Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00545-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00545-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2008-00545-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
26 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025
Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma Copera y otros
Demandado: Nación –Rama Judicial – y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: prescripción de la acción penal / la acción prescribe respecto del penalmente
responsable / defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado porque la Corte Suprema de Justicia
declaró la prescripción de la acción penal cuando se surtía el recurso extraordinario de casación.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la Sentencia de 13 de noviembre de 2014, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Descongestión,
negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 31 de octubre de 20082, Félix Hernando Culma junto y su familia con 151
familias más, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron
demanda contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación. A
continuación, se relacionan los demandantes3:
1 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación el 9 de
septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la
administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia el Consejo
de Estado. Expediente No. 2008 00009.
2 Folio Fl. 726 reverso del Cuaderno principal
3
En los cuadros se registra al representante víctima directa de cada una de las 152 familias demandantes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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1 Ariza de Cruz Georgina
2 Alvarado Tulia Teodula
3 Bermúdez Sánchez Fernando
4 Bastidas Gil Dora Inés
5 Bohórquez Acosta Ana Dilsa
6 Alcantar Jesús Antonio
7 Aponte Limas María Elena
8 Arango Estada Jorge Eliecer
9 Abaunza Rodríguez María Amparo
10 Barreto Arguello Clemente
11 Arango Rodríguez Ruby Adriana
12 Arango Rodríguez Wilmar Erneyder
13 Ávila de Parra Rosabel
14 Ariza Velasco Misael
15 Avellanada Aza Rafaela
16 Buelvas Arroyo Cristo Manuel
17 Andrade Quintero Enelia
18 Aguirre López Pedro Javier
19 Alarcón Tunarosa María Concepción
20 Bustos González Juan de Dios
21 Carillo Gómez Flor Elva
22 Caro Arias Carlos Andrés
23 Caro Camargo Rubén Darío
24 Carvajal María Rosalía
25 Castellanos Carlos
26 Castillo Clavijo Pedro Libardo
27 Castillo Viuda de Vargas Ana Beatriz
28 Castro de Basto Carmen Rosa
29 Castro María Eugenia
30 Castro Rayo Rodolfo
31 Castro Vásquez Lilia
32 Chavez Chavez Rubén Iván
33 Cruz Ana Silvia
34 Cruz Pinzón Ana María
35 Cubides Gutiérrez Luis Alberto
36 Cubillos Castillo Ángel Augusto
37 Cuellar Peña María Oliva
38 Culma Félix Hernando
39 Daza Antonio José
40 Estrada Retiz José Lisandro
41 Ferrucho Melo José María
42 Galeano Ariza Zoraida
43 Gamba Bautista Ariel Eduardo
44 García Palacio María Alis
45 Gómez Araque Alberto
46 Gómez Díaz Juan Bautista
47 Gómez Moreno Carmen Teresa
48 González Forero Edgar Orlando
49 González García María Obeilda
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Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
_____________________________________________________________________________________________________________________
50 González Romero María Dilma
51 Guiza Barreto Margarita
52 Gutiérrez Rodríguez Luz
53 Guzmán Arias Florentino
54 Guzmán Lugo José Egidio
55 Guzmán Perilla María de los Ángeles
56 Hernández López Jorge
57 Hernández Luis Alonso
58 Hernández Patiño José Ignacio
59 Herrera Vargas María Graciela
60 Medellín Moreno María Olga
61 Jiménez Rodríguez Ana Elvia
62 Joba Baquiro María
63 Lamprea Arias Amanda
64 Lampresa Arias Nelson Rodrigo
65 Leguízamon Cucaita Eduardo
66 León Gómez José del Carmen
67 Loaiza García María Silvia
68 López López Gustavo
69 López Sierra Jaime Alberto
70 Malagón de Agudelo Teresa de Jesús
71 Manzano Lasso Yuri
72 Martín Moreno Gloria Adriana
73 Martínez María Alcira
74 Mayorga Paiva Lucila
75 Medellín Moreno Adela
76 Medina Alfonso
77 Méndez Castañeda Carmen Rosa
78 Millán Acosta José
79 Millán Dominga Esteban
80 Molano de González Martha Cecilia
81 Morales Jiménez Gloria Inés
82 Moreno Ángel María
83 Moreno Guzmán Santos
84 Moreno Merchán Margarita
85 Muñoz Gómez Luz Marina
86 Muñoz Pinzón María Josefina
87 Muñoz Topaga Ana Teresa
88 Murillo Otalora Joselin
89 Niño Torres Martha
90 Orejuela Nestor
91 Ortiz Bohórquez Ramiro
92 Ortiz Julio Cesar
93 Ortiz Sánchez Efrén
94 Pachón Robayo Graciela
95 Palacios Dorado Jorge Bernardo
96 Parra Gutiérrez Rafael
97 Parra Quiñones Oscar Alberto
98 Parra Quiñonez Myriam
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Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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99 Parrado Néstor Hernán
100 Patiño Vargas Lilia
101 Peña Tovar Gloria Ligia
102 Piza de Estada Flor de María
103 Porras Bohórquez Edgar Antonio
104 Portes de Rincón María Blanca
105 Prieto Briceño Francisco
106 Quiroga Castañeda Hilda María
107 Ramírez Fonseca Leovigilda
108 Ramírez Fonseca María Luisa
109 Ramírez Ramírez Luis Jorge
110 Rincón de Calderón Julian Elena
111 Rincón de Rivera Julia Margoth
112 Rincón Martínez María Elisa
113 Rincón Ochoa Jairo Humberto
114 Rincón Ochoa Luis Felipe
115 Rodríguez Urquijo Jesús Nicolás
116 Rodríguez Albarracín José Gustavo
117 Rodríguez Camacho Mercedes
118 Rodríguez de Acosta Florinda
119 Rodríguez de Silva Luz Marina
120 Rodríguez Gómez Gustavo
121 Rodríguez Juan Carlos
122 Rodríguez Pachón Javier
123 Rodríguez Rodríguez Rosa Delia
124 Rojas José Desiderio
125 Romero Alonso María Helena
126 Rodríguez de Moreno Bertha
127 Roso Gladis
128 Saenz Contreras Diana
129 Saenz Misael
130 Salcedo López Pablo Antonio
131 Sánchez Cabrera Isidro
132 Sánchez Prieto Alberto
133 Santa Cortés Carmen Elisa
134 Serrato Santa Rubiel Eduardo
135 Sierra Castro María Catalina
136 Sierra de Cantor María del Carmen
137 Silva Esquivel Edilberto
138 Suárez José Ignacio
139 Tabares García Yulied
140 Téllez de Sanabria Elvia Cecilia
141 Téllez Téllez Octavio
142 Tique Arias Jorge Mario
143 Tique Cartagena Nohora
144 Toloza Holguín Evangelina
145 Traslaviña Herreño Elga María
146 Trujillo Luzmila
147 Ulloa de Pardo Virgelina
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Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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148 Ulloa Tamayo María Nelly
149 Vargas Arévalo Cecilia
150 Vargas Rincón Edgar Guillermo
151 Velásquez Rosa
152 Villamil Cañón Álvaro
2. En la demanda solicitaron las siguientes declaraciones y condenas (se
trascribe):
“PRIMERO: Que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación son
responsables administrativa y solidariamente por la falla en el servicio, de todos los daños
y perjuicios tanto, materiales o patrimoniales, como extrapatrimoniales (daño a la vida
de relación, daños morales y vulneración de derechos como el debido proceso, la
igualdad ante la ley, la vivienda, el trabajo, el derecho de personalidad jurídica, el libre
desarrollo de la personalidad y la dignidad humana) ocasionados a [152 familias] (…)
por el error jurisdiccional que generó el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia del que fueron víctimas, ocasionando por la declaración de la prescripción
de las acciones penal y civil derivada, según decisión de 31 de octubre de 2006, de la
Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal contra Mariano Porras Buitrago y
otros, en el cual reclamaba la justicia y la reparación de perjuicios y/o donde tenían
interés en el acceso a la justicia y la sanción de los responsables del delito de estafa
agravada y otros”.
