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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-00316-02

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-00316-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 13 de diciembre de 2024, cuya parte resolutiva quedará así: “Primero: Niéguense las pretensiones de la demanda principal presentada por Construcciones Civiles y Portuarias S.A. –CIPORT S.A.– Sucursal Colombia y Construcciones CF S.A.S., integrantes del Consorcio Puentes CF-C-116, en contra del Instituto Nacional de Vías. Segundo: Accédase parcialmente a las pretensiones de la demanda de reconvención formulada por el Instituto Nacional de Vías en contra de Construcciones Civiles y Portuarias S.A. –CIPORT S.A.– Sucursal Colombia y Construcciones CF S.A.S., integrantes del Consorcio Puentes CF-C-116. En consecuencia, declárase el incumplimiento del contrato 3495 del 31 de diciembre de 2007 por parte de Construcciones Civiles y Portuarias S.A. –CIPORT S.A.– Sucursal Colombia y Construcciones CF S.A.S., integrantes del Consorcio Puentes CF-C-116. Tercero: Liquídase judicialmente el contrato 3495, suscrito el 31 de diciembre de 2007 entre el Instituto Nacional de Vías y el Consorcio Puentes CF-C-116 (integrado por Construcciones Civiles y Portuarias S.A. –CIPORT S.A.– Sucursal Colombia y Construcciones CF S.A.S.). En consecuencia, condénese solidariamente a Construcciones Civiles y Portuarias S.A. –CIPORT S.A.– Sucursal Colombia y Construcciones CF S.A.S. (integrantes del Consorcio Puentes CF-C-116) a pagar al Instituto Nacional de Vías la suma total de cuarenta y dos mil trescientos ochenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil seiscientos noventa y seis pesos con cincuenta y cuatro centavos ($42.389’175.696,54). Cuarto: Niéguense las demás pretensiones de la demanda de reconvención. Quinto: Sin condena en costas en esta instancia. Sexto: Ordenar por Secretaría que, en firme esta providencia, proceda con su archivo, previa cancelación de su radicación”. SEGUNDO: Sin condena en costas por la segunda instancia. TERCERA: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2010-00316-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandados: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: Sustentación del recurso de apelación - La ley exige que se controviertan los fundamentos que
sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable, de tal manera que el superior jerárquico
cuente con elementos para confrontar la decisión apelada con los motivos de inconformidad de la parte
recurrente / Incumplimiento definitivo - el carácter definitivo refiere la imposibilidad de remediar el
incumplimiento mediante medidas de apremio, por la expiración del plazo para la entrega de la obra y la
frustración irreversible del interés de la entidad / Constitución en mora obligación principal y accesoria - El
vencimiento del plazo contractual determinó la constitución en mora frente a la obligación principal —
entregar el puente—, no frente a la obligación de pagar la pena, que es una obligación accesoria, pero
distinta

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala resuelve el recurso de apelación presentado contra la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda y accedió parcialmente
a las de la demanda de reconvención.

La controversia versa sobre un contrato para la construcción de un puente vehicular
en la carretera Buenaventura-Buga. El plazo del contrato venció sin que la obra se
ejecutara. El contratista demandó alegando que la inejecución obedeció a causas
que no le eran imputables. La entidad comitente demandó en reconvención
sosteniendo que el incumplimiento del objeto pactado era atribuible al contratista.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la providencia dictada el 13 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que adoptó las siguientes decisiones: (i) negó
las pretensiones de la demanda presentada por Construcciones Civiles y Portuarias
S.A. – CIPORT S.A. y Construcciones CF S.A.S. (en adelante, el "Contratista"); (ii)
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reconvención del INVÍAS
y, en consecuencia, declaró el incumplimiento contractual por parte del Contratista;
(iii) liquidó el contrato y ordenó al Contratista pagar al INVÍAS la suma de
$36.830'421.636; (iv) negó las demás pretensiones de la reconvención; (v) se
abstuvo de condenar en costas; y (vi) ordenó el archivo del proceso una vez
ejecutoriada la providencia1.

2. El fallo estudió la demanda presentada por Construcciones Civiles y Portuarias
S.A. – CIPORT S.A. y Construcciones CF S.A.S. contra el INVÍAS y la demanda de
reconvención presentada por la entidad en contra de aquellas. Las pretensiones,
hechos principales y fundamentos de derecho se sintetizan a continuación2.

1
Índice SAMAI 149, T.A.
2
Índice SAMAI 149, T.A.

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

Pretensiones y fundamentos de la demanda3

3. El Contratista solicitó que se declare que INVÍAS incumplió el contrato 3495
(pretensión 1ª) y, de manera subsidiaria, que se presentaron situaciones imprevistas
que dieron lugar a una excesiva onerosidad para el cumplimiento de las
prestaciones a su cargo (pretensión 1ª subsidiaria). Asimismo, pidió que, como
consecuencia de la prosperidad de cualquiera de las anteriores pretensiones, se
declare que fue imposible la ejecución del contrato (pretensión 2ª) y que este
terminó el 12 de febrero de 2009 (pretensión 3ª).

4. Igualmente, solicitó declarar que INVÍAS está obligado a resarcir al Contratista
producto del incumplimiento y/o las situaciones imprevistas que imposibilitaron la
ejecución del contrato (pretensión 4ª) y que sea condenado al pago de todas las
sumas que se probaran por concepto de perjuicios y sobrecostos, debidamente
actualizadas e incluyendo el reconocimiento de intereses del 12% (pretensión 5ª) o,
en su defecto, con el reconocimiento de intereses legales del 6% (pretensión 5ª
subsidiaria). También reclamó la liquidación judicial del contrato (pretensión 6ª), que
se condene al INVÍAS al pago de las costas del proceso y las agencias en derecho
(pretensión 7ª) y que se ordene dar cumplimiento a la sentencia conforme a lo
previsto en los artículos 176 y 177 del CCA (pretensión 8ª).

5. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, expuso lo siguiente:

6. El 31 de diciembre de 2007, INVÍAS y el Consorcio Puentes CF-C-1164
celebraron el contrato 3495. Su objeto consistió en la construcción del puente El
Piñal de la carretera Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga), Ruta 4001, por el
sistema de precios unitarios, sin ajustes, con un valor estimado de $7.792’614.160.

7. El contrato comprendió la elaboración de los estudios y diseños de la obra, así
como su construcción. El Contratista tenía el deber de ejecutar la obra con base en
los estudios, diseños y especificaciones técnicas aprobados por la entidad. Su plazo
de ejecución se fijó en doce meses contados a partir de la orden de inicio que
impartiera INVÍAS, la cual fue expedida el 13 de febrero de 2008.

8. En cuanto a la forma de pago, se pactó una remuneración mensual mediante la
presentación de las actas de obra refrendadas por el Contratista, el interventor, los
supervisores y el ordenador del pago. Adicionalmente, se previó la entrega de un
anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, el cual
debía ser administrado de manera conjunta con el interventor.

9. El 13 de febrero de 2008, el Contratista requirió a INVÍAS que le remitiera la
información necesaria para el planteamiento inicial de los diseños, dado que esta
era precaria; sin embargo, su requerimiento no fue atendido. El Contratista planteó
una alternativa de diseño inicial con la información disponible.

En febrero de 2008, INVÍAS notificó que la propuesta no era realizable, dado que
10.

implicaba la adquisición de predios. Esta circunstancia conllevó que, en abril de
2008, la interventoría le exigiera al Contratista un replanteamiento del diseño, el cual
contemplaba que la cimentación quedara sobre el lecho marino y, por ende, fuera

3
Cuaderno 1, folio 255 y ss.
4
Integrado por Construcciones Civiles y Portuarias S.A. – CIPORT S.A. y Construcciones CF-LTDA.

2

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

necesario contar con el respectivo permiso de la Dirección General Marítima
(DIMAR).

11.El Contratista elaboró la alternativa de diseño definida; sin embargo, el INVÍAS
nuevamente solicitó su replanteamiento dados los costos que implicaba su
ejecución. El 18 de julio de 2008, el Contratista presentó una nueva alternativa
basada en la utilización de cajones autofundantes.

12.El 25 de agosto de 2008, INVÍAS le notificó al Contratista que procediera con la
finalización de los diseños bajo la alternativa de cajón autofundante. En cuanto al
permiso requerido ante la DIMAR, en ese mismo mes INVÍAS inició las gestiones
para su obtención y lo obtuvo en diciembre de 2008.

Sin embargo, finalizado el plazo de ejecución del contrato el 13 de febrero de
13.

2009, la entidad no había aprobado los diseños. La aprobación se dio finalmente el
29 de abril de 2009, tras la intervención del Director Regional de INVÍAS.

14.Simultáneamente al desarrollo de las gestiones anteriores y desde el 27 de
febrero de 2008, el Contratista advirtió inconvenientes relacionados con la
identificación de redes eléctricas y de acueducto localizadas en el sitio de las obras,
las cuales impedían su ejecución. Con el fin de resolver esta situación, INVÍAS
celebró acuerdos con las empresas prestadoras de servicios para realizar su
traslado.

15.En agosto de 2008, INVÍAS resolvió que el Contratista debía asumir el traslado
de las redes identificadas, con cargo a los recursos del contrato, por lo cual procedió
a presentar los análisis de precios unitarios para la ejecución de dichas actividades.
Sin embargo, solo hasta el 30 de noviembre de 2008 la entidad aprobó el
presupuesto presentado. Obtenida la aprobación, el Contratista procedió con la
ejecución de las actividades, las cuales finalizó de manera posterior al vencimiento
del contrato, puntualmente en julio de 2009.

16.El Contratista señaló que a raíz de los anteriores problemas, el presupuesto
previsto para la ejecución de la obra resultó insuficiente, pues INVÍAS no consideró
las actividades de traslado de redes ni las cantidades finales de obra derivadas de
la alternativa de diseño aprobada. Estas circunstancias provocaron que el anticipo
otorgado se destinara parcialmente al traslado de redes. Además, para que el
presupuesto restante asignado al contrato no se perdiera por el cambio de anualidad
presupuestal, el Contratista lo destinó también a la adquisición de materiales. La
insuficiencia del presupuesto provocó que el Contratista se abstuviera de continuar
con la ejecución del contrato hasta tanto no se contara con los recursos suficientes.

17.Indicó que el INVÍAS se opuso a suspender y ampliar el plazo de ejecución del
contrato, a pesar de la necesidad de suscribir tales acuerdos para lograr su
cumplimiento. La entidad también se negó a que el Contratista consignara
salvedades en los borradores de estos documentos, derivadas de las afectaciones
que sufrió a lo largo de la ejecución del proyecto, lo que frustró la modificación del
contrato.

18.El 13 de febrero de 2009 venció el plazo del contrato. El Contratista no logró
ejecutarlo en el término convenido por situaciones no imputables a él. En
consecuencia, solicitó a INVÍAS que en la liquidación se tuvieran en cuenta: la
adquisición de materiales para la ejecución de la obra y los reembolsos pendientes
por este concepto; los anticipos pagados a subcontratistas y proveedores; las

3

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

sumas correspondientes a la mano de obra, equipos y maquinaria dispuestos para
la ejecución del contrato; los gastos administrativos asumidos; las sumas por
concepto de las alternativas de diseño desarrolladas; los gastos administrativos
causados con posterioridad a la expiración del plazo del contrato; y los reajustes
pactados.

