Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2025-00118-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2025-00118-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 23001-23-33-000-2025-00118-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00118-01
Accionante: SARA CECILIA VENEGAS ARMESTO
Accionados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES Y OTRO
Tema: Traslado de semanas cotizadas en el Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones. Revoca parcialmente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 29 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Sexta de Decisión. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado
por el Acuerdo 434 de 2024).
El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 21 de agosto de 2025.
Por lo anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en
la Ley 393 de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Sara Cecilia
Venegas Armesto presentó demanda contra la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Parafiscales de Colombia (UGPP), con el fin de obtener el
cumplimiento de lo previsto en los artículos 53 y 57 de la Ley 100 de 1993, 15 y
17 del Decreto 692 de 1994, así como 7 y 39 del Decreto 1406 de 1999.
1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
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Accionante: Sara Cecilia Venegas Armesto
Accionados: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y otro
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2. En consecuencia, solicitó que se les ordene a las entidades accionadas
realizar el traslado de las 932.72 semanas que tiene cotizadas «de la UGPP a
Colpensiones».
1.2. Posición de la parte demandante
3. La señora Venegas Armesto solicitó ante la UGPP el traslado de las
932,72 semanas que tenía cotizadas en la extinta Caja Nacional de Previsión
Social (Cajanal) a Colpensiones. Mediante el radicado 202414000538151 del 6
de marzo de 2024, la entidad le remitió la petición a Colpensiones, por considerar
que el requerimiento versa sobre un asunto de su competencia.
4. A su vez, se evidencia que mediante el Oficio No. BZ2024_18262469-
2514749 del 10 de septiembre de 2024, Colpensiones le informó a la demandante
que, una vez analizado su caso por la Dirección de Ingresos por Aportes de la
entidad, se determinó que su caso requiere de una etapa de investigación previa,
la cual es gestionada a través de trámites internos. Posteriormente, una vez
cuente con los insumos suficientes, procederá a emitir una respuesta de fondo.
5. Ante la presunta conducta omisiva de las entidades, señaló que el 14 de
febrero de 2025 presentó una acción de tutela contra Colpensiones y la UGPP
en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y
de petición y, en consecuencia, que se ordenara el traslado de las semanas
cotizadas a Colpensiones.
6. Al proceso se le asignó el radicado 23001-31-21-002-2025-10018-00/01 y
le fue repartido al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Montería, que, en sentencia del 27 de febrero de 2025,
negó la solicitud de amparo al considerar que las peticiones fueron atendidas.
7. Inconforme con la decisión, la demandante impugnó el fallo, el cual fue
resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en providencia
del 25 de marzo de 2025. Mediante esta decisión confirmó la sentencia de
primera instancia al considerar que recibió respuesta de fondo, y, respecto a la
petición de traslado de las semanas cotizadas a Colpensiones, señaló que la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo es la competente para resolver
controversias relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales.
8. Mencionó que, el 30 de mayo de 2025, presentó requerimiento ante la
UGPP y Colpensiones, con el fin de constituirlas en renuencia.
1.4 Posición de la parte demandada
9. Colpensiones señaló que la señora Sara Cecilia Venegas Armesto no
cumplió con el requisito de procedibilidad dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393
de 1997, dado que la accionante dirigió su comunicación al correo electrónico
contacto@colpensiones.gov.co, el cual es «de uso exclusivo para la radicación
de facturas y comunicaciones oficiales externas», situación que fue puesta de
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presente el 3 de junio de 2025. En ese sentido, aseguró no haber recibido la
reclamación radicada por la accionante.
10. Por otra parte, refirió que la acción de cumplimiento es improcedente, dado
que no puede ser utilizada como un mecanismo para obtener el reconocimiento
de un derecho, pues «la demandante cuenta con la vía contenciosa
administrativa, por cuanto, frente a las inconsistencias en la historia laboral,
supone una controversia entre el afiliado y la administradora».
11. Por su parte, la UGPP indicó que no tiene competencia legal para certificar
los aportes pensionales realizados por parte de un empleador, pues su objeto se
limita al reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas a
cargo de las administradoras exclusivas de los servidores públicos del régimen
de prima media con prestación definida del orden nacional, y de las entidades
públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación o en
cese de sus actividades. Es decir, no funge como una administradora de fondos
pensionales.
12. En ese sentido, indicó que Colpensiones es la entidad encargada de
resolver la realidad pensional de la demandante, debido a que es la encargada
de atender las solicitudes de traslado de aportes o emisión de bonos pensionales,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 656 de 1994.
13. Finalmente, señaló que la acción de cumplimiento es improcedente, ya
que, según lo dispuesto en el artículo 146 del CPACA y en la Ley 393 de 1997,
sus pretensiones deben estar encaminadas a obtener el cumplimiento de una
norma o acto administrativo. No obstante, dado que la accionante busca que se
efectué un trámite administrativo de carácter pensional y concreto, cuenta con el
medio de control nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar las
actuaciones u omisiones de Colpensiones.
