a los funcionarios accionados a cumplir fielmente el procedimiento contenido en la Ley (sic
para toda la cita).

3. Hechos

Del escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:

3.1 Procedimientos policivos

El tutelante y su esposa Edilma Castaño de Muñoz ejercieron posesión desde 1987 de
un predio ubicado en el sur de Cali, identificado con matrícula inmobiliaria 370-371322,
luego de que Ferrocarriles Nacionales de Colombia les encomendara el cuidado del
inmueble, entidad que dentro de su procedimiento de liquidación le vendió una porción
del terreno a Rodrigo Sánchez Pinzón, a quien nunca le fue entregado.

En el 2019, la Empresa de Renovación Urbana de Cali (adscrita al Departamento
Administrativo de Planeación de esa ciudad) presentó queja ante la Inspección de Policía
22 de ese ente territorial (radicada bajo el número 4161.050.9.6.1245-2019), con el fin
de desalojar al accionante de una franja de terreno de 3 metros adyacente a la vía que
comunica a Cali con Jamundí, dependencia que el 3 de julio de 2019 dispuso el
respectivo lanzamiento, determinación apelada por el tutelante y confirmada por la
Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito de Cali, con Resolución
4161.010.21.01923 del 20 de agosto de 2019.

Para el 21 de mayo de 2020 se programó el lanzamiento, pero los poseedores iniciaron
«una acción de statu quo» ante la Inspección de Policía 22 de Cali, por lo que no se realizó
la diligencia; sin embargo, la controversia se concilió en octubre de 2020.

Posteriormente, la Secretaría de Infraestructura Distrital de Cali presentó querella contra
el señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño, en aras de obtener la restitución de otra franja
del predio que ocupaba y que correspondía a las áreas de reserva de carreteras
nacionales prevista en la Ley 1801 de 2016, lo que fue ordenado el 15 de septiembre de
2020 por la Inspección de Policía de Siloé, determinación que el querellado apeló y que
confirmó la Secretaría Distrital de Seguridad y Justicia de Cali, mediante Resolución
4161.010.21.0.644 del 25 de septiembre de 2020.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01
Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

3.2 Proceso de pertenencia

El señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño y su esposa promovieron proceso de
pertenencia (al que se le asignó el número de radicación 76001-31-03-003-2016-00144-
00), con el propósito de que se les reconociera como propietarios del inmueble que
poseían, asunto asignado por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, ante
el cual el 16 de diciembre de 2019 los allí accionantes pidieron vincular a Rodrigo
Sánchez Pinzón.

El 16 de enero de 2020, el despacho judicial terminó de manera anticipada el proceso
en atención al numeral 4 del artículo 375 del Código General del Proceso (CGP), pues
el bien en disputa era de la Nación, por tanto, imprescriptible, providencia apelada por el
demandante y confirmada el 28 de septiembre de 2020 por el Tribunal Superior de Cali
(Sala Civil), al estimar que el inmueble en disputa era de esa ciudad; en consecuencia,
no era dable acceder a su titularidad a través de la prescripción adquisitiva del dominio.

3.3 Tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01

El accionante promovió la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01 contra el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Cali, en aras de dejar sin efectos las providencias que
terminaron el proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 y que se
ordenara continuar con esas diligencias, porque no se practicaron algunas pruebas que
daban cuenta de que el terreno en disputa era privado, pretensiones que la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó, con sentencia del 5 de noviembre
de 2020, al estimar que las determinaciones judiciales cuestionadas fueron razonables,
por tanto, no incurrían en alguna «vía de hecho».

El anterior fallo fue impugnado por el accionante, con el argumento de que no había lugar
a terminar el proceso de pertenencia, ya que el bien objeto de controversia era privado,
y revocado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con
sentencia del 18 de diciembre de 2020, para declarar improcedente la tutela, toda vez
que el actor debió pedir la adición de las providencias cuestionadas si consideraba que
las pruebas no se practicaron o demostraban que el inmueble era privado.

3.4 Proceso de reparación directa

El 15 de septiembre de 2021, el señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño y la señora
Edilma Castaño de Muñoz promovieron demanda de reparación directa contra la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Distrito de Cali (a
la que se le asignó el radicado 76001-23-33-000-2021-00905-00/01), con el fin de que
se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios que les produjeron
los errores judiciales cometidos dentro de los procedimientos policivos
4161.050.9.6.1245-2019 y 4161.050.9.6.009-2020, en el proceso de pertenencia 76001-
31-03-003-2016-00144-00 y en la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01.

La parte demandante indicó que en las diligencias policivas se le expropió el predio que
poseía sin adelantar el trámite previsto en la Ley 1801 de 2016, lo que lo privó de acceder
a la indemnización respectiva, situación que involucraba un error jurisdiccional que
comprometía la responsabilidad patrimonial del Distrito de Cali.

