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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05961-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05961-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 20 de noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia del mecanismo constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05961-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de abril de 2026

Demandante: Jesús Arbey González Álzate
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05961-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05961-01
Demandante: JESÚS ARBEY GONZÁLEZ ALZATE
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Tutela contra providencia judicial - legalización de minería de
hecho – Revoca y declara la improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 20
de noviembre de 2025, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Jesús Arbey González Álzate, por intermedio de apoderado, instauró
acción de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A con
el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y a la igualdad.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con la
expedición de la sentencia de 11 de julio de 2025, por medio de la cual se definió la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2, que declaró la nulidad de los
actos administrativos enjuiciados3 y, como restablecimiento del derecho, ordenó a
la Agencia Nacional de Minería reanudar el procedimiento administrativo de solicitud
de legalización de la mina de hecho LH0232- 17 ubicada en el cerro El Burro del
municipio de Marmato, Caldas.

1
El 23 de septiembre de 2025.
2
Identificada con el radicado 11001-03-26-000-2016-00010-00.
3
Resoluciones núm. 4515 del 4 de noviembre de 2014 y 776 del 7 de mayo de 2015, a través de las cuales, la
Agencia Nacional de Minería rechazó la solicitud de legalización de la mina de hecho núm. LH0232-17.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jesús Arbey González Álzate
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05961-01

Asimismo, con ocasión del proveído de del 3 de septiembre de 2025, por medio del
cual se rechazó por extemporánea la solicitud de adición y aclaración que interpuso
contra el aludido fallo.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

«Se sirva AMPARAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO del señor JESÚS ARBEY GONZÁLEZ
ALZATE. En consecuencia, se sirva ORDENAR Al CONSEJO DE ESTADO, SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A , lo siguiente:

• REVISAR el fallo en lo relativo a [la] forma en la cual se concedió la pretensión
TERCERA de la demanda, a saber: “REALIZAR por parte de la AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA, EL OTORGAMIENTO E INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO MINERO NACIONAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN del área
identificada como LH0232-17, ubicada en la ZONA ALTA DE MARMATO –
CALDAS – MINA LA ESPERANZA 3 – CERRO EL BURRO”

• Se ACLARE en cuanto a la pretensión TERCERA de la demanda, en virtud de
las consideraciones previamente expuestas, en virtud a que lo esgrimido por el
despacho no corresponde con lo solicitado por la suscrita y, en ese entendido, se:

• ANULE la parte en la que el despacho determinó imponer como condición para el
otorgamiento del título la evaluación de las condiciones de seguridad por parte de
la ANM, de conformidad con las razones expuestas en el escrito principal.

• En consecuencia, y como efecto inmediato y necesario de lo anterior, ORDÉNESE
a la ANM el otorgamiento e inscripción del contrato, junto con la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos impugnados, a manera de reparación
derivada de la nulidad decretada.».4

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El señor González Álzate, el 22 de diciembre de 2004, elevó solicitud de legalización
de minería de hecho de la mina «La Esperanza 3» número LH0232-175 ante la
Unidad de Delegación Minera de Caldas, entidad que, rechazó inicialmente el
trámite por haberse identificado el área con coordenadas planas (X,Y)6 y no con
cotas (X, Y, Z7). La decisión fue recurrida, para lo cual, aportó la delimitación con
cota piso y cota techo y el 26 de septiembre de 2006 la autoridad otorgó viabilidad
técnica.

Entre los años 2008 y 2010 el señor González Álzate presentó varios informes en
los que se daba cuenta que la explotación minera tradicional en el área objeto de la
solicitud de legalización se estaba adelantando bajo parámetros técnicos y esto fue

4
Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.
5
Ubicada en el cerro El Burro del municipio de Marmato, Caldas (Zona A).
6
X e Y: Mantienen su función de ubicación horizontal (Este y Norte).
7
Z (Cota / Elevación): Representa la altura o elevación de un punto respecto a un nivel de referencia.

2
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avalado por la autoridad minera.

