Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06020-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06020-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06020-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 06020 01
Accionantes: Félix Hernando Culma Capera y otros1
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide las impugnaciones presentadas en contra del fallo de tutela proferido el
14 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Félix Hernando Culma Capera y otros, actuando en nombre propio, promovieron
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C y el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, con
ocasión de las decisiones adoptadas por dichas autoridades judiciales en el proceso de
reparación directa identificado con el radicado núm. 25000 23 26 000 2008 00545 00/01,
y para ello formularon las siguientes pretensiones2:
1. – TUTELAR los Derechos Fundamentales Constitucionales que me fueron
Vulnerados y conculcados en las circunstancias de modo tiempo y lugar que se
dejaron expuestas.
2.- A consecuencia de lo anterior, Declarar la Nulidad de las sentencias expedidas
por los accionados mediante las cuales se absolvió a los Demandados y en su
lugar proceder a condenar a los Demandados con base a que se acredito que por
1 Omar Alfonso Carvajalino Jiménez, Ana María Cruz Pinzón, Eduardo Leguizamón Cucaita, Flor Elva
Carrillo Gómez, José Egidio Guzmán Lugo, Joselin Murillo Otálora, José María Ferrucho Melo, Jesús
Nicolás Rodríguez Urquijo, Jairo Humberto Rincón Ochoa, Luis Felipe Rincón Ochoa, Luz Mila Trujillo,
María Graciela Herrera Vargas, Pablo Antonio Salcedo López, Pedro Javier Aguirre López, Rafael Parra
Gutiérrez, Flor de María Piza de Estrada, María Olga Medellín Moreno, Adela Medellín Moreno, Carmen
Rosa Castro de Basto, Graciela Pachón Robayo, Teresa de Jesús Malagón de Agudelo, Santos Moreno
Guzmán, Fernando Sánchez Bermúdez, Luis Alonso Hernández, José del Carmen León Gómez, Néstor
Orjuela, Cecilia Vargas Arévalo, María Silvia Loaiza García, Carmen Teresa Gómez Moreno, María Irene
Cuestas Ramírez, María Oliva Cuellar Peña, Evangelina Toloza Holguín, Gustavo Tique Serrano, Yenni
Marcela Rodríguez Torres, Isaías Rodríguez Velásquez, María Ángeles Contreras Parra, Luz Mélida
Sánchez Bermúdez y Eva Rosa Galindo Guerrero.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06020 00.
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Accionantes: Félix Hernando Culma Capera y otros
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el solo hecho de haberse declarado la prescripción en el proceso penal se
configuro un defectuoso funcionamiento de la administración de la Justicia.
3.- La decisión que garantice los Derechos fundamentales invocados como
vulnerados.
4.- Que la Sentencia se cumpla previniendo las consecuencias que al tenor del
Decreto 2591 de 1991, puedan derivarse del hecho de sustraerse a los efectos
jurídicos impuestos por el fallo. [Mayúsculas del escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes informaron que durante los años 1991 a 1993 el señor Mariano Enrique
Porras Buitrago, junto con las señoras Marlen Yolanda Pérez Ortiz y Fabiola Peña de
Guevara, promovieron proyectos de vivienda denominados UNIR I y UNIR II, mediante
los cuales numerosas personas efectuaron aportes económicos para acceder a una
solución habitacional.
Indicaron que fueron víctimas del delito de estafa y que nunca obtuvieron la reparación
integral de los perjuicios ocasionados, pues el proceso penal adelantado contra los
responsables concluyó con la declaratoria de prescripción de la acción penal mediante
sentencia del 31 de octubre de 2006 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
Con ocasión de esos hechos, en el año 2008 los ahora accionantes promovieron el medio
de control de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de
la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, por el presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
derivado de la dilación del proceso penal que culminó con la prescripción de la acción.
El asunto correspondió por reparto a la Sección Tercera, Subsección C, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que, mediante sentencia del 13 de
noviembre de 2014, negó las pretensiones de la demanda y declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, al considerar que
no se acreditó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues la
prescripción de la acción penal obedeció a la complejidad del asunto, a la multiplicidad
de denuncias, a la acumulación y desacumulación de procesos y a las múltiples
solicitudes y recursos formulados por las partes.
Contra esa decisión los demandantes, hoy accionantes, interpusieron recurso de
apelación, en el que insistieron en que la Fiscalía General de la Nación no imprimió el
impulso necesario al proceso penal y que la declaratoria de prescripción obedeció a la
demora injustificada con la que la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso
extraordinario de casación.
En sede de segunda instancia, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 26 de marzo de 2025, modificó parcialmente la decisión de
primera instancia, al revocar las declaraciones de falta de legitimación en la causa por
activa de algunos demandantes y la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Fiscalía General de la Nación; sin embargo, confirmó la negativa de las pretensiones al
concluir que no se demostró que la prescripción de la acción penal hubiera sido
consecuencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia atribuible
a la Corte Suprema de Justicia.