Señaló que las providencias que decidieron el proceso de pertenencia 76001-31-03-003-
2016-00144-00 y la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01 también incurrieron en

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Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

errores jurisdiccionales, habida cuenta de que no advirtieron que el bien sobre el cual
versaba la disputa era privado; en consecuencia, era procedente declarar la prescripción
adquisitiva del dominio.

Del asunto contencioso-administrativo conoció el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que lo admitió el 13 de julio de 2022, vinculó como llamada en garantía a la
Aseguradora Solidaria de Colombia el 5 de junio de 2023 y con sentencia del 11 de julio
de 2024 denegó las pretensiones de demanda, al considerar que en las diligencias
policivas no se incurrió en algún error, puesto que la franja de terreno que se ordenó
devolver era pública (por integrar el área de reserva de las vías nacionales de que trata
la Ley 1228 de 2008).

Que tampoco se constataba que la terminación anticipada del proceso de pertenencia
76001-31-03-003-2016-00144-00 comportara un error judicial, ya que el inmueble en
discusión era público; por tanto, no era susceptible de la prescripción adquisitiva del
dominio, conforme al numeral 4 del artículo 375 del CGP, de ahí que fuera procedente
la culminación de las diligencias, como lo dispuso el Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Cali y el Tribunal Superior de esa ciudad en las providencias del 16 de enero y 28 de
septiembre de 2020, en su orden.

Por último, señalo que las sentencias que decidieron la tutela 11001-02-03-000-2020-
02853-00/01 no adolecían de error judicial, ya que, como no trasgredían el ordenamiento
jurídico las determinaciones judiciales del 16 de enero y 28 de septiembre de 2020,
emitidas en el proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00, no era dable
acceder al amparo pretendido.

Contra la anterior sentencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, al
estimar que el predio sobre el cual se adelantó las diligencias policivas era de naturaleza
privada; por tanto, debía adelantarse un trámite de expropiación para despojarla del
inmueble, lo cual no aconteció. Además, señaló que las decisiones de policía eran
judiciales y no administrativas; en consecuencia, la controversia debía analizarse a la luz
del título de imputación denominado error judicial.

Que frente al proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 también
aconteció un error judicial, ya que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali lo terminó
sin que se practicaran las pruebas que demostraban que el inmueble era privado (por
ser propiedad de José Orlando Álzate). Por último, señaló que los fallos que decidieron
la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01 tampoco advirtieron la naturaleza del bien,
lo que comportaba un yerro que comprometía la responsabilidad extracontractual del
Estado.

El recurso de apelación fue desatado por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, con fallo del 19 de mayo de 2025, en el sentido de modificar el de primera
instancia para (i) declarar la caducidad de la demanda frente a las decisiones policivas,
porque no se demandaron oportunamente, y (ii) negar las pretensiones respecto del error
judicial atribuible a las providencias emitidas en el proceso de pertenencia 76001-31-03-
003-2016-00144-00 y en la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01.

Que las decisiones emitidas en las diligencias policivas eran actos administrativos, por
cuanto los profirieron autoridades administrativas en el marco de actuaciones surtidas
para recuperar un bien público y no como terceros imparciales, de ahí que esas
determinaciones debieran ser controvertidas a través de la demanda de nulidad y

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Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses siguientes a su notificación, pero ello
no ocurrió, por lo que se configuró la caducidad.

Que las providencias emitidas en el marco del proceso de pertenencia 76001-31-03-003-
2016-00144-00 se ajustaron al ordenamiento jurídico, ya que el registro de la venta a
Rodrigo Sánchez Pinzón fue dejado sin efectos por la Superintendencia de Notariado y
Registro con Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018 (acto administrativo que goza
de presunción de legalidad), en la que se consignó que el bien era público, por tanto,
acertaron el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali y el Tribunal Superior de esa
ciudad (Sala Civil) al terminar anticipadamente el proceso.

Que las sentencias que decidieron la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01
tampoco comportaron error judicial, por cuanto en ellas no se ordenó la terminación del
proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00.

4. Fundamentos de la acción de tutela

En el escrito de tutela, el actor indicó que se colmaban las causales generales de
procedibilidad de la acción de amparo contra providencias judiciales.

En cuanto al fondo del asunto, el accionante indicó que la providencia cuestionada
incurría en defecto fáctico2, en razón:

(i) a que no advirtió que las pruebas obrantes en el proceso de reparación directa
76001-23-33-000-2021-00905-00/01 acreditaban que las providencias que
terminaron el proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 involucraban
error judicial, porque no advirtieron que no se convocó al señor Rodrigo Sánchez
Pinzón (lo que resultaba indispensable para determinar que el predio objeto de
discordia era privado) y que tampoco se recaudaron otros elementos de convicción,
irregularidades que al no ser corregidas en los fallos que decidieron la tutela 11001-
02-03-000-2020-02853-00/01 imponían inferir que estos también adolecían de error
jurisdiccional; y

(ii) a que no tuvo en cuenta que los elementos de convicción que reposaban en el
expediente 76001-23-33-000-2021-00905-00/01 acreditaban que las decisiones
emitidas en los procedimientos policivos 4161.050.9.6.1245-2019 y
4161.050.9.6.009-2020 no eran actos administrativos, sino decisiones
jurisdiccionales, pues se emplearon con la finalidad de «quitarle la posesión» (lo cual
solo podía realizar una autoridad con funciones judiciales), por tanto, era la demanda
de reparación directa la procedente para cuestionar el error judicial de esas
determinaciones.

5. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por conducto del ponente de
la providencia cuestionada, adujo que la tutela devenía en improcedente por no colmar
la exigencia de relevancia constitucional, pues los argumentos expuestos por el
demandante estaban orientados a reabrir la discusión zanjada en la sentencia atacada y
no permitían evidenciar la presunta vulneración de derechos fundamentales.

2 Es de anotar que, si bien en la solicitud de amparo se hace alusión a todas las causales específicas de procedibilidad

de la tutela contra providencias judiciales, los argumentos del actor concuerdan en el defecto fáctico.

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Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Que en la sentencia atacada se concluyó de manera razonable que la terminación del
proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 no comportó un error judicial,
ya que el predio sobre el cual recaía las diligencias era público, por ende, no susceptible
de prescripción adquisitiva del dominio, de ahí que no fuera dable acceder a las
pretensiones de la demanda de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01.

Que el actor no hizo alusión a la Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018, con la que
la Superintendencia de Notariado y Registro ordenó la corrección del folio de matrícula
inmobiliaria del predio objeto del proceso de pertenencia, para indicar que era público,
prueba en virtud de la cual era dable inferir que ese bien no era susceptible de ser
adquirido por prescripción; por tanto, no aconteció el error judicial invocado, como se
concluyó en la sentencia cuestionada en la acción de la referencia.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de apoderada, afirmó que
carecía de legitimación en la causa por pasiva porque dentro de sus funciones no se
encontraba la de dejar sin efectos providencias judiciales y no tuvo incidencia en la
sentencia que el accionante reprocha en esta tutela. Asimismo, señaló que los
argumentos expuestos en la solicitud de amparo estaban orientados a reabrir la discusión
que decidió la autoridad accionada y no a obtener la protección de derechos
fundamentales, los cuales no se evidenciaba que hubiesen sido transgredidos.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca allegó el enlace en el que se podía
consultar el proceso de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01, pero no
se pronunció sobre las pretensiones del tutelante.

La Aseguradora Solidaria de Colombia y el Distrito de Cali guardaron silencio, a pesar
de que se les notificó el auto admisorio de esta acción de tutela.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 9 de octubre de 2025,
declaró improcedente la tutela al considerar que no colmaba la exigencia de procedibilidad
de relevancia constitucional, pues los argumentos del tutelante son los mismos que planteó
en el proceso de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01 y que fueron
desestimados en la autoridad accionada, lo que permitía colegir que se empleaba como
tercera instancia, lo que desnaturalizaba su procedencia excepcional.

Que en la sentencia cuestionada se indicó que dentro de las pruebas obrantes en el
expediente 76001-23-33-000-2021-00905-00/01 se encontraba la Resolución 928 del 27
de diciembre de 2018, con la que la Superintendencia de Notariado y Registro determinó
que era público el predio sobre el cual se adelantó el proceso de pertenencia 76001-31-
03-003-2016-00144-00, en consecuencia, debían terminarse esas actuaciones sin que
ello comportara error judicial.

7. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, el demandante la impugnó con fundamento en los
mismos argumentos expuestos en la solicitud de amparo3, a los que agregó que en esa
determinación no se efectuó un análisis probatorio que permitiera evidenciar si la
sentencia cuestionada adolecía de indebida valoración probatoria o no, situación que
involucra denegación de justicia. Señaló que aquellas acreditaban que era privado el
3 La parte actora allegó 2 escritos de impugnación, pero se fundamentan en los mismos argumentos.

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Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

bien sobre el cual se adelantaron las diligencias policivas y el proceso de pertenencia;
por tanto, debió continuarse con estas diligencias y no terminarlas anticipadamente,
como aconteció, lo que configuró un error judicial pasible de resarcimiento en el proceso
de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito general
de procedibilidad de relevancia constitucional.

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, comoquiera que la tutela no satisface el
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, por cuanto (i) acontece
reiteración de argumentos frente al defecto fáctico relacionado con el proceso de
pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 y con la tutela 11001-02-03-000-2020-
02853-00/01, y (ii) no se colma una carga argumentativa adecuada para cuestionar la
conclusión de que son actos administrativos las decisiones emitidas en los procesos
policivos 4161.050.9.6.1245-2019 y 4161.050.9.6.009-2020.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) a la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) a la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
al análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01
Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales, se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos».

Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima « de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección»4.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste
relevancia constitucional».

Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

La Empresa de Renovación Urbana de Cali promovió el procedimiento policivo
4161.050.9.6.1245-2019 contra el tutelante, con el fin de recuperar una porción del predio
matrícula inmobiliaria 370-371322 que tenía en posesión y que era necesaria para

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01
Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

ampliar la vía que comunica a esa ciudad con el municipio de Jamundí. En audiencia del
3 de julio de 2019, la Inspección de Policía 22 de Cali ordenó el respectivo desalojo,
decisión apelada por el tutelante y confirmada por la Secretaría de Seguridad y Justicia
del Distrito de Cali, con Resolución 4161.010.21.01923. del 20 de agosto de 2019.

Posteriormente, la Secretaría de Infraestructura Distrital de Cali formuló querella contra
el señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño para que restituyera otra franja del predio que
ocupaba, ya que correspondía a áreas de reserva de carreteras nacionales, diligencias
en las que el 15 de septiembre de 2020 la Inspección de Policía de Siloé ordenó el
respectivo lanzamiento, determinación que el querellado apeló y que confirmó la
Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, mediante Resolución 4161.010.21.0.644 del
25 de septiembre de 2020.

El señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño promovió el proceso de pertenencia 76001-
31-03-003-2016-00144-00, en el cual pidió vincular al señor Rodrigo Sánchez Pinzón,
por ser el supuesto propietario de parte del terreno del que fue despojado, y la práctica
de otras pruebas orientadas a acreditar que ese inmueble era privado; sin embargo, el
16 de enero de 2020 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali terminó
anticipadamente las diligencias, en virtud del numeral 4 del artículo 375 del CGP, con el
argumento de que el predio era público, por tanto, imprescriptible.

La anterior decisión fue apelada por el demandante y confirmada el 28 de septiembre de
2020 por el Tribunal Superior de Cali (Sala Civil), con fundamento en los mismos
argumentos expuestos por el a quo5.

Contra las precitadas providencias, el accionante promovió la tutela 11001-02-03-000-
2020-02853-00/01 en aras de dejarlas sin efectos y que se ordenara continuar con el
proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00, pretensiones que negó el 5
de noviembre de 2020 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al
estimar que las decisiones cuestionadas fueron razonables. Esa determinación fue
impugnada por el accionante y revocada por la Sala de Casación Laboral de la
Corporación, con fallo del 18 de diciembre de 2020, para declarar la improcedencia de
la acción porque el actor debió pedir la adición de las providencias cuestionadas si
consideraba que no se pronunciaron sobre las pruebas que pidió en ese proceso de
pertenencia.

El 15 de septiembre de 2021, el señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño instauró la
demanda de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01 contra la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Distrito de Cali, con
el propósito de que se les declarara patrimonialmente responsables de los perjuicios que
le produjeron los errores jurisdiccionales en los que presuntamente incurrieron las
decisiones emitidas en los procedimientos policivos, en el proceso de pertenencia 76001-
31-03-003-2016-00144-00 y en la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01.

Con sentencia del 11 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
denegó las mencionadas pretensiones, al considerar que no se configuró (i) una falla del
servicio en los procedimientos policivos6, ya que el área que allí se ordenó reintegrar era
pública conforme a la Ley 1228 de 2008, y (ii) tampoco un error judicial en el proceso de
pertenencia, porque el numeral 4 del artículo 375 del CGP permitía terminarlo en razón

5 Aunque aclaró que el predio era del Distrito de Cali y no de la Nación.
6 Señaló que las decisiones de las inspecciones de policía eran administrativas y no judiciales; por tanto, no era dable

atribuirles un error jurisdiccional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01
Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

a que la naturaleza pública del terreno en disputa lo hacía imprescriptible.

La anterior decisión fue apelada por el accionante, con los argumentos de que las
determinaciones emitidas en los procedimientos policivos eran jurisdiccionales, en
consecuencia, debían analizarse a la luz del error jurisdiccional, y que las providencias
que terminaron el proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 y decidieron
la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01 comportaban equivocaciones que
comprometían la responsabilidad extracontractual del Estado, porque el bien en disputa
era privado y no público.

Por medio de fallo del 19 de mayo de 2025, Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, modificó la sentencia de primera instancia, para adecuar la demanda a la
de nulidad y restablecimiento del derecho frente a las decisiones emitidas en los
procedimientos policivos y declarar su caducidad, y negar las pretensiones frente al error
judicial atribuido a las providencias emitidas en el proceso de pertenencia 76001-31-03-
003-2016-00144-00 y en la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01.

Señaló que las decisiones policivas eran administrativas y no judiciales, ya que en ellas
las autoridades de policía decidieron controversias relacionadas con bienes públicos; por
ende, contra ellas procedía la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pero
como no se promovió dentro de los 4 meses siguientes a su notificación, aconteció la
caducidad.

