Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05941-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05941-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05941-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05941-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05941-01
Accionante: Construcciones CF S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida en el proceso de
controversias contractuales1
Decisión: Confirmar la decisión de declarar improcedente el mecanismo
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 21 de
noviembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Las sociedades Construcciones CF Ltda. y Construcciones Civiles y Portuarias
S.A suscribieron con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) el contrato núm. 3495
del 31 de diciembre del 2007, cuyo objeto fue “La construcción del puente El
Piñal de la carretera Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga), ruta 4001”, el cual
tenía con un plazo inicial de 12 meses. Sin embargo, se extendió hasta el 12 de
febrero de 2009.
3. Con ocasión de lo anterior, el 2 de marzo de 2010, el consorcio antes
mencionado en ejercicio de la acción de controversias contractuales 2 demandó
al Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
4. El 16 de diciembre de 2010, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS interpuso
en contra de las sociedades Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y
Construcciones CF Ltda una demanda de reconvención en la que requirió que
se declarara el cumplimiento del contrato suscrito porque no se presentaron los
estudios y diseños requeridos ni avanzaron en la construcción dentro del plazo
1 La acción de tutela fue presentada el 22 de septiembre de 2025
2 Es menester señalar que la demanda fue presentada el 2 de marzo de 2010, razón por la que el proceso
se surtió conforme al Decreto 01 de 1984.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05941-01
Accionante: Construcciones CF S.A.S.
pactado.
5. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
autoridad judicial que mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024 resolvió
negar las pretensiones de la demanda formuladas por Construcciones Civiles y
Portuarias S.A. y Construcciones CF Ltda y acceder de manera parcial a las
súplicas de la demanda de reconvención presentada por el Instituto Nacional de
Vías – INVIAS.
6. El aludido Tribunal mediante auto del 25 de marzo de 2025, programó para el
8 de mayo de 2025 la audiencia de conciliación prevista en el artículo 70 de la
Ley 1395 de 2010, por cuanto el trámite del proceso se adelantó bajo la vigencia
del Código Contencioso Administrativo, so pena de declarar desierto el recurso.
7. El 8 de mayo de 2025 se instaló la audiencia de conciliación. Sin embargo, el
consorcio no asistió, razón por la que se declaró fallida dicha diligencia y le
concedió el recurso de apelación promovido por Invías, pero dejó en suspenso
el recurso de las constructoras, a la espera de que estas justificaran su
inasistencia.
8. Ante la falta de justificación, el Tribunal por auto del 14 de mayo de 2025
declaró desierto el recurso de apelación por no presentar excusa dentro del plazo
de tres días después de la audiencia de conciliación.
9. Contra la anterior decisión, la hoy accionante presentó el recurso de
reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante proveído del 4 de
junio de 2025. Inconforme con esa decisión promovió el recurso de súplica.
10. En el trámite del recurso de súplica, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca a través del auto del 28 de agosto de 2025 resolvió confirmar la anterior
decisión, al considerar que, aunque el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 había
sido derogado por la Ley 1437 de 2011, continuaba rigiendo a los procesos
iniciados bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984, disposición normativa aplicable
al asunto en cuestión.
2.2. Fundamento jurídico
11. Sobre el particular, es menester señalar que, si bien la parte actora no
menciona en qué defectos incurrieron las autoridades judiciales accionadas, al
proferir las decisiones cuestionadas en esta sede.
12. De otra parte, sostuvo que el Tribunal declaró desierto el recurso de apelación
con fundamento en lo preceptuado en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010,
disposición normativa que exigía la realización de una audiencia de conciliación
previa a la modificación o concesión del recurso. Sin embargo, dicha norma se
encontraba derogada desde la expedición del CPACA.
2.3. Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05941-01
Accionante: Construcciones CF S.A.S.
«(…)
1. PRIMERA: Solicito que se le ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en su sala de decisión
conformada por VICTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DIAZ, ZORANNY
CASTILLO OTALORA y ANDRÉS GONZALEZ ARANGO, que deje sin
efectos las actuaciones judiciales adelantadas luego de la interposición
de los recursos de apelación radicados contra la sentencia de primera
instancia fechada el 13 de diciembre de 2024 (autos de sustanciación
233, 413 y 8 461 y auto interlocutorio 169), sentencia dictada en el curso
del proceso jurisdiccional contencioso administrativo de controversias
contractuales distinguido con el número 76001233100020100031600,
promovido por CONSTRUCCIONES CF y CIPORT contra el INVIAS.
2. SEGUNDA: Solicito, en cumplimiento y aplicación de lo
ordenado por los artículos 173, 181 y 212 del Decreto-Ley No. 01 de
1984, incluyendo el artículo 31 de la Constitución Nacional, que se le
ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en
su sala de decisión conformada por VICTOR ADOLFO HERNÁNDEZ
DIAZ, ZORANNY CASTILLO OTALORA y ANDRÉS GONZALEZ
ARANGO, que envíe el expediente al Honorable Consejo de Estado, en
aplicación del debido proceso y el derecho de defensa.» (Sic)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Primera del
Consejo de Estado que mediante auto del 2 de octubre de 2025 ordenó notificar
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como accionado y al Instituto
Nacional de Vías (INVÍAS) y a las sociedades Consultores Civiles e Hidráulicos
Ltda. y Construcciones Civiles y Portuarias S.A. como terceros interesados en el
resultado del proceso.
15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca después de hacer un
recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario señaló que
decisiones cuestionadas se dictaron de acuerdo con las reglas aplicables a los
procesos que se rigen por el Código Contencioso Administrativo, razón por la
que no vulneró los derechos fundamentales invocados en protección.
