Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2021-00905-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2021-00905-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2021-00905-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y otro
Proceso: Medio de control de reparación directa
PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN-Condiciones necesarias para que la relación jurídico
procesal nazca válidamente y pueda decidirse sobre el fondo del asunto. MEDIO DE CONTROL
PROCEDENTE-No depende del arbitrio del demandante, sino del origen del daño alegado. DEBER DE
INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA-No puede modificar la causa petendi. MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA-Procede siempre que la fuente del daño reclamado no sea un contrato o un acto
administrativo cuya nulidad se persigue. MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO-Si la fuente del daño es un acto administrativo que se acusa de ilegal, el restablecimiento del
derecho conculcado únicamente procede si de manera previa el acto administrativo se anula. NATURALEZA
JURÍDICA DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA-En principio ejercen función administrativa,
por lo que sus actos son administrativos; excepcionalmente, cuando actúan como tercero imparcial en
controversias entre particulares, ejercen función judicial y sus decisiones tienen dichos efectos. CADUCIDAD
DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Cuatro meses desde la
notificación del acto administrativo. RESPONSABILIDAD POR ERROR JUDICIAL-El Estado responde por los
daños causados por providencias contrarias a derecho, entendidas como aquellas carentes de justificación
fáctica o jurídica, sin que implique la reapertura del debate litigioso, ni el desconocimiento de la autonomía e
independencia judicial.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 11 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones. La decisión fue la siguiente:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante.
TERCERO: DISPONER el ARCHIVO previa anotación en el programa SAMAI.
EXPEDIR las copias que soliciten a los abogados que han venido actuando si la
sentencia no fuere apelada.
CUARTO: INFORMAR a las partes que el canal oficial para recibir memoriales y
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
escritos es la VENTANILLA VIRTUAL de Samai.”1.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno al error judicial que los señores Edilma
Castaño de Muñoz y Eduardo Muñoz le endilgan, por un lado, a unas decisiones de
restitución de bienes públicos emitidas en el marco de procesos policivos
adelantados por el distrito de Cali y, por otro, a los fallos de terminación anticipada
del proceso de pertenencia por ellos iniciado, proferidos por el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, providencias
que, según alegan los actores, les causaron daños patrimoniales y
extrapatrimoniales.
II. ANTECEDENTES
La demanda
El 15 de septiembre de 2021, los señores Edilma Castaño de Muñoz y Eduardo
Muñoz Castaño2 presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, con el fin de que se declarara la responsabilidad del distrito de
Santiago de Cali y de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial por los perjuicios derivados de los errores judiciales en los
que se alega que incurrieron, en los siguientes términos:
“A-Se declare Administrativamente responsable al accionado DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI (ANTES MUNICIPIO DE CALI) debidamente representado por
el señor Alcalde [sic] señor JORGE IVAN [sic] OSPINA GOMEZ [sic] o quien haga
sus veces, de todos los daños materiales y morales ocasionados a los señores
EDILMA CASTAÑO DE MUÑOZ mayor de edad y vecina de Cali identificada con la
cedula No. 29.000.073 y su hijo EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO mayor de edad y
vecino de Cali identificado con la cedula No. 16.750.519 de Cali, por los errores
jurisdiccionales, de conformidad al hecho G literal a) numeral 1 al 15 y los hechos J y
K de este escrito, contenidos en:
PROCESO POLICIVO 1: (expediente es 4161.050.9.6.1245-2019)
1. La Resolución [sic] de primera instancia y la Resolución [sic] que resuelve el
recurso de reposición emitidas por la Dra. STELLA GARCIA [sic] QUINTERO
Inspectora de Policía Urbana Categoría Especial (LA MARIA [sic]) el 3 de julio de
2019.
2. La Resolución 4161.010.21.0.1923 del 20 de agosto de 2019 notificada a los
poderdantes el 11 de septiembre de 2019 que desata la segunda instancia emitida
por la Secretaria de Seguridad y Justicia del Municipio de Cali Dr. DARIO [sic]
1
Índice SAMAI 114 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Expediente digital:
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDA15SEPTIE(.PDF) NroActua 3.
2
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
FERNANDO DAZA DORADO Secretario (E), actos jurisdiccionales del ente territorial
emitidas dentro del proceso policivo VERBAL ABREVIADO tramitado por iniciativa de
la EMPRESA DE RENOVACION [sic] URBANA DE CALI (EMRU) contra los
demandantes por ocupación del espacio público cuyo expediente es
4161.050.9.6.1245-2019, ante la necesidad del propio Municipio de Cali de parte de
los terrenos para la construcción de la ampliación de la Carretera CALI-JAMUNDI,
predios identificados con las matrículas inmobiliarias 370-753602 - 370-753603 (370-
394740) de los que eran poseedores los solicitantes.
PROCESO POLICIVO 2: (expediente es 4161-050.9.6.009-2020)
1. La Resolución [sic] de primera instancia y la Resolución [sic] que resuelve el
recurso de reposición emitidas por el Dr. JAMES GUERRERO PENAGOS Inspector
Permanente de Policia [sic] Categoría Especial Turno I el 15 de septiembre de 2020.
2. La Resolución 4161.010.21.0.644 del 25 de septiembre de 2020 notificada a los
poderdantes el 7 de octubre de 2020 que desata la segunda instancia emitida por la
Secretaria de Seguridad y Justicia del Municipio de Cali a cargo del Dr. CARLOS
ALBERTO ROJAS CRUZ, actos jurisdiccionales del ente territorial emitidas dentro del
proceso policivo VERBAL ABREVIADO tramitado por iniciativa del MUNICIPIO DE
CALI Secretaria de Infraestructura y Valorización contra los demandantes por
ocupación del espacio público, ante la necesidad del propio Municipio de Cali de
todos los terrenos para la construcción de la ampliación de la Carretera CALI-
JAMUNDI, predios identificados con las matrículas inmobiliarias 370-753602 - 370-
753603 (370-394740) de los que eran poseedores los solicitantes.
B- Se condene ADMINISTRATIVAMENTE al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
(ANTES MUNICIPIO DE CALI) debidamente representado por el señor alcalde señor
JORGE IVAN [sic] OSPINA GOMEZ [sic] o quien haga sus veces, a que pague a los
accionantes los siguientes perjuicios, pues no existe una medida reparatoria no
indemnizatoria que subsane el daño moral:
a) Daño moral a EDILMA CASTAÑO DE MUÑOZ, como víctima directa del actual
ilegal del DISTRITO DE CALI, de conformidad al hecho G literal a) numeral 1 al 15 y
los hechos J, K, M, N, de este escrito, por DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN
RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y
CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS conforme la Sentencia del Honorable
Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014, equivalente a 100 SMLMV o la cifra
que la Justicia considere.
b) Daño moral a EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO, como víctima directa del actual
ilegal del DISTRITO DE CALI, de conformidad al hecho G literal a) numeral 1 al 15 y
los hechos J, K, M, N, de este escrito, por DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN
RELEVANTE A DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE
AMPARADOS conforme la Sentencia del Honorable Consejo de Estado del 28 de
agosto de 2014, equivalente a 100 SMLMV o la cifra que la Justicia considere.
C- Se declare Administrativamente responsable al accionado DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL debidamente representado por el Dr.
MAURICIO CUESTA GOMEZ [sic] o quien haga sus veces conforme a la Ley 270 de
1996 Art. [sic] 99 Nral [sic] 8, de todos los daños materiales ocasionados a los señores
EDILMA CASTAÑO DE MUÑOZ mayor de edad y vecina de Cali identificada con la
cedula No. 29.000.073 y su hijo EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO mayor de edad y
vecino de Cali identificado con la cedula No. 16.750.519 de Cali, por los ERRORES
JURISDICCIONALES de conformidad al hecho H literal a), numeral 1 al 43,
concordado con el hecho L numeral 1 al 5, y hecho O y hecho P, contenidos en:
1) El proceso verbal de pertenencia de radicación 76001-3103-003-2016-00144-00
tramitado en primera instancia bajo el Juzgado 3 Civil del Circuito de Cali
2) El proceso verbal de pertenencia de radicación 76001-3103-003-2016-00144-01
tramitado en segunda instancia bajo la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali
3) El proceso de acción de tutela de radicación 11001-02-03-000-2020-02853-00
3
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
tramitado en primera instancia bajo la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte
Suprema de Justicia.
4) El proceso de acción de tutela de radicación 11001-02-03-000-2020-02853-02
tramitado en segunda instancia bajo la Sala de Casación Laboral de la Honorable
Corte Suprema de Justicia.
D-Se condene a la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
debidamente representado por el Dr. MAURICIO CUESTA GOMEZ [sic] o quien haga
sus veces, a que pague a los señores EDILMA CASTAÑO DE MUÑOZ y EDUARDO
MUÑOZ los siguientes DAÑOS MATERIALES a título de lucro cesante:
1. Por los hechos descritos en el literal L numerales del 1 al 5, en concordancia con
el hecho del literal H, literal a), numerales 1 al 43, hecho O, de este escrito, que causó
DAÑO ANTIJURIDICO a la demandante EDILMA CASTAÑO DE MUÑOZ, como
daño material o patrimonial de lucro cesante, en proporción o porcentaje del 50% para
ella del VALOR COMERCIAL del lote de terreno en cabida de 9980 Mt2 que poseía
desde el año 1987 hasta el año 2020, y que catastralmente tiene un avaluó para el
año 2021 cuando se presenta este escrito en $1.937.611.000.oo, y que no entró en
su patrimonio por el actuar ilegal y erróneo de sus funcionarios, con lo cual se
bloqueó, atajó o se detuvo las pretensiones de pertenencia de la demandante.
2. Por los hechos descritos en el literal L numerales del 1 al 5, en concordancia con
el hecho del literal H, literal a), numerales 1 al 43, hecho O, de este escrito, que causó
DAÑO ANTIJURIDICO al demandante EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO, como daño
material o patrimonial de lucro cesante, en proporción o porcentaje del 50% para él
del VALOR COMERCIAL del lote de terreno en cabida de 9980 Mt2 que poseía desde
el año 1987 hasta el año 2020, y que catastralmente tiene un avaluó para el año 2021
cuando se presenta este escrito en $1.937.611.000.oo, y que no entró en su
patrimonio por el actuar ilegal y erróneo de sus funcionarios, con lo cual se bloqueó,
atajó o se detuvo las pretensiones de pertenencia del demandante.
E-Se ordene la INDEXACION de todos los valores anteriormente mencionados al
momento de la ejecutoria del fallo que acceda a las pretensiones.
F-Se condene a el pago del máximo los intereses a partir de la ejecutoria del fallo que
acceda a las pretensiones hasta le fecha del pago total.
G-Se condene en costas a los accionados”.
Como hechos de la demanda, expuso que, entre 1987 y 2020, los señores Edilma
Castaño de Muñoz y Eduardo Muñoz Castaño ejercieron la posesión, con ánimo de
señor y dueño, sobre un predio con los siguientes linderos: al norte, con el rio Lily;
al oriente, con la carretera Cali-Jamundí; al sur, con el callejón Cañasgordas
(carrera 112); y al occidente, con los terrenos de Eusebio Velasco.
Según la narración, la señora Castaño y su familia ocuparon el predio en 1987, en
razón a que Ferrocarriles Nacionales de Colombia la contrató para que cuidara el
lote denominado el “Campamento” que, para esa época, era de propiedad de dicha
entidad, y se identificaba con la matrícula inmobiliaria 370-371322. Posteriormente,
en 1992, Ferrocarriles Nacionales entró en liquidación y vendió parcialmente el bien
al señor Rodrigo Sánchez Pinzón, pero nunca le hizo entrega de la posesión real y
material, que se mantuvo en manos de la señora Castaño.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
La posesión de los demandantes, de acuerdo con lo señalado, finalizó por la acción
administrativa del Estado, quien le quitó el terreno —de facto— a los poseedores,
sin que el asunto hubiera sido definido por un funcionario judicial, y sin reconocer
emolumento alguno a su favor, a través del “poder decisorio que tiene el servicio
público de Administración de Justicia en los procesos policivos” del distrito de Cali,
en el marco de actuaciones administrativas policivas, y por las decisiones de la
Rama Judicial, que impidieron que se despacharan favorablemente las
pretensiones de pertenencia elevadas por el extremo activo.
Sobre los procedimientos policivos – distrito de Cali
La demanda indicó que la Empresa Municipal de Renovación Urbana (EMRU)
presentó una queja ante la Inspección de Policía de la Comuna 22 – La María, que
condujo a que en 2019 se iniciara un proceso policivo de lanzamiento por una faja
de 3 metros adyacente a la carretera Cali-Jamundí —al oriente del predio objeto de
posesión— en orden a ampliar dicha infraestructura, con base en el argumento de
que el inmueble era de propiedad del Estado. Se advirtió que, con este proceso, la
afectación del terreno prevista en la Ley 1228 de 2008 se convirtió ilegalmente en
una propiedad de facto, pues se despojó a los poseedores sin haber acudido a los
mecanismos de compra del predio.
Se manifestó que, contra esta decisión, se presentó un recurso de apelación cuyo
estudio correspondió a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, dependencia
que la confirmó mediante la Resolución 4161.010.21.0.1923 del 20 de agosto de
2019, notificada a los aquí demandantes el 11 de septiembre de 2019.
Se alegó que el 21 de mayo de 2020 se presentaron en el lote funcionarios del
distrito con agentes de la policía con el objetivo de quitarles el terreno, lo que
provocó que los demandantes presentaran, entre otras, una acción de statu quo
ante la Inspección de Policía de la María —radicado 4161.050.9.6.1306-2020— en
contra del distrito para recuperar la posesión del predio, asunto que fue conciliado
en octubre de 2020, a partir de lo cual los señores Castaño y Muñoz recuperaron la
tenencia material.
Se señaló que el distrito de Cali presentó nuevamente una queja administrativa
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
policiva ante la Inspección de Policía de Siloé —radicado 4161.050.9.6.009-2020—
autoridad que, en septiembre de 2020, ordenó el despojo de todo el terreno,
convirtiendo la afectación de la que trata la Ley 1228 de 2008 en una propiedad de
facto, sin que el Estado hubiera comprado el predio. Se alegó que la decisión fue
confirmada por la Secretaría de Seguridad y Justicia del distrito en segunda
instancia.
De conformidad con lo expuesto, el distrito de Cali incurrió en un error jurisdiccional
en los procesos policivos mencionados, pues en ellos se violó el debido proceso y
se aprovechó del poder jurisdiccional conferido por la Ley 1801 de 2016 para
arrogarse ilegalmente la competencia del juez de expropiación, con el único fin de
obtener física y materialmente el bien sin pagar a los demandantes su precio y sin
cumplir los procedimientos administrativos y judiciales para obtener la propiedad del
suelo.
Sobre los procesos judiciales – Rama Judicial
Se argumentó que la Rama Judicial “bloqueó” jurídicamente la pretensión judicial
de los demandantes de que se declarara la pertenencia del inmueble a su favor. Al
efecto, se adujo que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali —en auto
notificado por estado el 16 de enero de 2020— declaró la terminación anticipada del
proceso de pertinencia identificado con el radicado 76001-3103-003-2016-00144-
00, iniciado por los aquí demandantes, con fundamento en el artículo 375.4 del
CGP, porque encontró probado que el bien sobre el cual se estaba reclamando la
usucapión era público y, por lo tanto, imprescriptible.