Que las providencias que terminaron el proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-
00144-00 tampoco involucraron error jurisdiccional, ya que la porción del terreno en
disputa era pública, como lo había dispuesto la Superintendencia de Notariado y Registro
en la Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018 (en la que dejó sin efectos el registro
como propietario de Rodrigo Sánchez Pinzón por contrariar el ordenamiento jurídico), de
manera que era procedente la terminación de las diligencias, como lo determinó el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali y el Tribunal Superior de esa ciudad (Sala
Civil).

Concluyó que las sentencias que decidieron la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-
00/01 no contenían un error jurisdiccional, en razón a que en ellas no se ordenó la
terminación del proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00, y aunque en
el fallo de segunda instancia se declaró la improcedencia de la acción, con el argumento
de que debió pedirse la adición de las providencias que terminaron aquel expediente,
pese a que ese aspecto no fue planteado por las partes, ello no comprometía la
responsabilidad del Estado.

4.1 Procedencia de la tutela frente al defecto fáctico relacionado con el proceso de
pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 y la tutela 11001-02-03-000-2020-
02853-00/01

En atención al recuento fáctico realizado en precedencia, la Sala observa que los
argumentos expuestos en la solicitud de amparo relacionados con los presuntos errores
judiciales derivados de las providencias que decidieron el proceso de pertenencia 76001-
31-03-003-2016-00144-00 y en la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01, son los
mismos propuestos por el demandante en la demanda de reparación directa 76001-23-
33-000-2021-00905-00/01.

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Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Básicamente, tanto en el aludido asunto contencioso-administrativo como en la acción de
tutela de la referencia, el demandante argumentó que las determinaciones que decidieron
el proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 y el amparo 11001-02-03-
000-2020-02853-00/01 involucraron errores judiciales porque no advirtieron que era
privado el terreno sobre el cual orbitaron las diligencias; por ende, no era dable terminar
aquel expediente por imprescriptibilidad.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo
del 11 de julio de 2024, con el que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegó
en primera instancia las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa
76001-23-33-000-2021-00905-00/01, se lee lo siguiente:

Desde el año 2016 los demandantes EDILMA CASTAÑO y EDUARDO MUÑOZ incoaron proceso de
pertenencia ante el Juzgado 3 Civil del Circuito de Cali contra los que para dicha fecha aparecían
como sus dueños, para que mediante proceso de pertenencia se les declarara dueños del predio, pero
ante la cancelación de dichas matriculas de los “PRESUNTOS DUEÑOS”, se acreditó que la matricula
que identificaba dicho predio con dichos linderos era la 370- 394740 del señor JOSE ORLANDO
ALZATE, por lo cual, al contestar las excepciones propuestas por uno de los vinculados al proceso de
pertenencia que se reputaba dueño, los demandantes presentaron en dicho proceso, TODAS Y CADA
UNA DE LAS PRUEBAS que probaban, en grado de certeza, la propiedad privada de este señor,
pero el JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO ni siquiera incorporó dichas pruebas al proceso, ni las
tramitó violando el derecho de defensa de los aquí demandantes en el Art. 29 de la Carta y mediante
auto dijo que ese bien era un bien de propiedad de la NACION y se mantuvo en ello al resolver la
reposición.

[…] la Honorable Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral a cargo de los magistrados
Drs. LUIS BENEDICTO HERRERA DIAS, GERARDO BOTERO ZULUAGA, FERNANDO CASTILLO
CADENA, CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, IVAN MAURICIO LENIS GOMEZ, OMAR ANGEL
MEJIA AMADOR, JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN, quienes al definir en segunda instancia la tutela
anteriormente señalada, no se pronuncian sobre lo expuesto en el recurso para definirlos, sino que se
van por otro punto y decretan que la tutela era improcedente, en virtud que lo que la familia de
descendencia judía CASTAÑO – MUÑOZ no debieron presentar tutela sino que debieron pedir era
ADICIÓN del fallo al Tribunal de Cali quien emitió la providencia reprochada, algo que a todas luces
resulta violatorio del Art. 328 del C.G.P., y además impertinente, pues el fallo del Tribunal de Cali
decidió el ÚNICO PUNTO DE FONDO Y CONTROVERSIA, el cual era definir la calidad de bien
privado o de bien público del predio objeto de posesión de los solicitantes. Si el Tribunal, como
efectivamente lo hizo, definió este único punto se controversia de fondo, es descabellado, absurdo e
ineficaz solicitar adición del fallo, a algo que ya había sido definido y resuelto de fondo en su punto
central, y cuya supuesta adición, no iba a variar en nada lo ya resuelto por el Tribunal Superior de Cali.