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Así las cosas, los accionantes interpusieron acción de tutela contra las referidas
providencias judiciales, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, a la prevalencia
del derecho sustancial y a la vigencia de un orden justo.
Como sustento del amparo afirmaron, en síntesis, que las decisiones cuestionadas
incurrieron en defecto sustantivo al desconocer que la prescripción del proceso penal
evidenciaba, por sí misma, un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
y que, pese a existir pruebas de esa circunstancia, las autoridades judiciales demandadas
negaron las pretensiones de la reparación directa.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 25 de septiembre de 20253 y correspondió por reparto a la
Sección Cuarta de esta Corporación que, por auto del 29 de septiembre de 20254 la
inadmitió y requirió a la parte accionante para que relacionara con claridad el nombre e
identificación de las personas que actúan como accionantes dentro del presente asunto.
3.2. Subsanado el requerimiento, mediante auto del 27 de octubre de 20255 el a quo
admitió la acción de tutela y dispuso notificar6 a la Subsección C, Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, como autoridad judicial accionada.
Así mismo, dispuso vincular a la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
y a los señores Ariza de Cruz Georgina, Alvarado Tulia Teodula, Bastidas Gil Dora Inés,
Bohórquez Acosta Ana Dilsa, Alcantar Jesús Antonio, Aponte Limas María Elena, Arango
Estada Jorge Eliecer, Abaunza Rodríguez María Amparo, Barreto Arguello Clemente,
Arango Rodríguez Ruby Adriana, Arango Rodríguez Wilmar Erneyder, Ávila de Parra
Rosabel, Ariza Velasco Misael, Avellanada Aza Rafaela, Buelvas Arroyo Cristo Manuel,
Andrade Quintero Enelia, Alarcón Tunarosa María Concepción, Bustos González Juan
de Dios, Caro Arias Carlos Andrés, Caro Camargo Rubén Darío, Carvajal María Rosalía,
Castellanos Carlos, Castillo Clavijo Pedro Libardo, Castillo Viuda de Vargas Ana Beatriz,
Castro María Eugenia, Castro Rayo Rodolfo, Castro Vásquez Lilia, Chávez Chávez
Rubén Iván, Cruz Ana Silvia, Cubides Gutiérrez Luis Alberto, Cubillos Castillo Ángel
Augusto, Daza Antonio José, Estrada Retiz José Lisandro, Galeano Ariza Zoraida,
Gamba Bautista Ariel Eduardo, García Palacio María Alis, Gómez Araque Alberto, Gómez
Díaz Juan Bautista, González Forero Edgar Orlando, González García María Obeilda,
González Romero María Dilma, Guiza Barreto Margarita, Gutiérrez Rodríguez Luz,
Guzmán Perilla María de los Ángeles, Hernández López Jorge, Hernández Patiño José
Ignacio, Joba Baquiro María, Lamprea Arias Amanda, Lamprea Arias Nelson Rodrigo,
López López Gustavo, López Sierra Jaime Alberto, Manzano Lasso Yuri, Martín Moreno
Gloria Adriana, Martínez María Alcira, Mayorga Paiva Lucila, Medina Alfonso, Méndez
Castañeda Carmen Rosa, Millán Acosta José, Millán Dominga Esteban, Molano de
González Martha Cecilia, Morales Jiménez Gloria Inés, Moreno Ángel María, Moreno
Merchán Margarita, Muñoz Gómez Luz Marina, Muñoz Pinzón María Josefina, Muñoz
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06020 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06020 00.
5 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06020 00
6 Esta orden se cumplió el 29 de octubre de 2025. Visto en los índices 22, 23 y 24 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06020 00
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Accionantes: Félix Hernando Culma Capera y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro
Topaga Ana Teresa, Niño Torres Martha, Orejuela Nestor, Ortiz Bohórquez Ramiro, Ortiz
Julio Cesar, Ortiz Sánchez Efrén, Palacios Dorado Jorge Bernardo, Parra Quiñones
Oscar Alberto, Parra Quiñonez Myriam, Parrado Néstor Hernán, Patiño Vargas Lilia, Peña
Tovar Gloria Ligia, Porras Bohórquez Edgar Antonio, Portes de Rincón María Blanca,
Prieto Briceño Francisco, Quiroga Castañeda Hilda María, Ramírez Fonseca Leovigilda,
Ramírez Fonseca María Luisa, Ramírez Ramírez Luis Jorge, Rincón de Calderón Julián
Elena, Rincón de Rivera Julia Margoth, Rincón Martínez María Elisa, Rodríguez
Albarracín José Gustavo, Rodríguez Camacho Mercedes, Rodríguez de Acosta Florinda,
Rodríguez de Silva Luz Marina, Rodríguez Gómez Gustavo, Rodríguez Juan Carlos,
Rodríguez Pachón Javier, Rodríguez Rodríguez Rosa Delia, Rojas José Desiderio,
Romero Alonso María Helena, Rodríguez de Moreno Bertha, Roso Gladis, Sáenz
Contreras Diana, Saenz Misael, Sánchez Cabrera Isidro, Sánchez Prieto Alberto, Santa
Cortés Carmen Elisa, Serrato Santa Rubiel Eduardo, Sierra Castro María Catalina, Sierra
de Cantor María del Carmen, Silva Esquivel Edilberto, Suárez José Ignacio, Tabares
García Yulied, Téllez de Sanabria Elvia Cecilia, Téllez Téllez Octavio, Tique Arias Jorge
Mario, Tique Cartagena Nohora, Traslaviña Herreño Elga María, Ulloa de Pardo Virgelina,
Ulloa Tamayo María Nelly, Vargas Rincón Edgar Guillermo, Velásquez Rosa y Villamil
Cañón Álvaro, como terceros con interés.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, para que allegara copia digital del expediente del proceso de reparación
directa con número 250002326000-2008-00545 00/01.
