Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04386-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04386-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04386-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
25 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-00
Demandante: Betsy Sánchez Morón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 25 de septiembre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04386-00
Demandante: BETSY SÁNCHEZ MORÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas: Contra providencias dictadas en medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Betsy Sánchez Morón contra
el Consejo de Estado, Sección Quinta.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 16 de julio de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, en nombre propio, la señora
Betsy Sánchez Morón pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia de
segunda instancia del 8 de mayo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta dentro del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza de ley o actos
administrativos con radicado No. 20001-23-33-000-2025-00075-01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Primero PRETENDO CON ESTA ACCION DE TUTELA como mecanismo excepcional y definitivo QUE
LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO DEJE SIN EFECTO Y SIN VALOR LA SENTENCIA DE
ACCION DE CUMPLIMIENTO , Y EN SUS LUGAR CONFIRMAR LA SENTENCIA EXPEDIDA POR EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y ASI GARANTIZAR la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante de la sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-638-00, C-157-98, SU077-
18,C-319-13,T-353-14,T-173-99, C-173-99,C-1511- 00,C-1511-00,C-893-99,C-651-03,C-010-01, C-
193-98,C651-03 , T-461-21, QUE HAN REITERADO la procedencia de la acción de cumplimiento ,por
violación al presente y por interpretación errónea de la norma como causal de procedibilidad para que
el juez constitucional tutela mis derecho fundamental acceder a la administración de justicia, al debido
proceso , derecho a la igualdad , principio de la buena fe confianza legitima , principio de seguridad
jurídica y revoque la sentencia de acción de cumplimiento en segunda instancia por medio de la cual el
tribunal administrativo del cesar concedió la acción de cumplimiento, por ser una clara via de hecho ,
desconocimiento del precedente judicial, falsa motivación violación directa de la Constitución Defecto
fáctico, Error inducido, La obligación de las autoridades administrativas de aplicar la Constitución y la
ley y de tener en cuenta el precedente judicial para todas sus actuaciones, deben acatar el precedente
judicial, esto es, están en la obligación de aplicar e interpretar las normas, en el sentido dictado por la
autoridad judicial, el deber de acatamiento del precedente judicial que de conformidad con el articulo 10
de la ley 1437 del 2011 , es obligacion hacerla extensivas SU-380/21, T-022/19),
SU354/17,SU113/18,C-539/11. T-441/18, C-621/15, C-836/01, T-775/14, SU-611/17, SU-069/18, T-
656/11, 309/15, SU406/16, T-081/23, SU060/21, SU048/22, SU068/18, C-634/11, SU-072/18, SU-
041/22, T-048/129, C099/22, SU-635/15.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-00
Demandante: Betsy Sánchez Morón
SEGUNDO QUE la sala plena del consejo de estado haga la diferencia entre la ley 1755 del 2015 y la
ley 393 de 1997.
Tercero que la sala plena ordene al ministerio de transporte a darle cumplimiento artículo 158ª de la ley
769 del 2002 y anule las sanciones impuestas por el municipio de Valledupar atraves de la secretaria
de transito debido que no contaban con la autorización de la superintendencia de transporte para operar
dispositivo electrónico. (Sic para toda la cita).
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La autoridad de tránsito del municipio de Valledupar le impuso dos comparendos a la
accionante, identificados con los radicados 20001000000045553854 del 30 de octubre
de 2024 y 20001000000045554379 del 12 de noviembre de 2024, por estacionar su
vehículo en un sitio prohibido.
El 30 de diciembre de 2024, la señora Sánchez Morón solicitó a la Superintendencia de
Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Secretaría de Tránsito
y Transporte y al municipio de Valledupar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley 2251 de 20221 y los artículos 4, 10, 13 y 14 de la Ley 1843 de 2017 2, 127,
129 y 135 de la Ley 769 de 2002, y 1° al 14 de la Resolución 20203040011245 de 20203
expedida por el Ministerio de Transporte para que se retiraran los vehículos de foto multa
dispuestos en Valledupar y se abstuvieran de seguir imponiendo multas haciendo uso
de estos; que se anularan los comparendos interpuestos durante su operación y agotara
el debido procedimiento administrativo al momento de retirar vehículos mal estacionados
o abandonados en el espacio público.