Se señaló que, sin embargo, el juzgado emitió tal decisión sin resolver la solicitud
presentada por los demandantes el 16 de diciembre de 2019 de vincular al proceso
a José Orlando Alzate Alzate —quien, según aducían, era el propietario privado del
terreno que ellos poseían—, y sin estudiar y valorar las pruebas que, a pesar de
haber sido oportuna, debida y legalmente arrimadas al proceso mediante memorial
del 14 de noviembre de 2019, no habían sido incorporadas al proceso, que daban
cuenta de que el bien no era, en su totalidad, público, pues dentro de sus linderos
existían porciones de propiedad privada.
Se indicó que en contra de la decisión de terminación del proceso se presentó
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
recurso de reposición y en subsidio de apelación. Se expuso que el Juzgado Tercero
Civil del Circuito no repuso su fallo, reiterando sus argumentos, y concedió la
apelación, pero únicamente envió al superior “los documentos necesarios para que
se confirm[ara] su decisión”, sin las pruebas ni la solicitud del 16 de diciembre de
2019.
Se añadió que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala de Decisión
Civil confirmó la decisión de terminación anticipada, negándose a tramitar las
solicitudes previas.
Se informó que en contra de estas decisiones judiciales se presentó una acción de
tutela, cuyo estudio le correspondió a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, quien, en sentencia del 5 de noviembre de 2020, negó el amparo por
considerar que “la decisión no e[ra] descabellada”. En el recurso de alzada —según
se alegó en la demanda— se argumentó que la tutela no se había basado en que
la decisión del Tribunal de Cali fuera arbitraria, sino en que no se le había permitido
al extremo activo del proceso de pertenencia exponer sus argumentos, violando su
derecho de defensa.
De acuerdo con lo señalado, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia revocó el fallo de tutela de primera instancia y, en su lugar, declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por considerar que, si el reproche consistía en
que el fallo del Tribunal había dejado de resolver algún punto, los interesados
habían debido solicitar la adición de la decisión.
Los aquí demandantes sostuvieron que, contrario a lo señalado por la Sala de
Casación Laboral, el Tribunal de Cali se había pronunciado de fondo sobre el único
punto de la controversia en el proceso de pertenencia, el cual era definir la
naturaleza privada o pública del bien objeto de posesión, de modo que no era
procedente pedir la adición de la decisión por un asunto procedimental, como era el
no haber resuelto una petición de los accionantes.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
Contestaciones a la demanda
1. Rama Judicial
De manera oportuna, la Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración de Cali, Valle del Cauca3 contestó la demanda, planteando la
excepción de inexistencia de prueba de falla en el servicio o error judicial, en virtud
de la cual alegó que la actuación judicial se había ceñido a las normas sustantivas
y procesales vigentes, además de que las determinaciones adoptadas se
sustentaron en los lineamientos y términos fijados por la ley.
Sumó que la demanda no había precisado si la causa generadora del daño era un
error judicial o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y
argumentó que no se había demostrado un hecho generador de daño bajo ninguno
de esos títulos.
2. Distrito de Cali
De manera oportuna, el distrito de Cali4 contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones con base en que la entidad no había violado el debido proceso de los
demandantes en las actuaciones policivas, pues siempre se les requirió para que
acudieran a las audiencias, se les permitió el derecho de defensa y se les informó
de las distintas actuaciones.
Se añadió que la parte actora había reconocido que no ostentaba la condición de
propietaria de los predios, sino de poseedora, de modo que la actuación adelantada
era la de restitución de bienes de uso público. Indicó que las mejoras efectuadas
por la demandante —y cuyo retiro era el objeto del procedimiento policivo— habían
recaído en terrenos comprendidos en las fajas de exclusión, de conformidad con el
tenor de la Ley 1228 de 2008, en concordancia con el Decreto 1-30216 de 2018,
«que estableció que la vía Cali-Jamundí era de primer orden».
Se alegó que el distrito —en el entendido de su calidad de ocupantes— había
ofrecido una compensación socioeconómica a los demandantes por las mejoras
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Índice SAMAI 20 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Índice SAMAI 20 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
efectuadas, que éstos habían rechazado por tener la expectativa de recibir 4 mil
millones de pesos por unos árboles sembrados en el área requerida, aun cuando se
les había explicado que no era posible acceder a tal petición por cuanto habían sido
plantados en predios ajenos.
Se precisó que los bienes objeto de la querella instaurada por el EMRU se centraba
en dos predios: por un lado, el «Lote 1», identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria 370-759193, de propiedad del distrito de Cali, en virtud de la cesión que
a título gratuito había efectuado la Corporación Universidad Libre, Seccional Cali; y
por otro, el «Lote 3», con matrícula inmobiliaria 370-759195, cuyos propietarios eran
Echeverry Campo y CIA S. en C. y L.F. Rivera e Hijos.
Se opuso a la afirmación de que los policivos hubieran producido una expropiación
de facto, pues sostuvo que los inspectores eran competentes para conocer temas
de ocupación ilegal de espacio público, categoría de la que gozaban las zonas de
reserva o exclusión para las carreteras. En este sentido, señaló que el bien ocupado
por los aquí demandantes había adquirido la calidad de bien de uso público por
mandato de la ley.
Expresó que las decisiones de los inspectores de policía en las que se centraba el
litigio tenían naturaleza judicial de carácter policivo, pues estaban encaminadas a
resolver los conflictos surgidos entre dos partes, como en el caso de «los amparos
posesorios y de tenencia de bienes».
Se argumentó que, sobre los bienes ocupados por los demandantes, y de los cuales
eran «poseedores con el ánimo de señor y dueño», se inició un proceso de
pertenencia identificado con el radicado 2016-00144, el cual, mediante auto del 15
de enero de 2020 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, se terminó
anticipadamente por comprobarse que eran de dominio público.
El distrito propuso la excepción de (i) falta de jurisdicción y competencia, porque las
actuaciones policivas adelantadas “resolvieron situaciones originadas por la
ocupación del espacio público, es decir, se dirimió un conflicto entre particulares”,
lo que redundó en decisiones de carácter jurisdiccional, que no son objeto de
«juzgamiento» por la vía contencioso administrativa.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
Asimismo, excepcionó (ii) inepta demanda por indebida escogencia del medio de
control, bajo la cual arguyó que el extremo activo había impetrado una nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos que ordenaron
la restitución. A renglón seguido, sin embargo, expuso que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho era el idóneo «frente a los actos
administrativos», que tenía una caducidad de 4 meses, por lo que “se había acudido
a un medio de control no idóneo como la Reparación [sic] directa” y, de acuerdo con
el artículo 100.7 del CGP, se le había dado a la demanda el trámite de un proceso
diferente al que correspondía.
Formuló la (iii) inexistencia de perjuicios, en la medida en la que los actores no
demostraron los perjuicios materiales o inmateriales alegados; la (iv) inexistencia de
la obligación por ruptura del nexo causal entre los hechos y la responsabilidad,
aduciendo que las decisiones de los inspectores no tenían ninguna relación con lo
sucedido, en virtud de que estaban actuando en cumplimiento de la ley; y la (v)
ausencia de responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio, por cuanto
se siguieron los procedimientos dispuestos en la ley para la restitución del espacio
público.
En el mismo término de traslado, el demandado llamó en garantía a Aseguradora
Solidaria de Colombia, con fundamento en la póliza 420-80-994000000109 de
responsabilidad civil extracontractual, vigente para la época de los hechos objeto de
la controversia.
3. Llamada en garantía: Aseguradora Solidaria de Colombia
En atención a que el Despacho conductor del proceso admitió el llamamiento en
garantía5, la Aseguradora Solidaria de Colombia contestó la demanda y el
llamamiento6 proponiendo la excepción de inexistencia de la obligación derivada de
los seguros de responsabilidad civil extracontractual suscritos con el distrito, en la
medida en la que no se había demostrado la responsabilidad por un error judicial
del ente territorial, pues la posesión que alegaban los actores se había ejercido
sobre unos bienes de dominio público, tanto así que el proceso de pertenencia se
había terminado por esa razón, por lo cual las acciones de desalojo adelantadas por
5
Auto de 5 de junio de 2023. Índice SAMAI 29 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Índice SAMAI 38 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
el ente territorial eran las procedentes.
Sentencia de primera instancia
El 11 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia7 en la que negó las pretensiones.
Para sustentar su decisión, en primer lugar, explicó que, respecto de los
procedimientos policivos de restitución de bienes públicos, sí procedía el control de
la jurisdicción contencioso administrativa. Así, concluyó que los policivos que se
discutían en el proceso tenían naturaleza administrativa, por lo cual el título de
imputación no podía ser el de error judicial, debiendo analizarse la actuación de la
Administración en el marco de una operación administrativa, porque en los
reproches elevados se cuestionaban “los actos y las acciones materiales de
lanzamiento derivados de los procesos policivos”.
Seguidamente, subrayó que las áreas de reserva del sistema de la red vial nacional
de las que trata la Ley 1228 de 2008 no mutaba la propiedad de los inmuebles
convirtiéndolas públicas, pero sí entrañaba que se reputaran zonas de interés
público, en las que se prohibía la construcción y realización de mejoras. En este
orden, concluyó que las decisiones de los inspectores de la policía se habían
basado en una “interpretación errada de la Ley 1228 de 2008”; no obstante, el
desalojo no había causado un perjuicio resarcible porque los demandantes no
habían probado la explotación económica, ni haber efectuado mejoras o
edificaciones en dichas áreas, además de que el predio sobre el cual predicaban la
posesión era un bien de propiedad de la Nación, situación que excluía la posibilidad
de adquirirlo por prescripción. Por lo anterior, determinó que la acción administrativa
era una afectación que los demandantes debían soportar.
En lo que atañe al proceso de pertenencia, consideró que su terminación anticipada
había sido el ejercicio de una facultad y una obligación del juez de conocimiento, al
advertir —con fundamento en las pruebas arrimadas al proceso— que el bien objeto
del debate era de dominio público, al margen de su naturaleza de uso público,
interés público o fiscal.
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Índice SAMAI 114 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
Respecto del argumento presentado por el extremo activo de que, en sede de
apelación, el juzgado no le envió a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali las pruebas solicitadas por los allí demandantes, el a quo señaló
que tal conducta no constituía un error judicial, de acuerdo con el artículo 324 del
CGP, que permitía el envío al superior de la reproducción de las piezas señaladas
por el juez de primera instancia.
Finalmente, no se pronunció sobre los cargos endilgados a las sentencias de tutela
emitidas por la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
Recurso de apelación
El demandante8 refirió que el bien sobre el cual se ejerció la posesión era de
propiedad privada, como se había demostrado con los certificados de tradición y
escrituras públicas aportados al proceso de pertenencia. Así, señaló que el terreno
con matrícula inmobiliaria 370-394740 no había sido adquirido mediante escritura
de compra debidamente registrada por parte del Estado, de modo que los juicios
policivos adelantados por el distrito —en los que se despojó y desterró a los
demandantes con fundamento en que se trataba de la invasión de espacio público—
habían desconocido las normas que obligaban a la entidad a adelantar una
expropiación.
Insistió en que los actos emitidos por el distrito de Cali en los procesos policivos
eran de naturaleza judicial, en tanto que, con ellos, no se había perseguido la
protección administrativa del espacio público, sino la expropiación y despojo de la
posesión para la construcción de una obra, para lo cual el distrito era incompetente.
Añadió que con esas determinaciones se había incurrido en error judicial normativo,
por “violación directa del derecho positivo al dejar de aplicar las normas que
regula[ban] la manera de adquirir predios para la construcción de obra y que
impedían la existencia del proceso administrativo-policivo”, en cuanto únicamente
un Juez de la República, en el marco de un proceso de expropiación, podía
sustraerlos de la posesión.
Censuró la conclusión de que éstos eran actos administrativos, pues con esa
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Índice SAMAI 118 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
determinación se contrariaba el ordenamiento jurídico, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo cual debían tenerse como decisiones
judiciales y, en consecuencia, la responsabilidad debía ser analizada bajo el título
de imputación de error judicial.
Aunó que las decisiones de los inspectores en los procesos policivos no habían
ordenado la demolición de construcción alguna, ni habían evidenciado una invasión
del espacio público; a contrario sensu, habían dispuesto «quitarle» una franja de
tres metros de tierra y, luego, la totalidad del terreno para la ampliación de la
carretera.
Increpó que el a quo —así como los inspectores de policía— determinaran que los
terrenos objeto de posesión de los demandantes fueran de dominio del Estado sólo
por virtud de la expedición de la Ley 1228 de 2008, pues la propia ley admitía la
propiedad privada adyacente a las vías.
Argumentó que el fallo de primera instancia de este proceso había errado al
considerar que existió desalojo de un bien de uso público, como lo era la franja de
retiro, pues la matrícula inmobiliaria 370-394740 demostraba que era un bien
privado, por lo cual reiteró que se había presentado una expropiación de facto para
la construcción de la ampliación de la carretera Cali-Jamundí.
En cuanto a la responsabilidad de la Rama Judicial, señaló que el error judicial
endilgado consistía en que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali nunca
incorporó ni tramitó en el proceso de pertinencia las pruebas oportunamente
presentadas por los allí demandantes, y decidió terminarlo anticipadamente sin
tener en cuenta esas evidencias, a pesar de que acreditaban que el bien objeto de
posesión era de propiedad privada del señor José Orlando Alzate.
Adicionalmente, que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, sin haberse
pronunciado sobre el argumento expuesto en la alzada —que se refería a una
presunta propiedad de la Nación sobre el predio— había confirmado que el terreno
objeto de posesión era de naturaleza pública, pero de una entidad diferente a la
determinada en la primera instancia, por lo que no podía ser objeto de
pronunciamiento en la apelación, so pena de violar el debido proceso de los
recurrentes.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
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Asunto: Medio de control de reparación directa
Respecto de la acción de tutela, agregó que la decisión de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia se había limitado a concluir que el fallo reprochado no era
«descabellado», discusión que no hacía parte de la demanda de tutela presentada,
además de que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia había omitido
pronunciarse sobre el recurso de alzada impetrado y, por el contrario, había
declarado la improcedencia de la tutela con fundamento en que a los demandantes
les correspondía pedir la adición de la decisión del Tribunal Superior de Cali en el
proceso ordinario, a pesar de que, a todas luces, resultaba improcedente.
Manifestó que los errores judiciales habían producido la pérdida absoluta de la
posesión del terreno y la pérdida de la posibilidad de adquirir el dominio a través de
la prescripción, pese a que habían ejercido la posesión durante 30 años, situación
que entrañaba la causación de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales
pretendidos.
Trámite en la segunda instancia
Mediante proveído de 13 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca concedió el recurso presentado9 y fue admitido por el Consejo de Estado en
auto del 14 de noviembre de 202410.
Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
El Ministerio Público11 presentó el concepto 117 de 2024 en el que solicitó que se
confirmara la sentencia de primera instancia, en cuanto la responsabilidad de la
Rama Judicial fue desvirtuada, porque la decisión de terminar anticipadamente el
proceso de pertenencia se sustentó en que se había demostrado con las pruebas
allegadas a dicho trámite que el bien pretendido en usucapión era de naturaleza
pública y, por lo tanto, imprescriptible.
En lo que atañe a la responsabilidad del distrito, el Ministerio Público señaló que lo
9
Índice SAMAI 124 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Índice SAMAI 5 ante el Consejo de Estado.
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Índice SAMAI 11 ante el Consejo de Estado.
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Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
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Asunto: Medio de control de reparación directa
narrado en la demanda difería de lo probado, lo cual denotaba la mala fe del extremo
activo, en la medida en la que, en el primer policivo, no hubo en estricto sentido un
desalojo o despojo de la posesión para la construcción de una obra, sino la remoción
de unos bienes ubicados en las áreas de reserva. En el marco del segundo policivo,
indicó que las decisiones se habían pronunciado sobre la naturaleza pública del
bien, sin desconocer la ocupación y el derecho de acudir a la jurisdicción para
resolver el tema de fondo, a pesar de lo cual los demandantes acusaban estas
«decisiones administrativas y judiciales» de error, por no haber accedido al
reconocimiento de la posesión.
Añadió que no resultaba procedente que se les reconociera, en sede de reparación
directa, la calidad de poseedores y, así, el derecho de prescripción de unos predios
de dominio público. Consideró que no se había probado la ocurrencia de un daño
antijurídico, puesto que la actuación de los demandados «se desarrolló de acuerdo
con las circunstancias».
Expresó que la demanda de reparación directa por error judicial no podía limitarse
a formular las razones de la discrepancia con la decisión demandada, ni podía
reiterar las pretensiones que le fueron negadas en el proceso. En esta medida, no
podía concluirse la configuración de un error judicial, toda vez que los demandantes
acudieron a la simple argumentación de ser poseedores, máxime cuando los
predios reclamados eran de dominio público.
III. CONSIDERACIONES
1. Como la demanda se presentó el 15 de septiembre de 2021, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Conforme
al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica
a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia.
Las modificaciones de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con su artículo 86, rigen
desde el 25 de enero de 2021 —fecha de publicación— salvo en lo que concierne
a las normas de competencia, que sólo se aplican en respecto de las demandas
presentadas un año después de publicada la Ley. Adicionalmente, conforme al
artículo 306 de este Código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
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Asunto: Medio de control de reparación directa
General del Proceso (CGP) en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
I. Presupuestos procesales
2. Sea lo primero señalar que los presupuestos procesales de la acción son “las
condiciones necesarias para que la relación jurídico procesal nazca válidamente y
en consecuencia se pueda decidir sobre el mérito de la cuestión litigiosa”12.
Al efecto, el artículo 328 del CGP dictamina que “[e]l juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley” (negrillas fuera del texto original), asuntos que corresponden,
entre otros, a la aplicación de normas imperativas —como las procesales—, como
lo señaló la Sala Plena de esta Sección en un asunto gobernado por el CPC, en el
que, a diferencia del CGP, no se contemplaba explícitamente la antedicha facultad
oficiosa de los jueces:
“Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual
aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a
excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla
general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto
con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios
previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos
por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados
Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la
vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de
carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente
ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa
debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido
propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad
para con la decisión censurada.
En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha
determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la
acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta
de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud sustantiva
de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda
o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales
presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera
instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido [sic], claro está, aquel
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de
marzo de 2012. Exp: 22168.
16
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
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Asunto: Medio de control de reparación directa
que hubiere impugnado la providencia del juez a quo.”13.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
De esta manera, la ausencia de los presupuestos procesales impide el nacimiento
válido de la relación jurídico procesal e imposibilita al juez pronunciarse sobre el
fondo del asunto, incluso si el asunto no ha sido propuesto en el recurso de alzada.
Bajo este contexto, la Sala estudiará los presupuestos procesales del caso en
estudio, al margen de que hayan sido o no propuestos en la impugnación.
1. Jurisdicción y competencia
3. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA, como ocurre en este caso en el que se atribuye
responsabilidad al distrito de Cali y a la Nación-Rama Judicial.
4. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así
mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la
pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del
CPACA, esto es, $454’263.00014.
5. Debe advertirse que en el presente proceso se plantean debates en torno a unos
procedimientos adelantados por autoridades de policía, los cuales —como se
ahondará en el acápite siguiente— son administrativos, de modo que las decisiones
proferidas en ese escenario son actos administrativos y, en consecuencia, están
sujetos a control por parte de esta jurisdicción 15, sin que correspondan a juicios
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera.
Sentencia del 9 de febrero de 2012. Exp: 21060.
14
Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2021 ($908.526) por 500. La pretensión
mayor (artículo 157 CPACA) fue estimada en la suma de $1.937’611.000, por concepto del valor
comercial del lote sobre el cual se alega posesión.
15
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 28 de febrero de 2020. Exp: 46791.
17
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
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Asunto: Medio de control de reparación directa
policivos excluidos de su conocimiento por virtud del artículo 105.3 del CPACA16,
cuya naturaleza es judicial. Se resalta que, en cualquier caso, como en la demanda
se reprocha un supuesto error judicial de los actos emitidos en el marco de lo que
se señala como un juicio policivo, esta jurisdicción también tendría competencia, en
la medida en la que estaría llamada a estudiar la responsabilidad de las autoridades
policivas por virtud de los daños ocasionados en ejercicio de sus funciones
judiciales.
2. Medio de control procedente
6. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Sección, en virtud de los
artículos 135 a 148 del CPACA, el medio de control procedente no depende del
arbitrio del demandante, sino del origen del daño alegado y el fin pretendido 17, sin
perjuicio de lo cual el juez, en cumplimiento de su deber de interpretar la demanda,
y en ejercicio de la carga prevista en el artículo 171 del CPACA18, puede adecuar
las pretensiones al medio de control que corresponda cuando el actor haya invocado
una vía procesal diferente, sin que con ello se habilite la modificación de la causa
petendi:
“La disposición en comento [artículo 171] consagra la potestad de adecuar el medio
de control a las pretensiones formuladas en la demanda, cuando la parte actora
haya señalado la vía procesal inadecuada. Esto, con el ánimo de salvaguardar el
derecho de acceso a la administración de justicia y evitar eventuales fallos
inhibitorios derivados de la denominada indebida escogencia de la acción, sin que
ello implique que los demandantes puedan optar por el medio de control que
más les convenga para eludir cargas procesales o el propio término de
caducidad.
La determinación del medio de control adecuado resulta de gran relevancia debido
a que con esto se marca la pauta en la verificación del cumplimiento de los
presupuestos de la demanda y de la acción -requisito de procedibilidad, caducidad
y formalidades de la demanda- y, en general, se establece la ritualidad con la que el
juez y las partes van a seguir el proceso.”19.
(Negrillas fuera del texto original).
16
“La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…) 3.
Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.”
17
Criterio sostenido desde el CCA, en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2007. Exp: 33628. Y reiterado en vigencia del CPACA,
entre otros, en auto del 12 de mayo de 2016, exp: 55032; y auto del 10 de diciembre de 2014, exp:
76001-23-33-000-2014-00387-01. Más recientemente, en sentencia del 23 de septiembre de 2024,
exp: 66.400.
18
“El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda
aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (…)”
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 27 de febrero
de 2019. Exp: 60161.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
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Asunto: Medio de control de reparación directa
El artículo 141 del CPACA dispone que la reparación directa —medio de control
impetrado— es el idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión,
operación administrativa, o la ocupación temporal o permanente de inmueble por
causa de trabajos públicos, o por cualquiera otra causa distinta a un contrato estatal
o un acto administrativo cuya ilegalidad no se persigue20, pues, en caso de que la
pretensión de resarcimiento se desprenda de un acto administrativo que se acuse
de irregular, la vía procesal adecuada será la de la nulidad y restablecimiento del
derecho, en la medida en la que “para que la reparación sea posible será necesario,
de modo previo, dejarlo [el acto administrativo] sin efectos y ello, dada la presunción
de legalidad que lo cobija, sólo será posible con la declaración judicial de anulación
del mismo”21.
7. En el sub judice, debe precisarse que los demandantes pretenden la
responsabilidad de las entidades estatales derivada de dos líneas fácticas
diferentes.
Por un lado, exponen que el distrito de Cali adelantó procesos policivos que
culminaron con unos fallos —a los que les endilgan el carácter de judiciales—
contentivos de error judicial, por cuanto en ellos se efectuó una expropiación de
facto de los terrenos sobre los cuales los demandantes ejercían posesión, sin surtir
los procedimientos de enajenación voluntaria o expropiación.
De otro lado, acusan de error judicial a las decisiones del Juzgado Tercero Civil de
Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el proceso ordinario de
pertenencia, y de las salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en sede de la acción de tutela impetrada en contra de las sentencias
adoptadas en desarrollo del proceso declarativo.
20
Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos cuya legalidad no se disputa. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y
sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421 [fundamento jurídico 3].
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 13 de
diciembre de 2001. Exp: 20.678. Si bien esta providencia se refiere a un proceso iniciado bajo la
vigencia del CCA, sus consideraciones resultan igualmente aplicables, en virtud de la presunción de
legalidad de la que gozan los actos administrativos. Criterio reiterado en supra, exp: 66400.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
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Asunto: Medio de control de reparación directa
2.1. Sobre el medio de control procedente respecto del error judicial
endilgado a las decisiones emitidas por la Rama Judicial
8. Se advierte que, como la responsabilidad pretendida se deriva del alegado error
judicial en el que incurrieron las sentencias emitidas por los referidos despachos
judiciales, la reparación directa resulta procedente para estudiar este asunto, en la
medida en la que no existe duda acerca del carácter judicial de estos fallos.
2.2. Sobre el medio de control procedente respecto del supuesto error
judicial endilgado a las decisiones emitidas por el distrito de Cali, en
el marco de los procesos policivos
9. Se recuerda que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó que la
actuación desarrollada por el distrito de Cali debía analizarse desde la falla en el
servicio en el contexto de una operación administrativa “porque los reproches de los
demandantes cuestionan los actos y las acciones materiales de lanzamiento
derivado de los procesos policivos”.
10. El impugnante censuró dicha decisión con fundamento en que los actos emitidos
en los procesos policivos eran de naturaleza judicial, pues, además de que así lo
había concluido la jurisprudencia de esta Corporación, con ellos se había efectuado
una expropiación y despojo de la posesión, para lo cual el distrito no tenía
competencia. En esa medida, insistió en que la responsabilidad debía examinarse
bajo la lupa del error judicial.
11. Para esta Sala deviene evidente que —más allá de la discusión en torno al título
de imputación— es la naturaleza de los actos emitidos por los inspectores de policía
la que determina el medio de control procedente, como se pasará a analizar.
2.2.1. Sobre la naturaleza jurídica de los actos emitidos por las autoridades
de policía
12. Para abordar este asunto, resulta menester precisar que, de acuerdo con el
artículo 198.4 de la Ley 1801 de 2016, los inspectores de policía son una autoridad
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
de policía, y ejercen la respectiva función22, entendida ésta como “el desarrollo de
la base reglamentaria del poder de policía”23, que goza de naturaleza
administrativa24. En este sentido, en principio y por regla general, las decisiones de
estas autoridades se plasman en actos administrativos25, tal como lo ha corroborado
la doctrina especializada al determinar que:
“En cualquier caso, el carácter administrativo de estas medidas no puede pasarse
por alto, si se entiende que bajo un criterio orgánico se trata de funciones realizadas
por autoridades administrativas, en ejercicio de las funciones que le han sido
encomendadas por el ordenamiento jurídico”.26.
(Negrillas fuera del texto original).
Este ha sido también el criterio que de antaño ha respaldado esta Sección:
“En ese sentido se tiene, que el ejercicio del poder de policía administrativa,
entendido como el conjunto de medidas coactivas de que está investida la
administración pública para que el administrado ajuste su actividad a un fin
de utilidad pública, implica no solamente una limitación de las libertades
individuales sino también un eventual uso de la coacción cuando el particular no
adecue [sic] su conducta a esas restricciones, cuyo ejercicio tiene por finalidad la
preservación o restauración del orden público, entendido éste no solo como las
condiciones materiales de seguridad de las personas (policía general o de
seguridad), sino también la adopción de medidas en relación con materias
específicas de la actividad de las personas27, como por ejemplo en la explotación
minera, uso o aprovechamiento de aguas, circulación, uso del espacio público,
construcción urbana, condiciones de salubridad, precio de los artículos alimenticios
y de medicamentos, espectáculos públicos, etc. (policías especiales), todas las
cuales comportan, por regla general, el ejercicio de función administrativa, y
por tanto, las medidas y decisiones que sobre tales materias expida la
administración están sujetas a los controles que en general se predican respecto de
todo acto administrativo, entre los cuales se encuentran, entre otros, el autocontrol
a través de los recursos de la llamada vía gubernativa y la figura de la revocatoria
directa, lo mismo que el control por medio del juez contencioso administrativo 28.
En efecto, si por función administrativa se entiende aquella que se ejerce por parte
de los agentes del Estado y los particulares expresamente autorizados para ello por
22
“La función de policía es ejercida por las autoridades de la rama ejecutiva (como los alcaldes e
inspectores) en cumplimiento de competencias determinadas por la ley.”. Corte Constitucional.
Sentencia C-492 de 2002.
23
Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012.
24
Ibidem.
25
Corte Constitucional. Sentencia C-241 de 2010.
26
Pimiento Echeverri, Julián. El derecho administrativo sancionatorio en el marco del Código
Nacional de Policía y Convivencia. XIX Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo - El
poder sancionador de la administración pública: discusión, expansión y construcción. Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2018, p. 627.
27
Cita original: GARRIDO FALLA, Fernando. “Tratado de Derecho Administrativo”. Volumen II, Edit.
Tecons, 10ª Ed., Madrid, 1992, pág.129.
28
Cita original: “El acto administrativo también es pasible de otro tipo de controles, como el político
que se ejerce a través de los cuerpos colegiados de representación popular (v.gr. concejos
municipales, asambleas departamentales, parlamento); el control ciudadano, por medio de veedurías
y acciones públicas y populares; el control fiscal, en cuanto se trate del manejo y administración del
patrimonio estatal; el control disciplinario para la deducción de responsabilidad personal de funcional
de los agentes del Estado”.
21
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la ley29, que a diferencia de la función legislativa se ejerce en el plano sublegal 30, y,
que excepto las supremas autoridades administrativas, se caracteriza por la
presencia de un poder de instrucción31, debe concluirse que el ejercicio del poder
de policía constituye una expresión de tal función, cuya finalidad específica,
como ya se dijo, no es otra que la preservación y restauración del orden
público, entendido éste como las condiciones materiales de seguridad, salubridad,
tranquilidad y moralidad32 públicas.”33.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
13. Ahora, el artículo 116 de la Constitución Política reconoce que las autoridades
administrativas, excepcionalmente, pueden desplegar funciones judiciales34, en
concordancia con el artículo 13.2 de la Ley 270 de 1996, que dispone que “[e]jercen
función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política: (…)
[l]as autoridades administrativas, de acuerdo con las normas sobre competencia y
procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso,
realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal”.