19.Como fundamentos de derecho, el Contratista sostuvo que INVÍAS incumplió los
deberes de planeación y buena fe contractual: no tomó una decisión sobre los
diseños a ejecutar, no entregó el sitio de obra libre de obstáculos para las
intervenciones constructivas, no previó el traslado de redes previo al inicio de las
obras, no dispuso las partidas presupuestales necesarias para concluir el objeto
contractual, e impidió la suscripción de suspensiones y prórrogas con salvedades.
Sostuvo que lo anterior configuró un incumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo de INVÍAS, que la obligaba a resarcir los daños causados al
Contratista.

Contestación de la demanda5

20.El INVÍAS propuso como excepciones la de “contrato no cumplido” y la “genérica”.
Sostuvo que los demandantes incumplieron el contrato, dado que no ejecutaron
debidamente las prestaciones a su cargo. Agregó que el Contratista incumplió las
obligaciones derivadas de la entrega del anticipo, por cuanto no amortizó la totalidad
de la suma que le fue entregada por $3.808’776.150 y no destinó a la ejecución del
contrato la suma entregada en virtud del Acta 10 por $3.599’992.200. En este
sentido, sostuvo que debe restituir estas sumas. Afirmó también que incumplió las
obligaciones relativas a los estudios y diseños, la actualización y ajuste del PAGA,
y la obtención de permisos para la construcción del puente.

Pretensiones y fundamentos de la demanda de reconvención6

21.El INVÍAS solicitó que se declare que los demandantes celebraron el contrato
3495 (pretensión 3.1), lo incumplieron (pretensión 3.2) y que tal incumplimiento los
obliga a (i) devolver a la entidad lo recibido en virtud del Acta 10 y el anticipo no
amortizado; (ii) pagar las sanciones por el mal manejo o incorrecta inversión del
anticipo y no presentar oportunamente los documentos e informes solicitados por la
interventoría y la entidad; (iii) reconocer la cláusula penal por “el incumplimiento en
la ejecución de las obras e incumplimiento en el plazo inicialmente pactado”; e (iv)
indemnizar los perjuicios causados (pretensión 3.3).

22. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se condene al Contratista a devolver
al INVÍAS lo pagado en virtud del Acta 10 por la suma de $3.599’992.200 (pretensión
3.4), devolver el anticipo recibido y no amortizado por la suma de $3.808’776.150
(pretensión 3.6); sumas respecto de las cuales también reclamó su actualización y
el reconocimiento de intereses moratorios (pretensiones 3.5. y 3.7). Asimismo,
solicitó el pago de la “sanción” del 5% del valor total del contrato por el mal manejo
o incorrecta inversión del anticipo por la suma de $389’630.708 (pretensión 3.8.) y
del 0.10% del valor total del contrato por no presentar oportunamente los
documentos e informes solicitados por la interventoría y el INVÍAS, por la suma de
$1.878’020.012,56 (pretensión 3.10); incluyendo el reconocimiento de la
actualización e intereses moratorios sobre dichas sumas (pretensiones 3.9 y 3.11).

5
Cuaderno 2, folio 522 y ss.
6
Cuaderno 2, folio 521 y ss.

4

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

23.Solicitó igualmente que se condene al Contratista al pago de la cláusula penal
equivalente al 10% del valor del contrato, por la suma de $779’261.416 (pretensión
3.12), y al pago de la sanción del 1% del valor del contrato por el incumplimiento de
la ejecución de las obras en el plazo pactado, por la suma de $28.053’410.976
(pretensión 3.14); incluyendo la actualización y el reconocimiento de intereses
moratorios (pretensiones 3.13 y 3.15).

24.También pidió que se declare al Contratista responsable por los perjuicios
causados, por concepto de lucro cesante y daño emergente y de todo aquello que
resulte probado en el proceso, junto con su respectiva actualización y el
reconocimiento de intereses moratorios (pretensiones 3.16, 3.17, y 3.19).
Finalmente, que se condene al Contratista al pago de las costas del proceso y
agencias en derecho (pretensión 3.18), y que se liquide el negocio jurídico
(pretensión 3.20).

25. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, expuso lo siguiente:

26.La entidad suministró toda la información técnica, legal y financiera para la
ejecución de la obra. Asimismo, en el pliego de condiciones de 2007 se plasmó la
necesidad por satisfacer, se indicaron cuáles eran las condiciones de ejecución del
proyecto y el presupuesto oficial disponible para su ejecución; aspectos que el
Contratista no objetó en ningún momento. Del mismo modo, entregó oportunamente
las condiciones y parámetros técnicos requeridos para la construcción del puente.

27.El 15 de abril de 2008, el INVÍAS giró al Contratista la suma de
$3.808’776.150,75, por concepto del anticipo; sin embargo, los demandantes
incumplieron la obligación de amortizarlo y restituir la parte no amortizada, lo cual
debía haber ocurrido un mes antes de la terminación del contrato, esto es, el 12 de
enero de 2009.

28.El Contratista recibió un pago en virtud del Acta 10 del 13 de diciembre de 2008
que ascendió a $3.599’992.200 por concepto de “Acero tirantes, incluye silletas”, el
cual está obligado a devolver a la entidad, por cuanto no tenía derecho a ser
remunerado por la adquisición de materia prima y solamente había lugar a su pago
cuando los materiales se hubiesen empleado en la construcción de la obra.
Igualmente, a lo largo de la ejecución del contrato, el Contratista hizo caso omiso a
los requerimientos de entrega de los estudios y diseños del proyecto, los cuales no
entregó oportunamente.

29.Finalizado el plazo de ejecución el 12 de febrero de 2009, el Contratista incumplió
el contrato porque presentó estudios y diseños que no se ajustaban a lo requerido
contractualmente. Además, no ejecutó ningún ítem asociado con la construcción de
la obra. Señaló que el INVÍAS cumplió con todas las obligaciones a su cargo, entre
ellas, brindar al Contratista el apoyo necesario para la ejecución del contrato y
atender oportunamente sus obligaciones de pago del precio.

30.Como fundamentos de derecho de su demanda, afirmó que el Contratista violó
las cláusulas primera, cuarta, sexta, el parágrafo segundo de la cláusula octava, el
parágrafo tercero de la cláusula novena, y la cláusula vigésima tercera, así como
los documentos de la licitación, el pliego de condiciones y su propuesta. Sostuvo
que, producto del incumplimiento contractual, el Contratista está obligado a restituir
el anticipo no amortizado, pagar las sanciones pactadas y resarcir los daños
ocasionados a la entidad. Señaló, además, que la conducta de los demandantes

5

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

afectó el interés general, en tanto privó a los usuarios del acceso al puente que fue
contratado.

Contestación de la demanda de reconvención7

31.El Contratista propuso la excepción de “incumplimiento del Invías del deber de
planeación e información contractual”, argumentando que la entidad incumplió el
deber de planeación, pues le impidió conocer las condiciones reales de ejecución
del contrato, al no contar con los predios y permisos previos necesarios para la
ejecución de la obra. Formuló la excepción de “contrato no cumplido”, aduciendo
que honró las obligaciones a su cargo y desplegó todas las acciones necesarias
para cumplir con las actividades diseño y construcción de la obra, las cuales no
pudieron ser cumplidas por causas imputables a la entidad. También planteó la
excepción de “inexistencia del derecho pretendido por el Invías” señalando que no
le asiste derecho a la entidad de reclamar el valor del anticipo, ya que fue empleado
en la ejecución de las obras, ni la restitución del dinero pagado en virtud del Acta
10, pues ese pago correspondió a obras ejecutadas y recibidas.

32.Igualmente, propuso la excepción de “inexistencia de daño”, aduciendo que las
sumas pagadas en virtud del Acta 10 corresponden a obras recibidas, y la de “error
y culpa de la víctima en la generación del daño”. Por otra parte, formuló la de
“inexistencia de la exigibilidad de la obligación”, argumentando que las obligaciones
a cargo del Contratista no se hicieron exigibles producto del incumplimiento del
contrato y del deber de planeación por parte de INVÍAS. También propuso la de
“violación al debido proceso y al derecho de defensa del contratista. inexistencia de
sanciones contractuales”, indicando que, al no existir sanciones contractuales
impuestas en debida y legal forma por parte de INVÍAS, ello conllevaba que no se
pudiera pretender su declaración y condena en sede judicial.

33.Igualmente, formuló la excepción de “compensación”, argumentando que entre
los valores adeudados al Contratista y los reclamados por INVÍAS operó este modo
de extinción de las obligaciones. Finalmente, formuló la de “inexigibilidad de
actualización e intereses moratorios”, pues el Contratista no ha sido constituido en
mora ni la obligación se ha hecho exigible.

Intervención del llamado en garantía8

34.El Tribunal Administrativo admitió el llamamiento en garantía formulado por el
INVÍAS en contra de Consultores Civiles e Hidráulicos Ltda., quien fungió como
interventor del contrato de obra. Frente a la demanda del Contratista, propuso la
excepción de contrato no cumplido, argumentando que las demandantes no
ejecutaron el objeto contractual por causas exclusivamente atribuibles a ellas.

35.Frente al llamamiento en garantía, propuso como excepciones la genérica y la de
“incumplimiento del Instituto Nacional de Vías por violación del principio de
planeación y buena fe contractual”. Sostuvo que la interventoría contratada se limitó
a la construcción del puente y no a sus diseños. Añadió que existía una
incongruencia entre lo previsto bajo el contrato de obra y lo previsto bajo el contrato
de interventoría, porque en el primero se previó que el puente sería construido bajo
la tipología de atirantado y que sería proyectado en viga cajón en concreto
reforzado, mientras que en el segundo se estableció que la infraestructura

7
Cuaderno 2ª, folio 693 y ss.
8
Cuaderno 2, folio 676 y ss.

6

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

correspondía a vigas cabezales que se apoyaban directamente sobre pilotes
reforzados.

Alegatos en primera instancia

36.Concluida la etapa probatoria9, se corrió traslado para la presentación de
alegatos de conclusión10. Los demandantes reiteraron los planteamientos de sus
escritos procesales. Sostuvieron que la obligación de construcción nunca nació,
pues no se dio la aprobación de los diseños; que en el marco del proceso se acreditó
que el anticipo se destinó a la ejecución de actividades enmarcadas en el objeto del
negocio jurídico; y, que el componente de estudios y diseños, no fue reconocido ni
pagado11. Por su parte, el INVÍAS reiteró la posición sostenida a lo largo del proceso
e insistió en que suministró toda la información necesaria para la ejecución del
proyecto12. El llamado en garantía no presentó alegatos de conclusión y el Ministerio
Público guardó silencio.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

37.El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda y accedió parcialmente a
las de la demanda de reconvención. Frente a la pretensión de incumplimiento
formulada por el Contratista contra el INVÍAS, el Tribunal concluyó que no existió
impedimento alguno para la ejecución del objeto contractual. Señaló que las
condiciones del proyecto estaban definidas desde la licitación y, si había
observaciones sobre las especificaciones técnicas, debieron haberse formulado en
la etapa de aclaraciones al pliego, lo cual no ocurrió. Afirmó que el Contratista
tampoco acreditó que el cumplimiento de las especificaciones técnicas fuera
inviable, ni que sus alternativas de diseño fueran “las correctas”13.

