Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01230-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01230-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01230-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01230-00
Demandante: Adela Marylu Aguilera Beltrán
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reliquidación pensión docente. Inclusión de factores
salariales. Desconocimiento del precedente.
Decisión: Declara improcedente y niega solicitud de amparo.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Adela Marylu Aguilera Beltran
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado 56 Administrativo de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 17 de febrero de 2026, la parte actora, a través de apoderado, presentó
una acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital, los
cuales fueron presuntamente transgredidos por la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 56
Administrativo de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 11001-33-42-056-2023-00170-00/01.
2. A título de amparo, solicitó que se dejara sin efectos la Sentencia de 12 de
diciembre de 2025 que confirmó la decisión de primer grado que negó las súplicas
de la demanda y, en consecuencia, que se profiera una providencia de reemplazo
ordenando al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
que reliquide de la pensión de jubilación, incluyendo además de los factores
reconocidos, la prima de vacaciones.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
relató que se vinculó como docente desde el 10 de agosto de 1984 y, el 7 de abril
de 2017, la Secretaría de Educación de Bogotá le reconoció y ordenó el pago de
una pensión de jubilación, efectiva a partir del 10 de septiembre de 2016, por un
valor de $2.610.325, suma correspondiente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el año de servicio anterior al cumplimiento de los requisitos
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para acceder a aquella prestación. No obstante, indicó que continuó vinculada al
servicio hasta el 25 de febrero de 2022, fecha en la cual la Secretaría de Educación
aceptó su renuncia.
4. El 26 de mayo de 2022, la hoy accionante solicitó la reliquidación de la
pensión de jubilación con ocasión de su retiro definitivo del servicio docente, para lo
cual pidió que se tomara como base el promedio de los salarios devengados durante
el último año de servicio.
5. El 16 de septiembre de 2022, la Secretaría de Educación de Bogotá
reconoció la reliquidación de la pensión de jubilación a partir del 1 de marzo de
2022, por un valor de $3.447.477.
6. El 23 de noviembre de 2022, la hoy accionante solicitó la reliquidación
pensional, con el propósito de que se tuvieran en cuenta todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, de conformidad con lo establecido
en la Ley 91 de 1989.
7. El 24 de noviembre de 2022, la parte actora solicitó que se efectuaran los
descuentos a seguridad social sobre la totalidad de los factores salariales que
devengó durante su vinculación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de
la Ley 788 de 2002, con el propósito de que se realizaran los pagos
correspondientes al FOMAG.
8. El 28 de noviembre de 2022, la Secretaría de Educación de Bogotá señaló
que, atendiendo a los supuestos fácticos y jurídicos expuestos, no resultaba
procedente acceder favorablemente a la solicitud de efectuar los descuentos a
seguridad social sobre la totalidad de los factores salariales ya que se había
cumplido de manera cabal y oportuna con la obligación de efectuar los aportes solo
sobre los emolumentos percibidos por la hoy accionante, los cuales conformaban el
ingreso base de cotización.
9. El 17 de enero de 2023, la Secretaría de Educación de Bogotá negó el
ajuste solicitado respecto de la reliquidación de la pensión de jubilación tras
considerar que, conforme a la Sentencia de Unificación de 25 de abril de 20191, en
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, quienes gozaban del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación previsto para los servidores públicos del orden
nacional en la Ley 33 de 1985, únicamente debían tenerse en cuenta aquellos
factores sobre los cuales se hubieran efectuado los respectivos aportes, de acuerdo
con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, razón por la cual no era posible incluir factores
diferentes a los enlistados en dicha disposición.
10. El 16 de mayo de 2023, la parte actora presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
1 SUJ-014-CE-S2-2019.
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FOMAG – Regional Bogotá, con el propósito de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones de 28 de noviembre de 2022 y de 17 de enero de 2023, porque no se
incluyeron todos los factores salariales sobre los cuales había efectuado
cotizaciones para efectos del reajuste de la pensión de jubilación.
11. El 24 de septiembre de 2024, el Juzgando 56 Administrativo de Bogotá negó
las pretensiones de la demanda, tras considerar que no le asistía el derecho
reclamado, en la medida en que no resultaba procedente ordenar descuentos de
aportes para pensión sobre factores no enlistados en el artículo 3 de la Ley 33 de
1985, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, el cual remite a la Ley 91
de 1989, ni ordenar la reliquidación de la pensión incluyéndolos, comoquiera que
para liquidar la pensión de jubilación en calidad de docente oficial, únicamente
podían tenerse en cuenta los factores taxativamente establecidos en la Sentencia
de Unificación del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado.