La señora Sánchez Morón presentó acción de cumplimiento contra esas mismas
autoridades y contra el Ministerio de Transporte. Solicitó que se le ordenara al Ministerio
de Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que se pronunciara sobre las
foto multas que había impuesto la Secretaría de Tránsito de Valledupar en el mes de
enero de 2025. Asimismo, pidió que se ordenara a la Superintendencia de Transporte
dar cumplimiento a los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018 y al artículo 18 de la Ley
2251 de 2022 y, en consecuencia, se anularan todas las multas impuestas mediante los
tres vehículos denominados «caza infractores» por la Secretaría de Tránsito de dicho
municipio, durante el periodo en que no contaban con la autorización del Ministerio de
Transporte para imponer comparendos a través de sistemas automáticos,
semiautomáticos u otros medios tecnológicos de detección de presuntas infracciones de
tránsito.
El asunto se tramitó bajo el radicado 20001-23-33-000-2025-00075-00 y correspondió,
por reparto, al Tribunal Administrativo del Cesar, que mediante sentencia del 13 de marzo
de 2025, determinó que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar expidió
comparendos sin cumplir el procedimiento previsto en el artículo 135 del Código Nacional
de Tránsito, toda vez que no detuvo el vehículo ni entregó la orden de comparendo de
forma presencial, vulnerando así el derecho de defensa y contradicción de la presunta
infractora. En consecuencia, ordenó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar que, en lo sucesivo, ajustara la imposición de comparendos por control en vía
al trámite previsto en esa norma y denegó las demás pretensiones de la demanda.
Adicionalmente, precisó que la acción de cumplimiento no era el mecanismo procedente
para declarar la nulidad de comparendos, pues la legalidad de dichos actos debía
1 Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema
seguro y se dictan otras disposiciones.
2 Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros
medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones.
3
Por la cual se establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y operación de los sistemas
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se
dictan otras disposiciones.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-00
Demandante: Betsy Sánchez Morón
discutirse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Finalmente, rechazó la demanda presentada contra el Ministerio de Transporte, al
considerar que la señora Sánchez Morón no cumplió con el requisito de constitución en
renuencia frente a esa entidad.
Contra la anterior decisión, el municipio de Valledupar y la Secretaría de Tránsito y
Transporte interpusieron recursos de apelación.
En sentencia del 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la
decisión de primera instancia.
Encontró que se configuró la cosa juzgada y precisó que el Tribunal Administrativo del
Cesar ya había resuelto una demanda contra la Alcaldía de Valledupar, dentro de la
acción de cumplimiento No. 20001-33-33-009-2024-00283-01. Que en ese proceso se
solicitó ordenar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución No.
20203040011245 de 2020 y en el artículo 2, numeral 1, de la Ley 1843 de 2017, así
como disponer el retiro de los vehículos denominados «caza infractores» de las calles
de Valledupar.
También, señaló que la Resolución No. 20203040011245 de 2020 del Ministerio de
Transporte fijó criterios técnicos para la instalación y operación de sistemas automáticos
de detección de infracciones de tránsito (SAST). Sin embargo, en el caso no se probó
que dichos sistemas estuvieran en funcionamiento en la entidad territorial, pues no se
aportó prueba alguna que demostrara la existencia o uso de un vehículo equipado con
cámara u otro dispositivo regulado. En consecuencia, no era posible verificar un
incumplimiento de los requisitos legales previstos para su implementación
Que existía cosa juzgada respecto de la pretensión relacionada con el cumplimiento de
los artículos 18 de la Ley 2251 de 2022; 3 y 13 de la Ley 1843 de 2017; 127, 129 y 135
de la Ley 769 de 2002; los literales a), d), g), i) y m) del artículo 3, y los artículos 5 al 8
de la Resolución 20203040011245 de 2020. Esto, por cuanto esas mismas pretensiones
ya habían sido objeto de estudio en la acción de cumplimiento No. 20001-23-33-000-
2025-00029-014, promovido contra el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de
Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Municipio de
Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte, en el que igualmente se solicitó el retiro
de circulación de los vehículos institucionales de la autoridad de tránsito de esa ciudad.
