Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00010-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00010-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2016-00010-00
Consejero ponente: María Adriana Marín
11 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: JESÚS ARBEY GONZÁLEZ ALZATE
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tema: TITULACIÓN MINERA – CERRO EL BURRO MUNICIPIO DE MARMATO, CALDAS
– Régimen jurídico especial contenido en la Ley 66 de 1946 y el Decreto 2223 de 1954 –
Solución de antinomia normativa / SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE MINERÍA DE
HECHO – No habrá lugar a la legalización de explotaciones mineras cuando a juicio de la
autoridad ambiental no sean viables, y/o cuando a juicio de la autoridad minera delegada
sean manifiestamente inseguras, presenten peligro inminente para la vida de los mineros o
de los habitantes de las zonas aledañas -artículo 8° del Decreto 2390 de 2002- / Nulidad de
actos administrativos por haberse expedido con infracción de las normas en que debía
fundarse y falsa motivación.
Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra la Agencia Nacional de Minería, por haber proferido las
Resoluciones No. 004515 del 4 de noviembre de 2014 y No. 000776 del 7 de mayo
de 2015, mediante las cuales se rechazó la solicitud de legalización de minería de
hecho LH0232-17. La parte actora aduce que los actos demandados fueron
expedidos con violación de los derechos al debido proceso y a la igualdad, infracción
de las normas en que debía fundarse y falsa motivación.
I.- ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor Jesús Arbey González Alzate presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Agencia Nacional de Minería – ANM,
con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 004515 del 4 de
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
noviembre de 2014 y No. 000776 del 7 de mayo de 2015, mediante las cuales se
rechazó y archivó la solicitud de legalización de minería de hecho LH0232-17.
Como restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la Agencia Nacional
de Minería el otorgamiento del contrato de concesión minera LH0232-17 -con su
respectiva inscripción en el Registro Minero Nacional-, así como la indemnización
de perjuicios materiales por la suma de $125.000.000, y morales, tasados en 200
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se adujo que el señor Jesús
Arbey González Alzate presentó el 22 de diciembre de 2004 una solicitud de
legalización de minería de hecho de la mina denominada “La Esperanza 3”, la cual
se identificó con la placa LH0232-17.
Esta solicitud se tramitó inicialmente ante la Unidad de Delegación Minera del
Departamento de Caldas, pero fue rechazada por esta autoridad, debido a que la
identificación del área del proyecto minero se hizo bajo un sistema de coordenadas
planas (ejes X y Y) y no bajo un sistema de cotas (ejes X, Y y Z).
Frente a esa decisión, se interpuso recurso de reposición en el que se aportó la
correcta identificación del área objeto de la solicitud, delimitando la cota piso y cota
techo de la mina, es decir, dando aplicación al sistema echado de menos por la
autoridad. De este modo, se continuó con el trámite para el otorgamiento del título
minero y el 26 de septiembre de 2006 se realizó por parte de la autoridad delegada
una nueva evaluación documental del trámite en la que se dio viabilidad técnica a
la propuesta.
Entre el 2008 y el 2010 se presentaron por parte del señor González Alzate varios
informes en los que se daba cuenta que la explotación minera tradicional en el área
objeto de la solicitud de legalización se estaba adelantando bajo parámetros
técnicos y esto fue avalado por la autoridad minera.
Mediante la Resolución No. 381 del 9 de julio de 2010, la Corporación Autónoma
Regional de Caldas aprobó el Plan de Manejo Ambiental, con lo cual se dio
viabilidad ambiental al proyecto minero. Por su parte, la Unidad de Delegación
Minera de Caldas, mediante auto del 11 de noviembre de 2010, viabilizó
técnicamente la solicitud al aprobar el Programa de Trabajos y Obras presentado
por el minero tradicional.
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Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Hasta el 2012, el solicitante cumplió con las obligaciones y los requerimientos
emitidos por la autoridad minera delegada -pago de regalías, certificados de venta
de oro, pago de seguridad social, presentación de planos actualizados de la mina
(ejes X, Y y Z)-. A su vez, la entidad realizó nuevamente realizó evaluaciones
técnicas y documentales que señalaban que el área objeto de la solicitud de
legalización identificada bajo el sistema de cotas era técnicamente viable para que
se otorgara el título minero.
Debido a la creación y entrada en funcionamiento de la Agencia Nacional de
Minería, esta entidad asumió el conocimiento de la solicitud de legalización de
minería de hecho LH0232-17. Mediante la Resolución No. 004515 del 4 de
noviembre de 2014, esta entidad rechazó y archivó la solicitud en cuestión, pues al
analizar su área bajo un sistema de coordenadas planas (ejes X y Y), se observó la
existencia de varias superposiciones con propuestas y títulos mineros anteriores.
Además, consideró que el sistema de Catastro Minero Colombiano creado mediante
el Decreto 2345 de 2008, no permitía incluir en sus registros aquellos datos sobre
cotas o puntos de altitud a efectos de identificar los títulos mineros. Contra esa
decisión se interpuso el recurso de reposición, sin embargo fue confirmada
mediante la Resolución No. 000776 del 7 de mayo de 2015.
1.1. Causales de nulidad invocadas
En la demanda se adujo que los actos administrativos cuestionados fueron
expedidos con violación de los derechos al debido proceso y a la igualdad, infracción
de las normas en que debía fundarse y falsa motivación.
Un aspecto transversal en la sustentación de los cargos de nulidad fue la
consideración de que la solicitud de legalización de minería de hecho LH0232-17
se evaluó erróneamente bajo un sistema de coordenadas planas (ejes X y Y),
cuando en realidad debió evaluarse con un sistema de cotas (ejes X, Y y Z), de
acuerdo con las condiciones especiales previstas en el ordenamiento jurídico para
la delimitación y otorgamiento de títulos mineros en el cerro El Burro del municipio
de Marmato, Caldas.
Específicamente, en la demanda se explicó que, desde la expedición de la Ley 66
de 1946 y del Decreto 2223 de 1954, el cerro El Burro -lugar en el que se encuentra
la mina “La Esperanza 3”, objeto de solicitud de legalización-, fue dividido en dos
zonas: la “Zona Alta. A”, destinada a la explotación por parte de pequeños mineros,
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Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
y la “Zona Baja. B”, destinada al aprovechamiento económico de los recursos no
renovables por cualquier persona natural o jurídica.
Por virtud de esa regulación especial, la identificación o alinderación de los títulos
mineros en el cerro El Burro no podía hacerse bajo un sistema de coordenadas
planas, sino bajo un método que permitiera establecer la parte -alta o baja- en la
que se encontraba el respectivo proyecto minero. Sin embargo, para el caso
particular, la ANM rechazó de manera antijurídica la solicitud formulada por el señor
González Alzate en la medida en que desconoció el contexto social y normativo
específico inherente a la titulación minera del cerro El Burro.
Para sustentar el cargo de violación del derecho al debido proceso, se adujo que
desde la presentación de la solicitud de legalización de minería de hecho en el año
2004 se cumplieron los requisitos exigidos por la normativa para el otorgamiento del
título minero. Sin embargo, cuando el trámite pasó del conocimiento de la Unidad
de Delegación Minera del Departamento de Caldas a la Agencia Nacional de
Minería, esta entidad incumplió con la obligación de conceder el contrato de
concesión minera correspondiente, en inobservancia de lo previsto en los artículos
258 del Código de Minas y 4° numeral 3 del Decreto 4134 de 20111.
Esto ocurrió porque se evaluó la solicitud de legalización minera bajo un sistema de
coordenadas planas, cuando debió evaluarse bajo un sistema de cotas, pues,
1
Al respecto se señaló: “El debido proceso en el caso del señor JOSÉ ARBEY GONZÁLEZ ALZATE,
se vulnera a partir del momento en que éste cumple, de conformidad con las normas vigentes y con
las directrices impartidas por el Ministerio de Minas y Energía, con todos los requisitos para que le
sea otorgado su contrato de concesión y la autoridad minera, sin razón alguna, dilata el cumplimiento
de una obligación legal, que antes estaba en cabeza de la UNIDAD DELEGACIÓN MINERA DE
CALDAS E INGEOMINAS imponiendo más cargas al administrado a medida que el Gobierno
Nacional expide nuevos decretos y leyes además hoy realizar evaluaciones técnicas para determinar
libertad de área sin tener en cuenta las COTAS de ubicación del área solicitada y que al final terminan
con la negativa por parte de la autoridad minera a otorgar al minero tradicional el contrato de
concesión minero para legalizar su condición y acceder a un derecho que le está siendo arrebatado
(…). / A la fecha, la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA está violando un DEBER LEGAL como es
el de OTORGAR EL CONTRATO DE CONCESIÓN al señor JOSÉ ARBEY GONZÁLEZ ALZATE,
vulnerando así los derechos que él como particular tiene de contar con un título minero que le permita
legalizar no solo su condición de minero tradicional, sino además la explotación que desarrolla en el
área denominada MINA LA ESPERANZA TRES y poder ejercer el derecho que como titular tendría
para oponerse futuras solicitudes presentadas por terceros que puedan desconocer ese derecho
(…). / En este sentido y atendiendo lo indicado en el presente numeral nos encontramos ante una
clara violación al debido proceso por el incumplimiento por parte de la AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA a las normas que le imponen como obligación celebrar, una vez reunidos los requisitos,
los CONTRATOS DE CONCESIÓN MINERA SIN DILACIONES, teniendo en cuenta que la fecha de
radicación de la SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN MINERA DE HECHO número
LH0232-17 para LA MINA LA ESPERANZA 3 fue radicada por señor JOSÉ ARBEY GONZÁLEZ
ALZATE desde el mes de diciembre del año 2004, es decir, han transcurrido casi 10 años desde que
la autoridad minera tenía la carga legal de haber otorgado el CONTRATO DE CONCESIÓN y no ha
cumplido con la misma”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
contrario a lo señalado por la autoridad en los actos cuya nulidad se pretende, tanto
el Código de Minas -artículo 65-, como el Decreto 2345 de 2008 -mediante el cual
se adoptó el Catastro Minero Colombiano-, permiten identificar las solicitudes y
títulos mineros bajo ese parámetro técnico.
Argumentó que pesar de que en el transcurso del procedimiento administrativo se
realizaron diversas evaluaciones técnicas que avalaron la alinderación del proyecto
minero bajo el sistema de cotas -la última de ellas el 12 de diciembre de 2012-, y
que con esto se daba viabilidad técnica al otorgamiento del título correspondiente,
finalmente la ANM decidió rechazar y archivar su trámite.
De la mano con estas consideraciones, adujo que la ANM incurrió en una violación
del derecho a la igualdad, pues hubo otras solicitudes de legalización de minería
de hecho localizadas en el cerro El Burro que sí fueron otorgadas por la autoridad
minera, pese a que su trámite se rigió por la misma normativa bajo la cual se rechazó
la solicitud del demandante. Específicamente, se refirió a los contratos de concesión
minera 827-17, ICQ-083114X, IEG-09091, ICQ-08313.