38.Adujo que INVÍAS no asumió la obligación de ajustar las especificaciones
técnicas del proyecto conforme a los requerimientos del Contratista ni adquirió el
compromiso de compra de predios como condición para la elaboración de los
diseños y la ejecución de la obra. Agregó que la necesidad de adquirir predios no
constituyó un impedimento para la ejecución del componente de estudios y diseños.
En consecuencia, concluyó que no había lugar a declarar el incumplimiento de
INVÍAS ni a acoger la pretensión de desequilibrio, dado que el Contratista no logró
demostrar que la entidad hubiese desatendido sus obligaciones. Por esta misma
razón, declaró el incumplimiento del Contratista conforme a lo solicitado por INVÍAS
en la demanda de reconvención.

9
Mediante auto del 30 de abril de 2014, el a quo resolvió sobre las pruebas solicitadas por las partes
(Cuaderno 2B, folio 732). En el marco del proceso se recibieron algunas de las declaraciones solicitadas,
pues varios testigos no comparecieron a rendir su testimonio (Cuadernos 2 y 3). Se practicó la inspección
judicial solicitada en la sociedad Construcciones CF Ltda., con la participación de un perito designado
para dar cuenta de los materiales obrantes en el predio; el perito rindió el dictamen correspondiente
(Carpeta Despacho Comisorio 2A). Los interrogatorios de parte de los representantes legales de las
demandantes no se llevaron a cabo, pues ni estos ni la llamada en garantía —interesada en la prueba—
se hicieron presentes a la diligencia (Cuaderno Despacho Comisorio 1C). En cuanto a los dictámenes
periciales, el solicitado por la parte demandante se tuvo por desistido (Índice SAMAI 113, T.A.); de los
solicitados por la parte demandada-demandante en reconvención, la perito contadora no rindió el
dictamen y la perito financiera, si bien lo rindió, no compareció a la audiencia de sustentación (Índice
SAMAI 144 y 145, T.A.). El INVÍAS allegó los documentos requeridos (Cuaderno 2B, folio 735) y la
interventoría atendió el requerimiento de información que le fue dirigido. Mediante auto del 27 de agosto
de 2024 se saneó el proceso sin salvedades ni anotaciones, se cerró la etapa probatoria y se corrió
traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión (Índice SAMAI 144 y 145, T.A.).
10
Índice SAMAI 144 y 145, T.A.
11
Índice SAMAI 146, T.A.
12
Índice SAMAI 147, T.A.
13
Índice SAMAI 149, T.A., párrafo 79, página 23.

7

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

39.En cuanto a la liquidación del contrato, el Tribunal indicó que, como consecuencia
de su terminación, se debía efectuar el balance final. Afirmó que la procedencia del
pago realizado al Contratista en virtud del Acta 10 fue un asunto que no quedó
resuelto entre las partes, por lo que el proceso judicial era “la oportunidad para
ajustar y determinar el valor de las acreencias y de las deudas correspondientes al
mismo, con el propósito de ponerle fin a los derechos y obligaciones que derivan de
la fuente contractual”.

40.Señaló que el pago recibido por el Contratista en virtud del Acta 10 fue
desconocido por INVÍAS en el acta de recibo definitivo, porque los materiales
adquiridos solo debían remunerarse si se habían instalado en obra, lo cual no
ocurrió. Agregó que, por esta misma razón, la Contraloría General de la República
sancionó a los involucrados en su desembolso. Con base en ello, concluyó que el
Contratista debía restituir a INVIAS el valor pagado en virtud del Acta 10, por la
suma de $3.539’069.255, incluyendo su actualización e intereses de mora, para un
total de $17.384’949.372.

41.El Tribunal precisó que el dictamen pericial solicitado por INVÍAS no estableció
las cantidades de obra ejecutadas por el Contratista, pues se limitó a calcular
intereses moratorios y la indexación de los valores pagados por la entidad estatal.
Añadió que el Contratista tampoco probó dichas cantidades. Además, indicó que las
actividades de demolición de estructuras y traslado de redes referidas en los
documentos relativos a la ejecución del contrato fueron “calificadas insuficientes e
incluso (…) como ítems no previstos”14. Con fundamento en lo anterior, concluyó
que INVÍAS no adeudaba ninguna suma y que el Contratista debía reembolsar el
anticipo no amortizado por la suma de $3.808’776.150, incluyendo su actualización
e intereses de mora, para un total de $19.445’472.264.

42.Respecto de las sanciones pecuniarias reclamadas por el INVÍAS, el Tribunal
resaltó que la cláusula decimoquinta del contrato previó lo siguiente: “En caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas por el contratista, se dará
aplicación al procedimiento, causales y cuantías previstas en la Resolución 03662
del 13 de agosto de 2007, expedida por el Instituto Nacional de Vías. El Instituto
podrá tomar directamente el valor de la sanción de los saldos que se adeuden al
contratista, o de la garantía constituida y si no fuere posible, cobrará los valores por
vía judicial”. Con fundamento en ello, sostuvo que, al no encontrarse probado el
agotamiento del procedimiento descrito en dicha previsión, “el cual era necesario
para cobrarla por vía judicial”15, no había lugar a ordenar su pago.

43.Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Tribunal liquidó el contrato
y reconoció en favor de INVÍAS la suma de $36.830’421.636, equivalente al capital
histórico más actualización e intereses del valor del Acta 10 y de la parte no
amortizada del anticipo.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

Las dos partes apelaron oportunamente la sentencia16. Sin embargo, los
44.

demandantes no comparecieron a la audiencia de que trata el artículo 70 de la Ley
1395 de 201017. Por esa razón, el a quo declaró desierto el recurso de apelación

14
Índice SAMAI 149, T.A., párrafo 98, página 26 y ss.
15
Índice SAMAI 149, T.A., párrafos 103 y 104, página 28.
16
Índice SAMAI 152 y 154, T.A.
17
Índice SAMAI 159, T.A.

8

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

interpuesto por ellas18, decisión que quedó en firme19. Por auto del 7 de octubre de
2025, la Corporación admitió únicamente el recurso de apelación interpuesto por
INVÍAS20.

45.El INVÍAS manifestó que compartía “los análisis realizados por el despacho, el
cual concluye que efectivamente hubo un incumplimiento del contrato de parte de
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS y CONSTRUCCIONES CF-LTDA”.
Sin embargo, expresó que era necesario “analizar a profundidad el reconocimiento
de las sanciones pretendidas por el INVIAS”. Sostuvo que, al haberse declarado el
incumplimiento del contrato, se causaba “la pena monetaria a favor del INVIAS, la
cual es el resultado directo de la desatención de dicho acuerdo”, en tanto “[l]a
cláusula penal busca castigar al contratista que incumplió los compromisos
adquiridos”.

46. Argumentó que en la sentencia no se hizo un análisis respecto de las sanciones
pecuniarias pretendidas ni se motivó por qué no era viable su reconocimiento. En
ese sentido, solicitó que se modifique el fallo de primera instancia y se acceda a las
pretensiones contenidas en los numerales 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15,
3.16 y 3.17 de la demanda de reconvención, en la que se persigue el pago de los
siguientes conceptos: (i) las sanciones pecuniarias derivadas de la aplicación de la
Resolución 3662 de 2007 por el mal manejo del anticipo, no presentar la
documentación requerida y por el incumplimiento de confeccionar las obras en el
plazo inicialmente pactado; (ii) la cláusula penal por el 10% del valor del contrato; y
(iii) los perjuicios padecidos por la entidad por concepto de daño emergente y lucro
cesante.

Trámite en segunda instancia

47.Dentro del término previsto en el artículo 212 del CCA, únicamente el INVÍAS
presentó alegatos de conclusión21. El Ministerio Público y los demás sujetos
guardaron silencio. La entidad reiteró sus argumentos y agregó que las
demandantes debían ser condenadas solidariamente a pagar las sumas
reclamadas.

III. CONSIDERACIONES

18
Índice SAMAI 170 y 173, T.A.
19
La providencia que declaró desierto el recurso fue notificada por estado el 21 de mayo de 2025 (Índice
SAMAI 175, T.A.). En esa misma fecha, los demandantes la impugnaron (Índice SAMAI 179, T.A.); el
recurso fue despachado desfavorablemente por el a quo mediante auto del 4 de junio de 2025 (Índice
SAMAI 185, T.A.), notificado por estado el 11 de junio de 2025 (Índice SAMAI 187, T.A.). El 12 de junio de
2025, los demandantes interpusieron recurso de súplica, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante
auto del 28 de agosto de 2025 (Índice SAMAI 200, T.A.). De acuerdo con la información disponible en
SAMAI, la Sala advierte que el 23 de septiembre de 2025 Construcciones CF S.A.S. interpuso acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que se dejaran sin efectos
diversas actuaciones procesales adelantadas luego de la interposición de los recursos de apelación contra
la sentencia de primera instancia del 13 de diciembre de 2024 y de que se remitiera el expediente a la
Corporación, en garantía del debido proceso y el derecho de defensa. Mediante sentencia del 21 de
noviembre de 2025, la Sección Primera de la Corporación declaró improcedente la acción, por no haberse
acreditado el requisito de relevancia constitucional. Adicionalmente, precisó que la demanda de
controversias contractuales fue instaurada en 2010, por lo que el trámite debía agotarse bajo el Código
Contencioso Administrativo y la Ley 1395 de 2010, normativa que exige la celebración de la audiencia de
conciliación con posterioridad a la interposición del recurso de alzada y prevé la declaratoria de desierto
ante la inasistencia del recurrente. El 1 de diciembre de 2025 la parte accionante impugnó ese fallo.
Mediante sentencia del 12 de febrero de 2026, la Sección Segunda de la Corporación confirmó la decisión
de primera instancia, al no haberse satisfecho el requisito de relevancia constitucional. (Procesos con
radicado 11001031500020250594100 y 11001031500020250594101).
20
“1. Por cumplir con las exigencias a que se refiere el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo,
y reunir los demás requisitos legales, se ADMITE el recurso de apelación oportunamente interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia del 13 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca” (Índice SAMAI 003, C.E.)
21
Índice SAMAI 014, C.E.

9

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

48.Según el artículo 357 del CPC, “la apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia
en la parte que no fue objeto del recurso”22. De acuerdo con la postura unificada de
la Sección, fijada sobre el alcance de esta disposición, la competencia del juez de
segunda instancia se limita a los aspectos que señale expresamente el recurrente
o que se entiendan comprendidos dentro del marco del recurso23.

49. Los fundamentos y conclusiones de la sentencia de primera instancia sobre el
incumplimiento imputable al Contratista; la procedencia de ordenar, como parte de
la liquidación, el pago del capital histórico más actualización e intereses del valor
del Acta 10 y de la parte no amortizada del anticipo; y, la inexistencia de saldos a
favor del Contratista, no fueron impugnados en el recurso de apelación admitido.
Por lo tanto, en esta sede, la Sala circunscribirá su estudio a establecer si, de
acuerdo con los reparos formulados por INVÍAS, también procede reconocer los tres
conceptos siguientes en el balance final: (i) las sanciones pecuniarias previstas en
la Resolución 3662 de 2007 por el mal manejo del anticipo, no presentar la
documentación requerida y por el incumplimiento en la ejecución de las obras en el
plazo inicialmente pactado; (ii) la cláusula penal por el 10% del valor del contrato; y
(iii) los perjuicios padecidos por la entidad por concepto de daño emergente y lucro
cesante.

Las sanciones pecuniarias previstas en la Resolución 3662 de 2007

50.El INVÍAS sostuvo que “en la sentencia de primera instancia no se hace ningún
análisis al respecto, no se indica por qué dichos valores son o no son viables en su
reconocimiento”. En relación con las sanciones pecuniarias previstas en la
Resolución 3662 de 2007, la Sala no considera atendible este motivo de
inconformidad. Independientemente de la corrección del fundamento de la
sentencia sobre este punto, el Tribunal sí motivó la decisión de negar la condena al
Contratista al pago de estas sumas.

