RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06020-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06020-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06020-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Reconocer como terceros interesados en las resultas de la presente acción de tutela a los señores José Eduardo Cantor Sierra, José Elicio Cubillos Santana, Olga María Castellanos Sanabria, Loren Oliver Margarita Alcantar Borda, Hilda Concejo Buitrago Guerrero, Nancy Alejandra Daza Gómez, Carlos Julio Caro Hernández y Flor Carmen López Sierra. 3. Negar la vinculación de los señores Álvaro Sánchez, Eliécer de Jesús Valero y Uriel Eduardo Gamba Bautista, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 10 Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU 573 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00 Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros 4. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Félix Hernando Culma Capera y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06020-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

14 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Félix Hernando Culma Capera y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial – reparación directa. Relevancia
constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por los señores Félix Hernando Culma
Capera, Omar Alfonso Carvajalino Jiménez, Ana María Cruz Pinzón, Eduardo
Leguizamón Cucaita, Flor Elva Carrillo Gómez, José Egidio Guzmán Lugo, Joselin
Murillo Otálora, José María Ferrucho Melo, Jesús Nicolás Rodríguez Urquijo, Jairo
Humberto Rincón Ochoa, Luis Felipe Rincón Ochoa, Luz Mila Trujillo, María Graciela
Herrera Vargas, Pablo Antonio Salcedo López, Pedro Javier Aguirre López, Rafael
Parra Gutiérrez, Flor de María Piza de Estrada, María Olga Medellín Moreno, Adela
Medellín Moreno, Carmen Rosa Castro de Basto, Graciela Pachón Robayo, Teresa
de Jesús Malagón de Agudelo, Santos Moreno Guzmán, Fernando Sánchez
Bermúdez, Luis Alonso Hernández, José del Carmen León Gómez, Néstor Orjuela,
Cecilia Vargas Arévalo, María Silvia Loaiza García, Carmen Teresa Gómez Moreno,
María Irene Cuestas Ramírez, María Oliva Cuellar Peña, Evangelina Toloza Holguín,
Gustavo Tique Serrano, Yenni Marcela Rodríguez Torres, Isaías Rodríguez
Velásquez, María Ángeles Contreras Parra, Luz Mélida Sánchez Bermúdez y Eva
Rosa Galindo Guerrero contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado y la Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de
2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de septiembre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra las
citadas autoridades judiciales, por estimar vulnerados los derechos fundamentales y
garantías al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, dignidad
humana, prevalencia del derecho sustancial y la vigencia del orden justo. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1.- TUTELAR los Derechos Fundamentales Constitucionales que me fueron [v]ulnerados
y conculcados en las circunstancias de modo tiempo y lugar que se dejaron expuestas.

2.- A consecuencia de lo anterior, [d]eclarar la [n]ulidad de las sentencias expedidas por
los accionados mediante las cuales se absolvió a los [d]emandados y, en su lugar,
proceder a condenar a los [d]emandados con base a que se acreditó que por el solo
hecho de haberse declarado la prescripción en el proceso penal se configuró un
defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

3.- La decisión que garantice los Derechos fundamentales invocados como vulnerados.

4.- Que la Sentencia se cumpla previniendo las consecuencias que al tenor del Decreto
2591 de 1991, puedan derivarse del hecho de sustraerse a los efectos jurídicos
impuestos por el fallo.

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes, en
resumen, los siguientes:

La situación que da origen al medio de control1

Durante los años 1991 a 1993, el señor Mariano Enrique Porras Buitrago (exconcejal
y exsenador) y las señoras Marlen Yolanda Pérez Ortiz y Fabiola Peña de Guevara
crearon el plan denominado «de autogestión y autoconstrucción para personas de escasos
recursos» para otorgar lotes a personas vulnerables y que ellas mismas construyeran
su vivienda.

Se constituyeron la Sociedad Vivienda Social Limitada -Visocol, la Cooperativa
Multiactiva Orión Limitada y la Corporación para el Desarrollo Humano Integral
Vivienda Social con el fin de afiliar a las personas interesadas en adquirir las
soluciones de vivienda, quienes periódicamente consignaban el dinero para adquirir
el terreno donde se construirían y los materiales necesarios para tal propósito.

Con el dinero aportado por «cientos» de interesados, el señor Mariano Porras compró
el predio «Calandamia» donde se construiría la urbanización Unir I, en el sector de Patio
Bonito, y el predio «Altamira», donde se construiría la urbanización Unir II, en el sector
de Engativá.

En Unir I, las viviendas fueron construidas y habitadas por los beneficiarios (1000
familias). Sin embargo, pasado un tiempo, el señor Porras Buitrago alegó la invasión
ilegal de quienes con pagaron su lote. La Policía Nacional y la Alcaldía Local de
Kennedy procedieron con el desalojo y la destrucción de los inmuebles y enseres. En
Unir II las familias nunca recibieron las viviendas.

Las familias afectadas, en forma separada, formularon denuncias penales contra los
señores Mariano Enrique Porras Buitrago, Marlen Yolanda Pérez Ortiz y Fabiola Peña
de Guevara por el delito de estafa.

Entre 1996 y 1997, distintas fiscalías de Bogotá formularon varias resoluciones de
acusación contra el señor Porras Buitrago por estafa agravada y por infracción a la
Ley 66 de 1968. De los procesos judiciales inicialmente conoció el Juzgado 29 Penal
del Circuito de Bogotá.
Durante la segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad parcial
de una de las acusaciones por indebida competencia respecto de la Ley 66 de 1968,
pero mantuvo el proceso por estafa. Posteriormente, en auto de 2 de mayo de 2001,
la Corte Suprema de Justicia ordenó la acumulación de los procesos dispersos en
varios despachos (municipales y del circuito), los cuales correspondieron a la Fiscalía
Seccional 74 de la Unidad de Delitos Financieros. El 15 de diciembre de 1999, esa
fiscalía profirió una nueva resolución de acusación por estafa agravada y reconoció a

1
Tomada de los hechos narrados en la demanda de tutela y de las sentencias de primera y segunda instancia del proceso de
reparación directa.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

las víctimas como titulares de la acción civil. El proceso continuó ante el Juzgado 29
Penal del Circuito de Bogotá.