Además, reiteró que la solicitud de anular las multas resultaba improcedente por
incumplir el requisito de subsidiariedad, en tanto dichas sanciones involucraban un
derecho subjetivo que debía controvertirse a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La accionante no se refirió a las causales generales ni específicas de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales y tampoco expone los motivos por los que
considera que las decisiones judiciales cuestionadas incurren en los defectos que alegó.
Sin embargo, de lo que se entiende ante el confuso texto de demanda presentado por la
accionante, la Sala lo resumirá en los siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, pues señaló que «es
obligación constitucional que (…) me garanticen la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante de las sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-638-00, C-
4
En dicho proceso, el tribunal denegó las pretensiones al determinar que el Ministerio de Transporte, la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Puertos y Transporte carecían de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto no eran las entidades llamadas a cumplir dichas normas. Asimismo, consideró que no existía un
mandato exigible a la Secretaría de Tránsito de Valledupar, dado que esta autoridad no había implementado el SAST
en el ejercicio de sus funciones sancionatorias.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-00
Demandante: Betsy Sánchez Morón
157-98, SU077- 18,C-319-13,T-353-14,T-173-99, C-173-99,C-1511-00,C-1511-00,C-
893-99, C-651- 03,C-010-01, C-193-98,C651-03, T-461-21, QUE HAN REITERADO la
procedencia de la acción de cumplimiento ,por violación al presente (sic) y por defecto
sustantivos o material por la interpretación errónea de la norma donde hay una
imprecisión entre la ley 1755 del 2015 , y la ley 393 de 1997, debido a que no estoy
accionando un derecho de petición con fundamento en la ley 1755 del 2015 , estoy
accionando es un requerimiento de cumplimiento que se fundamenta por la ley 393 de
1997».
Defecto fáctico: «NO EXISTE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA COSA JUZGADA,
DEBIDO QUE ESTA SENTECIA FUE REVOCADA POR FALTA DE PRUEBA, POR SE MOTIVO
EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR EN MAS DE 60 ACCIONES DE
CUMPLIMIENTO FALALDA CONTRA EL MUNICIPIO DE VALLEDUAPR Y SECRETARIA DE
TRANSITO CAMBIARON DICHAS POSTURA FUERON 4 MAGISTRADO CONVIRTIENDOSE
EN UNA JURISPRUDENCIA, PERO EESTA SALA QUINTA NO FALLO EN DERECHO, SI NO
VIA DE HECHO». (sic para toda la cita)
«(…) falta motivación, debido, a que no se había planteado adecuadamente el problema
jurídico, planteado , pues según el tribunal administrativo del cesar avalo , la realización,
de comparendo a través de vehículos en movimiento , donde estos vehículos que son
tres , tienen vidrios oscuros , donde no se sabe , quien estan dentro de estos vehículos
tomando fotos , si hay funcionarios de transito o son funcionario de la concepción de
transito debido que ellos» (sic para toda la cita)
5. Trámite procesal
Por auto del 22 de julio de 20255, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela
y dispuso notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Consejo de Estado,
Sección Quinta. Asimismo, en calidad de terceros con interés, dispuso vincular a la
superintendente de puertos y transporte, al director de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y al alcalde y la secretaria de tránsito y trasporte del municipio de Valledupar y a los
magistrados del Tribunal Administrativo del César6.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 25 de julio de
20257.
Mediante providencia del 15 de agosto de 2025, el Despacho sustanciador ordenó
vincular como terceros con interés a Yenis Rodríguez y otros8, comoquiera que fueron
reconocidos como coadyuvantes dentro de la acción de cumplimiento que dio origen a la
sentencia cuestionada.
