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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05941-00

Fecha
21 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05941-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: PRIMERO: NEGAR la desvinculación solicitada por el Instituto Nacional de Vías. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la sociedad Construcciones CF S.A.S., contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05941-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

21 de noviembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05941-00
Accionante: Construcciones CF S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05941-00
Accionante: CONSTRUCCIONES CF S.A.S.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Construcciones CF
S.A.S., por intermedio de apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa, que estimó vulnerados con ocasión de las providencias del
25 de marzo, 14 de mayo, 4 de junio y 28 de agosto de 2025, dictadas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de controversias
contractuales núm. 76001-23-31-000-2010-00316-00.

1.2. La demanda de controversias contractuales fue presentada por las sociedades
Construcciones CF Ltda.1 y Construcciones Civiles y Portuarias S.A., y se
fundamentó en que, como integrantes del consorcio Puentes CF – 116, suscribieron
con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) el contrato núm. 3495 del 31 de diciembre
del 2007, cuyo objeto fue “La construcción del puente El Piñal de la carretera
Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga), ruta 4001”, el cual tenía con un plazo inicial
de 12 meses, pero se extendió hasta el 12 de febrero de 2009.

Las demandantes alegaron que, después de haber requerido al INVÍAS para que
efectuara las precisiones técnicas necesarias para la elaboración de los diseños de
la obra, y ante la falta de respuesta, la demandante procedió a elaborarlos. Sin
embargo, la entidad determinó que dichos diseños no eran viables, en razón a que
no se contaba con los predios necesarios para su ejecución. Finalmente, el 12 de

1 De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal allegado con la tutela, la sociedad

Construcciones CF Ltda., por acta del 8 de enero de 2010, cambió su nombre a Construcciones CF
S.A.S.

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febrero de 2009 venció el plazo contractual sin que el Consorcio pudiera ejecutar el
objeto, debido a la tardanza del INVÍAS para definir la solución técnica.

1.3. El INVIAS el 16 de diciembre de 2010 presentó demanda de reconvención en
contra de las sociedades Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y Construcciones
CF Ltda., y alegó que el contratista recibió toda la información técnica, financiera y
legal necesaria, así como los parámetros de ejecución. Sin embargo, incumplió sus
obligaciones contractuales al no presentar los estudios y diseños requeridos ni
avanzar en la construcción dentro del plazo pactado. Agregó que en la liquidación
del contrato, el consorcio cobró la suma de $3.599.992.200, sin haber ejecutado la
obra, y sin siquiera haber amortizado el anticipo.

1.4. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien
profirió sentencia el 13 de diciembre de 2024, en la que denegó las pretensiones de
la demanda principal formulada por Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y
Construcciones CF Ltda., y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
de reconvención presentada por el INVIAS.

Consideró que la parte demandante no demostró irregularidad ni incumplimiento
alguno en la actuación contractual del INVIAS. Dijo que el reclamante no probó la
validez de los diseños alternos que pretendía imponer, los cuales implicaban un
incremento sustancial del valor contractual, sin sustento técnico suficiente, y que
tampoco acreditó que la falta de aprobación de los diseños y la imposibilidad de
culminar la obra obedecieran a la negativa de la entidad de adquirir unos predios,
como lo afirmó. Agregó que, por el contrario, estaba probado que la ejecución
contractual se vio afectada por múltiples obstáculos y propuestas del contratista que
generaban sobrecostos injustificados. Además, si bien se adelantaron algunos
trabajos iniciales, lo cierto es que el puente nunca fue construido, situación
imputable al contratista y no al INVIAS.

En suma, declaró el incumplimiento del contrato por parte de las sociedades
Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y Construcciones CF Ltda., por lo que lo
procedente era su liquidación judicial. En consecuencia, lo liquidó y ordenó a las
mencionadas sociedades que reembolsaran las siguientes sumas de dinero al
INVIAS:

a) Ocho Mil Doscientos Sesenta Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos
Noventa y Tres pesos ($8.260.683.693.73) por concepto de la liquidación del
anticipo, girado el 15 de abril de 2008, debidamente indexado.

b) Once Mil Ciento Ochenta y Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil
Quinientos Setenta pesos ($11.184.788.570,73) por concepto de intereses de mora
liquidados desde abril 16 de 2008 a diciembre 12 de 2024 sobre el valor
desembolsado.

c) Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil
Trescientos Ochenta y Siete pesos ($7.385.347.387.97) por concepto de los valores
pagados en el acta nro. 10 del 13 de febrero de 2008, debidamente indexados.

d) Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Millones Seiscientos Un Mil Novecientos
Ochenta y Cuatro Pesos ($9.999.601.984.35) por concepto de intereses de mora
liquidados desde el 25 de diciembre del 2008 a diciembre 12 de 2024 sobre el acta
nro. 10 del 13 de febrero de 2008.

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1.5. Las partes apelaron la anterior decisión y, mediante proveído del 25 de marzo
de 2025 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló el 8 de mayo del
mismo año para la realización de la audiencia de conciliación prevista en el artículo
70 de la Ley 1395 de 2010, advirtiendo que la inasistencia a dicha diligencia
comportaría la declaratoria de desierto del recurso.