3.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, rindió informe7 en el que
manifestó que la sentencia del 26 de marzo de 2025, junto con el expediente del medio
de control de reparación directa, contiene los fundamentos fácticos y jurídicos que
sustentan la decisión adoptada. En ese sentido, consideró que tales actuaciones
suministran los elementos necesarios para que el juez constitucional resuelva la presente
acción de tutela conforme a derecho.
3.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
presentó escrito8 en el que señaló que dicha corporación profirió, en primera instancia, la
sentencia correspondiente al proceso de reparación directa con radicado 25000-23-26-
000-2008-00545-00, decisión que posteriormente fue objeto de apelación y resuelta por
el Consejo de Estado. Asimismo, indicó que el magistrado titular del despacho, doctor
Andrew Julián Martínez, se encontraba disfrutando de un permiso previamente
concedido.
3.5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial allegó escrito9 en el que señaló
que, en su condición de representante legal de la Rama Judicial, carece de competencia
para intervenir en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en ejercicio de
su función jurisdiccional.
Sostuvo que las providencias cuestionadas fueron proferidas dentro del ámbito de la
autonomía e independencia judicial, con observancia del marco normativo aplicable, sin
que se evidencie una actuación arbitraria o caprichosa que comporte la vulneración de
derechos fundamentales.
7 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06020 00.
8 Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06020 00.
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Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
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Agregó que la acción de tutela no puede utilizarse como una instancia adicional para
controvertir decisiones judiciales y que, en el presente asunto, tampoco se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez
constitucional. Finalmente, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto de esa entidad.
3.6. La Fiscalía General de la Nación10 solicitó declarar improcedente la acción de tutela
y, de manera preliminar, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que las actuaciones y decisiones objeto de reproche constitucional no
correspondían a competencias atribuidas a esa entidad.
Expuso que la parte accionante no precisó de qué manera las providencias cuestionadas
vulneraban los derechos fundamentales invocados ni identificó los defectos específicos
que justificarían la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales.
Finalmente, afirmó que correspondía a los accionantes acreditar la configuración de
alguno de los defectos reconocidos por la jurisprudencia constitucional para desvirtuar la
presunción de acierto y legalidad de las decisiones judiciales cuestionadas.
3.7. Con posterioridad a la admisión de la acción de tutela, los ciudadanos Luis Alberto
Cubides, Nelly Ulloa Tamayo, Edgar Guillermo Vargas Rincón, Julied Tabares García,
Juan Carlos Rodríguez, José Ignacio Hernández Patiño, Amanda Lamprea Arias, Alberto
Sánchez Prieto y Tulia Teódula Alvarado solicitaron su inclusión dentro del trámite
constitucional, al manifestar su interés en intervenir en la presente actuación. Asimismo,
Hilda Concejo Buitrago Guerrero y Gloria Ligia Peña Tovar, solicitaron su vinculación al
presente trámite constitucional.
3.8. Igualmente, los señores Nelson Rodrigo Lamprea Arias, María Vidalia Riapira García
—actuando en nombre de Edgar Orlando González Forero—, Álvaro Villamil Cañón,
María Rosalía Carvajal Sarrias, María Obdeilda González García, María Helena Aponte
Limas, Ana Beatriz Castillo Valbuena, Edgar Orlando González Forero, Janette Castillo
Forero, Carmen Elisa Santana Cortés, Francisco Prieto Briceño, Ana Teresa Muñoz
Topaga, Julia Elena Rincón de Calderón, Ángel María Moreno, María Catalina Sierra
Castro, Julieth Villamil Abaunza, Martha Torres Niño, José Desiderio Rojas, Margarita
Guiza Barreto, Luz Marina Muñoz Gómez, Lilia Patiño Vargas, Virgelina Ulloa, Javier
Rodríguez, Gustavo López López, María Odilia Medina, María Luisa Ramírez Fonseca,
Hilda María Quiroga, Luz Gutiérrez Rodríguez, Nancy Alejandra Daza —en
representación del fallecido Antonio José Daza—, Rosabel Ávila de Parra, Luz Marina
Rodríguez, Ana Silvia Cruz, Juan de Dios Bustos González, Rubiel Eduardo Serrato
Santa, Dominga Millán Esteban, María Elisa Rincón Martínez, Flor Carmen López Sierra,
Jaime Alberto López Sierra, Ángel María Moreno y María Elena Romero Alonso
presentaron escritos mediante los cuales coadyuvaron la acción de tutela promovida por
los accionantes, manifestando su interés en que prosperaran las pretensiones de
amparo.