Por otra parte, el cargo de infracción de las normas en que debía fundarse se
sustentó en el hecho de haberse expedido las Resoluciones No. 004515 del 4 de
noviembre de 2014 y No. 000776 del 7 de mayo de 2015, con desconocimiento de
lo previsto en la Ley 66 de 1946 y en el Decreto 2223 de 1954, que establece unas
condiciones especiales para la titulación minera en el cerro El Burro.
Finalmente, en la demanda se adujo que los actos cuestionados adolecen de falsa
motivación porque la ANM desconoció que, históricamente, la titulación minera en
el cerro El Burro se ha hecho bajo un sistema de cotas. De hecho, en diversas
ocasiones las entidades que han fungido como autoridad minera han emitido
documentos y directrices de orden técnico encaminados a aclarar que la titulación
se hacía de ese modo.
Insistió en que era tan jurídica y técnicamente viable el otorgamiento de títulos con
el referido sistema, que la autoridad perfeccionó los contratos de concesión minera
827-17, ICQ-083114X, IEG-09091 e ICQ-08313 en el mismo cerro El Burro, cuando
ya se encontraba vigente el actual Código de Minas -art. 65- y sus decretos
reglamentarios alusivos a la legalización de minería de hecho -Dto. 2390 de 2002-
y a la adopción del Catastro Minero Colombiano -Dto. 2345 de 2008-.
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Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Señaló que en la plataforma web del catastro se observó la existencia de un módulo
en el que se incluye la información de las cotas de los títulos mineros y aportó varios
pantallazos, con el fin de desvirtuar las aseveraciones realizadas en los actos
administrativos cuestionados, relativas a la imposibilidad técnica de incluir estos
datos en el sistema.
2. El trámite en única instancia
2.1. En providencia del 12 de mayo de 2016 (fls. 255) se rechazó la demanda por
considerar que había sido interpuesta de manera extemporánea, no obstante, dicha
decisión fue revocada en sede de súplica -auto del 3 de agosto de 2017 (fl. 280)-,
al constatarse que el derecho de acción se ejerció oportunamente, dado que el
escrito inicial “se radicó el 18 de diciembre de 2015 -según sello secretarial de la
Sección Tercera2- y no el 19 de enero de 2016 como erróneamente se consideró en
el auto suplicado”3. De este modo, el 5 de octubre de 2019 se admitió la demanda
(fl. 285).
2.2. La ANM se opuso a las pretensiones, al considerar que no era jurídicamente
viable evaluar la solicitud de legalización de minería de hecho LH0232-17 bajo un
sistema de cotas.
Lo anterior, por cuanto el artículo 65 de la Ley 685 de 2001 -Código de Minas-,
establece que el área de los títulos mineros “estará delimitada por un polígono de
cualquier forma y orientación delimitado con referencia a la red geodésica nacional”.
Y aunque la referencia a esa red geodésica no comporta una limitación técnica para
la alinderación de los títulos bajo un sistema de cotas, la delimitación por polígonos
sí, pues estos corresponden a figuras geométricas bidimensionales. Esto se adujo
en los siguientes términos (fl. 309):
Efectivamente, encontramos que en los términos del artículo 65 de la Ley 685
de 2001, cualquier área que pueda ser objeto de exploración o explotación
minera debe ser delimitada a través de un POLÍGONO de cualquier forma u
orientación delimitada con referencia a la red geodésica nacional.
La red geodésica nacional para Colombia adopta las coordenadas magnas
sirgas y las coordenadas planas de Gauss, por lo que se debe aclarar que, la
adopción de cualquiera de estos sistemas de coordenadas, bajo ningún punto
de vista impide la utilización del vértice o coordenada Z, es decir cotas, a la
hora de georreferenciar la ubicación de un cuerpo específico, por lo que éste
2
Folio 1 del cuaderno principal.
3
Ver folio 282 vto. del cuaderno principal.
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Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
no resulta ser el sustento técnico-jurídico para determinar la inviabilidad de
considerar áreas objeto de concesión definidas a través de un sistema de
altimetría utilizando las tres coordenadas (X,Y,Z) .
No obstante lo anterior, ese mismo parámetro normativo establece que el área
debe ser delimitada a través de un POLÍGONO, que como figura geometría
(sic) corresponde a una figura plana compuesta por una secuencia finita de
segmentos rectos consecutivos que cierran una región en el plano y que ocupa
un lugar en el espacio. Bajo este entendido, encontramos que
geométricamente EL POLÍGONO SÓLO SE PUEDE DELIMITAR EN
COORDENADAS X y Y, cuya orientación hace referencia a la posición
espacial en el plano, más no a la posibilidad de georreferenciar la coordenada
o vértice "Z" para identificar un cuerpo cierto. Así las cosas, se debe distinguir
geométricamente el polígono que se identifica a través de coordenadas en X
y Y, de un cuerpo geométrico como tal, que ya se debe identificar a través de
los tres vértices, esto es en coordenadas X, Y y Z.
A partir de estas consideraciones, la ANM señaló que el sistema de Catastro Minero
Colombiano, adoptado mediante el Decreto 2345 de 2008 “como mecanismo de
radicación de solicitudes mineras y sistema oficial de información minera del país”,
fue diseñado únicamente para que en él se alojaran los datos de los títulos mineros
bajo un sistema de coordenadas planas. Sin embargo, en el mismo escrito se
precisó que el sistema sí incluye un módulo para albergar datos sobre las cotas de
los títulos, pero solo para aquellos que se perfeccionaron previamente por virtud de
normas anteriores, y cuyas condiciones iniciales fueron respetadas por la normativa
minera posterior.
Así las cosas, adujo que al evaluarse la solicitud LH0232-17 con el sistema de
coordenadas planas, pudo advertirse que no existía área libre susceptible de ser
otorgada y, en esa medida, debía ordenarse su rechazo, en aplicación de lo previsto
en los artículos 4 del Decreto 2390 de 2002 y 28 -num. 1- del Decreto 933 de 2013.
En cuanto a la aplicabilidad de la Ley 66 de 1946 y del Decreto 2223 de 1954, la
ANM sostuvo que a partir de la vigencia de la Ley 685 de 2001, los títulos mineros
debían ser otorgados con base en las reglas previstas en esa codificación, y que
solo en aquellos eventos en que previamente se hubiera perfeccionado un título
minero con la normativa anterior podrían mantenerse y aplicarse las condiciones
previas, situación que a su juicio no ocurrió en el caso concreto, pues la solicitud de
legalización de minería del señor González Alzate no llegó a ser título minero4.
4
Así (fl. 310): “Ahora bien, respecto de la normatividad aplicable a alguna de las minas de Marmato
• Caldas, es de aclarar que si bien el Decreto 2223 de 1954, el cual dicta normas para el régimen de
contratación de las Minas Nacional de Marmato, rige para los títulos que fueron otorgados por dicha
normatividad para la época, a partir de la expedición de la Ley 685 de 2001, la obtención de un título
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Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
2.3. En escrito separado, el señor Jesús Arbey González Alzate solicitó la
suspensión provisional de los actos cuestionados, al considerar que con ellos se le
vulneraron los derechos a la igualdad, al trabajo y al debido proceso. Además, adujo
el desconocimiento de algunos aspectos técnicos que permitían evaluar
adecuadamente las superposiciones de la solicitud de legalización minera LH0232-
17 (fl. 1 c. medidas cautelares). A esta petición cautelar se accedió mediante
proveído del 5 de febrero de 2019 (fl. 15 c. medidas cautelares), el cual quedó en
firme al no interponerse recurso alguno.
2.4. En la audiencia inicial celebrada el 11 de octubre de 2019 se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas solicitadas por las partes. Una vez concluido el período
probatorio, se corrió traslado para alegar de conclusión.
2.4.1. La ANM señaló que por virtud de las leyes 1753 de 2015 -art. 21- y 1955 de
2019 -art. 24-, así como de las Resoluciones 504 de 2018 y 505 de 2019 -expedidas
por la misma ANM-, se implementó el sistema de cuadrícula minera para la
identificación de las solicitudes y títulos mineros. A partir de esa consideración,
señaló que debía aplicarse retrospectivamente dicho sistema, a efectos de
determinar que la solicitud LH0232-17 presenta superposiciones totales con títulos
y propuestas previas, lo que hace que la decisión adoptada por la administración
esté revestida de legalidad. Además, se indicó que no existe prueba de los perjuicios
alegados, pues la solicitud de legalización de minería de hecho comporta una mera
expectativa y no un derecho adquirido (Samai, índice 158).
2.4.2. El demandante insistió en los argumentos expresados en la demanda y
destacó que en el testimonio técnico rendido por el ingeniero Eduar Alberto Ríos y
en el informe rendido por el presidente de la Agencia Nacional de Minería se
reconoció explícitamente que la titulación minera en el cerro El Burro constituye una
situación especial en el ordenamiento minero, puesto que se hace bajo un sistema
de cotas; de ahí que los actos demandados deben ser anulados porque la solicitud
de legalización sí era técnicamente viable (Samai, índice 159).
minero se adquiere mediante la modalidad de contrato de concesión, salvo los títulos adquiridos
anteriormente, tal como lo dispone el artículo 14 de la ley 685 de 2001 (…).
Por consiguiente, los títulos concedidos en vigencia del Decreto 2223 de 1954 por el sistema de
cotas constituyen derechos adquiridos y actualmente el otorgamiento de títulos mineros se encuentra
sujeto a las disposiciones vigentes que regulan en asunto, es decir, la Ley 685 de 2001 y Decreto
0933 de 2013, cosa distinta sucede con las solicitudes que nunca se constituyeron en títulos mineros
y que por lo tanto, tan solo eran acreedores de una mera expectativa, como sucede en el sub
examine con la propuesta el señor JESÚS ARBEY GONZÁLEZ ALZATE, quien NUNCA FUE
ACREEDOR DE UN DERECHO ADQUIRIDO”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
2.4.3. El Ministerio Público solicitó la negativa de las pretensiones. Para el efecto,
explicó que, aunque después de la vigencia de la Ley 685 de 2001 se otorgaron
títulos mineros en el cerro El Burro bajo un sistema de cotas, esto ocurrió antes de
la creación de la ANM, quien desde su puesta en funcionamiento dio correcta
aplicación a lo previsto en el ordenamiento jurídico minero sobre la identificación de
solicitudes y contratos mineros bajo un sistema de coordenadas planas. Además,
indicó que existen razones técnicas de seguridad que justifican la decisión, pues
existe una alta probabilidad de ocurrencia de siniestros en las labores mineras bajo
un sistema de cotas (Samai, índice 160).