[…]

2-Al tener los demandantes EDILMA CASTAÑO y EDUARDO MUÑOZ como ciertos 30 años de
posesión del terreno, que acorde al portazgo allegado a este proceso equivale a 9974 mts, posesión
o tenencia que es susceptible de ser objeto de venta, es claro que los accionantes tenían un bien que
tenía un valor patrimonial del que fueron despojados sin tener forma de judicialmente recuperarlos y
de hacerlos de su propiedad pues equivocadamente los funcionarios judiciales le dieron la naturaleza
publica cuando las pruebas que NO QUISIERON TRAMITAR Y ALLEGAR AL PROCESO DE
PERTENENCIA indicaba que era de naturaleza privada.

[…]

En el caso sub analite, los demandantes en el proceso de pertenencia aportaron dentro del termino
de Ley y como sustento de las EXCEPCIONES DE MERITO en dicho proceso, todas las pruebas que
demostraban en los términos de la Ley 1579 de 2012, que el bien objeto de posesión de los
demandantes era de naturaleza privada (certificado de tradición 370-39474) […].

En síntesis, lo que el acervo probatorio demuestra es, sin lugar a dudas, en los términos de la Ley
1579 de 2012, que el inmueble objeto de posesión de los demandantes EDILMA CASTAÑO y
EDUARDO MUÑOZ era de naturaleza privada, adyacente a la carretera CALI-JAMUNDI identificada

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Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

con la matricula 370-394740, dejando sin piso ocupación o invasión del espacio publico que sustente
haberle quitado la posesión de los demandantes por parte de los juicios policivos. (sic para toda la
cita).

Por su parte, en la acción de tutela el actor sostiene que en la sentencia cuestionada la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no advirtió que las pruebas
obrantes en el proceso de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01, daban
cuenta que eran privadas las franjas de terreno sobre las cuales versó el proceso de
pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00, lo que impedía terminar las diligencias de
manera anticipada, pero como ello aconteció y ese irregularidad no fue corregida en los
fallos que decidieron la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01, se configuraron
errores judiciales que comprometían la responsabilidad patrimonial del Estado. Así lo
indicó el accionante en la solicitud de amparo de la referencia:

Para la parte accionante EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO, existe un evidente y manifiesto DEFECTO
FACTICO en dicha providencia al valorar defectuosa y equivocadamente las pruebas que alude esta
corporación, por cuando existe un evidente e indiscutible ERROR JUDICIAL cuando el JUEZ dentro
del proceso de pertenencia ni siquiera efectuó el trámite legal sobre las pruebas que el accionante
EDUADO MUÑOZ CASTAÑO presentó OPORTUNAMENTE Y DENTRO DEL TERMINO DE LEY
en dicho proceso […].

[…] resulta claro y manifiesto que dichas pruebas que no fueron tramitadas y allegadas al proceso
de pertenencia, y que esta Corporación mediante los Honorables Consejeros accionados
equivocadamente expone que no eran nada, evidentemente SI TENIAN EL POTENCIAL Y LA
FUERZA PROBATORIA para cambiar la decisión de terminación anticipada del proceso de
pertenencia por considerar que el predio objeto del proceso de pertenencia es un bien público,
cuando las pruebas que se aportaron legal y oportunamente por el accionante EDUARDO MUÑOZ
CASTAÑO demostraban que era de naturaleza PRIVADA, pero por manifiesto ERROR JUDICIAL
del Juzgado 3 Civil del Circuito de Cali en sede Aquo no fueron ni siquiera tramitadas en el proceso
de pertenencia.

11. Por la expedición de la providencia de TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO POR
TRATARSE DE UN BIEN DE USO PUBLICO, al accionante EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO se le
quitó incluso la oportunidad de reformar la demanda del proceso de pertenencia para dirigirla en
contra de JOSE ORLANDO ALZATE ALZATE (Art. 93 del C.G.P.) […].

Para la parte accionante EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO, existe un evidente y manifiesto DEFECTO
FACTICO por parte de esta Corporación mediante los Honorables Consejeros accionados, al valorar
defectuosa, equivoca y erróneamente el fallo Aquo en la sede constitucional de tutela en la
Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – Sala de Casación Civil, pues concluye que igual que
dicho Juzgador que no se había configurado una “evidente vía de hecho”, cuando es manifiesto la
ruptura de la garantía constitucional del DERECHO DE CONTRADICCION del accionante
EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO al no tramitar sus pruebas legal y oportunamente allegadas al
proceso de pertenencia que claramente hubiese cambiado la decisión de terminación anticipada del
proceso de pertenencia pues ellas demostraban, más allá de toda duda, la naturaleza privada del
bien objeto de dicho proceso y dejaba sin piso todo argumento de la PROPIEDAD PUBLICA […].