5 Índice 5 de Samai.
6 La Sala precisa que el Ministerio de Transporte no fue vinculado como tercero con interés en la presente acción
constitucional, toda vez que en la providencia del 8 de mayo de 2025 la Sección Quinta del Consejo de Estado dispuso
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del proceso de acción de cumplimiento. Frente
a esa decisión, la parte demandante no presentó objeción alguna.
7 Índice 8 de Samai
8
Tomás Eduardo Quiroz, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda, Guillermo
Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás
Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Carlos Andrés Carreño, Henry Fabián Arévalo, Alber
Suárez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla, Jeancarlos García, Elías Guillermo Ochoa Daza,
Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla,
Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Usuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Juliam
Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Calderón, José Emilio Molina, Juan José Castaño, Álvaro Camargo, Jaider Napoleón
Rosado, Miguel Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elías Castro, Luis González, Jesús
Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz
Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo, Antonio Rafael
Dangond, José Zuleta, Orlando De Jesús Martínez, Roger Viloria Mendoza, Germán Ortiz, Rosa María Yacub Trizo,
Luis Alcides Serrano, Wilson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid Navarro, Rosario De
Jesús Blanco Ospino, Melkis Kammerer, Adriana Oñate, Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto
Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contreras y Gustavo Rueda.
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Demandante: Betsy Sánchez Morón
Conforme a lo anterior, la Secretaría realizó las respectivas notificaciones a los correos
electrónicos informados por las partes el 21 de agosto de 20259.
Por Oficio del 25 de agosto de 2025, la Secretaría de esta Corporación requirió por
segunda vez a la demandante para que informara las direcciones de notificación
electrónicas de los terceros vinculados al proceso mediante providencia del 15 de agosto
de 2025.
En constancia secretarial del 1° de septiembre de 2025, se informó al Despacho
sustanciador los siguientes: «en cumplimiento del auto de 15 08 2025, se requirió a la
señora Betsy Sánchez Morón, parte accionante en el proceso de la referencia. No
obstante, a la fecha no se ha obtenido respuesta. Teniendo en cuenta lo anterior, se
procedió a revisar el proceso No. 20001-23-33-000-2025-00075-00 01 en el aplicativo
SAMAI, donde se observó que los coadyuvantes en el proceso mencionado fueron
notificados al correo transitomelkiskammerer@gmail.com, motivo por el cual esta
Secretaría procede con dicha notificación».
En consecuencia, en esa misma fecha la Secretaría realizó la notificación a la dirección
de correo electrónico transitomelkiskammerer@gmail.com10.
6. Intervenciones
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV), solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues
consideró que no incurrió en acción u omisión que vulnerara derechos fundamentales de
la parte actora, dado que la instalación y operación de sistemas automáticos,
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones de
tránsito (SAST) no hacía parte de sus funciones ni competencias.
Indicó que no ejercía facultades sancionatorias, de control o vigilancia sobre dichos
sistemas, las cuales correspondían exclusivamente a la Superintendencia de Transporte,
conforme al artículo 13 de la Resolución 20203040011245 de 2020.
El Tribunal Administrativo de César, envió el expediente digital del proceso de acción
de cumplimiento No. 20001-23-33-000-2025-00075-00/01, sin pronunciarse sobre la
presente acción de tutela.
Los magistrados del Consejo de Estado, Sección Quinta, la Superintendencia de
Puertos y Transporte, el alcalde del municipio de Valledupar, la Secretaria de
Tránsito y Trasporte del municipio de Valledupar y Yenis Rodríguez y otros11, no se
9 Índice 15 de Samai.
10 Índice 18 de Samai.