Paralelamente, en Zipaquirá se adelantó otro proceso contra Porras Buitrago por los
mismos delitos, que fue acumulado con los procesos de Bogotá. El 19 de diciembre
de 2001, el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá dictó sentencia condenatoria y
favorable a la parte civil; pero el 19 de junio de 2003, el Tribunal Superior de
Cundinamarca declaró la nulidad parcial de la acumulación y ordenó la ruptura
procesal, manteniendo únicamente la condena por los hechos ocurridos en Zipaquirá.
Contra esa decisión se interpuso recurso extraordinario de casación que fue resuelto
desfavorablemente por la Corte Suprema de Justicia, en providencia de 3 de marzo
de 2004, al no casar. Esa sentencia condenatoria está en firme.

Los procesos devueltos a Bogotá fueron asignados al Juzgado 48 Penal del Circuito,
que, en fallo de 16 de junio de 2005, condenó a Mariano Porras y a sus coacusadas
por estafa agravada, imponiendo penas de prisión, multas y condena solidaria al pago
de perjuicios. En segunda instancia, en sentencia de 25 de octubre de 2005, el
Tribunal Superior de Bogotá aumentó las penas de prisión y confirmó en lo demás.

Los condenados interpusieron recurso extraordinario de casación contra la anterior
decisión. El 31 de octubre de 2006, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, declaró la prescripción de la acción penal al encontrar que la resolución de
acusación fue del 15 de diciembre de 1999 y quedó ejecutoriada el 21 de enero de
2000, es decir, los 6 años que tenía el Estado para tramitar el juicio se cumplieron el
21 de enero de 2006, fecha anterior a aquella en la que el asunto llegó a la Sala para
adoptar decisión en casación.

La acción de reparación directa

En el año 2008, el señor Félix Hernando Culma Capera y su familia junto con 151
familias más promovieron la acción de reparación directa contra la Nación- Rama
Judicial- Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Fiscalía General de la Nación por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia porque, a pesar de que los afectados con el delito de estafa
se constituyeron en parte civil en el proceso penal adelantado contra el señor Mariano
Porras y otros, «el Estado colombiano desconoció su obligación de brindar protección
integral al debido proceso ya que no tuvo un proceso penal expedito y se dilató
injustificadamente con el comportamiento irrespetuoso de los lineamientos penales,
causando que las acciones penales y civil derivada prescribieran y que por ello las
familias demandantes quedaran sin una reparación integral que le fue reconocida y
así mismo que quedara el delito en la impunidad.»

En consecuencia, en la demanda se pidió, entre otras, que los demandados fueran
declarados responsables administrativa y solidariamente por la falla en el servicio y
los condenaran al pago de los daños materiales y morales sufridos.

Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-26-000-2008-00545-00 y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia de 13
de noviembre de 2014, entre otras decisiones, negó las pretensiones de la demanda;
declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la
Nación. Sostuvo que no se acreditó el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia. Encontró que la dilación del trámite que llevó a declarar la prescripción de
la acción penal no se causó por la inoperancia u omisión injustificada del aparato
judicial sino por la complejidad del asunto, la multiplicidad de denuncias penales,

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

acumulación y desacumulación de procesos, múltiples solicitudes y recursos
formulados por los procesados y las víctimas.

Los demandantes interpusieron recurso de apelación en el que, entre otros cargos,
insistieron en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Sostuvieron que la fiscalía no implementó medidas para restablecer el derecho de las
víctimas y no le dio celeridad ni impulso al proceso. Agregó que el recurso
extraordinario de casación se interpuso antes de que la acción penal estuviera
prescrita y fue el periodo injustificado que la Corte Suprema de Justicia tuvo el
expediente, lo que causó la declaratoria de prescripción.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia de 26 de marzo
de 2025, modificó la decisión apelada, en el sentido de revocar la decisión que declaró
la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes que no presentaron
demanda de acción civil y la decisión que declaró la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Fiscalía General de la Nación. Y confirmó la decisión que declaró la
falta de legitimación de 19 demandantes y la que negó las pretensiones porque no se
probó que la prescripción de la acción penal hubiera obedecido a un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia de la Corte Suprema de Justicia.

Argumentos de la acción de tutela

La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:

Indicó que con la demanda de reparación directa se aportaron todas las pruebas que
acreditaban las equivocaciones de los despachos judiciales que conocieron de los
procesos penales contra los señores Mariano Enrique Porras Buitrago, Marlen
Yolanda Pérez Ortiz y Fabiola Peña de Guevara. Entre las fallas, enunció la
«determinación primero de las competencias para asumir los procesos, en segundo lugar, de
un somero examen del proceso se pudiera determinar los tiempos que transcurrieron mientras
se tomaban decisiones de fondo dentro del caso, lo cual contribuía a que los denunciados
continuaran engañando a más personas, las demoras injustificadas en las investigaciones y
desarrollo del caso además permitiendo que el inmueble continuara siendo sujeto de acciones
ilegales y de construcción.»

Sostuvo que los errores se hicieron aún más evidentes cuando la Corte Suprema de
Justicia declaró la prescripción del proceso penal, lo que por sí misma demuestra el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el paso del tiempo sin
que se resolviera de manera definitiva.