3.9. El 13 de noviembre de 2025, el señor Félix Hernando Culma Capera informó el
fallecimiento de algunos de los accionantes y solicitó reconocer legitimación por activa a
sus sucesores. Posteriormente, el 19 de noviembre de 2025, pidió la inclusión y
vinculación de Clemente Barreto Argüello, Eliécer de Jesús Valero y Álvaro Sánchez y,
el 18 de diciembre de 2025, solicitó la inclusión de María Josefina Muñoz Pinzón y María
Alis García Palacio.
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Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
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3.10. Mediante auto del 13 de febrero de 2026, el despacho ponente del trámite en
primera instancia resolvió las solicitudes de vinculación y de representación formuladas
con posterioridad a la admisión de la tutela.
En esa providencia negó el reconocimiento del señor Félix Hernando Culma Capera como
representante de terceros, al considerar que no acreditaba la calidad de abogado ni
actuaba como agente oficioso.
Asimismo, requirió a quienes afirmaban tener la condición de sucesores procesales para
que manifestaran si deseaban intervenir en nombre propio o mediante apoderado judicial;
negó la vinculación respecto de Fabiola Osorio Toro y Jesús Antonio Soler Contreras, por
no ostentar la calidad de sujetos procesales dentro de la acción constitucional; y precisó
que las personas relacionadas en la providencia ya habían sido vinculadas como terceros
con interés mediante el auto admisorio del 27 de octubre de 2025.
3.11. En cumplimiento de lo ordenado en el referido auto, los ciudadanos Isaías
Rodríguez Velásquez, Clemente Barreto Argüello, Gloria Ligia Peña Tovar, María
Ángeles Contreras Parra, Luis Felipe Rincón Ochoa, Gustavo Tique Serrano, Efrén Ortiz
Sánchez, Santos Moreno Guzmán, Isidro Sánchez Cabrera, Luzmila Trujillo, Ana María
Cruz Pinzón, Elga María Traslaviña Herreño y Jairo Humberto Rincón Ochoa
manifestaron que actuarían en nombre propio dentro del trámite constitucional.
3.12. El 16 de marzo de 2026, los señores Evangelina Toloza Holguín, Nohora Tique
Cartagena, Luis Alonso Hernández, Fernando Sánchez Bermúdez, Luz Mélida Sánchez
Bermúdez, Pedro Javier Aguirre López, Loren Oliver Margarita Alcántar Borda, Flor Elva
Carrillo Gómez, Luz Marina Montaño Cuervo, Carlos Julio Caro Hernández, Olga María
Castellanos Sanabria, Pablo Antonio Salcedo López, José del Carmen León Gómez, Flor
de María Piza de Estrada, Julio César Ortiz, Miriam Parra Quiñónez, Rubén Iván Chávez
Chávez, José Egidio Guzmán Lugo, José Elicio Cubillos Santana, Jesús Nicolás
Rodríguez Urquijo, María Alis García Palacio, Efrén Ortiz Sánchez, Adela Medellín
Moreno, María Olga Medellín Moreno, Eduardo Leguizamón Cucaita, Óscar Alberto Parra
Quiñónez, Néstor Orejuela, Joselin Murillo Otálora, Álvaro Sánchez, Carlos Castellanos,
Eliécer de Jesús Valero, Yenni Marcela Rodríguez Torres, José María Ferrucho Melo,
José Eduardo Cantor Sierra y Edgar Porras Bohórquez informaron que conferían
representación al señor Félix Hernando Culma Capera para actuar dentro del trámite
constitucional. Posteriormente, Carlos Julio Caro Hernández aclaró que comparecería en
nombre propio.
3.13. El 10 de mayo de 2026, el señor Uriel Eduardo Gamba Bautista solicitó su
vinculación al trámite constitucional y manifestó que actuaría en nombre propio. Ese
mismo día, Julio César Ortiz informó que continuaría interviniendo personalmente dentro
de la presente acción de tutela.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de mayo de 202611,
resolvió lo siguiente:
11 Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06020 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06020 01
Accionantes: Félix Hernando Culma Capera y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro
1. Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Reconocer como terceros interesados en las resultas de la presente acción de
tutela a los señores José Eduardo Cantor Sierra, José Elicio Cubillos Santana,
Olga María Castellanos Sanabria, Loren Oliver Margarita Alcantar Borda, Hilda
Concejo Buitrago Guerrero, Nancy Alejandra Daza Gómez, Carlos Julio Caro
Hernández y Flor Carmen López Sierra.
3. Negar la vinculación de los señores Álvaro Sánchez, Eliécer de Jesús Valero y
Uriel Eduardo Gamba Bautista, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
4. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Félix
Hernando Culma Capera y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Señaló que los argumentos expuestos por la parte actora no evidenciaban una posible
vulneración de derechos fundamentales, sino que pretendían reabrir el debate jurídico
resuelto por los jueces naturales dentro del proceso de reparación directa.
