Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06196-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06196-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06196-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06196-00
Accionante: WILLIAM EFRAT BADILLO CANTILLO, ROSALÍA CANTILLO
GARCÍA, LUIS MIGUEL BADILLO CANTILLO Y CHARID
DAYANA BADILLO CANTILLO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Recurso extraordinario de revisión
que se rechazó por extemporaneidad. Defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución. Requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores William Efrat Badillo Cantillo, Rosalía Cantillo García,
Luis Miguel Badillo Cantillo y Charid Dayana Badillo Cantillo, quienes actúan
mediante apoderada judicial, contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de octubre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la dignidad humana, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1° Amparar los derechos fundamentales de acceso efectivo a la administración de
justicia, debido proceso judicial, dignidad humana y demás conexos.
2° Dejar sin efecto las providencias de fecha 04 de abril y 11 de julio 2025, dictadas por
la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado radicado Nro.
11001032600020250002200, que declararon extemporáneo el recurso extraordinario de
revisión en la demanda de reparación directa por falla en el servicio de la administración
en contra del Estado, Ministerio de Defensa Ejercito Nacional.
3° Consecuentemente de lo anterior, ordenar a la Sección Tercera Subsección A del
Consejo de Estado, avocar conocimiento del recurso extraordinario de revisión radicado
el 12 de febrero de 2025, en el marco de la demanda de reparación directa por falla en
el servicio de la administración que hizo transito jurídico en los despachos judiciales del
Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y Sala de Decisión Oral –
Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico radicación Nro. 08-001-33-33-012-
2021-00164-01”.
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Accionante: William Efrat Badillo Cantillo y otros
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se observan como hechos relevantes los
siguientes:
2.1. De las actuaciones adelantadas en el proceso de reparación directa con
radicado num. 08001-33-33-012-2021-00164-01
El señor William Efrat Badillo Cantillo prestó el servicio militar obligatorio en el
Ejército Nacional, el cual culminó en octubre de 2018. Sin embargo, durante ese
tiempo presentó problemas de salud como dolor abdominal, vómito, entre otros, y
que para el año 2019, mientras adelantaba gestiones para obtener trabajo volvió a
presentar los mencionados síntomas, al punto que se le extrajo la vesícula,
situación que le generó una pérdida de la capacidad laboral.
Los accionantes, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
presentaron demanda con la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, Dirección de Sanidad (radicado núm. 08001-33-33-012-2021-00164-01),
con el fin de que se declarara la responsabilidad extracontractual del Estado y se
le condenara al pago de los perjuicios causados por los daños en la salud que se
le causó al señor William Efrat Badillo Cantillo durante la prestación del servicio
militar obligatorio.
El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla en sentencia anticipada
de 19 de abril de 2023, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que de
las pruebas no se pudo inferir la responsabilidad del Estado frente a los daños
alegados por los demandantes, toda vez que de las actividades desarrolladas
durante el servicio militar obligatorio no tuvieron injerencia en sus padecimientos de
salud y concretamente en la extracción de la vesícula. Esa decisión fue confirmada
íntegramente por la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Atlántico en fallo de 16 de junio de 2023, notificada mediante
medios electrónicos el 1 de agosto de 2023 y quedó en firme el 9 del mismo mes y
año.
La parte actora interpuso recurso de apelación1 contra la sentencia de 16 de junio
de 2023, sin embargo, la misma corporación judicial lo declaró improcedente.
Por otra parte, los accionantes adelantaron proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
(radicado núm. 08001-33-33-001-2022-00426-00), en el cual el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Barranquilla ordenó, como prueba pericial, la
valoración de la pérdida de capacidad psicofísica del señor William Efrat Badillo
Cantillo, por lo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico
expidió el acta núm. 02202402591 de 28 de octubre de 2024, en la que se concluyó
que tenía una disminución del 27,5%, cuyo traslado se le corrió traslado el 3 de
diciembre de 2024.
1
En auto de 29 de mayo de 2025 se adecuó al de súplica.
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2.2. De las actuaciones adelantadas en el recurso extraordinario de revisión
El 12 de febrero de 2025, los demandantes interpusieron recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia de 16 de junio de 2023 de la Sección B de la Sala de
Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico (radicado num. 11001-03-26-
000-2025-00022-00), con sustento en la causal del numeral 1 del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011 (documento recobrado), toda vez que el acta núm. 02202402591
de 28 de octubre 2024, expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Atlántico, estableció que el señor Badillo Cantillo sufrió una disminución de
capacidad laboral equivalente al 27,5%.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de ponente
de 4 de abril de 2025, rechazó el recurso extraordinario de revisión, en tanto la
decisión recurrida quedó en firme el 9 de agosto de 2023, razón por la cual el
término para interponer el mencionado recurso venció el 10 de agosto de 2024,
mientras que la demanda se radicó el 12 de febrero de 2025. Adicionalmente,
precisó que las conclusiones de extemporaneidad no se ven afectadas con la
interposición del recurso de súplica, más aún cuando era improcedente.