Así, tanto esta Corporación como la Corte Constitucional concluyeron que los juicios
policivos surtidos bajo la vigencia del Decreto-Ley 1355 de 1970 —anterior Código
Nacional de Policía—, en los que la entidad fungía como tercero imparcial en orden
a dirimir conflictos de intereses particulares contrapuestos, tenían naturaleza judicial
y sus decisiones se asimilaban a una sentencia:
“En términos generales, la función de policía, envuelve una naturaleza meramente
administrativa. El ordenamiento jurídico ha radicado en cabeza de las autoridades
administrativas, la conservación, el mantenimiento y el restablecimiento de las
diversas facetas del orden público. Sin duda, las actuaciones emprendidas por
la administración en ejercicio de este poder constituyen verdaderos actos
administrativos, sometidos a control jurisdiccional por parte del Contencioso
Administrativo. En efecto, si la Administración en ejercicio de la función de policía
que le fue conferida, va en contravía del orden legal, o infringe perjuicios a
particulares, dichas actuaciones podrán ser atacadas ante la jurisdicción
competente. Ello, porque la regla general, en materia de policía, es que las
29
Cita original: “Como es el caso por ejemplo de las Cámaras de Comercio, a quienes la ley les ha
encomendado el manejo del registro mercantil (arts. 26 y 27 del C. de Comercio) y el registro de
proponentes para la contratación estatal (art. 22 de la ley 80 de 1993); o la función notarial confiada
a los particulares (art. 1° del dec. 960 de 1979), etc.”
30
Cita original: “Es decir, con una doble sujeción normativa: la primera a la Constitución, y la segunda
a la ley; a diferencia de la función legislativa que se ejerce con subordinación tan sólo a la
Constitución.”
31
Cita original: “Esta es precisamente una de las notas esenciales que permite distinguir la función
administrativa de la función jurisdiccional.”
32
Cita original: “En cuanto tiene que ver con los actos de manifestación externa (v.gr. los actos de
prostitución, pornografía, etc.).”
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de
febrero de 2000. Exp: AC-9407. Criterio reiterado en la sentencia de la Sección Tercera del 4 de julio
de 2002, exp: 19333, entre otras.
34
“(…) Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a
determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción
de sumarios ni juzgar delitos.” (Negrillas fuera del texto original).
22
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determinaciones adoptadas son de carácter administrativo.
Sin embargo, no todas las actuaciones emprendidas por la Rama Ejecutiva en
ejercicio de la función de policía, tienen control ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en tanto las decisiones adoptadas en desarrollo de juicios de
policía de naturaleza civil, como cuando se interviene en asuntos destinados
a amparar provisionalmente la posesión, la tenencia o una servidumbre o los
asuntos de carácter penal, se encuentran expresamente excluidos de dicho
control en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso
Administrativo, según el cual tal Jurisdicción carece de competencia para juzgar
las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados por la ley.
Lo anterior se justifica si se tiene en cuenta que, en estos casos, las medidas de
policía son de efecto inmediato en punto a evitar que se perturbe el orden y la
tranquilidad pública. Se trata de medidas de carácter precario y provisional, cuya
única finalidad es devolver el statu quo mientras el juez ordinario competente para
decidir sobre la titularidad de los derechos reales en controversia, decide
definitivamente sobre ellos. Por esta razón, la doctrina ha afirmado que estas
decisiones hacen tránsito a cosa juzgada ‘formal’.”35.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
En la misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado expuso que:
“(…) Sin embargo, por excepción y por expresa disposición legal, en nuestro medio
los juicios de policía de carácter civil y penal expresamente regulados en la
ley, entrañan el ejercicio de función judicial y no administrativa, por manera
que, las decisiones que en ellos de adoptan tienen la naturaleza de actos
jurisdiccionales, y por tanto se encuentran exceptuados de control por parte del
juez contencioso administrativo, según lo dispone el artículo 30 de la ley 446 de
1998 que modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo (…)” 36.
(Negrillas fuera del texto original).
Asimismo, la Sección hizo énfasis en la naturaleza judicial de los juicios civiles
policivos, de la siguiente manera:
“Naturaleza de los juicios policivos. (…) tienen indudablemente, la naturaleza
de judiciales. A esto se debe que en el Código Contencioso Administrativo haya
previsto que los actos expedidos en los juicios civiles de policía, entre otros, no son
objeto de control ante la justicia de lo Contencioso Administrativa. (…)
En diversas oportunidades la Sala se ha pronunciado sobre el carácter judicial de
los juicios civiles de policía y especialmente sobre el amparo policivo posesorio; ha
diferenciado entre la función propiamente administrativa desarrollada en
materia de policía y la función judicial ejercida por tales autoridades. De lo
anterior resulta importante resaltar, desde otro punto de vista, que la mayoría de las
actuaciones de autoridades administrativas de policía sí son objeto de control de
esta jurisdicción, salvo como ya se explicó cuando esas autoridades actúan en
función judicial”37.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
35
Corte Constitucional. Sentencia C-241 de 2010. Igualmente, Sentencias T-048 de 1995 y T-149
de 1998.
36
Supra, sentencia del 10 de febrero de 2000. Exp: 9407.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de
septiembre de 2001. Exp: 12915.
23
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Más recientemente, iteró que las autoridades de policía ejercían la función judicial
siempre que actuaran como un tercero respecto de las partes en disputa, como
ocurría en los eventos de protección de la tenencia o posesión de inmuebles
privados.
“De esta manera, según la jurisprudencia consolidada de la Corporación –y de la
Corte Constitucional- tienen naturaleza jurisdiccional y, por tanto, escapan al control
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los juicios policivos en los que
la Administración actúe como un tercero respecto de las partes en litigio, en
caso contrario, se entenderá que el juicio policivo es de carácter administrativo y,
por lo tanto, se debe entender como objeto del control judicial en esta Jurisdicción;
se ha decantado, entonces, una regla general por cuya virtud los
procedimientos policivos de protección de la tenencia y/o de la posesión son
de aquellos en los que el Estado ostenta la calidad de un tercero respecto del
querellante y del querellado”38.
(Negrillas fuera del texto original).
En este orden de ideas, la función de policía comporta —en principio— una función
administrativa y, por ende, sus decisiones se cristalizan en actos administrativos
que, por antonomasia, se presumen legales y gozan de ejecutividad y
ejecutoriedad39; sólo excepcionalmente, en eventos en los que la autoridad actúa
como un tercero en una controversia entre dos particulares, en procedimientos
expresamente regulados en la ley, ejerce una función judicial.
Este criterio fue recientemente reiterado por la Corte Constitucional bajo la égida de
la Ley 1801 de 2016 —Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
que derogó el Decreto-Ley 1355 de 1970 y rige desde el 29 de enero de 2017—:
“Naturaleza de las funciones de las autoridades de policía. La Ley 1801 de 2016,
por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(CNSCC), regula el ‘proceso único de policía’ (art. 213, ibíd.). Este procedimiento
tiene por objeto regular ‘todas las actuaciones adelantadas por las autoridades de
Policía’ (art. 214, ibíd.) y se rige por los principios de ‘oralidad, gratuidad, inmediatez,
oportunidad, celeridad, eficacia, transparencia y buena fe’40. En armonía con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, esta Corte ha considerado que la
naturaleza de la función ejercida –administrativa o judicial– por el inspector de
policía en el trámite del proceso único de policía depende de la finalidad
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de
enero de 2015. Exp: 31612.
39
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera.
Sentencia del 25 de julio de 2019. Exp: 41023; y sentencia del 2 de julio de 2021, exp: 58372.
Igualmente: Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Servicios públicos.
Actos de la Administración Pública. P. 145.
40
Cita original: Ley 1801 de 2016. "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana". Artículo 213.
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perseguida con la actuación41.
Cuando la finalidad de la actuación es ‘la preservación del orden público, la
tranquilidad, la seguridad, la salubridad y las condiciones económicas de
convivencia social’, las autoridades de policía –entiéndase incluidos los inspectores
de policía– ejercen la función de policía de naturaleza administrativa. De esta
manera, las decisiones que expidan en el marco de estos procesos se consideran
verdaderos actos administrativos y, por lo tanto, por regla general, su legalidad
podrá ser controvertida a través de los medios de control dispuestos ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo42.
Por otro lado, en los procesos en los que la finalidad de la actuación es ‘resolver un
conflicto inter partes, en el cual la autoridad de policía se comporta como un
tercero imparcial’43, la autoridad de policía ejerce excepcionalmente una función
jurisdiccional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución
Política44. Este es el caso de los procesos de policía relacionados con el ‘amparo a
la posesión, tenencia o servidumbre de bienes inmuebles’45, en los cuales la
autoridad de policía, de manera excepcional, ejerce una función jurisdiccional y dicta
unas decisiones propias de la administración de justicia46. La Corte ha precisado
que este tipo de determinaciones, en tanto tienen alcance de una providencia
judicial, no son susceptibles de ser controvertidas ante el juez de lo contencioso
administrativo ni pueden ser demandadas a través de acciones civiles. Por tanto, en
tales eventos, la acción de tutela procede como mecanismo definitivo de protección
de los derechos fundamentales involucrados47.”48.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
14. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 1801 de 2016, “[p]erturbar, alterar o
interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo
ilegalmente” es un comportamiento contrario a la posesión y a la mera tenencia de
41
Cita original: “Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 25 de octubre de 2019. Rad:
11001-03-26-000-2019-00007-00 (63151). En esa misma dirección, Corte Constitucional, sentencias
T-146 de 2022, T-438 de 2021, T-176 de 2019, T-601 de 2016, T-069 de 2014, T-096 de 2014, T-
193 de 2012, T-797 de 2012, C-241 de 2010, T-331 de 2008, T-1104 de 2008, T-1023 de 2005, SU-
805 de 2003, T-149 de 1998 y T-443 de 1993. Lo anterior, recientemente reiterado en el Auto 1129
de 2023.”
42
Cita original: “Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2022.”
43
Cita original: “Ibid.”
44
Cita original: “Corte Constitucional, sentencia C-212 de 1994. Esta asignación especial de
atribuciones jurisdiccionales a las autoridades policivas se aviene con el precepto constitucional del
artículo 116, según el cual “excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias
precisas a determinadas autoridades administrativas”. Igualmente, el artículo 13 de la Ley 270 de
1996, modificado por el artículo 6º de la Ley 1285 de 2009, en el numeral 2 dispuso que las
autoridades administrativas ejercen función jurisdiccional, respecto de conflictos entre particulares,
de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes.” En ese mismo
sentido, el parágrafo 3º del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012 consagra que “[l]as autoridades
administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley
para los jueces. Las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de
funciones jurisdiccionales no son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa”. En
este mismo sentido, se puede consultar lo dispuesto en el Auto 1129 de 2023 de la Corte
Constitucional.”
45
Cita original: Corte Constitucional, Sentencia T-438 de 2021, T-1104 de 2008, T-548 de 2013 y T-
176 de 2019.
46
Cita original: Corte Constitucional, Sentencias T-176 de 2019 y T-1104 de 2008. En este mismo
sentido, se pueden consultar las Sentencias T-548 de 2013 y T-176 de 2019; reiteradas en los Autos
1164 y 718 de 2022.
47
Cita original: Corte Constitucional, sentencia T-061 de 2002, reiterada por la sentencia T-438 de
2021.
48
Corte Constitucional. Sentencia T-206 de 2024.
25
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bienes inmuebles, bien sean privados o públicos49. Ante este escenario, las
autoridades de policía son competentes para imponer la medida correctiva de
restitución y protección del bien50, después de surtir el Proceso Único de Policía51,
que inicia con la querella impetrada por las personas legitimadas para los efectos,
que según el artículo 79, son “[e]l titular de la posesión o la mera tenencia de los
inmuebles particulares (…)”, “[l]as entidades de derecho público”, —según la
naturaleza del bien—, o sus apoderados o representantes legales.
Así, en concordancia con la jurisprudencia antes expuesta, cuando la ocupación se
presente en bienes públicos52, el Proceso Único de Policía adquiere naturaleza de
actuación administrativa y la orden de restitución y protección del bien se condensa
en un acto administrativo, al paso que, en tratándose de bienes privados, la entidad
actúa como un tercero imparcial para dirimir la controversia de dos intereses
particulares contrapuestos y, por contera, ejerce funciones judiciales.
En esta línea, si bien el procedimiento es el mismo, y es una sola norma la que
censura el comportamiento, lo cierto es que en casos de ocupación de bienes
públicos —con independencia de si se trata de bienes de uso público o fiscales— la
Administración realmente no es un tercero ajeno a la disputa, como lo precisó la
Sección Primera de esta Corporación:
“En contraste, los procedimientos administrativos de policía, como es el caso de los
procesos de restitución del espacio público, que obedecen al ejercicio de las
facultades de control, vigilancia y sanción de las autoridades sobre las actividades
de los particulares, las cuales constituyen el ejercicio de una potestad administrativa
sancionatoria, sí son decisiones susceptibles de control judicial.
Al respecto, en auto proferido el 10 de noviembre de 2017 53, la Sección Primera
sostuvo el siguiente criterio:
«[…] En el mismo sentido la Sala en providencia de 12 de febrero de 2004
(Expediente nro.2003-02377-01, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo
49
La norma se refiere a bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, y
bienes destinados a prestación de servicios públicos
50
Parágrafo del artículo 77 de la Ley 1801 de 2016.
51
Artículos 213 en adelante de la Ley 1801 de 2016.
52
Al tenor de la definición traída por el artículo 647 del Código Civil: “Se llaman bienes de la Unión
aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. // Si además su uso pertenece a todos los habitantes
de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso
público o bienes públicos del territorio. // Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente
a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales.”
53
Cita original: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, Bogotá, D.C.,
diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 76001-23-33-008-2015-
00124-01, Actor: ÓSCAR JULIAN VILLAMIL BETANCOURT, Demandado: MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
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Mendoza Martelo), sostuvo:
‘Estima la Sala que los actos acusados tienen carácter netamente
administrativo, ya que fueron expedidos en ejercicio de una función que
reviste tal naturaleza, y no para dirimir conflictos entre particulares. (…)
Comoquiera que en este caso la controversia no involucra un acto de
naturaleza jurisdiccional sino administrativa, pues la decisión adoptada por la
inspección de Policía Urbana dista de ser una medida con fines de preservar el
orden, la tranquilidad, la seguridad, la salubridad y las condiciones económicas de
convivencia social o para dirimir conflictos entre particulares, sino que, por el
contrario, es netamente restitutoria del espacio público, esta situación debe ser
ventilada ante los órganos competentes de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, de ahí que deba revocarse el auto apelado de 10 de agosto de 2017,
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva esta providencia […]’ (…).
Así, los procedimientos administrativos de restitución del espacio público no
tienen como objetivo dirimir un conflicto entre particulares sino preservar el
conjunto de inmuebles públicos destinados por su naturaleza, por su uso o
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden,
por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.” 54.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
Igualmente, esta Sección concluyó —aunque en un procedimiento policivo
adelantado en vigencia del Decreto-Ley 1355 de 1980— que:
“(…) en el caso del lanzamiento por ocupación de hecho de bienes fiscales, la
entidad territorial no actúa como un tercero frente a la parte querellada; por el
contrario, dado el carácter de la protección que requieren los bienes públicos -en
general, por su inclusión en el patrimonio público-, esa medida policiva, al erigirse
en una prerrogativa del poder público, detenta un evidente carácter
administrativo, cuyo control le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, según la línea jurisprudencial antes reseñada. (…)”55.