11 Tomás Eduardo Quiroz, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda,
Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José
Cuello, Oseas Tomás Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Carlos Andrés Carreño,
Henry Fabián Arévalo, Alber Suárez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla, Jeancarlos
García, Elías Guillermo Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa
María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa Cote, Jhon
Usuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Juliam Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Calderón,
José Emilio Molina, Juan José Castaño, Álvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño,
Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elías Castro, Luis González, Jesús Coronado, Eudes
Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz
Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo, Antonio
Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando De Jesús Martínez, Roger Viloria Mendoza, Germán Ortiz, Rosa
María Yacub Trizo, Luis Alcides Serrano, Wilson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis
Enrique Madrid Navarro, Rosario De Jesús Blanco Ospino, Melkis Kammerer, Adriana Oñate, Yenis
Rodríguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson
Contreras y Gustavo Rueda.
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Demandante: Betsy Sánchez Morón
pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados del auto
admisorio de la acción de tutela de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional12 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia dictada
el 8 de mayo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro del
proceso de cumplimiento No. 20001-23-33-000-2025-00075-01.
Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó su desvinculación al
considerar que no contaban con legitimación en la causa por pasiva. La Sala accederá a
dicha solicitud, porque si bien esta entidad en principio estuvo vinculada al trámite
procesal de la acción de cumplimiento que hoy se pretende cuestionar, en el trámite de
primera instancia de ese proceso se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto a esta entidad y esa decisión no fue objeto de apelación por las partes. Por lo
tanto, las decisiones que aquí se adopten no generan efectos frente a la entidad.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Betsy Sánchez Morón contra la providencia del 8 de mayo de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro de la acción de cumplimiento No. 20001-23-
33-000-2025-00075-01, que decidió revocar la sentencia del 13 de marzo de 2025 del
Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, (i) rechazar la acción de cumplimiento
frente a la Superintendencia de Puertos y Transporte y respecto los artículos 4 y 5 del
Decreto 2409 de 2018, y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002, (ii) declarar improcedente
la acción en relación con la pretensión de anular las multas impuestas por la Secretaría
de Tránsito y Transporte de Valledupar mediante las patrullas institucionales; (iii) declarar
la cosa juzgada frente al cumplimiento de las Leyes 2251 de 2022, 1843 de 2017, 769 de
2002 y de la Resolución No. 20203040011245 de 2020, expedida por el Ministerio de
Transporte, atribuidas a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al municipio de
Valledupar; (iv) desvincular al Ministerio de Transporte del trámite constitucional y (v)
negar las demás pretensiones de la demanda.
La Sala anticipa que declarará improcedente la presente acción de tutela porque no se
cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora no cumplió
con la carga mínima de argumentación.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
12 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Betsy Sánchez Morón
3. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales13 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos14 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0015, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.
En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos».
Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima « de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección»4.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron
13 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
14 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
15 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste
relevancia constitucional».
Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.
5. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que la demandante se limitó a transcribir apartes de la sentencia de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta. Los planteamientos formulados no
desarrollan razones que permitan identificar las causales generales o específicas de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, pues no explican los motivos por
los cuales la decisión cuestionada habría incurrido en alguno de los defectos alegados.