51.En el fallo de primera instancia, el Tribunal citó el contenido de la cláusula décima
quinta del contrato, titulada “Penal Pecuniaria”, que establecía que, en eventos de
incumplimiento parcial de las obligaciones del Contratista, se aplicaría el
"procedimiento, causales y cuantías previstas en la Resolución 03662 del 13 de
agosto de 2007"24. Luego, sostuvo que “no se encuentra probado que el INVIAS
haya iniciado el procedimiento administrativo para cobrar la cláusula Décima Quinta
Penal Pecuniaria ante el incumplimiento del contrato, el cual era necesario para
cobrarla por vía judicial, situación que impide acceder a esta pretensión”.

22
Esta disposición es aplicable caso, en virtud del artículo 212 del CCA. Para la fecha de radicación de la
demanda, 1 de marzo de 2010 (Cuaderno 1, folio 284 y 285), se encontraba vigente el CCA. En
consecuencia, de conformidad con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, el proceso continuaba
rigiéndose y debe concluir bajo el régimen jurídico anterior. Dicho régimen corresponde al previsto en el
CCA, cuyo artículo 267 dispone: “En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”. Sobre la aplicación del CPC, véanse:
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 67.344 (párrs. 36-37), jul. 1/2025, M.P. María Adriana Marín; y C.E.,
Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 60.071 (párr. 3), oct. 17/2023, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
23
C.E., Sala Plena de lo Contencioso Adm., Sec. Tercera, Sent. 46.005 (párr. 18), abr. 6/2018. C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
24
“CLÁUSULA DECIMA QUINTA: PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA, se dará aplicación al procedimiento, causales y cuantías
previstas en la Resolución 03662 del 13 de agosto de 2007 expedida por EL INSTITUTO. El INSTITUTO
podrá tomar directamente el valor de la sanción de los saldos que se adeuden al CONTRATISTA o de la
garantía constituida y si no fuere posible, cobrará los valores por vía judicial”. (Cuaderno 1, folio 189)

10

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
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52.Los artículos 212 del CCA y 352 del CPC imponen al apelante la carga de
sustentar su impugnación, por lo que sus referencias argumentativas delimitan la
competencia del juez de segunda instancia. Con fundamento en estas
disposiciones, la Subsección ha precisado que no es suficiente la simple
interposición del recurso ni la manifestación genérica de inconformidad con la
decisión impugnada25. La ley exige que se controviertan los fundamentos que
sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable, de tal manera que
el superior jerárquico cuente con elementos para confrontar la decisión apelada con
los motivos de inconformidad de la parte recurrente.

53.El INVÍAS tenía la carga de postular los argumentos para confrontar y desvirtuar
el fundamento del fallo, según el cual debió haber “iniciado el procedimiento
administrativo para cobrar la cláusula Décima Quinta Penal Pecuniaria ante el
incumplimiento del contrato, el cual era necesario para cobrarla por vía judicial,
situación que impide acceder a esta pretensión”. Sin embargo, en el recurso de
apelación no hay ninguna razón que apunte a ello. La entidad no argumentó por
qué, para reclamar judicialmente el pago de la sanción pactada en esta cláusula, no
debía surtirse previamente un procedimiento administrativo. Tampoco ofreció
razones para justificar que, aun cuando contaba con la potestad legal de expedir un
acto administrativo para hacer efectivas las penas señaladas en la Resolución 3662
de 2007, incorporadas al contrato por referencia, ello no era óbice para que el juez
ordenara su pago sin que se hubiera iniciado o agotado el respectivo procedimiento.

54.El INVÍAS sostuvo en el recurso que tiene derecho al pago de estas sanciones
pecuniarias por cuanto son "una súplica que se relaciona con los profundos
incumplimientos de las entidades contratistas". Con todo, este señalamiento no
ataca el fundamento de la decisión del Tribunal. En el fallo de primera instancia no
se negó su reconocimiento porque no se hubieran probado los incumplimientos
consistentes en usar indebidamente el anticipo, no presentar la documentación
requerida y no ejecutar las obras en el plazo inicialmente pactado, sino por una
razón diferente: no haber iniciado el procedimiento administrativo para imponer su
pago. En este sentido, el reparo del apelante no confronta el fundamento decisorio.

55.En conclusión, la Sala no cuenta con elementos para confrontar el fundamento
de la decisión apelada con argumentos del apelante que apunten a evidenciar su
incorrección. En consecuencia, atendiendo a los límites competenciales del juez de
segunda instancia, se confirmará este aspecto del fallo impugnado.

Ahora bien, incluso si —en gracia de discusión— se entendiera que la afirmación
56.

sobre la existencia de los incumplimientos tiene implícita la tesis de que esa era
condición suficiente para imponer las sanciones, sin necesidad de haber agotado el

25
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 44.707 (pág. 21), sept. 24/2020. M.P. José Roberto Sáchica
Méndez. En la misma línea, se ha señalado: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al
apelante; sin embargo, constituye un requisito indispensable de ella que el apelante, en cumplimento de
la exigencia de sustentar el recurso, precise cuáles son los errores que merecen ser analizados por el ad
quem y por qué sus argumentaciones son la razón y la evidencia que permite corregir o variar la decisión
adoptada, pues, de lo contrario, la segunda instancia se queda sin herramientas o elementos de juicio que
le permitan revisar lo acertado o no de la providencia apelada, así como saber con certeza en qué consiste
la inconformidad del apelante con ella y, por lo mismo, se le deja sin la orientación que requiere para
revisar y decidir si tal providencia merece ser modificada o, incluso, revocada (…) Como se puede
observar, la recurrente no esgrime puntualmente ninguna razón de inconformidad en relación con el fallo
de primera instancia y, en esa medida, la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión
objeto de apelación (…) Así las cosas para el despacho es claro que no se satisfacen las exigencias de
las normas atrás citadas, en particular las del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, razón por la
cual se confirmará la sentencia apelada” (C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 31.469, may. 14/2014.
M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera).

11

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
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Acción: Controversias contractuales

procedimiento administrativo, la decisión de negar su reconocimiento debe
confirmarse.

57. La Resolución 3662 del 13 de agosto de 2007 del INVÍAS, incorporada por
referencia al contrato en la cláusula decimoquinta, fue expedida con base en las
siguientes consideraciones: “Que en cumplimiento del Artículo 17 de la Reforma a
la Ley 80 de 1993, el Instituto Nacional de Vías, pactará en los contratos que celebre
la cláusula Penal y de MULTAS, de acuerdo con las causales y cuantías
establecidas en esta Resolución. // Que se hace necesario establecer un
procedimiento para la imposición de las sanciones pactadas en los contratos
celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, en el cual se respete el debido
proceso y se garanticen los derechos de los particulares de acuerdo con la
normatividad vigente”26. En el artículo 2º de esta Resolución se dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO SEGUNDO. En los CONTRATOS DE OBRA que celebre, el Instituto
Nacional de Vías, la Cláusula de Multas se referirá a los incumplimientos y cuantías
señaladas a continuación: (…) 6. Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo
el 5% del valor total del contrato, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
(…) 10. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás
requerimientos solicitados por la interventoría por el Instituto Nacional de Vías para la
debida ejecución, el 0,10% del valor del contrato por cada día de retraso. (…) 16. Por el
incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 1.0% del valor del contrato por cada
día de retraso injustificado”.

58.Las multas de que trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 se subsumen en el
concepto general de cláusula penal. Ello se debe a que, en los términos del artículo
1592 del Código Civil, esta cláusula “es aquella en que una persona, para asegurar
el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer
algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”. Sin embargo, la
función que cumple no es estimar convencionalmente el perjuicio que sufre el
acreedor insatisfecho por la inejecución o retardo en el cumplimiento de una
obligación. Como se indica en el citado artículo 17, su objeto es “conminar al
contratista a cumplir con sus obligaciones”. Además, como ha indicado la

26
La Resolución 3662 de 2007 fue anunciada como prueba documental por el INVÍAS en su demanda de
reconvención (Cuaderno 2 Reconvención, folio 539, numeral 7.2.7.) y decretada por el Tribunal. Sin
embargo, el documento no obra en el expediente. De todas maneras, la Sala considera procedente
examinar su contenido. El artículo 177 del CGP establece: “El texto de normas jurídicas que no tengan
alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de
parte. (…) Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades
administrativas. Sin embargo, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página
web de la entidad pública correspondiente”. De acuerdo con la postura unificada de la Corporación, la
aplicación del CGP en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo era plena a partir del 1º de enero
de 2014 (C.E., Sec. Tercera, Auto de unificación 49.299, jun. 25/2014. M.P. Enrique Gil Botero). Sin
embargo, en esta providencia no se precisó si la aplicación del CGP incluiría las normas del régimen
probatorio en procesos regidos por el CCA, lo que llevó en algunos casos a que la Corporación sostuviera
que el CGP era aplicable a procesos regidos por el Decreto 01 de 1984, entre ellos, lo regulado en materia
de “régimen probatorio (solicitud, práctica y decreto)” (Cfr. C.E., Sec. Tercera, Subsecc. C, Auto 50.408,
ago. 6/2014. M.P. Enrique Gil Botero). En este contexto se produjo el decreto y práctica de pruebas por
parte del Tribunal. La Resolución 3662 de 2007 se encuentra publicada en la página web del INVÍAS, por
lo que, en aplicación del artículo 177 del CGP y los principios de prevalencia del derecho sustancial y
tutela judicial efectiva, resulta procedente examinar su texto, máxime cuando la producción y contradicción
de algunas pruebas del proceso, como los dictámenes periciales, se practicaron con arreglo a las reglas
del CGP por disposición del Tribunal (Índice SAMAI 132, T.A.; Índice SAMAI 139, T.A.; audiencia de fecha
27 de agosto de 2024; Índice SAMAI 144 y 145).
https://www.invias.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=visorpdf&file=https%
3A%2F%2Fwww.invias.gov.co%2Floader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFunc
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8.

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Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

Subsección, son concebidas para sancionar incumplimientos parciales imputables
al contratista27.

59.Las “sanciones” previstas en la Resolución 3662 de 2007, cuyo pago reclama el
INVÍAS, tienen la naturaleza jurídica de multas, porque: (i) la prestación pecuniaria
se sujetó al cumplimiento de una condición suspensiva consistente en
incumplimientos parciales del contratista; (ii) su función era conminatoria y no tenía
por objeto estimar anticipadamente los perjuicios sufridos por el INVÍAS; y, (iii) la
propia Resolución que las partes incorporaron al contenido contractual por la
referencia expresa de la cláusula decimoquinta, las trató como tales, lo cual ratifica
que la intención perseguida con su estipulación era la de establecer las multas
reguladas en el artículo 17 de la Ley 1150 de 200728.