II.- CONSIDERACIONES
1. Competencia
La jurisprudencia de esta Sección5 ha precisado que, cuando se controvierta la
legalidad de un acto por medio del cual se rechaza la solicitud de celebración de un
contrato de concesión minera la competencia será de esta Corporación en única
instancia, pues no aplica el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, sino la regla prevista
en el artículo 295 ibídem que dispone que esta Corporación debe conocer “las
acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y
en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte”6.
Así las cosas, dado que en el presente asunto se demanda la nulidad de unos actos
administrativos mediante los cuales se rechazó una solicitud de legalización de
minería de hecho, se entiende que el sub lite comporta un asunto de carácter minero
que, al ser distinto a una controversia contractual y haberse enfilado las
pretensiones contra una entidad del orden nacional, permite establecer que esta
Corporación tiene competencia funcional para conocerlo en única instancia.
2. Ejercicio oportuno de la acción
La notificación de la Resolución No. 000776 del 7 de mayo de 2015 -que concluyó
el procedimiento administrativo- se realizó el 15 de junio de 2015. De este modo, el
término de caducidad previsto en el artículo 164 numeral 2, literal d) del CPACA
5
Ver, por ejemplo, las providencias proferidas el 13 de febrero de 2014, exp. 48.521 (M.P. Enrique
Gil Botero); el 8 de noviembre de 2021, exp. 53.038 (M.P. José Roberto Sáchica Méndez) y el 10 de
octubre de 2022, exp. 57.154 (M.P. Maria Adriana Marín).
6
La Sala precisa que la determinación de la competencia se hace con aplicación de esta disposición,
puesto que la demanda se radicó el 18 de diciembre de 2015, esto es, antes de la entrada en vigor
de las normas sobre competencia establecidas en la Ley 2080 de 2021.
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Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
corría inicialmente hasta el 16 de octubre siguiente. Sin embargo, como la solicitud
de conciliación fue presentada el 30 de septiembre de 2015 y la respectiva
constancia se expidió el posterior 16 de diciembre, la oportunidad para demandar
se extendió hasta el 12 de enero de 2016 -primer día hábil posterior al 2 de enero
de 2016-. En ese contexto, como la demanda fue presentada el 18 de diciembre de
2015, se entiende que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno.
3. Legitimación en la causa
El señor Jesús Arbey González Alzate se encuentra legitimado en la causa por
activa, pues fue quien formuló la solicitud de legalización de minería de hecho
LH0232-17 y, en esa medida, es el destinatario de los actos administrativos cuya
nulidad se pretende. A su vez la Agencia Nacional de Minería se encuentra
legitimada en la causa por pasiva, pues en su condición de autoridad minera -
Decreto Ley 4134 de 2011- expidió los actos enjuiciados.
4. Caso concreto
Corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones No. 004515 del 4 de
noviembre de 2014 y No. 000776 del 7 de mayo de 2015, mediante las cuales se
rechazó la solicitud de legalización de minería de hecho LH0232-17, fueron
expedidas con violación de los derechos al debido proceso y a la igualdad, infracción
de las normas en que debía fundarse y falsa motivación. En caso de que se declare
la nulidad de esos actos administrativos, corresponderá a la Sala determinar si
procede acceder a las pretensiones de restablecimiento del derecho y de
indemnización de perjuicios formuladas en la demanda.
Como se precisó previamente, el aspecto central del presente litigio tiene que ver
con la determinación de las reglas para la identificación de las solicitudes y títulos
mineros en el cerro El Burro, pues mientras la parte actora señala que para estos
efectos debe aplicarse un sistema de altimetría o cotas (ejes X, Y y Z), la ANM
sostiene que únicamente puede aludirse a polígonos identificados bajo un sistema
de coordenadas planas (ejes X y Y). Por tal razón, la Sala se ocupará en primer
lugar de esta cuestión, para luego realizar el análisis específico de los cargos de
nulidad contenidos en la demanda.
10
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
4.1. Aspectos histórico-normativos de la titulación minera del cerro El Burro
Desde su fundación, el municipio de Marmato, Caldas, ha estado íntimamente
ligado a la actividad minera como motor esencial de su desarrollo socioeconómico.
Su historia, cultura e identidad se encuentran profundamente arraigadas en la
explotación aurífera, la cual se remonta a más de cuatro siglos7. Esta práctica se
ejerció, en buena parte, bajo los parámetros normativos y consuetudinarios propios
del ordenamiento minero vigente hasta bien entrado el siglo XX, caracterizándose
por altos niveles de informalidad.
Con la expedición de la Constitución Nacional de 1886 se introdujo de manera
expresa el principio de dominio eminente8 del Estado sobre el subsuelo, lo que
consolidó la titularidad estatal respecto de todas las minas existentes en el territorio
nacional (arts. 4°9 y 20210). Dicha norma implicó la centralización de la propiedad
minera que anteriormente podía residir en los denominados estados soberanos o
en el patrimonio de los particulares11. No obstante, el constituyente de 1886
preservó los derechos adquiridos por particulares bajo legislaciones previas,
reconociendo su continuidad conforme a la protección del derecho adquirido.
Esta salvaguarda normativa fue desarrollada por el artículo 28 de la Ley 153 de
1886, que estableció que “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad
con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargo, y en
lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. En
consecuencia, se ratificaron los derechos mineros previamente consolidados,
siempre que hubiesen sido adquiridos legítimamente bajo el marco legal anterior.
En armonía con la nueva estructura constitucional, el legislador expidió la Ley 38 de
1887, mediante la cual se extendió la aplicación del Código de Minas del Estado
7
ML, Sandoval Robayo. RM, Lasso. (2012, enero-junio). Riesgo y Realidad. El caso Marmato,
Caldas. Pág. 171. http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n34/n34a11.pdf.
8
"Expresión de la soberanía del Estado y de su capacidad para regular el derecho de propiedad -
público y privado- e imponer las cargas y restricciones que considere necesarias para el
cumplimiento de sus fines”. Corte Constitucional, sentencias C-060 de 1993 y C-255 de 2012.
9
“El Territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece únicamente a la Nación”.
10
“Pertenecen a la República de Colombia. 1. Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y
acciones que pertenecían a la Unión Colombiana en 15 de abril de 1886; 2. Los baldíos, minas y
salinas que pertenecían a los Estados, cuyo dominio recobra la Nación, sin perjuicio de los derechos
constituidos a favor de terceros por dichos Estados, o a favor de éstos por la Nación a título de
indemnización; 3. Las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el
territorio nacional, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los
descubridores y explotadores sobre algunas de ellas”.
11
De conformidad con lo previsto en el artículo 656 del Código Civil, para el territorio nacional
mediante la Ley 57 de 1887.
11
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Soberano de Antioquia (Ley 127 de 1867) a todo el territorio nacional. En lo que
resulta relevante para el presente asunto, en el artículo 6° se estableció que “No
podrán denunciarse en todo ni en parte las minas de oro y de plata que se han
explotado por cuenta de la Nación en Marmato, Supía y Santa Ana ni las tierras
baldías comprendidas dentro de sus límites” (se destaca).
Años más tarde, la Ley 72 de 1939 sentó las bases para la administración y
explotación minera en Marmato, adoptando el modelo de contratos de laboreo en
participación. Estos contratos requerían, para su validez, únicamente la aprobación
del entonces Ministerio de Economía Nacional, introduciendo un mecanismo
simplificado para formalizar la explotación aurífera en la región12.
Posteriormente, la Ley 66 de 1946 derogó la compleja zonificación implementada
por la Ley 72 de 1939 y su Decreto Reglamentario 461 de 194013, y estableció una
nueva clasificación del área minera de Marmato. Dicha normativa dividió el cerro en
dos zonas: una Zona Alta “A”, destinada preferencialmente a pequeños contratos o
permisos de exploración, a fin de fomentar la participación de múltiples pequeños
mineros; y una Zona Baja “B”, sujeta a condiciones técnicas y económicas más
exigentes, como una capacidad mínima de producción de 2.000 toneladas
12
“Artículo 1°. El Gobierno procederá a organizar en forma estable la administración y explotación
de las minas de propiedad nacional conocidas con los nombres de El Guamo o Cerro de Marmato y
Cien Pesos ubicadas en el Municipio de Marmato, Departamento de Caldas, sobre las bases
generales del sistema actual de pequeños contratos de laboreo en participación con las
modificaciones que requieran los aspectos técnico, industrial, económico y social de la empresa, y
teniendo en cuenta las siguientes obligaciones por parte de los contratistas: (…).
Artículo 3°. Los contratos de laboreo en participación que celebre el Director General conforme a
esta ley, sólo requieren para su validez la aprobación previa del Ministerio de la Economía Nacional,
pero en su forma y términos se sujetarán a los decretos reglamentarios que dicte el Gobierno. (…)”.
13
“Artículo 2º. Los grupos de minas a que se refiere el artículo anterior, que además incluyen los
molinos actuales, para efectos de la contratación, quedarán formados así:
a). Grupo Norte Inferior. Comprende el molino Infierno y las minas conocidas con los nombres de
Maruja Zancudero, Verónica y Villonza, hasta el nivel del piso de la Gartner; y además, todas
aquellas que estén dentro de los niveles de Maruja y la Gartner, y tengan con las minas anteriormente
citadas alguna conexión.
b). Grupo Norte Superior. Comprende el molino de Cien Pesos y las minas de la Gartner y la
Pompilia, y las de la región de Cien Pesos, al norte de la quebrada Pantano, sobre la veta de la
Cubana o el Uno. Además, todas aquellas sobre vetas que se descubran por medio de exploraciones
y que estén dentro de la zona que se definirá en el respectivo contrato.
c). Grupo Sur Inferior. Comprende el molino de San Antonio y las minas de esa región situadas por
abajo del nivel del piso de la mina Caparrosal.
d). Grupo Sur Superior. Comprende el molino El Colombiano y las minas de esa región entre los
niveles de los pisos de Caparrosal y Puerquera.
e). Grupo Media (Echendía). Comprende las minas de Puerquera, Puerquera segundo piso, La Eva,
San José, Tesorito, Torrente, Torrentico y La Escalera, sin incluir el molino de Echendía, que es de
propiedad particular, del señor Geo J. Geale. A este sector podrá ser agregada una zona en la región
entre Echendía y la cañada Santa Inés, que se definirá en el respectivo contrato, y que será para la
exploración y explotación por parte del contratista”.
12
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
mensuales, participación estatal del 17% sobre lo extraído y un término contractual
de 20 años prorrogables14.
Asimismo, para sectores específicos como “La Palma” y “El Infierno” se adoptaron
disposiciones contractuales diferenciadas en cuanto a duración y porcentaje de
participación estatal. En todos los casos, los contratos celebrados al amparo de la
Ley 66 de 1946 requerían, para su validez, aprobación presidencial, con concepto
previo favorable del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado (art. 6°).
