Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05923-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05923-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05923-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05923-00
Accionante: JOSÉ GUILLERMO TADEO ROA SARMIENTO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SALA DOCE ESPECIAL DE
DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Recurso extraordinario de revisión
que se rechazó por extemporaneidad. Defectos sustantivo y
procedimental. Requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, quien actúa en
nombre propio, contra la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de septiembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Con base en lo dicho, ruego a su Señoría (i) amparar mis derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, (dejar sin efecto el auto del 6
de diciembre de 2024 y los autos de 11 de marzo y 16 de mayo de 2025 iii) ordenar a la
Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado admitir y tramitar el recurso
extraordinario de revisión presentado el 7 de octubre de 2024 y (iv) adoptar las medidas
necesarias para restablecer plenamente mis derechos fundamentales”.
2. Hechos
2.1. De las actuaciones adelantadas en el proceso de reparación directa con
radicado núm. 25000-23-26-000-2012-00619-01
El accionante relató que presentó acción de reparación directa (Decreto 01 de
1984) contra la Nación, Rama Judicial, en la que solicitó el pago de los perjuicios
ocasionados por la pérdida del inmueble identificado con folio de matrícula núm.
050-0130095, toda vez que se incurrió i) en un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por cuanto el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá
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Accionante: José Guillermo Tadeo Roa
Sarmiento
notificó indebidamente el auto del 3 de abril de 1997, mediante el cual se libró
mandamiento de pago en un proceso ejecutivo de mayor cuantía que se adelantó
en su contra, y, ii) en un error jurisdiccional en las providencias de 8 de junio de
2007, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia en la que se
rechazó la excepción de prescripción y de 7 de septiembre de 2011, en la que se
declaró a la señora Mauren Miranda Fernández como poseedora de buena fe del
inmueble, ambas proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá.
Sostuvo que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en fallo de 30 de enero de 2014, negó las pretensiones de la
demanda, al constatar que las actuaciones adelantadas por el Juzgado Trece Civil
del Circuito de Bogotá cumplieron con lo previsto en el artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil. Asimismo, estimó que las providencias de 8 de junio de 2007
y de 7 de septiembre de 2011, proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, no incurrieron en un error jurisdiccional, pues estuvieron
ajustadas al ordenamiento jurídico.
Indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación. La
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 14 de
diciembre de 2022, la modificó y declaró de oficio la caducidad respecto del
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la indebida
notificación del auto del 3 de abril de 1997 que libró mandamiento de pago en contra
de José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento y respecto al cargo del error jurisdiccional,
contenido en la providencia de 8 de junio de 2007 que declaró la terminación del
proceso ejecutivo y ordenó devolver materialmente el bien inmueble al señor Roa
Sarmiento. En lo demás, negó las pretensiones de la demanda.
2.2. De las actuaciones adelantadas en la acción de tutela con radicado núm.
11001-03-15-000-2023-06348-001
Señaló que presentó acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, con el fin de que se accediera al amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e
igualdad y, en consecuencia, se dejara sin efecto el fallo de 14 de diciembre de
2022.
Afirmó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
sentencia de 15 de noviembre de 2023, amparó el derecho fundamental al debido
proceso del accionante, dejó sin efectos la sentencia de 14 de diciembre de 2022
de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por haber
incurrido en un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo y, en consecuencia, ordenó que se dictara una
decisión de reemplazo en la que se estudiara en debida forma el conteo de la
caducidad de la acción.
1
En auto de 24 de mayo de 2024, la Corte Constitucional decidió no seleccionar la acción de tutela.
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T10129003&lista=datos
Expedientes_1762875340635.
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El accionante y la Rama Judicial impugnaron la anterior decisión. La Sección
Primera del Consejo de Estado en sentencia de 22 de febrero de 2024 la revocó y,
en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional.
2.3. De las actuaciones adelantadas en el recurso extraordinario de revisión
(radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05390-00)
Sostuvo que el 7 de octubre de 2024 interpuso recurso extraordinario de revisión
contra el fallo de 14 de diciembre de 2022 de la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, con sustento en la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011 (nulidad originada en la sentencia), por la indebida valoración probatoria
desarrollada en la decisión recurrida. Además, resaltó que el término para presentar
la demanda de revisión se suspendió con ocasión de la radicación de la acción de
tutela contra la sentencia de reparación directa, y que en virtud del fallo de tutela
de primera instancia se dejó sin efectos la decisión de 15 de noviembre de 2023
hasta el 22 de febrero de 2024.