60.Habida cuenta del carácter conminatorio de la multa, el artículo 17 de la Ley 1150
de 2007, en virtud del cual se expidió la Resolución 3662 de 2007, establece que
su imposición “procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las
obligaciones a cargo del contratista”. Esto presupone que la prestación sea exigible
al contratista y su satisfacción reporte un interés para la entidad contratante, de
forma que la multa sirva como medio de compulsión para la satisfacción del débito.
Por esa razón, la Subsección ha sostenido que la imposición de la multa se torna
improcedente cuando, fenecido el plazo del contrato, desaparece el interés jurídico
de la entidad estatal por compeler al contratista al pago de la obligación respectiva:

“56. En línea con lo anterior, esta Corporación ha sido enfática en señalar que las
entidades públicas tienen un límite temporal para acudir a este mecanismo corrector de
las obligaciones incumplidas, el cual está intrínsecamente ligado a la finalidad de
apremio que persiguen, por lo cual sólo pueden aplicarse dentro de la vigencia del
contrato y siempre que tengan la virtualidad de lograr su cometido, esto es, constreñir al
contratista al cumplimiento (…) // 57 Esta regla jurisprudencial resulta lógica porque si,
a través de las multas, lo que se busca es constreñir al contratista a lograr el
cumplimiento de una obligación, no tendría sentido imponer la sanción cuando el término
de ejecución del contrato ha vencido y el incumplimiento es total y definitivo (…)”29.

61. El contrato terminó por vencimiento del plazo el 13 de febrero de 2009, sin que
se ejecutara su objeto principal. Después de esa fecha se extinguió el interés
jurídico del INVÍAS de exigir al Contratista la obligación principal —la construcción
del puente vehicular— y las prestaciones accesorias a ella, como la de entregar
informes30. La demanda de reconvención se presentó el 1 de marzo de 2010, esto
es, con posterioridad a esa extinción. En consecuencia, resulta improcedente
imponer el pago de las multas reclamadas, ya que estas tienen por objeto apremiar

27
: “61. (…) cabe destacar que la multa solo se genera y revela el carácter conminatorio o de apremio con
el que se ha pactado –como en los casos que se estipula que se va causando por cada día de atraso,
aunque no es el único evento, pero sí uno de los más comunes– cuando el contratista incurre en un
incumplimiento parcial de sus obligaciones retardándolas o cumpliéndolas de manera defectuosa, pues
es ese hecho –su causación– el que impacta determinantemente en su conducta, ya no como un mero
mecanismo sugestivo o de amenaza, sino constriñéndolo a acatar debidamente lo pactado, en la medida
que mientras se encuentre en mora, la sanción se seguirá causando y acrecentando hasta que se cumpla
con la obligación debida, que es su objetivo; por eso una y otra no se excluyen”. C.E., Sec. Tercera,
Subsecc. A, Sent. 62.016, sept. 27/2024. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
28
La estructura de esta disposición es coherente con la finalidad de las multas, pues establece una
sanción en función del período durante el cual se prolongue el incumplimiento y hasta el momento en que
cese, con lo cual el contratista queda compelido a cumplir sus obligaciones sin dilación.
29
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 49.286, feb. 4/2022. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
30
En la comunicación del 8 de mayo de 2009, el INVÍAS le indicó al Contratista que debía procederse con
la liquidación del contrato, habida cuenta de que el plazo había vencido el 13 de febrero de 2009 (C1, Fl.
64). En la del 18 de agosto de 2009, le informó que se habían impartido instrucciones a la interventoría
para que procediera con el recibo de obra y su posterior liquidación (C1, Fl. 25); en esa misma fecha,
comunicó a la interventoría su decisión de no prorrogar el contrato e iniciar el proceso de recibo de obra
(C2, Fl. 512). Finalmente, en la comunicación del 2 de septiembre de 2009, INVÍAS resaltó al Contratista
la ausencia de motivos y justificaciones para el incumplimiento e impartió instrucciones a la interventoría
para que recibiera las obras y procediera con la liquidación (C1, Fl. 17).

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Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

al contratista y proceden solo mientras se halle pendiente y sea exigible el
cumplimiento de la prestación.

El pago de la cláusula penal por el equivalente al 10% del valor del contrato

62.El INVÍAS reprochó que el Tribunal no motivó la decisión de negar el pago de la
cláusula penal equivalente al 10% del valor del contrato reclamada en la demanda
(pretensión 3.12)31. El fallo de primera instancia omitió expresar la razón por la cual
no concedió esta pretensión. El a quo solo justificó por qué no era procedente
ordenar el pago de las multas previstas en la Resolución 3662 del 13 de agosto de
2007, incorporada por referencia al contrato en la cláusula decimoquinta. Sin
embargo, no expresó ninguna razón para justificar la negativa a conceder el pago
de la cláusula penal contenida en el pliego de condiciones del contrato, pactada
para el evento del incumplimiento definitivo de las obligaciones del contratista, por
una suma equivalente al 10% del valor del contrato. En consecuencia, la Sala
estudiará esta pretensión.

63.En la cláusula vigésima quinta del contrato se estipuló que el pliego de
condiciones integraba su contenido32. En el numeral 5.32 del pliego se contempló
una cláusula penal para el evento del incumplimiento definitivo del contratista —no
para incumplimientos parciales— por un valor equivalente al 10% del valor del
contrato, tal como lo solicitó el INVÍAS en la demanda:

“5.32 PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones contraídas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista
conviene en pagar al Instituto, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento
(10%), del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance
de obra, suma que el Instituto hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de
cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiese,
para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto
no fuese posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye
la indemnización de perjuicios”33.

64. La condición a la que se sujetó el pago de la pena consistió en el “incumplimiento
definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas en el
contrato”. En su significado natural y obvio (Código Civil, art. 28), el vocablo
definitivo denota una propiedad: “final y no sujeto a cambios posteriores”. Frente al
cobro de una cláusula penal, la Subsección ha señalado que el carácter definitivo
refiere la imposibilidad de remediar el incumplimiento mediante medidas de
apremio, por la expiración del plazo para la entrega de la obra y la frustración
irreversible del interés de la entidad34. Asimismo, en relación con la entidad del

31
“3.12 Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene y ordene de acuerdo a su
responsabilidad a las Sociedades CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. – CIPORT S.A. y
a la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES CF LTDA., integrantes del Consorcio PUENTES CF-C-116, a pagar
al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, la sanción del 10% del valor total del contrato (Cláusula Penal
Pecuniaria, por el incumplimiento general del contrato No. 3495 de 2007, por la suma de SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($779.261.416.00)”. (Cuaderno 2, Reconvención, Folio sin
número, ubicado entre los folios 526 y 527).
32
“CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los documentos que se citan a
continuación integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente
contrato: (…) 2) Los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública, incluido las Actas de Audiencia y el
informe de Evaluación de las Propuestas y Resolución de Adjudicación”. (Cuaderno 1, folio 190)
33
Cuaderno 1, folio 245.
34
“(…) la cláusula debe interpretarse en el sentido de que el adjetivo total no se refiere exclusivamente a
la magnitud del avance de obra en términos cuantitativos o porcentuales, lo que sería incompatible con
su carácter indivisible, sino a su carácter definitivo, es decir, a la imposibilidad de remediarlo mediante

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Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
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incumplimiento resolutorio, la jurisprudencia ha precisado que resulta pertinente
distinguir “si el incumplimiento es definitivo o apenas parcial o transitorio, y, en todo
caso, analizar la trascendencia, importancia o gravedad del incumplimiento,
determinadas tales circunstancias, entre otros criterios, por la afectación que se
haya presentado en el interés del acreedor en el mantenimiento de la relación, por
la frustración del fin práctico perseguido con el contrato”35.

65.La condición a la que se sujetó el pago de la pena estipulada en el pliego de
condiciones se cumplió en este caso. El Tribunal concluyó que hubo un
incumplimiento imputable al Contratista referido a la obligación principal: entregar
en el plazo pactado el puente El Piñal de la carretera Buenaventura - Cruce Ruta 25
(Buga). Este fundamento del fallo no fue impugnado, por lo que la Sala lo asume
como premisa de su decisión.

66.El incumplimiento fue definitivo por el carácter irreversible de la frustración del
interés del acreedor: el contrato terminó por vencimiento del plazo y la entidad no
recibió la obra que contrató. Este evento privó al INVÍAS y a los usuarios del acceso
a una infraestructura que integra la red nacional de carreteras, la cual “cumple la
función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo
del país, y de este con los demás países” (Ley 105 de 1993, art. 12). En
consecuencia, la Sala considera procedente condenar al Contratista al pago de la
pena.

67.Las partes estipularon que la pena ascendería a “una suma equivalente al diez
por ciento (10%), del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma
proporcional al avance de obra”. El tenor literal de la cláusula es plenamente
inteligible y evidencia la intención de las partes de aplicar la pena de forma
proporcional, esto es, como el resultado de una relación o razón entre dos
magnitudes: el valor del contrato y el avance de la obra. Así, en ejercicio de su
facultad de autorregulación de intereses, las partes convinieron la reducción o
rebaja proporcional de la pena ante el cumplimiento parcial de la obligación
principal, tal como prevén los artículos 1596 del Código Civil36 y 867 del Código de
Comercio37.

68.En la sentencia de primera instancia se concluyó que “el contratista de obra fue
quien incumplió directamente y por su propia cuenta sin justificación jurídica alguna
el negocio jurídico celebrado”. El Tribunal indicó que “durante todo el año de
ejecución no se logró la aprobación de los diseños definitivos” y que “el puente no
se construyó”. Agregó que, si bien el Contratista avanzó en la demolición de la
estructura antigua y el traslado de las redes de acueducto y energía, estas
actividades no “fueron calificadas con un porcentaje de ejecución específico”38.

69.Las pruebas del expediente afianzan la conclusión de que no hubo avances en
la construcción de la obra, fundamento de la sentencia de primera instancia que no

medidas de apremio, como la imposición de multas contractuales, por la expiración del plazo para la
entrega de la obra finalizada”. C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 69.090 (párrs. 195 y 227), ene.
30/2026. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
35
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Ref.: 41001-3103-004-1996-09616-01 (M.P. Arturo
Solarte Rodríguez; 18 de diciembre de 2009).
36
“Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte,
tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la
obligación principal”.
37
“Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero,
podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del
interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal
se haya cumplido en parte”.
38
Índice SAMAI 149, T.A., párrafo 92, página 25.

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fue impugnado. En las actas de recibo parcial 4 a 939, emitidas entre el 13 de junio
de 2008 y 13 de noviembre de 2008, no se registró ningún avance de obra; en estos
documentos se consignó una magnitud de 0% en el apartado dispuesto para
registrar dicho avance40.

70.En el acta 10 del 13 de diciembre de 2008 41 se incluyó la información relacionada
con la adquisición del material de “Acero Tirantes incluye silletas”, por la cual se
efectuó un pago al Contratista. Sin embargo, de acuerdo con lo resuelto en la
sentencia de primera instancia —punto que no fue apelado—, ese pago era
improcedente y se ordenó su reembolso, por cuanto las actas tenían carácter
provisional en lo referente a cantidades de obra, conforme a la cláusula séptima del
contrato, y el Contratista tenía derecho a la remuneración no por la adquisición de
materiales, sino por la ejecución efectiva de los ítems de obra.

71.El contenido de las actas de obra suscritas por el Contratista concuerda con el
informe del supervisor del contrato del 20 de agosto de 2010, emitido con
posterioridad al vencimiento del plazo contractual42. En este documento se registró
que el proyecto no se llevó a cabo y que no hubo avances en la construcción del
puente.