Para la parte accionante EDUARDO MUÑOZ, existe un evidente y manifiesto DEFECTO FACTICO
por parte de esta Corporación mediante los Honorables Consejeros accionados, al valorar
defectuosa, equivoca y erróneamente el fallo Aquem en la sede constitucional de tutela en la
Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – Sala de Casación Laboral, pues acertadamente
concluye que hay un error judicial en dicha providencia, pero el defecto factico recae en MINIMIZAR
los efectos de este yerro y para lograrlo, se reitera algo que claramente NO ES CIERTO Y NO TIENE
SUSTENTO EN LAS PRUEBAS: el predio objeto de posesión del señor EDUARDO MUÑOZ
CASTANO desde 1987 es de naturaleza pública, que no lo es como se ha demostrado anteriormente
(sic para toda la cita).

No obstante, la discusión respecto de la naturaleza del terreno sobre el cual versaron el
proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 y la acción de tutela 11001-02-
03-000-2020-02853-00/01, fue estudiada en la sentencia con la que la autoridad

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accionada decidió en segunda instancia la demanda de reparación directa 76001-23-33-
000-2021-00905-00/01, en donde se concluyó que esa porción era pública, por tanto, era
procedente la terminación anticipada de aquel expediente en virtud del numeral 4 del
artículo 375 del CGP por versar sobre un bien imprescriptible. Así se consignó en el fallo
atacado:

El cargo de la impugnación aquí estudiada consistió en que la decisión de terminación anticipada del
proceso de pertenencia fue adoptada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali sin antes haberle
otorgado a las partes la garantía de controvertir las pruebas en las que sustentó su decisión, y por no
haber «tramitado» las evidencias aportadas oportunamente en el memorial del 14 de noviembre de
2020104, particularmente, el registro del bien identificado con la matrícula inmobiliaria 370-394740,
que demostraban que el predio objeto de posesión era de propiedad privada.

[…] las pruebas allí solicitadas [no] tenían la virtualidad de mutar la decisión adoptada por el juzgado;
en primer lugar, porque lo señalado en esa ocasión por los demandantes en cuanto a los traspasos
del inmueble coincidía con la conclusión del auto del 15 de enero de 2020, salvo porque los
accionantes dejaron de lado la Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018 de la Superintendencia
de Notariado y Registro, que fue en virtud de la cual se determinó que la titularidad del bien volvía a
ser pública.

En segundo lugar, porque el dominio público del bien —derivada de la Resolución 928 del 27 de
diciembre de 2018 de la Superintendencia de Notariado y Registro, que ordenó las correcciones en
los folios de matrícula inmobiliaria— no puede ser contradicho mediante escrituras públicas,
certificados de tradición de otros inmuebles, resoluciones o diligencias emitidas o desarrolladas en el
marco de los policivos, sentencias de tutela, testimonios ni interrogatorios de parte, solicitados por los
actores.

Y finalmente, porque la Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018 de la mencionada
Superintendencia constituye un acto administrativo que goza de presunción de legalidad,
ejecutoriedad y ejecutividad, de modo que esta Sala no puede desconocer la obligatoriedad de lo allí
dispuesto, salvo que se declare su nulidad ante la respectiva pretensión expresamente invocada en
ese sentido, previa la utilización de los medios de control correspondientes.

38. Por lo expuesto, esta Sala concluye que la decisión emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Cali de terminar anticipadamente el proceso no contiene error judicial alguno, en cuanto se aplicó
la norma que regula el supuesto de hecho correspondiente, con base en las pruebas conducentes
para demostrar la titularidad pública del bien, y sin que el memorial allegado o las pruebas solicitadas
previamente por los demandantes tuvieran la virtualidad de modificar los presupuestos fácticos o
jurídicos de la decisión […].

50. En atención a los problemas jurídicos esbozados respecto de las pretensiones en contra de la
Rama Judicial, se concluye que las providencias emitidas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el marco del proceso de pertenencia no
incurrieron en error judicial, toda vez que la decisión de terminarlo anticipadamente se fundamentó en
el artículo 375.4 del CGP, que consagra esta consecuencia jurídica cuando se advierte que la
usucapión recae sobre bienes, entre otros, fiscales […].

Como se ve, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, ya determinó que el
inmueble sobre el cual recayó el proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-
00 era público, por tanto, la terminación anticipada de esas diligencias no comportaba
error judicial ya que estaba permitido por el numeral 4 del artículo 375 del CGP. En
consecuencia, los fallos que desataron la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01
tampoco involucraron un error jurisdiccional, pues en ese trámite constitucional no era
dable concluir que las providencias emitidas en aquel expediente adolecían de alguna
irregularidad.

Cabe advertir que, en el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada
a examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial
demandada en el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este

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mecanismo constitucional, pues la parte accionada ya indicó, como se señaló en el
párrafo precedente, que la naturaleza pública del bien sobre el que versaba el proceso
de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 facultaba a las autoridades judiciales
que lo conocieron de terminarlo anticipadamente, de acuerdo con el numeral 4 del artículo
375 del CGP.

