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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06198-00

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06198-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06198-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial - UAERMV
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06198-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La sociedad Liberty Seguros SA en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales presentó demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial –
UAERMV, con el fin de que fuese declarada titular de los saldos derivados
del contrato No. 314 del 16 de mayo de 2013 celebrado entre la demandada
y la sociedad Electripesados Ltda, con ocasión de la subrogación
producida por el contrato de seguro contenido en la póliza No. 2201171
y con el fin de que fuese liquidado el contrato No. 314 de 2013.

1.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 3 de marzo de 2022, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que i) el contrato de

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prestación de servicios No. 314 de 2013 ya había sido liquidado antes de
que se radicara la demanda; ii) los saldos derivados del contrato ya
habían sido pagados en su totalidad al contratista Electripesados Ltda; y
iii) si lo consideraba necesario podía demandar a la sociedad
Electripesados Ltda para perseguir el dinero que se le debió pagar.

1.3. Contra la decisión de primera instancia la sociedad Liberty Seguros
SA presentó recurso de apelación.

1.4. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante decisión de 19 de mayo de 2025, resolvió: i) declarar que el
medio de control procedente era el de reparación directa; ii) declarar de
oficio la falta de legitimación de la sociedad Electripesados Ltda; y iii)
revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró a la
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial –
UAERMV patrimonialmente responsable por la omisión en el pago de los
saldos remanentes de la ejecución del contrato No. 314 del 16 de mayo
de 2013, reconocidos mediante acto administrativo núm. 227-SG-0110 el
4 de agosto de 2016, ordenando el pago de la suma de $274.476.997 a
favor de la sociedad Liberty Seguros SA.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico al valorar de manera defectuosa el material probatorio incorporado al
proceso, toda vez que desconoció de manera arbitraria y sin justificación válida
los efectos vinculantes “[…] del acto administrativo de liquidación bilateral del
contrato estatal No. 314 de 2013 […]” que suscribió con la sociedad contratista
Electripesados Ltda.

Indicó que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo porque
modificó oficiosamente el medio de control, pasando del medio de control de
controversias contractuales a reparación directa, basándose en hechos no
incluidos en su escrito de demanda, con lo cual le vulneró el debido proceso,

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el derecho a la defensa y configuró una decisión incongruente al resolver las
pretensiones en hechos y normas distintas a las propuestas por las partes.

Señaló que el tribunal accionado vulneró los artículos 29, 228 y 229 de la
Constitución Política al quebrantar la estructura básica del proceso y
desconocer el principio de congruencia procesal.

Aseguró que la accionada desatendió la sentencia de la “[…] Sección Tercera
del Consejo de Estado, del 6 de abril de 2017, rad. 50282 […]”, que dispuso
que “[…] “el juez contencioso no está facultado para modificar de manera
oficiosa el medio de control definido por el demandante, pues ello no solo
implica alterar los supuestos normativos de la causa, sino también desconocer
el marco procesal dentro del cual las partes ejercen su derecho de defensa,
contradicción y prueba” […]”, y la providencia “[…] del Consejo de Estado “[…]
del 28 de enero de 2021, exp. 660012331000201100313-01 […]”, en la que se
precisó que “[…] “Una mutación del medio de control sin traslado a las partes
ni oportunidad de defensa comporta una transgresión directa al debido
proceso. El juez debe respetar la estructura procesal definida por las partes,
salvo que su modificación se ajuste a las excepciones legales y esté
debidamente sustentada y comunicada.” […]”.

Advirtió que la autoridad accionada incurrió en defecto procedimental toda vez
que al cambiar la estructura procesal y los fundamentos jurídicos sin
notificación alguna los privó de ejercer una defensa técnica adecuada, como
era ejercer el derecho a la contradicción y proponer excepciones propias del
nuevo medio de control.

Señaló que la accionada incurrió en violación directa de la Constitución al
omitir las exigencias básicas de la legalidad, buena fe y respeto a los efectos
vinculantes de la liquidación bilateral del contrato, afectando la estabilidad de
la función administrativa, el principio de responsabilidad fiscal, el debido
proceso y dejando a un lado el criterio de supremacía constitucional.