1.4. Fallo de primera instancia
14. En sentencia del 29 de julio de 2025, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento por no superar el requisito de subsidiariedad, dado que «cuenta
con los medios ordinarios previstos en el Código de Procedimiento
Administrativo, Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, para
resolver la controversia que plantea».
15. Asimismo, señaló que la señora Vanegas Armesto no puso de preste
ninguna situación de urgencia que pudiera ocasionarle algún perjuicio
irremediable, lo cual constituye «una razón de más para concluir la
improcedencia de la presente acción». Finalmente, resaltó que Colpensiones y
la UGPP le dieron trámite a las peticiones presentadas por la accionante.
1.5. Impugnación
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16. La parte accionada indicó que no está solicitando el reconocimiento de un
derecho pensional sino el cumplimiento de un deber legal a cargo de las
accionadas. En ese sentido, explicó que entre la UGPP y Colpensiones existe la
obligación correlativa de gestionar traslados de aportes, expedir bonos y
actualizar las historias laborales, sin que dichos trámites se encuentren
supeditados a la existencia de un «acto de reconocimiento de una pensión».
17. Por otra parte, señaló que la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho no es el mecanismo idóneo para ordenar, «en un plazo breve», la
ejecución material de un traslado de semanas de cotización pensional, debido a
que dicho proceso está diseñado para controvertir actos administrativos y obtener
una reparación.
18. Por lo anterior, solicitó «revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, ordenarle a Colpensiones que, dentro de los 10 días hábiles siguientes,
gestione y formalice ante la UGPP el traslado de las semanas, emitiendo bonos
o cuotas partes, según corresponda, y actualice la historia laboral para que
figuren como cotizadas. A su vez, ordenarle a la UGPP que, en el mismo plazo,
tramite la solicitud de Colpensiones y remita los soportes necesarios para la
actualización».
II. CONSIDERACIONES
19. La Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento y, en su lugar, se
rechazará la demanda respecto de Colpensiones y frente a los artículos 15 y 17
del Decreto 692 de 1994 y 7 y 39 del Decreto 1406 de 1999; y confirmará la
improcedencia en todo lo demás. Para ello, se analizarán los siguientes aspectos:
i) la constitución en renuencia y, ii) los requisitos de procedencia de la acción de
cumplimiento.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La accionante no agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia frente a Colpensiones
20. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento5.
5 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
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21. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»6. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.
22. En el caso concreto, la accionante aportó constancia del escrito de
renuencia del de fecha del 30 de mayo de 2025 dirigido a las autoridades
demandadas, en el que solicitó el cumplimiento de «lo dispuesto en el Decreto
692 de 1994 y 1404 de 1999, la cual establece: reglamentan los procedimientos
de traslados de aportes y semanas cotizadas entre entidades administradoras
del sistema pensional, incluidos los entes públicos como UGPP y Colpensiones.
Así mismo el cumplimiento del artículo 53 y 57 de la Ley 100 de 1993».
23. En efecto, se evidencia que la señora Venegas Armesto solicitó el
cumplimiento de los Decretos 692 de 1994 y 1404 de 1999, los cuales consagran
diferentes deberes en cabeza de diversas entidades púbicas para la puesta en
operación del Registro Único de Aportantes en el Sistema de Seguridad Social
Integral y no individualizó los mandatos imperativos que consideró incumplidos.
24. No obstante, en la demanda solicitó el cumplimiento de los artículos 15 y
17 del Decreto 692 de 1994, así como 7 y 39 del Decreto 1406 de 1999.
25. En ese sentido, la Sala considera que la accionante no agotó el requisito
de la renuencia frente a los mencionados artículos, lo cual impide que el juez
constitucional estudie el fondo de sus pretensiones, con miras a que se atienda
lo establecido en los preceptos citados. Esto, teniendo en cuenta que con el
escrito remitido el 30 de mayo de 2024 no logró satisfacer el citado requisito de
procedibilidad, dado que no solicitó ni identificó expresamente los deberes
incumplidos cuyo acatamiento solicita por esta vía7.
26. Caso contrario ocurre frente a los artículos 53 y 37 de la Ley 100 de 1993,
pues tanto en la constitución en renuencia como en la demanda, la accionante
delimitó las normas cuyo cumplimiento persigue mediante esta vía.
27. Por lo anterior, se tendrá por acreditada la constitución en renuencia
respecto de los artículos referidos en el numeral anterior y rechazará la demanda
respecto de los artículos 15 y 17 del Decreto 692 de 1994, así como 7 y 39 del
Decreto 1406 de 1999.
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
7 Al respecto, ver sentencia del 20 de enero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado en el proceso con radicado 76001-23-33-000-2024-00672-01.