(Negrillas fuera del texto original).
Posición reiterada por esta Sala recientemente, en un asunto gobernado por la Ley
1801 de 2016:
“No obstante, cuando se trata de bienes del Estado, como en el sub lite, el
entendimiento debe ser diferente, pues en estos casos la naturaleza del bien muta
la estirpe de la decisión. En otras palabras, las gestiones encaminadas a enervar
la perturbación de la posesión de un bien del Estado tendrán la categoría de
decisiones administrativas, condensadas, por contera, en actos
administrativos (…)”56.
(Negrillas fuera del texto original).
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 3 de
mayo de 2019. Exp: 70001-23-33-000-2017-00201-01.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de
enero de 2015. Exp: 31612.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de
febrero de 2025. Exp: 71028.
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15. Bajo este mismo derrotero, para esta Sala resulta evidente que la naturaleza de
los procesos policivos en los que las entidades públicas fungen como querellantes
es esencialmente administrativa, en la medida en la que la entidad territorial —
autoridad de policía— realmente no es un tercero ajeno a las partes y la finalidad
no es dirimir una disputa entre particulares. En este sentido, la autoridad estará
ejerciendo una prerrogativa del poder público provista por la Ley 1801 de 2016, cuya
decisión final se consigna en un acto administrativo, con los respectivos controles
administrativos y judiciales.
16. En conclusión, los procesos de restitución de bienes públicos, así como aquellos
en los que es parte una entidad pública, son actuaciones administrativas y las
decisiones que en este escenario emitan las autoridades de policía tienen la
naturaleza, características y efectos de actos administrativos, cuya presunción de
legalidad corresponde ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
2.2.2. Sobre la naturaleza de las resoluciones dictadas por las autoridades
de policía en el caso concreto
17. Se recuerda que la demanda endilga error judicial a las decisiones emitidas por
las autoridades de policía en el marco de los dos procesos policivos, identificados
con los radicados 4161.050.9.6.1245-2019 y 4161-050.9.6.009-2020, respecto de
los cuales, en consecuencia, la Sala analizará su verdadera naturaleza.
18. En primer lugar, se observa que el proceso 4161.050.9.6.1245-2019 fue iniciado
por solicitud de la Empresa Municipal de Renovación Urbana de Cali (EMRU), con
el fin de que se efectuara el desalojo de los señores Edilma Castaño de Muñoz y
Eduardo de Muñoz de los predios ubicados “entre las abscisas del proyecto Abs
inicial: 2+771.00 Abs final: K2+943.00 y Abs inicial: 2+668.00 Abs final: K2+771.00
de la vía Cali-Jamundí margen derecho”57.
De acuerdo con la documentación aportada por EMRU al procedimiento, dicha
entidad alegó que el predio “002A-D”, correspondiente a aquel ubicado en “abscisa
inicial K2+771.00” y “abscisa final K2+943.00”, era de propiedad de la Secretaría de
57
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: expediente policivo 1 1245
2019 edilma castaño anexo 6. Págs. 4 y 5.
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Bienes Inmuebles y Recursos Físicos del «municipio»58 de Cali59; y el identificado
en el predio “003A-D”, ubicado entre la “abscisa inicial K2+668.00” y “abscisa final
K2+771.00”, era del INVIAS60.
Igualmente, en el acta de la audiencia del 3 de julio de 201961 —en la que la
Inspectora de Policía Urbana Categoría Especial de la Comuna 22 del municipio de
Santiago de Cali adoptó la decisión en curso del policivo— se expresó que éste se
“realiza[ba] con el fin de realizar [sic] la restitución del espacio público determinado
en el proceso”, y se expuso que era “deber de toda autoridad policiva garantizar el
uso debido del espacio público y evitar su indebida ocupación”.
En la misma línea, la Secretaría de Seguridad y Justicia del distrito de Cali, en la
Resolución 4161.010.21.0.1923 del 20 de agosto de 2019 62, mediante la cual
resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la decisión del 3 de julio
de 2019, determinó que la querella había sido presentada por EMRU para la
recuperación de dos áreas. La primera, identificada con la matrícula inmobiliaria
370-759193, de propiedad del municipio de Cali, en virtud de la cesión que, a título
gratuito, realizó la Universidad Libre, de modo que se trataba de un bien de uso
público; y la segunda, identificada con la matrícula inmobiliaria 370-759195, que, a
pesar de que concluyó que era de propiedad de las sociedades Echeverry Campo
y Cia S. en C. y LF Rivera e Hijos S.A.S., advirtió que los ocupantes —los señores
Muñoz y Castaño— habían efectuado mejoras dentro de la faja de retiro
consagradas en la Ley 1228 de 2008, a las que, por consiguiente, dio el tratamiento
de espacio público.
19. De lo señalado, esta Sala observa que la parte querellante fue EMRU, empresa
industrial y comercial del Estado, vinculada al Departamento Administrativo de
58
Mediante la Ley 1933 de 2018 el municipio de Cali fue categorizado como distrito.
59
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: expediente policivo 1 1245
2019 edilma castaño anexo 6. Págs. 16 a 21.
60
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: expediente policivo 1 1245
2019 edilma castaño anexo 6. Págs. 35 a 40.
61
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4_EXPEDIENTEDIGITAL_04ANEXOS3APROCES(.ZIP). Archivo: 1-ACTUACION DE LA
INSPECCION DE LA MARIA. Págs. 51 a 64.
62
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4_EXPEDIENTEDIGITAL_04ANEXOS3APROCES(.ZIP). Archivo: 1-ACTUACION DE LA
INSPECCION DE LA MARIA. Págs. 86-97.
29
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
Planeación Municipal de Cali63, y el procedimiento se adelantó con el fin de efectuar
la restitución de lo que, según se determinó en desarrollo de ese trámite, eran bienes
públicos.
En este orden de ideas, se resalta que el conflicto dirimido por las autoridades de
policía no se trataba de una controversia suscitada entre particulares para cesar la
perturbación de la posesión, tenencia o servidumbre respecto de bienes inmuebles
con apego a las acciones de la legislación civil, por lo que la actuación de la entidad
territorial —actuando por medio de los inspectores de policía y la Secretaría—no
tenía connotación judicial, sino administrativa y, por consiguiente, las decisiones del
3 de julio y el 20 de septiembre de 2020 son actos administrativos.
En otras palabras, al margen de la verdadera naturaleza del bien, el proceso policivo
se surtió en ejercicio de la función administrativa, en virtud de que se adelantó con
el fin de restituir un espacio considerado de dominio público por parte de la entidad
pública querellante y de la autoridad policiva. Tanto así que, en caso de que se
tratara de propiedad privada, al interesado le habría correspondido cuestionar la
legalidad del acto administrativo en el que se concluyó lo contrario.
20. En cuanto al procedimiento 4161-050.9.6.009-2020, se subraya que el
Subsecretario de Apoyo Técnico de la Secretaría de Infraestructura del distrito de
Cali presentó la querella el 28 de julio de 202064, en la que solicitó la restitución del
bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 370-997299 que, según indicó,
fue cedido al «municipio», y que estaba ocupado por los señores Eduardo Muñoz y
Edilma Castaño de Muñoz.
Al trámite, la entidad aportó el estado jurídico del mencionado inmueble elaborado
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de la alcaldía
de Santiago de Cali65, en el que se determinó que, por virtud de la escritura 5184
del 19 de noviembre de 2018, la Universidad Libre – Seccional Cali cedió a título
gratuito el bien al municipio de Cali, que fue anotado en el registro el 28 de
63
Decreto 084Bis del 4 de marzo de 2002. https://edru.gov.co/transparencia/normatividad/
64
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: EXPEDIENTE 009-2020
JAMUNDI 1 anexo 4 2. Págs. 1 a 4.
65
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: EXPEDIENTE 009-2020
JAMUNDI 1 anexo 4 2. Págs. 5 a 9.
30
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
noviembre de ese año.
Asimismo, la decisión del 15 de septiembre de 2020 del Inspector Permanente de
Policía de la Casa de Justicia de Siloé indicó que se trataba de la “restitución de
todo el espacio público ocupado por los querellados”, puesto que la “faja de retiro
obligatorio o área de reserva o de exclusión para carreteras, ocupada hoy por sus
poderdantes [querellados] sí tienen un gravamen, lo cual por mandato de la ley
adquirió la calidad de bien de uso público – espacio público”66. Y en el acto de la
misma fecha, mediante el cual resolvió el recurso de reposición presentado, reiteró
que las áreas de reserva o exclusión eran públicas por mandato de la ley67.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia de la alcaldía de Cali expidió la
Resolución 4161.010.21.0.644 del 25 de septiembre de 2020 68, resolviendo la
apelación impetrada contra el acto del 15 de septiembre, en la que aclaró que el
propietario del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 370-997299 era el
«municipio» de Cali, por lo cual se trataba de un bien de uso público, además de
que la zona ocupada por los señores Muñoz y Castaño era zona de reserva o
exclusión, de modo que, por mandato legal, había adquirido la calidad de bien de
uso público.
En mérito de lo expuesto, al igual que respecto del primer policivo, para esta Sala
es diáfano que, como quiera que la parte querellante era una entidad pública del
orden distrital, que inició el procedimiento con el fin de solicitar la restitución de un
bien que alegó ser público, la autoridad policiva actuó en ejercicio de la prerrogativa
pública, y no como un tercero imparcial, además de que —durante todo el
procedimiento— las mismas autoridades de policía recalcaron la naturaleza pública
del bien cuya restitución se perseguía.
Por lo anterior, las decisiones adoptadas por las autoridades policivas el 15 y 25 de
septiembre de 2020 son actos administrativos, a lo que se aúna que los aquí
66
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
7_EXPEDIENTEDIGITAL_07ANEXOS3DPROCE(.ZIP). Archivo: 5-AUDIENCIA DE DECISIÓN. P.
15.
67
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
7_EXPEDIENTEDIGITAL_07ANEXOS3DPROCE(.ZIP). Archivo: 5-AUDIENCIA DE DECISIÓN. P.
27.
68
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
7_EXPEDIENTEDIGITAL_07ANEXOS3DPROCE(.ZIP). Archivo: 7-SEGUNDA INSTANCIA NOTIF.
POR AVISO. P. 5.
31
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
demandantes conocieron que la entidad les estaba imprimiendo esta naturaleza,
habida cuenta de que así se surtió la notificación y se emitió la constancia de
ejecutoria69.
En efecto, para la Sala no pasa desapercibido que, en algunos apartes de la propia
demanda, se le da el tratamiento de actos administrativos a las decisiones
proferidas en el marco de los procesos policivos 70, y al plenario se aportaron
pruebas que demuestran que los demandantes alegaron en el trámite de
pertenencia que esa era la naturaleza de las resoluciones emitidas por las
autoridades de policía71.
2.2.3. Conclusión sobre el medio de control procedente para controvertir
los daños derivados de las resoluciones dictadas por las
autoridades de policía en el caso concreto
21. Habida cuenta de que las resoluciones emitidas por las autoridades de policía
gozan de la naturaleza, características y efectos de un acto administrativo, la Sala
destaca que el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del
derecho, y no el de la reparación directa, pues —como se expuso en líneas
anteriores— el reconocimiento de los perjuicios derivados de su expedición
únicamente procede si de manera previa se ha desvirtuado la presunción de
legalidad de la que goza.
22. Contrario a lo sostenido por el a quo, el reproche de los demandantes no
consistió en “los actos y acciones materiales de lanzamiento derivados de los
69
El Inspector Permanente de Policía Categoría Especial Turno 1 envió la citación al apoderado de
los querellados “con el fin de notificarse del Acto Administrativo, Resolución 4161.101.21.0.644 (…)”
(índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: EXPEDIENTE 009-2020
JAMUNDI 2 anexo 4. P. 72), al paso que en el documento de la notificación personal se consignó
que se le hacía entrega “de una copia de dicho Acto Administrativo (…)” (índice SAMAI 56 ante el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: EXPEDIENTE 009-2020
JAMUNDI 2 anexo 4. P. 76), además de que el mismo inspector emitió la constancia de firmeza del
acto administrativo de las decisiones emitidas en este policivo (índice SAMAI 56 ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. 78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip).
Archivo: EXPEDIENTE 009-2020 JAMUNDI 2 anexo 4. P. 81.).
70
Ver, entre otros: hecho 7 (págs. 15 y 16 de la demanda), hecho 21 (p. 38 de la demanda) y hecho
30 (p. 45 de la demanda).
71
Entre otros, en el memorial presentado por los demandantes al proceso de pertenencia el 16 de
diciembre de 2019. Índice SAMAI 74 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Link de
OneDrive con el expediente digital del proceso de pertenencia con radicado
76001310300320160014400. Ruta de acceso: 01PrimeraInstancia – C01Principal – Archivo:
02Cuaderno 1–6 Auto apelado. Págs. 62 y 63.
32
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
procesos policivos”, lo cual hubiera habilitado la reparación directa por los daños
causados por una operación administrativa, sino —explícita y consistentemente—
en la expedición de las decisiones que acusó de «error judicial».
En efecto, se observa que el libelo, reiteradamente, acusó al distrito de Cali de haber
incurrido en error jurisdiccional “al fallar procesos policivos en los cuales desalojó
física y material de la tierra sobre la cual los demandantes ejercían la posesión”,
porque, mediante estas decisiones, la autoridad convirtió las áreas de reserva o
exclusión de las que trata la Ley 1228 de 2008 en una expropiación de facto, al
haber ordenado el desalojo de los poseedores, sin adquirir el predio a través de los
mecanismos legales dispuestos para ello. En este mismo sentido se redactaron las
pretensiones:
“A-Se declare Administrativamente responsable al accionado DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI (…) de todos los daños materiales y morales ocasionados a
los señores EDILMA CASTAÑO DE MUÑOZ (…) y su hijo EDUARDO MUÑOZ
CASTAÑO (…), por los errores jurisdiccionales, de conformidad al hecho G literal
a) numeral 1 al 15 y los hechos J y K de este escrito, contenidos en:
PROCESO POLICIVO 1: (expediente es 4161.050.9.6.1245-2019)
1. La Resolución de primera instancia y la Resolución que resuelve el recurso de
reposición emitidas por la (…) Inspectora de Policía Urbana Categoría Especial (…)
el 3 de julio de 2019.
2. La Resolución 4161.010.21.0.1923 del 20 de agosto de 2019 (…) que desata la
segunda instancia emitida por la Secretaria de Seguridad y Justicia del Municipio de
Cali, actos jurisdiccionales del ente territorial emitidas dentro del proceso policivo
VERBAL ABREVIADO tramitado por iniciativa de la EMPRESA DE RENOVACION
URBANA DE CALI (EMRU) contra los demandantes por ocupación del espacio
público (…) ante la necesidad del propio Municipio de Cali de parte de los terrenos
para la construcción de la ampliación de la Carretera CALI-JAMUNDI, predios
identificados con las matrículas inmobiliarias 370-753602 - 370-753603 (370-
394740) de los que eran poseedores los solicitantes.