3. Los perjuicios reclamados se resumen así:
Demandante Tipo de perjuicio Valor
152 familias Perjuicio material Los que resulten probados
200 SMMLV por cada integrante
152 familias Perjuicio moral
afectado de la familia
200 SMMLV por cada integrante
152 familias Daño a la vida de relación
afectado de la familia
800 SMMLV por cada integrante
152 familias Daño por la violación de derechos fundamentales
afectado de la familia
Adicionalmente, se solicitó:
“Sexta: Que, como consecuencia de la declaración de responsabilidad de la Nación
(…) se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y/o a la Fiscalía General de la
Nación o la entidad que haga sus veces, la celebración de un acto conmemorativo
en donde se reconozca la responsabilidad estatal y se soliciten disculpas públicas a
los demandantes por el error jurisdiccional que generó el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia del que fueron víctimas, ocasionando por la
declaración de la prescripción de las acciones penal y civil derivada, según decisión
del 31 de octubre de 2006 de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal
contra Mariano Porras Buitrago y otros, en el cual reclamaban la reparación de
perjuicios y/o donde tenían interés en el acceso a la justicia y la sanción de los
responsables del delito de estafa agravada y otros. Dicho acto deberá realizarse el
31 de octubre siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia definitiva.
Séptima: Que, como consecuencia de la declaración de responsabilidad de la
Nación (…) se les ordene con cargo a sus presupuestos institucionales la financiación
de un plan de vivienda adecuada en los términos previstos por el pacto internacional
de derechos económicos, sociales y culturales y la observación general No. 4 del
Comité de derechos económicos, sociales y culturales que hace seguimiento al
pacto. (…)
(…)
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Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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Décima4: Condénese a la NACIÓN COLOMBIANA – RAMA JUDICIAL – CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL; FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a implementar un programa de
mejoramiento de vivienda, mediante el cual se provea, generen mejoras,
acomodaciones, adiciones, transformaciones, que permitan generar una vivienda
adecuada, cómoda, amplia y adecuada a las necesidades de cada núcleo familiar
demandante tengan en relación a su vivienda.”
4. Adujeron, como hechos relevantes, los siguientes:
5. 1) El señor Mariano Porras Buitrago, dirigente del movimiento político Unión
Independiente y Renovadora (UNIR) durante los años 1991, 1992 y 1993, junto con
las señoras Marlen Yolanda Pérez Ortiz y Fabiola Peña de Guevara, promovieron
la iniciativa de crear un plan para otorgar viviendas a personas vulnerables,
denominado plan “de autogestión y autoconstrucción para personas de escasos
recursos”.
6. 2) Para cumplir con el plan se crearon 3 entidades: Sociedad Vivienda
Social Limitada -Visocol- (cuyo representante y socio mayoritario era Mariano
Porras), Cooperativa Multiactiva Orión Limitada (dirigida por Fabiola Peña), y
Corporación para el Desarrollo Humano Integral Vivienda Social (“liderada” por
los 3). Aquellas tenían como fin la afiliación de personas interesadas en adquirir
las soluciones de vivienda y el recaudo de dinero aportado por los interesados,
bien con capital económico o de trabajo, para así adquirir el terreno donde se
construiría, los materiales necesarios y la elaboración de dichas viviendas.
7. 4) Con el dinero aportado por “cientos” de personas interesadas, el señor
Mariano Porras compró el predio “Calandamia”, donde se construiría Unir I y el
predio “Altamira”, donde se construiría Unir II.
8. 5) En Unir I, las viviendas fueron construidas y, posteriormente, ocupadas
por los beneficiarios. Sin embargo, pasado un tiempo de la ocupación, la Policía
Nacional y la Alcaldía Local de Kennedy procedió con un desalojo que causó
graves daños a la integridad de las personas que allí se encontraban. En Unir II las
familias nunca recibieron las viviendas.
9. 6) Con ocasión del desalojo que, además, evidenció la ilegalidad de la
actuación del señor Mariano Porras, las personas que resultaron afectadas
iniciaron un proceso penal por el delito de estafa.
10. 7) El 11 de marzo de 1996, la Fiscalía Seccional 176 de la Unidad 8 de Delitos
contra el Patrimonio Económico de Bogotá formuló la primera resolución de
acusación en contra de Mariano Porras Buitrago por infracción al artículo 11 de
la Ley 66 de 19685, en concurso con el delito de estafa agravada por los hechos
4 Tomada de la adición de la demanda folio 818
5 Artículo 11. Incurren en prisión de dos (2) a seis (6) años, quienes sin hallarse registrados ante el Superintendente Bancario
anuncien o desarrollen las actividades de que trata la Ley 66 y el presente Decreto, además de las sanciones que le
corresponda por comisión de otros delitos contemplados en el Código Penal.
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acaecidos en los años 1991, 1992 y 1993. El 28 de junio de 1996, la Fiscalía
Seccional 74 de la Unidad de Delitos Financieros de Bogotá formuló la segunda
resolución de acusación en contra del señor Mariano Porras y otros, por iguales
delitos de la anterior acusación. El 13 de marzo de 1997, la Fiscalía Seccional 100
de la Unidad de Delitos contra le fe pública y el patrimonio, de Bogotá, dictó la
tercera resolución de acusación por el delito de estafa agravada. Todas las
resoluciones de acusación fueron conocidas por el Juzgado 29 Penal del Circuito
de Bogotá.