Mediante la Resolución 381 del 9 de julio de 2010, la Corporación Autónoma
Regional de Caldas aprobó el Plan de Manejo Ambiental, con lo cual se dio
viabilidad ambiental al proyecto minero. Por su parte, la Unidad de Delegación
Minera de Caldas, mediante auto del 11 de noviembre de 2010, viabilizó
técnicamente la solicitud al aprobar el Programa de Trabajos y Obras (en lo sucesivo
PTO) presentado por el minero tradicional.

Debido a la entrada en funcionamiento de la Agencia Nacional de Minería (en
adelante ANM), esta entidad asumió el conocimiento de la solicitud de legalización
de minería de hecho LH0232-17, autoridad que, mediante la Resolución 004515 del
4 de noviembre de 2014, la rechazó al considerar que tras analizar el área
respectiva existía varias superposiciones con títulos mineros anteriores. Asimismo,
señaló que el Sistema de Catastro Minero Colombiano, creado mediante el Decreto
2345 de 2008, no permitía registrar datos relativos a cotas o puntos de altitud, lo
cual impedía la identificación precisa de los títulos mineros en distintos niveles del
cerro El Burro.

Contra esa decisión se interpuso el recurso de reposición, y fue confirmada con la
Resolución 000776 del 7 de mayo de 2015.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
tutelante presentó demanda contra la Agencia Nacional de Minería, con el fin de
obtener la nulidad de las mentadas resoluciones y pidió que, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara a la Agencia Nacional de Minería el
otorgamiento del título minero.

Del asunto conoció, en única instancia, la Sección Tercera, Subsección A, del
Consejo de Estado8 quien, en sentencia del 11 de julio de 20259, declaró la nulidad
de los actos administrativos enjuiciados y, como restablecimiento del derecho,
ordenó a la Agencia Nacional de Minería reanudar el procedimiento administrativo
de solicitud de legalización de la mina de hecho LH0232-17.

Lo anterior bajo el argumento de que se desconoció el régimen especial sobre
titulación minera previsto en la Ley 66 de 1946 y el Decreto 2223 de 1954, empero,
no ordenó otorgar ipso facto el título minero porque la sola radicación de la solicitud
no confiere derecho alguno y se debía acreditar el cumplimiento de todos los
requisitos señalados en el Decreto 2390 de 200210.

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso solicitud de aclaración y
adición; la cual fue rechazada por extemporánea en proveído del 3 de septiembre
de 202511.

8
Radicado 11001-03-26-000-2016-00010-00.
9
Notificada el 22 de julio siguiente.
10
Por el cual se reglamenta el artículo 165 del Código de Minas.
11
Notificada al día siguiente.

3
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1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante consideró que la autoridad judicial accionada trasgredió sus garantías
constitucionales porque incurrió en los defectos sustantivo, decisión sin motivación,
fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la
Constitución.

En términos generales señaló que, en la sentencia reprochada se omitió el análisis
integral de las pruebas conducentes y decisivas que acreditaban el cumplimiento de
los requisitos legales para el otorgamiento del título minero y se otorgó mayor peso
a consideraciones impertinentes y carentes de eficacia probatoria, como supuestas
dudas sobre la viabilidad técnica no acreditadas dentro del proceso, ni aportadas
por la autoridad minera.

Para sustentar su dicho adujo que, (i) se desconoció que la antigüedad de la
explotación se encontraba acreditada, pues, desde el 2004 había radicado solicitud
de legalización y en el expediente obran elementos que demostraban más de 20
años de explotación tradicional; (ii) se ignoró que la autoridad minera ya había
declarado técnica y ambientalmente viable el proyecto, mediante la aprobación del
programa de trabajos y obras (PTO) y la imposición del plan de manejo ambiental;
y (iii) la falta de aceptación expresa del PTO obedeció a la ausencia de
requerimiento por parte de la ANM, circunstancia que tornó incumplible dicho
requisito.

Alegó el defecto sustantivo, por desconocer el deber de restablecimiento
consagrado del artículo 138 del CPACA luego de declararse la nulidad, pues a su
juicio debió ordenarse el otorgamiento del título minero mas no la simple
reanudación de proceso administrativo.

