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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06030-01

Fecha
19 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06030-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria la Previsora S.A. SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del 23 de octubre de 2025, a través de la cual, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia; en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital e igualdad invocados por la señora Myriam Castellanos Acosta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual decidió, confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación 14 Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01 Accionante: Myriam Castellanos Acosta Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca Nacional, Fomag, Fiduciaria la Previsora S.A., y Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital [expediente 11001-33-35-030-2023-00412-01] por lo expuesto. CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un proveído de reemplazo en el aludido trámite ordinario, en atención a las consideraciones plantea das en esta decisión. QUINTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. SÉPTIMO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta Corporación y remitir copia. OCTAVO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06030-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06030-011
Accionante : Myriam Castellanos Acosta
Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá y
Accionados : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag2, Bogotá
Vinculados : Secretaría de Educación Distrital y Fiduciaria La Previsora
S.A.
Acción : Tutela (impugnación)
Tutela contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento
Tema :
del derecho
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora, quien actúa por
intermedio de apoderada judicial, contra el fallo de 23 de octubre de 2025, emitido
por el Consejo de Estado, Sección Primera3, que declaró improcedente el trámite
constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2 La demanda de tutela

1
Expediente electrónico disponible en Samai.
2
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
3
C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01
Accionante: Myriam Castellanos Acosta
Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

La accionante interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social,
mínimo vital e igualdad, en conexidad con los principios de legalidad, seguridad
jurídica, sostenibilidad financiera del sistema pensional y favorabilidad,
presuntamente vulnerados por el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.

Por consiguiente, solicitó ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, que dicte sentencia de fondo, ordenando al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a «reliquidar la pensión
vitalicia de jubilación de la docente Myriam Castellanos Acosta, incluyendo los factores salariales
devengados y que fueron cotizados, entre ellos la (prima de vacaciones), a la fecha del cumplimiento
del status pensional, además de los ya reconocidos mediante la Resolución No 2853 del 04 de junio
de 2020, acto administrativo que reconoce la pensión […]» [sic].

1.3 Hechos4

De lo relatado por la accionante, se destaca que la señora Myriam Castellanos
Acosta, se vinculó como docente del magisterio oficial desde el 8 de febrero de
1993, por lo que, una vez cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 91 de
1989, solicitó la «pensión de jubilación por aportes» al Fomag y mediante Resolución 2853
de 4 de junio de 2020, se le reconoció y ordenó el pago de dicha prestación, con
efectividad a partir del 30 de marzo de 2019. En aquella se incluyó, además de la
asignación básica, bonificación pedagógica y bonificaciones decreto.

Aseguró que solicitó del Fomag la reliquidación de la prestación anterior, con
inclusión de la prima de vacaciones; petición que fue resuelta negativamente
mediante Resolución 2945 de 28 de julio de 2023. Debido a ello, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento solicitó la nulidad de tal acto
administrativo y el reajuste de la pensión de jubilación incluyendo en la liquidación
la prima de vacaciones, ya que, si bien, esta prestación no está enlistada en la Ley
62 de 1985, sobre dicho factor sí se hicieron los respectivos aportes a seguridad
social, cumpliendo así lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01
Accionante: Myriam Castellanos Acosta
Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

En primera instancia el proceso fue conocido por el Juzgado Treinta (30)
Administrativo del Circuito de Bogotá quien, mediante sentencia del 26 de
noviembre de 2024, decidió negar las pretensiones. Inconforme con lo anterior, la
actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 22 de mayo de 2025,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
que confirmó la providencia de primera instancia, «sin la debida y necesaria observancia
de la primacía de la realidad sobre las formas ni los principios constitucionales, así como, el Acto
Legislativo 01 de 2005».

Acusó las decisiones adoptadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, tanto en primera, como en segunda instancia, de haber incurrido en
defecto sustantivo, al desconocer el precedente de carácter constitucional, ya que,
tanto en el agotamiento en vía administrativa, así como en el escrito de demanda,
la fijación del litigio y en los alegatos de conclusión, siempre se resaltó que la
liquidación pensional debía realizarse conforme a lo dispuesto en el Acto Legislativo
01 de 2005, es decir, con los factores salariales que se hicieron cotizaciones, como
es el caso de la prima de vacaciones.

1.4 Contestaciones de la acción

1.4.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D5 adujo que, la sentencia objeto de reproche fue proferida conforme
a la normativa que rige la materia pensional docente. Enfatizó que aplicó el
precedente judicial vertical, fijado por esta Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, es el vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales. Concluyó que
expidió la sentencia fundada en un criterio razonable y propiciado que en manera
alguna podría resultar caprichoso o arbitrario.

