Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06139-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06139-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06139-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
1 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06139-00
Demandante: Sara Cecilia Venegas Armesto
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que confirmó
la improcedencia de una acción de cumplimiento presentada por la parte actora y rechazó
la demanda respecto de una de las entidades demandadas.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Sara Cecilia Venegas
Armesto en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 1 de octubre de 2025, Sara Cecilia Venegas Armesto presentó una
acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, derecho de petición, seguridad social
y del principio de eficacia de la función administrativa. Lo anterior, con
ocasión de la Sentencia de 25 de septiembre de 2025, proferida dentro del
proceso de acción de cumplimiento No. 23001-23-33-000-2025-00118-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“Amparar los derechos fundamentales de la accionante.
Dejar sin efectos la sentencia del Consejo de Estado – Sección Quinta del 25 de
septiembre de 2025 en lo relativo al rechazo por renuencia y a la improcedencia
declarada.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo
80 de 2019 de esta corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06139-00
Demandante: Sara Cecilia Venegas Armesto
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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Ordenar la emisión de nueva sentencia que valore la renuencia material y la
obligación de coordinación interadministrativa conforme a la Ley 1755/2015 y a la
jurisprudencia nacional e internacional.
Subsidiariamente, ordenar a Colpensiones y a la UGPP que, en un plazo de diez (10)
días coordinen y actualicen la historia laboral de la accionante trasladando las 932,72
semanas.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Sara Cecilia Venegas Armesto presentó ante la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales -UGPP- una solicitud para trasladar a Colpensiones
932,72 semanas que había cotizado en la extinta Caja Nacional de Previsión
Social -Cajanal-.
5. 2) El 6 de marzo de 2024, la UGPP remitió a Colpensiones la petición de
la accionante, bajo el radicado 2024142000538151, por considerar que no era
la autoridad competente para dar trámite a su solicitud.
6. 3) El 4 y 10 de septiembre de 2024, Colpensiones dio respuesta a la
accionante y le informó que su caso estaba en etapa de investigación por la
Dirección de Ingresos por Aportes, sin emitir decisión definitiva.
7. 4) El 30 de mayo de 2025, la accionante presentó escrito para constituir
en renuencia a la UGPP y a Colpensiones.
8. 5) El 17 de junio de 2025, la señora Venegas Armesto presentó acción
de cumplimiento en contra de las entidades anteriores, para que dieran
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del Decreto 692 de 1994,
los artículos 7 y 39 del Decreto 1406 de 1999 y en los artículos 53y 57 de la Ley
100 de 1993 y ordenaran el traslado de las semanas cotizadas y actualizaran
su historia laboral. El proceso fue conocido en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, bajo el Rad. 23001-23-33-000-2025-00118-00.
9. 6) Mediante Sentencia de 29 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo
de Bolívar declaró improcedente la acción de cumplimiento por no superar
el requisito de subsidiariedad y no acreditar un perjuicio irremediable.
Consideró que, si lo pretendido por la señora Venegas era el reconocimiento
y pago de su pensión de vejez, en caso de que le negaran dicho derecho
podía acudir a los medios ordinarios previstos en la Ley 1437 de 2011, previo
cumplimiento de los requisitos legales para ello.
10. 7) La parte actora impugnó la decisión y solicitó que se revocara la
decisión de primera instancia y se le ordenara el traslado de las semanas
cotizadas en un plazo de 10 días. Para ello, explicó que lo pretendido no era
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Demandante: Sara Cecilia Venegas Armesto
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Decisión: Declara improcedente
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el reconocimiento de una pensión sino el cumplimiento de un deber legal
como lo era la obligación conjunta entre la UGPP y Colpensiones de trasladar
aportes, emitir bonos y actualizar historias laborales, sin depender de un acto
de reconocimiento pensional. Además, argumentó que la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho no era adecuada para ordenar rápidamente
el traslado de semanas, pues estaba diseñada para impugnar actos
administrativos y obtener una reparación.
11. 8) Mediante Sentencia de 25 de septiembre de 2025, la Sección Quinta
del Consejo de Estado revocó parcialmente la decisión. Consideró que,
frente a Colpensiones, la accionante no agotó correctamente el requisito de
procedibilidad, pues envió el requerimiento a un correo no oficial, de manera
que rechazó la demanda respecto de dicha entidad. Frente a lo demás,
confirmó la decisión del tribunal de declarar improcedente la acción de
cumplimiento por no superar el requisito de subsidiariedad. Agregó que, lo
pretendido por la demandante, esto es, el traslado de 932.72 semanas de
cotización, excedía el objeto de la acción de cumplimiento, pues implicaba
un trámite administrativo para determinar si estaban acreditados los requisitos
para dicho traslado y no el simple obedecimiento de las normas enunciadas
en la demanda. Finalmente, señaló que la parte actora no alegó ni acreditó
un perjuicio irremediable que le permitiera al juez constitucional superar el
requisito de subsidiariedad.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora manifestó que la
Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en:
13. 1) Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir un canal
electrónico oficial para la renuencia, a pesar de que la Ley 1755 de 2015
ordena remitir internamente cualquier petición recibida.