Posteriormente, mediante auto del 14 de mayo de 2025, el Tribunal dejó constancia
de que en la fecha fijada mediante proveído del 25 de marzo del mismo año, se
adelantó la audiencia de conciliación, la cual fue declarada fallida por la inasistencia
de las sociedades demandantes. Por lo tanto, en esa providencia concedió el
recurso de apelación interpuesto por el INVIAS y declaró desierto el presentado por
las sociedades, por no haber justificado su inasistencia a dicha diligencia.

1.6. Contra la anterior decisión, las sociedades Construcciones Civiles y Portuarias
S.A. y Construcciones CF Ltda. interpusieron recurso de reposición, el cual fue
resuelto de manera desfavorable por el Tribunal accionado mediante proveído del
4 de junio de 2025, al considerar que la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011 no
modificaba el trámite aplicable al caso, el cual se surtió conforme al Decreto 01 de
1984 (Código Contencioso Administrativo – CCA). Además, precisó que el auto que
fijó la fecha para la audiencia de conciliación advirtió expresamente a las partes que
su inasistencia daría lugar a la declaratoria de desierto del recurso de apelación.

1.7. La anterior decisión fue objeto del recurso de súplica, que fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante proveído del 28 de agosto de
2025, que la confirmó, con fundamento en que, aunque el artículo 70 de la Ley 1395
de 2010 fue derogado por la Ley 1437 de 2011, conforme al artículo 308 de esta
última, seguía siendo aplicable a los procesos iniciados bajo el CCA. Por ello, fue
acertada la declaratoria de desierto del recurso de apelación interpuesto por las
constructoras, ya que no comparecieron a la audiencia de conciliación del 8 de mayo
de 2025 ni justificaron su inasistencia dentro del término legal.

1.5. La accionante alegó en la tutela que el Tribunal declaró desierto el recurso de
apelación con base en la aplicación del artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, que
exigía la realización de una audiencia de conciliación previa a la modificación o
concesión del recurso. Sin embargo, esta norma estaba derogada desde la
expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y definitivamente por la Ley 2220 de 2022, por lo que
jurídicamente no era aplicable al proceso iniciado bajo el Código Contencioso
Administrativo.

Además, argumentó que la competencia para resolver sobre el trámite del recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia recaía en el Consejo de
Estado y no en el Tribunal accionado.

1.6. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las siguientes
pretensiones:

PRIMERA: Solicito que se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA, en su sala de decisión conformada por VICTOR ADOLFO
HERNÁNDEZ DIAZ, ZORANNY CASTILLO OTALORA y ANDRÉS GONZALEZ
ARANGO, que deje sin efectos las actuaciones judiciales adelantadas luego de la
interposición de los recursos de apelación radicados contra la sentencia de primera
instancia fechada el 13 de diciembre de 2024 (autos de sustanciación 233, 413 y

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461 y auto interlocutorio 169), sentencia dictada en el curso del proceso
jurisdiccional contencioso administrativo de controversias contractuales distinguido
con el número 76001233100020100031600, promovido por CONSTRUCCIONES
CF y CIPORT contra el INVIAS

SEGUNDA: Solicito, en cumplimiento y aplicación de lo ordenado por los artículos
173, 181 y 212 del Decreto-Ley No. 01 de 1984, incluyendo el artículo 31 de la
Constitución Nacional, que se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA, en su sala de decisión conformada por VICTOR ADOLFO
HERNÁNDEZ DIAZ, ZORANNY CASTILLO OTALORA y ANDRÉS GONZALEZ
ARANGO, que envíe el expediente al Honorable Consejo de Estado, en aplicación
del debido proceso y el derecho de defensa.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 2 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la
tutela y vinculó en calidad de terceros con interés al INVIAS y a las sociedades
Consultores Civiles e Hidráulicos Ltda. y Construcciones Civiles y Portuarias S.A.,
quienes fueron parte en el proceso ordinario.

2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por intermedio de uno de sus
magistrados, hizo un resumen de las actuaciones adelantadas en primera instancia
y adujo que las decisiones atacadas se dictaron de acuerdo con las reglas aplicables
a los procesos que se rigen por el Código Contencioso Administrativo, por lo que no
vulneró los derechos fundamentales de la accionante.

2.3. El INVIAS, por intermedio de apoderado, indicó que las actuaciones de la
autoridad judicial demandada no vulneraron el debido proceso ni el derecho a la
defensa de la accionante. Sostuvo que el proceso se tramitó conforme a la
normatividad aplicable al momento de su inicio, específicamente la Ley 1395 de
2010 y el Decreto 01 de 1984, y que la audiencia de conciliación y las demás
actuaciones se sujetaron a dicho marco jurídico, pues la Ley 1437 de 2011 solo rige
para procesos iniciados a partir de su entrada en vigor.

Asimismo, señaló que la inasistencia del accionante a la audiencia de conciliación
no fue justificada conforme a derecho, por lo que la decisión de declarar desierto el
recurso de apelación era lo procedente. En consecuencia, alegó que no se acreditó
la vulneración de los derechos fundamentales invocados y que las actuaciones
judiciales fueron claras, precisas y congruentes con lo solicitado.