Para sustentar esa conclusión, la Sala examinó las decisiones proferidas dentro del
proceso ordinario y advirtió que las autoridades judiciales accionadas estudiaron de
manera integral los planteamientos relacionados con el alegado defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia derivado de la prescripción de la acción
penal.
En particular, destacó que el juez de segunda instancia analizó los cargos formulados en
el recurso de apelación y concluyó que no se acreditó que la prescripción hubiera
obedecido a una actuación negligente de la Fiscalía General de la Nación o de la Corte
Suprema de Justicia, sino que el trámite del proceso penal estuvo determinado por la
complejidad del asunto, la existencia de múltiples denuncias, acumulaciones y
desacumulaciones procesales, nulidades, recursos y demás actuaciones propias del
proceso.
Con fundamento en ello, la Sección Cuarta consideró que la controversia propuesta en
la acción de tutela ya había sido resuelta definitivamente por los jueces competentes
dentro del proceso de reparación directa y que los accionantes se limitaron a reiterar su
inconformidad con las conclusiones alcanzadas en esas providencias, insistiendo en que
la demora del proceso penal condujo a la prescripción de la acción penal y, por ende, al
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
La Sala también estimó que los argumentos desarrollados en la demanda de tutela no
contenían razones de orden constitucional suficientes para demostrar una vulneración
concreta, grave y actual de los derechos fundamentales invocados. Precisó que los
actores formularon consideraciones generales sobre los perjuicios sufridos y reiteraron
los planteamientos expuestos durante el trámite del proceso ordinario, sin identificar de
qué manera las providencias cuestionadas desconocían el debido proceso o los demás
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06020 01
Accionantes: Félix Hernando Culma Capera y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro
derechos fundamentales alegados, ni desvirtuar la motivación de las decisiones judiciales
atacadas.
En ese contexto, concluyó que la acción de tutela no podía utilizarse como una instancia
adicional para replantear un debate de mera legalidad ya definido por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, razón por la cual declaró improcedente la solicitud de amparo
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconformes con la sentencia de primera instancia, se presentaron, las siguientes
impugnaciones:
(i) Sesenta y dos escritos12, en los que únicamente varía la identificación del impugnante,
razón por la cual contienen los mismos fundamentos;
(ii) Un escrito suscrito por treinta y nueve recurrentes13;
(iii) Un escrito suscrito por el señor Clemente Barreto Arguello14.
Revisados todos los escritos, en términos generales, los impugnantes solicitan revocar la
sentencia del 14 de mayo de 2026 y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
Para sustentar su inconformidad, afirmaron que el juez de primera instancia incurrió en
un error al concluir que la acción de tutela pretendía convertir el trámite constitucional en
una tercera instancia, pues, a su juicio, la finalidad del amparo no consistía en reabrir el
debate probatorio o jurídico adelantado dentro del proceso de reparación directa, sino en
obtener el control constitucional de las providencias que, presuntamente, desconocieron
el debido proceso y los demás derechos fundamentales al negar la responsabilidad del
Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Sostuvieron, además, que la sentencia impugnada omitió valorar la relevancia
constitucional del asunto, toda vez que no examinó los defectos atribuidos a las
providencias cuestionadas y declaró improcedente la acción sin estudiar de fondo los
cargos planteados.
En su criterio, el caso trascendía una simple controversia de legalidad, pues involucraba
la presunta vulneración de los derechos fundamentales de numerosas víctimas que,
debido a la prescripción de la acción penal, habrían perdido la posibilidad de obtener la
reparación integral de los perjuicios ocasionados por el delito de estafa.
Igualmente, insistieron en que las providencias cuestionadas desconocieron las pruebas
que, según afirmaron, demostraban las dilaciones e irregularidades ocurridas durante el
trámite del proceso penal adelantado contra el señor Mariano Enrique Porras Buitrago y
otros, las cuales condujeron a la prescripción de la acción penal y, posteriormente, a la
negativa de las pretensiones formuladas en el proceso de reparación directa. En ese
sentido, reiteraron que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se
12 Vistos en los índices 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 208, 210, 212, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 229, 231, 233 y 246 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2025 06020 00.
13 Visto en los índices 202 y 203 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2025 06020 00.
14 Visto en el índice 251 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2025 06020 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06020 01
Accionantes: Félix Hernando Culma Capera y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro
encontraba acreditado y que las autoridades judiciales omitieron reconocer la
responsabilidad patrimonial del Estado derivada de tales circunstancias.