11. 8) En la etapa de juicio, las tres resoluciones fueron conocidas por el Tribunal
Superior de Bogotá, corporación en la que se declaró la primera nulidad dentro
del proceso penal. Específicamente, se declaró la nulidad de la acusación en lo
relativo a la infracción de la Ley 66 de 1968 comoquiera que, a su juicio, el
conocimiento de esa causa no les correspondía a los juzgados penales del
circuito sino a los municipales. En consecuencia, se envió a los juzgados
municipales (correspondiéndole al Juzgado 39 Municipal de Bogotá) y se
mantuvo en lo que no se declaró la nulidad (delito de estafa).
12. 9) Posteriormente, en virtud de un pronunciamiento de la Corte Suprema
de Justicia de 2 de mayo de 2001, los asuntos que se encontraban en diferentes
despachos (municipales y del circuito) de manera individualizada nuevamente
se acumularon y le correspondieron a la Fiscalía Seccional 74 de la Unidad de
Delitos Financieros. El 15 de diciembre de 1999, la Fiscalía Seccional 74 formuló
nuevamente resolución de acusación contra el señor Mariano Porras Buitrago y
otros por el delito de estafa agravada. La acusación quedó ejecutoriada el 20
de enero de 2000 y reconoció como titulares de la acción civil a una cantidad
considerable de víctimas. Este proceso penal fue conocido por el Juzgado 29
Penal del Circuito de Bogotá.
13. 10) El 29 de abril de 1999, la Fiscalía 2 Seccional de Zipaquirá dictó
resolución de acusación contra el señor Porras Buitrago por infracción a la Ley 11
de 1968, en concurso con el delito de estafa agravada. La etapa de juicio le
correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá que, mediante Auto del
11 de junio de 1999, en respuesta a una petición de los acusados, decretó la
acumulación “de las causas que cursaban en el Juzgado 29 Penal del Circuito
de Bogotá y del Juzgado 39 Penal Municipal”.
14. 11) El 19 de diciembre de 2001, el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá
profirió sentencia condenatoria en contra del procesado Mariano Porras y otros
y, además, sentencia favorable a la parte civil. La decisión fue apelada y, por
reparto, le correspondió al Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Penal.
15. 12) El 25 de febrero de 2003, el Tribunal Superior de Cundinamarca profirió
decisión en la que declaró una segunda nulidad dentro del proceso penal. Esto
es, la nulidad parcial de la actuación respecto de la acumulación que hizo el
Juzgado de Zipaquirá “de las causas que cursaban en el Juzgado 39 Penal
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Municipal”. En consecuencia, resolvió la ruptura de la acumulación procesal
referente a las causas provenientes de la ciudad Bogotá y se ordenó devolver
nuevamente los procesos para que fueran repartidos.
16. 13) El Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante Sentencia de 19 de
junio de 2003, confirmó la sentencia en cuanto a la estafa y a la indemnización
de las víctimas de los hechos ocurridos en Zipaquirá. Contra esa decisión se
interpuso recurso extraordinario de casación que fue resuelto desfavorablemente
por la Corte Suprema de Justicia mediante providencia de 3 de marzo de 2004.
17. 14) Respecto de los procesos que fueron nuevamente repartidos, se indicó
que esa causa la conoció el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá, que profirió
el fallo de primera instancia el 16 de junio de 2005. Ahí condenó a Mariano Porras
Buitrago a las penas principales de 67 meses de prisión y una multa por $ 500.000.
A Fabiola Peña Guevara y Marlén Yolanda Pérez Ortiz a las penas principales de
38 meses de prisión y multa de $ 250.000. Además, se impusieron penas
accesorias. Lo anterior, por encontrarlos coautores de delito de estafa
agravada. Respecto de la condena civil, se resolvió condenar a los sentenciados
en forma solidaria al pago de los perjuicios6.
18. 15) El Tribunal Superior de Bogotá conoció del recurso de apelación y,
mediante fallo de segunda instancia de 25 de octubre de 2005, confirmó “en lo
esencial” el fallo de primera instancia, con algunas modificaciones como el
aumento de la pena de prisión.
19. 16) Contra esa decisión los condenados presentaron recurso extraordinario
de casación. En el traslado para alegar de conclusión, el defensor de Mariano
Porras solicitó que se declarara la prescripción de la acción penal, petición que
se resolvió desfavorablemente previo a conceder el recurso por el Tribunal
Superior de Bogotá.
20. 17) Finalmente, el 31 de octubre de 2006, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, declaró la prescripción de la acción penal del delito de
estafa agravada. En síntesis, señaló que, “[c]omo la resolución de acusación se
profirió el 15 de diciembre de 1999 y la misma alcanzó ejecutoria el 21 de enero
de 2000, es a partir de esta última fecha que procede la contabilización de los 6
años con que contaba el Estado para tramitar la fase de juicio. Dicho lapso se
cumplió el 21 de enero de 2006, mucho antes de que el asunto llegara a la Sala
para adoptar decisión alguna en relación el recurso extraordinario de casación
promovió por los defensores de los procesados, (…)”7.
6 En este punto se indicó que la indemnización se ordenó así: a) valor entregado a las personas $ 534.4 millones, b) valor
actualizado 1.921 millones, c) total intereses 751.9 millones, d) valor horas de trabajo 42.2 millones e) monto total $ 3.280
millones.
7 En esa decisión se resolvió: 1) declarar prescritas las acciones penal y civil derivadas de la conducta punible de Estafa
agravada por la cuantía atribuidas a Mariano Porras Buitrago, Fabiola Peña Guevara y Marlén Yolanda Pérez Ortiz. 2)
Ordenar en consecuencia la cesación del procedimiento adelantado, cancelar las medidas cautelares de embargo y
secuestro del predio Altamira y 3) expedir copias de la actuación al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
– Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con el objeto que se determina la responsabilidad disciplinaria en que incurrió el titular
del Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá.
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21. 18) Paralelo al proceso penal, se explicó que una de las entidades que se
crearon para cumplir con el objetivo de entregar las viviendas -Visocol- fue
liquidada, según lo dispuesto en la Resolución 1453 de 29 de noviembre de 2006,
sin que los demandantes pudieran recuperar la inversión8.
22. Respecto de la configuración del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia se indicó que, “[a] partir del fundamento normativo y
jurisprudencial anterior, puede establecerse que en el proceso penal adelantado
contra Mariano Porras y otros, en los cuales los aquí demandantes fueron víctimas
de dicho delito en masa y que se constituyeron en parte civil conforme la
oportunidad legal permitida, el Estado colombiano desconoció su obligación de
brindar protección integral al debido proceso ya que no tuvo un proceso penal,
expedito y se dilató injustificadamente con el comportamiento irrespetuoso de
los lineamientos penales, causando que las acciones penales y civil derivada
prescribieran y que por ellos las familias demandantes quedaran sin una
reparación integral que le fue reconocida y así mismo que quedara el delito en
la impunidad”.