Indicó que al proceso de reparación directa también se aportaron los documentos que
demostraban que el juicio penal prescribió por causas no atribuibles a los
demandantes. Sin embargo, alegó que a pesar de que quedó demostrada la falla en
el servicio de administración de justicia, las pretensiones del medio de control de
reparación directa no prosperaron lo que configura la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

En concreto, advirtió que las providencias tanto en primera como en segunda instancia
que negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa incurrieron en
defecto sustantivo porque entre los fundamentos y la decisión existe una clara
contradicción, si se tiene en cuenta que hubo un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia precisamente por el paso del tiempo que llevó a la
prescripción de la acción penal.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

3. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 29 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador inadmitió la acción
de tutela y concedió un plazo de dos (2) días a la parte actora para que «(…) relacione
con claridad el nombre e identificación de las personas que actúan como demandantes dentro
de la acción de tutela de la referencia y acrediten la legitimación en la causa por activa».

Atendido el anterior requerimiento, por auto del 27 de octubre de 2025, admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante integrada por los señores
Félix Hernando Culma Capera, Omar Alfonso Carvajalino Jiménez, Ana María Cruz
Pinzón, Eduardo Leguizamón Cucaita, Flor Elva Carrillo Gómez, José Egidio Guzmán
Lugo, Joselin Murillo Otalora, José María Ferrucho Melo, Jesús Nicolas Rodríguez
Urquijo, Jairo Humberto Rincón Ochoa, Luis Felipe Rincón Ochoa, Luz Mila Trujillo,
María Graciela Herrera Vargas, Pablo Antonio Salcedo López, Pedro Javier Aguirre
López, Rafael Parra Gutiérrez, Flor de María Piza de Estrada, María Olga Medellín
Moreno, Adela Medellín Moreno, Carmen Rosa Castro de Basto, Graciela Pachón
Robayo, Teresa de Jesús Malagón de Agudelo, Santos Moreno Guzmán, Fernando
Sánchez Bermúdez, Luis Alonso Hernández, José del Carmen León Gómez, Néstor
Orejuela, Cecilia Vargas Arévalo, María Silvia Loaiza García, Carmen Teresa Gómez
Moreno, María Irene Cuestas Ramírez, María Oliva Cuellar Peña, Evangelina Toloza
Holguín, Gustavo Tique Serrano, Yenni Marcela Rodríguez Torres, Isaías Rodríguez
Velásquez, María Ángeles Contreras Parra, Luz Mélida Sánchez Bermúdez y Eva
Rosa Galindo Guerrero.

En la misma providencia se ordenó notificar a los magistrados integrantes de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en calidad de
demandados y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, a la Nación – Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación y a los señores Georgina Ariza de Cruz, Tulia Teodula Alvarado,
Dora Inés Bastidas Gil, Ana Dilsa Bohórquez Acosta, Jesús Antonio Alcantar, María
Elena Aponte Limas, Jorge Eliecer Arango Estrada, María Amparo Abaunza
Rodríguez, Clemente Barreto Arguello, Ruby Adriana Arango Rodríguez, Wilmar
Erneyder Arango Rodríguez, Rosabel Ávila de Parra, Misael Ariza Velasco, Rafaela
Avellanada Aza, Cristo Manuel Buelvas Arroyo, Enelia Andrade Quintero, María
Concepción Alarcón Tunarosa, Juan de Dios Bustos González, Carlos Andrés Caro
Arias, Rubén Darío Caro Camargo, María Rosalía Carvajal, Carlos Castellanos, Pedro
Libardo Castillo Clavijo, Ana Beatriz Castillo Viuda de Vargas, María Eugenia Castro,
Rodolfo Castro Rayo, Lilia Castro Vásquez, Rubén Iván Chávez Chávez, Ana Silvia
Cruz, Luis Alberto Cubides Gutiérrez, Ángel Augusto Cubillos Castillo, Antonio José
Daza, José Lisandro Estrada Retiz, Zoraida Galeano Ariza, Ariel Eduardo Gamba
Bautista, María Alis García Palacio, Alberto Gómez Araque, Juan Bautista Gómez
Díaz, Edgar Orlando González Forero, María Obeilda González García, María Dilma
González Romero, Margarita Guiza Barreto, Luz Gutiérrez Rodríguez, María de los
Ángeles Guzmán Perilla, Jorge Hernández López, José Ignacio Hernández Patiño,
María Joba Baquiro, Amanda Lamprea Arias, Nelson Rodrigo Lampresa Arias,
Gustavo López López, Jaime Alberto López Sierra, Yuri Manzano Lasso, Gloria
Adriana Martín Moreno, Alcira Martínez María, Lucila Mayorga Paiva, Alfonso Medina,
Carmen Rosa Méndez Castañeda, José Millán Acosta, Dominga Millán Esteban,
Martha Cecilia Molano de González, Gloria Inés Morales Jiménez, Ángel María
Moreno, Margarita Moreno Merchán, Luz Marina Muñoz Gómez, María Josefina
Muñoz Pinzón, Ana Teresa Muñoz Topaga, Martha Niño Torres, Nestor Orejuela,
Ramiro Ortiz Bohórquez, Julio Cesar Ortiz, Efrén Ortiz Sánchez, Jorge Bernardo
Palacios Dorado, Oscar Alberto Parra Quiñonez, Myriam Parra Quiñonez, Néstor
Hernán Parrado, Lilia Patiño Vargas, Gloria Ligia Peña Tovar, Edgar Antonio Porras
Bohórquez, María Blanca Portes de Rincón, Francisco Prieto Briceño, Hilda María
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