La única afirmación de la accionante en la solicitud de amparo, relacionada con el fondo
de la controversia, corresponde a la siguiente:
« QUINTO que es obligacion constitucional que SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO me
garanticen la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante de la sentencias C-
1194-01,SU 386-23, C-638-00, C-157-98, SU077- 18,C-319-13,T-353-14,T-173-99, C-173-99,C-
1511-00,C-1511-00,C-893-99,C-651- 03,C-010-01, C-193-98,C651-03 , T-461-21, QUE HAN
REITERADO la procedencia de la acción de cumplimiento ,por violación al presente y por defecto
sustantivos o material por la interpretación errónea de la norma donde hay una imprecisión entre
la ley 1755 del 2015 , y la ley 393 de 1997, debido que no estoy accionando un derecho de
petición con fundamento en la ley 1755 del 2015 , estoy accionando es un requerimiento de
cumplimiento que se fundamenta por la ley 393 de 1997,En ese sentido, cuando en una
providencia judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, “ sacando
del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial, ésta deja
de ser una vía de derecho para convertirse en una vía de hecho, razón por la cual la misma
deberá dejarse sin efectos jurídicos, para lo cual la acción de tutela el mecanismo apropiado”
[59]. Así las cosas, no se estaría ante una diferencia interpretativa de la norma, sino “ante una
decisión carente de fundamento jurídico, dictada según el capricho del operador jurídico,
desconociendo la ley, y trascendiendo al nivel constitucional en tanto compromete los derechos
fundamentales de la parte afectada con tal decisión”
Y es que, la independencia y la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar una norma
jurídica en la solución del caso sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial
debe desarrollarse dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución que pueden afectarse con la indebida interpretación de una
norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente. Es decir, que dicha
actividad debe ceñirse al carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación
de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), de la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior).[61]De lo anterior se desprende que para que
la aplicación o interpretación de la norma al caso concreto constituya un defecto sustantivo es
preciso que el fallador aplique una norma de una manera manifiestamente errada que
desconozca la ley y que deje sin sustento tal decisión o que el funcionario judicial en su labor
hermenéutica desconozca o se aparte abierta y arbitrariamente de los lineamientos
constitucionales y legales. Quiere ello decir que el juez en forma arbitraria y caprichosa actúa en
desconexión del ordenamiento jurídico. Sentencia SU-453 de 2019
SEXTO SEÑORES SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO, NO EXISTE BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA COSA JUZGADA , DEBIDO QUE ESTA SENTECIA FUE REVOCADA POR
FALTA DE PRUEBA, POR SE MOTIVO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR EN MAS
DE 60 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO FALALDA CONTRA EL MUNICIPIO DE VALLEDUAPR
Y SECRETARIA DE TRANSITO CAMBIARON DICHAS POSTURA FUERON 4 MAGISTRADO
CONVIRTIENDOSE EN UNA JURISPRUDENCIA , PERO EESTA SALA QUINTA NO FALLO
EN DERECHO , SI NO VIA DE HECHO Que el juzgado noveno administrativo en sentencia de
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acción de cumplimiento en primera instancia ordena al municipio de Valledupar y a la secretaria
de tránsito de Valledupar la suspensión inmediata de los vehículos caza infractores hasta tanto
no se cuente con la autorización correspondiente, así mismo anulo los cobro , como lo ordena
,artículos 1,2, 3, 13 y 14 de la ley 1843 de 2017 y artículo 109 del Decreto Ley 2106 de
2019,ARTICULO 127,129,134,135,136,137,Y 158ª DE LA LEY 769/02 14, Y 158A articulo 14
parágrafo 1, ARTICULO 18 de la ley 2251/ 22 ,articulo 6 de la resolución NO 20203040011245
de 2020 que establecen: donde ARTICULO 18 de la ley 2251/ 22 Artículo 158A. Incumplimiento
de criterios de seguridad vial para la instalación y operación de ayudas tecnológicas […]
DECIMO PRIMERO SEÑORES SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO EL ESTA
SALA QUINTA INCURRIÓ EN VÍA DE HECHO, POR falta motivación, debido, a que no
se había planteado adecuadamente el problema jurídico , planteado , pues según el
tribunal administrativo del cesar avalo , la realización, de comparendo a través de
vehículos en movimiento , donde estos vehículos que son tres , tienen vidrios oscuros ,
donde no se sabe , quien estan dentro de estos vehículos tomando fotos , si hay
funcionarios de transito o son funcionario de la concepción de transito debido que ellos»
(sic en toda la cita)
Sobre ese defecto (sustantivo y desconocimiento del precedente), debe señalarse que la
accionante invoca dichas sentencias para insistir en el desacuerdo que expuso en la
acción de cumplimiento frente a la imposición de comparendos, cargo respecto del cual,
se le indicó que cuenta con otros medios de defensa a su alcance para cuestionar la
legalidad.