Afirmó que la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en auto de
ponente de 6 de diciembre de 2024, rechazó el recurso extraordinario de revisión
por extemporáneo, toda vez que el término de un (1) año previsto en la normatividad
vencía el 13 de mayo de 2024, no obstante, la parte actora lo radicó el 9 de julio de
2024, es decir, en forma extemporánea.
Indicó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, pues
consideró que la demanda se presentó en tiempo, más aún cuando la sentencia
recurrida fue dejada sin efectos por 2 meses y 7 días en virtud de un fallo de tutela,
el cual posteriormente fue revocado. Adicionalmente, aseguró que el recurso
extraordinario de revisión se regula por el Decreto 01 de 1984 y no por la Ley 1437
de 2011.
Señaló que la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en proveído
de ponente 11 de marzo de 2025, no repuso la decisión de 6 de diciembre de 2024,
toda vez que la sentencia recurrida no perdió sus efectos jurídicos ni mucho menos
se afectó su firmeza como lo interpreta el demandante, pues ni siquiera se emitió
una nueva sentencia durante el tiempo en que se dejó sin efectos en virtud del fallo
de tutela, por lo que en ningún momento se suspendió la contabilización del término
de 1 año establecido en el artículo 251 del CPACA. Adicionalmente, se otorgó el
trámite correspondiente al recurso de súplica.
Finalmente, manifestó que la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de
Estado en auto de 16 de mayo de 2025, confirmó integralmente la providencia de
6 de diciembre de 2024, al considerar que la sentencia recurrida se notificó por
edicto electrónico fijado del 5 al 9 de mayo de 2023, por lo que según el artículo
302 del Código General del Proceso, la sentencia quedó ejecutoriada a los tres días
siguientes, esto es, el 12 de mayo de 2023, fecha en la que ya estaba vigente el
CPACA. Por consiguiente, la oportunidad para presentar el recurso extraordinario
de revisión culminó el 13 de mayo de 2024, pero debido a que fue festivo, la
oportunidad venció el 14 de mayo siguiente, sin embargo, la demanda se radicó el
9 de julio de 2024.
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3. Fundamentos de la acción
La parte actora afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
sustantivo y procedimental, en tanto los artículos 248, 249 y 251 de la Ley 1437
de 2011 establece que el recurso extraordinario de revisión procede contra
sentencias ejecutoriadas dentro del año siguiente a la ejecutoria.
Indicó que la interpretación de la autoridad judicial accionada, en la que el año corre
ininterrumpidamente, incluso cuando la sentencia se dejó sin efectos, desconoce el
acceso a la administración de justicia y convierte una formalidad en un obstáculo
para la protección de derechos, pues, en su sentir, una vez la sentencia recurrida
recobró vigencia se debió empezar a contar nuevamente el término del año para
interponer el recurso extraordinario de revisión.
Por último, manifestó que “si una sentencia pierde temporalmente su ejecutoria, el
año que contempla el art. 251, inciso 1, antes citado, se cuenta (o se reanuda) a
partir del día en que vuelve a quedar en firme o ejecutoriada nuevamente, esto es,
cuando regresa al mundo jurídico-procesal”.
4. Trámite procesal
Por auto de 29 de septiembre de 2025, el magistrado sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. De
igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 141408 a 141409
y 141411 a 141412 de 1 de octubre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión.
Luego, el 29 de octubre de 2025, el consejero Wilson Ramos Girón manifestó estar
impedido para conocer el asunto, por estar inmerso en la causal prevista en el
numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que fue
ponente del auto de 16 de mayo de 2025, que confirmó el rechazo del recurso
extraordinario de revisión presentado por el accionante.
Por medio de auto de 31 de octubre de 2025, se declaró fundado el impedimento
y, en consecuencia, fue separado del conocimiento del trámite constitucional.
5. Oposición
Respuesta de la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado
El magistrado ponente del auto de 16 de mayo de 2025 solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, toda vez que carece de relevancia
constitucional.
Afirmó que el actor pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional,
en la medida que propone un argumento que ya fue resuelto tanto por el magistrado
sustanciador como por los demás integrantes de la Sala Doce Especial de Decisión.
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Agregó que la discusión que se propone en la solicitud de amparo resulta ser la
misma que planteó en los recursos de reposición y en el de súplica.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del accionante por la supuesta configuración de los
defectos sustantivo y procedimental.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
5
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condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto6
El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento sostiene que la Sala Doce Especial
de Decisión del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, al supuestamente incurrir en
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6
Se reitera la postura desarrollada por esta sección en la sentencia de 25 de septiembre de 2025, radicado No.