Finalmente, manifestaron que las decisiones cuestionadas perpetuaban las afectaciones
patrimoniales, personales y familiares sufridas por las víctimas durante más de tres
décadas y que la acción de tutela constituía el único mecanismo idóneo para obtener la
protección efectiva de sus derechos fundamentales. En consecuencia, solicitaron revocar
la sentencia de primera instancia, conceder el amparo constitucional, dejar sin efectos
las providencias proferidas dentro del proceso de reparación directa y ordenar la emisión
de una nueva decisión en la que se valoraran adecuadamente los hechos y las pruebas
relacionadas con el alegado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
5.2. Por auto del 10 de junio de 202615, el despacho ponente dispuso lo siguiente:
De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 en
concordancia con el artículo 2 del Decreto 333 del 2021, se concede la impugnación
interpuesta por los señores Félix Hernando Culma Capera, Omar Alfonso Carvajalino
Jiménez, Eduardo Leguizamón Cucaita, Flor Elva Carrillo Gómez, José Egidio
Guzmán Lugo, Joselin Murillo Otálora, José María Ferrucho Melo, Jesús Nicolás
Rodríguez Urquijo, Luis Felipe Rincón Ochoa, Luz Mila Trujillo, María Graciela
Herrera Vargas, Pablo Antonio Salcedo López, Pedro Javier Aguirre López, Flor de
María Piza de Estrada, María Olga Medellín Moreno, Adela Medellín Moreno,
Carmen Rosa Castro de Basto, Graciela Pachón Robayo, Teresa de Jesús Malagón
de Agudelo, Fernando Sánchez Bermúdez, Luis Alonso Hernández, José del
Carmen León Gómez, Néstor Orjuela, Cecilia Vargas Arévalo, María Silvia Loaiza
García, Carmen Teresa Gómez Moreno, María Irene Cuestas Ramírez, María Oliva
Cuellar Peña, Evangelina Toloza Holguín, Gustavo Tique Serrano, Yenni Marcela
Rodríguez Torres, Isaías Rodríguez Velásquez, María Ángeles Contreras Parra y
Luz Mélida Sánchez Bermúdez en calidad de accionantes contra la sentencia de 14
de mayo de 2026, proferida por esta Sala.
Asimismo, se concede la impugnación interpuesta por los señores Luz Marina Muñoz
Gómez, Lilia Patiño Vargas, Francisco Prieto Briceño, Carmen Elisa Santana Cortés,
María Catalina Sierra Castro, Tulia Teodula Alvarado, Juan de Dios Bustos
González, Luz Gutiérrez Rodríguez, Nancy Alejandra Daza, Álvaro Villamil Cañón,
Luis Alberto Cubides Gutiérrez, Gustavo López López, Rubiel Eduardo Serrato
Santa, María Elisa Rincón Martínez, Luz Marina Rojas Márquez actuando como
agente oficiosa de su padre José Desiderio Rojas Márquez1, Yulied Tabares García,
Hilda Concejo Buitrago Guerrero, Ana Silvia Cruz, Rosabel Ávila de Parra, Martha
Torres Niño, Flor Carmen López, Edgar Guillermo Vargas, Alberto Sánchez Prieto,
Nelson Rodrigo Lamprea Arias, Margarita Guiza Barreto, Amanda Lamprea Arias,
María Nelly Ulloa Tamayo, Javier Rodríguez Pachón, José Ignacio Hernández
Patiño, María Rosalía Carvajal, María Luisa Ramírez Fonseca, Leovigilda Ramírez
Fonseca, María Obeilda González García, Ana Teresa Muñoz Topaga y Ana Beatriz
Castillo, Olga María Castellanos Sanabria, Oscar Alberto Parra Quiñónez, Myriam
Parra Quiñónez, María Alix García Palacio, Julio César Ortiz, Carlos Castellanos,
Loren Oliver Margarita Alcántar Borda, Nohora Tique Cartagena, Efrén Ortiz
Sánchez, Rubén Iván Chávez Chávez, José Eduardo Cantor Sierra, José Elicio
Cubillos Santana, Edgar Antonio Porras Bohórquez, Carlos Julio Caro Hernández,
Edilberto Silva Esquivel y Elga María Traslaviña Herreño, en condición de terceros
con interés.
Por otra parte, se rechaza la impugnación interpuesta por los señores María Vidalia
Riapira García, Janette Castillo Forero, Julieth Villamil Abaunza2 y Luz Marina
15 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06020 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06020 01
Accionantes: Félix Hernando Culma Capera y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro
Montaña Cuervo, por cuanto no ostentan la calidad de accionantes ni de terceros
con interés dentro del trámite que culminó con la sentencia impugnada
5.3. Posteriormente, mediante auto del 24 de junio de 2026, el despacho sustanciador
resolvió lo siguiente:
1. Conceder la impugnación interpuesta por los señores Juan Carlos Rodríguez,
Hilda María Quiroga Castañeda, María Helena Romero Alonso, Julia Elena Rincón
de Calderón, Ángel María Moreno, Luz Marina Rodríguez de Silva, Dominga Millán
Esteban, Janette Castillo Forero, María Vidalia Riapira García, Julieth Villamil
Abaunza y Luz Marina Montaña Cuervo contra la sentencia de 14 de mayo de 2026,
proferida por esta Sala.
2. Remitir el proceso a la Sección que corresponda para que se surta la impugnación
presentada (Acuerdo 80 de 2019), tal como fue dispuesto en el auto del 10 de junio
de 2026.