Con la expedición del Decreto Legislativo 2223 de 195415, “por el cual se dictan
algunas normas para la contratación de las Minas Nacionales de Marmato”, se
mantuvo la división altimétrica entre la Zona Alta “A” y la Zona Baja “B” previamente
establecida por la Ley 66 de 1946. No obstante, con la nueva regulación se introdujo
una modificación sustancial al permitir que la Zona Alta “A” pudiera ser adjudicada
a un único particular mediante una concesión exclusiva, rompiendo así con la lógica
de pluralidad de actores que había caracterizado hasta entonces dicha zona16. Esta
circunstancia, si bien habilitó la posibilidad de concentración, no se tradujo en una
monopolización efectiva del recurso, debido a factores económicos y políticos que
limitaron su realización práctica. El siguiente cuadro ilustra la división altimétrica del
cerro a la que se ha hecho alusión17:
14
“Artículo 1°. Para efectos de la explotación de las mismas de propiedad nacional, conocidas con
los nombres de "El Guamo" o "Cerro de Marmato" y "Cien Pesos", dividense éstas dos zonas,
demarcadas así: Zona Alta A.-Comprende toda el área de minas que queda hacia arriba de la línea
que en seguida se describe: Partiendo del mojón número 4, que se encuentra en la confluencia de
la quebrada o canalón de La Torre, con la quebrada Pantano, se sigue en línea recta hasta la
bocamina Villonza; de aquí, siguiendo por todo el camino que llega a la mina Villonza, y pasando por
el nivel del piso bajo de la mina San Pedro, hasta llegar al empalme con la carretera de "El
Colombiano"; de aquí, siguiendo por toda la carretera, hasta el punto que marca la intersección de
los ejes de la carretera y la tubería de presión del molino El Colombiano; de este punto, en línea
recta, pasando por la bocamina denominada Nivel 5.000, hasta cortar la quebrada de Cascabel; y
por la quebrada Cascabel, aguas arriba hasta donde está reconocida la propiedad minera
nacional. Zona Baja B.-Comprende ésta toda el área de las minas que están hacia abajo de la línea
anteriormente determinada para la delimitación de la Zona Alta A”.
15
Publicado en el diario oficial 28.542 del 4 de agosto de 1954.
16
Vale precisar que el mencionado Decreto inicialmente suspendió la Ley 66 de 1946; no obstante,
con la expedición de la Ley 2 de 1958 y, posteriormente, la Ley 141 de 1961, éste se convirtió en
legislación permanente.
17
Imagen tomada de: G. P. Lopera Mesa, “La parte alta del cerro es para los pequeños mineros”.
Sobre la vigencia del régimen minero especial para Marmato y su influencia en la construcción de
territorialidad, Derecho del Estado n.º 35, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre de
2015, pp. 101-150. DOI: http://dx.doi.org/10.18601/01229893.n35.05
13
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
En el parágrafo del artículo 1° del citado decreto se precisó que: “Es entendido que
la delimitación de las Zonas Alta y Baja, A y B, en la parte norte de las minas
nacionales, se determinará por la curva de nivel que pasa por el mojón número 4 a
que se refiere la alinderación anterior”. Con esto, se reafirma el criterio altimétrico
como base para la asignación de derechos mineros. Asimismo, el artículo 3°
permitió la celebración de contratos o permisos de explotación otorgados por la
Dirección de Minas, cuya duración podía ser pactada por las partes sin cláusula de
reversión obligatoria.
Si bien el Decreto 2223 de 1954 abrió jurídicamente la posibilidad de consolidar un
régimen de concesión unificada sobre la Zona Alta “A”, lo cierto es que el bajo precio
del oro durante ese periodo y las condiciones del mercado impidieron que dicha
posibilidad se concretara plenamente. En la práctica, el Estado optó por permitir una
participación más amplia y diversa de actores mineros, lo cual contribuyó a
preservar la estructura social y económica propia de Marmato, basada en la
pequeña minería18.
18
GP, Lopera Mesa. (2015, julio-diciembre). “La parte alta del cerro es para los pequeños mineros”.
Sobre la vigencia del régimen minero especial para Marmato y su influencia en la construcción de
territorialidad. http://www.scielo.org.co/pdf/rdes/n35/n35a05.pdf
14
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Posteriormente, la Ley 20 de 1969, junto con sus decretos reglamentarios,
representó una adaptación legislativa al modelo constitucional vigente en ese
momento, reafirmando el principio según el cual el Estado es el titular exclusivo del
subsuelo19. Esta ley abolió el principio de accesión20 y estableció que los derechos
sobre los recursos minerales solo podían ser conferidos mediante concesiones,
aportes o permisos de explotación, eliminando cualquier presunción de propiedad
derivada de la posesión del suelo.
En relación con las demás minas ubicadas en el territorio de Marmato, tanto en esa
normativa, como en su desarrollo reglamentario, se estableció que tenían la
categoría de “zonas de reserva especial del Estado”. En efecto, el artículo 8° de la
referida ley, reiterado por el artículo 31 del Decreto 1275 de 1970, dispuso que la
explotación de dichas zonas solo podría realizarse directamente por la Nación, o a
través del sistema de concesión o aporte, en favor de empresas industriales y
comerciales del Estado o de sociedades de economía mixta con participación oficial
no inferior al 51% del capital social.
Fue bajo este marco normativo que, durante la década de 1970, la administración y
control de las minas de Marmato continuó bajo la dirección del Ministerio de Minas
y Energía, a través del Administrador de las Minas Nacionales. Esta autoridad, con
presencia directa en la región, asumió la organización y gestión de la actividad
minera en la Zona Alta “A”, principalmente mediante la celebración de contratos y el
otorgamiento de permisos individuales a pequeños mineros. De igual forma,
administró directamente los molinos conocidos como “El Colombiano”, “Cien Pesos”
y “Santa Cruz”, en los cuales los pequeños mineros realizaban el beneficio del
mineral extraído.
19
En la exposición de motivos de la mencionada Ley, el en ese entonces ministro de Minas y
Petróleos, Carlos Gustavo Arrieta, mencionó que: “El artículo 202 de la Constitución Política de 1886,
consagró el principio de que las minas son patrimonio de la Nación dejando a salvo los derechos
constituidos a favor de terceros. Con fundamento en tal mandato en virtud del cual la propiedad
cumple una función social que implica obligaciones, el Gobierno sometió al Congreso el proyecto
que a la postre se convirtió en la Ley 20 de 1969, persiguiendo entonces entre otros, dos objetivos
fundamentales: Adaptar la legislación minera al espíritu de la Constitución de 1886 y eliminar
algunos obstáculos que desde hace más de un siglo han venido entorpeciendo el desarrollo de las
actividades de exploración, explotación y beneficio de los recursos no renovables”.
20
“Con la expedición de la Ley 20 de 1969 se regularon los derechos de propiedad prerepublicanos.
Esta reforma es de fondo ya que consiste en la abolición del principio de la accesión, por medio del
cual el propietario del terreno lo era del petróleo que en él se encontrara siempre y cuando se
cumplieran las condiciones previstas en las leyes anteriores. Esta ley establece el principio de
propiedad absoluta de la Nación sobre las minas y yacimientos de hidrocarburos, respetando los
derechos preestablecidos en favor de terceros particulares con algunas condiciones para su
ejercicio”. Enrique López, Enrique Montes, Aarón Garavito, María Mercedes Collazos. “La economía
petrolera en Colombia (Parte I). Marco legal - contractual y principales eslabones de la cadena de
producción (1920-2010)”. (Borradores de economía, Núm. 692, 2012).
15
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Adicionalmente, la administración de la Zona Baja “B” quedó bajo control directo del
Estado mientras se evaluaba la viabilidad de entregarla en concesión a una
empresa que cumpliera los requisitos legales para su explotación bajo el modelo de
gran minería.
Los documentos históricos conservados en los archivos de la Delegación Minera de
Caldas dan cuenta del ejercicio de dicha administración, destacando la informalidad
que caracterizaba muchas de las relaciones contractuales y operativas entre la
autoridad minera y los pequeños extractores. Entre otros aspectos, dichos archivos
evidencian la práctica frecuente de cesiones informales de derechos de explotación,
el respaldo institucional a los créditos adquiridos por los mineros para la adquisición
de insumos y herramientas, así como un sistema operativo basado en relaciones
directas, muchas veces verbales, entre los mineros y los funcionarios del Estado21.
Dicho sistema también se apoyaba en una distribución vertical de los frentes de
trabajo en la Zona Alta, estructurado sobre criterios altimétricos que permitía asignar
niveles específicos del cerro a distintos mineros o grupos de mineros. Esta
ordenación informal de los trabajos fue acompañada, además, por un conjunto de
prácticas consuetudinarias que sirvieron como mecanismo para resolver disputas
cotidianas, tales como los conflictos por interferencias entre labores subterráneas o
la asignación de turnos para el uso de los molinos de beneficio22.
Todo lo anterior revela no solo la continuidad de una institucionalidad minera estatal
en la región, sino también el reconocimiento por parte del Estado de una estructura
productiva y social consolidada en torno a la pequeña minería, sustentada en formas
comunitarias y cooperativas de gestión, articuladas a un esquema técnico de
distribución altimétrica de los recursos mineros localizados en el subsuelo.
Con la expedición del Decreto 2064 de 1980 se reafirmó el régimen de reserva
especial al cual estaban sometidas las minas de propiedad nacional conocidas bajo
la denominación genérica de “Marmato, Supía y distritos vecinos”. No obstante, se
introdujo una modificación sustancial en cuanto a su administración, al disponer que
esta quedaría en adelante a cargo de la Empresa Colombiana de Minas – Ecominas,
21
GP, Lopera Mesa. (2015, julio-diciembre). “La parte alta del cerro es para los pequeños mineros”.
Sobre la vigencia del régimen minero especial para Marmato y su influencia en la construcción de
territorialidad. http://www.scielo.org.co/pdf/rdes/n35/n35a05.pdf
22
Ibidem.
16
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
quien fue investida con la facultad de gestionar directamente la explotación de las
minas ubicadas en el área reservada a los pequeños mineros, es decir, la
denominada zona alta y le fueron entregadas dichas minas a título de aporte estatal.
Durante este período, las relaciones contractuales entre Ecominas y los mineros
continuaron caracterizándose por la informalidad y consensualidad que había
prevalecido históricamente en la zona. Las autorizaciones para la explotación se
otorgaban en condiciones de mínima documentación, y muchas de las labores
mineras se desarrollaban sobre la base de acuerdos verbales, sin registros oficiales
ni instrumentos contractuales plenamente desarrollados, pero bajo el
reconocimiento estatal de un sistema práctico que se adaptaba a las condiciones
topográficas y socioeconómicas del cerro El Burro, donde múltiples mineros
compartían una zona de reserva, pero dividían los derechos de explotación según
los niveles altimétricos previamente acordados23.