Indicó que la decisión reprochada no fue lo suficientemente motivada porque no
precisó por qué no resultaba procedente restituir el derecho pese a la nulidad
declarada y que se incurrió en un exceso ritual manifiesto, al imponer actualización
de exigencias técnicas y económicas para la legalización de la mina cuando estas
ya se habían cumplido en el trámite administrativo de legalización.

Hizo hincapié en que la decisión reprochada violó sus garantías constitucionales
pues bajo un análisis inadecuado sostuvo que no se acreditaron los requisitos de
antigüedad de la explotación, aprobación del Programa de Trabajos y Obras (PTO)
y aceptación expresa del solicitante pese a que en el expediente obraban
documentos idóneos y pertinentes que acreditan cada uno de estos aspectos y
precisó los siguientes: (i) la solicitud de legalización radicada desde 2004, que
evidencia más de veinte años de explotación tradicional, (ii) los conceptos técnicos
emitidos por la autoridad minera en 2006, 2010 y 2012, así como la aprobación del
PTO y la imposición de un plan de manejo ambiental por parte de Corpocaldas, y
(iii) la permanencia en la explotación reconocida incluso por el propio fallo al declarar
la nulidad de los actos de la ANM.

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1.5. Trámite de la acción

A través de auto del 15 de octubre de 2025, el a quo constitucional admitió la
presente acción de tutela. En dicha decisión ordenó notificar a la Subsección A de
la Sección Tercera, del Consejo de Estado y dispuso vincular a la Agencia Nacional
de Minería, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. La Subsección A de la Sección Tercera, del Consejo de Estado, solicitó
negar el amparo por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales al
actor.

Precisó que pese a declararse la nulidad de los actos demandados no era viable
ordenar el restablecimiento como lo pretendió el accionante puesto que para
obtener el título minero se debía acreditar todas las exigencias legales y por ello en
el fallo se precisó que al reanudar el trámite la ANM no podía rechazarla bajo la
aplicación indebida de coordenadas planas en lugar del sistema de cotas propio del
área que fue el cargo que prosperó en sede del proceso ordinario.

Refirió que el juez contencioso no podía sustituir la competencia de la
administración a quien le correspondía verificar la viabilidad de la solicitud conforme
los preceptuado en el artículo 812 del Decreto 2390 de 2002.

Sostuvo que la orden de restablecimiento cuestionada se ajustó a la jurisprudencia
sobre la materia, respetando la competencia de la administración y garantizando
que la decisión de otorgamiento del título sea bajo las condiciones de seguridad,
sostenibilidad y legalidad conforme a las normas aplicables actuales.

1.6.2. La Agencia Nacional de Minería solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva en la medida que no es la autoridad que profirió
la providencia cuestionada.

Con todo, adujo que la acción de tutela no cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, ya que el accionante intenta reabrir el debate legal.

1.7. Fallo impugnado

El 20 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B negó tanto la solicitud de desvinculación de la ANM13 como el amparo deprecado.

Explicó que analizaría el fondo del asunto bajo el defecto fáctico, dado que, pese a

12
ARTÍCULO 8º-No habrá lugar a la legalización de explotaciones mineras cuando a juicio de la autoridad
ambiental no sean viables, y/o cuando a juicio de la autoridad minera delegada sean manifiestamente inseguras,
presenten peligro inminente para la vida de los mineros o de los habitantes de las zonas aledañas.
13
Bajo el siguiente argumento: «Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en
calidad de tercera con interés, por ser la entidad demandada dentro del proceso contencioso en cuestión, esto,
en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que, se negará su solicitud».

5
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que el actor alegó también, los yerros: sustantivo, decisión sin motivación,
procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, lo
cierto es que todos los reproches, estaban dirigidos a cuestionar que la autoridad
judicial accionada desconoció pruebas contundentes que, a su juicio, acreditaban
los requisitos legales para el otorgamiento del título minero.