PROCESO POLICIVO 2: (expediente es 4161-050.9.6.009-2020)
1. La Resolución de primera instancia y la Resolución que resuelve el recurso de
reposición emitidas por el (…) Inspector Permanente de Policia [sic] (…) el 15 de
septiembre de 2020.
2. La Resolución 4161.010.21.0.644 del 25 de septiembre de 2020 (…) que desata
la segunda instancia emitida por la Secretaria [sic] de Seguridad y Justicia del
Municipio de Cali (…), actos jurisdiccionales del ente territorial emitidas dentro
del proceso policivo VERBAL ABREVIADO tramitado por iniciativa del MUNICIPIO
DE CALI Secretaria de Infraestructura y Valorización contra los demandantes por
ocupación del espacio público, ante la necesidad del propio Municipio de Cali de
todos los terrenos para la construcción de la ampliación de la Carretera
CALIJAMUNDI, predios identificados con las matrículas inmobiliarias 370-753602 -
370-753603 (370-394740) de los que eran poseedores los solicitantes.”
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
33
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
Asimismo, en el recurso de apelación se insistió en la naturaleza judicial de los
policivos y en el error judicial de las decisiones expedidas con ocasión de los
procesos, por lo cual solicitó que se analizara la responsabilidad bajo el respectivo
título de imputación.
Y si bien en la audiencia inicial del proceso se fijó el litigio alrededor de la “falla en
el servicio que conllevó el desalojo”72, sin que las partes hubieran manifestado
oposición alguna, debe resaltarse que los actos de “lanzamiento” o “desalojo” no
son más que la ejecución de las órdenes provistas por las autoridades de policía en
los actos administrativos y, en consecuencia, no puede intentarse el medio de
control de reparación directa con la apariencia de una operación administrativa,
cuando ésta es sencillamente el cumplimiento legal de un acto administrativo
debidamente notificado, y cuya presunción de legalidad no se ha desvirtuado73.
En este sentido, el origen del daño, tal como fue reseñado en la causa petendi —y
que el juez no puede modificar en su ejercicio interpretativo—, no se circunscribe a
las operaciones de desalojo —que, por consiguiente, constituyen meramente la
ejecución de los actos— sino a la expedición de los mismos, que, en atención a su
naturaleza de actos administrativos, debían demandarse con invocación de la
pretensión de nulidad con el fin desvirtuar la presunción de legalidad y, en
consecuencia, acceder al restablecimiento del derecho conculcado con ocasión de
su emisión.
Lo anterior redunda en que el cauce procesal procedente era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que el petitum permita estudiar la responsabilidad
72
“¿Los procesos policivos y judiciales, desarrollados tanto por las inspecciones de policía del Distrito
Especial de Santiago de Cali, como por los juzgados pertenecientes a la Rama Judicial, incurrieron
en falla en el servicio que conllevó el desalojo de los demandantes de una zona de terreno
considerado por las demandadas de espacio público? (…)”. Audiencia inicial del 17 de octubre de
2023 (grabación 21:30 a 22:30). Índice SAMAI 68 ante el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
73
“En efecto, la jurisprudencia consolidada de la Sala es clara en distinguir los actos administrativos
–cuyo contencioso corresponde por regla general al de las nulidades, en la medida en que se discuta
su legalidad- de las medidas de ejecución de esos actos administrativos, las cuales se enmarcan en
la definición de operación administrativa –siendo el cauce procesal adecuado para conocer de esos
litigios, la acción, ahora medio de control, de reparación directa-, permitiéndose acudir a la acción
de reparación directa en aquellos casos en que se haya ejecutado el acto administrativo antes
de su notificación, con prescindencia de ella o cuando se notificó indebidamente. Así, lo que
se entiende por vía de hecho debe ser enmarcada ya sea en la producción del acto administrativo,
cuyo análisis se realiza en sede de las acciones de nulidad, o en su ejecución, correspondiéndole el
cauce procesal de la reparación directa.” (Negrillas fuera del texto original). Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de enero de 2015. Exp: 31612.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
a la luz del medio de control de reparación directa derivado de una operación
administrativa, razón por la cual se adecuará de conformidad con las normas
procesales aplicables74.
3. Demanda en tiempo
3.1. En las pretensiones de reparación directa por error judicial
23. De acuerdo con el artículo 164.2.i del CPACA, el término para presentar la
demanda en ejercicio de este medio de control es de “dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior (…)”.
La jurisprudencia ha explicado que, en eventos de error judicial, el término de
caducidad inicia su conteo a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia a la que se le endilga el yerro75, por cuanto es únicamente en ese
momento en el que el daño se concreta76.
24. En el presente, se resalta que, si bien las pretensiones únicamente se refieren
a errores judiciales contenidos en los procesos de pertenencia y de tutela «de
primera y segunda instancia», sin precisar las decisiones particulares acusadas, de
la narración fáctica es posible desprender que las providencias objeto de la presente
demanda son:
i) De una parte, «el auto notificado el 16 de enero de 2020» mediante el
cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali declaró la terminación
anticipada del proceso de pertenencia77, y la decisión consignada en el
«auto notificado por estado el 29 de septiembre de 2020» del Tribunal
74
Artículo 171 del CPACA: “El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el
trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (…)”.
Artículo 90 del CGP: “El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite
que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.”
75
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp: 17493; auto del 9 de mayo de 2011. Exp: 40.196; sentencia
del 27 de enero de 2012. Exp: 22.205; sentencia del 28 de febrero de 2020. Exp: 44809; sentencia
del 28 de febrero de 2022. Exp: 57011.
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 9 de mayo
de 2011. Exp: 40.196.
77
Hecho 29. Págs. 44 y 45 de la demanda.
35
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala de Decisión Civil de confirmar
en segunda instancia la terminación anticipada78.
ii) Y, de otra, la sentencia de tutela de primera instancia emitida por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 5 de noviembre de
202079, y la de la segunda instancia de la Sala de Casación Laboral de la
misma Corporación del 18 de diciembre de 2020 80.
25. De acuerdo con lo probado en el proceso, la providencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que confirmó la
decisión de terminación anticipada del proceso de pertenencia adoptada por el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali el 15 de enero de 202081, fue emitida el
28 de septiembre de 202082. Igualmente, las sentencias que resolvieron la acción
de tutela fueron proferidas en primera y segunda instancia, respectivamente, el 4 de
noviembre de 202083 y el 9 de diciembre de 202084.
En consideración a que la demanda se presentó el 15 de septiembre de 202185,
esto es, antes de que transcurrieran dos años desde la expedición de las decisiones
judiciales en cuestión y, por contera, desde su ejecutoria, se concluye que estas
pretensiones se elevaron oportunamente.
3.2. En las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de las resoluciones de las autoridades de policía
26. De acuerdo con lo expuesto en fragmentos anteriores, el medio de control
78
Hecho 35. P. 47 de la demanda.
79
Hecho 40. P. 50 de la demanda.
80
Hecho 42. Págs. 51 y 52 de la demanda.
81
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP). Archivo: 9-TERMINACION PROCESO.
82
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP). Archivo: 14-TRIBUNAL CALI 2inst
CONFIRMA.
83
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP). Archivo: 21-CSJ SALA CIVIL - FALLO
1inst.
84
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP). Archivo: 26-FALLO CSJ - SALA
LABORAL 2 inst.
85
Con el previo agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, radicado
el 31 de agosto de 2021, y cuya constancia se expidió el 10 de septiembre del mismo año. Índice
SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 10_EXPEDIENTEDIGITAL_ 13
ANEXOS 7-CONSTANCIAPROCURADURIA(.ZIP). Archivo: 2-CONSTANCIA PROCURADURIA.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
procedente para ventilar estos pedimentos era el de nulidad y restablecimiento del
derecho, que, de acuerdo con el artículo 164.2.d del CPACA, “[c]uando se pretenda
la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro
del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el
caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.
27. Esta Sala observa que el proceso policivo 4161.050.9.6.1245-2019 terminó con
la decisión de la Secretaría de Seguridad y Justicia del distrito de Cali del 20 de
agosto de 201986, que confirmó parcialmente la del 3 de julio de esa misma
anualidad adoptada por la Inspección de Policía Urbana de la Comuna 22 de la
alcaldía de Cali87. Si bien no consta la fecha en la que fue notificada, lo cierto es
que sí obra la citación para efectuar la diligencia de notificación personal el 11 de
septiembre de 201988 y una carta con fecha del 12 de septiembre de 2019 firmada
por Eduardo Muñoz solicitando la entrega de la “copia de la referencia sobre el
expediente ‘La Resolución’”89, con lo cual se evidencia que, incluso si los
demandantes no fueron notificados personalmente el 11 de septiembre, lo hicieron
por conducta concluyente el 12 de septiembre de 2019.
En este orden de ideas, el término de caducidad corrió desde el 13 de septiembre
de 2019 hasta el 13 de enero de 2020, al paso que la solicitud de conciliación —con
la que se pretendió suspender el cómputo— se presentó el 31 de agosto de 202190,
y la demanda, el 15 de septiembre de ese año, es decir, de manera extemporánea.
28. Igualmente, el proceso policivo 4161-050.9.6.009-2020 finalizó con la resolución
emitida por la Secretaría de Seguridad y Justicia del distrito de Cali del 25 de
86
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: expediente policivo 1 1245
2019 edilma castaño anexo 6. Págs. 285 a 296.
87
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: expediente policivo 1 1245
2019 edilma castaño anexo 6. Págs. 249 a 261.
88
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: expediente policivo 1 1245
2019 edilma castaño anexo 6. P. 299.
89
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: expediente policivo 1 1245
2019 edilma castaño anexo 6. P. 299.
90
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
13_EXPEDIENTEDIGITAL_13ANEXOS7CONSTANC(.ZIP). Archivo: 1-AUTO PROCURADURIA.
37
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
septiembre de 202091 que confirmó en todas sus partes la decisión de la Inspección
Permanente de Policía – Casa de Justicia de Siloé del 15 de septiembre de 2020 92,
y fue notificada personalmente al apoderado de los querellados el 7 de octubre de
2020, de acuerdo con la constancia de ejecutoria del acto administrativo93.
Por lo expuesto, el respectivo cómputo para presentar la demanda vencía el 8 de
febrero de 2021, de modo que, también para este caso, se radicó por fuera de la
oportunidad.
29. En conclusión, se declarará oficiosamente la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, vía procesal idónea para debatir la legalidad
de los actos administrativos emitidos por las autoridades de policía. Como
consecuencia, en lo sucesivo, la Sala únicamente se pronunciará sobre la eventual
responsabilidad de la Rama Judicial.
4. Legitimación en la causa
30. El extremo activo está legitimado en la causa por activa, en la medida en la que
reclama haber sufrido los daños derivados del invocado error judicial contenido en
las decisiones de terminar anticipadamente el proceso de pertenencia con radicado
2016-00144, que Edilma Castaño Muñoz y Eduardo Muñoz habían iniciado sobre
unos bienes respecto de los cuales alegaban haber ejercido posesión94. Asimismo,
porque fueron quienes presentaron la acción de tutela en contra de las decisiones
del proceso declarativo95.
Por su parte, la Nación está legitimada en la causa por pasiva y concurre al proceso
debidamente representada por la Rama Judicial, pues fue el Juzgado Tercero Civil
91
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: EXPEDIENTE 009-2020
JAMUNDI 2 anexo 4. Págs. 66 a 71.
92
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: EXPEDIENTE 009-2020
JAMUNDI 2 anexo 4. Págs. 32 a 59.
93
Índice SAMAI 56 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
78_ALLEGANDOPRUEBAS_PRUEBASEDILMACASTA(.zip). Archivo: EXPEDIENTE 009-2020
JAMUNDI 2 anexo 4. P. 81.
94
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4_EXPEDIENTEDIGITAL_04ANEXOS3APROCES(.ZIP). Archivo: 2-AUTO ADMITE PROCESO
PERTENENCIA.
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Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4_EXPEDIENTEDIGITAL_04ANEXOS3APROCES(.ZIP). Archivo: 21-CSJ SALA CIVIL - FALLO
1inst.
38
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
del Circuito de Cali y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
quienes emitieron la decisión de primera y segunda instancia de terminar
anticipadamente el proceso de pertenencia con radicado 2016-0014496, y las salas
de Casación Civil y de Casación Laboral las que resolvieron la acción de tutela en
primera y segunda instancia objeto del reproche97.
II. Problema Jurídico
31. En atención a los cargos presentados en la impugnación, le corresponde a la
Sala analizar:
i) Si la providencia mediante la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Cali declaró la terminación anticipada del proceso de pertenencia incurrió
en error judicial, por no haber previamente incorporado y valorado las
pruebas oportunamente presentadas por los demandantes, que
demostraban que el predio no era de naturaleza pública.
ii) Si la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que
confirmó la antedicha providencia, contiene un error judicial con el que se
violó el debido proceso de los demandantes por no haberse pronunciado
sobre el cargo de la alzada y por haber sustentado su conclusión en
hechos distintos a los establecidos en la primera instancia, a pesar de no
haber sido objeto de apelación.
iii) Si el fallo de tutela de primera instancia emitido por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia es constitutivo de error judicial por
haber limitado su pronunciamiento a argumentos que no habían sido
esgrimidos en la demanda.
iv) Si la sentencia de la Sala de Casación Laboral de segunda instancia de
tutela deriva en error judicial por no haberse pronunciado sobre los
argumentos de la impugnación y haber sustentado su decisión en
consideraciones abiertamente erróneas.
96
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4_EXPEDIENTEDIGITAL_04ANEXOS3APROCES(.ZIP). Archivo: 9-TERMINACION PROCESO;
14-TRIBUNAL CALI 2inst CONFIRMA.
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Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4_EXPEDIENTEDIGITAL_04ANEXOS3APROCES(.ZIP). Archivo: 21-CSJ SALA CIVIL - FALLO
1inst; 26-FALLO CSJ - SALA LABORAL 2 inst.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
III. Análisis de la Sala
1. Responsabilidad del Estado por error judicial
32. En concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política, la Ley 270 de
1996 estableció, expresamente, la responsabilidad del Estado por las acciones u
omisiones de los agentes judiciales, de la siguiente manera:
“Artículo 65: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que
le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la
privación injusta de la libertad.”
(Negrillas fuera del texto original).
De acuerdo con el artículo 66 del mismo compendio normativo, el error judicial o
jurisdiccional “[e]s aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a
través de una providencia contraria a la ley”.
Y su artículo 67 señala que, para que proceda el reconocimiento del error judicial,
el afectado debe haber presentado los recursos de ley y la providencia acusada del
yerro debe estar en firme.
Así, de acuerdo con esta Sección, esta responsabilidad nace de las providencias
judiciales contrarias a derecho que causan un daño antijurídico al destinatario de la
decisión:
“(…) esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros emanados de una
autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente de la función de
impartir justicia en un proceso determinado, que se materializan en una
providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se interpreta, se
declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo y que causa un daño
antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme al
ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría
causado la afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de
responsabilidad.”98.