No fue sino hasta finales de la década de 1980, con la entrada en vigencia del
Código de Minas adoptado mediante el Decreto 2655 de 1988, que se empezó a
evidenciar una tendencia institucional hacia la formalización jurídica de estas
relaciones. En particular, el artículo 296 del citado decreto impuso la obligación de
registrar, en el plazo de un año, los contratos y demás títulos mineros otorgados,
bajo la advertencia de que su no inscripción conllevaría su extinción ipso iure. Esto,
en el contexto de la implementación del Registro Minero Nacional (artículos 289 y
ss.) y del surgimiento de reglas sobre la identificación de títulos bajo formas
poligonales (artículos 26, 27, 37 y 50).
El proceso de formalización de la explotación minera en Marmato tuvo un avance
significativo con la expedición de la Ley 141 de 1994, que, además de regular el
régimen de regalías, estableció en su artículo 58 la posibilidad de legalizar las
“explotaciones mineras de hecho de pequeña minería ocupadas en forma
permanente hasta noviembre 30 de 1993”.
Esta disposición implicó que la solicitud de titulación para la explotación minera
obligaba a la autoridad competente a legalizar dicha actividad en un plazo no mayor
a un año. Con ello, se marcó un hito en la historia del reconocimiento normativo de
los modos tradicionales de explotación minera en el cerro El Burro. No obstante, a
partir de este punto comenzó a evidenciarse una tensión entre, por un lado, las
23
Ibidem.
17
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
prácticas consuetudinarias avaladas por el propio Estado, que reconocían un
sistema de explotación minera basado en cotas, y por otro, una perspectiva
normativa distinta, orientada por reglas generales que exigían la identificación
poligonal de los títulos mineros.
Así las cosas, cuando los contratos de pequeña minería suscritos en virtud del
artículo 58 de la Ley 141 de 1994 fueron llevados a registro ante la autoridad minera
competente, se presentó una dificultad técnica sustancial, pues en el sistema de
catastro minero figuraba una superposición con otros títulos previamente
registrados, en particular con el contrato de mediana minería 014-89M, que
amparaba la explotación en la zona baja del cerro.
Este conflicto registral tiene origen en la estructura misma del catastro minero, el
cual opera sobre un sistema de coordenadas planas bidimensionales (X, Y), sin
capacidad para reflejar la distribución vertical (Z) de los derechos de explotación
minera. En consecuencia, el sistema no estaba preparado para registrar títulos
mineros otorgados sobre la misma área superficial, pero a distintas alturas o cotas
altimétricas, como ocurre en la zona alta del cerro El Burro, donde históricamente la
asignación de derechos se ha hecho sobre una base vertical.
Con el fin de dar solución a esta problemática, y en el contexto del surgimiento de
proyectos de gran minería que comenzaban a tomar forma en la región, la Empresa
Nacional Minera Limitada – Minercol, entonces autoridad minera, propuso
infructuosamente un proceso de integración de las zonas alta y baja, con el objetivo
de desarrollar un proyecto de gran minería a cielo abierto en el cerro, que al no ser
exitosa implicó que se impulsara entonces una estrategia de reorganización de la
actividad minera en la zona alta A.
Dicho programa consistió en dividir la zona alta en tres niveles altimétricos o franjas
de explotación, y asignar a cada una de ellas un contrato de mediana minería,
técnica y ambientalmente viable, suscrito de forma colectiva por los mineros titulares
que trabajaban en cada uno de esos niveles. Esta propuesta, aunque formulada
bajo la apariencia de una solución jurídica al problema de la superposición catastral,
revela la permanencia y legitimidad funcional del sistema de cotas como forma
tradicional, socialmente reconocida y técnicamente viable para la distribución de los
derechos de explotación en Marmato.
18
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
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Lo relevante, para efectos de esta decisión judicial, es que incluso las entidades
estatales encargadas de planificar y regular el desarrollo de la minería en la región
-como fue el caso de Minercol- reconocieron la operatividad del sistema vertical de
asignación minera. Es decir, lejos de desechar dicha práctica como una anomalía,
la asumieron como un criterio técnico-jurídico válido y útil para el ordenamiento de
la minería en el cerro El Burro. De este modo, se refuerza la comprensión y aval del
sistema de cotas no solo como una práctica histórica consuetudinaria, sino también
como un instrumento organizativo legítimo que debe ser tomado en cuenta en el
análisis de la validez, coexistencia y protección de los derechos mineros en la zona.
Tanto fue así, que en los contratos mineros celebrados por virtud de la Ley 141 de
1994 se indicaron las cotas a las que se refería cada proyecto y así quedaron
inscritos en el Registro Minero Nacional.
4.1.2. El actual código de minas y la sentencia SU-133 de 2017
Con la expedición de la Ley 685 de 2001, actual Código de Minas, se consolidó la
identificación de los títulos mineros como polígonos determinados bajo un sistema
de coordenadas planas -artículo 65-, se estableció el Sistema Nacional de
Información Minera -artículos 336 y ss.- y se estableció un lapso de tres años para
la formulación de solicitudes de legalización de minería de hecho -artículo 165-.
Desde entonces, en el cerro El Burro se han adelantado procedimientos que
culminaron con el perfeccionamiento de contratos de concesión minera por la vía
del trámite ordinario y como producto de solicitudes de legalización, pero al mismo
tiempo ha existido un periodo de conflictividad y disputa continuada por el
aprovechamiento de los recursos minerales.
De manera particular, las empresas ubicadas en la zona baja del cerro han
desplegado estrategias de relacionamiento con los pequeños mineros de la zona
alta, combinando mecanismos persuasivos -como ofertas de compra o cesión de
derechos, contratos de operación y participación accionaria- con actuaciones de
carácter coercitivo, entre las que se cuentan la interposición de amparos
administrativos, la promoción de desalojos y la instauración de denuncias penales.
Esta intervención privada ha generado resistencia entre numerosos mineros,
quienes rechazan la suscripción de contratos que los subordinan como operadores
temporales, les imponen obligaciones técnicas y económicas que exceden su
capacidad de cumplimiento o les desplazan su actividad económica. No obstante,
otros han optado por suscribir dichos contratos como una alternativa para asegurar
19
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
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su permanencia en la actividad y acceder a insumos esenciales para el ejercicio de
la minería.
Mediante la Sentencia SU-133 de 2017, la Corte Constitucional se pronunció sobre
las afectaciones a los derechos fundamentales de los mineros tradicionales
ubicados en la Zona Alta del cerro, derivadas de la autorización de cesiones de
derechos sobre títulos de pequeña minería otorgados previamente en esa área, a
favor de una empresa minera que ya contaba con un título en la Zona Baja.
En ese pronunciamiento, la Corte Constitucional precisó que, más allá de cualquier
discusión sobre la vigencia de las normas de titulación minera en el cerro El Burro24,
“el ejercicio de la minería en la parte alta, a pequeña escala y mediante el sistema
de emprendimientos autónomos, es una práctica productiva y cultural consolidada
que subsistió, avalada por el Estado, incluso tras la expedición del Código Minero25”.
Y a partir de esa consideración, estableció que, entre otras cosas, la cesión de los
derechos mineros amparados por el título CHG-081 a empresas privadas, sin la
participación o consulta previa a los mineros tradicionales y comunidades étnicas
locales, vulneró derechos fundamentales como el trabajo, el mínimo vital, la libertad
de oficio y el debido proceso.
A partir de lo anterior, para esta Sala resulta claro que el modelo de explotación
minera en la Zona Alta A ha sido históricamente concebido como un sistema
orientado a la pequeña minería, con participación de múltiples particulares,
reconocidos por el Estado como agentes activos en la extracción y comercialización
24
Pues este aspecto no hacía parte del objeto de controversia resuelta por la Corte. Así se precisó:
“La vigencia jurídica del régimen especial que dividió geográficamente el cerro de Marmato para
garantizar la distribución democrática de su recurso minero no es objeto de la presente controversia”.
Y en el pie de página 292 se explicó: “La cual, ya se ha dicho, se contrae a establecer si las
operaciones de cesión de derechos mineros que aquí se cuestionan debieron someterse a un
escenario participativo, con independencia de la vigencia y eventual constitucionalidad del Decreto
2223 de 1954”.
25
[Cita del texto original] Las pruebas allegadas al expediente dan cuenta de que el modelo de
reparto territorial del cerro persistía todavía en los años noventa. Para entonces, según se ha visto,
Mineralco suscribió decenas de contratos de pequeña explotación en virtud de aporte con los
mineros tradicionales en la parte alta del cerro. Según la Defensoría del Pueblo y el personero de
Marmato, la autoridad minera suscribió 108 contratos de pequeña minería en la zona, al amparo del
programa de legalización de la Ley 141 de 1994. Como se ha expuesto, uno de ellos fue el contrato
que celebró con el señor Alberto Gallego Estrada, que incluía la mina Villonza y que luego, en 2001,
fue integrado al contrato CHG-081 (Supra 153). En vigencia de la Ley 685 de 2001, la autoridad
minera nacional seguía haciendo referencia a esa división geográfica. El contrato CHG-081, firmado
en vigencia del Código, indica que Minercol “promovió una integración de áreas en la zona alta de
Marmato” ante la imposibilidad de registrar los contratos concedidos en los noventa. Después indica
que los contratistas renunciarían a la titularidad de los contratos “con el único propósito de permitir y
participar en la integración de las áreas para el nivel inferior de la zona alta de Marmato” (Supra.
156).
20
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Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
del recurso aurífero. Estos actores no solo participaron en la actividad económica
minera, sino que también contribuyeron a la construcción del tejido social y
económico del municipio de Marmato.
De lo anterior puede observarse que el Congreso de la República y el Gobierno
Nacional expidieron, de forma progresiva, un conjunto de disposiciones legales y
reglamentarias dirigidas a ordenar y estructurar la explotación minera en el cerro El
Burro, reconociendo y protegiendo la dinámica social y económica generada
históricamente por los mineros tradicionales de la región26.
Este contexto histórico, jurídico y técnico no puede ser desatendido por la Sala al
analizar la validez y el reconocimiento de la actividad minera que, bajo el esquema
vertical de cotas, han desarrollado de forma continua, pacífica y públicamente
reconocida los mineros tradicionales. Los aspectos jurídicos involucrados no solo
resultan determinantes para la resolución del caso concreto, sino que también
revisten especial relevancia para los habitantes del municipio de Marmato, Caldas,
en la medida en que la asignación y titularidad de los derechos sobre los recursos
mineros ha sido, y continúa siendo, un persistente foco de controversias. De allí la
importancia del pronunciamiento que en esta ocasión emite la Sala.