Luego indicó que, contrario a lo sostenido por el tutelante, la autoridad judicial
accionada abordó de manera suficiente el estudio de la pretensión encaminada al
otorgamiento del título minero, para lo cual adujo que, la sola radicación de la
solicitud de legalización de la mina de hecho no generaba, por sí misma, un derecho
a la concesión del título, dado que, su entrega se encontraba condicionada al
cumplimiento de los requisitos especiales previstos en los artículos 3, 4 y 10 del
Decreto 2390 de 2002 y, al no obrar en el expediente prueba de tales exigencias -
la demostración de la antigüedad de la explotación, la aprobación del programa de
trabajos y obras y la aceptación expresa por parte el solicitante, no era jurídicamente
viable, por vía judicial, ordenar la concesión del título, pues, no se contaba con los
elementos mínimos para adoptar una decisión de esa naturaleza.

Con base en lo anterior el a quo constitucional concluyó que la providencia
censurada no deviene de una interpretación caprichosa de la autoridad judicial, toda
vez que, sus afirmaciones para restablecer el derecho únicamente con la
reanudación del trámite administrativo, estuvieron debidamente motivadas,
conforme a las pruebas que fueron aportadas en el proceso ordinario, situación de
la que se colige que no incurre en defecto fáctico.

Resaltó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A precisó que al
no obrar en el expediente acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos
en los artículos 3, 4 y 10 del Decreto 2390 de 2002, no resultaba viable ordenar, a
título de restablecimiento del derecho, la concesión del título minero y que explicó
que la nulidad de las resoluciones que rechazaron la legalización de la mina
respondió a un vicio jurídico relacionado con la aplicación de un parámetro
normativo inaplicable; por ello, lo procedente era reanudar el trámite administrativo
conforme a la normativa vigente aplicable al procedimiento, para que la autoridad
minera decidiera de fondo una vez verificados todos los presupuestos técnicos,
ambientales y de seguridad.

Refirió que el propio accionante reconoció la ausencia de aceptación del programa
de trabajos y obras (POT), exigida por el artículo 1114 del mismo decreto. Por lo
tanto, con ello, se acredita el incumplimiento de uno de los requisitos indispensables
para el otorgamiento pretendido.

Finalmente, advirtió que los reproches del tutelante sobre la negativa del
otorgamiento del título minero reproducen los planteamientos formulados en la
solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 11 de julio de 2025, la cual, fue
rechazada por extemporánea, y esto evidenciaba la intención de emplear la acción
de tutela como mecanismo supletorio que tenía a su alcance y dejó vencer.

14
ARTÍCULO 11.-Si el interesado en la solicitud acepta el PTO elaborado por la autoridad minera delegada, se
procederá dentro de los treinta (30) días siguientes a suscribir contrato de concesión para explotación minera
en el formato único de minuta que para el efecto adopte el Ministerio de Minas y Energía.

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1.8. Impugnación15

La parte accionante impugnó la decisión del a quo al manifestar su inconformidad
con la resolutiva en el sentido de iterar que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A vulneró sus garantías fundamentales porque pese a declarar la
nulidad de los actos administrativos -Resoluciones núm. 4515 del 4 de noviembre
de 2014 y 776 del 7 de mayo de 2015-, a través de las cuales, la ANM rechazó su
solicitud de legalización de la mina de hecho núm. LH0232-17 se abstuvo de
ordenar a la demandada el otorgamiento del título minero y tan solo dispuso
reanudar el correspondiente trámite.

Al respecto insistió en que desde el escrito de la demanda ordinaria demostró ser
minero tradicional y que, para la fecha de presentación de la solicitud, contaba con
más de 20 años de ejercicio minero, y, en consecuencia, la demostración de la
antigüedad de la explotación resultó plenamente acreditada.

Enfatizó que en el expediente ordinario sí obran actuaciones administrativas que
acreditan el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3, 4 y 10 del
Decreto 2390 de 2002, toda vez que la propia autoridad minera consideró
procedente avanzar hacia la elaboración del contrato de concesión, circunstancia
incompatible con la supuesta ausencia de demostración de la antigüedad de la
explotación, la aprobación del Programa de Trabajos y Obras y la aceptación del
solicitante.