Quiroga Castañeda, Leovigilda Ramírez Fonseca, María Luisa Ramírez Fonseca, Luis
Jorge Ramírez Ramírez, Julia Elena Rincón de Calderón, Julia Margoth Rincón de
Rivera, María Elisa Rincón Martínez, José Gustavo Rodríguez Albarracín, Mercedes
Rodríguez Camacho, Florinda Rodríguez de Acosta, Luz Marina Rodríguez de Silva,
Gustavo Rodríguez Gómez, Juan Carlos Rodríguez, Javier Rodríguez Pachón, Rosa
Delia Rodríguez Rodríguez, José Desiderio Rojas, María Helena Romero Alonso,
Bertha Rodríguez de Moreno, Gladis Roso, Diana Sáenz Contreras, Misael Sáenz,
Isidro Sánchez Cabrera, Alberto Sánchez Prieto, Carmen Elisa Santa Cortés, Rubiel
Eduardo Serrato Santa, María Catalina Sierra Castro, María del Carmen Sierra de
Cantor, Edilberto Silva Esquivel, José Ignacio Suárez, Yulied Tabares García, Elvia
Cecilia Téllez de Sanabria, Octavio Téllez Téllez, Jorge Mario Tique Arias, Nohora
Tique Cartagena, Elga María Traslaviña Herreño, Virgelina Ulloa de Pardo, María
Nelly Ulloa Tamayo, Edgar Guillermo Vargas Rincón, Rosa Velásquez y Álvaro Villamil
Cañón, en calidad de terceros con interés.

Mediante auto de 13 de febrero de 2026, el despacho sustanciador en relación con
varias solicitudes decidió: (i) negar el reconocimiento de personería para actuar como
representante de los demás actores al señor Félix Hernando Culma Capera; (ii)
requerir a las personas que aducen la condición de sucesores procesales2 y
confirieron «poder» al señor Culma Capera, para que informaran si deseaban actuar
en la presente acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado judicial; y (iii)
negar la vinculación de los señores Fabiola Osorio Toro y Jesús Antonio Soler
Contreras.

Algunos actores entendieron que debían manifestar que actuaban en nombre propio
o su interés de ser parte, a pesar de que ya habían sido reconocidos como integrantes
de la parte tutelante. En efecto, 173 actores, en memorial de 16 de marzo de 2026,
presentado en forma conjunta, manifestaron su intención de ser tenidos como parte
en el presente trámite.

Otros siete actores4, en escritos individuales presentados entre el 12 y 16 de marzo
de 2026, indicaron que actúan en nombre propio y su intención de continuar
vinculados en el presente trámite.

4. Oposición

El consejero Alberto Montaña Plata, integrante de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en calidad de ponente, consideró que la providencia
de 26 de marzo de 2025 y el expediente de la respectiva acción de reparación directa,
contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de
tutela tome la decisión que en derecho corresponda.

5. Intervención de los terceros con interés

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, a
través del profesional especializado Grado 33 del despacho 009, presentó informe en
el que se limitó a indicar la fecha y sentido de la sentencia dictada por esa corporación

2
Luz Marina Montaño, Braxedy Ruby Castro Murillo, Yenni Marcel Rodríguez Torres, María Irene Cuesta Ramírez, Omar Alfonso
Carvajalino Jiménez, José Eduardo Cantor Sierra, José Elicio Cubillos Santana, Olga María Castellanos Sanabria y Loren Oliver
Margarita Alcantar Borda.
3
Eduardo Leguizamón Cucaita, Flor Elva Carrillo Gómez, José Egidio Guzmán Lugo, Joselin Murillo Otalora, José María
Ferrucho Melo, Jesús Nicolas Rodríguez Urquijo, Pablo Antonio Salcedo López, Pedro Javier Aguirre López, Flor de María Piza
de Estrada, María Olga Medellín Moreno, Adela Medellín Moreno, Fernando Sánchez Bermúdez, Luis Alonso Hernández, José
del Carmen León Gómez, Evangelina Toloza Holguín, Yenni Marcela Rodríguez Torres y Luz Mélida Sánchez Bermúdez
4
Ana María Cruz Pinzón, Jairo Humberto Rincón Ochoa, Luis Felipe Rincón Ochoa, Luzmila Trujillo, Santos Moreno Guzmán,
María Silvia Loaiza García y Gustavo Tique Serrano
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

en primera instancia en el proceso 25000-23-26-000-2008-00545-00 y de la de
segunda instancia proferida por el Consejo de Estado.

Justificó que, al titular del despacho, magistrado Andrew Julián Martínez Martínez, se
le concedió permiso.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como representante legal de la
Rama Judicial, advirtió que esa dirección no puede intervenir en las actuaciones y
decisiones de los despachos judiciales. No obstante, señaló que la acción de tutela es
improcedente porque la sentencia acusada se dictó, en ejercicio de la autonomía
judicial y dentro del margen normativo aplicable al asunto sometido a debate, sin que
se predique capricho o irracionalidad alguna que implique vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora.

Alegó que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional de los
procesos judiciales y que en este caso no se observa perjuicio irremediable.

Por último, pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva para
actuar en el trámite de la presente acción de tutela.

La Fiscalía General de la Nación pidió declarar la improcedencia de la acción de
tutela y advirtió que no tiene legitimación en la causa por pasiva en el presente trámite
porque la actuación y/o omisión cuestionada no está directamente relacionada con el
ente instructor y la actuación pretendida en procura del amparo de derechos
reclamados, supera su competencia.

Sostuvo que la parte actora no identificó la afectación de los derechos fundamentales
invocados ni la causal específica en que incurrieron las providencias controvertidas.
Son los actores quienes tenían la carga de la prueba, así que les correspondía
demostrar que las providencias atacadas incurrieron en alguno de los defectos, tal
como lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia T- 230 de 2007.