16. El Instituto Nacional de Vías – INVÍAS señaló que la autoridad judicial
accionada no vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa de la
accionante, por cuanto, el proceso se tramitó conforme a la normatividad
aplicable al asunto, esto es, la Ley 1395 de 2010 y el Decreto 01 de 1984, en la
medida que la Ley 1437 de 2011 solo rige para procesos iniciados a partir de su
entrada en vigor.
17. De otra parte, solicitó ser desvinculado del proceso y se declare la
improcedencia del mecanismo constitucional.
18. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
19. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 21 de
noviembre de 2025 resolvió negar la solicitud de desvinculación promovida por
INVIAS y declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional.
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05941-01
Accionante: Construcciones CF S.A.S.
20. Sobre el particular, indicó que el debate propuesto constituía una reiteración
de los argumentos expuestos en el proceso ordinario, por cuanto, la controversia
giraba en torno a la vigencia del artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 frente a los
procesos iniciados bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo.
21. Sin perjuicio de lo anterior, precisó que la demanda de controversias
contractuales fue instaurada en el año 2010, por lo que el trámite del proceso se
inició y continuó bajo los postulados del Código Contencioso Administrativo y de
la Ley 1395 de ese mismo año. Por lo tanto, el recurso de apelación también
debía surtirse bajo esas disposiciones, las cuales establecían la celebración de
la audiencia de conciliación posterior a la interposición del recurso de alzada y la
declaratoria de desierto en caso de inasistencia del recurrente.
2.6. Impugnación
22. La parte actora después de insistir en los argumentos de la acción de tutela
solicitó que se revoque la decisión de primer grado, en consecuencia, se
amparen los derechos fundamentales invocados en protección.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20193 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir las
providencias del 13 de diciembre de 2024, del 25 de marzo, el 8 de mayo, el 4
de junio y del 28 de agosto de 2025 incurrió en un defecto sustantivo.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
25. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3 Reglamento interno del Consejo de Estado.
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05941-01
Accionante: Construcciones CF S.A.S.
26. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que
se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que
originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se
señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del
solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que
hubiere alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el
juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción
de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».
27. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las
siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico,
defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte
hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar
plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.
3.1. Del requisito de relevancia constitucional como requisito de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
28. En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional la Corte
Constitucional, ha establecido que se entiende satisfecho cuando la controversia
objeto de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al
contenido, alcance y goce de un derecho fundamental o un principio
constitucional y ha precisado que es imperativo que se demuestre de forma
marcada e indiscutible que se cumple con el referido requisito4. La finalidad de
esta exigencia es la de preservar la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional e impedir que la acción de tutela se
torne en una instancia o recurso adicional de los procesos ordinarios.
29. Sobre el particular, el alto tribunal en materia constitucional, en Sentencia SU-
215 de 2022, estableció los siguientes criterios para determinar si se cumple con
el referido requisito:
30. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación
de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o
aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea
4 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-
140 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05941-01
Accionante: Construcciones CF S.A.S.
estrictamente monetario ni connotaciones particulares o privadas que no
representen un interés general.5
31. Asimismo, que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo,
no basta con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la
administración de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la
«existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»6.
32. Además, que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia
o un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del
fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se
justifica si se verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho
al debido proceso».7
33. Finalmente, que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento
judicial.8
3.5.1. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
34. En el presente asunto no se acredita el requisito de procedibilidad de
relevancia constitucional, pues no resulta suficiente que la parte actora afirme de
manera genérica que el «Tribunal no debió declarar desierto el recurso de
apelación con fundamento en lo preceptuado en el artículo 70 de la Ley 1395 de
2010, toda vez que dicha disposición normativa se encontraba derogada desde
la expedición del CPACA», esto es, sin exponer en que defectos incurrió la
autoridad judicial accionada al proferir las decisiones que en esta sede se
discute, pues, tratándose de cuestionamientos dirigidos contra providencias
judiciales le corresponde una carga mínima de argumentación que en el presente
asunto no se cumple.
35. Al respecto, se tiene que la accionante ni siquiera mencionó en que defectos
incurrió la autoridad judicial accionada al proferir las providencias cuestionadas.
Así como tampoco expone de manera concreta las razones por las cuáles las
decisiones adoptadas vulneran los derechos fundamentales que se invocan en
protección, circunstancia que torna improcedente el mecanismo constitucional si
se tiene en cuenta que el mecanismo constitucional se presentó por conducto de
apoderado judicial.
36. En ese sentido, se advierte que, la acción de tutela es improcedente porque
5 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
6 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
7 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
8 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05941-01
Accionante: Construcciones CF S.A.S.
carece de una argumentación mínima que permita un estudio de fondo, en la
medida que dicha falencia no puede ser sustituida por el juez constitucional,
pues, si bien el presente mecanismo constitucional se caracteriza por la
flexibilización de las formalidades para garantizar los derechos fundamentales,
lo cierto es que, como se indicó en precedencia, al tratarse de cuestionamientos
dirigidos contra providencias judiciales, recae sobre la parte demandante una
carga mínima de argumentación.
37. Así las cosas, la Sala procederá a confirmar la decisión de primer grado que
declaró la improcedencia del presente mecanismo constitucional por falta del
requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en
precedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la decisión de primera instancia del 21 de noviembre de
2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela, de conformidad con los argumentos expuestos
en el presente proveído.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.