1.2 Posición de la parte demandada
23. Nación – Rama Judicial contestó la demanda9. Se opuso a la totalidad de
pretensiones de la demanda. En síntesis, adujo que no existía defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia. Precisó que la prescripción de la
acción penal era un hecho normal y que la administración de justicia había sido
eficiente. Agregó que no se entendía cómo los actores pretendían una
cuantiosa indemnización por la prescripción.
24. Nación – Fiscalía General de la Nación contestó la demanda10. Pidió que
se negaran las pretensiones. Argumentó que, de acuerdo con la competencia
legal, la función de la Fiscalía se limitaba a admitir la demanda de constitución
en parte civil y recibir las pruebas, pero en ningún momento tenía la posibilidad
de fallar, facultad que únicamente recaía en el juez. Por ello pidió que se
declarara la falta de legitimación pasiva en la causa11. Agregó que la
investigación de la Fiscalía se dio dentro de los términos de ley y la prescripción
de la acción penal ocurrió solo en la etapa de juicio, cuando el asunto ya
contaba con sentencia de segunda instancia.
8 Al respecto se indicó que, mediante Resolución No. 1 de 1 de noviembre de 2007, se calificaron y graduaron créditos
presentados por los reclamantes que se hicieron parte dentro del proceso liquidatorio de Visocol. Se indicó que se negó
a todos los afectados “muchos de sus derechos”. Agregó que “el agente liquidador, mediante la Resolución No. 8 de
2008 (…) negó el recurso de apelación y rechazó el recurso de reposición por aspectos formales y de error de aplicación
de la normatividad vigente.” Finalmente indicaron que se interpuso una tutela que tuvo fallo de segunda instancia
favorable “a partir de lo cual, la Caja de Vivienda Popular reliquidó los créditos a favor de 72 familias mediante Resolución
de 14 de julio de 2008”. El fallo de tutela no fue seleccionado por la Corte Constitucional.
9 Folios 744-779 del Cuaderno principal.
10 Folios 786 a 799 del Cuaderno principal.
11 En sus palabras señaló: “La Fiscalía (…) no tiene en el caso sub lite legitimación en la causa por pasiva, ya que el único
organismo llamado a comparecer desde el punto de vista sustantivo es la Rama Judicial (…)”
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25. Frente al fondo señaló que: 1) respecto de la investigación explicó que,
pese al gran número de denuncias radicadas, en el mes de junio de 1996 la
Fiscalía cerró la investigación y calificó el mérito del sumario llamando a
responder a juicio a Mariano Porras y otros. Agregó que, en virtud de la nulidad
declarada por el Tribunal Superior de Bogotá, el 8 de noviembre de 1996, que
decidió que había falta de competencia y pidió que las denuncias de estafa se
individualizaran y se tramitaran separadamente, se rehízo la actuación y,
finalmente, el 15 de diciembre de 1999 se los llamó a juicio. 2) Afirmó que “no
debe pasarse por alto que las 152 familias demandantes12 (…) NO ostentan la
condición de damnificados [con la prescripción de la acción penal] por cuanto
no han demostrado y no aportan la prueba alguna, de la constitución en parte
civil dentro del proceso penal adelantado en contra de los señores Mariano
Enrique Porras, Marlen Yolanda Pérez y Fabiola Peña de Guevara”13. 3)
Finalmente indicó que la prescripción de la acción penal y civil, se debió a que
todas las providencias emanadas por los diferentes despachos, ya fueran de la
Fiscalía o de los Juzgados, fueron apeladas repetitivamente tanto por los
defensores como por los abogados de las víctimas.
1.3 Sentencia de primera instancia
26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C de Descongestión, mediante Sentencia de 13 de noviembre de 201414, saneó
una nulidad15, declaró la falta de legitimación pasiva en la causa de la Fiscalía
General de la Nación16, declaró la falta de legitimación activa en la causa de
76 demandantes17 y, finalmente, negó las pretensiones de la demanda respecto
12 Expresamente señaló “las familias 1, 2, 4, 9, 10, 11 y 13 no se constituyeron en parte civil.
Y las familias 2,10 no presentaron
denuncia. Agregó un número determinado de personas que carecían de poder.
13 Agregó que “Es así como la mayoría de los demandantes aportan en este proceso contencioso administrativo
documentos que ellos estiman como prueba de los perjuicios, pero no aportan la prueba principal la cual consiste en
copia auténtica de la demanda de constitución en parte civil ya fuera en el proceso penal o ante la jurisdicción civil y la
constancia de admisión de la misma.”
14 Folios 1295 a 1337 del Cuaderno Principal
15 Al respecto se indicó “Carmen Rosa Castro, Diana López, Milton Ferney Sánchez y Rafael Calderón no presentaron en
debida forma la presente acción de reparación directa, motivo por el cual debería decretarse la nulidad procesal
respecto de estos (…) sin embargo, encuentra la Sala que en recuentes pronunciamientos que comparte esta
Corporación el Consejo de Estado ha señalado que dicha causal es saneable. (…). Esta corporación la tendrá por
saneada.”
16 Para adoptar esa decisión se indicó: “a la Fiscalía General de la Nación no le son imputables los hechos objeto de la
presente demanda, por cuanto la prescripción decretada no incluye la actuación adelantada por esta, lo que es mejor,
proferida la Resolución de Acusación por parte de tal ente, el término prescriptivo de la acción por disposición legal en
materia procesal penal debía comenzar a contarse.”