14. 2) Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, en el
que ha reiterado que las peticiones deben tramitarse y remitirse con
prevalencia de la eficacia, sin obstáculos formales irrazonables.
15. 3) Defecto fáctico porque desconoció que la UGPP remitió la solicitud
a Colpensiones y que ésta la tramitó internamente en etapa de investigación,
lo que evidenciaba conocimiento y renuencia material.
16. 4) Defecto sustantivo porque se interpretó la renuencia de manera
irrazonable, atándola a un buzón de correo en vez de a la efectividad y
efectos reales de la petición y su trámite.
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Decisión: Declara improcedente
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1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
17. La Sección Quinta del Consejo de Estado3 señaló que la tutela carecía
de relevancia constitucional por no cumplir con la carga argumentativa
mínima para controvertir una providencia judicial. Además, consideró que la
parte actora no desarrolló los defectos alegados ni demostró la vulneración
de derechos fundamentales. Insistió en que la pretensión de trasladar
semanas cotizadas de la UGPP a Colpensiones era improcedente a través de
la acción de cumplimiento y correspondía a un trámite administrativo que ya
se encontraba en curso.
18. Colpensiones4 rindió informe en el señaló que no tenía responsabilidad
en la vulneración de derechos alegada, pues no existía petición previa
relacionada con los hechos de la tutela y las pretensiones no se dirigían
contra esa entidad. Argumentó una falta de legitimación en la causa por
pasiva, ya que su función se limitaba a administrar el Régimen de Prima Media
en materia pensional, y no había actuación u omisión atribuible que afectara
derechos fundamentales. Por ello, solicitó su desvinculación del proceso y
que se declarara improcedente la acción de tutela.
19. La UGPP5 adujo que la acción de tutela interpuesta por la accionante
en contra de la Sentencia de 25 de septiembre de 2025 era improcedente
porque no cumplía los requisitos de procedencia de subsidiariedad e
inmediatez y tampoco se acreditó un perjuicio irremediable. Señaló que la
decisión cuestionada estaba ajustada a derecho, por lo que no se vulneró el
derecho al debido proceso.
20. El Tribunal Administrativo de Córdoba, pese a haber sido debidamente
notificado, guardó silencio6.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de vinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
21. En relación con la solicitud de desvinculación de Colpensiones, la Sala
la negará porque su vinculación en la presente acción se hizo en calidad de
2 Mediante Auto de 3 de octubre de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo; (2) tener
como accionada a la Sección Quinta del Consejo de Estado; y (3) vincular al Tribunal Administrativo de Córdoba, a
la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP,
como terceros con interés en el asunto.
3 Índice 14 de SAMAI.
4 Índice 13 de SAMAI.
5 Índice 12 de SAMAI.
6 Índice 7 de SAMAI.
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tercero, dado el interés que le podía llegar a asistir por haber sido
demandado en el proceso ordinario, cuya providencia de segunda instancia
aquí se cuestiona.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
22. La Sala declarará improcedente esta solicitud de amparo al no
cumplirse el requisito de relevancia constitucional, por las razones que pasan
a explicarse:
23. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional7.
24. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige, adicionalmente,
que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o arbitraria de un
derecho fundamental8.
25. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de varios
elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante que
explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de
tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto9; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
7 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
8 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024
9 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
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adicional al proceso ordinario10 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad11.
26. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202312,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
27. Con base en lo anterior, se precisa que, si bien la parte actora señaló
que la cuestión discutida era de relevancia constitucional porque afectaba
directamente derechos fundamentales, lo cierto es que tal afirmación no
resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la intervención del juez
de tutela, de cara a la decisión adoptada por el juez del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y se presentó, junto con los reparos
a la decisión enjuiciada, como simples diferencias o discrepancias
interpretativas respecto la decisión del juez natural de la causa.
28. Además, se evidenció que, aunque los reparos de la acción de tutela
se centraron en la constitución en renuencia de Colpensiones, lo cierto es que
la Sección Quinta consideró que la acción de cumplimiento era
improcedente para lo solicitado por la parte actora. Ello, porque mediante
dicha acción se pretendía el traslado de unas semanas cotizadas, lo cual,
más allá de exigir el cumplimiento de una norma, implicaba un trámite
administrativo que ya se encontraba en curso. Este argumento, que no fue
cuestionado en la acción de tutela, hace inocuo cualquier pronunciamiento
sobre si se constituyó en renuencia, o no, a Colpensiones, pues no se trata de
una vulneración de derechos fundamentales, sino de un debate
estrictamente legal que ya fue resuelto por la autoridad judicial accionada
en sentido desfavorable para la parte actora.
29. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue resuelto
por el juez natural, quien puso de presente las razones por las cuales concluyó
que la acción de cumplimiento iniciada por la accionante era improcedente.
30. Así las cosas, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
10 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
11 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.
No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
12 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha
decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales
de carácter excepcional.
2.3. Conclusión
31. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos y declarará la improcedencia de la tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Sara Cecilia Venegas Armesto, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por
Colpensiones, por los motivos dados.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta, deberán dirigirlos, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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