3. Negar la solicitud de aclaración que ejerció la señora María Vidalia Riapira García,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Respecto de la señora Riapira García, el despacho ponente del trámite de primera instancia
negó la solicitud de aclaración formulada en contra del auto del 10 de junio de 2026 por no
reunir los presupuestos previstos en el artículo 285 del Código General del Proceso; no
obstante, precisó que su recurso sería tenido en cuenta por ostentar la condición de tercera
interesada
5.4. Finalmente, mediante auto del 10 de julio de 2026, se concedió la impugnación
presentada por el señor Celemente Barreto Arguello.
5.5. Las impugnaciones fueron asignadas a esta Sección por acta de reparto del 17 de julio
de 202616.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 17, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
16 El expediente ingresó al despacho el 24 de julio de 2026. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06020 01.
17 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06020 01
Accionantes: Félix Hernando Culma Capera y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro
de 201518, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202119, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201920, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:
6.2.1. El señor Félix Hernando Culma, junto con su núcleo familiar y otras 151 familias,
promovieron demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declarara su responsabilidad
administrativa y solidaria por los daños materiales y extrapatrimoniales derivados de la
falla en el servicio ocasionada por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia.
Sostuvieron que dicho perjuicio se originó con la decisión proferida el 31 de octubre de
2006 por la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró la prescripción de las
acciones penal y civil dentro del proceso adelantado contra el señor Mariano Porras
Buitrago y otros, frustrando así sus expectativas de obtener justicia, la sanción de los
responsables y la reparación de los perjuicios ocasionados por los delitos investigados.
6.2.2. El conocimiento del proceso correspondió, por reparto, al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que mediante sentencia del 13 de
noviembre de 2014 saneó una nulidad, declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Fiscalía General de la Nación, la falta de legitimación en la causa por activa
respecto de 76 demandantes y negó las pretensiones frente a la Rama Judicial, al concluir
que no se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
6.2.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación y el proceso fue asignado,
por reparto, a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, que mediante
sentencia del 26 de marzo de 2025 resolvió:
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 13 de noviembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, la cual quedará así:
Primero: Declarar la falta de legitimación activa en la causa de Arias Laura,
Basto Castro Diana Patricia, Bernal Andrés, Bernal Juan, Bernal Laura, Caro
Nelson, Colorado Alejandro, Flores Juan Carlos, Gutiérrez Ángela, Méndez
Carmen, Nieves Zoraida, Orejuela Jonathan, Ortiz Iván Ramiro, Ortiz Nelcy
Katherina, Ortiz Zuly Ximena, Pardo Ulloa Oswaldo, Rubio Basto David, Vega
Castro Diva y Vega Castro Inés.
Segundo: Tener por saneada la nulidad por carencia de representación de los
señores Carmen Rosa Castro, Diana López, Milton Ferney Sánchez y Rafael
Calderón, conforme a los expuesto en la parte motiva de esta providencia.
18 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
19 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
20 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
21 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 25000-23-26-000-2008-00545-
00/01.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06020 01
Accionantes: Félix Hernando Culma Capera y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro
Tercero: Negar las pretensiones de la demanda.
Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto: Secretaría verificará la existencia de cada proceso correspondiente al
contenido de los cuadernos 5, 6 y 7 que relaciona en la documental obrante
en tales cuadernos proceda a incorporarlos al expediente que corresponda o
a remitirlos al lugar donde se encuentre el proceso, previas constancias del
caso.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en las impugnaciones, la Sala considera
necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en
el escrito de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito
general de relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]22.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
22 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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Accionantes: Félix Hernando Culma Capera y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que23:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)». [Se
destaca].
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, por cuanto la solicitud de amparo está siendo utilizada por la parte actora
para reabrir el debate resuelto en el proceso de reparación directa, comoquiera que sus
reproches están orientados a controvertir lo resuelto por la autoridad judicial accionada e
23 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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insistir en que hubo “una gran falla estructural en el sistema judicial con el defectuoso
funcionamiento de la administración de Justicia”.
Al respecto, en la providencia de segunda instancia cuestionada, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, expuso lo siguiente:
[…]
46. Respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
En la apelación se alegó que 1) La Fiscalía omitió su deber de implementar medidas
para restablecer el derecho de las víctimas y no le dio celeridad ni impulsó el proceso
y 2) el recurso extraordinario de casación se interpuso antes de que la acción penal
estuviera prescrita y fue el periodo injustificado que la Corte Suprema de Justicia tuvo
el expediente, lo que conllevó a la declaratoria de prescripción. La Sala se
pronunciará respecto de los dos aspectos.