72.Las declaraciones de los testigos son congruentes en cuanto a que el Contratista
no ejecutó obra ni realizó actividades de construcción. Así lo manifestaron Delio
Alfredo Rey Safir, director de la interventoría Consultores Civiles e Hidráulicos
Ltda.43; Germán Godoy Arteaga, quien fungió como director de la interventoría 44;
Virginia Ramos Arenas, coordinadora de puentes del INVÍAS cuando se abrió el
proceso de licitación en 200745; José Libardo Santacruz Gaviria, supervisor durante

39
Cuaderno 1, folios 29 y ss.
40
De acuerdo con la cláusula séptima del contrato, “El valor de básico de la respectiva acta de obra será
la suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra mensual por los precios unitarios de la Propuesta
del CONTRATISTA. El valor de la obra ejecutada debe corresponder al menos a la cuota parte establecida
en el Programa de Inversiones para el mes correspondiente”. (Cuaderno 1, folio 186)
41
Cuaderno 1, folio 47 y ss.
42
“CONCLUSIONES // Del análisis de lo expresado anteriormente, el Supervisor del Proyecto,
respetuosamente, conceptúa que: // El proyecto no se pudo realizar debido a la falta de experiencia del
contratista (…). // Se deduce que el CONSORCIO PUENTES CF-C-116 al enterarse de la complejidad del
proyecto, dejó vencer el contrato y buscó por todos los medios impedir que se llevara a cabo” (Expediente,
carpeta sin número en su portada, folio 117/132 superior y ss.).
43
Cuaderno contractual reconvención 3, fl 140.
44
Cuaderno contractual reconvención 3, fl 154.
45
Cuaderno contractual reconvención 3, fl 173.

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el desarrollo del contrato46; y Carlos Hernán Londoño, profesional especializado en
la Regional del Valle del INVÍAS que ejercía labores de supervisión47. Además, en
el expediente no consta que al término de la ejecución del contrato se hubiera
suscrito un acta de recibo definitivo de las obras ejecutadas por el Contratista,
documento que, conforme a la cláusula séptima del contrato, era el constitutivo de
su aprobación48.

73.Los documentos del expediente reflejan que el Contratista ejecutó actividades
relacionadas con la elaboración de estudios y diseños, la implementación del PAGA
y el traslado de redes. Estas actividades no constituyen un avance en la
construcción de la obra. El pliego y el contrato distinguen expresamente el
componente de estudios y diseños del componente constructivo como prestaciones
diferenciadas. Por ello, en ausencia de avance en las intervenciones constructivas,
no habría lugar a la rebaja de la pena. En cualquier caso, incluso si, en gracia de
discusión, esas actividades pudieran calificarse como avance de “obra”, los
documentos del expediente revelan que fueron ejecutadas extemporáneamente y
que el acreedor estatal no las aceptó; circunstancias que impiden considerarlas para
la rebaja de la pena49.

74.Por las anteriores razones, la Sala accederá a la pretensión 3.12 de la demanda
de reconvención e impondrá al Contratista el pago de la cláusula penal. Teniendo
en cuenta que el valor del contrato se estimó en $7.792'614.160 50, se reconocerá
en favor de INVÍAS la suma de $779.261.416, en los términos del numeral 5.32 del
pliego de condiciones.

75.El INVÍAS también solicitó que se ordene el pago de la cláusula penal indexada
desde el 12 de febrero de 2009 —vencimiento del plazo del contrato— hasta la
fecha de pago, conforme a la variación del índice de precios al consumidor 51.

76.Como ha señalado la Subsección, la indexación de la cláusula penal es
procedente, porque el pago solo tiene efecto solutorio si las sumas reconocidas
mantienen su valor en términos reales y no meramente nominales52. Esta también

46
Cuaderno contractual reconvención 3, fl 188.
47
Cuaderno contractual reconvención 3, fl 13.
48
“Las actas de obra mensuales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y
las cantidades de obra aprobadas por el Interventor. (…) Ningún documento que no sea el Acta de recibido
definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las
obras objeto del contrato”. (Cuaderno 1, folio 186)
49
Los entregables fueron recibidos por la interventoría con posterioridad al vencimiento del plazo
contractual: los diseños de cimentación y del cajón autofundante, el 4 de mayo y el 2 de junio de 2009,
respectivamente (C1, Fls. 65 y 56); los diseños de superestructura, sujetos a correcciones, el 8 de junio
de 2009 (C1, Fl. 55); y el PAGA, el 4 de mayo de 2009 (C1, Fl. 66). Sin embargo, en ninguno de estos
casos obra en el expediente un acto del INVÍAS que acredite su aceptación y recibo. En este sentido, en
comunicación del 8 de octubre de 2009 la interventoría informó al INVÍAS que no había sido posible el
recibo de obra dada la negativa del Contratista (C1, Fl. 178); e informe del 10 de abril de 2015 del INVÍAS,
en el que se dio cuenta de que no se suscribió acta de recibo ni se adelantó la liquidación del contrato
(C2, Fl. 767).
50
Cláusula segunda del contrato. Cuaderno 1, folio 185.
51
“3.13. Que se condene de acuerdo a su responsabilidad, a las Sociedades CONSTRUCCIONES
CIVILES Y PORTUARIAS S.A. – CIPORT S.A. y a la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES CF LTDA.
integrantes del Consorcio PUENTES CF-C-116, a pagar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, la
suma antes deprecada de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($779.261.416.00.,
debidamente actualizada desde el 12 de febrero de 2009), hasta la fecha efectiva de pago, teniendo en
cuenta la pérdida de poder adquisitivo de compra del peso colombiano, índice de precios al consumidor
IPC, que al momento de la expedición de la sentencia (…)” (Subrayado fuera del texto original). (Cuaderno
2, Reconvención, Folio sin número, ubicado entre los folios 526 y 527).
52
“(…) debido a la depreciación monetaria propia de una economía inflacionaria, la Sala actualizará los
saldos incluidos en el balance de cuentas, pues el pago solo tendrá efecto solutorio si las sumas
reconocidas mantienen su valor en términos reales y no meramente nominales” C.E., Secc. Tercera,
Subsecc. A, Sent. 69.090 (párr. 223) de ene. 30/2026, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. En el mismo

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es la posición de la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado que, en virtud del
principio de plenitud del pago, debe reconocerse la pérdida del poder adquisitivo
producida entre la estipulación de la pena y la solución de esta deuda53.

77.El artículo 1595 del Código Civil establece que el “el deudor no incurre en la pena
sino cuando se ha constituido en mora, si la obligación es positiva”. Esto significa
que el deudor incurre en la pena, esto es, que su pago es exigible, cuando se ha
constituido en mora respecto de la obligación principal. El numeral 1º del artículo
1608 del Código Civil señala que el sujeto pasivo de la obligación está en mora
“cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado”. El Contratista
no cumplió la obligación principal de entregar la obra dentro del término estipulado.
En consecuencia, desde el día siguiente incurrió en la pena, por lo que se tomará
como IPC inicial, para efectos de la actualización, el correspondiente al mes de
febrero de 2009.

78.El INVÍAS solicitó también que, sobre el valor de la cláusula penal, se liquiden
intereses moratorios desde la fecha de terminación del contrato54. Esta pretensión
no es procedente.

79.El interés de mora constituye la estimación legal de los perjuicios derivados del
retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria (Código Civil, art. 1617). La
obligación de pagar la pena nació el 13 de febrero de 2009, cuando se verificó la
condición de la que pendía: el incumplimiento definitivo del Contratista. Sin
embargo, la constitución en mora respecto de esta obligación accesoria no tuvo
lugar en esa misma fecha.

80. El vencimiento del plazo contractual determinó la constitución en mora frente a
la obligación principal —entregar el puente—, no frente a la obligación de pagar la
pena, que es una obligación accesoria, pero distinta. El numeral 5.32 del pliego no
fijó un término para el pago de esta suma, sino que únicamente estableció la
condición que hacía nacer la obligación. A falta de este término, no resulta
procedente condenar al pago de intereses de mora sobre el valor de la cláusula
penal desde el 13 de febrero de 2009, que fue lo pedido por el INVÍAS, porque no

sentido, la Sala ha indicado la procedencia de actualizar, desde la sentencia de primera instancia, los
saldos reconocidos en la liquidación judicial del contrato. Cfr. C.E., Secc. Tercera, Subsecc. A, Sent.
73.776 (párrs. 58-65) de mar. 13/2026, M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
53
“La jurisprudencia [había] establecido que la cláusula penal no admite indexación porque se trata de
una sanción civil y que, por tanto, su ámbito de aplicación es restrictivo y opcional, excepto que las partes
hayan previsto en el contrato dicha actualización, según lo registran CSJ SC 23 jun. 2000, rad. 4823 y SC
18 dic. 2009, rad. 2001-00389-01. // Sin embargo, al revisar nuevamente esa solución, sustentada en el
nominalismo, se advierte su falta de coherencia con la pérdida del poder adquisitivo propiciada por la
inflación que ha estado presente en la economía mundial durante siglos, pero que se ha hecho sentir con
mayor fuerza especialmente desde hace varias décadas, y que altera de forma significativa y constante
el poder adquisitivo del dinero, situación que justifica reconducir tal comprensión hermenéutica en el
sentido de indicar que es procedente actualizar el valor de la cláusula penal, de tal modo que la acreedora
reciba su valor actual o de curso, es decir, traído a presente, por contraposición al nominal. // La orientación
que ahora se emprende hace tangible el principio de plenitud de pago, en armonía con los postulados de
justicia, equidad, razonabilidad, proporcionalidad y reparación integral o plena establecidos en el
ordenamiento jurídico, conforme lo registran importantes normas, entre ellas el artículo 230 de la
Constitución Política, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y también el artículo 283 del Código General
del Proceso, que guían en ese sentido la actividad del juez y le permiten solucionar de forma completa,
ordenada y justa los conflictos sociales sometidos a composición por vía jurisdiccional”. C.S.J., Sala de
Casación Civil, Sent. SC507-2023, ene. 12/2024. Rad. 11001-31-03-041-2020-00020-01, secc. 5.2.3.
54
“3.13. Que se condene de acuerdo a su responsabilidad, a las Sociedades CONSTRUCCIONES
CIVILES Y PORTUARIAS S.A. – CIPORT S.A. y a la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES CF LTDA.
integrantes del Consorcio PUENTES CF-C-116, a pagar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, la
suma antes deprecada de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($779.261.416.00.,
debidamente actualizada desde el 12 de febrero de 2009), hasta la fecha efectiva de pago (…), más los
intereses moratorios, conforme la Ley 80 de 1993 y Decreto 679 de 1994, desde la misma fecha hasta
cuando se haga efectivo el pago a la entidad pública demandante en reconvención (…)” (Subrayado fuera
del texto original). (Cuaderno 2, Reconvención, Folio sin número, entre los folios 526 y 527).

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se configuró el supuesto del numeral 1º del artículo 1608 del Código Civil, según el
cual “el deudor está en mora cuando no ha cumplido la obligación dentro del término
estipulado”.