12. Resaltó que a los docentes beneficiarios del régimen de transición previsto
en la Ley 812 de 2003 se les debían incluir en la pensión únicamente los factores
salariales sobre los cuales se hubieran efectuado los respectivos aportes, de
conformidad con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y las normas que lo modificaban
o adicionaban. En ese sentido, indicó que para quienes se vincularon con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 se reconocían los emolumentos enlistados en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se hubieran realizado las respectivas
cotizaciones.
13. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, tras sostener que era el propio Estado quien debía facilitar el
acceso efectivo al derecho a la pensión de jubilación mediante la inclusión de la
totalidad de los factores salariales, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 2106 de 2019. Afirmó que en diversos pronunciamientos jurisprudenciales
se ordenó la reliquidación de pensiones de jubilación de empleados al servicio del
Estado con la inclusión, en el ingreso base de liquidación, de factores salariales que,
si bien no se encontraban enlistados en la Ley 62 de 1985, sí habían sido objeto de
descuentos a seguridad social.
14. El 12 de diciembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la Sentencia de 24 de
septiembre de 2024, en la medida que la inconformidad de la parte actora radicaba
en que, al liquidar la pensión de jubilación, no se incluyeron todos los factores
salariales devengados durante el año anterior al retiro del servicio. No obstante,
concluyó que los factores alegados no podían ser incluidos, por cuanto no se
encontraban enlistados en la Ley 62 de 1985 ni se acreditó la realización de los
respectivos aportes a seguridad social.
15. Advirtió que la Sentencia de Unificación de 25 de abril de 2019 proferida por
el Consejo de Estado sí resultaba aplicable al caso concreto, dado que, al momento
de adoptar una decisión de fondo, debía observarse la jurisprudencia vigente para
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ese momento. En ese sentido, precisó que en dicho pronunciamiento se estableció
que las reglas jurisprudenciales allí fijadas serían aplicables a todos los casos
pendientes de solución tanto en sede administrativa como judicial mediante
acciones ordinarias, salvo aquellos eventos en los que hubiera operado la cosa
juzgada.
16. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que, en su
caso, no se aplicó de manera consistente Sentencia de Unificación de 25 de abril
de 2019 del Consejo de Estado relativo a la reliquidación de pensiones de
empleados públicos en el marco de la Ley 91 de 1989, a la luz de lo dispuesto en el
Acto Legislativo 01 de 2005. Explicó que dicha reforma constitucional estableció
que, para la liquidación de las pensiones, debían tenerse en cuenta los factores
salariales respecto de los cuales se hubieran efectuado cotizaciones al sistema
pensional.
17. Afirmó que dentro de tales factores debía incluirse la prima de vacaciones
cuando se hubieran realizado los respectivos aportes, y señaló que en diversas
decisiones el Tribunal Administrativo de Cundinamarca2 reconoció la inclusión en el
ingreso base de liquidación de emolumentos objeto de cotización, como la prima de
vacaciones y la prima especial mensual.
18. Reiteró que la autoridad judicial aplicó de manera errada el precedente del
Consejo de Estado y adoptó una decisión que carecía de una adecuada
fundamentación jurídica. Manifestó que la interpretación acogida condujo a excluir
la prima de vacaciones del cálculo pensional, aun cuando sobre dicho emolumento
se realizaron aportes hasta la fecha del retiro del servicio. Indicó que únicamente se
tuvo en cuenta como factores de liquidación la asignación básica, la bonificación
mensual y la bonificación pedagógica, pese a que la mesada pensional debía
liquidarse con todos los factores respecto de los cuales se hubieran efectuado
cotizaciones.
19. Sostuvo que la pensión de jubilación fue reliquidada mediante la Resolución
de 16 de septiembre de 2022 sin incluir la prima de vacaciones, pese a que dicho
emolumento hacía parte de los factores devengados al momento del retiro del
servicio y fue objeto de cotización, situación que desconocía el mandato
constitucional conforme al cual, para la liquidación de las pensiones, debían
considerarse los factores salariales sobre los cuales se hubieran efectuado aportes
al sistema pensional.
20. Afirmó que la negativa de ordenar el reajuste de la mesada pensional
generó afectaciones económicas, emocionales y familiares que repercutieron
negativamente en su calidad de vida, lo que comprometía su mínimo vital. Añadió
que se desempeñó como docente vinculada con anterioridad a la Ley 812 de 2003,
2 «La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Rad. 11001-33-35-
029-2021-00343-01, 11 de julio de 2023 y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Rad. 11001-33-35-013-2021-00251-01, 11 de octubre de 2023.»