11001-03-15-000-2025-04386-00, C.P.: Wilson Ramos Girón.
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los defectos sustantivo y procedimental, al rechazar por extemporáneo el recurso
extraordinario de revisión sin tener en cuenta que la firmeza de la sentencia
recurrida se afectó con un fallo de tutela que temporalmente la había dejado sin
efecto, por lo que el término de un año para presentar el mencionado recurso debió
reiniciar cuando la providencia recuperó la vigencia.
Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente el de
la relevancia constitucional, así:
El 7 de octubre de 2024, interpuso recurso extraordinario de revisión contra el fallo
de 14 de diciembre de 2022 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, con sustento en la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
(nulidad originada en la sentencia), por la indebida valoración probatoria
desarrollada en la decisión recurrida. Además, resaltó que el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión se suspendió con ocasión de la
interposición de la acción de tutela contra la sentencia de reparación directa, y en
virtud del fallo de tutela de primera instancia se dejó sin efectos la decisión del 15
de noviembre de 2023 hasta el 22 de febrero de 2024.
La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en auto de ponente de
6 de diciembre de 2024, rechazó el recurso extraordinario de revisión por
extemporáneo. Sostuvo que, en lo relacionado con el término para interponer el
recurso extraordinario de revisión, el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone
que “el recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia”.
Por lo anterior, constató que la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022
objeto del recurso extraordinario de revisión fue notificada a través de edicto fijado
del 5 al 9 de mayo de 2023, por lo tanto, quedó ejecutoriada el 12 de mayo de 2023.
Así las cosas, concluyó que el término de 1 año previsto en la norma vencía el 13
de mayo de 2024, no obstante, la parte actora lo radicó el 9 de julio de 2024, es
decir, en forma extemporánea cuando el año había fenecido.
El accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, con
sustento en que la demanda de revisión se presentó en tiempo, más aún cuando la
sentencia recurrida fue dejada sin efectos por “2 meses y 7 días”, en virtud de un
fallo de tutela. Adicionalmente, aseguró que el recurso extraordinario de revisión se
regula por el Decreto 01 de 1984 y no por la Ley 1437 de 2011.
La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en proveído de ponente
11 de marzo de 2025, no repuso la decisión de 6 de diciembre de 2024, toda vez
que el fallo reprochado no perdió sus efectos jurídicos ni mucho menos se afectó
su firmeza como lo interpreta el demandante, pues ni siquiera se emitió una nueva
sentencia durante el tiempo en que se dejó sin efectos en virtud de la orden de
tutela, por lo que en ningún momento se suspendió la contabilización del término
de 1 año establecido en el artículo 251 del CPACA.
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Agregó que “en cuanto a la normatividad aplicable al presente asunto se advierte
que el recurso extraordinario de revisión da origen a un nuevo proceso distinto al
proceso primigenio, por consiguiente, debe interponerse y sustentarse conforme a
la normatividad vigente al momento de su presentación, que en este caso es el
CPACA”. De igual manera, se otorgó el trámite correspondiente al recurso de
súplica.
La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en auto de 16 de mayo
de 2025, confirmó la providencia de 6 de diciembre de 2024.
En primer lugar, precisó que la ejecutoria y la cosa juzgada no impiden que se
pueda intentar la acción de tutela, además que cuando con ocasión del ejercicio del
mencionado mecanismo constitucional contra providencia judicial, se ampare el
derecho fundamental invocado y se deje sin efectos jurídicos la decisión
cuestionada, esta sale del ordenamiento jurídico, pues la autoridad responsable del
agravio debe cumplirla sin demora. No obstante, el artículo 7 del Decreto 306 de
1992, por el cual se reglamentó el Decreto 2591 de 1991, reguló los efectos de las
decisiones de revisión de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las
impugnaciones de fallos de tutela, estableció que “cuando el juez que conozca de
la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de
tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha
providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en
cumplimiento del fallo respectivo”.
Igualmente, indicó que en sentencia T-694 de 2002, la Corte Constitucional señaló
que “por regla general, la consecuencia obvia de la revocatoria de un fallo de tutela
que declara la procedencia del amparo, es que las cosas vuelvan a su estado
anterior, o tal y como se encontraban antes de cumplirse la orden impartida en la
providencia que se revoca. No obstante, es igualmente claro que ello ocurrirá en la
medida en que el regreso a ese estado sea jurídicamente posible y no resulte
desproporcionado”.