En relación específica con la aceptación expresa del Programa de Trabajos y Obras,
resaltó que el parágrafo 2 del artículo 10 del Decreto 2390 de 2002 establece de
manera expresa que corresponde a la autoridad minera requerir al interesado para
que manifieste su aceptación, carga que no puede trasladarse al administrado y en
el expediente no obra constancia de que la autoridad hubiera efectuado dicho
requerimiento.

Finalmente precisó que, aun cuando los planteamientos formulados en la solicitud
de adición de la sentencia fueron reproducidos posteriormente en la acción de
tutela, ello no obedece a un uso indebido o supletorio de este mecanismo
constitucional, sino a la circunstancia objetiva de que dichos argumentos nunca
fueron resueltos, ni la solicitud de parte —por razones de extemporaneidad— ni de
manera oficiosa por el juez contencioso, pese a tener la facultad legal para hacerlo.

1.7. Manifestaciones de impedimentos

Los magistrados Omar Joaquín Barreto Suarez y Gloria María Gómez Montoya
manifestaron impedimento para conocer del presente asunto, motivo por el cual se
dispuso el sorteo de conjueces.

El 20 abril de 2026, se realizó el respectivo sorteo en el que fueron designados
como conjueces Alexei Julio Estrada y Germán Alberto Bula Escobar.

15
El fallo fue notificado el 28 de enero de 2026, la impugnación se presentó el 29 de enero de 2026.

7
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Conformada la Sala de Decisión se dispuso, en providencia de 30 de abril de 2026,
declarar infundados los referidos impedimentos.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por el extremo activo, de conformidad con lo establecido en los Decretos
1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 20 de noviembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A al interior del presente
mecanismo constitucional.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201216
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales18.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201419, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

16
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth García
González.
17
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
18
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
19
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

8
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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. La Sala precisa que, contrario a lo señalado por el a quo constitucional, el
requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto de
la referencia frente a la providencia de 11 de julio de 2025, marco en el cual los
argumentos expuestos por el señor Jesús Arbey González Álzate no cumplen con
las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
215 de 16 de junio de 202220.

En el referido fallo la alta corte señaló que, tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto
esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con
el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la
esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.

Luego entonces, en la sentencia SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que
se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:

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Postura iterada en el fallo de tutela T-075 de 22 de marzo de 2023.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05961-01

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.21

Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales»23.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general24.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud
de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»25.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso26, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.

21
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
22
Sentencia SU-103 de 2022.
23
Sentencia SU-573 de 2019.
24
Ibídem.
25
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
26
Sentencia SU-573 de 2019.

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2.5.1.1. Ahora, al descender al análisis del escrito inicial y de impugnación, esta
colegiatura no avizora que las inconformidades del señor Jesús Arbey González
Álzate contengan la entidad argumentativa requerida. Es decir, al tratarse de una
tutela contra providencia judicial, es indispensable que la parte accionante además
de identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las garantías
superiores que considera vulneradas, debe exponer con suficiencia las razones del
por qué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede.

Si bien el extremo tutelante resaltó que en este caso se configuró una vulneración
a los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con
ocasión de la expedición de la sentencia de 11 de julio de 2025, lo cierto es que
hasta este punto del debate no se advierte, a priori, que la decisión censurada sea
arbitraria, irrazonable o caprichosa, debido a que, en el marco de su autonomía el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que conoció del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho si bien accedió a declarar la nulidad de las
resoluciones acusadas bajo el argumento de que se desconoció el régimen especial
sobre titulación minera previsto en la Ley 66 de 1946 y el Decreto 2223 de 1954, se
abstuvo de ordenar otorgar ipso facto el título minero porque la sola radicación de
la solicitud no confiere derecho alguno y se debía acreditar el cumplimiento de todos
los requisitos señalados en el Decreto 2390 de 200227.