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28. Por otro lado, se advierte que, para acreditar la radicación del
requerimiento ante las autoridades demandadas, la accionante aportó una
captura de pantalla del correo remitido así:
29. Para la Sala, de dicho elemento de convicción y de las intervenciones
presentadas por las autoridades accionadas, se tendrá únicamente por
acreditado el cumplimiento del requisito de procedibilidad respecto de la UGPP
frente a los artículos 53 y 57 de la Ley 100 de 1993. Esto, dado que frente a
Colpensiones no se cumplió con la constitución en renuencia, debido a que el
correo electrónico al cual se dirigió la solicitud no corresponde al canal de
notificaciones oficial de la entidad.
30. Además, no se puede perder de vista que, de conformidad con las pruebas
aportadas por Colpensiones, el 3 de junio de 2025 la entidad le informó a la
accionante que la dirección de correo electrónico contacto@colpensiones.gov.co
es de uso exclusivo para la radicación de facturas y comunicaciones oficiales
externas, por lo que dicho canal electrónico no se encuentra disponible para la
radicación de requerimientos diferentes a los mencionados y le sugirió radicar su
requerimiento a través de los canales oficiales dispuestos por la administradora
de pensiones, sin que la accionante haya aportado medio de convicción alguno
de que, posteriormente, presentó tal requerimiento en debida forma.
31. Por lo anterior, se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia
para rechazar la demanda respecto de Colpensiones y frente a los artículos 15 y
17 del Decreto 692 de 1994, así 7 y 39 del Decreto 1406 de 1999.
2.1.3. La acción no supera los requisitos de procedencia
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32. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)8.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
33. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
34. En este caso, la Sala advierte que la acción sub examine es improcedente,
por cuanto no supera el requisito de subsidiariedad, por las razones que pasan a
explicarse.
35. La jurisprudencia reiterada de esta Sección ha sostenido que este
mecanismo constitucional no es un instrumento paralelo para reconocer
derechos subjetivos9 o resolver controversias que cuentan con otros medios de
defensa. En efecto, la acción de cumplimiento «no tiene dentro de su objeto el de
8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-41- 000-2012-
00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de marzo de
2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 1 de
noviembre de 2012. Rad. 76001-23-31-000-2012-00499-01. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia
de 14 de octubre de 2021. Rad. 19001-23-33-000-2021-00086-01. Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 10 de abril de 2025. Rad. 68001-23-33-000-2025-00074-01.
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dirimir controversias jurídicas, ni el de reconocer derecho subjetivo alguno»10. De
lo contrario, «si se autoriza al juez constitucional a que resuelva de fondo todas
las controversias jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el caso
concreto, se anularía el principio de separación funcional de jurisdicciones y se
dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos procesales ordinarios y
contencioso administrativos»11.
36. En este caso, la accionante pretende «el traslado de las 932.72 semanas
cotizadas de la UGPP a Colpensiones». Para la Sala resulta evidente que la
señora Venegas Armesto, contrario a procurar por el obedecimiento de las
normas enunciadas en la demanda, lo que pretende es que se consolide un
trámite administrativo a su favor, el cual se encuentra sometido a un
procedimiento previo y a la verificación de requisitos que, tal como le informó
Colpensiones en el Oficio No. BZ2024_18262469-2514749 del 10 de septiembre
de 2024, requieren de una etapa de investigación.
37. En dicho documento, la entidad le informó que su solicitud fue analizada
por la Dirección de Ingresos por Aportes, quien determinó que su caso se
requiere adelantar trámites internos. Por lo tanto, excede de la órbita del juez de
cumplimiento determinar si, en el caso concreto, están acreditados los requisitos
para que proceda el traslado de las semanas cotizadas por la demandante.
38. Además, en caso de obtener una respuesta negativa por Colpensiones, la
accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrada en el artículo 138 del CPACA para controvertir la legalidad
de dicho acto administrativo.
39. Finalmente, la Sala advierte que la accionante no alegó ni acreditó la
ocurrencia de algún perjuicio irremediable que le permita al juez constitucional
superar el requisito de subsidiariedad y decidir de fondo en su caso.
2.2. Conclusión
40. Por lo anterior, la Sala revocará parcialmente la sentencia del 29 de julio
de 2025, dictada por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba. En su lugar, rechazará la demanda respecto de Colpensiones y frente
a los artículos 15 y 17 del Decreto 692 de 1994, así como7 y 39 del Decreto 1406
de 1999. Así mismo, se confirmará la declaratoria de improcedencia frente a lo
demás, por las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-41- 000-
2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de
marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
11 Id.
8
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III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 29 de julio de
2025 por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba. En
su lugar, RECHAZAR la demanda respecto de Colpensiones y frente a los
artículos 15 y 17 del Decreto 692 de 1994, así como7 y 39 del Decreto 1406 de
1999. Así mismo, CONFIRMAR la improcedencia frente a lo demás, por las
razones aquí expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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