(Negrillas fuera del texto original).
33. Sobre la exigencia de que la providencia sea contraria a derecho, esta Sección
98
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de
febrero de 2022. Exp: 57011.
40
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
ha precisado que este título de imputación “se configura únicamente en los casos
en los cuales las providencias que se consideren como causantes del daño no
tengan justificación fáctica o jurídica, al carecer de razonamientos válidos,
aceptables y coherentes”99, sin que pueda desconocerse la autonomía e
independencia que rige la actividad judicial100:
“(…) toda vez que uno de los límites del razonamiento jurídico es la inaplicabilidad
del principio de unidad de respuesta correcta como un imperativo a observar en
todos los casos, debe admitirse que cuando el decidor judicial se enfrenta a
problemas jurídicos que no pueden ser resueltos mediante el sólo recurso a la lógica
deductiva ⎯razonamiento silogístico⎯, diversos operadores jurídicos pueden
llegar a soluciones disímiles, sí, pero igualmente razonables en tanto
correctamente justificadas. Ello imposibilita predicar, en estos casos, la existencia
de error jurisdiccional ⎯de hecho, la dificultad estribaría en identificar la (única)
alternativa acertada o jurídicamente admisible y poder distinguirla de las demás ⎯
pues, de no ser así, por vía de ejemplo, los simples cambios de posición jurídica por
parte de la jurisprudencia de los Altos Tribunales ⎯entendiendo que las
correspondientes mutaciones obedecen a criterios coherente, suficiente y
razonablemente justificados⎯, darían lugar a que se declarara la responsabilidad
patrimonial del Estado.
Por tanto, sólo las decisiones judiciales que ⎯sin necesidad de que constituyan
una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales⎯ resulten contrarias a Derecho por carecer de una
justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de
aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error
jurisdiccional.”101.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
Así, se ha sostenido que el juez de la reparación debe limitarse a evaluar si la
decisión a la que se le endilga el error se sustentó en un análisis racional y
razonable, sin que la “mera discrepancia hermenéutica”102 sea suficiente para erigir
el error judicial, y sin que sea de su competencia estudiar el fondo del asunto:
“(…) Bajo esta óptica, sólo los entendimientos que se ofrezcan irrazonables o
carentes de sustento argumentativo, serán susceptibles de generar responsabilidad
estatal con base en el título de imputación definido por el citado artículo 67 de la Ley
270 de 1996, sin que este último pueda ser utilizado como una vía para generar
una nueva instancia en el juzgamiento de los casos que son de conocimiento
de la jurisdicción a través de los procesos originarios.”103.
99
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de
junio de 2019. Exp: 44862.
100
Ibidem.
101
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de
mayo de 2007. Exp: 15.576. Esta providencia contiene un análisis extenso sobre la diferencia entre
el error judicial y la vía de hecho judicial.
102
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de
febrero de 2018. Exp: 43735.
103
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de
mayo de 2007. Exp: 15.576. Esta providencia contiene un análisis extenso sobre la diferencia entre
el error judicial y la vía de hecho judicial.
41
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
(Negrillas fuera del texto original).
En conclusión, el error judicial se concreta en una decisión judicial en firme contraria
al ordenamiento jurídico, entendida como aquella desprovista de fundamentación
jurídica o fáctica razonable y coherente.
2. Caso concreto
2.1. Sobre la decisión de terminar anticipadamente el proceso de
pertenencia
34. Se recalca, en este punto, que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
concluyó que la terminación anticipada del proceso era una facultad y obligación del
juez en el caso de que, en el proceso de pertenencia, se advirtiera que el bien era
público.
El cargo de la impugnación aquí estudiada consistió en que la decisión de
terminación anticipada del proceso de pertenencia fue adoptada por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Cali sin antes haberle otorgado a las partes la garantía
de controvertir las pruebas en las que sustentó su decisión, y por no haber
«tramitado» las evidencias aportadas oportunamente en el memorial del 14 de
noviembre de 2020104, particularmente, el registro del bien identificado con la
matrícula inmobiliaria 370-394740, que demostraban que el predio objeto de
posesión era de propiedad privada.
35. Antes de abordar los hechos probados, debe exponerse que este auto está en
firme en virtud de que fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, lo que habilita que se estudie bajo el título de imputación de error judicial, sin
perjuicio de lo cual, el extremo activo acusó tanto esta decisión como la de segunda
instancia de contener yerros, por lo cual serán analizados separadamente.
36. En el expediente del presente trámite obra copia del auto del 15 de enero de
2020 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali que declaró la terminación
104
Aun cuando en la apelación se hace referencia a esta fecha, de la demanda es posible inferir que
realmente se trata del documento presentado el 14 de noviembre de 2019 (hecho 24, p. 39 de la
demanda).
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
anticipada del proceso de pertenencia con radicado 2016-00144105 con fundamento
en que:
“(…) se evidencia que efectivamente la Superintendencia de Notariado y Registro a
través de la Resolución No. 928 del 27 de diciembre de 2018, dispuso corregir el
folio de matrícula inmobiliaria No. 370-371322, en el sentido de dejar sin efecto ni
validez jurídica la anotación No. 05, en el cual se registró la escritura pública No.
4073 del 22 de septiembre de 1992 por la cual LA NACIÓN vende a RODRIGO
PINZÓN SÁNCHEZ el área restante del inmueble descrito y alinderado identificado
correspondiente a 2 hectáreas (8.118 M2), dejándola sin valor ni efecto registral, por
lo que procede a la reapertura de este folio de matrícula.
Como consecuencia de la corrección de la anotación No. 05 del folio de matrícula
inmobiliaria No. 370-371322 que contiene el acto de compraventa del área restante
que dio origen a la apertura del folio de matrícula inmobiliaria No. 370-710047,
procede la corrección de la anotación No. 01 de este último folio de matrícula citado,
dejándolo sin efecto ni validez jurídica y en consecuencia de ello procede a su
cierre y a los que se segregaron de aquél identificados con los números de
matrícula inmobiliaria 370-753600, 370-753601, 370-753602 y 370-753603.
La anterior decisión llama poderosamente la atención de este despacho judicial,
toda vez que precisamente los bienes inmuebles que son objeto de usucapión
y que corresponden particularmente a los folios de matrícula Nos. 370-753602
y 370-753603, según la resolución emitida por la Superintendencia de Notariado y
Registro, se encuentran cerrados por el hecho de haberse abierto con
fundamento en un título inexistente, generando que el único folio de matrícula
inmobiliaria abierto sea el matriz de mayor extensión identificado con el No.
370-371322 y que según se evidencia pertenece a la NACIÓN (Ferrocarriles
Nacionales de Colombia en liquidación) y por lo tanto es inalienable,
inembargable e imprescriptible.”
(Negrillas fuera del texto original).
Igualmente, dicho Despacho ordenó glosar el expediente “sin efectuar trámite
alguno los escritos allegados por el mandatario judicial de la parte actora de fecha
16 de diciembre de 2019”. Ninguna determinación tomó respecto del escrito
aportado el 14 de noviembre de 2019, que es aquel objeto de la impugnación aquí
estudiada.
En dicho memorial del 14 de noviembre de 2019106, el extremo activo del proceso
de pertenencia se pronunció sobre las excepciones presentadas, entre otros, por el
municipio de Cali, quien manifestó que era el propietario del predio identificado con
la matrícula inmobiliaria 370-371322107. De esta manera, los demandantes hicieron
el recuento de la titularidad del inmueble así identificado desde 1915, a partir de lo
105
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Expediente digital:
10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP). Archivo: 9-TERMINACION PROCESO.
106
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Expediente digital:
10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP). Archivo: 6-RESPUESTA A EXEPCIONES
Y PRUEBAS.
107
Ibidem. P. 16.
43
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
cual señalaron que, en 1992, Ferrocarriles Nacionales “vendió la nuda propiedad
del lote” al señor Rodrigo Sánchez Pinzón, quien, posteriormente, en el año 2006,
hizo lo propio a favor de José Jesús Restrepo Quintero, Alvenis Ojeda Daza, Anwar
Julián Restrepo Gallego, Faully Andrés Restrepo Gallego, de modo que el “polígono
de terreno (…) pasó a tener en la Oficina de Registro de Cali la matrícula inmobiliaria
370-710047”. Igualmente, indicaron que en el 2006 los mencionados propietarios
dividieron materialmente el bien, de lo cual resultaron cuatro lotes distintos,
identificados con las matrículas inmobiliarias 370-753600, 370-753601, 370-753602
y 370-753603.
Con este contexto, los solicitantes de la usucapión resaltaron que habían
demandado a quienes eran los titulares de los bienes objeto del proceso, que no
eran otros que los identificados con las matrículas 370-753602 y 370-753603, sin
que aquel predio identificado con el folio 370-371322 estuviera incluido en sus
pretensiones. Para sustentar su argumentación, solicitaron que se decretaran como
pruebas unas escrituras públicas y unos certificados de tradición, entre otros, así
como algunos testimonios y el interrogatorio de parte de los demandados.
37. Según el artículo 375.4 del CGP:
“La declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de
propiedad de las entidades de derecho público.
El juez rechazará de plano la demanda o declarará la terminación anticipada del
proceso, cuando advierta que la pretensión de declaración de pertenencia
recae sobre bienes de uso público, bienes fiscales, bienes fiscales
adjudicables o baldíos, cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de
propiedad de alguna entidad de derecho público. Las providencias a que se
refiere este inciso deberán estar debidamente motivadas y contra ellas procede el
recurso de apelación.”
(Negrillas fuera del texto original).
Se observa que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali advirtió que los bienes
sobre los cuales se pretendía la pertenencia —valga aclarar, los identificados con
matrícula inmobiliaria 370-753602 y 370-753603108— eran públicos, con base en la
Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018 de la Superintendencia de Notariado y
108
De acuerdo con la demanda de pertenencia (índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca. Expediente digital: 10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP).
Archivo: 1-DDA PROCESO PERTENENCIA – EVIDENCIAS) y con lo admitido por los demandantes
en el memorial del 14 de noviembre de 2019 (índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca. Expediente digital: 10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP).
Archivo: 6-RESPUESTA A EXEPCIONES Y PRUEBAS).
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
Registro que fue allegada a ese proceso y, según consta109, ordenó la corrección
del folio de matrícula inmobiliaria 370-371322, toda vez que se señaló que la
escritura pública 4073 de 1992, por medio de la que la Nación le vendió el inmueble
a Rodrigo Pinzón Sánchez era falsa, razón por la cual los folios 370-710047, 370-
753600, 370-753601, 370-753602 y 370-753603 —todos derivados de dicha
escritura pública—, debían cerrarse.
En otras palabras, para el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, la orden de la
Superintendencia de Notariado y Registro implicó que se retrotrajeran las
inscripciones efectuadas con ocasión de la escritura pública 4073 de 1992 o
posterior a ésta, por lo cual el único folio de matrícula que pervivía era el 370-371322
—del cual se habían desprendido los 370-753602 y 370-753603 pedidos en
pertenencia, y que habían sido cerrados—, que era de dominio público.
Con base en esta conclusión extraída de las pruebas obrantes en el proceso
ordinario, ese Despacho aplicó el artículo 375.4 del CGP que regula ese supuesto
de hecho y, en consecuencia, declaró la terminación anticipada del proceso.
Se resalta que ni los argumentos propuestos en el memorial del 14 de noviembre
de 2019, ni las pruebas allí solicitadas, tenían la virtualidad de mutar la decisión
adoptada por el juzgado; en primer lugar, porque lo señalado en esa ocasión por los
demandantes en cuanto a los traspasos del inmueble coincidía con la conclusión
del auto del 15 de enero de 2020, salvo porque los accionantes dejaron de lado la
Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018 de la Superintendencia de Notariado y
Registro, que fue en virtud de la cual se determinó que la titularidad del bien volvía
a ser pública.
En segundo lugar, porque el dominio público del bien —derivada de la Resolución
928 del 27 de diciembre de 2018 de la Superintendencia de Notariado y Registro,
que ordenó las correcciones en los folios de matrícula inmobiliaria— no puede ser
contradicho mediante escrituras públicas, certificados de tradición de otros
inmuebles, resoluciones o diligencias emitidas o desarrolladas en el marco de los
109
Índice SAMAI 74 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Link de OneDrive con el
expediente digital del proceso de pertenencia con radicado 76001310300320160014400. Ruta de
acceso: 01PrimeraInstancia – C01Principal – ExpedienteFisico. Archivo: 2015-144 Escrito descorre
excepciones y anexos. Págs. 17 a 26.
45
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
policivos, sentencias de tutela, testimonios ni interrogatorios de parte110, solicitados
por los actores.
Y finalmente, porque la Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018 de la
mencionada Superintendencia constituye un acto administrativo que goza de
presunción de legalidad, ejecutoriedad y ejecutividad, de modo que esta Sala no
puede desconocer la obligatoriedad de lo allí dispuesto, salvo que se declare su
nulidad ante la respectiva pretensión expresamente invocada en ese sentido, previa
la utilización de los medios de control correspondientes.
38. Por lo expuesto, esta Sala concluye que la decisión emitida por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Cali de terminar anticipadamente el proceso no contiene
error judicial alguno, en cuanto se aplicó la norma que regula el supuesto de hecho
correspondiente, con base en las pruebas conducentes para demostrar la titularidad
pública del bien, y sin que el memorial allegado o las pruebas solicitadas
previamente por los demandantes tuvieran la virtualidad de modificar los
presupuestos fácticos o jurídicos de la decisión.
2.2. Sobre la decisión de confirmar la terminación anticipada del proceso
de pertenencia
39. Se recuerda que el reproche en este punto consiste en que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, en lugar de pronunciarse exclusivamente sobre el
argumento expuesto por el apelante, que se refería a la propiedad del bien, confirmó
que el predio era de la Nación, pero de una entidad pública distinta —municipio de
Cali— asunto que no era ámbito de la alzada, con lo cual se violó el debido proceso
de los demandantes.
40. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia se limita a los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que le correspondan de oficio, y sin que pueda violar el non reformatio
in pejus, salvo que la modificación entrañe la reforma de puntos íntimamente
110
La Sección tiene establecido, de manera unificada, que la manera de probar el derecho real de
dominio sobre un bien inmueble es el registro en la oficina de instrumentos públicos, en la medida
en la que, de acuerdo con el artículo 756 del Código Civil, sólo así se efectúa la tradición como forma
de adquirir el dominio, al paso que la escritura pública que consigna la transacción funge únicamente
el título. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección
Tercera. Sentencia de 13 de mayo de 2014. Exp: 23128.
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Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
relacionados con ella.
41. En el presente, el recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado
por los demandantes del proceso de pertenencia 111 señaló que no existía prueba de
ninguna solemnidad que demostrara que el bien hubiera sido traspasado a
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a Ferrovías o al INVIAS. Adicionalmente, que
el proceso no debía terminar porque debía establecerse quién era el verdadero
titular, “en virtud de que las matriculas [sic] 370-759195 y 370-759193 no han sido
afectadas por la Fiscalía ni la Superintendencia de Notariado y Registro y
pertenecen a una entidad de derecho privado y por ende pueden ser objeto de
usucapión”.