Los señores Clemente Barreto Arguello, Rosabel Ávila de Parra, Juan de Dios
Bustos González, Carlos Castellanos, Rubén Iván Chávez Chávez, Ana Silvia
Cruz, María Alis García Palacio, Luz Gutiérrez Rodríguez, Dominga Millán
Esteban, Ángel María Moreno, Néstor Orejuela, Julio César Ortiz, Efrén Ortiz
Sánchez, Oscar Alberto Parra Quiñones, Myriam Parra Quiñonez, Gloria Ligia
Peña Tovar, Hilda María Quiroga Castañeda, María Elisa Rincón Martínez, Luz
Marina Rodríguez de Silva, María Helena Romero Alonso, Isidro Sánchez
Cabrera, Rubiel Eduardo Serrato Santa, Nohora Tique Cartagena, Elga María
Traslaviña Herreño y Julio Cesar Ortiz, reconocidos como terceros interesados,
manifestaron que actúan en nombre propio, que tienen interés legítimo en el resultado
de la presente acción y que coadyuvan las pretensiones de la demanda

6. Otras intervenciones

La señora Nancy Alejandra Daza Gómez, en calidad de hija del señor Antonio José
Daza, reconocido como tercero con interés, informó que su padre falleció y que tiene
interés legítimo en el resultado de la presente acción de tutela. Allegó registro civil de
defunción.

La señora Hilda Concejo Buitrago Guerrero pidió que se le reconozca como tercero
interesado. Informó que su compañero permanente Jorge Bernardo Palacios Dorado
murió y que en esta acción fue reconocido en el grupo de interesados. Aportó
certificado civil de defunción y prueba de la unión marital de hecho.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

El señor Carlos Julio Caro Hernández aportó memorial en el que informa que actúa
en nombre propio como actor en la presente acción de tutela, «la cual suscribí desde
el momento de su radicación. De igual manera, hago parte del listado de demandantes
dentro de la acción de reparación directa adelantada ante el Consejo de Estado,
proceso que fue decidido mediante sentencia desfavorable para los demandantes,
circunstancia que motivó la interposición de la presente acción constitucional.»

En la calidad en la dice intervenir, solicitó la protección de los derechos al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad vulnerados por las
decisiones judiciales antes mencionadas.

Los señores José Eduardo Cantor Sierra, José Elicio Cubillos Santana y Loren
Oliver Margarita Alcantar Borda presentaron memorial conjunto de 16 de marzo de
2026, en el que solicitaron ser tenidos como intervinientes. La señora Olga María
Castellanos Sanabria elevó igual solicitud mediante memorial de 18 de marzo de
2026.

La señora Flor Carmen López Sierra manifestó que actúa en nombre propio, que
tiene un interés legítimo en el resultado de la presente acción y que coadyuva las
pretensiones de la demanda.

Los señores Álvaro Sánchez y Eliécer de Jesús Valero, en memorial conjunto de
16 de marzo de 2026 presentado por algunos actores y terceros con interés,
manifestaron su intención de ser reconocidos como intervinientes en esta acción de
tutela.

El señor Uriel Eduardo Gamba Bautista manifestó que actúa en nombre propio, que
tiene un interés legítimo en el resultado de la presente acción y que coadyuva las
pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo
de Estado vulneró los derechos fundamentales y garantías al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, dignidad humana, prevalencia del derecho
sustancial y la vigencia del orden justo de los actores por un presunto defecto
sustantivo en la sentencia de 26 de marzo de 2025, dictada en segunda instancia en
el proceso de reparación directa (rad. 50002326000-2008-00545-01), en la cual
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

modificó la decisión de primera instancia, pero mantuvo la decisión de negar las
pretensiones de la demanda promovida por los ahora tutelantes para que se declarara
el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la solicitud de amparo al no
cumplirse el requisito general de relevancia constitucional porque los argumentos
planteados por los actores resultan insuficientes para advertir una posible vulneración
de los derechos fundamentales invocados y la acción de tutela se usa como una
instancia adicional.

Para resolver la controversia, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) relevancia constitucional como requisito
general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y;
(iii) análisis del caso concreto.

Previo a realizar el correspondiente estudio es necesario resolver unas solicitudes de
vinculación y desvinculación.

Legitimación en la causa por pasiva y terceros interesados

En el sub examine, de un lado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva. Empero, la Sala
no accederá a esa solicitud porque acudió al presente trámite en calidad de
representante legal de la Rama Judicial, a la que se vinculó como tercero interesado
porque fue la parte demandada en el proceso de reparación directa. En igual sentido
debe decidirse frente a la Fiscalía General de la Nación que también advierte falta de
legitimación en la causa por pasiva; sin embargo, actuó como demandada en el
referido juicio ordinario.

De otro lado, se observa que los señores José Eduardo Cantor Sierra, José Elicio
Cubillos Santana, Olga María Castellanos Sanabria y Loren Oliver Margarita Alcantar
Borda dieron cumplimiento al requerimiento realizado en el auto de 13 de febrero de
2026 al manifestar su intención de ser intervinientes. En consecuencia, se les tendrá
como terceros con interés.

En lo atinente a la señora Hilda Concejo Buitrago Guerrero, se verificó que actuó como
demandante en el proceso de reparación directa, en calidad de compañera
permanente del señor Jorge Bernardo Palacios Dorado (qepd), por lo que procede su
vinculación. Igualmente, se constató que la señora Nancy Alejandra Daza Gómez
actuó como demandante en el juicio ordinario, como hija del señor Antonio José Daza
(qepd), por lo que se aceptará como tercero con interés.

Frente a los señores Carlos Julio Caro Hernández y Flor Carmen López Sierra se
verificó que actuaron como demandantes en el proceso de reparación directa, razón
suficiente para reconocerlos como terceros con interés.