Pues de la revisión de las aludidas sentencias se advierte que fueron proferidas en el
marco del estudio de constitucionalidad de la Ley 393 de 1997 y acciones de tutela que
se han dirigido contra otras acciones de cumplimiento, las cuales en todo caso no
guardan relación con la discusión planteada en el caso objeto de estudio y lo que
muestran que lo pretendido es retomar la discusión que ya fue resuelta por el juez natural
de la causa.
De hecho, llama la atención de la Sala que entre las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional en una de las sentencias citadas como desconocidas se estudió la
figura de la cosa juzgada en la acción de cumplimiento y se señaló que las providencias
proferidas en dicho trámite adquieren la fuerza de cosa juzgada y allí termina el proceso
en forma definitiva, pues la ley no admite la posibilidad de una nueva instancia para
discutir lo resuelto por el juez de segunda instancia, ni menos aún el ejercicio de otro tipo
de acción para discutir lo resuelto en el proceso de cumplimiento tal como ocurrió en el
caso objeto de estudio.
En la misma oportunidad, la Corporación sostuvo que no puede convertirse a la tutela en
el instrumento para revivir instancias agotadas o recursos que se vencieron por el
transcurso del tiempo y la negligencia de su titular o para sustituir al juez ordinario, sino
también para crear una nueva instancia o controvertir la sentencia adoptada en un
proceso especial y particular como el de cumplimiento, cuando la decisión resulta
desfavorable a los intereses de su titular.
Por lo demás, la Sala constata que, si bien la inconformidad de la señora Sánchez Morón
con la determinación judicial censurada radica en una decisión contraria sus intereses, lo
cierto es que los escasos argumentos expuestos en la solicitud de amparo no se logra
evidenciar un verdadero debate constitucional.
Además, la accionante no aludió algún medio de prueba que permita inferir la presunta
omisión de valoración probatoria en que pudo incurrir la autoridad judicial demandada,
situación que impide determinar con precisión cuáles son los hechos u omisiones que se
atribuyen como causantes de la supuesta vulneración de derechos fundamentales por
parte de la sentencia cuestionada.
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Asimismo, la Sala advierte que en la demanda de tutela la actora se limitó a manifestar
inconformidades subjetivas, transcribir apartes de la sentencia cuestionada y citar
jurisprudencia ajena al caso bajo estudio, así como a formular afirmaciones genéricas,
sin demostrar de manera razonada cómo la autoridad judicial accionada incurrió en una
vía de hecho o interpretó erróneamente las normas aplicables. En tales condiciones, no
se configura la vulneración de los derechos fundamentales alegados.
En consecuencia, se observa que los planteamientos de la parte actora carecen de un
desarrollo argumentativo claro, concreto y suficiente que permita establecer la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme a las causales
generales y específicas previstas por la jurisprudencia constitucional. Tampoco,
presentan argumentos concretos que controviertan de manera directa las razones de la
decisión que cuestiona.
Así las cosas, para la Sala la acción de tutela de la referencia no satisface el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que el demandante no cumplió con la carga mínima
de argumentación respecto de los motivos por los cuales la controversia planteada reviste
una clara, marcada e indiscutible trascendencia constitucional.
Es de anotar que el simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no
es suficiente para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto
que es necesario, se reitera, poner en evidencia la afectación desproporcionada de los
derechos fundamentales invocados, pues «la acreditación de esta exigencia, más allá de
la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel»16.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la providencia cuestionada de
segunda instancia fue el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, evento en el que los requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo
explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de
Justicia o del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en
manifestar que los requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones
judiciales de los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa,
quienes se encargan de unificar jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias
judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida
cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la
imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de
autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro
de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones
probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y
hubiera llegado a otra conclusión.
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Betsy Sánchez Morón, por incumplir el requisito de relevancia
constitucional, respecto a la carga mínima de argumentación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
16 Corte Constitucional, sentencia SU- 573 de 2019
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III. FALLA
1. Acceder a la solicitud de desvinculación formulada por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV), conforme a la parte motiva.
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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