En ese orden, lo que advierte esta colegiatura es que con sustento en la presunta
incursión de una indebida aplicación del régimen jurídico y la apreciación de los
medios de convicción, se pretende reactivar un debate abordado y zanjado por el
juez natural en el marco de su autonomía e independencia judicial, comoquiera que
lo que se plantea en este escenario es que se revise el cumplimiento de requisitos
que incluso no son de estudio del juez de la causa ordinaria sino en sede
administrativa por la autoridad minera.

Entonces, salta a la vista que el debate planteado por el señor González Álzate se
circunscribe a que en sede de tutela se realice nuevamente el análisis sobre los
documentos que a su juicio demuestran todos los requisitos para el reconocimiento
del título minero.

Nótese que mismos planteamientos fueron objeto de la demanda ordinaria, y se
analizaron por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que frente al
régimen jurídico consideró procedente aplicar con preferencia las disposiciones
contenidas en la Ley 66 de 1946 y el Decreto 2223 de 1954, en tanto conforman un
régimen especial dirigido a regular la titulación de pequeños proyectos mineros
desarrollados en el cerro El Burro del municipio de Marmato, Caldas. Tal conclusión
la fundamentó en el criterio de especialidad normativa, según el cual, cuando
existen disposiciones generales y especiales que regulan una misma materia, debe
prevalecer la norma especial, por cuanto esta responde a una voluntad expresa del
legislador de otorgar un tratamiento jurídico diferenciado a una categoría específica
de situaciones, en razón de sus características particulares, motivo por el cual

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«Por el cual se reglamenta el artículo 165 del Código de Minas».

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concluyó que los cargos de infracción de las normas en que debía fundarse y falsa
motivación estaban llamados a prosperar.

Lo que ocurrió fue que consideró que no era dable ordenar otorgar el título minero
al no haber certeza de la acreditación de todos los requisitos establecidos en el
Decreto 2390 de 2002, para ello explicó que si bien dentro del trámite administrativo
se hicieron evaluaciones bajo la aplicación de un sistema de cotas y en ellas se
llegó a recomendar la aprobación del Programa de Trabajos y Obras
correspondiente, hizo hincapié en que dicho programa es un documento técnico que
sirve como bitácora para la planificación de todas las actividades que se van a
realizar en la ejecución del proyecto minero que se exige para toda solicitud de
legalización de minería de hecho, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 84 del
Código de Minas y que en el presente asunto como bien lo reconoció la parte actora
no se ha finalizado con la correspondiente aceptación.

En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo no cuenta con un
ejercicio de sustentación desde la esfera constitucional y de la violación de las
garantías que la parte actora alegó como desatendidas, que demuestren lo urgente
de la intervención del juez de tutela y de su pronunciamiento en el asunto de la
referencia, solo la inconformidad frente a la orden del juez de la causa de demostrar
ante la autoridad minera la totalidad de los requisitos del Decreto 2390 de 2002.

Así las cosas, se itera, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión censurada se transgredieron algunos derechos superiores o se
presentaron determinadas vías de hecho, por el contrario, es menester que quien
se considera afectado, cumpla con el deber de argüir el concepto de la vulneración
que se deriva de una providencia judicial en abierta contradicción de los postulados
constitucionales, que implique en esta sede un análisis de fondo frente a la decisión
cuestionada.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que
sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su
núcleo esencial.

Corolario, es evidente que este medio de amparo persigue emplear una instancia
adicional y además, carece de la carga argumentativa suficiente a través de la cual
justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la violación,
lo cual implica un ejercicio explicativo, jurídico y lógico que le permita a esta
colegiatura advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas superiores con
ocasión de la providencia dictada por la autoridad censurada, en el sentido riguroso
que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 215 y 103 de
2022.

Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de decisión revoque la decisión de primer
grado que negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia
de la acción de la referencia.

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2.5. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 20 de noviembre
de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción
de la referencia promovida por el señor Jesús Arbey González Álzate contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por no satisfacer el requisito
de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 20 de noviembre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para, en su lugar,
DECLARAR la improcedencia del mecanismo constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.

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