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por lo que su régimen pensional correspondía a las disposiciones vigentes antes de
dicha ley. Sostuvo que la omisión de incluir en la liquidación pensional los factores
salariales sobre los cuales se efectuaron cotizaciones le impedía disfrutar
plenamente del beneficio económico derivado de las deducciones realizadas
durante su ejercicio como docente, lo cual vulneraba sus derechos fundamentales.
Intervenciones3
21. La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca envió
el enlace de acceso al expediente digital del proceso ordinario.
22. El Juzgado 56 Administrativo de Bogotá indicó se remitía a lo que estaba
acreditado documentalmente y a los argumentos anotados en las sentencias
proferidas en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ya
que el objeto de la acción de tutela se circunscribía en el desacuerdo de la parte
actora con la decisión adoptada tanto en primera como en segunda instancia, es
decir, que tenía por objetivo debatir la normativa aplicable y los factores salariales
presuntamente no reconocidos.
23. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó que se negaran las pretensiones en la medida que no se
evidenciaba vulneración a los derechos fundamentales invocados, así como
tampoco se cumplían con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, por cuanto las actuaciones adelantadas y la decisión
adoptada en segunda instancia se realizó conforme al trámite procesal en aplicación
a la normativa correspondiente y de acuerdo a las pruebas obrantes, máxime
cuando se pretendía constituir una tercera instancia en la que se buscaba la
declaratoria favorable de las pretensiones invocadas en el proceso ordinario.
24. La Secretaría de Educación de Bogotá pidió su desvinculación del trámite
de tutela comoquiera que no cumplía con el presupuesto de legitimación en la causa
por pasiva por cuanto carecía de competencia para poder atender alguna de las
pretensiones dispuestas en el escrito, máxime cuando no se atribuyó acción u
omisión relacionada a la presunta vulneración de los derechos fundamentales
alegados, pues, en todo caso, los reparos se dirigían directamente a la Sentencia
de 12 de diciembre de 2025 proferida la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
25. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela tras considerar que no se demostraba la vulneración a las
garantías procesales y fundamentales invocadas que comprometieran gravemente
la existencia o supervivencia de la accionante. Señaló que, en todo caso, era un
debate procesal con una controversia de naturaleza estrictamente económica,
3 Mediante Auto de 20 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 56 Administrativo de Bogotá y, se
vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), a la Secretaría de Educación de Bogotá y a la Fiduciaria La Previsora SA.
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situación que excedía la competencia del juez de tutela ya que carecía de absoluta
relevancia constitucional.
26. La Fiduprevisora SA, pese a que fue debidamente notificada, guardó
silencio.
27. Mediante escrito de 2 de marzo de 2026, el accionante señaló que «en un
caso con identidad fáctica y jurídica, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió la Sentencia de 19 de diciembre de 2025 en el marco de
una acción de tutela, rad. 11001-03-15-000-2025-06030-01, mediante la cual
concedió la solicitud de amparo y concluyó que excluir la prima de vacaciones del
ingreso base de liquidación pensional de docentes del Magisterio con fundamento
en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 configuraba un defecto sustantivo por indebida
aplicación normativa».
II. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
29. En su intervención, la Secretaría de Educación de Bogotá solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que no era la
autoridad competente para atender las pretensiones formuladas en la acción de
tutela. Al respecto, la Sala negará dicha solicitud comoquiera que el resultado de la
controversia podría ser de su interés, teniendo en cuenta que fue parte demandada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
11001-33-42-056-2023-00170-00/01.
30. Una vez revisado el escrito de tutela, la Sala advierte que el accionante no
identificó plenamente defecto en el cual, presuntamente, hubiese incurrido la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
al proferir la Sentencia de 12 de diciembre de 2025. No obstante, de los argumentos
expuestos se puede inferir que van dirigidos a plantear un desconocimiento del
precedente en la medida que afirmó que no aplicó de manera consistente o de
manera errada la Sentencia de Unificación de 25 de abril de 2019 del Consejo de
Estado4, en la medida en que la interpretación acogida condujo a excluir la prima de
vacaciones del cálculo pensional, aun cuando sobre dicho emolumento se
realizaron aportes hasta la fecha del retiro del servicio. Así como también, afirmó
que se desconocieron diversas decisiones del Tribunal Administrativo de
4 Rad. 68001-23-33-000-2015-00569-01, SUJ-014-CE-S2-19.
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Cundinamarca donde reconocía la inclusión en el ingreso base de liquidación de
emolumentos objeto de cotización, como la prima de vacaciones y la prima especial
mensual.