Añadió que las resoluciones proferidas en el marco de los policivos habían
demostrado que la compra efectuada por el municipio de Cali por medio de la
escritura pública 1428 del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 370-
394740 no había sido total, de modo que una parte ubicada dentro de sus linderos
eran de naturaleza privada, y eran de propiedad de Echeverry Campo y Cia S. en
C. y LF Rivera e Hijos S.A.S. (370-759195), y de la Universidad Libre, cedido por
éste al municipio de Cali (370-759193), además de que el Juzgado Tercero Civil del
Circuito no se había pronunciado sobre la solicitud de vincular a José Orlando Alzate
Alzate como propietario del bien identificado con matrícula inmobiliaria 370-394740.
Finalmente, que la Resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro no
vinculaba a los demandantes, pues era un acto administrativo de carácter particular
y concreto que no se les había notificado.
Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali112 advirtió que los
bienes sobre los cuales se pretendió la usucapión corresponden a folios de
matrícula inmobiliaria que fueron cerrados por orden de la Resolución 928 de 2018
(370-753602 y 370-753603), y que volvieron a ser parte de la matriz 370-371322.
Consideró que el propietario del inmueble identificado con la matrícula 370-371322
era la Nación, y de la porción que de éste se segregó y actualmente subsistía,
identificado con el número 370-394740, era el municipio de Cali, a través de la
111
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Expediente digital:
10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP). Archivo: 10-RECURSOS DE
REPOSICION Y APELACION.
112
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Expediente digital:
10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP). Archivo: 14-TRIBUNAL CALI 2inst
CONFIRMA.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00905-01 (71.774)
Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
Asunto: Medio de control de reparación directa
Secretaría de Infraestructura y Valorización, de acuerdo con la anotación 20
consignada en el respectivo registro.
42. En criterio de esta Sala, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali sí se
pronunció sobre el cargo presentado por los impugnantes en torno a la propiedad
del bien, en el sentido de delimitar cuáles eran los bienes objeto del proceso de
pertenencia y cuál era la fuente de su titularidad pública. Igualmente, se resalta que
el Tribunal se pronunció sobre el predio identificado con la matrícula 370-394740
para precisar que éste se había segregado de aquel identificado con el folio 370-
371322, y era de propiedad del municipio de Cali, porque en la impugnación se
sostuvo la calidad privada de los bienes pretendidos en pertenencia sobre la base
de que el bien 370-394740 seguía siendo propiedad privada, en virtud de que la
venta efectuada mediante la escritura pública 1428 había sido apenas parcial.
Más aún, se concluye que con tal determinación no se violó el debido proceso de
los demandantes, pues lo cierto es que la decisión no modificó la primera instancia,
ni agravó la situación de los accionantes, ni mucho menos les impidió presentar
argumentos o pruebas que, entonces, hubieran alterado la solución.
Por lo anterior, no se evidencia que la providencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali hubiera incurrido en error judicial.
2.3. Sobre la primera instancia de la acción de tutela que negó el amparo
43. El reproche de la alzada consiste en que la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia no se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la demanda de tutela
y, en su lugar, definió que el fallo reprochado no era «descabellado», asunto que no
fue objeto de la acción.
44. La acción de tutela presentada por los aquí demandantes113 solicitó que se
ampararan los derechos al debido proceso, a la defensa y a ser oído por la
administración de justicia, que habían sido violados porque el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Cali nunca incorporó las pruebas solicitadas en el escrito del 14 de
noviembre de 2019 y no vinculó a José Orlando Alzate Alzate, como se pidió en el
113
Índice SAMAI 3 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Expediente digital:
10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP). Archivo: 19-ESCRITO TUTELA.
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Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
Demandado: Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otro
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memorial del 16 de diciembre de 2019, a pesar de lo cual terminó anticipadamente
el proceso y confirmó su decisión en reposición, sin analizar las pruebas o los
argumentos de los demandantes.
Además, porque al conceder la apelación, el juzgado únicamente envió “los
documentos necesarios para que se confirme su decisión de primera instancia, sin
enviar las pruebas y la solicitud de la parte accionante de diciembre 16 [sic] de
2019”, y no accedió a la petición de adición de pruebas formulada por el extremo
activo el 21 de agosto de 2020. Igualmente, que el Tribunal Superior del Distrito de
Cali confirmó la decisión con un argumento diferente al expuesto en la primera
instancia, y sin importar que no se hubiera dado trámite a la solicitud de pruebas y
de vinculación presentados. Por ello, solicitó que se dejaran sin efectos las
providencias dictadas en el proceso de pertenencia que habían declarado su
terminación anticipada.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 4 de noviembre de
2020114, indicó que el amparo constitucional procedía de manera excepcional y ante
una irrefutable vía de hecho, a partir de lo cual manifestó que: “las decisiones
controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia
de que se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera
que el reclamo de los peticionarios no halla [sic] recibo en esta sede excepcional”,
y agregó que “en rigor, lo que aquí plantearon los tutelantes es una diferencia de
criterio acerca de la valoración efectuada en la sentencia anticipada definitoria del
litigio, así como en el proveído que resolvió la súplica impetrada; en cuyo caso tales
inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o
arbitrarias”.
45. Aun cuando es cierto que la Sala de Casación Civil no evacuó en su totalidad
los fundamentos de la demanda de tutela, no se puede desconocer que resolvió la
solicitud de amparo propuesta por los accionantes y negó la medida pretendida de
dejar sin efectos las decisiones acusadas, en cuanto concluyó que la acción de
tutela únicamente procedía en contra de providencias judiciales cuando se
demostrara una “evidente vía de hecho”, que no se había configurado en el sub
judice.
114
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10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP). Archivo: 21-CSJ SALA CIVIL - FALLO
1inst.
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Demandante: Edilma Castaño de Muñoz y otro
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Para esta Sala, la decisión del órgano colegiado en cuestión dista de contener un
yerro, pues lo cierto es que los argumentos presentados en la demanda de tutela
se dirigían a demostrar una vía de hecho en las decisiones tuteladas, al punto que
se pretendía que éstas se dejaran sin efectos, razón por la cual se subraya que la
conclusión consistente en la ausencia de vía de hecho implica un pronunciamiento
sobre lo pedido por los accionantes.
2.4. Sobre la segunda instancia de la acción de tutela que la declaró
improcedente
46. En este último punto, los apelantes señalan que la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia no se pronunció sobre los cargos de la impugnación
en contra de la sentencia de tutela de primera instancia y, a contrario sensu, declaró
la improcedencia de la tutela por considerar que los accionantes habían debido
solicitar la adición del fallo emitido por el Tribunal Superior del Distrito de Cali, a
pesar de que —según indica el extremo activo— tal actuación procesal habría
resultado violatoria del artículo 328 del CGP, además de impertinente, en cuanto el
Tribunal había decidido el único punto de fondo, el cual era definir la naturaleza del
bien objeto de posesión.
47. En el caso de marras, está probado que el escrito de impugnación presentado
en contra de la sentencia de tutela de primera instancia 115 se limitó a señalar que la
demanda de tutela no se había centrado en acusar las decisiones del proceso
ordinario de caprichosas, ni en pretender imponer un criterio jurídico a dichos
jueces, sino en que se analizara la violación al derecho de defensa, por no haber
decretado las pruebas solicitadas por los demandantes en pertenencia en el
memorial del 14 de noviembre de 2019 y por no haberle dado trámite a la solicitud
de vinculación presentada el 16 de diciembre de 2019, de modo que la decisión de
terminación anticipada del proceso declarativo se había adoptado sin la valoración
de los argumentos y pruebas allí contenidos, motivos que no fueron estudiados por
la Sala de Casación Civil.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia
115
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10_EXPEDIENTEDIGITAL_10ANEXOS4ACTUACI(.ZIP). Archivo: 22-APELACION firmado 6 nov-
2020.
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de segunda instancia116 en la que refirió que el reproche puesto a su consideración
consistía en que:
“Al descender al sub lite, la Sala observa que de conformidad con la impugnación el
problema jurídico a resolver se contrae a dilucidar si la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali vulneró los derechos fundamentales de los
accionantes al proferir la providencia de 28 de septiembre de 2020, mediante la cual
confirmó la de primer grado que declaró la terminación anticipada del proceso.
Como sustento de su inconformidad, los tutelantes aseguran que dicha
determinación resulta lesiva de sus derechos fundamentales, toda vez que, en su
sentir, el ad quem omitió pronunciarse sobre la totalidad de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.”
Así, determinó que los accionantes contaban con la posibilidad de solicitar la adición
de la providencia de segunda instancia en el proceso de pertenencia con el fin de
obtener un pronunciamiento acerca de lo que ahora pedían a través del mecanismo
de tutela, y que no haberlo solicitado había obedecido a su negligencia, con lo cual
se desconocía el carácter residual y subsidiario del remedio constitucional. De esta
manera, revocó el fallo de primera instancia de tutela y dispuso la improcedencia de
la acción.
48. Con lo aquí probado, deviene diáfano que la Sala de Casación Laboral definió
incorrectamente el reparo planteado en la acción de tutela y en la impugnación en
contra de la sentencia de la Sala de Casación Civil. En efecto, mientras la Sala de
Casación Laboral consideró que la impugnación se encaminaba a reprochar que la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali no se había pronunciado
sobre la totalidad de los argumentos presentados en el recurso de apelación
formulado en contra de la decisión de terminar anticipadamente el proceso de
pertenencia, los impugnantes realmente se centraron en acusar la terminación
anticipada de violatoria de su derecho de defensa, en cuanto se adoptó sin la
valoración de unas pruebas y argumentos presentados oportunamente.
En este sentido, esta discrepancia sobre los motivos de la impugnación, condujo a
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyera que el
impugnante tenía la carga de presentar la solicitud de adición de la sentencia en el
proceso ordinario para obtener el pronunciamiento sobre los puntos faltantes, lo cual
116
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LABORAL 2 inst.
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—como acierta el censor— no fue el sustento fáctico de la interposición de la acción
de tutela, de modo que esta providencia incurre en el yerro consistente en decidir
un asunto que no fue puesto a su consideración.
No obstante, del error contenido en esta decisión no se deriva la reparación del daño
pretendido, que no es otro que la imposibilidad de los demandantes de adquirir a
través de la prescripción adquisitiva el dominio de los bienes objeto del proceso de
pertenencia 2016-00144, en la medida en la que la terminación de dicho trámite
ordinario no se derivó de la sentencia de la Sala de Casación Laboral.
En otras palabras, el reconocimiento del error judicial no entraña la reapertura del
proceso de pertenencia que, como se ha demostrado, se terminó por virtud de la
decisión —fundamentada y razonable conforme a las normas legales que regulan
la materia— del Juzgado Tercero Civil del Circuito, confirmada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, con base en la advertencia sustentada en las
pruebas del proceso ordinario de que los bienes pretendidos en usucapión eran
públicos.
De esta manera, se concluye que el yerro contenido en la sentencia del 9 de
diciembre de 2020 resulta irrelevante en relación con las pretensiones
indemnizatorias deprecadas por la actora, en tanto esa decisión no causó el daño
reclamado.
IV. Conclusión
49. En cuanto a las pretensiones dirigidas en contra del distrito de Cali, en atención
a lo expuesto en los acápites de medio de control procedente y demanda en tiempo,
se adecuará al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
consecuencia, se declarará su caducidad.
50. En atención a los problemas jurídicos esbozados respecto de las pretensiones
en contra de la Rama Judicial, se concluye las providencias emitidas por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
en el marco del proceso de pertenencia no incurrieron en error judicial, toda vez que
la decisión de terminarlo anticipadamente se fundamentó en el artículo 375.4 del
CGP, que consagra esta consecuencia jurídica cuando se advierte que la usucapión
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recae sobre bienes, entre otros, fiscales. Esta situación se acreditó respecto de los
predios objeto del proceso —identificados con las matrículas inmobiliarias 370-
753602 y 370-753603— con apoyo en la Resolución 928 de 2018 de la
Superintendencia de Notariado y Registro, que ordenó cerrar dichos folios de
matrícula, a partir de lo cual se determinó que el único folio de matrícula que
subsistía era el 370-371322 —del cual se habían desprendido los 370-753602 y
370-753603—, que era de dominio público.
Así, la valoración de los argumentos o de las pruebas presentadas en el memorial
del 14 de noviembre de 2019 no tenía la virtualidad de modificar esta decisión, en
primer lugar, porque los demandantes no se pronunciaron sobre la resolución de la
Superintendencia —con sustento en la cual se concluyó la naturaleza pública del
bien— y, en cualquier caso, porque la resolución constituye un acto administrativo,
cuyo desconocimiento supone, de manera previa, la declaratoria de su nulidad que,
a su vez, debe haberse pretendido expresamente a través del medio de control
correspondiente, además de que las evidencias exhibidas en esa oportunidad por
los demandantes no tenían la potencialidad de mutar los presupuestos fácticos o
jurídicos en que se basó la providencia.
Igualmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al confirmar la decisión,
no violó el debido proceso, porque se pronunció sobre el cargo presentado, no
modificó la primera instancia, ni agravó la situación de los accionantes; tampoco les
impidió presentar argumentos o pruebas que, de lo contrario, hubieran alterado la
solución.
En el mismo sentido, la sentencia de primera instancia de tutela proferida por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, no incurrió en error judicial, toda
vez que se consideró que en las providencias impugnadas —mediante las cuales
se terminó anticipadamente el proceso de pertenencia— no se había configurado
una vía de hecho, que era un requisito para las acciones de tutela en contra de
decisiones judiciales, de lo que se deriva que la sentencia en cuestión sí contiene
un pronunciamiento sobre lo pedido por los accionantes.
Finalmente, aunque la sentencia de segunda instancia de tutela de la Sala de
Casación Laboral delimitó erróneamente el reproche esbozado por los accionantes,
de ello no se deriva el daño reclamado, por lo cual no puede declararse la
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responsabilidad del Estado con fundamento en esta providencia.
Así, estas pretensiones serán negadas.
V. Costas
51. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP, que, a su turno, en el numeral 1 de su artículo 365, establece que “[s]e
condenará en costas a (…) quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación”, y en su numeral 8 que sólo se reconocerán “cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
52. De acuerdo con el artículo 361 ibídem, las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”, estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada
instancia por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Las expensas y agencias se liquidan de manera concentrada por el juez
de primera instancia, según el artículo 366.
Como en el presente asunto se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación
propuesto, se condenará en costas por la segunda instancia a la parte vencida, que
en este caso es el extremo activo; sin embargo, se observa que los demandados no
ejercieron ninguna actuación en esta instancia, de modo que las agencias en
derecho no se causaron y, por tanto, no se fijarán.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 11 de julio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para en su lugar disponer:
“1°.- ADECUAR la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento
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del derecho en lo que atañe las pretensiones dirigidas en contra del distrito
de Cali, y DECLARAR de oficio la caducidad de este medio de control, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
2°.-.NEGAR las pretensiones dirigidas en contra de la Nación – Rama
Judicial, por las consideraciones que anteceden”.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la demandante en segunda instancia. No fijar
agencias en derecho, por no haberse causado.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
(Aclaración de voto)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE117
NICOLÁS YEPES CORRALES
117
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
55
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