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3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRINCIPALES

1. Que se AMPARE los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, principio de legalidad, congruencia
y defensa técnica, previstos en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política de Colombia respectivamente y los que se lleguen a considerar,
con base en los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios planteados
en el presente escrito de tutela, vulnerados por parte del Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección A, con ocasión de la sentencia
proferida el 19 de mayo de 2025, dentro del expediente
25000233600020190046401, mediante la cual se modificó oficiosamente
el medio de control de controversia contractual a reparación directa, se
condenó patrimonialmente a la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), desvinculando
oficiosamente al contratista Electripesados Ltda, persona jurídica a la cual
se le efectuó el pago de la suma de dinero condenada en la precitada
providencia.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 19 de mayo de 2025,
por parte del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A,
dentro del expediente 25000233600020190046401, mediante la cual se
revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar DECLARÓ a la
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
patrimonialmente responsable por su omisión en el pago de los saldos
remanentes de la ejecución del contrato No. 314 del 16 de mayo de 2013,
determinados en el acta de liquidación del 29 de junio de 2017, y
reconocidos mediante el acto administrativo No. 227-SG-0110 del 4 de
agosto de 2016.

3. Que como secuencia se ORDENE al Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección A a que profiera nueva decisión de mérito dentro
del proceso promovido bajo Radicado N.° 25000233600020190046401,
sin modificar la causa pretendi y en consecuencia, absteniéndose de
adecuar el medio de control en segunda instancia y adicionalmente, sin
desvincular al contratista Electripesados Ltda, puesto que dicha
declaración despoja a la UAEMRV de la posibilidad de perseguir la
devolución y/o repetición de lo pagado al contratista.

SUBSIDIARIAS

En defecto de lo anterior solicito a esta honorable Corte:

1. Que se AMPARE los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, principio de legalidad y
congruencia, previstos en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política
de Colombia respectivamente y los que se lleguen a considerar, con base
en los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios planteados en el
presente escrito de tutela. vulnerados por parte del Consejo de Estado –

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Sección Tercera – Subsección A, con ocasión de la sentencia proferida el
19 de mayo de 2025, dentro del expediente 25000233600020190046401,
mediante la cual se modificó oficiosamente la causa pretendí y con ello el
medio de control de controversia contractual a reparación directa,
condenando patrimonialmente a la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), desvinculando
oficiosamente al contratista Electripesados Ltda, persona jurídica a la cual
se le efectuó el pago de la suma de dinero condenada en la precitada
providencia.

2. DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 19
de mayo de 2025, por parte del Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, dentro del expediente 25000233600020190046401,
mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar
DECLARÓ a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial patrimonialmente responsable por su omisión en el
pago de los saldos remanentes de la ejecución del contrato No. 314 del
16 de mayo de 2013, determinados en el acta de liquidación del 29 de
junio de 2017, y reconocidos mediante el acto administrativo No. 227-SG-
0110 del 4 de agosto de 2016.

3.Que como secuencia se ORDENE al Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección A a que profiera nueva decisión de mérito dentro
del proceso promovido bajo Radicado N.° 25000233600020190046401,
sin desvincular al contratista Electripesados Ltda, puesto que dicha
declaración despoja a la UAEMRV de la posibilidad de perseguir la
devolución y/o repetición de lo pagado al contratista […]”.

II. INTERVENCIONES

1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
declarar la improcedencia de la presente acción de tutela al considerar que no
se acreditó el requisito de la relevancia constitucional porque lo pretendido por
la parte accionante es buscar una tercera instancia para reexaminar los
supuestos fácticos de la acción contractual, los cuales ya fueron revisados y
evaluados por el juez natural. En su defecto, pidió negar las pretensiones de
amparo.

2. La sociedad Liberty Seguros SA señaló que el procedimiento adoptado por
la autoridad accionada preservó las garantías propias del debido proceso y se
falló conforme a derecho porque la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV incumplió la obligación de
carácter legal al no entregar a esa sociedad los saldos provenientes de la
liquidación del contrato No. 314 de 2013.

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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en
segunda instancia en el marco del proceso de controversias contractuales con
radicación núm. 25000-23-36-000-2017-01461-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que, a su juicio, la autoridad accionada transgredió sus garantías
constitucionales al adecuar el medio de control de controversias contractuales
al de reparación directa y al desconocer los efectos del acto administrativo de
liquidación bilateral del contrato estatal No. 314 de 2013 que suscribió con la
sociedad contratista Electripesados Ltda, circunstancia que se traduce en la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa
judicial.

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Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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