17 Para adoptar esa decisión se dividió al grupo de demandantes sin legitimación activa en la causa en dos partes.
Respecto de los primeros, se indicó que “no allegaron al proceso prueba documental que demuestre la calidad de
afectados y su relación con la víctima directa”:
1 Arias Laura
2 Basto Castro Diana Patricia
3 Bernal Andrés
4 Bernal Juan
5 Bernal Laura
6 Caro Nelson
7 Colorado Alejandro
8 Flores Juan Carlos
9 Gutiérrez Ángela
10 Méndez Carmen
11 Nieves Zorahida
10 de 20
Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
_____________________________________________________________________________________________________________________
12 Orejuela Jonathan
13 Ortiz Iván Ramiro
14 Ortiz Nelcy Katherina
15 Ortiz Zuly Ximena
16 Pardo Ulloa Oswaldo
17 Rubio Basto David
18 Vega Castro Diva
19 Vega Castro Inés
Respecto de los segundos, se indicó que “no fueron reconocidos como parte civil dentro del proceso penal adelantado
por el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá, en consecuencia, no les fue reconocido perjuicio alguno por parte del
órgano judicial antes mencionado ni por el Tribunal Superior de Bogotá, conforme se evidencia en sentencia de primera
instancia, por lo tanto, la prescripción de la acción penal por parte de la Corte Suprema de Justicia no guarda relación
con estos.” Se trató de los siguientes:
1 Bermúdez Sánchez Fernando
2 Bohórquez Acosta Ana Dilsa
3 Alcantar Jesús Antonio
4 Aponte Limas María Elena
5 Arango Estada Jorge Eliecer
6 Arango Rodríguez Ruby Adriana
7 Bustos González Juan de Dios
8 Carillo Gómez Flor Elva
9 Caro Arias Carlos Andrés
10 Caro Camargo Rubén Darío
11 Castro de Basto Carmen Rosa
12 Castro María Eugenia
13 Castro Rayo Rodolfo
14 Cruz Pinzón Ana María
15 Cubillos Castillo Ángel Augusto
16 Culma Félix Hernando
17 Ferrucho Melo José María
18 García Palacio María Alis
19 Gómez Díaz Juan Bautista
20 Guiza Barreto Margarita
21 Gutiérrez Rodríguez Luz
22 Hernández López Jorge
23 Hernández Luis Alonso
24 Hernández Patiño José Ignacio
25 Herrera Vargas María Graciela
26 Medellín Moreno María Olga
27 Leguízamon Cucaita Eduardo
28 López López Gustavo
29 Malagón de Agudelo Teresa de Jesús
30 Manzano Lasso Yuri
31 Martín Moreno Gloria Adriana
32 Martínez María Alcira
33 Millán Acosta José
34 Morales Jiménez Gloria Inés
35 Moreno Guzmán Santos
36 Orejuela Néstor
37 Ortiz Bohorquez Ramiro
38 Ortiz Julio Cesar
39 Parrado Néstor Hernán
40 Piza de Estada Flor de María
41 Porras Bohórquez Edgar Antonio
42 Rincón Martínez María Elisa
43 Rincón Ochoa Jairo Humberto
44 Rincón Ochoa Luis Felipe
45 Rodríguez Urquijo Jesús Nicolás
46 Rodríguez Camacho Mercedes
47 Rodríguez de Silva Luz Marina
48 Rodríguez Gómez Gustavo
49 Rojas José Desiderio
50 Sánchez Cabrera Isidro
51 Suárez José Ignacio
52 Téllez de Sanabria Elvia Cecilia
53 Tellez Tellez Octavio
54 Tique Arias Jorge Mario
55 Traslaviña Herreño Elga María
56 Trujillo Luzmila
57 Ulloa Tamayo María Nelly
11 de 20
Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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de la Rama Judicial por considerar que no se configuró un defectuoso
funcionamiento de administración de justicia.
27. Después de analizar el trámite procesal y las decisiones judiciales
adoptadas dentro del proceso penal tramitado por el Juzgado Penal de
Zipaquirá y por el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá, estableció que, frente
aquellos demandantes que sí se constituyeron como parte civil dentro del
proceso penal y no fueron reconocidos como acreedores dentro del proceso
liquidatorio de Visocol18, sí se configuró un daño antijurídico porque “quedaron
imposibilitados para iniciar una acción civil por los perjuicios acaecidos a
consecuencia del delito de estafa del que fueron objeto, con ocasión de la
declaratoria de la prescripción de la acción penal”.
28. Respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
concluyó que no se acreditó porque la dilación del trámite que conllevó a la
declaratoria de prescripción de la acción no se ocasionó por la inoperancia e
ineficiencia de la administración de justicia sino porque el proceso penal tuvo su
origen en una multiplicidad de denuncias, existió acumulación de procesos,
posterior “desacumulación” y, nuevamente, una acumulación, además de
múltiples solicitudes en la audiencia pública y en el trámite de conciliación, ello
sin contar la interposición de recursos propuestos no solo por los enjuiciados sino
por las víctimas. Además, indicó que no se advertía manifestación alguna de la
parte civil respecto de la mora del proceso “lo cual desvirtúa la supuesta desidia
o indolencia que la parte actora endilga a las entidades demandadas”.
Finalmente, como no advirtió temeridad de la parte demandante se abstuvo de
18 Indicó que frente a determinados demandantes que a continuación se relacionan no se constituyó un daño antijurídico
porque: “a pesar de la decisión de prescripción de la acción penal dentro de la cual hacían parte civil, lo cierto es que
se hicieron parte dentro del proceso liquidatorio en mención, logrando el reconocimiento de sus acreencias sin que se
tenga conocimiento del resultado final respecto al pago. Reitera la Sala, el reconocimiento dentro del proceso liquidatorio
de VISOCOL permitió a los antes citados demandantes, ser reconocidos como acreedores, situación esta que permitirá
en su momento obtener el pago de los dineros entregados por los mismos al señor Mario Enrique Porras y que en últimas
se constituye en el daño, cuya reparación se pretende, causado por el delito de estada en el que incurrió el señor porras.”
1 Bohórquez Acosta Ana Dilsa
2 Barreto Arguello Clemente
3 Aguirre López Pedro Javier
4 Alarcón Tunarosa María Concepción
5 Carillo Gómez Flor Elva
6 Castellanos Carlos
7 Chávez Chávez Rubén Iván
8 Cruz Pinzón Ana María
9 Cubillos Castillo Ángel Augusto
10 Daza Antonio José
11 Gamba Bautista Ariel Eduardo
12 Leguízamon Cucaita Eduardo
13 Martín Moreno Gloria Adriana
14 Moreno Merchán Margarita
15 Murillo Otalora Joselin
16 Parra Gutiérrez Rafael
17 Parra Quiñones Oscar Alberto
18 Parra Quiñonez Myriam
19 Sáenz Misael
20 Silva Esquivel Edilberto
21 Téllez de Sanabria Elvia Cecilia
12 de 20
Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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condenar en costas.
1.4 Recurso de apelación
29. La parte demandante19 apeló el fallo y se pronunció respecto a asuntos
procesales y sustanciales. Frente a los procesales, expresamente alegó lo relativo
a la falta de legitimación de uno de los dos grupos de demandantes y de la
Fiscalía: 1) Respecto de aquellos en los que se indicó que, como no fueron parte
civil, no estaban legitimados, precisó que el solo hecho de no haber sido parte
civil no significaba que no tuvieran la calidad de víctimas y, en esa medida,
como víctimas que debían repararse, sí tenían legitimación. Agregó que, en todo
caso, la calidad de víctima debía definirse en sentencia condenatoria en firme.
2) Respecto de la Fiscalía indicó que sí tenía legitimación porque omitió su deber
de implementar las medidas adecuadas y efectivas para restablecer el derecho
de las víctimas y no le dio celeridad ni impulsó el proceso penal para evitar
retardos injustificados.
30. Respecto del fondo del asunto se pronunció sobre la existencia de un error
judicial y un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Respecto del error judicial señaló que la providencia de 2 de marzo de 2000,
mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá realizó la
acumulación, incurrió en error judicial comoquiera que tal acumulación era
improcedente de conformidad con la Ley 600 de 2000, tal como lo indicó el 25
de febrero de 2003 el Tribunal Superior de Cundinamarca, al resolver el recurso
de apelación en contra de la Sentencia proferida el 19 de diciembre de 2001.