1) En primer lugar, respecto del defectuoso funcionamiento por parte de la Fiscalía,
la Sala no encuentra que, en la demanda, que se hubiera alegado lo que, ahora en
el recurso de apelación, se señala. Revisado el escrito, lo que se advierten son
afirmaciones genéricas respecto de la administración de justicia, especialmente,
relacionadas con la mora. En todo caso, la Sala debe indicar que la prescripción de
la acción penal no pudo ocurrir por un defectuoso funcionamiento de la Fiscalía
porque, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 599 de 200035, que se aplicó
para resolver la prescripción de la acción penal, con la presentación de la resolución
de acusación se interrumpe la prescripción de la acción penal y el término empieza
a correr de nuevo para desarrollar la etapa de juicio. Luego, la Fiscalía cumplió con
su deber y presentó la resolución de acusación y, adicionalmente, de acuerdo con el
Código Penal, cuando la Rama Judicial iniciaba la etapa de juicio, el término de
prescripción empezó a contar. Ello sin contar que, en todo caso, el tiempo que el
asunto estuvo en investigación, tampoco resulta desproporcionado si se tiene en
cuenta la complejidad del proceso, el número de denuncias, las solicitudes de
acumulación y las nulidades y recursos que acompañaron el proceso.
47. 2) La Sala no encuentra prueba dentro del expediente que acredite que la Corte
Suprema de Justicia hubiera actuado con negligencia, desidia o descuido. Incluso,
no encuentra argumento en el recurso de apelación que desarrolle esa afirmación.
48. Está probado que, mediante Sentencia de 25 de octubre de 2005, el Tribunal
Superior de Bogotá resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia proferida por el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá. Esa
corporación negó la declaratoria de prescripción, por considerar que, dado que la
resolución de acusación cobró firmeza a partir del 21 de enero de 2000, a la fecha de
esa Sentencia -25 de octubre de 2005- no ocurría tal fenómeno.
49. De igual forma está probado que, entre la fecha de la sentencia de segunda
instancia -25/10/2005- 36 y la decisión de la Corte Suprema -31/10/200637-
transcurrió aproximadamente un año, lapso que no resulta exagerado, excesivo o
desproporcionado, máxime si se tiene en cuenta, de un lado, que debía surtirse el
traslado para la interposición de las demandas de casación y, de otro, la evidente
complejidad del asunto en el que, como lo indicó la primera instancia, existieron
múltiples denunciantes, tránsitos legislativos, nulidades, acumulaciones,
”desacumulaciones”, recursos ordinarios, solicitudes de conciliación etc. En
consecuencia, no es cierto como lo afirma el demandante que la Corte Suprema de
Justicia se hubiera demorado “un año en admitir la demanda de casación”
comoquiera que no es cierto que la Corte hubiera recibido el expediente al día
siguiente de que se profirió la sentencia de segunda instancia. Lo anterior si se tiene
en cuenta que esa decisión debía notificarse y cobrar ejecutoria, la secretaría debía
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correr el traslado de 30 días hábiles38 y, finalmente, remitir el expediente. Además,
no existe prueba de que el tribunal se hubiera demorado irrazonablemente e
injustificadamente en su envío y la Corte en pronunciarse.
50. Además, y lo más importante es que, incluso, la prescripción, de acuerdo con la
propia Corte Suprema de Justicia, ocurrió antes de que el expediente hubiera llegado
a esa corporación. Lo anterior, si se tiene en cuenta que la decisión de segunda
instancia del Tribunal Superior de Bogotá se adoptó el 25/10/2005 y, tan solo 3 meses
después, ocurrió la prescripción de la acción penal, esto es, 21/01/2006. Al respecto
la Corte Suprema señaló:
“Dicho lapso [para que se consumara la prescripción] se cumplió el 21 de
enero de 2006, mucho antes de que el asunto llegara a la Sala para adoptar
decisión alguna en relación con el recurso extraordinario de casación
promovido por los defensores de los procesados, dado que tal situación se
consolidó cuando aún se surtían los traslados legales para que los
impugnantes allegaran los respectivos libelos casacionales”
51. Finalmente, se resalta que la parte apelante, en su recurso, se limitó a indicar
que existió un “retardo injustificado” por parte de esa corporación, sin señalar las
pruebas que así lo hubieren acreditado, sin explicar por qué determinado plazo
hubiera sido arbitrario y, sobre todo, sin revisar que, incluso, la propia Corte
Suprema de Justicia había señalado que la acción penal prescribió antes de que
el expediente hubiera llegado a esa Corte. Situación, esta última, que permite
concluir que, incluso, si la Corte hubiera tardado, por ejemplo, un día en
pronunciarse, el resultado habría sido el mismo, pues se imponía declarar la
prescripción de la acción penal.
52. En consecuencia, al no prosperar los argumentos del recurso de apelación, la
Sala negará las pretensiones de la demanda. […]
Conforme lo anterior, la Sala observa que la inconformidad de la parte accionante
corresponde a un desacuerdo con la interpretación jurídica efectuada por las autoridades
judiciales accionadas, pues pretende que el juez constitucional sustituya el criterio
adoptado por el juez natural de la causa e imponga una interpretación distinta, con el fin
de obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que resulta ajeno a la finalidad de
la acción de tutela.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que
la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
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evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el supuesto en el
caso que aquí se examina.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se confirmará
el fallo proferido el 14 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2026 proferida por la Sección
Cuarta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 20 de
agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06020 01
Accionantes: Félix Hernando Culma Capera y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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