4.2. Determinación del régimen jurídico aplicable a la titulación minera en el
cerro El Burro
Como se expuso al formular el problema jurídico, el núcleo del presente litigio
consiste en determinar cuál es el sistema técnico que debe emplearse para la
identificación de las solicitudes y títulos mineros ubicados en el cerro El Burro.
Según lo planteado por las partes, el debate gira en torno a la coexistencia de dos
regímenes normativos: por un lado, disposiciones especiales que permitirían dicha
identificación mediante un sistema altimétrico, basado en coordenadas X, Y y Z -
artículos 1° y 2° de la Ley 66 de 1946 y 1° y 2° del Decreto 2223 de 1954-; y por
otro, normas de carácter general que exigen la delimitación mediante polígonos
definidos únicamente con coordenadas planas, es decir, sobre los ejes X y Y -
artículo 65 de la Ley 685 de 2001-.
26
ML, Sandoval Robayo. RM, Lasso. (2012, enero-junio). Riesgo y Realidad. El caso Marmato,
Caldas. Págs. 178-182. http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n34/n34a11.pdf.
21
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Este tipo de contradicción normativa ha sido catalogada en la doctrina como una
antinomia total-parcial, que se presenta cuando entre dos “normas incompatibles
una tiene un ámbito de validez igual al de la otra, pero más restringido o, en otras
palabras, su ámbito de validez es en parte igual y en parte diverso con relación a la
otra, hay antinomia total de la primera norma respecto de la segunda, y sólo a parcial
de la segunda respecto de la primera, lo que podemos denominar total-parcial. La
primera norma no puede ser aplicada en ningún caso sin entrar en conflicto con la
segunda; la segunda tiene un ámbito de aplicación que no entra en conflicto con la
primera”27.
En el presente caso, la Ley 66 de 1946 y el Decreto 2223 de 1954 presentan un
ámbito de validez personal y espacial más restringido, en la medida en que
contienen disposiciones técnicas específicas para la titulación de pequeños
proyectos mineros cuyas labores se desarrollan en el cerro El Burro. Por el contrario,
la Ley 685 de 2001 -Código de Minas- tiene un ámbito de aplicación más amplio, al
establecer reglas generales para el otorgamiento de títulos mineros en todo el
territorio nacional, aplicable a proyectos de diversa escala y naturaleza.
En otras palabras, el conflicto normativo en cuestión se presenta entre una norma
especial28 y anterior, que establece reglas sobre la identificación y otorgamiento de
títulos mineros con un ámbito de validez espacial y personal específicos, versus una
norma general y posterior, que regula el mismo punto de derecho en términos
generales.
Para la solución de esta clase de antinomia podría aplicarse tanto el criterio
cronológico, como el criterio de especialidad. Sin embargo, tanto en la
27
Bobbio, N. Teoría General del Derecho. Madrid: Editorial Debate. P. 202.
28
Luis Prieto Sanchís explica que “norma especial es aquella que presenta un ámbito de aplicación
incluido en un ámbito más amplio, que es el de la norma general, ofreciendo sin embargo una
consecuencia jurídica diferente. Por tanto, cabe decir que la norma especial se presenta como una
excepción a la general y su preferencia viene dada porque en otro caso carecería de supuesto de
aplicación. Esto es, si los casos que pueden considerarse comprendidos tanto en la norma especial
como en la general se rigieran por esta última, entonces la norma especial se vería privada de toda
posibilidad de aplicación”. Prieto Sanchís, Luis. Apuntes de Teoría del Derecho. Editorial Trotta. P.
138.
22
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
jurisprudencia29 como en la doctrina se ha precisado que debe prevalecer el criterio
de especialidad, así:
Conflicto entre el criterio de especialidad y el cronológico. Este conflicto tiene
lugar cuando una norma anterior-especial es incompatible con una norma
posterior-general. Existe conflicto porque al aplicar el criterio de especialidad se
da prevalencia a la primera norma, y al aplicar el criterio cronológico se da
prevalencia a la segunda. También aquí se ha establecido una regla general: lex
posterior generalis non derogat priori speciali. Con base en esta regla el conflicto
entre criterio de especialidad y el criterio cronológico debe ser resuelto en favor
del primero: la ley general posterior no elimina la ley especial anterior (…)30.
En el derecho positivo también se ha precisado que debe dársele prevalencia al
principio de especialidad. En efecto, el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 establece
que si hay disposiciones incompatibles entre varios códigos prevalece la especial
sobre la general; y que, si la antinomia está en un mismo código, se prefiere la
norma que esté en un artículo posterior, siempre que las normas en conflicto “tengan
una misma especialidad o generalidad”.
La aplicación del criterio de especialidad implica que la norma especial prevalece
sobre la norma general en los eventos en que deba ser aplicada, según su ámbito
de validez más restringido. “Esto significa que cuando se aplica el criterio de la lex
specialis no hay lugar a eliminar totalmente una de las dos normas incompatibles,
sino sólo aquella parte de la ley general que es incompatible con la ley especial. Por
efecto de la ley especial, la ley general pierde vigencia parcialmente”31 y mantiene
su plena aplicabilidad en los eventos en que no sea aplicable la norma especial.
El criterio de especialidad constituye una pauta hermenéutica que permite preservar
la coherencia del orden jurídico y asegurar la justicia material, al evitar la aplicación
indiscriminada de normas generales a supuestos que el legislador ha regulado de
manera diferenciada. Como lo ha señalado Norberto Bobbio, esta técnica de
resolución de antinomias responde a una exigencia fundamental de justicia, en la
medida en que parte del reconocimiento de que el legislador ha atribuido un régimen
29
En la sentencia C-576 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería) la Corte Constitucional decidió un
caso en el que se discutía si una norma posterior derogó la anterior y se indicó que “es manifiesto
que la primera tiene un carácter especial y, en consecuencia, (…) jurídicamente no es válido afirmar,
como lo hace el demandante, que se ha producido una derogación tácita, en cuanto prevalece la
norma especial”. A su vez, en la providencia del 13 de febrero de 2014, exp. 48521 (M.P. Enrique
Gil Botero) se estableció que la regla especial de competencia funcional para el conocimiento de los
asuntos mineros establecida en el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 -Código de Minas-, prevalecía
frente a las reglas generales de competencia establecidas en la Ley 1437 de 2001 -CPACA-.
30
Bobbio, N. Op. cit. P. 215
31
Bobbio, N. Ibidem. P. 207.
23
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
particular a ciertas situaciones, lo cual, una vez incorporado al ordenamiento
jurídico, no puede ser ignorado por el intérprete:
También aquí la razón del criterio es clara, puesto que la ley especial es aquella
que deroga una ley más general, o sea que sustrae de una norma una parte de
la materia para someterla a una reglamentación diversa (contraria o
contradictoria). El paso de una regla más amplia (que abarque un cierto genus)
a una regla derogatoria menos amplia (que abarca una species del genus)
corresponde a una exigencia fundamental de justicia, entendida como igual
tratamiento a las personas que pertenecen a una misma categoría. El paso de la
regla general a la especial corresponde a un proceso natural de diferenciación de
las categorías y a un descubrimiento gradual por parte del legislador de esta
diferenciación. Dada o descubierta la diferenciación, persistir en la regla general
comportaría dar igual tratamiento a personas que pertenecen a categorías
diversas, lo que implicaría una injusticia. En este proceso de especialización
gradual, llevada a cabo mediante leyes especiales, opera una de las reglas
fundamentales de la justicia, la regla del suum cuique tribuere32.
En ese contexto, la Sala considera jurídicamente procedente aplicar con preferencia
las disposiciones contenidas en la Ley 66 de 1946 y el Decreto 2223 de 1954, en
tanto conforman un régimen especial dirigido a regular la titulación de pequeños
proyectos mineros desarrollados en el cerro El Burro del municipio de Marmato,
Caldas. Tal conclusión se fundamenta en el criterio de especialidad normativa,
según el cual, cuando existen disposiciones generales y especiales que regulan una
misma materia, debe prevalecer la norma especial, por cuanto esta responde a una
voluntad expresa del legislador de otorgar un tratamiento jurídico diferenciado a una
categoría específica de situaciones, en razón de sus características particulares.
El desconocimiento de las disposiciones especiales aplicables al cerro El Burro, y
la aplicación automática del régimen general contenido en la Ley 685 de 2001,
conduciría a una igualación normativa injustificada, contraria al mandato de tratar
diferencialmente a quienes se encuentran en situaciones distintas.
4.3. Análisis de los cargos de nulidad
De acuerdo con las pruebas válidamente practicadas en el presente proceso, se
encuentran demostrados los siguientes hechos jurídicamente relevantes para la
adopción de la decisión de la controversia.
El 22 de diciembre de 2004 se formuló por parte del señor Jesús Arbey González
Alzate una solicitud de legalización de minería de hecho de la mina denominada “La
Esperanza 3”, la cual se identificó con la placa LH0232-17 (fl. 66). La mina se
32
Bobbio, N. Ibidem. P. 206.
24
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
encuentra localizada en la parte alta del cerro El Burro del municipio de Marmato,
Caldas (Zona A).
El trámite administrativo se adelantó inicialmente ante la Unidad de Delegación
Minera del Departamento de Caldas, quien mediante la Resolución 03063 del 16 de
noviembre de 2005 rechazó la solicitud de legalización, porque la identificación del
área del proyecto minero se hizo bajo un sistema de coordenadas planas (ejes X y
Y) y no bajo un sistema de cotas (ejes X, Y y Z) (fl. 69).
Luego de interponerse el recurso de reposición, la autoridad minera delegada
decidió seguir adelante con la actuación administrativa, en la medida en que el señor
González Alzate aportó los planos y demás documentos técnicos encaminados a
delimitar correctamente el área objeto de la solicitud, bajo un sistema de cotas (fl.
72).
Mediante los conceptos y evaluaciones técnicas del 26 de septiembre de 2006 (fl.
75 y 76), 11 de noviembre de 2010 (fl. 84) y 12 de diciembre de 2012 (fl. 102), la
autoridad minera estableció que era técnicamente viable el otorgamiento de la
solicitud LH0232-17.
Esas evaluaciones se hicieron bajo la aplicación de un sistema de cotas y en ellas
se llegó a recomendar la aprobación del Programa de Trabajos y Obras
correspondiente. Esto resulta de gran relevancia, pues dicho programa es un
documento técnico que sirve como bitácora para la planificación de todas las
actividades que se van a realizar en la ejecución del proyecto minero, la cual se
exige para toda solicitud de legalización de minería de hecho, de acuerdo con lo
prescrito en los artículos 84 del Código de Minas y 10 del Decreto 2390 de 200233.