1.4.2 El Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá6 precisó que,
examinada la situación fáctica, los fundamentos de la acción y las providencias
objeto de reproceso, solicitó que se tengan en cuenta los razonamientos de hecho
y de derecho que se expusieron en las sentencias de primera y segunda instancia.

5
Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01
Accionante: Myriam Castellanos Acosta
Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

1.4.3 Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital7 advirtió que, en la tutela no
se vislumbra reproche alguno frente a la actuación u omisión de la Administración
que genere o contribuya a la afectación de los derechos de la accionante, ya que,
estos se circunscriben a situaciones específicas de la legalidad o no de una
providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respecto de lo cual, la Secretaría no tuvo injerencia alguna. Precisó que, en gracia
de discusión, la acción se debe rechazar por improcedente, pues no cumple con los
requisitos necesarios de procedencia.

1.4.4 El Ministerio de Educación Nacional8 solicitó la declaratoria de la falta de
legitimación en la causa por pasiva, ya que, la controversia planteada en la acción
de tutela recae sobre una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

1.4.5 La Fiduciaria la Previsora SA9 precisó que la acción de tutela de la referencia
no cumple con las causales generales ni específicas para su procedencia. De otra
parte, solicitó su desvinculación del trámite por encontrarse probada la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.5 Providencia impugnada10

Mediante sentencia de 23 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Primera, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar
que, carece de relevancia constitucional, porque, «[…] i) el debate no se realizó desde una
óptica constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera
instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural […]», al

evidenciar que «[…] no se observa que la decisión proferida en sede ordinaria hubiese sido
arbitraria o, se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el
trámite del medio de control».

1.6 La impugnación11

Inconforme con esa determinación, la tutelante la impugnó, asegurando que la
presente acción de amparo no pretende volver sobre la controversia decidida por el

7
Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Índice 00014 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 00017 del expediente de Samai de primera instancia.
10
Índice 00019 del expediente de Samai de primera instancia.
11
Índice 00024 del expediente de Samai de primera instancia.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01
Accionante: Myriam Castellanos Acosta
Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

juez natural, pues, contrario a ello, pretende es «propiciar un juicio de validez respecto de
la aplicación de la ley y, en particular de la Constitución Política»; enfatizando que si «bien es
cierto el Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril
de 2019, fijó las reglas relativas a los factores que deben incluirse en la liquidación de las
prestaciones sociales de los docentes afiliados al FOMAG, no es menos cierto que, por principio de
jerarquía normativa y supremacía constitucional, debe prevalecer lo dispuesto en el Acto Legislativo
01 de 2005».

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

En virtud de los artículos 3212 del Decreto ley 2591 de 199113 y 2514 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 201915 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión previa.

En el asunto sub examine la demandante pide dejar sin efectos las sentencias de
(i) 26 de noviembre de 2024, mediante la cual el Juzgado Treinta (30) Administrativo
de Bogotá negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por la señora Myriam Castellanos Acosta, contra la Nación -

12
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
13
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
14
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
15
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01
Accionante: Myriam Castellanos Acosta
Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Ministerio de Educación Nacional, Fomag, Fiduciaria la Previsora S.A., y Bogotá
D.C., Secretaría de Educación Distrital [expediente 11001-33-35-030-2023-00412-
01]; y (ii) 22 de mayo de 2025, con la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó esa decisión.

Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
de 22 de mayo de 2025, por ser la que, al desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la de 26 de noviembre de 2024, resolvió de manera definitiva ese
asunto contencioso administrativo.

2.4 Falta de legitimación en la causa por pasiva

El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

La Nación - Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria la Previsora S.A., en
los escritos de intervención solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto no son las autoridades que profirieron la providencia
cuestionada.

Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad
de terceros con interés, por ser las entidades demandadas dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.

2.5 Problema jurídico

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 22
de mayo de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, confirmó la providencia de 26 de noviembre de
2024, en la que, el Juzgado Treinta (30) Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01
Accionante: Myriam Castellanos Acosta
Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

promovida por la señora Myriam Castellanos Acosta, contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional, Fomag, Fiduciaria la Previsora S.A., y Bogotá D.C.,
Secretaría de Educación Distrital [expediente 11001-33-35-030-2023-00412-01]; y,
en caso afirmativo, si se han vulnerado los derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, mínimo vital e igualdad, invocados en la solicitud de
amparo.

2.6 La acción de tutela contra providencias judiciales

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01
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proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
8

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procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto
lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales16, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201217, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos18.

16
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
17
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
18
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
9

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2.7 Caso concreto

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado,
contrario a lo indicado en primera instancia, comporta relevancia constitucional, por
cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, mínimo vital e igualdad, con la decisión adoptada
por el tribunal accionado, respecto de los factores que hacen parte de su liquidación
pensional; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii)
se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en
que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 4 de junio de 202519 y la solicitud
de amparo se presentó el 26 de septiembre siguiente, es decir, dentro de los 6
meses; y (v) la sentencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente constitucional, invocadas por la accionante.