No se decidirá en igual sentido frente a los señores Álvaro Sánchez, Eliécer de Jesús
Valero y Uriel Eduardo Gamba Bautista porque no figuran como demandantes en el
proceso ordinario, cuyas decisiones aquí se cuestionan.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 5, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales6 y específicas7 de procedencia de la
acción de tutela.

Relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección,
tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez
de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, y (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 9.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

5
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
6
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
7
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
8 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
9 Ibidem.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

Análisis del caso concreto

Se observa que el señor Félix Hernando Culma Capera y los demás actores dirigen la
acción de tutela contra las sentencias de 13 de noviembre de 2014 y de 26 de marzo
de 2025, proferidas en primera y segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, respectivamente, que negaron las pretensiones de la
demanda de reparación directa promovida por ellos (rad. 25000-23-26-000-2008-
00545-00/01),

Los actores alegan la presunta vulneración de sus derechos y garantías
constitucionales por las autoridades judiciales antes referidas al no declarar el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, a pesar de que se
aportaron todos los elementos probatorios que así lo acreditaban, así como de los
graves daños y perjuicios causados.

Para retomar el contexto, el señor Félix Hernando Culma Capera y su familia junto
con otras 151 familias promovieron acción de reparación directa contra la Nación-
Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación al considerar que debían
declararse responsables administrativa y solidariamente por la falla en el servicio por
el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ante la dilación del
proceso penal que produjo la prescripción de la acción penal en la que habían
constituido como parte civil.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C conoció
en primera instancia del proceso bajo el radicado 25000-23-26-000-2008-00545-00 y
dictó sentencia de 13 de noviembre de 2014 en la que: (i) negó las pretensiones de
la demanda; (ii) declaró la falta de legitimación en la causa por activa de 76
demandantes; (iii) saneó una nulidad; y (iv) declaró la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Fiscalía General de la Nación.

Se refirió al trámite procesal y a las decisiones judiciales dictadas en el proceso penal
tramitado por el Juzgado Penal de Zipaquirá y por el Juzgado 48 Penal del Circuito de
Bogotá. Posteriormente, analizó la normativa y jurisprudencia que regía para la época
la institución de la acción civil en el proceso penal y la posibilidad de los demandantes
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

de obtener reparación de los perjuicios presuntamente causados por el delito de
estafa.

Concluyó que, si bien la declaratoria de la prescripción de la acción penal declarada
por la Corte Suprema de Justicia impedía, en principio, acudir a la jurisdicción civil
para obtener el resarcimiento del daño causado a los demandantes por el delito de
estafa, lo cierto era que los demandantes que se constituyeron en parte civil en el
proceso penal adelantado por el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá, lograron el
reconocimiento de sus créditos (dineros entregados para adquirir una solución de
vivienda) en el proceso liquidatorio adelantado por la sociedad Vivienda Social
Limitada (Visocol Ltda), tal reconocimiento lo lograron como consecuencia de un fallo
de tutela. En ese entendido, el daño antijurídico no se causó.

Distinto escenario se predica de aquellos demandantes que se constituyeron como
parte civil, pero no fueron reconocidos como acreedores en el proceso liquidatorio de
Visocol. En su caso se configura un daño antijurídico porque «quedaron imposibilitados
para iniciar una acción civil por los perjuicios acaecidos a consecuencia del delito de estafa
del que fueron objeto, con ocasión de la declaratoria de la prescripción de la acción penal».

Empero, al estudiar los demás elementos de responsabilidad, respecto de la actuación
de cada una de las demandadas, no encontró que el daño les fuera imputable. Sostuvo
que no se acreditó el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
porque la dilación del trámite que llevó a la declaratoria de prescripción de la acción
no fue consecuencia de la inoperancia u omisión injustificada de la administración de
justicia sino a que el proceso penal tuvo su origen en una multiplicidad de denuncias,
existió acumulación de procesos, posterior «desacumulación» y, nuevamente, una
acumulación, además de múltiples solicitudes en la audiencia pública y en el trámite
de conciliación, ello sin contar la interposición de recursos propuestos no solo por los
enjuiciados sino por las víctimas. Solicitudes y recursos que fueron resueltos uno a
uno para garantizar el derecho al debido proceso.

Además, no encontró manifestación alguna en el proceso penal de la parte civil por
mora del proceso, lo que desvirtúa «la supuesta desidia o indolencia que la parte actora
endilga a las entidades demandadas».

La decisión de primer grado fue apelada por los demandantes. En lo que se refiere a
los asuntos procesales, sostuvieron que sí tenían legitimación por activa los
demandantes que no fueron parte civil, pues son víctimas y tienen derecho a la
reparación. Aseguraron que la fiscalía sí tenía legitimación porque omitió su deber de
implementar las medidas adecuadas y efectivas para restablecer el derecho de las
víctimas y no le dio celeridad ni impulsó el proceso penal para evitar retardos
injustificados.

Indicaron además que existió un error judicial y un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. Que, las víctimas directas y familiares no tenían el deber
jurídico de soportar las consecuencias dañinas provocadas con la acción y/o omisión
de las demandadas.

Consideraron que en este caso existe un nexo causal entre el hecho y el daño
causado. Como hecho destacan la diligencia de los demandantes en acudir a la
justicia penal a denunciar el delito del que fueron víctimas. Sin embargo, en la
investigación penal se presentaron varios errores, como la nulidad de dos sentencias
condenatorias, así como la demora injustificada del aparato judicial que derivó en la
declaratoria de la prescripción de la acción penal.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

En concreto, explicaron que el error judicial también se predica de la providencia de 2
de marzo de 2000, en la que el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá decretó la
acumulación. Tal acumulación era improcedente, conforme con la Ley 600 de 2000,
tal como lo indicó el 25 de febrero de 2003 el Tribunal Superior de Cundinamarca, al
resolver el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida el 19 de diciembre
de 2001. Agregaron que esa acumulación, su posterior nulidad y, finalmente, rehacer
la actuación implicó que se perdieran 3 años, hasta el 7 de abril de 2003, fecha en que
se asignó el proceso al Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá.