Agregó que esa acumulación, su posterior nulidad y, finalmente, rehacer la
actuación implicó que se perdieran 3 años, hasta el 7 de abril de 2003, fecha en
que se asignó el proceso al Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá.
31. Respecto del defectuoso funcionamiento, después de citar algunos
extractos frente a la mora judicial y a los principios de celeridad y eficiencia
previsto en la Ley 270 de 1996, señaló que el daño antijurídico se causó porque
el recurso extraordinario de casación se interpuso antes de que la acción penal
estuviera prescrita y fue el lapso injustificado de la Corte Suprema el que
contribuyó a la prescripción de la acción. Agregó que esa corporación “debió
estudiar el caso de manera diligente, antes de que la acción prescribiera y no
demorarse aproximadamente un año para admitir la demanda de casación
(…)”. En sus palabras señaló: “como conclusión, el retardo injustificado por parte
de la Corte Suprema de Justicia se enmarca en un defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia debido a que las familias que depositaron su
confianza en el señor Mariano Porras sufrieron un daño antijurídico no solo
económico, sino también enmarcado en la falta de justicia, en la perpetuación
de la impunidad y en la falta de reparación a que tenían derecho”.
19 Folios 1339 a1359 del cuaderno principal
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Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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32. Posteriormente, en el recurso se advierte un acápite denominado
“fundamentos de responsabilidad” que contiene generalidades respecto de la
evolución jurisprudencial del defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, de la responsabilidad por la función judicial y del error judicial; otro
acápite denominado “determinación del hecho – daño y nexo causal” que
contiene generalidades respecto de la responsabilidad estatal, la imputación
fáctica y jurídica, la Ley 270 de 1996 y los presupuestos del error judicial sin que
ahí se advierta un cuestionamiento y un alegación puntual a la decisión de
primera instancia. Por el contrario, lo que se observa son fundamentos legales y
teóricos de la responsabilidad del Estado sin que se desarrolle el caso concreto.
33. Mediante Auto de 7 de diciembre de 2015 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante. Con Auto de 11 de noviembre
de 2016 se negó la solicitud de prelación de fallo que la parte actora pidió. El 10
de mayo de 2018 se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión
y el Ministerio Público rindiera concepto. Las partes presentaron sus alegaciones
en tiempo. El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto20.
34. La parte demandante21 reiteró los argumentos del recurso de apelación y
pidió que se profiriera un fallo célere y próspero comoquiera que dentro de los
distintos grupos familiares existía demandantes que ostentaban la calidad de
sujetos de especial protección constitucional por hacer parte de la tercera edad.
La Fiscalía General de la Nación22 pidió que se confirmara la decisión de primera
instancia. Además de insistir en su falta de legitimación pasiva en la causa, indicó
que el “daño aducido por la parte actora no es cierto debido al carácter
aleatorio de las resultas del proceso penal y adicionalmente los demandantes no
pueden alegar una pérdida de oportunidad”. La Rama Judicial23 señaló que no
se configuró el defectuoso funcionamiento porque si hubo mora judicial, la
misma es atribuible a los enjuiciados24.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar. 2.2. Legitimación en la causa. 2.3.
Análisis sustantivo. 2.4. Sobre la condena en costas.
2.1 Presupuestos procesales y decisión a adoptar
35. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que están
reunidos los presupuestos para dictar sentencia. La de reparación directa es la
20 Folio 1448 del expediente principal
21 Folios 1440 a 1447 del expediente principal
22 Folios 1403 a 1418 del expediente principal
23 Folios 1438 a 1439 del expediente principal
24 En sus palabras señaló: “se tiene que la actuación realizada por el juez y los magistrados, se adecuó al ordenamiento
jurídico y particularmente a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, aunado a que tal como se indicó en
precedencia los demandantes y el imputado señor Mariano Enrique Porras fueron quienes dieron lugar a prolongar la
acción penal siendo este último quien generó algunas de las dilaciones con la inasistencia de su apoderado, procediendo
el juez de la causa a ordenar la compulsa de copias correspondiente.”
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Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños
causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y el
error judicial. Además, la acción se promovió de manera oportuna. En efecto, la
decisión mediante la cual la Corte Suprema de Justicia declaró la prescripción
de la acción penal se profirió el 31 de octubre de 2006. Por tanto, como la
demanda se presentó el 31 de octubre de 2008, la acción se promovió dentro
del término previsto en el artículo 136.8 del CCA.
36. La Sala únicamente estudiará el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia25 alegado porque, si bien en la demanda se aludió a
un error judicial, nunca se explicó cuál era la decisión que lo contenía y mucho
menos se explicó en qué consistía el error26. Adicionalmente, aunque en el
recurso de apelación se indicó que “la providencia de 2 de marzo de 2000,
mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá realizó la
acumulación, contenía un error judicial comoquiera que tal acumulación era
improcedente de conformidad con la Ley 600 de 2000”, lo cierto es que la
identificación de una decisión judicial y atribución del error no se hizo en la
demanda, razón por la cual, tampoco fue estudiada en la sentencia de primera
instancia y, ahora, no puede la Sala estudiar de fondo27 ese argumento nuevo
expuesto en el recurso y, con ello, sorprender a la parte demandada y violar su
derecho al debido proceso, específicamente su derecho de defensa.
37. La Sala modificará la decisión apelada. De acuerdo con el recurso de
apelación, se revocará la decisión que declaró la falta de legitimación activa en
la causa de los demandantes que no presentaron demanda de acción civil y la
decisión que declaró la falta de legitimación pasiva en la causa de la Fiscalía
General de la Nación. Además, se confirmará la decisión que declaró la falta de
legitimación de 19 demandantes28. Respecto del fondo del asunto, se confirmará
la decisión de primera instancia que negó las pretensiones porque no está
probado, como se alega en el recurso de apelación, que la prescripción de la
acción penal hubiera obedecido a un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia de la Corte Suprema de Justicia.
2.2 Legitimación en la causa
38. La Sala revocará la decisión que declaró la falta de legitimación activa en
la causa de quien no presentó la demanda civil porque ello constituye un
argumento de fondo que permite establecer la certeza y la existencia del daño
antijurídico. Por lo anterior, dado que ello es un asunto sustancial, le asiste razón
25 Respecto del supuesto daño generado por el defectuoso se indicó: “Queda demostrado que debido o a la demora
injustificada por parte de la administración de justicia prescribió la acción penal y civil derivada de esta”
26 Al respecto en la demanda se indicó de manera superficial y sin desarrollo: “En el caso que nos ocupa, se destaca
como hecho central, el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la justicia afectando los derechos al debido
proceso, la igualdad ante la ley, la vivienda digna, el trabajo, el derecho de personalidad jurídica, el libre desarrollo de la
personalidad, la familia y la dignidad humana.”