Aclaró que la ejecutoria de la sentencia ordinaria no se ve afectada por la mera
interposición de la acción de tutela, pues, en sede de impugnación, el juez
constitucional puede revocar la decisión del a quo, en cuyo caso se retrotraen las
cosas al estado inicial, siempre que sea jurídica y materialmente posible.
Asimismo, resaltó que la acción de tutela es un proceso autónomo e independiente
del recurso extraordinario de revisión, pues tienen objetos distintos, mientras la
primera busca la protección de los derechos fundamentales, el segundo permite
alcanzar el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido, siempre que
se configure alguna de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA.
Además, la solicitud de amparo es un mecanismo subsidiario y excepcional, dado
que no excluye el ejercicio de los medios de control y recursos procedentes, salvo
que sean insuficientes para evitar un perjuicio irremediable.
En segundo lugar, al resolver el caso concreto, explicó que la sentencia recurrida
se notificó por edicto electrónico fijado del 5 al 9 de mayo de 2023, por lo que, según
el artículo 302 del Código General del Proceso, la sentencia quedó ejecutoriada a
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los tres días siguientes, esto es, el 12 de mayo de 2023, fecha en la que ya estaba
vigente el CPACA.
Afirmó que la oportunidad para presentar el recurso extraordinario de revisión
culminó el 13 de mayo de 2024, pero como era un día no hábil, la oportunidad
venció el 14 del mismo mes y año, sin embargo, la demanda se radicó el 9 de julio
de 2024, es decir, de manera extemporánea.
Por último, aseguró que el trámite de tutela no afectó de ninguna manera la
sentencia que se cuestiona en sede de revisión, por lo que no resulta viable analizar
la oportunidad para interponer el recurso extraordinario a partir de la sentencia de
tutela, pues se insiste en que es un proceso autónomo, distinto e independiente.
Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues se da continuidad al
debate superado en el recurso extraordinario de revisión relacionado con su rechazo
por interponerse por fuera del término establecido en el artículo 251 de la Ley 1437
de 2011.
Al estudiar los argumentos planteados por el accionante, se observa que reprocha
el hecho de que no tuviera en cuenta que en un fallo de tutela se había dejado sin
efecto -temporalmente- la sentencia reprochada en el recurso extraordinario de
revisión y que, en consecuencia, el término del año debió iniciar nuevamente su
conteo una vez que recuperó su vigencia la decisión recurrida, lo que en su sentir,
configuraba los defectos sustantivo y procedimental.
Al respecto, la Sala observa que esos argumentos ya fueron objeto de análisis por
la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado, en decisiones proferidas
por el magistrado sustanciador del proceso y en Sala (autos de 6 de diciembre de
2024, 11 de marzo de 2025 y 16 de mayo de 2025), en las que a partir del marco
normativo aplicable al presente asunto, se concluyó que la sentencia recurrida
quedó ejecutoriada el 12 de mayo de 2023, por lo que el año establecido en el
artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 feneció el 13 de mayo de 2024, mientras que
el recurso se radicó el 9 de julio de 2024, sin que la acción de tutela que había
presentado con anterioridad interfiera o modificara la aplicación del mencionado
término.
Aunado a lo anterior, se evidencia que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en el recurso extraordinario de revisión, de reposición y de súplica,
con los argumentos que se plantean en el escrito de tutela, por parte del accionante.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20197, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
7
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05923-00
Accionante: José Guillermo Tadeo Roa
Sarmiento
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”8 (Negrilla y
resalta de la Sala)
Aunado a lo anterior, como las providencias objetadas fueron dictadas por la Sala
Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado, la verificación del requisito de la
relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto en este
caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una Alta Corte
en el marco de un recurso extraordinario de revisión, análisis que se torna más
exigente.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 20109, expresó lo siguiente:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 202210,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito
no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir
tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra una
sentencia de una alta corte”.
A su vez, en sentencia SU-451 de 202411, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
8
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
9
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio
Estrada, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo.
10
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
11
M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05923-00
Accionante: José Guillermo Tadeo Roa
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Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en este caso a la
manera de una instancia adicional, toda vez que insiste en el mismo debate
relacionado con la interposición en término del recurso extraordinario de revisión
que formuló contra el fallo de 14 de diciembre de 2022 de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa
que adelantó contra la Nación, Rama Judicial.
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, habida
cuenta de que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor José
Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, quien actúa en nombre propio, contra la Sala
Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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