Debe advertirse que, si bien el actor afirma que la tutela satisface la exigencia de
relevancia constitucional, no es dable dar por superado dicho requisito de procedibilidad,
pues para que se satisfaga es necesario advertir que el amparo no se utilice como una
instancia adicional al proceso ordinario, lo cual no ocurre en el sub lite, de ahí que no sea
procedente un estudio de fondo.

También debe anotarse que le asiste razón al actor cuando afirma en la impugnación que
se decide que en la sentencia de tutela de primera instancia no se realizó una valoración
integral de las pruebas que reposan en el expediente 76001-23-33-000-2021-00905-
00/01; sin embargo, ello se debe a que dicho análisis solo resulta procedente cuando se
determina que la acción de amparo colma los requisitos generales de procedibilidad,
supuesto que no acontece en el sub lite, pues la tutela no colma la exigencia de relevancia
constitucional, de ahí que no sea dable emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la
controversia.

En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para que la Sala confirme la
sentencia impugnada, con la que el a quo declaró improcedente la tutela de la referencia
frente al defecto fáctico relacionado con el proceso de pertenencia 76001-31-03-003-
2016-00144-00 y la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01, ya que ese cargo se
fundó en los mismos argumentos expuestos en sede contencioso-administrativa y
desestimados en la sentencia reprochada a través de la acción de amparo.

4.2 Procedencia de la tutela en relación con la naturaleza de las decisiones
policivas

En la sentencia cuestionada, la autoridad demandada indicó que eran actos
administrativos las decisiones a través de las cuales se decidieron los asuntos policivos
4161.050.9.6.1245-2019 y 4161.050.9.6.009-2020, ya que las autoridades de policía no
actuaron como terceros imparciales, sino con la intención de recuperar un bien del
Estado, por tanto, eran susceptibles de enjuiciamiento a través de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, y como el señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño no la
promovió dentro de los 4 meses siguientes, aconteció la caducidad.

En la solicitud de amparo, el actor señala que la anterior consideración contraría el
ordenamiento jurídico, porque esas determinaciones policivas eran jurisdiccionales, ya
que lo despojaron de la posesión que ejercía sobre el predio objeto de discusión, lo cual
era propio de diligencias judiciales y no administrativas, de ahí que la controversia debiera
ventilarse a través de la demanda de reparación directa y no de la de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Una vez analizados los argumentos expuestos por el demandante sobre la declaratoria
de caducidad de la demanda contencioso-administrativa frente a las decisiones emitidas
en los procedimientos policivos 4161.050.9.6.1245-2019 y 4161.050.9.6.009-2020, la
Sala evidencia que no colman la carga argumentativa que exige la jurisprudencia para
controvertir providencias emitidas por una alta corte, pues el actor se limitó a decir que
aquellas eran judiciales porque lo despojaron de la posesión de un predio, sin cuestionar

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Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

de manera suficiente los motivos por los cuales el demandado declaró la caducidad de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho frente a esas actuaciones
policivas.

En efecto, en la sentencia cuestionada en este trámite constitucional la autoridad
accionada indicó que las inspecciones de policía actuaron con la intención de recuperar
un bien público, es decir, como una autoridad administrativa y no como un tercero
imparcial, en consecuencia, esas decisiones debían considerarse actos administrativos
pasibles de enjuiciamiento a través de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, aspecto sobre el cual el actor no plantea argumentos que permitan dilucidar que
aquellas consideraciones contrarían el ordenamiento jurídico, pues el hecho de privarlo
de la posesión no implica colegir que la sentencia reprochada afectó sus derechos
fundamentales injustificadamente.

Cabe resaltar que la providencia cuestionada mediante la acción de tutela de la referencia
fue proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
evento en el que los requisitos de procedibilidad son más estrictos, en especial, el de la
carga argumentativa. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia T-398
de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

Las anteriores razones son suficientes para concluir que la acción de amparo no colma
la carga argumentativa requerida frente al cargo relacionado con la naturaleza de las
decisiones emitidas en los procedimientos policivos 4161.050.9.6.1245-2019 y
4161.050.9.6.009-2020, motivo por el cual se impone concluir que sobre el particular la
tutela no satisface el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

Así las cosas, la tutela (i) se emplea por el actor para insistir en los argumentos
planteados en el proceso de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01, en
relación con la naturaleza del bien sobre el cual recayó el proceso de pertenencia 76001-
31-03-003-2016-00144-00, y (ii) no colma la carga argumentativa que exige la
jurisprudencia respecto de la naturaleza de las decisiones emitidas en los procedimientos
policivos 4161.050.9.6.1245-2019 y 4161.050.9.6.009-2020; en consecuencia, se hace
necesario confirmar la sentencia impugnada, con la que el a quo declaró improcedente
la acción de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01
Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia, conforme a la parte motiva.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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