27 Ello sin contar que, si la decisión que contiene el supuesto error judicial, se profirió el 2 de marzo de 2000, para la fecha
de interposición de la demanda, esto es, 31 de octubre de 2008, la acción ya se encontraba caducada.
28 Ver el listado de 19 personas en el pie de página 17
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Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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a la parte demandante cuando afirma que el solo hecho de haber sido víctimas
del delito de estafa que culminó con la prescripción de la acción penal y tener
un interés en las resultas de esta reparación directa, les otorgaba derecho para
demandar.
39. De otro lado, se revocará la decisión que declaró la falta de legitimación
de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, tanto en los hechos como en las
pretensiones de la demanda se formularon imputaciones contra la Fiscalía y la
Rama Judicial por incurrir en “falla del servicio” que causó el daño reclamado.
Respecto de lo expuesto por la primera instancia, esto es, que el término
prescriptivo debía contarse desde que se profirió la resolución de acusación,
razón por la cual, la responsabilidad de la prescripción recayó sobre la Rama
Judicial, la Sala encuentra que dicho argumento corresponde a un análisis de
imputación del daño y no a un problema de legitimación en la causa.
40. Finalmente, se confirmará la decisión que declaró la falta de legitimación
activa en la causa de 19 demandantes29 porque, además de que en el recurso
de apelación no se controvirtió esa decisión, así como tampoco se explicó cómo
se configuraba su calidad de afectados y, como lo indicó la primera instancia,
no se logró advertir cuál era su interés en el proceso de reparación directa.
2.3 Análisis sustantivo
41. La Sala, para resolver el recurso se pronunciará respecto del daño y,
adicionalmente, respecto del defectuoso funcionamiento alegado en la
apelación.
42. Respecto del daño. La primera instancia indicó que los demandantes
“quedaron imposibilitados para iniciar una acción civil por los perjuicios
acaecidos a consecuencia del delito de estafa del que fueron objeto, con
ocasión de la declaratoria de la prescripción de la acción penal [ocurrida el 31
de octubre de 2006]”. Frente a este punto, la Sala estima importante recordar
que la prescripción de la acción penal, de conformidad con el artículo 98 de la
Ley 599 de 200030 acarrea la prescripción de la acción civil pero únicamente en
relación con el penalmente responsable, en el caso concreto, el señor Mariano
Porras Buitrago.
43. Sin embargo, en el caso concreto, resulta evidente que el señor Mariano
Porras Buitrago constituyó una sociedad, esto es “Vivienda Social Colombiana
Ltda Visocol Ltda” el 22 de noviembre de 199131, la cual, según el certificado de
29 Ver el listado de 19 personas en el pie de página 17
30 Aplicado al caso concreto cuando se decretó la prescripción de la acción penal en virtud del principio de favorabilidad
31 Cuyo objeto fue: “La explotación de la industria relacionada con la construcción, la comercialización en general de
todos los negocios con la propiedad raíz; la construcción y la explotación de la propiedad horizontal en todos sus
aspectos, la inversión para formar o incrementar los activos de la sociedad con bienes muebles o inmuebles, la compra
venta o permuta de bienes inmuebles, construir o hacer diseño construcción por cuenta propia o de terceros, financiar
la adquisición de bienes inmuebles sujetos o no al régimen de propiedad horizontal, administrar, avaluar y ejercer el
corretaje de bienes inmuebles para el cumplimiento de las actividades que constituyen el objeto social (…)”
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Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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existencia y representación legal32, tuvo un capital de $ 100.000.000 de los cuales,
91.000.0000 correspondieron al socio mayoritario señor Mariano Enrique Porras
Buitrago. De igual forma, está demostrado que, a través de la Resolución No.
1453 de 29 de noviembre de 2006, el subdirector de Control de Vivienda del
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente ordenó la liquidación
administrativa de la sociedad y que, entre el 2 de mayo de 2007 y el 14 de junio
de 2007, se fijó el edicto de emplazamiento para que se hicieran parte los
acreedores dentro del proceso de liquidación.
44. En consecuencia, la prescripción de la acción penal no impedía que los
acreedores hubieran acudido al proceso de liquidación de Visocol Ltda., para
que fueran reconocidos, como en efecto ocurrió respecto de determinados
demandantes33; aspecto resaltado por la sentencia de primera instancia que,
por demás, no fue desarrollado por la parte demandante34.
45. Este punto debe ser tenido en cuenta porque, aunque la Sala no
desconoce que las personas que fueron víctimas de las estafas, debido a la
misma naturaleza del proyecto que se pretendió desarrollar (viviendas de interés
social), son personas vulnerables y de escasos recursos, tampoco puede aceptar
que el Estado sea el garante patrimonial y el llamado a responder por los actos
delictivos cometidos por terceros. Es cierto que aquí se intentó que el señor Porras
Buitrago respondiera y, en el transcurso del proceso penal, ocurrió la prescripción
de la acción por el paso del tiempo, sin embargo, se insiste, existía otro camino
para resarcir los daños ocasionados comoquiera que se había constituido una
sociedad, que estuvo involucrada en el delito de estafa y cuyo socio mayoritario
era el investigado penalmente. Incluso, dada la liquidación de la sociedad, se
observa que el término para concurrir a presentar las reclamaciones de los
acreedores transcurrió con posterioridad a la declaratoria de prescripción de la
acción penal.
46. Respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
En la apelación se alegó que 1) La Fiscalía omitió su deber de implementar
medidas para restablecer el derecho de las víctimas y no le dio celeridad ni
impulsó el proceso y 2) el recurso extraordinario de casación se interpuso antes
de que la acción penal estuviera prescrita y fue el periodo injustificado que la
Corte Suprema de Justicia tuvo el expediente, lo que conllevó a la declaratoria
de prescripción. La Sala se pronunciará respecto de los dos aspectos.
1) En primer lugar, respecto del defectuoso funcionamiento por parte de la
Fiscalía, la Sala no encuentra que, en la demanda, que se hubiera alegado lo
que, ahora en el recurso de apelación, se señala. Revisado el escrito, lo que se
advierten son afirmaciones genéricas respecto de la administración de justicia,
32 Folios 47 a 48 Cuaderno 46 Expediente Penal Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá
33 Ver listado del pie de página No. 18
34 La única alusión que se hace en la demanda es la prevista en los hechos 118 a 131 (Fls. 159 a 162 del cuaderno principal)
sin que ahí se explique y se profundice, de los demandantes, quienes acudieron al proceso liquidatorio, a cuántos se les
reconoció su crédito y a cuántos se les negó y por qué.