Por último, solicitó que se le desvincule del proceso y se declare improcedente la
acción.

2.4. las sociedades Consultores Civiles e Hidráulicos Ltda. y Construcciones
Civiles y Portuarias S.A., vinculadas al trámite constitucional, guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021,

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y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas
acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

3.2. ANÁLISIS DE LA SALA

3.2.1. De la legitimación en la causa por pasiva

La Sala estima que no es procedente acceder a la solicitud de desvinculación del
trámite tutelar formulada por el INVIAS, dado que conformó la parte demandada en
el proceso de reparación directa que dio origen a la providencia debatida, razón por
la cual las decisiones que resulten del presente trámite constitucional pueden incidir
en sus intereses.

3.2.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial.

3.2.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, al sintetizar los requisitos
generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más
tarde acogidos también por esta corporación2, indicó que un asunto sometido al
estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una
confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de
carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20223, la Corte Constitucional hizo
énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser
en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces
de tutela como de los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito
de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una
restricción desproporcionada a los derechos mencionados.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso se
encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá
en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el efecto.

2 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María
Elizabeth García González).
3 M. P. Natalia Ángel Cabo.

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3.2.2.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales es que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si
no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde
resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el
examen del requisito de relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido
decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573
de 20194, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada
sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve
al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico” 5.

4 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021

y SU-103 de 2022.
5 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de

la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.

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3.2.2.1.2. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero de los
criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca evitar que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces. Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha
dicho6:

Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal’. En este
orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una
Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales.
Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de
los jueces ordinarios.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y
reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la
irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se evita que
el recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo dicho por
la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una
sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del
punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna
otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger
los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial
se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y
coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos
fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en los que
el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que el juez
natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el
fallador las pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se
sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, o en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta
evidente que este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en
el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se desconocería la

6 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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autonomía e independencia del juez natural.

3.2.3. Caso concreto

En el presente asunto, los argumentos de la tutela giran en torno a las
inconformidades de la parte actora con las decisiones adoptadas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en los proveídos del 25 de marzo de 2025, que
fijó fecha para la realización de la audiencia de conciliación prevista en el artículo
707 de la Ley 1395 de 2010; del 14 de mayo de 2025, que declaró fallida la audiencia
y declaró desierto el recurso de apelación presentado por las sociedades
demandantes; 4 de junio de 2025, que resolvió desfavorablemente el recurso de
reposición contra la anterior providencia, y del 28 de agosto de 2025, que decidió
de manera desfavorable el recurso de súplica interpuesto contra la anterior decisión.

La demandante argumenta que el recurso no debió declararse desierto, pues el
artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 fue derogado por el CPACA y por la Ley 2220
de 2022, y que, en todo caso, era competencia del Consejo de Estado y no del
Tribunal, decidir sobre el trámite del recurso de apelación.

La Sala estima que el debate así propuesto por la parte demandante constituye
simplemente la reiteración del que ya se agotó en el proceso ordinario sobre el
trámite del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, más
concretamente, sobre la vigencia del artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 respecto
de los procesos iniciados durante la vigencia del Código Contencioso
Administrativo.

Por lo tanto, es claro que la actora busca ventilar sus inconformidades frente a las
conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre el caso planteado, y
que el juez constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, lo que hace evidente que solo quiere acceder
a una instancia adicional, finalidad para la cual no es procedente este mecanismo
excepcional de protección.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene señalar que la demanda de controversias
contractuales fue instaurada en el año 2010, por lo que el trámite del proceso se
inició y continuó bajo los postulados del Código Contencioso Administrativo y de la
Ley 1395 de ese año. Por lo tanto, el recurso de apelación también debía surtirse
bajo esas disposiciones, las cuales establecían la celebración de la audiencia de
conciliación posterior a la interposición del recurso de alzada y la declaratoria de
desierto en caso de inasistencia del recurrente.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones
de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen a su
disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las

7 “Artículo 70. Derogado por el art. 309, Ley 1437 de 2011, a partir del 2 de julio de 2012. Adiciónese

un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente:
En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter
condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá
citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del
recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.
Parágrafo. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso”.

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facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo tanto, en los eventos en los cuales el
juez decide precisamente sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole
la razón a alguna de las partes o aplicando la normativa vigente para el caso,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la
Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier
desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le corresponden,
utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese
propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley
para pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto,
con el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre
las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate, porque así le
fueron planteadas por las partes en sus pretensiones, excepciones y hechos,
resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales, y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio
entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir
la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su faceta del derecho a
la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina,
pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a controvertir el análisis
efectuado por las autoridades de la jurisdicción, como si este mecanismo pudiera
emplearse como una instancia adicional.

Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de relevancia
constitucional, razón por la cual resulta completamente innecesario el estudio sobre
el posible cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra decisiones judiciales.

Por lo expuesto, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05941-00
Accionante: Construcciones CF S.A.S.

FALLA

PRIMERO: PRIMERO: NEGAR la desvinculación solicitada por el Instituto Nacional
de Vías.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
sociedad Construcciones CF S.A.S., contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los términos
señalados por la Ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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