31. Conforme a lo anterior, es necesario precisar que, por razones
metodológicas, el examen del desconocimiento del precedente se hará de forma
separada respecto a la providencia presuntamente desconocida, en la medida en
que afirmó un desconocimiento, por un lado, de la Sentencia de Unificación de 25
de abril de 2019 del Consejo de Estado y, por el otro, diversas decisiones del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Problema jurídico
32. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, seguridad social y al
mínimo vital de la accionante al proferir la Sentencia del 12 de diciembre de 2025,
por presuntamente incurrir en un desconocimiento del precedente frente a la
Sentencia de Unificación de 25 de abril de 2019 y/o respecto de las diversas
decisiones proferidas por diferentes subsecciones del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
33. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto del
defecto procedimental, en la medida que no se satisfizo el requisito de
subsidiariedad frente a la Sentencia de Unificación de 25 de abril de 2019 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones que a continuación se
presentan:
34. El accionante alegó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en desconocimiento del
precedente judicial al proferir la Sentencia de 12 de diciembre de 2025, ya que no
aplicó de manera consistente o de manera errada comoquiera que la interpretación
acogida condujo a excluir la prima de vacaciones del cálculo pensional, aun cuando
sobre dicho emolumento se realizaron aportes hasta la fecha del retiro del servicio.
A su juicio, si la autoridad judicial aplicaba las reglas establecidas en lo relativo a la
reliquidación de pensiones de empleados públicos en el marco de la Ley 91 de 1989,
a la luz de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, se hubiese reliquidado la
pensión de forma correcta sin excluir emolumentos.
35. Al respecto, esta Sala observa que el accionante disponía de un
mecanismo judicial ordinario idóneo para cuestionar la aplicación del precedente
jurisprudencial, como lo era el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, previsto en el artículo 256 y siguientes del CPACA. Dicho recurso
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tiene como finalidad asegurar la unidad en la interpretación del derecho y la
aplicación uniforme de la jurisprudencia, permitiendo corregir posibles desviaciones
respecto del precedente vinculante.
36. En el caso concreto, se advierte que se cumplían los presupuestos legales
para su interposición, toda vez que: (1) se dirigía contra una sentencia de segunda
instancia; (2) fue proferida por un tribunal administrativo; y (3) se trataba de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional5.
En este sentido, al no haber acudido al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, el accionante dejó de activar las herramientas de defensa previstas
por el ordenamiento jurídico, perdiendo con ello la oportunidad procesal para
sustentar su posición. En otras palabras, disponía de mecanismos judiciales
idóneos y eficaces que no fueron utilizados de manera oportuna.
37. La acción de tutela no está concebida como un mecanismo para reabrir
controversias que debieron ventilarse en sede judicial ordinaria, ni como una vía
para corregir errores u omisiones imputables a las partes. Dada su naturaleza
excepcional y su finalidad específica, esto es, la protección inmediata de derechos
fundamentales, su procedencia está sujeta al cumplimiento estricto de requisitos
como el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollado en el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991.
38. La tutela, por su carácter excepcional, no puede ser empleada como una
instancia sustitutiva de los medios judiciales ordinarios ni como una herramienta
para enmendar omisiones procesales atribuibles a las partes. Por ello, al no
cumplirse los requisitos de procedencia exigidos por la Constitución y la ley, la Sala
se ve en la obligación de declarar su improcedencia.
39. Por su parte, respecto del desconocimiento del precedente respecto de las
diversas decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la acción de
tutela cumplió con todos los requisitos generales de procedencia, toda vez que (1)
la controversia goza de relevancia constitucional, comoquiera que el debate gira en
torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, seguridad social y al mínimo vital, no se trata de una discusión de
raigambre eminentemente legal ni una reiteración de los argumentos planteados en
el trámite ordinario y, en todo caso, el reparo fue dirigido concretamente contra la
decisión que resolvió en segunda instancia el proceso; (2) se encuentra satisfecha
la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la
parte actora tenía la calidad de demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y, por el otro, la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la decisión que se cuestiona;
(3) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que se
5 Artículo 257. Procedencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las
sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos
que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011. […]
Parágrafo. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá
el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía.
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agotaron todos los mecanismos judiciales que tenía para procurar la defensa de sus
derechos; (4) la acción de tutela se presentó el 17 de febrero de 2026, es decir,
dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia de 12 de diciembre
de 2025; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
40. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defecto
41. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:
42. En criterio del accionante, la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en desconocimiento del
precedente al proferir la Sentencia de 12 de diciembre de 2025, sin tener en cuenta
las sentencias de 11 de julio de 20236 y de 11 de octubre de 20237 proferidas por
las Subsecciones F y C, respectivamente, de la Sección Segunda del mismo
tribunal. A su juicio, tales providencias correspondían a «casos similares» en los
que se determinó que la prima de vacaciones constituía factor de liquidación
pensional y que procedía su inclusión en el ingreso base de liquidación (IBL),
máxime cuando sobre dicho emolumento se realizaron los respectivos aportes.