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Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
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Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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especialmente, relacionadas con la mora. En todo caso, la Sala debe indicar que
la prescripción de la acción penal no pudo ocurrir por un defectuoso
funcionamiento de la Fiscalía porque, de conformidad con el artículo 86 de la
Ley 599 de 200035, que se aplicó para resolver la prescripción de la acción penal,
con la presentación de la resolución de acusación se interrumpe la prescripción
de la acción penal y el término empieza a correr de nuevo para desarrollar la
etapa de juicio. Luego, la Fiscalía cumplió con su deber y presentó la resolución
de acusación y, adicionalmente, de acuerdo con el Código Penal, cuando la
Rama Judicial iniciaba la etapa de juicio, el término de prescripción empezó a
contar. Ello sin contar que, en todo caso, el tiempo que el asunto estuvo en
investigación, tampoco resulta desproporcionado si se tiene en cuenta la
complejidad del proceso, el número de denuncias, la solicitudes de acumulación
y las nulidades y recursos que acompañaron el proceso.
47. 2)La Sala no encuentra prueba dentro del expediente que acredite que la
Corte Suprema de Justicia hubiera actuado con negligencia, desidia o descuido.
Incluso, no encuentra argumento en el recurso de apelación que desarrolle esa
afirmación.
48. Está probado que, mediante Sentencia de 25 de octubre de 2005, el
Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 48 Penal del Circuito de
Bogotá. Esa corporación negó la declaratoria de prescripción, por considerar
que, dado que la resolución de acusación cobró firmeza a partir del 21 de enero
de 2000, a la fecha de esa Sentencia -25 de octubre de 2005- no ocurría tal
fenómeno.
49. De igual forma está probado que, entre la fecha de la sentencia de
segunda instancia -25/10/2005-36 y la decisión de la Corte Suprema -31/10/200637-
transcurrió aproximadamente un año, lapso que no resulta exagerado, excesivo
o desproporcionado, máxime si se tiene en cuenta, de un lado, que debía surtirse
el traslado para la interposición de las demandas de casación y, de otro, la
evidente complejidad del asunto en el que, como lo indicó la primera instancia,
existieron múltiples denunciantes, tránsitos legislativos, nulidades, acumulaciones,
”desacumulaciones”, recursos ordinarios, solicitudes de conciliación etc. En
consecuencia, no es cierto como lo afirma el demandante que la Corte Suprema
de Justicia se hubiera demorado “un año en admitir la demanda de casación”
comoquiera que no es cierto que la Corte hubiera recibido el expediente al día
siguiente de que se profirió la sentencia de segunda instancia. Lo anterior si se
tiene en cuenta que esa decisión debía notificarse y cobrar ejecutoria, la
35 Artículo 86. Interrupción y suspensión del termino prescriptivo de la acción. La prescripción de la acción penal se
interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada.
Producida la interrupción del termino prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del
señalado en el Artículo 83. En este evento el termino no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10).
36 Folio 176 a 248 del Cuaderno No. 12
37 Folio 258 del Cuaderno No. 12
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Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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secretaría debía correr el traslado de 30 días hábiles38 y, finalmente, remitir el
expediente. Además, no existe prueba de que el tribunal se hubiera demorado
irrazonablemente e injustificadamente en su envío y la Corte en pronunciarse.
50. Además, y lo más importante es que, incluso, la prescripción, de acuerdo
con la propia Corte Suprema de Justicia, ocurrió antes de que el expediente
hubiera llegado a esa corporación. Lo anterior, si se tiene en cuenta que la
decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá se adoptó el
25/10/2005 y, tan solo 3 meses después, ocurrió la prescripción de la acción
penal, esto es, 21/01/2006. Al respecto la Corte Suprema señaló:
“Dicho lapso [para que se consumara la prescripción] se cumplió el 21 de enero
de 2006, mucho antes de que el asunto llegara a la Sala para adoptar decisión
alguna en relación con el recurso extraordinario de casación promovido por los
defensores de los procesados, dado que tal situación se consolidó cuando aún se
surtían los traslados legales para que los impugnantes allegaran los respectivos
libelos casacionales”39.
51. Finalmente, se resalta que la parte apelante, en su recurso, se limitó a
indicar que existió un “retardo injustificado” por parte de esa corporación, sin
señalar las pruebas que así lo hubieren acreditado, sin explicar por qué
determinado plazo hubiera sido arbitrario y, sobre todo, sin revisar que, incluso, la
propia Corte Suprema de Justicia había señalado que la acción penal prescribió
antes de que el expediente hubiera llegado a esa Corte. Situación, esta última,
que permite concluir que, incluso, si la Corte hubiera tardado, por ejemplo, un
día en pronunciarse, el resultado habría sido el mismo, pues se imponía declarar
la prescripción de la acción penal.
52. En consecuencia, al no prosperar los argumentos del recurso de apelación,
la Sala negará las pretensiones de la demanda.
2.3 Sobre la condena en costas
53. Como no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de
la parte recurrente, la Sala se abstendrá de condenarla en costas en esta
instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
38 Artículo 210. Oportunidad. Modificado por el art. 101, Ley 1395 de 2010 Ejecutoriada la sentencia, el funcionario de
segunda instancia remitirá las copias del expediente al juez de ejecución de penas o quien haga sus veces, para lo de su
cargo, y conservará el original para los efectos de la casación.
La demanda de casación deberá presentarse por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia. Si no se presenta demanda remitirá el original del expediente al juez de ejecución de
penas.
Si la demanda se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará mediante auto que admite el recurso de
reposición.
39 Folio 258 del Cuaderno No. 12
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Radicación: 250002326000-2008-00545-01 (53303)
Actor: Félix Hernando Culma y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: modifica parcialmente / niega las pretensiones
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 13 de noviembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, la cual quedará así:
Primero: Declarar la falta de legitimación activa en la causa de Arias Laura,
Basto Castro Diana Patricia, Bernal Andrés, Bernal Juan, Bernal Laura, Caro
Nelson, Colorado Alejandro, Flores Juan Carlos, Gutiérrez Ángela, Méndez
Carmen, Nieves Zoraida, Orejuela Jonathan, Ortiz Iván Ramiro, Ortiz Nelcy
Katherina, Ortiz Zuly Ximena, Pardo Ulloa Oswaldo, Rubio Basto David, Vega
Castro Diva y Vega Castro Inés.
Segundo: Tener por saneada la nulidad por carencia de representación de los
señores Carmen Rosa Castro, Diana López, Milton Ferney Sánchez y Rafael
Calderón, conforme a los expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Negar las pretensiones de la demanda.
Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto: Secretaría verificará la existencia de cada proceso correspondiente al
contenido de los cuadernos 5, 6 y 7 que relaciona en la documental obrante
en tales cuadernos proceda a incorporarlos al expediente que corresponda o
a remitirlos al lugar donde se encuentre el proceso, previas constancias del
caso.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmando electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
Firmando electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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