2.7.1 Defecto sustantivo - Desconocimiento de precedente constitucional

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional20 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido,
la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite
aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación

19
Notificada el 27 de mayo de 2025. Actuaciones de Samai, índice 00011 a 00014, del expediente con radicado 11001-33-
35-030-2023-00412-01.
20
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01
Accionante: Myriam Castellanos Acosta
Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 21.

Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como
causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo
241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia22, y la segunda hace referencia a cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación
suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto
sustantivo23 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe24.

En el caso sub examine la demandante sostiene que la decisión reprochada incurre
en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional, por cuanto
la liquidación de su pensión debía realizarse conforme a lo estipulado en el Acto
Legislativo 01 de 2005, es decir, con los factores salariales que se hicieron
cotizaciones, como es el caso de la prima de vacaciones.

Sobre el particular, se advierte que, la accionante no identificó las sentencias que
contienen el precedente presuntamente desconocido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, lo cual es indispensable para realizar el estudio correspondiente.
No obstante, se constata que en el fallo objeto de reproche, se estudió la inclusión
de la prima de vacaciones en la liquidación de su pensión de jubilación, así:

[…] Ahora bien, es del caso señalar, que con la expedición de la Ley 812 de 2003, se
determinó en el artículo 81, que, a partir de la entrada en vigencia, es decir, 27 de
junio de 2003, los Docentes oficiales que se vinculen desde esa fecha, les resulta
aplicable el régimen pensional de prima media contenido en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres. Asimismo, se estableció, que en lo que respecta a los Docentes

21
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
23
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
24
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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oficiales vinculados con anterioridad a la aludida fecha, su régimen prestacional será
el contemplado por la Ley 91 de 1989.

El anterior mandato fue ratificado por el parágrafo transitorio del artículo 1.º del Acto
Legislativo 01 de 2005 […].

Ahora bien, la parte actora alega que, al habérsele reconocido y efectuado
descuentos al Sistema General de Seguridad Social en Pensión por cuenta del factor
prima de vacaciones, debe incluirse en la liquidación de la pensión que le fue
reconocida. Al respecto, se dirá que el Decreto 1381 de 26 de mayo de 1997 “Por
medio del cual se establece la prima de vacaciones para los docentes de los servicios
de Educativos Estatales”, creó el referido emolumento para los docentes de los
Servicios Educativos Estatales, en una proporción del 40% del salario mensual para
el año de 1997 y del 50% a partir del año 1988 y, en el artículo 6 dispuso que “Los
aspectos generales referidos a esta prestación, no contemplados en este decreto y
que no le sean contratados (sic), se regirán por lo establecido en el Decreto ley 1045
de 1978 y por las normas que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan”.

[…]

Posteriormente, y de manera más reciente se expidió la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019, en la cual, como se ha dicho, se estableció que los factores que
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 para la
liquidación de la pensión ordinaria de jubilación, luego el pronunciamiento que se pide
tener en cuenta se trató de una providencia proferida con anterioridad a las sentencias
de unificación expedidas por la Sala Plena del Consejo de Estado (28 de agosto de
2018) y por la Sala Plena de la Sección Segunda de esa Corporación (25 de abril de
2019), que cambiaron la postura jurisprudencial aplicable al caso en análisis.

Así las cosas, aunque se hayan efectuado aportes al Sistema por algunos factores
salariales, ello no conlleva a que sean incluidos para liquidar la pensión de jubilación
de la demandante, pues existe norma legal taxativa que reglamenta este particular,
así como un precedente jurisprudencial reciente que señala la imposibilidad de
tenerse en cuenta en la medida en que no se encuentren enlistados en el artículo 1°
de la Ley 62 de 1985. Ahora bien, si sobre la prima de vacaciones se le efectuaron
descuentos para cotización al sistema pensional, administrativamente puede, a
manera de ejemplo, solicitar la devolución de las sumas deducidas de su salario.

De otra parte, en relación con los precedentes que cita de este mismo Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, entre estos, la sentencia del 11 de julio de 2023 en
el proceso con radicación Nro. 11001333502920210034301, del 7 de marzo de 2024,
radicado No. 11001334205020230000901 que en su sentir concedió el derecho a un
docente con argumentos totalmente contrarios a los expuestos en la sentencia de
unificación que se analiza en el presente caso, encuentra la Sala que, por una parte,
se trata de un precedente horizontal, y en esa medida, su observancia no es tan
rigurosa como la que se predica del precedente vertical que es de obligatorio
acatamiento al trazar una línea jurisprudencial sobre determinado tema, a menos que
se mencionen las razones por las que en determinados casos resulte válido apartarse
del mismo.