Finalmente, los accionantes interpusieron recurso de súplica contra la anterior
decisión. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
proveído de 11 de julio de 2025, la confirmó íntegramente, para lo cual precisó que
si bien la caducidad del medio de control de reparación directa puede variar según
la ocurrencia del daño o por el conocimiento del demandante, lo cierto es que esta
regla no es extensiva al término para interponer el recurso extraordinario de
revisión, pues este último es un medio de impugnación para controvertir fallos
ejecutoriados y no puede concebirse como un reinicio del debate jurídico o
probatorio.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico, porque no realizó una valoración adecuada del acta núm. 02202402591 de
28 de octubre de 2024 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Atlántico, la cual se elaboró en virtud de la orden dictada por el juez de primera
instancia que conoció del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que
tan solo conoció el 3 de diciembre de 2024, cuando se le dio traslado, por lo que
resultaba “injustificada la declaración de extemporaneidad plasmadas en las
decisiones emitidas por la Sección Tercera Subsección A del Honorable Consejo de
Estado, el cual constituye la prueba idónea en la interposición del recurso
extraordinario de revisión, conforme al Art. 150 del C.P.A.C.A”.
Sostuvo que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió
en defecto sustantivo, pues no aplicó la excepción por inconstitucionalidad, en
tanto se debía “inaplicar una norma jurídica que contrapone los postulados
constitucionales sobre los derechos fundamentales de acceso efectivo a la
administración de justicia, debido proceso judicial, principio de reparación integral y
dignidad humana”.
Resaltó que se incurrió en defectos por desconocimiento del precedente judicial
y violación directa de la Constitución, y destacó que la Corte Constitucional en
las sentencias SU-659 de 2015, T-026 de 2022 y T-156 de 2009, desarrolló las
reglas relacionadas con la flexibilización del término de la caducidad y el principio
pro damnato.
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Por último, manifestó que en las providencias objetadas se debió aplicar el principio
pro damnato, pues se tenía que implementar una interpretación atendiendo a las
particularidades del caso, esto es, que tan solo el 3 de diciembre de 2024 fue que
conoció el daño en virtud del acta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Atlántico y que desde ahí se debió verificar el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión. Adicionalmente, mencionó las reglas relacionadas con la
prueba indiciaria y su valoración.
4. Trámite procesal
Por auto de 6 de octubre de 2025, se requirió a la apoderada de los demandantes
para que allegara el poder especial que la legitimara para interponer la acción de
tutela.
Una vez se cumplió con el requerimiento, en proveído de 24 de octubre de 2025, el
magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar a los accionantes y
a la autoridad judicial accionada. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 160433 a 160436
de 28 de octubre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
Respuesta de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
El magistrado ponente del auto de 4 de abril de 2025 manifestó que dicha
providencia no vulnera los derechos fundamentales alegados por la parte actora,
en tanto que el asunto fue resuelto de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia
vigente.
Afirmó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, toda vez que los cargos bajo los cuales los demandantes edificaron
la solicitud de amparo constitucional son los mismos que expuso al sustentar el
recurso que decidió la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en concreto, lo referente al “conocimiento” del daño invocado a partir de la
elaboración del dictamen pericial.
Agregó que los reparos presentados en la acción de tutela fueron ampliamente
estudiados en los autos de 4 de abril y 11 de julio, ambos de 2025.
Para terminar, resaltó que el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 establece que el
término para interponer el recurso extraordinario de revisión es de 1 año contado
desde la ejecutoria de la respectiva sentencia y el artículo 253 de la misma
normativa dispone que el recurso deberá rechazarse cuando no se presente en el
término legal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana de los accionantes.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto6
Los accionantes sostienen que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana, al supuestamente incurrir en los
defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial,
fáctico y por violación directa de la Constitución, al rechazar por extemporáneo
el recurso extraordinario de revisión sin tener en cuenta el acta núm. 02202402591
de 28 de octubre de 2024 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Atlántico, la cual solo conocieron el 3 de diciembre de 2024, cuando se le dio
traslado en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 08001-33-33-001-2022-00426-00.
Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente, el de
la relevancia constitucional, así:
Los accionantes presentaron recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
de 16 de junio de 2023 de la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Atlántico proferida en el medio de control de reparación directa
con radicado núm. 11001-03-26-000-2025-00022-00.