33
“Artículo 10. Una vez registradas las condiciones geológicas, mineras y ambientales de la
explotación y las existentes en el área a legalizar, tal como se indica en el artículo quinto del presente
Decreto, la autoridad minera delegada procederá a elaborar un Programa de Trabajos y Obras (PTO)
consistente con la información geológico-minera disponible, para efectos de definir la viabilidad del
proyecto; y, la autoridad ambiental procederá a elaborar e imponer mediante resolución motivada el
Plan de Manejo Ambiental respectivo. Para la elaboración de tales estudios la autoridad minera
delegada y la ambiental tendrán un término no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la
presentación del informe que recomiende la legalización.
Parágrafo 1º. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que
imponga el Plan de Manejo Ambiental, el interesado deberá solicitar los permisos, autorizaciones y
concesiones para uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables que sean necesarios
para adelantar la explotación.
Parágrafo 2º. Una vez ejecutoriado el acto administrativo que impone el Plan de Manejo Ambiental,
la autoridad ambiental remitirá copia de la respectiva providencia a la autoridad minera delegada,
para que haga parte del contrato de concesión minera a suscribirse.
Elaborado por la autoridad minera delegada el Programa de Trabajos y Obras (PTO), se requerirá
al interesado en la solicitud con el fin de que manifieste por escrito en forma expresa y clara, su
aceptación a los resultados y conclusiones precisados en dicho programa y, en tal virtud, se
25
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
A su vez, mediante la Resolución 381 del 9 de julio de 2010, la Corporación
Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS impuso el plan de manejo
ambiental para la legalización minera en cuestión, con lo cual se dio por cumplido
el requisito previsto en el citado artículo 10 del Decreto 2390 de 2002.
No obstante, con la entrada en funcionamiento de la Agencia Nacional de Minería,
esta entidad asumió el conocimiento de la solicitud de legalización de minería de
hecho LH0232-17. Mediante Resolución No. 004515 del 4 de noviembre de 2014,
la Agencia rechazó y ordenó el archivo de dicha solicitud, al constatar -con base en
un análisis del área bajo coordenadas planas (ejes X y Y)- la existencia de múltiples
superposiciones con propuestas y títulos mineros previamente inscritos. Asimismo,
señaló que el Sistema de Catastro Minero Colombiano, creado mediante el Decreto
2345 de 2008, no permitía registrar datos relativos a cotas o puntos de altitud, lo
cual impedía la identificación precisa de los títulos mineros en distintos niveles del
cerro El Burro. Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto desfavorablemente mediante la Resolución No. 000776 del 7 de mayo de
2015.
• Cargos de infracción de las normas en que debía fundarse y falsa motivación
En la demanda se adujo que las Resoluciones No. 004515 del 4 de noviembre de
2014 y No. 000776 del 7 de mayo de 2015, se expidieron con infracción de lo
previsto en la Ley 66 de 1946 y en el Decreto 2223 de 1954, normas que establecen
unas condiciones especiales para la titulación minera en el cerro El Burro.
También se alegó que con dichos actos se desconoció que, históricamente, la
titulación minera en el cerro El Burro se ha hecho bajo un sistema de cotas y que
en diversas ocasiones la autoridad minera ha emitido documentos y directrices de
orden técnico encaminados a aclarar que la titulación se hacía de ese modo.
Además, que se han otorgado títulos mineros bajo ese sistema -827-17, ICQ-
083114X, IEG-09091 e ICQ-08313- en el mismo cerro, cuando ya se encontraba
vigente el actual Código de Minas -art. 65- y sus decretos reglamentarios, de
manera que no es cierta la afirmación según la cual no puede titularse con dicho
sistema.
comprometa a ejecutarlo. En caso que el interesado en la solicitud no acepte el PTO elaborado, se
procederá al rechazo de la misma”.
26
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
En efecto, en los actos cuestionados la ANM aseveró que no era jurídicamente
plausible otorgar la solicitud de legalización de minería de hecho porque las
disposiciones contenidas en la Ley 66 de 1946 y en el Decreto 2223 de 1954 eran
contrarias a lo prescrito en la Ley 685 de 2001, en punto del establecimiento de las
reglas para la identificación y determinación de los títulos mineros. Además,
consideró genéricamente que no era conveniente, desde el punto de vista técnico,
la concesión de nuevos títulos en el cerro El Burro, debido a los riesgos
socioambientales que la actividad minera representa.
Los fundamentos jurídicos así expresados desconocen la existencia de una
regulación especial y prevalente en la determinación de las formas de titulación
minera del cerro El Burro contenida en la Ley 66 de 1946 y en el Decreto 2223 de
1954, motivo por el cual los cargos de infracción de las normas en que debía
fundarse y falsa motivación están llamados a prosperar.
Como se explicó previamente, el modelo de explotación minera por cotas adoptado
en el municipio de Marmato ha sido históricamente concebido como un esquema
orientado a la pequeña minería, caracterizado por la participación de múltiples
particulares en las labores de extracción y comercialización de los minerales de
propiedad del Estado. Estos actores no solo fueron reconocidos por las autoridades
como partícipes legítimos de la actividad minera, sino que además desempeñaron
un papel determinante en la configuración del tejido económico, social y cultural del
municipio.
Tanto el Congreso de la República como el Gobierno Nacional han adoptado, de
forma progresiva, un conjunto de disposiciones legales y reglamentarias destinadas
a organizar y estructurar la actividad minera en el cerro El Burro, reconociendo
expresamente la realidad social y económica forjada históricamente por los mineros
tradicionales. Dichas normas no solo han buscado formalizar la explotación, sino
también brindar garantías jurídicas a quienes, desde décadas atrás, venían
ejerciendo esta actividad de manera continuada y con amplio arraigo comunitario.
Las normas especiales para la titulación minera en el municipio de Marmato son
plenamente compatibles con el régimen de titulación minera contenido en la Ley
685 de 2001, en tanto no lo derogan completamente34, sino que lo complementan
34
En tanto el ámbito de aplicación territorial del sistema de titulación minera por cotas se circunscribe
a un territorio específico de la nación (Marmato, Caldas), y su aplicación se restringe a las solicitudes
mineras localizadas en esa zona.
27
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
al establecer una regla de excepción con un ámbito de aplicación territorial
específico, que se funda en la protección de unas prácticas legítimas y tradicionales
de explotación minera, que desde hace más de medio siglo han sido reconocida y
respetadas consistentemente por el Estado Colombiano, como se explicó con
detalle en acápites anteriores.
Conviene destacar que desde la expedición del Decreto 2655 de 1988 -anterior
Código de Minas- se establecieron reglas encaminadas a delimitar los títulos
mineros como polígonos, de manera semejante a como se hizo en la Ley 685 de
2001. Por esa razón, cuando en la Ley 141 de 199435 se estableció la posibilidad
de formalizar explotaciones mineras sin título, la entonces autoridad minera se vio
igualmente abocada a determinar la compatibilidad entre la titulación por cotas y
coordenadas planas. En ese momento, la autoridad reconoció igualmente la
aplicación preferente de las normas que reconocían las formas tradicionales de
explotación minera en el cerro El Burro.
Esta situación quedó plenamente acreditada a través de la prueba documental
aportada con la demanda, que da cuenta de la orientación técnica que tanto el
Ministerio de Minas y Energía, como Minerales de Colombia S.A. le dieron a la
formalización de minería de hecho en el municipio de Marmato, Caldas.
Específicamente, en el documento denominado “Programa de legalización de
minería de hecho” elaborado el 18 de noviembre de 1996 por la entonces autoridad
minera Minerales de Colombia S.A. – Mineralco, se precisó (fl. 118):
El presente documento establece la metodología que se tuvo en cuenta para la
realización del programa de legalización de minería de hecho correspondiente a
Marmato y su zona de influencia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 58
de la Ley 141 de 1994 (…).
Mineralco realizó una consulta al Ministerio de Minas y Energía sobre la
posibilidad de otorgar áreas por cotas o niveles, teniendo en cuenta la
imposibilidad de realizarla planimetricamente, dado el desarrollo de la minería en
Marmato, la aglomeración de explotaciones a lo largo del Cerro y el proceso
antitécnico y artesanal de su desarrollo.
El Ministerio de Minas y Energía aprobó esta propuesta mediante comunicación
radicada bajo el No. 2187 del 19 de julio de 1996, y en consecuencia se están
preparando las minutas correspondientes, definiendo áreas múltiples en algunos
casos y áreas individuales en otros, controlados por cotas de techo y superficie
(…).
35
En cuyo artículo 58 la posibilidad de legalizar las “explotaciones mineras de hecho de pequeña
minería ocupadas en forma permanente hasta noviembre 30 de 1993”.
28
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Bajo el anterior marco de referencia, se encuentran en proceso final de
legalización 141 solicitudes, pendientes de resolución de la Corporación
Autónoma Regional de Caldas para la viabilidad ambiental de las explotaciones
(…).
Finalmente, es necesario definir las acciones tendientes a asociar a todos los
mineros a la Cooperativa de Marmato, con miras al fortalecimiento técnico y
económico de la minería regional.
En el oficio No. 2187 del 19 de julio de 1996 al que se acaba de hacer alusión, el
Ministerio de Minas y Energía estableció que era jurídica y técnicamente viable la
identificación y otorgamiento de los títulos mineros en el cerro El Burro, bajo un
sistema de cotas, así (fl. 116):
Es así como las áreas de las legalizaciones de explotación deberán estar
claramente alindadas (sic) mediante rumbos y distancias, con sus respectivas
coordenadas de los vértices, reiterando la inclusión de la cota tanto de techo
como de altura (sic). Descripción del punto arcifinio y su enlace al primer vértice
del polígono motivo de la legalización; en consecuencia, no existe ningún
impedimento de orden jurídico para proceder a inscribir tales explotaciones en
el registro minero.
De otra parte, es de señalar que al proferirse el acto administrativo que
reconozca la explotación y su consecuente legalización debe imponérsele al
beneficiario de la misma la obligatoriedad de amojonar la zona para impedir el
conflicto de intereses que pueda presentarse entre explotadores.
Como se observa, la protección de las prácticas mineras tradicionales en el cerro El
Burro ha sido una constante, no solo en la regulación abstracta dictada por el
Congreso de la República y el Gobierno Nacional, sino en el reconocimiento que de
ellas ha efectuado la autoridad minera en la determinación concreta de las
metodologías para otorgar los títulos mineros en el cerro El Burro. Por tal motivo,
los actos administrativos cuestionados adolecen de falsa motivación, en la medida
en que desconocen la existencia de esas prácticas tradicionales y la protección y
reconocimiento que de ellas ha realizado el Estado Colombiano.
Así las cosas, como las Resoluciones No. 004515 del 4 de noviembre de 2014 y
No. 000776 del 7 de mayo de 2015 se expidieron contraviniendo las reglas
especiales sobre la titulación minera en el cerro El Burro previstas en la Ley 66 de
1946 y en el Decreto 2223 de 1954 y su consecuente protección de las prácticas
mineras tradicionales que esas normas representan, se declarará su nulidad
mediante la presente providencia.