81.Adicionalmente, esta pretensión resulta improcedente porque el numeral 5.32 del
pliego, al estipular la pena, no previó la posibilidad de reconocer intereses
moratorios sobre su capital. La autorización expresa de acumular la pena con la
indemnización de perjuicios regula la concurrencia de remedios frente al
incumplimiento del contrato principal, pero no constituye una estipulación de
intereses sobre la pena. En consecuencia, como ha indicado la jurisprudencia civil
al referirse a las normas que regulan la cláusula penal, aplicables a la contratación
de las entidades estatales por lo previsto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, la
acumulación de los dos conceptos resulta improcedente:

“Es indiscutible, que al haberse colegido por el juzgador -y aceptarse por el recurrente-
que al valor fijado por ‘arras’ se le diera el alcance de cláusula penal, no resultaba
procedente acceder al reclamo de intereses moratorios sobre dichas sumas, pues por
sabido se tiene que estos llevan inmerso el carácter sancionatorio, contra el deudor de
la obligación que, en palabras de la Corte, representan la indemnización de perjuicios
por la mora y, dado que las partes en la referida estipulación punitiva no extendieron la
posibilidad de habilitar dicho reconocimiento, por la naturaleza misma de este tipo de
convenios ningún pago adicional con tales características le era exigible a la convocada
(…). // Esto, debido a que, es inocultable que la voluntad de las partes fue acordar una
suma especifica como contraprestación punitiva por el incumplimiento, sin aditamento
alguno, esto es, sin intereses, por lo que desde esta perspectiva no resulta reprochable
la decisión del tribunal que halló improcedente ese reconocimiento de intereses
bancarios moratorios.

Y no se diga que por el hecho de que desde la fecha en que se dio el incumplimiento
hasta el momento en que debe ser satisfecha la “cláusula penal” hubiere pasado algún
tiempo considerable se torna viable el reconocimiento de intereses moratorios sobre el
monto pactado, habida cuenta que tanto la ley como la jurisprudencia permiten el
apartamiento de lo literalmente establecido por tal concepto, bien por disposición de las
partes o por determinación judicial, cuando a juicio del funcionario pareciera enorme”55.

El cobro de perjuicios adicionales a la cláusula penal

82.El INVÍAS sostuvo también que el Tribunal no motivó la decisión de negar las
pretensiones 3.16 y 3.17 de la demanda de reconvención, relativas al
reconocimiento de los perjuicios materiales que padeció por concepto de daño
emergente y lucro cesante. El fallo de primera instancia omitió expresar la razón por
la cual no concedió estas pretensiones indemnizatorias. Como ya se indicó, el a quo
solo justificó por qué no era procedente ordenar el pago de las multas previstas en
la Resolución 3662 del 13 de agosto de 2007, incorporada por referencia al contrato
en la cláusula decimoquinta. Por ende, corresponde a la Sala analizar el mérito de
estas pretensiones.

83.El artículo 1600 del Código Civil prescribe: “No podrá pedirse a la vez la pena y
la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente;
pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena”. A su
turno, el numeral 5.32 del pliego de condiciones estipula: “La aplicación de la
cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios”. En consecuencia, el
INVÍAS está facultado para reclamar los perjuicios que por concepto de daño
emergente y lucro cesante haya padecido, en adición a la cláusula penal.

55
C.S.J., Sala Civ., Sent. SC3971-2022, mar. 23/2023. M.P. Hilda González Neira.

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Acción: Controversias contractuales

84.El artículo 1599 del Código Civil también dispone que “habrá lugar a exigir la pena
en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el
deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha
producido beneficio”. Sin embargo, como el INVÍAS pretende obtener el pago de
perjuicios materiales en adición a la cláusula penal, respecto de esta pretensión
opera la carga de la prueba. Quien afirma ser acreedor de la obligación
indemnizatoria debe probar, además del ilícito contractual, el perjuicio sufrido y el
ligamen causal entre el incumplimiento imputable y el daño. Así se deduce del
artículo 1757 del Código Civil: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al
que alega aquéllas o ésta”. Asimismo, se deduce del artículo 177 del CPC, que
prescribe: “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

85.En el expediente no hay pruebas que acrediten la existencia de perjuicios
adicionales a los estimados convencionalmente. Los documentos obrantes no
guardan relación con su causación56; los testigos que rindieron declaración tampoco
mencionaron este hecho57; y en la demanda de reconvención la pretensión
indemnizatoria no fue objeto de cuantificación58.

86.En la demanda de reconvención, el INVÍAS solicitó el decreto y práctica de
dictámenes periciales, uno contable y otro financiero, para establecer “la cuantía de
los perjuicios causados por la no ejecución total del contrato No. 3495” 59. Estas
pruebas fueron decretadas60 y se designaron los peritos contable y financiero,
respectivamente61. Sin embargo, el perito contable no rindió el dictamen y el
Tribunal declaró cerrada la etapa de pruebas sin que INVÍAS impugnara la
providencia62.

87. La perito financiera presentó su dictamen63. Sin embargo, conforme a lo decidido
por el Tribunal64 este se dejó sin efectos por cuanto no compareció a la audiencia
fijada para su sustentación y contradicción65. En cualquier caso, el peritaje no
abordó la determinación de perjuicios adicionales por concepto de daño emergente
o lucro cesante, pues se limitó a calcular la actualización e intereses moratorios

56
Los documentos del expediente conciernen a la etapa precontractual y contractual. Los de esta última
recaen sobre las comunicaciones cruzadas entre las partes relativas a retrasos en la ejecución, solicitudes
de suspensión y prórroga, incumplimiento del contrato, requerimiento de entrega de obras y liquidación, y
las divergencias en torno al Acta 10 y el manejo de los recursos asociados a ella; sin que ninguno refleje
la causación de perjuicios por concepto de daño emergente o lucro cesante.
57
En el proceso declararon Delio Alfredo Rey Safir, Germán Godoy Arteaga, Virginia Ramos Arenas, José
Libardo Santacruz Gaviria y Carlos Hernán Londoño (Cuaderno contractual reconvención 3). Revisadas
las actas de sus declaraciones, ninguno hizo mención de perjuicios causados por concepto de daño
emergente o lucro cesante.
58
En el acápite de cuantía de la demanda de reconvención, el INVÍAS relacionó los siguientes conceptos:
acta cancelada y no ejecutada, anticipo por amortizar, sanción por mal manejo del anticipo, sanción por
no presentar oportunamente documentos e informes, aplicación de la cláusula penal y sanción por
incumplimiento en el plazo inicialmente pactado. Los perjuicios por daño emergente y lucro cesante no
fueron cuantificados (Cuaderno 2 Reconvención, folio 546 y ss.).
59
Cuaderno 2 Reconvención, folio 546.
60
Cuaderno 2B, folio 732.
61
Cuaderno 2B, folio 744 y ss., y folio 1000.
62
Índice SAMAI 144 y 145, T.A.
63
Índice SAMAI 128, T.A.
64
“PRIMERO: FIJAR fecha para audiencia virtual, el día veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticuatro
(2024), a las nueve y treinta (9:30 a.m.), con el fin de llevar a cabo contradicción de dictamen. // Para el
efecto, días previos a la diligencia, se remitirá al canal digital elegido un link al cual podrán acceder en la
fecha y hora indicada. Se advierte que, ante la inasistencia del testigo, el dictamen no tendrá valor”. Índice
SAMAI 139, T.A.
65
Índice SAMAI 144 y 145, T.A.

20

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

sobre las sanciones y reembolsos por concepto del Acta 10 y del anticipo no
amortizado, reclamados por INVÍAS66.

En conclusión, dado que no está probada la existencia de los perjuicios alegados
88.

por el INVÍAS, la Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones 3.16 y 3.17
de la demanda de reconvención.

La liquidación judicial del contrato

89.La Sala modificará la liquidación del contrato practicada en primera instancia,
porque es procedente reconocer en el balance final de cuentas, a favor del INVÍAS,
la suma correspondiente a la cláusula penal prevista en el numeral 5.32 del pliego
de condiciones. Los demás elementos y bases de la liquidación ―saldos a favor de
la entidad estatal, periodo de actualización e índice, periodo de causación de
intereses y tasa aplicada― no serán modificados, pues no fueron impugnados por
el INVÍAS ni por el Contratista, cuyo recurso de apelación fue declarado desierto.

90.En la liquidación practicada en la sentencia de primer grado, el Tribunal incluyó
como saldo a favor del INVÍAS el anticipo no amortizado de $3.808'776.150,
actualizando el valor histórico y reconociendo intereses sobre esta suma a una tasa
equivalente al doble del interés legal civil. La Sala adoptará esa liquidación en su
integridad y, aplicando la misma metodología, extenderá el cálculo a los periodos
transcurridos entre la emisión del fallo de primera instancia y la fecha de esta
sentencia:

IPC Índice Final Valor capital Valor Intereses
Periodo Valor Histórico Año aplicado año actualizado Intereses moratorios
anterior o fracción

16/04/08-31/12/08 $ 3.808.776.150,00 5,69 4,0304167% $ 3.962.285.698,75 8,5% $ 336.794.284,39

66
En el dictamen se indica lo siguiente (se transcribe con sus errores): “RESUMEN DE CADA UNO DE
LOS CUADROS FINANCIEROS EN LOS QUE SE CALCULÓ EL VALOR DE CADA UNA DE LAS
SANCIONES SOLICITADAS POR INVIAS. // RESUMEN // CUADRO FINANCIERO NO. 1 //
ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE INTERESES MORATORIOS E INDEXACIÓN AL 28 DE FEBRERO
DE 2023 DE LOS VALORES ENTREGADOS EN LOS DOS ANTICIPOS A SABER: // CUADRO
FINANCIERO NO. 1 // ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LOS ANTICIPOS ENTREGADOS Y NO
AMORTIZADOS CON LOS INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, INDEXACIÓN CON EL IPC DE CADA MES TRANSCURRIDO. //
SALDO DE LA DEUDA DE LOS 2 ANTICIPOS (EL SALDO SE EXPLICA EN EL CUADRO NO. 1) $
5.916.628.538. VALOR INTERESES MORATORIOS $ 22.654.672.062. INDEXACIÓN DE LOS AÑOS
TRANSCURRIDOS $ 389.551.161 VALOR TOTAL DEUDA MÁS ACTUALIZACIÓN: 28.960.851.761. //
CUADRO FINANCIERO NO. 2 // SANCIÓN DEL 5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR EL MAL
MANEJO O INVERSIÓN INCORRECTA DEL ANTICIPO ARTÍCULO 2 NUMERAL 6 RESOLUCIÓN 3662
DEL 13 DE AGOSTO DE 2007. // ENTONCES = $ 7.792.614.160 POR 5 % = VALOR SANCION
389.630.708 SE ACTUALIZA FINANCIERAMENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023 CON INTERESES
MORATORIOS POR VALOR DE $ 1.491.889.487 INDEXACIÓN POR VALOR DE $ 25.985.717 VALOR
TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LA SANCION: $ 1.907.505.911. PESOS MCTE. // CUADRO FINANCIERO
NO. 3 // SANCIÓN DEL 0.10% POR MAL MANEJO DOCUMENTOS SOBRE EL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO; $ 7.792.614.160 POR 0.10% = $ 7.792.614 POR 365 // DIAS IGUAL A $ 2.844.304.168 //
VALOR INTERESES MORATORIOS: $ 10.890.793.254 VALOR INDEXACIÓN $ 188.873.063 // TOTAL $
13.923.970.488 PESOS MCTE. // CUADRO FINANCIERO NO. 4 // CLAUSULA PENAL 10% SOBRE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 7.792.614.160 POR 10% IGUAL A $ 779.261.416, INTERESES
MORATORIOS $ 2.983.778.974 // INDEXACION $ 51.921.621 SALDO TOTAL SANCIÓN ACTUALIZADA
$ 3.814.962.011 // CUADRO FINANCIERO NO. 5 // SANCIÓN DEL 1.0% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO POR 365 DÍAS DE MAL MANEJO SOBRE VALOR DEL CONTRATO $ 7.792.614.160 POR
1.0% IGUAL $ 77.926.142 POR 365 DIAS SANCIÓN IGUAL A $ 28.443.041.680. // INTERESES
MORATORIOS $ 108.907.932.542 INDEXACIÓN POR VALOR DE 1.896.950.457 SALDO TOTAL $
139.239.704.850 PESOS MCTE. // RESÚMENES TOTALES // CUADRO NO. 1 $ 23.386.615.454 //
CUADRO NO. 2 $1.881.708.347 // CUADRO NO. 3 $13.736.470.932 // CUADRO NO. 4
$3.763.416.694 // CUADRO NO. 5 $ 137.364.709.319 // TOTAL $187.846.995.021 // SON:
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIÚN PESOS MCTE. VALOR CAPITAL (ANTICIPOS) Y SANCIONES
INDEXADAS A 28 DE FEBRERO DE 2023 CON EL RESPECTIVO CALCULO DE LOS INTERESES
MORATORIOS”. En las matrices de Excel anexas al dictamen no se reflejó un cálculo o tasación del daño
emergente y lucro cesante alegados. (Índice SAMAI 128, T.A.)