Lo anterior, con sustento en la causal del numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, es decir, haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisiones, lo que, en sentir de los demandantes, lo constituye el acta
núm. 02202402591 de 28 de octubre 2024, en la que se estableció una pérdida de
la capacidad laboral del 27.50%, daño que se solicitó en el curso del proceso de
reparación directa y que “adoleció de la práctica de la prueba por decisión del
director del proceso”.
6
Se reitera la postura desarrollada por esta sección en la sentencia de 25 de septiembre de 2025, radicado No. 11001-03-
15-000-2025-04386-00, C.P.: Wilson Ramos Girón.
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La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de ponente
de 4 de abril de 2025, rechazó el recurso extraordinario de revisión, toda vez que
de acuerdo con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, este se debe interponer
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia y su
inobservancia conlleva su rechazo de acuerdo con el numeral 1 del artículo 253 de
la mencionada normativa.
En ese orden de ideas, evidenció que de conformidad con la información registrada
en Samai por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el fallo objeto de revisión fue
enviado a las partes y al Ministerio Público mediante correo electrónico el 1 de
agosto de 2023. Por consiguiente, de conformidad con el numeral 2 del artículo 205
del CPACA, la notificación se surtió el 3 de agosto de 2023 y quedó en firme el 9
del mismo mes y año. Es decir, que el término para interponer el recurso venció el
10 de agosto de 2024, sin embargo, este solo se radicó el 12 de febrero de 2025,
cuando ya había transcurrido el término legal.
Agregó que, si “en gracia de discusión, en caso de que se considerara que en el
sub lite es necesario la correspondiente constancia de ejecutoria de la sentencia
censurada, el despacho advierte que el 5 de diciembre de 2023, el Juzgado 12
Administrativo del Circuito de Barranquilla profirió auto de “obedézcase y cúmplase”
lo resuelto por el Tribunal ad quem, de ahí que para esa fecha no queda duda
alguna que el fallo de segunda instancia ya estaba debidamente ejecutoriado. En
consecuencia, tomando como punto de partida la referida providencia, el recurso
extraordinario de revisión de la referencia también sería extemporáneo, en cuanto
el término legal habría fenecido el 6 de diciembre de 2024”.
Por último, aclaró que la conclusión no se afecta por el recurso de súplica que se
interpuso por los demandantes el 7 de diciembre de 2023 contra el fallo de segunda
instancia del proceso de reparación directa, pues este fue rechazado por
improcedente en proveído de 5 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, por lo que “de conformidad con jurisprudencia de esta Corporación, la
interposición de recursos improcedentes no suspende el término de caducidad de
las acciones judiciales”.
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que
afirmó no era de recibo los argumentos del auto de rechazo, “por cuanto el dictamen
de perdida de la capacidad laboral Nro. 02202402591 del 28 de octubre 2024,
emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, trasladado
por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, en fecha
03 de diciembre 2024, mediante auto de fecha de esa y anualidad, lo cual desvirtúa
la apreciación referente a la fecha del 10 de agosto 2024, como término legal para
interponer el recurso de extraordinario de revisión, por cuanto para esa data no se
había materializado el dictamen de pérdida de la capacidad laboral Nro.
02202402591 del 28 de octubre 2024, lo cual contraviene los principios y valores
constitucionales y derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de
justicia”.
Agregó que del dictamen se le corrió traslado el 3 de diciembre de 2024, momento
en que tuvo certeza del daño irrogado al señor William Efrat Badillo Cantillo, por lo
que la decisión de rechazo no se ajusta a los principios de justicia material.
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Luego, se refirió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se ha
manifestado que “los términos de caducidad contenidos en el art. 164 de la ley 1437
de 2011, no son absolutos, en consideración al principio de cognosibilidad que tiene
lugar cuando el hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento
determinado, pero sus repercusiones se manifestaron de manera externa y
perceptible para el afectado solamente hasta una ulterior oportunidad, principio
aplicable al recurso extraordinario de revisión al poderse determinar de manera
cierta e inequívoca que solo se tuvo acceso al dictamen de perdida de la capacidad
laboral Nro. 02202402591 del 28 de octubre 2024, cuando ya los términos para
presentar el recurso extraordinario de revisión estaba fenecido tomando como
apoyo la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con la parte motiva del auto
que rechaza el recurso extraordinario de revisión”.
Finalmente, consideró que el acta de la junta debió analizarse a partir de las reglas
de la prueba indiciaria.
En auto de 29 de mayo de 2025, la autoridad judicial accionada adecuó el recurso
de apelación al de súplica, con sustento en el numeral 2 del artículo 246 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021, y el artículo
318 del Código General del Proceso.