43. Al respecto, la Sala precisa que, en primer lugar, analizará los precedentes
jurisprudenciales que presuntamente fueron desconocidos por la Subsección B de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; posteriormente,
analizará las circunstancias fácticas y jurídicas de los casos, con el fin de establecer
si, en efecto, existía similitud y si la autoridad judicial incurrió en el defecto alegado
en sede de tutela.
44. En ese orden, en la Sentencia de 11 de julio de 2023, la Subsección F
estudió un caso en el que la Secretaría de Educación de Bogotá negó la
reliquidación de la pensión a una docente vinculada con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003. En dicha oportunidad, el tribunal concluyó que
constituían factores de liquidación la asignación básica, la bonificación pedagógica,
la bonificación mensual y la prima de vacaciones, excluyendo la prima especial, la
prima de servicios y la prima de navidad.
45. Por su parte, en la Sentencia de 11 de octubre de 2023, la Subsección C
analizó un caso en el que la Secretaría de Educación de Bogotá negó la
reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de la prima especial mensual
a una docente vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. No
6 Rad. 11001-33-35-029-2021-00343-01.
7 Rad. 11001-33-35-013-2021-00251-01.
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obstante, determinó que la pensión debía reliquidarse teniendo en cuenta,
exclusivamente, dicho factor salarial.
46. En el presente caso, la Secretaría de Educación de Bogotá sí reliquidó la
pensión de jubilación solicitada, incluyendo como factores salariales la asignación
básica, la bonificación mensual y la bonificación pedagógica de la accionante, quien
se encontraba vinculada como docente con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003. Sin embargo, la autoridad judicial negó las pretensiones de la
demanda al considerar que no todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicio podían ser incluidos en la liquidación pensional.
47. Aunque los asuntos señalados presentan elementos fácticos y normativos
semejantes, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca adoptó una postura jurídicamente válida, en tanto realizó un análisis
del material probatorio y de las reglas jurisprudenciales vigentes y aplicables al caso
concreto, para concluir que no era procedente acceder a las pretensiones de la
demanda. En ese sentido, la divergencia interpretativa frente a lo decidido por las
Subsecciones F y C no configura, por sí misma, un desconocimiento, pues no se
evidenció una separación arbitraria o inmotivada de dichos antecedentes, sino el
ejercicio de una interpretación razonada dentro del marco de competencia del juez
natural.
48. En efecto, en virtud del principio de autonomía e independencia judicial, no
corresponde al juez constitucional sustituir la interpretación jurídica adoptada por el
juez ordinario en ejercicio de su competencia, salvo que esta resulte arbitraria,
irrazonable o manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico. En el caso
concreto, se advierte que la decisión cuestionada se fundamentó en la normatividad
vigente y en la valoración de los hechos acreditados en el expediente.
49. Por consiguiente, la Sala concluye que la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó un estudio razonable
de los hechos y del marco normativo y jurisprudencial aplicable. El hecho de que la
decisión no coincida con la pretensión procesal de la accionante no implica, por sí
solo, que esta sea contraria a derecho.
50. Finalmente, en relación con el argumento planteado por el accionante
mediante memorial allegado el 2 de marzo de 2026, orientado a que se tuviera
como hecho sobreviniente lo decidido por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en el trámite de la acción de tutela con radicado No. 11001-
03-15-000-2025-06030-01, la Sala advierte que dicha providencia produjo efectos
inter partes y respondió a supuestos fácticos particulares que no resultan
equiparables al caso bajo estudio, por lo que carece de la entidad necesaria para
desvirtuar la conclusión adoptada en esta oportunidad.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01230-00
Demandante: Adela Marylu Aguilera Beltrán
Conclusión
51. La Sala declarará improcedente la acción de tutela frente al reparo dirigido
al desconocimiento del precedente de la Sentencia de Unificación de 25 de abril de
2019 del Consejo de Estado tras no satisfacer el requisito de subsidiariedad y
negará la acción de tutela interpuesta, al no acreditarse que la providencia proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca haya incurrido en un desconocimiento del precedente frente a las
diversas decisiones de la Subsección F y C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Secretaría
de Educación de Bogotá.
SEGUNDO. DECLARAR improcedente la acción de tutela frente al
desconocimiento de la Sentencia de Unificación de 25 de abril de 2019 del Consejo
de Estado.
TERCERO. NEGAR la acción de tutela presentada por Adela Marylu Aguilera
Beltrán.
TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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