Dado que la nulidad se fundamenta en una causa de legalidad sustantiva,
consistente en la vulneración directa del ordenamiento jurídico aplicable en materia
29
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
de titulación minera, se torna innecesario emitir pronunciamiento sobre los demás
cargos formulados en la demanda, específicamente los relativos a la presunta
violación del derecho a la igualdad y la transgresión del debido proceso, por carecer
de efectos prácticos en la resolución del caso.
4.4. Del restablecimiento del derecho deprecado
Dada la declaratoria de nulidad antes anotada, corresponde a la Sala pronunciarse
sobre las pretensiones que, a título de restablecimiento del derecho, formuló el
accionante, quien solicitó que (i) se ordene a la ANM que dicte un nuevo acto
administrativo mediante el cual se otorgue el título minero y (ii) se le condene a
pagar la suma de $125.000.000 -o la que llegare a probarse en el proceso- por
concepto de daño emergente y 200 SMMLV por perjuicios morales36.
Como se indicó en precedencia, la mera radicación de una solicitud de legalización
de minería de hecho no otorga, por sí sola, derecho alguno al título minero, pues su
concesión está supeditada al cumplimiento de los requisitos especiales previstos en
el Decreto 2390 de 2002, particularmente en sus artículos 3, 4 y 10. En el caso de
la solicitud identificada con el número LH0232-17, no obra en el expediente prueba
que acredite el cumplimiento integral de las condiciones exigidas para el
otorgamiento del título minero, tales como la demostración de la antigüedad de la
explotación, la aprobación del programa de trabajos y obras por parte de la
autoridad minera, y su aceptación expresa por parte del solicitante, requisitos que
eran necesarios para avanzar en el trámite correspondiente.
Por tal motivo, a pesar de que en la presente decisión se declara la nulidad de los
actos que rechazaron la solicitud LH0232-17 porque se expidieron contraviniendo
las normas especiales sobre la titulación minera en el cerro El Burro y vulnerando
36
Así se señaló en la demanda: “3. Se realice por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA,
EL OTORGAMIENTO E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL DEL CONTRATO
DE CONCESIÓN del área identificada como LH0232-17, ubicada en la ZONA ALTA DE MARMATO
• CALDAS - MINA LA ESPERANZA 3 - CERRO EL BURRO.
4. Se indemnicen los perjuicios materiales ocasionados al señor JESÚS ARBEY GONZÁLEZ
ALZATE, en la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000)
según certificación expedida por el señor JAVIER MELAN o en el valor que se logre probar mediante
dictamen pericial realizado por un perito experto en contabilidad. Los perjuicios materiales
corresponden a las inversiones realizadas para el funcionamiento de LA MINA LA ESPERANZA 3,
costos de personal, seguridad social, regalías y demás gastos generados por concepto de la
explotación de LA MINA LA ESPERANZA 3.
5. Se indemnicen los perjuicios morales ocasionados al señor JESÚS ARBEY GONZÁLEZ ALZATE,
por cuanto se ha visto afectado su buen nombre y su integridad física y moral, como consecuencia
de las acusaciones infundadas y las órdenes de desalojos de que ha sido objeto por parte de las
autoridades administrativas. La cuantía de dichos perjuicios la estimamos en 200 S.M.M.L.V.”.
30
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
el derecho a la igualdad del interesado, lo cierto es que por la vía judicial no puede
ordenarse el otorgamiento del título minero correspondiente, en la medida en que
esta Sala no cuenta con los elementos de juicio suficientes para tomar una
determinación de esa naturaleza.
En ese contexto, la Sala concederá la pretensión tercera de la demanda, pero en el
sentido de ordenar a la Agencia Nacional de Minería que deberá reanudar el
procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud de legalización de
minería de hecho LH0232-17 corrigiendo los vicios que dieron lugar a que se
anularan los actos enjuiciados. Específicamente, en la nueva decisión que adopte
la administración no podrá rechazar la solicitud considerando la existencia de una
superposición bajo un sistema de coordenadas planas, pues esto contraviene el
derecho a la igualdad del accionante y desconoce las reglas especiales y
prevalentes contenidas en la Ley 66 de 1946 y el Decreto 2223 de 1954, que
establecen que la titulación minera en el cerro El Burro del municipio de Marmato,
Caldas, se hace bajo un sistema de cotas.
La Sala no pierde de vista que la actividad minera tradicional que se realiza en dicha
zona representa ciertas complejidades técnicas que deben ser atendidas37. Por tal
motivo, en la actuación que adelante la Agencia Nacional de Minería en
cumplimiento de la presente sentencia, deberá tenerse en consideración lo previsto
en el artículo 8 del Decreto 2390 de 2002, que establece que “no habrá lugar a la
legalización de explotaciones mineras cuando a juicio de la autoridad ambiental no
sean viables, y/o cuando a juicio de la autoridad minera delegada sean
manifiestamente inseguras, presenten peligro inminente para la vida de los mineros
o de los habitantes de las zonas aledañas”. En tal sentido, la ANM deberá efectuar
los correspondientes requerimientos relacionados con la actualización de la
información técnica y económica con sujeción a la normatividad actualmente vigente
sobre la materia.
Además, no solo deberá abstenerse de esgrimir consideraciones genéricas y
abstractas sobre la viabilidad de los proyectos mineros en la zona, sino que deberá
establecer de manera suficiente, concreta y específica los fundamentos técnicos por
37
En torno a la caracterización de los riesgos técnicos específicos que comporta la actividad minera
en el cerro El Burro, del municipio de Marmato, se puede consultar: Motta-Pascuas, A.J., Ustariz-
Durán, M.A. and Ordoñez-Carmona, O., Identificación, análisis y evaluación de riesgos asociados a
la actividad minera de oro en el Municipio de Marmato, Caldas. Boletín de Ciencias de la Tierra, 44,
pp. 21-30, Julio, 2018.
31
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
los cuales considera que las labores de explotación realizadas y proyectadas en el
área de la solicitud de legalización de minería de hecho LH0232-17 pueden ser
catalogadas como “manifiestamente inseguras” o representen un “peligro inminente
para la vida de los mineros o de los habitantes de las zonas aledañas”.
Esto se precisa, puesto que la motivación de los actos administrativos constituye
una exigencia ineludible del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, y un requisito de validez conforme a los artículos 42 y 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En
efecto, una motivación clara, suficiente y específica permite al administrado
comprender las razones fácticas, técnicas y jurídicas que justifican la decisión
adoptada por la autoridad minera, posibilita ejercer de manera efectiva el derecho
de defensa y habilita el control jurisdiccional sobre la legalidad del acto.
En contraste, cuando la administración profiere decisiones con motivaciones
genéricas o estandarizadas, sin atender las particularidades del caso concreto ni
exponer de forma razonada los fundamentos que la condujeron a adoptar
determinada medida, se genera una afectación sustancial al derecho de defensa
del administrado. Lo anterior, por cuanto este se ve privado de elementos mínimos
para controvertir la decisión, tanto en sede administrativa como judicial. Además,
una motivación deficiente o genérica impide el control eficaz por parte del juez
contencioso, pues dificulta determinar si la actuación se ajustó al ordenamiento
jurídico.
En relación con la reclamación de perjuicios alegados en las pretensiones cuarta y
quinta, debe recordarse que el artículo 167 del Código General del Proceso
establece que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Este mandato legal,
conjugado con lo previsto en el artículo 16838 del mismo estatuto procesal, impone
al demandante la carga de acreditar los hechos que fundamentan su pretensión de
condena, mediante los medios de prueba que cumplan con los requisitos de
conducencia, pertinencia, utilidad y licitud.
La anterior carga no fue cumplida por la parte actora, en tanto no obran en el
expediente medios de convicción que acrediten la causación del perjuicio inmaterial
38
“ARTÍCULO 168. RECHAZO DE PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las
pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas
o inútiles”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
alegado. Además, en lo relativo al daño emergente39, debe precisarse que por virtud
de la suspensión provisional de los efectos de los actos que rechazaron la solicitud
LH0232-17, así como de lo decidido en la presente providencia, se entiende que el
minero tradicional ha podido continuar con la ejecución de las labores extractivas,
por virtud de lo previsto en el artículo 14 del Decreto 2390 de 2002, que establece
que “mientras la solicitud de legalización presentada por explotadores de minas de
propiedad estatal sin título minero inscrito en el registro minero nacional no haya
sido resuelta por la autoridad minera delegada competente, no habrá lugar a
suspender las labores de explotación, a decomisar el mineral explotado, ni a
proseguir la acción penal a que se refiere el artículo 338 de la Ley 599 de 2000
(Código Penal)”.
En tal sentido, se deniega el reconocimiento de los perjuicios materiales e
inmateriales deprecados en la demanda.
5. Costas
El artículo 188 del CPACA establece que la liquidación y ejecución de la condena
en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código
General del Proceso. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 365 numeral 1 del CGP, la Sala condenará en costas a la parte
demandada, en atención a que en la presente decisión se accede a las
pretensiones.
Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el
trámite procesal, así como por las agencias en derecho, las cuales se fijan con
observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en
el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, se fijan agencias en derecho en la suma
de $20.485.000 a cargo de la Agencia Nacional de Minería, y a favor del señor
Jesús Arbey González Alzate, cifra que corresponde al 5% del valor de las
pretensiones40.
39
Relativo a “las inversiones realizadas para el funcionamiento de LA MINA LA ESPERANZA 3,
costos de personal, seguridad social, regalías y demás gastos generados por concepto de la
explotación de LA MINA LA ESPERANZA 3”.
40
En las pretensiones cuarta y quinta se pretendió el reconocimiento de perjuicios materiales por
$125.000.000 e inmateriales por $248.700.000 -cifra equivalente a 200 SMMLV-, cuya sumatoria
corresponde a $409.700.000.
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Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
La liquidación de las costas se efectuará de manera concentrada por conducto de
la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 366 del Código General del Proceso41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones No. 004515 del 4 de
noviembre de 2014 y No. 000776 del 7 de mayo de 2015, proferidas por la Agencia
Nacional de Minería, mediante las cuales se rechazó la solicitud de legalización de
minería de hecho LH0232-17, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho, ordenar a la Agencia Nacional de
Minería que reanude el procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud
de legalización de minería de hecho LH0232-17, corrigiendo las inconsistencias que
dieron lugar a la declaratoria de nulidad de los actos demandados, de conformidad
con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Condenar en costas a la Agencia Nacional de Minería. Las costas serán
liquidadas por esta Corporación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del
Código General del Proceso. Como agencias en derecho se fija la suma de
$20.485.000.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
41
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a la
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Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)
Actor: Jesús Arbey González Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
VF
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