21

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

01/01/09-31/12/09 $ 3.962.285.698,75 7,67 7,6700000% $ 4.266.193.011,84 12% $ 511.943.161,42

01/01/10-31/12/10 $ 4.266.193.011,84 2,00 2,0000000% $ 4.351.516.872,08 12% $ 522.182.024,65

01/01/11-31/12/11 $ 4.351.516.872,08 3,17 3,1700000% $ 4.489.459.956,92 12% $ 538.735.194,83

01/01/12-31/12/12 $ 4.489.459.956,92 3,73 3,7300000% $ 4.656.916.813,31 12% $ 558.830.017,60

01/01/13-31/12/13 $ 4.656.916.813,31 2,44 2,4400000% $ 4.770.545.583,56 12% $ 572.465.470,03

01/01/14-31/12/14 $ 4.770.545.583,56 1,94 1,9400000% $ 4.863.094.167,88 12% $ 583.571.300,15

10/10/15-31/12/15 $ 4.863.094.167,88 3,66 3,6600000% $ 5.041.083.414,42 12% $ 604.930.009,73

01/01/16-31/12/16 $ 5.041.083.414,42 6,77 6,7700000% $ 5.382.364.761,58 12% $ 645.883.771,39

01/01/17-31/12/17 $ 5.382.364.761,58 5,75 5,7500000% $ 5.691.850.735,37 12% $ 683.022.088,24

01/01/18-31/12/18 $ 5.691.850.735,37 4,09 4,0900000% $ 5.924.647.430,45 12% $ 710.957.691,65

01/01/19-31/12/19 $ 5.924.647.430,45 3,18 3,1800000% $ 6.113.051.218,74 12% $ 733.566.146,25

01/01/20-31/12/20 $ 6.113.051.218,74 3,80 3,8000000% $ 6.345.347.165,05 12% $ 761.441.659,81

01/01/21-31/12/21 $ 6.345.347.165,05 1,61 0,1341667% $ 6.353.860.505,83 12% $ 762.463.260,70

01/01/22-31/12/22 $ 6.353.860.505,83 5,62 5,6200000% $ 6.710.947.466,26 12% $ 805.313.695,95

01/01/23-31/12/23 $ 6.710.947.466,26 13,12 13,1200000% $ 7.591.423.773,83 12% $ 910.970.852,86

01/01/24-31/12/24 $ 7.591.423.773,83 9,28 9,28% $8.295.907.900,04 12% $995.508.948,004

01/01/25-31/12/25 $8.295.907.900,04 5,20 5,20% $8.727.295.110,84 12% $1.047.275.413,30

1/01/26-20/04/26 $8.727.295.110,84 5,10 1,54% $8.861.695.455 3,62% $320.793.375,49

$12.606.648.366,44

91.En la liquidación practicada en la sentencia de primer grado, el Tribunal también
incluyó como saldo a favor del INVÍAS lo pagado por el Acta 10, equivalente a
$3.539'069.255, actualizando el valor histórico y reconociendo intereses sobre esta
suma a una tasa equivalente al doble del interés legal civil. De la misma forma que
frente al valor del anticipo no amortizado, la Sala extenderá el cálculo a los periodos
transcurridos entre la emisión del fallo de primera instancia y la fecha de esta
sentencia:

Índice Final
Periodo IPC Año aplicado Valor Intereses Valor Intereses
Valor Histórico anterior año o capital moratorios
fracción actualizado
25/12/08-31/12/08 $ 3.539.069.255,00 5,69 0,0948333% $ 3.542.425.472,34 8,5% $ 301.106.165,15

01/01/09-31/12/09 $ 3.542.425.472,34 7,67 7,6700000% $ 3.814.129.506,07 12% $ 457.695.540,73

01/01/10-31/12/10 $ 3.814.129.506,07 2,00 2,0000000% $ 3.890.412.096,19 12% $ 466.849.451,54

01/01/11-31/12/11 $ 3.890.412.096,19 3,17 3,1700000% $ 4.013.738.159,64 12% $ 481.648.579,16

01/01/12-31/12/12 $ 4.013.738.159,64 3,73 3,7300000% $ 4.163.450.593,00 12% $ 499.614.071,16

01/01/13-31/12/13 $ 4.163.450.593,00 2,44 2,4400000% $ 4.265.038.787,47 12% $ 511.804.654,50

01/01/14-31/12/14 $ 4.265.038.787,47 1,94 1,9400000% $ 4.347.780.539,94 12% $ 521.733.664,79

10/10/15-31/12/15 $ 4.347.780.539,94 3,66 3,6600000% $ 4.506.909.307,71 12% $ 540.829.116,92

01/01/16-31/12/16 $ 4.506.909.307,71 6,77 6,7700000% $ 4.812.027.067,84 12% $ 577.443.248,14

01/01/17-31/12/17 $ 4.812.027.067,84 5,75 5,7500000% $ 5.088.718.624,24 12% $ 610.646.234,91

01/01/18-31/12/18 $ 5.088.718.624,24 4,09 4,0900000% $ 5.296.847.215,97 12% $ 635.621.665,92

01/01/19-31/12/19 $ 5.296.847.215,97 3,18 3,1800000% $ 5.465.286.957,44 12% $ 655.834.434,89

01/01/20-31/12/20 $ 5.465.286.957,44 3,80 3,8000000% $ 5.672.967.861,82 12% $ 680.756.143,42

01/01/21-31/12/21 $ 5.672.967.861,82 1,61 0,1341667% $ 5.680.579.093,70 12% $ 681.669.491,24

01/01/22-31/12/22 $ 5.680.579.093,70 5,62 5,6200000% $ 5.999.827.638,77 12% $ 719.979.316,65

22

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

01/01/23-31/12/23 $ 5.999.827.638,77 13,12 13,1200000% $ 6.787.005.024,97 12% $ 814.440.603,00

01/01/24-31/12/24 $ 6.787.005.024,97 9,28 9,28% $7.416.839.091,28 12% $ 890.020.690,95

01/01/25-31/12/25 $7.416.839.091,28 5,20 5,20% $7.802.514.724,034 12% $ 936.301.766,88

1/01/26-20/04/26 $7.802.514.724,034 5,10 1,54% $7.922.673.450,78 3,62% $286.800.778,91

$11.270.795.618,86

92.Finalmente, la Sala incluirá en el balance, por las razones expuestas, la suma
debida por concepto de la cláusula penal. La pena equivale al 10% del valor del
contrato: $779’261.416. Esta suma se actualizará aplicando como IPC inicial el de
febrero de 2009 y como IPC final el último disponible a la fecha de la sentencia
(marzo de 2026), lo cual arroja el siguiente resultado:

IPC inicial 70.80
IPC final 156,94
Factor 2,2166666667
Capital histórico $779’261.416
Capital actualizado $1.727’362.805,46

93.Como resultado de lo anterior, el contrato se liquidará reconociendo a favor del
INVÍAS la suma total de cuarenta y dos mil trescientos ochenta y nueve millones
ciento setenta y cinco mil seiscientos noventa y seis pesos con cincuenta y cuatro
centavos ($42.389’175.696,54), que se discrimina así:

Concepto Actualización Intereses Total
Anticipo no
$8.861.695.455,00 $12.606.648.366,44 $21.468.343.821,44
amortizado
Acta de Obra
$7.922.673.450,78 $11.270.795.618,86 $19.193.469.069,64
10
Cláusula penal $1.727.362.805,46 $ 0,00 $1.727.362.805,46
Saldo a favor del
$42.389’175.696,54
INVÍAS

94.El artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece que los integrantes del consorcio
responden solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato. Además, prescribe que las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán
a todos los miembros que integran el consorcio. Los saldos resultantes de la
liquidación del contrato constituyen un pasivo a cargo del Consorcio Puentes CF-C-
116, integrado por Construcciones Civiles y Portuarias S.A. –CIPORT S.A.–
Sucursal Colombia y Construcciones CF S.A.S., sociedades que fueron
demandadas en este proceso. En consecuencia, la condena al pago del saldo a
favor del INVÍAS se impondrá solidariamente a las demandadas en reconvención.

Costas

95.En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.

23

Expediente: 76001233100020100031602 (73.421)
Demandante: Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y otro
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Acción: Controversias contractuales

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca del 13 de diciembre de 2024, cuya parte resolutiva quedará así:

“Primero: Niéguense las pretensiones de la demanda principal presentada por
Construcciones Civiles y Portuarias S.A. –CIPORT S.A.– Sucursal Colombia y
Construcciones CF S.A.S., integrantes del Consorcio Puentes CF-C-116, en contra del
Instituto Nacional de Vías.

Segundo: Accédase parcialmente a las pretensiones de la demanda de reconvención
formulada por el Instituto Nacional de Vías en contra de Construcciones Civiles y
Portuarias S.A. –CIPORT S.A.– Sucursal Colombia y Construcciones CF S.A.S.,
integrantes del Consorcio Puentes CF-C-116. En consecuencia, declárase el
incumplimiento del contrato 3495 del 31 de diciembre de 2007 por parte de
Construcciones Civiles y Portuarias S.A. –CIPORT S.A.– Sucursal Colombia y
Construcciones CF S.A.S., integrantes del Consorcio Puentes CF-C-116.

Tercero: Liquídase judicialmente el contrato 3495, suscrito el 31 de diciembre de 2007
entre el Instituto Nacional de Vías y el Consorcio Puentes CF-C-116 (integrado por
Construcciones Civiles y Portuarias S.A. –CIPORT S.A.– Sucursal Colombia y
Construcciones CF S.A.S.). En consecuencia, condénese solidariamente a
Construcciones Civiles y Portuarias S.A. –CIPORT S.A.– Sucursal Colombia y
Construcciones CF S.A.S. (integrantes del Consorcio Puentes CF-C-116) a pagar al
Instituto Nacional de Vías la suma total de cuarenta y dos mil trescientos ochenta y
nueve millones ciento setenta y cinco mil seiscientos noventa y seis pesos con cincuenta
y cuatro centavos ($42.389’175.696,54).

Cuarto: Niéguense las demás pretensiones de la demanda de reconvención.

Quinto: Sin condena en costas en esta instancia.

Sexto: Ordenar por Secretaría que, en firme esta providencia, proceda con su archivo,
previa cancelación de su radicación”.

SEGUNDO: Sin condena en costas por la segunda instancia.

TERCERA: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de
tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema Samai.
VF

24

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