Posteriormente, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
proveído de 11 de julio de 2025, confirmó la decisión de 4 de abril de 2025, para lo
cual evidenció que la sentencia recurrida se notificó por medio de correo electrónico
el 1 de agosto de 2023, por lo que los demandantes tenían hasta el 10 de agosto
de 2024 para radicar el recurso. Sin embargo, esto solo ocurrió el 12 de febrero de
2025, es decir, extemporáneamente, en consecuencia, se debía aplicar el rechazo
regulado en el numeral 1 del artículo 253 de la Ley 1437 de 2011.
Aclaró que pese de que la caducidad del medio de control de reparación directa
puede variar según la ocurrencia del daño o por el conocimiento del demandante,
lo cierto es que esta regla no es extensiva al término para interponer el recurso
extraordinario de revisión.
Señaló que el recurso presentado corresponde a un medio de impugnación para
controvertir fallos ejecutoriados y no puede concebirse como un reinicio del debate
jurídico o probatorio. Así, lo solicitado por la parte demandante implica dar un
alcance no previsto a las normas de la Ley 1437 de 2011 y de la Constitución
Política.
Por último, aseguró que el término previsto en el artículo 251 de la Ley 1437 de
2011, corresponde a un requisito de la admisibilidad del recurso extraordinario de
revisión, cuya oportunidad se determina por la ejecutoria de la sentencia que se
impugna y no, desde el análisis de los indicios sobre el conocimiento del dictamen
de pérdida de capacidad laboral en los términos del conocimiento del daño del
medio de control de reparación directa, por lo que tal alegato no tendría vocación
de prosperidad ni muta la decisión tomada por el despacho sustanciador.
Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues se da continuidad al
debate superado en el curso del recurso extraordinario de revisión relacionado con
el rechazo por interponerse por fuera del término establecido en el artículo 251 de
la Ley 1437 de 2011.
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Al estudiar los argumentos planteados por los accionantes, se observa que reprocha
el hecho de que no se valorara el acta núm. 02202402591 de 28 de octubre 2024
para establecer que se presentó oportunamente el recurso extraordinario de
revisión, lo que, en su sentir, configuraba los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la Constitución.
Al respecto, la Sala observa que esos argumentos ya fueron objeto de análisis por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en los autos de 4 de
abril y de 11 de julio de 2025, corporación judicial que a partir del marco normativo
aplicable al presente asunto, consideró que la sentencia recurrida quedó
ejecutoriada el 9 de agosto de 2023, por lo que el término del año establecido en el
artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 feneció el 10 de agosto de 2024, mientras que
el recurso se radicó el 12 de febrero de 2025, sin que el recurso de súplica que
presentó contra el fallo de segunda instancia del proceso de reparación directa
habilite o modifique la aplicación del mencionado término.
Aunado a lo anterior, se evidencia que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en el recurso extraordinario de revisión y en el recurso de súplica, con
los argumentos que se plantean en el escrito de tutela, por parte de los accionantes.
Por otro lado, si bien el cargo relacionado con las sentencias SU-659 de 2015, T-
026 de 2022 y T-156 de 2009 de la Corte Constitucional son argumentos que se
proponen por primera vez en este mecanismo constitucional, lo cierto es que lo que
pretende con ese alegato es insistir en el mismo debate relacionado con la
contabilización del término oportuno para interponer el recurso extraordinario de
revisión radicado por los demandantes, lo que ya resolvió el juez natural del asunto
en dos instancias, y consideró que la parte actora superó el término de un año
establecido en el ordenamiento jurídico para acudir al precitado medio de
impugnación extraordinario. Por consiguiente, es evidente que lo pretendido por los
accionantes es acudir al defecto por desconocimiento del precedente judicial para
insistir en el mismo debate.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20197, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”8 (Negrilla y
resalta de la Sala)
Aunado a lo anterior, las providencias objetadas fueron dictadas por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la verificación del requisito de la
relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto en este
caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una Alta Corte,
más aún cuando se trata de un recurso extraordinario.
7
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
8
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06196-00
Accionante: William Efrat Badillo Cantillo y otros
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 20109, expresó lo siguiente:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 202210,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito
no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir
tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra una
sentencia de una alta corte”.
A su vez, en sentencia SU-451 de 202411, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana,
en este caso a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo
debate relacionado con la interposición en término del recurso extraordinario de
revisión que presentó contra el fallo de 16 de junio de 2023 de la Sección B de la
Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso
de reparación directa que adelantaron contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Sanidad.
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, habida
cuenta de que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
9
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050
de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
10
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
11
M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06196-00
Accionante: William Efrat Badillo Cantillo y otros
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por los señores
William Efrat Badillo Cantillo, Rosalía Cantillo García, Luis Miguel Badillo Cantillo y
Charid Dayana Badillo Cantillo, quienes actúan mediante apoderada judicial, contra
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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