En efecto, en la primera de las sentencias referidas, se indicó que los factores
salariales que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son únicamente
aquellos sobre los que se hubieren efectuado las cotizaciones al sistema de seguridad
social. Sin embargo, la Sala se aparta de dicha interpretación, pues, como se ha
consignado en esta decisión, es claro que la misma Ley 91 de 1989, en el inciso
segundo, del numeral 2 del artículo 15 dispuso Para los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren
a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01
Accionante: Myriam Castellanos Acosta
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Finalmente, cabe destacar que, con la sentencia de unificación, el operador judicial
queda condicionado al respeto de lo ya dispuesto por la Alta Corporación como
Órgano de Cierre de la jurisdicción contenciosa en casos similares, sin que ello se
torne incompatible con el principio de autonomía e independencia judicial, pues, en
últimas, al igual que la ley, la jurisprudencia es fuente de derecho a la que la actividad
del juzgador siempre estará sometida.

Sumado a lo anterior, no hay que olvidar que el precedente, constituye el sentido e
interpretación que los diferentes operadores jurídicos deben darle a la ley. De lo
contrario, no tendrá ningún valor como mecanismo de realización del principio de
igualdad y como referente de solución de decisiones futuras que no deben ser
judicializadas innecesariamente.

En ese orden de ideas, el fallo reprochado reconoció la existencia del Decreto 1381
de 1997 y su remisión al Decreto-ley 1045 de 1978, pero concluyó, en esencia, que
la prima de vacaciones no podía integrar la liquidación por no figurar en las
enlistadas del artículo 1 de la Ley 62 de 1985, pese a que se efectuaron descuentos,
e incluso sugirió la devolución administrativa de lo aportado. Esa conclusión
desconoce la remisión normativa del artículo 6 del Decreto 1381 de 1997 y la
inclusión expresa de la prima de vacaciones como factor salarial para pensión en el
artículo 45 del Decreto - Ley 1045 de 1978.

Con base en lo anterior, se observa que el Tribunal, redujo el alcance de la prima
de vacaciones como criterio de incorporación al IBL, que el ordenamiento sí
contempla en disposiciones como el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994. Por ende,
la interpretación asumida por el juez natural prescindió de una integración normativa
exigible y terminó por dar prevalencia a una comprensión aislada y rígida de la Ley
62 de 1985, a pesar de la existencia de una norma especial (Decreto 1381 de 1997)
y de una norma general de prestaciones (Decreto-ley 1045 de 1978) que atribuyen
a la prima de vacaciones relevancia salarial para fines pensionales.

En lo relativo al marco general del régimen docente, la Sala recuerda que el
parágrafo transitorio 1 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 remite al artículo
81 de la Ley 812 de 2003, lo cual refuerza la necesidad de aplicar, con rigor
interpretativo, las reglas que gobiernan el sistema y sus aportes en materia docente.
En ese contexto, la exclusión automática de un emolumento respecto del cual
constan pagos y descuentos, sin el examen sistemático de las normas especiales
que lo dotan de connotación salarial para fines pensionales, compromete el derecho
al debido proceso por indebida aplicación normativa y afecta, de manera directa, el
acceso material a la seguridad social en condiciones de legalidad e igualdad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01
Accionante: Myriam Castellanos Acosta
Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Con base en lo expuesto, la Sala concluye que la providencia cuestionada incurrió
en defecto sustantivo, pues aplicó el derecho con omisión de disposiciones
relevantes y determinantes para el caso, en especial la regla de remisión del
Decreto 1381 de 1997 y el reconocimiento de la prima de vacaciones como factor
salarial para pensiones en el Decreto - Ley 1045 de 1978, lo cual condujo a excluir
injustificadamente ese factor del ingreso base de liquidación.

III. DECISIÓN

Por las razones mencionadas, la Sala considera que, comoquiera que en la acción
de tutela de la referencia la actora demostró que la providencia del 22 de mayo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, incurrió en defecto sustantivo, se impone revocar la decisión de
primera instancia que la declaró improcedente, para, en su lugar, acceder al amparo
deprecado

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional y la Fiduciaria la Previsora S.A.

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del 23 de octubre de 2025, a través de la cual,
el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia; en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, mínimo vital e igualdad invocados por la señora Myriam
Castellanos Acosta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
del 22 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual decidió, confirmar la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01
Accionante: Myriam Castellanos Acosta
Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Nacional, Fomag, Fiduciaria la Previsora S.A., y Bogotá D.C., Secretaría de
Educación Distrital [expediente 11001-33-35-030-2023-00412-01] por lo expuesto.

CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera un proveído de reemplazo en el aludido
trámite ordinario, en atención a las consideraciones plantea das en esta decisión.

QUINTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

SÉPTIMO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta
Corporación y remitir copia.

OCTAVO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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