En relación con el defectuoso funcionamiento, señalaron que el daño antijurídico se
causó porque el recurso extraordinario de casación se interpuso antes de que la
acción penal estuviera prescrita y fue el lapso injustificado de la Corte Suprema el que
contribuyó a la prescripción de la acción. Alegaron que esa corporación «debió
estudiar el caso de manera diligente, antes de que la acción prescribiera y no
demorarse aproximadamente un año para admitir la demanda de casación […]».

Agregaron que «el retardo injustificado por parte de la Corte Suprema de Justicia se enmarca
en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia debido a que las familias que
depositaron su confianza en el señor Mariano Porras sufrieron un daño antijurídico no solo
económico, sino también enmarcado en la falta de justicia, en la perpetuación de la impunidad
y en la falta de reparación a que tenían derecho».

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B resolvió el asunto en segunda
instancia mediante sentencia de 26 de marzo de 2025, en la que modificó la decisión
de primer grado y su parte resolutiva quedó así:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 13 de noviembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, la cual quedará así:

Primero: Declarar la falta de legitimación activa en la causa de Arias Laura, Basto Castro
Diana Patricia, Bernal Andrés, Bernal Juan, Bernal Laura, Caro Nelson, Colorado
Alejandro, Flores Juan Carlos, Gutiérrez Ángela, Méndez Carmen, Nieves Zoraida,
Orejuela Jonathan, Ortiz Iván Ramiro, Ortiz Nelcy Katherina, Ortiz Zuly Ximena, Pardo
Ulloa Oswaldo, Rubio Basto David, Vega Castro Diva y Vega Castro Inés.

Segundo: Tener por saneada la nulidad por carencia de representación de los señores
Carmen Rosa Castro, Diana López, Milton Ferney Sánchez y Rafael Calderón, conforme
a los expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Negar las pretensiones de la demanda.

Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.

[…]

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se sustentó en las siguientes consideraciones. En lo referido a los
asuntos procesales, revocó la decisión que declaró la falta de legitimación en la causa
por activa de los demandantes que no presentaron demanda de acción civil por
tratarse de un argumento de fondo con el que se determina la certeza y la existencia
del daño antijurídico.

También revocó la decisión que declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Fiscalía General de la Nación porque la razón que tuvo el a quo corresponde a
un análisis de imputación del daño y no a un problema de legitimación en la causa. Y

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

confirmó la falta de legitimación de 19 demandantes que no acreditaron su interés en
el proceso de reparación directa.

El asunto de fondo lo abordó en relación con el alegado daño y el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia. Frente al primero, evidenció que la
prescripción de la acción penal no impedía que los acreedores acudieran al proceso
de liquidación de Visocol Ltda., para ser reconocidos con esa calidad, como hicieron
algunos demandantes; que en efecto resaltó el fallador de primer grado y nada dijo la
parte apelante.

No desconoció que las personas que fueron víctimas de las estafas eran vulnerables
y de escasos recursos, pero advirtió que no puede aceptarse que «el Estado sea el
garante patrimonial y el llamado a responder por los actos delictivos cometidos por terceros.»
Reconoció que se intentó responsabilizar al señor Porras Buitrago, pero en el
transcurso del proceso penal ocurrió la prescripción de la acción por el paso del
tiempo. De todas maneras, insistió en que había otro camino para resarcir los daños
ocasionados, máxime si el término para concurrir a presentar las reclamaciones de
los acreedores transcurrió con posterioridad a la declaratoria de prescripción de la
acción penal.

Ahora bien, respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
por parte de la Fiscalía, alegado por la demandante en la apelación, sostuvo que no
corresponde a un cargo de la demanda, pues en ese escrito se incluyen afirmaciones
genéricas respecto de la administración de justicia, relacionadas con la mora.
Entonces, señaló que esa entidad no incurrió en esa falla, lo que sustentó de la
siguiente manera:

En todo caso, la Sala debe indicar que la prescripción de la acción penal no pudo ocurrir
por un defectuoso funcionamiento de la Fiscalía porque, de conformidad con el artículo
86 de la Ley 599 de 2000, que se aplicó para resolver la prescripción de la acción penal,
con la presentación de la resolución de acusación se interrumpe la prescripción de la
acción penal y el término empieza a correr de nuevo para desarrollar la etapa de juicio.
Luego, la Fiscalía cumplió con su deber y presentó la resolución de acusación y,
adicionalmente, de acuerdo con el Código Penal, cuando la Rama Judicial iniciaba la
etapa de juicio, el término de prescripción empezó a contar. Ello sin contar que, en todo
caso, el tiempo que el asunto estuvo en investigación, tampoco resulta desproporcionado
si se tiene en cuenta la complejidad del proceso, el número de denuncias, la solicitudes
de acumulación y las nulidades y recursos que acompañaron el proceso.

Ahora, en lo que se refería a la Corte Suprema de Justicia, la Sección Tercera del
Consejo de Estado no encontró prueba alguna en el expediente de negligencia,
desidia o descuido de esa alta corte. Observó que lo que se demostró fue que,
mediante sentencia de 25 de octubre de 2005, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del
Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá, en la que además se negó la prescripción
porque la resolución de acusación cobró firmeza a partir del 21 de enero de 2000, así
que a esa fecha (25/10/2005) no ocurría tal fenómeno.

También advirtió probado que, entre la fecha de la sentencia de segunda instancia
(25/10/2005) y la decisión de la Corte Suprema de Justicia (31/10/2006) transcurrió
aproximadamente un año, tiempo que no resultaba exagerado, excesivo o
desproporcionado, sobre todo por el traslado que debió surtirse para la interposición
de las demandas de casación y por la evidente complejidad del asunto en el que, como
lo indicó el a quo, existieron múltiples denunciantes, tránsitos legislativos, nulidades,
acumulaciones, «desacumulaciones», recursos ordinarios, solicitudes de conciliación,
entre otros.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

En consecuencia, concluyó que «no es cierto como lo afirma el demandante que la Corte
Suprema de Justicia se hubiera demorado “un año en admitir la demanda de casación”
comoquiera que no es cierto que la Corte hubiera recibido el expediente al día siguiente de
que se profirió la sentencia de segunda instancia. Lo anterior si se tiene en cuenta que esa
decisión debía notificarse y cobrar ejecutoria, la secretaría debía correr el traslado de 30 días
hábiles y, finalmente, remitir el expediente. Además, no existe prueba de que el tribunal se
hubiera demorado irrazonablemente e injustificadamente en su envío y la Corte en
pronunciarse.»

En este punto, resaltó que, tal como lo advirtió la Corte Suprema de Justicia, la
prescripción operó antes de que el expediente llegara a esa corporación. En efecto,
observó que la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá fue del
25 de octubre de 2005 y tres meses después, ocurrió la prescripción de la acción
penal, esto es, el 21 de enero de 2006.

Por último, advirtió que la parte apelante, en su recurso, se limitó a indicar que existió
un «retardo injustificado» por parte de esa corporación, pero no indicó las pruebas que
lo acreditaban ni explicó por qué el referido lapso era arbitrario. Y, los demandantes
no revisaron que, incluso, la misma Corte Suprema de Justicia señaló que la acción
penal prescribió antes de que el expediente hubiera llegado a esa Corte. Lo que
significa que «incluso, si la Corte hubiera tardado, por ejemplo, un día en pronunciarse, el
resultado habría sido el mismo, pues se imponía declarar la prescripción de la acción penal.»

De las anteriores consideraciones, la Sala observa que el fallador de segunda
instancia de manera juiciosa abordó los cargos de apelación y el asunto sometido a
su conocimiento quedó resuelto de manera definitiva. Significa que la controversia que
los actores traen en sede de tutela quedó definida por los jueces naturales en el
escenario dispuesto para ese fin, es decir el proceso de reparación directa.

Como se advirtió al inicio de este capítulo, los actores acuden a la presente acción de
tutela para que se deje sin efecto la sentencia de 26 de marzo de 2025 porque el
sentido de esa decisión transgrede sus derechos fundamentales y, en esencia, les
impide lograr la reparación de los daños causados como consecuencia del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia. Y se limitan a insistir en la demora del
proceso penal que provocó la declaratoria de prescripción.

Los anteriores argumentos que sustentan la solicitud de tutela no resultan suficientes
para advertir la presunta amenaza o vulneración de derechos y garantías
constitucionales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, dignidad
humana, prevalencia del derecho sustancial y la vigencia del orden justo. Es necesario
exponer razones de fondo, serias y contundentes con las que el juez de tutela pueda
advertir un presunto desconocimiento de los derechos invocados, no basta con alegar
que la referida decisión judicial los desconoció sin una argumentación profunda, que
logre desvirtuar la simple intención de usar este mecanismo como una instancia
adicional.

En efecto, del escrito de tutela se advierte que los actores exponen consideraciones
generales sobre la afectación y traumatismos sufridos, pero no cómo resultan
vulnerados realmente los derechos invocados con el fallo que atacan. Así que, en la
solicitud de tutela no se indicó una afectación grave, real y actual de derechos
fundamentales que justifique la intervención excepcional del juez constitucional.

En ese orden, la acción de tutela no es el escenario para exponer inconformidades
frente a las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, salvo que los tutelantes

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

logren demostrar una afectación grave de derechos fundamentales que haga posible
de manera excepcional un estudio de fondo por parte del juez de tutela.

Además, en este caso, se acredita que los actores lo que pretenden es que el juez
constitucional retome el estudio de los cargos del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 13 de noviembre de 2014 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con los que insistieron en la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades judiciales por
el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que, a su juicio, se
tradujo en una demora que produjo la prescripción de la acción penal y cercenó la
posibilidad de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados con el delito de
estafa cometido por el señor Mariano Porras Buitrago.

En esa línea, no es procedente que los demandantes utilicen como instancia adicional
la presente acción de tutela para reabrir el debate surtido en el proceso de reparación
directa rad. 25000-23-26-000-2008-00545-01, en el cual la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado concluyó que no se reunieron los elementos para
declarar responsable a la Rama Judicial por el daño causado. En concreto, como se
expuso en párrafos precedentes, esa Corporación sostuvo que no era posible imputar
responsabilidad a las demandadas porque no se acreditó una conducta negligente ni
descuidada constitutiva de un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia.

Por último, como lo ha reiterado esta Sala, en los casos en que la tutela se dirige
contra una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte Constitucional 10 ha
establecido un requisito adicional de procedencia, en el sentido que se constate la
configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del
juez constitucional.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional, lo que la torna improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Reconocer como terceros interesados en las resultas de la presente acción de
tutela a los señores José Eduardo Cantor Sierra, José Elicio Cubillos Santana, Olga
María Castellanos Sanabria, Loren Oliver Margarita Alcantar Borda, Hilda Concejo
Buitrago Guerrero, Nancy Alejandra Daza Gómez, Carlos Julio Caro Hernández y Flor
Carmen López Sierra.
3. Negar la vinculación de los señores Álvaro Sánchez, Eliécer de Jesús Valero y Uriel
Eduardo Gamba Bautista, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

10
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU 573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06020-00
Demandante: Felix Hernando Culma Capera y otros

4. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Félix Hernando
Culma Capera y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.